Test A3

Si se propone la reforma del título preliminar de la Constitución, el primer paso es: La constitución de una comisión paritaria de diputados y senadores. La aprobación del principio por mayoría de dos tercios de cada Cámara. El voto favorable de la mayoría absoluta del Congreso. La disolución automática de las Cortes Generales.

Según la Constitución, la defensa de España es: Un principio rector de la política social y económica. Un derecho de máxima vinculación. Un derecho y un deber de los españoles. Una garantía jurídica fundamental.

Según la Constitución, se garantiza el secreto de las comunicaciones salvo en caso: De resolución administrativa. De flagrante delito. De resolución judicial. De autorización del delegado del Gobierno.

El gobierno que ha cesado continúa en funciones: Hasta que lo acuerde el Congreso de los Diputados. Hasta la toma de posesión del nuevo Gobierno. Hasta que el rey inicie las consultas con los representantes de los grupos parlamentarios. Hasta que lo decida el presidente del Congreso de los Diputados.

Según la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno, corresponde a los ministros: Determinar las directrices de la política interior. Representar al Gobierno. Impartir instrucciones a los demás miembros del Gobierno. Refrendar, en su caso, los actos del rey en materia de su competencia.

El Gobierno de la nación cesa: Únicamente, cuando se convocan elecciones. Después de la celebración de las elecciones. Cuando no prospera una moción de censura. Tan solo cuando así lo decide el presidente del Gobierno.

Según la Constitución, el estatuto e incompatibilidades de los miembros del Gobierno se regulan: Por acuerdo del Consejo de Ministros. Por real decreto del presidente del Gobierno. Por ley. Por reglamento aprobado por el Consejo de Ministros.

Según la Constitución, los alcaldes son elegidos: A doble vuelta. A través de los representantes de los distintos distritos electorales. Por los concejales o por los vecinos. Por el ayuntamiento.

Indique la respuesta incorrecta en relación con la Administración de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears: No se pueden crear órganos ni unidades administrativas que funcionalmente actúen fuera del territorio autonómico. Está constituida por órganos jerárquicamente ordenados. Se estructura en órganos superiores y órganos directivos. Los secretarios generales son órganos directivos.

La autonomía local: Es un concepto plenamente definido por la Constitución. Tiene su fundamento principal en la Constitución. Supone una mengua del principio de unidad de la nación española. Tiene un carácter político y no administrativo.

En relación con la Administración General del Estado, en la organización central son órganos superiores: Los secretarios de Estado. Los subsecretarios. Los secretarios generales técnicos. Los subdirectores generales.

La adopción de símbolos distintivos propios de cada isla de las Illes Balears: No está contenida en el Estatuto de autonomía, sino en la Ley de símbolos. Está prevista en el título I del Estatuto de las Illes Balears. Está contenida en el título IV, dedicado a las instituciones de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears. Aparece en el preámbulo del Estatuto.

Entre otros, tiene o tienen iniciativa legislativa ante el Parlamento de las Illes Balears: La Mesa del Parlamento. Los diputados. La Junta de Portavoces. El presidente del Gobierno de las Illes Balears.

El Parlamento de las Illes Balears funciona: En un solo período de sesiones. Siempre aplicando el criterio del voto ponderado. En pleno y en comisiones. Siempre en sesiones ordinarias.

Según la Ley de régimen jurídico de la Administración de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears, los secretarios generales son: Órganos directivos. Órganos superiores. Órganos asimilados a los consejeros. Elementos organizativos básicos.

En casos de ausencia o enfermedad del presidente de las Illes Balears, la representación de las Illes Balears será ejercida: Por la Mesa del Parlamento de las Illes Balears. Por el presidente del Parlamento de las Illes Balears. Por el secretario del Consejo de Gobierno de las Illes Balears. Por el vicepresidente primero del Gobierno de las Illes Balears.

El nombramiento del secretario general de cada consejería de la Administración de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears se realiza mediante: Orden del consejero. Decreto del presidente del Gobierno. Decreto del Gobierno de las Illes Balears. Resolución del titular de la consejería.

Indique la respuesta incorrecta. Por lo que se refiere a las consejerías de la Administración de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears: Su estructura orgánica se aprueba por decreto del presidente del Gobierno de las Illes Balears. Se crean y se extinguen por decreto del Consejo de Gobierno. El desarrollo de su estructura orgánica corresponde a los consejeros. Se estructuran en secretaría general y direcciones generales.

En relación con la Comisión Europea: Tiene su sede principal en Bruselas. Tiene su sede principal en Luxemburgo. Tiene su sede en Estrasburgo. Elige al presidente del Consejo de la Unión Europea.

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea: Tiene su sede en Estrasburgo. Tiene su sede en Luxemburgo. Está formado por 15 jueces. Está formado por 25 jueces.

Actualmente, la Unión Europea está formada por: 27 Estados miembros. 28 Estados miembros. 26 Estados miembros. 29 Estados miembros.

En relación con el Parlamento Europeo: Sus miembros son elegidos por un período de 5 años. Sus miembros son elegidos por un período de 4 años. Está formado por representantes parlamentarios de los Estados miembros. Tiene su sede en Luxemburgo y Bruselas.

En relación con la Comisión Europea: Sus miembros son elegidos por un período de 4 años. Sus miembros son elegidos por un período de 5 años. Adopta las normas conjuntamente con la Comisión Europea. No puede controlar políticamente a la Comisión Europea.

De conformidad con la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de régimen jurídico del sector público, las administraciones públicas: Cuando establezcan medidas limitativas del ejercicio de derechos individuales, deben aplicar el principio de proporcionalidad. No actúan con personalidad jurídica. Cuando exijan el cumplimiento de requisitos para el desarrollo de una actividad, no deben motivar su necesidad para la protección del interés público. En su actuación, no están sometidas al principio de objetividad.

De conformidad con la Ley 3/2003, de 26 de marzo, de régimen jurídico de la Administración de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears, la Administración de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears: No actúa con personalidad jurídica. Actúa con personalidad jurídica para el cumplimiento de las finalidades de la Administración General del Estado. Actúa de acuerdo con el principio de autonomía, y no con el principio de jerarquía. Actúa de acuerdo con el principio de descentralización, entre otros.

Según la Ley 3/2003, de 26 de marzo, de régimen jurídico de la Administración de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears, la Administración de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears actúa: Con sumisión plena únicamente a la Constitución, al Estatuto de autonomía y a la ley. Con sumisión plena únicamente a la Constitución y al Estatuto de autonomía. Con sumisión plena a la Constitución, al Estatuto de autonomía, a la ley y al resto del ordenamiento jurídico. Con sumisión plena únicamente al Estatuto de autonomía.

Según la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de régimen jurídico del sector público, el sector público institucional: No está integrado por las universidades públicas. No está integrado por las entidades de derecho privado dependientes de la Administración General del Estado. No está integrado por las entidades de derecho privado dependientes de las administraciones de las comunidades autónomas. Está integrado por las entidades de derecho público dependientes de la Administración General del Estado, entre otras.

Señale la respuesta incorrecta sobre actos administrativos: Con carácter general, los actos administrativos se producirán por escrito a través de medios electrónicos. Cuando deba dictarse una serie de actos administrativos de la misma naturaleza, tales como nombramientos, podrán refundirse en un único acto. Las resoluciones administrativas de carácter particular pueden vulnerar lo establecido en una disposición de carácter general. Los actos de las administraciones públicas sujetos al derecho administrativo se presumirán válidos.

En relación con la actividad de las administraciones públicas regulada en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas, señale la respuesta correcta: Cada Administración dispondrá de un registro electrónico general. No existe un derecho al acceso a la información pública. Las personas físicas están obligadas a relacionarse electrónicamente con las administraciones públicas. La lengua en los procedimientos tramitados por las administraciones de las comunidades autónomas será siempre el castellano.

De conformidad con la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas: Se consideran interesados en el procedimiento administrativo todos los que deseen participar en el mismo. Aquellos cuyos intereses legítimos colectivos puedan resultar afectados por la resolución de un procedimiento administrativo no pueden personarse en el mismo y, por tanto, no pueden tener la consideración de interesados en el mismo. Quienes promuevan un procedimiento administrativo como titulares de derechos se consideran interesados en el mismo. Los que no inicien un procedimiento administrativo en ningún caso pueden llegar a considerarse interesados en el mismo.

En relación con la actividad de las administraciones públicas regulada en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas, señale la respuesta incorrecta: En los procedimientos iniciados a solicitud del interesado, nunca se produce silencio administrativo. La Administración está obligada a dictar resolución expresa en todos los procedimientos. La Administración está obligada a notificar la resolución en todos los procedimientos. La resolución de un procedimiento administrativo debe notificarse dentro de un plazo máximo fijado por la normativa reguladora del procedimiento.

En relación con los actos administrativos, señale la respuesta incorrecta: Con carácter general, los actos de las administraciones públicas sujetos al derecho administrativo producirán efectos desde la fecha en que se dicten. La notificación de un acto administrativo no debe contener el texto íntegro de la resolución. Toda notificación deberá ser cursada dentro del plazo de diez días a partir de la fecha en que el acto haya sido dictado. Los actos administrativos serán objeto de publicación cuando tengan por destinataria a una pluralidad indeterminada de personas.

Señale la respuesta correcta sobre la revisión de los actos en vía administrativa: La Administración no puede revisar ningún acto administrativo. La Administración podrá revisar los actos administrativos nulos que hayan puesto fin a la vía administrativa previo dictamen favorable del Consejo de Estado u órgano consultivo equivalente de la comunidad autónoma, si lo hubiere. Los actos nulos no podrán ser revisados por la Administración a solicitud del interesado. La Administración puede revisar todos sus actos en el plazo de un año desde su aprobación.

En relación con los recursos contra actos administrativos, señale la respuesta incorrecta: Los actos administrativos que pongan fin a la vía administrativa podrán ser recurridos en reposición ante el mismo órgano que los hubiera dictado. Los actos administrativos que pongan fin a la vía administrativa no podrán ser impugnados directamente ante el orden jurisdiccional contencioso-administrativo. Contra los actos firmes en vía administrativa podrá interponerse el recurso extraordinario de revisión. El plazo máximo para dictar y notificar la resolución del recurso de reposición será de un mes.

La Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas, dispone lo siguiente en relación con el ejercicio de la iniciativa legislativa y de la potestad reglamentaria: En el ejercicio de la potestad reglamentaria, la Administración no está sometida a ningún principio de buena regulación. La iniciativa normativa no debe estar justificada por una razón de interés general. Ninguna obligación de planificación normativa incumbe sobre las administraciones públicas. A fin de garantizar el principio de seguridad jurídica, la iniciativa normativa se ejercerá de manera coherente con el resto del ordenamiento jurídico.

Señale la respuesta incorrecta. El recurso contencioso-administrativo: Es admisible en relación con las disposiciones de carácter general. Es admisible en relación con los actos expresos de la Administración pública que pongan fin a la vía administrativa. No es admisible contra actos presuntos de la Administración pública. Es admisible contra la inactividad de la Administración.

De conformidad con el Real decreto 181/2008, de 8 de febrero, de ordenación del diario oficial Boletín Oficial del Estado, este boletín oficial es: El medio de publicación solo de las leyes y disposiciones de inserción obligatoria. El medio de publicación solo de las leyes. El medio de publicación de las leyes, disposiciones y actos de inserción obligatoria. El medio de publicación solo de los actos de inserción obligatoria.

Señale la respuesta incorrecta. De conformidad con el Real decreto 181/2008, de 8 de febrero, de ordenación del diario oficial Boletín Oficial del Estado: El Boletín Oficial del Estado se publicará todos los días del año, salvo los domingos. No se publicarán en el Boletín Oficial del Estado las disposiciones generales de las comunidades autónomas. En todas y cada una de las páginas del Boletín Oficial del Estado se incluirá la dirección de la sede electrónica y el respectivo código de verificación que permitan contrastar su autenticidad. La edición del Boletín Oficial del Estado corresponde a la Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado.

Según el Decreto 68/2012, de 27 de julio, por el que se regula el Boletín Oficial de las Illes Balears: Los números ordinarios del Boletín Oficial de las Illes Balears se publicarán todos los días del año, salvo los domingos. El Boletín Oficial de las Illes Balears se publica únicamente en edición impresa. Los textos que se publiquen en el Boletín Oficial de las Illes Balears no tienen la consideración de oficiales hasta que se publiquen en el Boletín Oficial del Estado. La edición electrónica del Boletín Oficial de las Illes Balears se publicará en la Sede Electrónica de la Administración de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears.

Señale la respuesta incorrecta. Según el Real decreto 1708/2011, de 18 de noviembre, por el que se establece el Sistema Español de Archivos y se regula el Sistema de Archivos de la Administración General del Estado y de sus organismos públicos y su régimen de acceso: El Archivo Central cumple la función, entre otras, de coordinación y control del funcionamiento de los distintos archivos de gestión. Los archivos de oficina serán objeto de transferencia al archivo central del departamento respectivo. El archivo intermedio no puede llevar a cabo ninguna transferencia de documentos al archivo histórico. El Archivo General de la Administración es el archivo intermedio de la Administración General del Estado.

A los efectos del Real decreto 1708/2011, de 18 de noviembre, por el que se establece el Sistema Español de Archivos y se regula el Sistema de Archivos de la Administración General del Estado y de sus organismos públicos y su régimen de acceso, se entiende por documento de archivo: El archivo que custodia los documentos generados por personas físicas o jurídicas. El ejemplar, en cualquier tipo de soporte, testimonio de las actividades y funciones de las personas físicas y jurídicas, públicas o privadas. El conjunto ordenado y foliado de actuaciones que sirven de fundamento a la resolución administrativa. El servidor informático donde se almacenan y se administran datos y documentos electrónicos, y sus metadatos.

Los archivos de oficina: Acreditan las actuaciones y actividades de la unidad productora. Son las instituciones responsables de la custodia y conservación de los documentos de valor histórico. Son las instituciones que identifican y llevan a cabo procesos de valoración documental. Son las instituciones que valoran las estrategias que se pueden aplicar para la conservación a medio plazo de los documentos.

Señale la respuesta incorrecta. De conformidad con la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas: Los documentos electrónicos deberán conservarse en un formato que permita garantizar la autenticidad del documento. Solo la Administración General del Estado deberá mantener un archivo electrónico único de los documentos electrónicos que correspondan a procedimientos finalizados. Los documentos electrónicos deberán conservarse en un formato que permita garantizar la conservación del documento. Los documentos electrónicos deberán conservarse en un formato que permita garantizar la integridad del documento.

Señale la respuesta incorrecta. De conformidad con el Decreto 82/2009, de 13 de noviembre, por el cual se regula la gestión de las quejas y las sugerencias sobre el funcionamiento de los servicios públicos de la Administración de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears: Las personas físicas pueden formular sugerencias en relación con el funcionamiento de los servicios públicos que presta la Administración de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears. El sistema de quejas y sugerencias facilita la participación de los ciudadanos para mejorar la calidad en la prestación de los servicios públicos. Las personas físicas no pueden formular quejas en relación con el funcionamiento de los servicios públicos y las fundaciones del sector público autonómico. Las quejas y las sugerencias pueden formularse en relación con el funcionamiento de los servicios públicos que presten los consorcios que estén financiados mayoritariamente por la Administración de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears.

Los empleados de las administraciones públicas deben relacionarse con estas: A través de medios no electrónicos. A través de medios electrónicos para los trámites y actuaciones que realicen con ellas por razón de su condición de empleado público. A través de medios electrónicos para cualquier trámite y actuación. A través del medio que elijan.

Señale la respuesta incorrecta en materia de atención a la ciudadanía: La Oficina de Atención a la Discapacidad (OADIS) tiene entre sus objetivos conseguir la igualdad de oportunidades para las personas con discapacidad. Los ministerios y sus organismos dependientes cuentan con una red de oficinas de información y atención al ciudadano. Los ayuntamientos cuentan con una red de oficinas de información y atención al ciudadano. La información general se facilitará obligatoriamente a los ciudadanos, sin exigir para ello la acreditación de legitimación alguna.

Señale la respuesta incorrecta. De conformidad con el Decreto 113/2010, de 5 de noviembre, de acceso electrónico a los servicios públicos de la Administración de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears, el registro electrónico de la Administración de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears: Se integra en el registro general de la Comunidad Autónoma. Aplica únicamente a la Administración de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears. Permite el acceso electrónico a los servicios públicos que presta la Administración de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears. Permite el acceso electrónico a los servicios públicos que prestan los entes que integran el sector público instrumental de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears, siempre que actúen en el ejercicio de potestades administrativas.

Señale la respuesta incorrecta. De conformidad con la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de contratos del sector público: Cuando el contrato esté sujeto a regulación armonizada, el anuncio de formalización deberá publicarse, además, en el Diario Oficial de la Unión Europea. Los contratos menores podrán adjudicarse directamente. Los contratos menores serán objeto de publicación, sin excepción. La adjudicación se realizará ordinariamente utilizando una pluralidad de criterios de adjudicación.

Según la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de contratos del sector público, son contratos de servicios: Aquellos en que el empresario se obligue a entregar una pluralidad de bienes de forma sucesiva. Los que tengan por objeto la adquisición de energía. Aquellos cuyo objeto son prestaciones de hacer dirigidas a la obtención de una obra. Aquellos cuyo objeto son prestaciones de hacer consistentes en el desarrollo de una actividad.

Señale la respuesta incorrecta. De conformidad con la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de contratos del sector público: El contrato formalizado deberá elevarse a escritura pública, corriendo los correspondientes gastos a cargo del órgano de contratación. Los órganos de contratación darán a los licitadores y candidatos un tratamiento igualitario y no discriminatorio. Los órganos de contratación ajustarán su actuación a los principios de transparencia y proporcionalidad. Los contratos deberán formalizarse en documento administrativo.

De conformidad con la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de contratos del sector público: No pueden celebrarse contratos mixtos que contengan prestaciones correspondientes a contratos de distinta clase. Aquellos contratos en los que el empresario se obligue a entregar una pluralidad de bienes de forma sucesiva y por precio unitario se consideran contratos de suministro. Los contratos que tienen por objeto el arrendamiento de productos son contratos de obras. Son contratos de servicios los que tienen por objeto la adquisición de bienes muebles.

De acuerdo con el artículo 15 de la Ley 3/2007, de 27 de marzo, de la función pública de la comunidad autónoma de las Illes Balears, marque la única respuesta de las señaladas que alude a una circunstancia que no permite nombrar personal funcionario interino: Existencia de puestos de trabajo vacantes, por un máximo de 3 años. Sustitución transitoria de titulares, durante el tiempo estrictamente necesario. Ejecución de programas de carácter temporal que corresponden a necesidades permanentes de la Administración. Subvenir a necesidades urgentes, extraordinarias y circunstanciales de incremento de la actividad, por un plazo máximo de 9 meses, dentro de un periodo de 18 meses.

Según el artículo 60 de la Ley 3/2007, de 27 de marzo, de la función pública de la comunidad autónoma de las Illes Balears, la jubilación de los funcionarios: Puede ser voluntaria o por incapacidad permanente. Puede ser voluntaria, forzosa y por incapacidad permanente. Puede ser voluntaria y forzosa. olo puede producirse de forma voluntaria.

De acuerdo con el artículo 75 y siguientes de la Ley 3/2007, de 27 de marzo, de la función pública de la comunidad autónoma de las Illes Balears, el sistema de provisión de los puestos de trabajo singularizados que tienen establecida esta forma de provisión en la relación de puestos de trabajo: Es el concurso abierto y permanente específico. Es la libre designación. Es el concurso abierto y permanente de méritos. Es tanto el concurso abierto y permanente de méritos como la libre designación.

De acuerdo con el artículo 20 de la Ley 3/2007, de 27 de marzo, de la función pública de la comunidad autónoma de las Illes Balears, el personal eventual: Presta sus servicios en virtud de contrato de trabajo. Presta sus servicios en virtud de nombramiento legal. Presta sus servicios en virtud de acto de designación. Presta sus servicios en virtud de decreto del Consejo de Gobierno.

Según el artículo 88 de la Ley orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de protección de datos personales y garantía de los derechos digitales, el derecho a la desconexión en el ámbito laboral: Es un principio rector constitucionalmente establecido. Es un derecho fundamental constitucionalmente establecido. Es un derecho cívico constitucionalmente establecido. Es un derecho de origen legal.

Según el artículo 126 de la Ley 3/2007, de 27 de marzo, de la función pública de la comunidad autónoma de las Illes Balears, en materia de responsabilidad patrimonial de la Administración, la Administración de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears puede dirigirse de oficio contra el funcionario, en acción de regreso: Cuando el funcionario cause los daños por dolo, culpa o negligencia. Cuando el funcionario cause los daños exclusivamente por dolo. Cuando el funcionario cause los daños por dolo, culpa o negligencia graves. Exclusivamente, cuando el funcionario haya cometido una imprudencia temeraria.

Según los artículos 89 y 90 de la Ley orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de protección de datos personales y garantía de los derechos digitales: Los empleadores, para el ejercicio de las funciones de control de los trabajadores o los empleados públicos, podrán tratar las imágenes obtenidas a través de sistemas de cámaras o videocámaras, pero no los datos obtenidos a través de sistemas de geolocalización. Los empleadores, para el ejercicio de las funciones de control de los trabajadores o los empleados públicos, no podrán tratar ni las imágenes obtenidas a través de sistemas de cámaras o videocámaras ni los datos obtenidos a través de sistemas de geolocalización. Los empleadores, para el ejercicio de las funciones de control de los trabajadores o los empleados públicos, podrán tratar las imágenes obtenidas a través de sistemas de cámaras o videocámaras y los datos obtenidos a través de sistemas de geolocalización. Los empleadores, para el ejercicio de las funciones de control de los trabajadores o los empleados públicos, podrán tratar los datos obtenidos a través de sistemas de geolocalización, pero no las imágenes obtenidas a través de sistemas de cámaras o videocámaras.

De acuerdo con el artículo 145 de la Ley 3/2007, de 27 de marzo, de la función pública de la comunidad autónoma de las Illes Balears, la duración máxima del procedimiento disciplinario para exigir responsabilidad por faltas graves y muy graves: Es de 9 meses. Es de 12 meses. Es de 15 meses. Es de 18 meses.

El proyecto de ley de presupuestos generales de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears debe remitirse al Parlamento: Antes del 15 de septiembre de cada año. Antes del 1 de octubre de cada año. Antes del 15 de octubre de cada año. Antes del 1 de noviembre de cada año.

Los presupuestos generales de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears deben contener: Una previsión de los gastos a realizar y una estimación de los ingresos a obtener por el sector público administrativo. Los estados de gastos y los estados de ingresos de los entes del sector público administrativo, y los presupuestos de explotación y de capital de los entes del sector público empresarial y fundacional. Los objetivos de estabilidad presupuestaria y las proyecciones de las principales partidas de ingresos y de gastos. La previsión de las modificaciones presupuestarias a realizar durante el ejercicio.

Los presupuestos generales del Estado: Tienen carácter bianual e incluirán la totalidad de los gastos y los ingresos de la Administración General del Estado. Tienen carácter anual e incluirán la totalidad de los gastos y los ingresos del sector público estatal. Pueden tener carácter anual, si no se prorrogan. Tienen carácter anual e incluirán la totalidad de los gastos y los ingresos de todos los sectores públicos del Estado español.

¿Cómo se denomina, según el artículo 4 del Real decreto 67/2010, de 29 de enero, de adaptación de la legislación de prevención de riesgos laborales a la Administración General del Estado, el órgano específico de participación y negociación de las organizaciones sindicales en materia de prevención de riesgos laborales?. Servicio Estatal de Prevención de Riesgos Laborales. Comité de Seguridad y Salud de la Administración General del Estado. Comisión Técnica de Prevención de Riesgos Laborales. Delegación Estatal para la Participación Sindical en Materia Preventiva.

Según el artículo 28 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales, en cumplimiento del deber de prevención de riesgos profesionales, en las relaciones de trabajo a través de empresas de trabajo temporal: Responde la empresa de trabajo temporal de las condiciones de ejecución del trabajo en todo lo relacionado con la protección de la seguridad y la salud de los trabajadores. Responde la empresa usuaria de las condiciones de ejecución del trabajo en todo lo relacionado con la protección de la seguridad y la salud de los trabajadores. La empresa usuaria y la empresa de trabajo temporal responden solidariamente de las condiciones de ejecución del trabajo en todo lo relacionado con la protección de la seguridad y la salud de los trabajadores. La empresa usuaria y la empresa de trabajo temporal responden de forma mancomunada de las condiciones de ejecución del trabajo en todo lo relacionado con la protección de la seguridad y la salud de los trabajadores.

Según el artículo 35 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales, en las empresas de 50 a 100 trabajadores debe haber: 5 delegados de prevención. 4 delegados de prevención. 3 delegados de prevención. 2 delegados de prevención.

De conformidad con la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno: No deberá hacerse pública la relación de los convenios suscritos. No deberá hacerse pública información sobre planes y programas anuales y plurianuales. No deberá hacerse pública información sobre las retribuciones percibidas por los altos cargos. El Portal de Transparencia deberá contener información accesible, interoperable y reutilizable.

De conformidad con la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, se entiende por información pública: La información publicada en el Portal de Transparencia de la Administración del Estado. La información que es de interés para la ciudadanía. La información de interés general publicada por cualquier sujeto, público o privado. Los contenidos o documentos que obren en poder de las administraciones públicas y que hayan sido elaborados o adquiridos en el ejercicio de sus funciones.

De conformidad con la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, las administraciones públicas: No publicarán información de relevancia jurídica. No publicarán las respuestas a consultas planteadas por los particulares, aunque supongan una interpretación del derecho o tengan efectos jurídicos. Publicarán los proyectos de reglamentos cuya iniciativa les corresponda. No publicarán las memorias del análisis de impacto normativo que conformen los expedientes de los textos normativos.

Según el artículo 28 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas, los interesados en un procedimiento administrativo: Nunca pueden oponerse a que la Administración actuante consulte los documentos que hayan sido elaborados por otra Administración. Siempre pueden oponerse a que la Administración actuante consulte los documentos que hayan sido elaborados por otra Administración. Siempre deben aportar los documentos exigidos por la Administración actuante, aunque hayan sido elaborados por otra Administración. No pueden oponerse a que la Administración actuante consulte los documentos que hayan sido elaborados por otra Administración cuando la aportación del documento se exigiera en el marco del ejercicio de potestades sancionadoras.

Señale la respuesta incorrecta. La Plataforma de Interoperabilidad de las Illes Balears (PINBAL): Requiere para su acceso que la Administración esté adherida al convenio de colaboración en materia de interoperabilidad telemática entre las administraciones públicas del ámbito territorial de las Illes Balears. Permite realizar consultas a los servicios disponibles a través de la Plataforma de Intermediación del Estado. Es un servicio gratuito a disposición de la ciudadanía. No permite realizar consultas de datos relativos a ciudadanos que ya obren en poder de la Administración.

En relación con la aportación de documentos a cargo del interesado en un procedimiento administrativo, señale la respuesta incorrecta: Con carácter excepcional, las administraciones podrán exigir a los interesados la presentación de documentos originales, si así lo establece la normativa reguladora aplicable. Los interesados no tienen ningún derecho a aportar documentos. Los interesados se responsabilizarán de la veracidad de los documentos que presenten. Los interesados podrán aportar cualquier otro documento que estimen conveniente, distinto a los documentos exigidos por la Administración.

Con base en lo dispuesto por el artículo 83 de la Ley 11/2016, de 28 de julio, de igualdad de mujeres y hombres, ¿cuál es el plazo de prescripción de las infracciones administrativas graves?. Tres años a partir de la comisión del hecho infractor. Dos años a partir de la comisión del hecho infractor. Doce meses a partir de la comisión del hecho infractor. Seis meses a partir de la comisión del hecho infractor.

Con base en lo dispuesto en el Acuerdo del Consejo de Gobierno de 3 de mayo de 2021 por el que se aprueba el III Plan de Igualdad entre Mujeres y Hombres de la Administración de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears (servicios generales) 2021-2024, ¿cuál de los siguientes es uno de los objetivos del eje «Cultura de igualdad»?. Fomentar la economía circular. Reducir la carga de trabajo de las camareras de piso. Integrar la perspectiva de género en la normativa y en la gestión de los recursos humanos. Eliminar las desigualdades por razón de sexo en materia retributiva.

Con base en lo dispuesto por el artículo 83 de la Ley 11/2016, de 28 de julio, de igualdad de mujeres y hombres, ¿cuál es el plazo de prescripción de las infracciones administrativas leves?. Doce meses a partir de la comisión del hecho infractor. Seis meses a partir de la comisión del hecho infractor. Dos meses a partir de la comisión del hecho infractor. Un mes a partir de la comisión del hecho infractor.

Con base en lo dispuesto por el artículo 45 de la Ley orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, ¿qué empresas están obligadas a respetar la igualdad de trato y de oportunidades en el ámbito laboral?. Las empresas de cincuenta o más personas trabajadoras. Ninguna, es algo opcional y voluntario, pero en ningún caso, obligatorio. Únicamente, las empresas que aspiren a obtener el Distintivo Igualdad en la Empresa (DIE), con independencia del número de personas trabajadoras. Todas las empresas.

Con base en lo dispuesto en el Acuerdo del Consejo de Gobierno de 3 de mayo de 2021 por el que se aprueba el III Plan de Igualdad entre Mujeres y Hombres de la Administración de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears (servicios generales) 2021-2024, ¿cuál de los siguientes es uno de los objetivos del eje «Cultura de igualdad»?. Revisar y desarrollar aplicaciones informáticas para la gestión del personal que permitan recoger información desagregada por sexo (hombre / mujer / no binario). Fomentar la utilización del lenguaje y las imágenes no sexistas. Potenciar la formación del personal docente de la Escuela Balear de Administración Pública en materia de igualdad. Modificar la instrucción de selección de personal laboral temporal para incluir la valoración de la formación en materia de igualdad.

La sede electrónica de una administración es: Un sitio web que está a disposición de los poderes públicos para la gestión de sus servicios. Un dominio web de titularidad de la empresa que lo ha diseñado. Una sede virtual de la Administración a la que pueden conectarse sus empleados públicos para el desarrollo de su actividad. Una dirección electrónica disponible para los ciudadanos.

Señale cuál de las siguientes afirmaciones es correcta: El presupuesto supone una autorización para gastos y una previsión de ingresos. El presupuesto supone una autorización para gastos y para ingresos. El presupuesto solo autoriza los gastos en función de los ingresos obtenidos. El presupuesto supone una autorización de ingresos y una previsión de gastos.

Según la Ley 3/2007, de 27 de marzo, de la función pública de la comunidad autónoma de las Illes Balears, el nombramiento del personal funcionario de carrera corresponde: Al Consejo de Gobierno, previo informe de la Inspección General de Calidad, Organización y Servicios. A la Inspección General de Calidad, Organización y Servicios. Al consejero o consejera competente en materia de función pública. Al Consejo de Gobierno.

La Constitución reconoce y garantiza el derecho a la autonomía: De la nación española. De las nacionalidades y regiones que integran la nación española. De los pueblos que integran el Estado español. Del Estado español.

De conformidad con la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas: Las personas físicas, una vez elegido el medio a través del cual se relacionan con las administraciones públicas, no pueden modificarlo. Las entidades sin personalidad jurídica no pueden relacionarse con las administraciones públicas. Las personas jurídicas están obligadas a relacionarse a través de medios electrónicos con las administraciones públicas para la realización de cualquier trámite de un procedimiento administrativo. Los empleados de las administraciones públicas deben relacionarse con estas por medios internos y, en ningún caso, a través de medios electrónicos.