t.7

1. De acuerdo con el artículo 1 de la Ley 26/2018, ¿cuál de las siguientes afirmaciones se ajusta al objeto de la ley?. A) Regular exclusivamente las medidas administrativas de protección de la infancia y adolescencia en situación de riesgo o desamparo. B) Reconocer los derechos de la infancia y la adolescencia y el principio de corresponsabilidad de toda la sociedad, las administraciones públicas y las familias, así como establecer el marco normativo de las políticas públicas, su distribución de competencias y las medidas de coordinación. C) Establecer únicamente las competencias de la Generalitat en materia de protección de personas menores de edad. D) Regular los derechos de la infancia y la adolescencia, atribuyendo a las familias la responsabilidad exclusiva de su garantía.

2. Según el artículo 2, en relación con el ámbito de aplicación de la Ley 26/2018, señale la respuesta correcta: A) Se aplica exclusivamente a las personas menores de dieciocho años que tengan residencia habitual en la Comunitat Valenciana. B) Se aplica a todas las personas menores de veintiún años que se encuentren en territorio valenciano. C) Se aplica exclusivamente a las personas menores de edad con nacionalidad española o residencia legal en la Comunitat Valenciana. D) Se aplica a las personas menores de dieciocho años que residan o se encuentren transitoriamente en la Comunitat Valenciana, con las excepciones y particularidades previstas en el propio artículo.

3. Según el artículo 3, en relación con el interés superior de la persona menor de edad, señale la respuesta correcta: A) Su interés superior prevalecerá exclusivamente en las decisiones administrativas y judiciales que le afecten individualmente. B) Su interés superior se valorará en las decisiones públicas, pero podrá quedar subordinado al interés familiar cuando exista conflicto. C) Su interés superior será valorado y considerado primordial en todas las acciones y decisiones que le conciernan, individual o colectivamente, tanto en el ámbito público como privado. D) Su interés superior se aplicará únicamente cuando no exista una norma específica que regule la actuación.

4. Conforme al artículo 3, cuando se acuerde una medida de protección de una persona menor de edad: A) Se priorizará el acogimiento residencial por su mayor capacidad de supervisión profesional. B) Se priorizará el acogimiento familiar frente al residencial y, cuando deba producirse una separación familiar, se dará preferencia a medidas que permitan una convivencia familiar estable. C) Se procurará siempre el mantenimiento en la familia de origen, incluso cuando resulte contrario a su interés superior. D) Se aplicará indistintamente el acogimiento familiar o residencial, sin que la ley establezca preferencia.

5. Según el artículo 4, constituye una de las líneas de actuación de la Generalitat: A) Desarrollar intervenciones de carácter exclusivamente educativo y social, reservando las sanitarias y terapéuticas a la iniciativa privada. B) Priorizar las actuaciones institucionales centralizadas, con independencia del entorno social de la persona menor de edad. C) Limitar las políticas de prevención a las personas menores de edad que hayan sido declaradas en situación de riesgo. D) Desarrollar una intervención integral de carácter educativo, sanitario, social y terapéutico, en el contexto social más próximo y guiada por el interés superior de la persona menor de edad.

6. De acuerdo con el artículo 3, respecto a la prioridad presupuestaria de las políticas de infancia y adolescencia: A) El presupuesto destinado a hacer efectivos sus derechos debe ser suficiente, sostenido en el tiempo y fácilmente identificable, en el ámbito de las competencias de las distintas administraciones. B) La prioridad presupuestaria se limita a las medidas de protección de menores en situación de desamparo. C) El presupuesto destinado a infancia y adolescencia deberá ser suficiente, aunque su identificación diferenciada tendrá carácter voluntario. D) La prioridad presupuestaria corresponde exclusivamente a la Generalitat, quedando excluidas las entidades locales.

7. Conforme al artículo 5, el diseño, planificación, aplicación, desarrollo, seguimiento y evaluación de las políticas de la Generalitat para hacer efectivos los derechos de la infancia y la adolescencia se instrumentará mediante: A) Un plan de protección de menores, elaborado exclusivamente por la conselleria competente en servicios sociales. B) La Estrategia valenciana de infancia y adolescencia, de la que formarán parte los diferentes planes sectoriales previstos en la ley. C) Un programa autonómico de intervención familiar, revisado por las entidades locales. D) Los planes municipales de infancia, que sustituirán a los instrumentos autonómicos de planificación.

8. Según el artículo 6, los informes de impacto en la infancia y la adolescencia: A) Serán elaborados por el órgano competente en protección de menores una vez aprobada la propuesta normativa. B) Se incorporarán exclusivamente a los proyectos de ley que afecten directamente a personas menores de edad. C) Se incorporarán a los planes sectoriales y proyectos normativos de la Generalitat, serán elaborados por el departamento o centro directivo proponente y acompañarán la propuesta desde el inicio de su tramitación. D) Serán exigibles únicamente cuando la conselleria competente en infancia determine su necesidad.

9. De acuerdo con el artículo 9, el derecho al buen trato y a la protección de la integridad física y psíquica comprende: A) La protección frente a la violencia física y sexual, excluyendo las conductas negligentes que no produzcan lesiones. B) La protección frente a cualquier forma de violencia, incluidas las omisiones de quienes deban garantizar la protección de niños, niñas y adolescentes. C) La protección frente a conductas violentas exclusivamente cuando sean constitutivas de delito. D) La protección frente a la violencia familiar y escolar, excluyendo la ejercida mediante nuevas tecnologías.

10. Según el artículo 10, el protocolo integral de lucha contra la violencia hacia la infancia y adolescencia deberá: A) Basarse exclusivamente en la prevención y detección de la violencia, correspondiendo la reparación a los órganos judiciales. B) Ser impulsado por la conselleria competente en educación, con participación obligatoria de los servicios sociales municipales. C) Basarse en la prevención, protección, atención y reparación a las víctimas, e impulsarse por la conselleria competente en infancia y adolescencia, con participación, al menos, de las consellerias competentes en seguridad pública, justicia, sanidad y educación. D) Limitarse a establecer medidas de coordinación entre la Administración de justicia y los cuerpos policiales.

11. Conforme al artículo 11, cuando la violencia contra una persona menor de edad se produzca en su entorno familiar: A) Se procurará, siempre que sea compatible con su interés superior, que la protección se lleve a cabo mediante el alejamiento de la persona maltratadora y no mediante la salida de la víctima de su medio familiar. B) Se procederá prioritariamente a separar a la persona menor de edad de su entorno familiar, con independencia de las circunstancias. C) Se mantendrá necesariamente a la persona menor de edad en su domicilio, aunque ello resulte contrario a su interés superior. D) Se priorizará el acogimiento residencial frente a cualquier otra medida de protección.

12. Según el artículo 15, respecto al derecho a la identidad y al nombre: A) Los centros sanitarios públicos son los únicos obligados a identificar inequívocamente a las personas recién nacidas. B) La inscripción del nacimiento quedará condicionada a la situación administrativa regular de la madre. C) El derecho a solicitar documentación acreditativa de la identidad corresponde exclusivamente a los representantes legales. D) Los centros y servicios sanitarios públicos y privados donde se produzcan nacimientos identificarán inequívocamente a las personas recién nacidas y dispondrán de protocolos para promover diligentemente su inscripción registral, independientemente de la situación administrativa de la madre.

13. De acuerdo con el artículo 17, cuando una resolución administrativa se aparte de la opinión expresada por una persona menor de edad: A) Bastará con hacer constar que se ha cumplido el trámite de audiencia. B) Deberá justificarse razonadamente en función de su interés superior. C) Será necesaria la autorización previa de sus representantes legales. D) Deberá solicitarse un informe vinculante del Ministerio Fiscal en todos los casos.

14. De acuerdo con el artículo 24, la red de puntos de encuentro familiar se configura como: A) Un recurso judicial especializado cuya intervención se limita a los casos derivados de procedimientos civiles. B) Un servicio de carácter permanente destinado a sustituir el ejercicio de las responsabilidades parentales. C) Un recurso social, universal y específico para la infancia y la adolescencia, que atenderá tanto los casos derivados de un órgano judicial como los de un órgano administrativo. D) Un servicio de mediación familiar cuya intervención exige necesariamente el consentimiento de ambas personas progenitoras.

15. Según el artículo 28, respecto al funcionamiento de los puntos de encuentro familiar, señale la respuesta correcta: A) Podrán intervenir cuando el derecho de visitas esté suspendido judicialmente, siempre que exista autorización de los servicios sociales. B) En ningún caso cabrá su intervención cuando el derecho de visitas se encuentre suspendido judicialmente. C) La existencia de una orden de protección impedirá automáticamente cualquier intervención del punto de encuentro familiar. D) La intervención finalizará exclusivamente cuando lo determine el órgano judicial, aunque se haya alcanzado previamente su objetivo.

16. Conforme al artículo 29, la promoción de un ejercicio positivo de la parentalidad comprende: A) El establecimiento de límites educativos, admitiéndose medidas correctivas violentas cuando sean proporcionadas. A) El establecimiento de límites educativos, admitiéndose medidas correctivas violentas cuando sean proporcionadas. C) La prioridad de las necesidades de las personas progenitoras sobre las de sus hijos e hijas. D) Un ejercicio fundamentado en el bienestar e interés de los hijos e hijas, respetuoso con sus derechos, que favorezca un apego seguro, estimule sus capacidades, ofrezca apoyo y orientación, establezca límites y excluya cualquier uso de la violencia.

17. Según el artículo 42, cuando existan indicios de peligro inminente y grave para la integridad física o psíquica de una persona menor de edad, los servicios y centros obligados deberán: A) Comunicar la situación exclusivamente a los servicios sociales municipales, que decidirán sobre su traslado a otras autoridades. B) Esperar a que se confirme una situación de desamparo antes de realizar cualquier notificación. C) Notificarlo inmediatamente al departamento competente en protección de la infancia de la Generalitat, a la autoridad judicial o al Ministerio Fiscal y, si se requiere su colaboración, a las fuerzas y cuerpos de seguridad, adoptando además las medidas inmediatas de protección necesarias. D) Comunicarlo al Ministerio Fiscal únicamente cuando existan indicios suficientes de delito.

18. De acuerdo con el artículo 47, respecto a la escolarización de personas menores de edad en acogimiento residencial, familiar o guarda con fines de adopción: A) La prioridad de acceso se reconoce exclusivamente en las enseñanzas obligatorias. B) Se reconoce prioridad de acceso al centro educativo de enseñanza infantil, obligatoria o postobligatoria que resulte más favorable conforme a las circunstancias previstas en la ley, pudiendo adoptarse medidas extraordinarias de escolarización cuando proceda. C) La prioridad de escolarización corresponde únicamente a quienes se encuentren en acogimiento residencial. D) La incorporación al centro escolar deberá realizarse siempre mediante el procedimiento ordinario y en los plazos generales.

19. Según el artículo 49, en relación con la prevención y el control del absentismo escolar: A) La elaboración del plan marco corresponde exclusivamente a las administraciones locales. B) La intervención de los servicios sociales se producirá únicamente cuando exista una declaración administrativa de riesgo. B) La intervención de los servicios sociales se producirá únicamente cuando exista una declaración administrativa de riesgo. D) La conselleria competente en educación promoverá, con participación de las administraciones locales, un plan marco contra la no escolarización, el absentismo y el abandono escolar, y se constituirá la comisión municipal de prevención y control del absentismo escolar.

20. Conforme al artículo 50, las unidades educativas terapéuticas y hospitales de día infantil y adolescente están destinados a: A) Atender, desde una perspectiva inclusiva, al alumnado con necesidades educativas especiales derivadas de problemas graves de salud mental que temporalmente necesite tratamientos intensivos en un medio estructurado. B) Atender exclusivamente al alumnado con conductas disruptivas, con independencia de la existencia de problemas de salud mental. C) Sustituir permanentemente la escolarización ordinaria de las personas menores de edad con trastornos mentales. D) Proporcionar exclusivamente tratamiento sanitario especializado, sin intervención educativa.

21. Según el artículo 51, los programas de mediación y resolución amistosa de conflictos en los centros docentes deberán diseñarse sobre la base de los principios de: A) Detección, sanción, disciplina, protección y seguimiento. B) Prevención, intervención disciplinaria, corrección, control y evaluación. C) Sensibilización, prevención, detección, protección y reparación, capacitando al alumnado para resolver los conflictos por sí mismo. D) Sensibilización, detección, derivación judicial, sanción y rehabilitación.

22. Según el artículo 58, respecto a las personas menores de edad extranjeras que se encuentren en la Comunitat Valenciana: A) Gozarán de los mismos derechos que las nacionales únicamente cuando acrediten residencia legal. B) Las personas menores de edad extranjeras no acompañadas estarán sujetas a un régimen de derechos diferenciado. C) Gozarán de los mismos derechos que las nacionales y en igualdad de condiciones, incluidas aquellas que no estén acompañadas. D) Tendrán garantizados exclusivamente los derechos a la educación obligatoria y a la asistencia sanitaria urgente.

23. De acuerdo con el artículo 59, en relación con la atención a niños, niñas y adolescentes con diversidad funcional o discapacidad: A) La inclusión social y educativa corresponderá exclusivamente a los servicios especializados de discapacidad. B) Las entidades públicas deberán posibilitar su inclusión familiar, escolar, social y laboral, adoptando las medidas necesarias para que puedan vivir en un entorno familiar que les proporcione la atención integral que necesiten. C) Las medidas de apoyo se limitarán a garantizar la escolarización y la atención sanitaria. D) Los ajustes razonables y apoyos específicos solo se contemplarán cuando resulte imposible la inclusión en el entorno familiar.

24. Según el artículo 61, respecto a los derechos de niños, niñas y adolescentes pertenecientes a minorías culturales: A) La inclusión social deberá desarrollarse prioritariamente mediante la asimilación cultural y lingüística. B) Los recursos públicos de inclusión se reservarán a las personas menores de edad pertenecientes a minorías culturales que tengan nacionalidad española. C) El derecho a preservar la identidad cultural se reconocerá únicamente en el ámbito familiar. D) Tendrán derecho a recursos públicos que faciliten su inclusión social, lingüística y cultural, respetando su identidad personal y colectiva, garantizándose especialmente los derechos a la educación, asistencia sanitaria y protección e inclusión social.

25. Conforme al artículo 62, la atención a niños, niñas y adolescentes con conductas disruptivas deberá ajustarse, entre otros, al siguiente principio: A) Priorizar la intervención residencial especializada frente a los recursos comunitarios, con independencia de las circunstancias. B) Priorizar la atención en el propio entorno mediante recursos comunitarios, medidas de apoyo familiar y atención especializada de los sistemas públicos de educación, sanidad y servicios sociales, con una intervención de carácter educativo. C) Aplicar exclusivamente medidas de control conductual y corrección disciplinaria, reservando las actuaciones educativas a una fase posterior. D) Limitar la intervención a las personas menores de edad que tengan un diagnóstico clínico de trastorno de conducta, excluyendo las conductas disociales recurrentes.