1. El recurso de alzada contra actos que no agotan la vía administrativa es: Extraordinario. La regla general. Especial. Inexistente.
2. El recurso de reposición contra actos que no agotan la vía administrativa es: Ordinario. Extraordinario. Especial. Inexistente. .
3. El recurso de alzada se presentará: Ante el superior jerárquico del órgano que dictó el acto. Ante el Tribunal contencioso competente. Ante el órgano que dictó el acto. Indistintamente, ante el órgano que dictó el acto o el superior jerárquico que deba decirlo. .
4. La resolución presunta del recurso de alzada se dará, si no recae resolución, al/a los: Quince días de interponerlo. Mes de su interposición. Tres meses de dictarse el acto. En cualquier momento a partir del día siguiente a aquel en que, de acuerdo con su normativa específica, se produzcan los efectos del silencio administrativo. .
5. El silencio administrativo en el recurso de alzada puede ser positivo en el siguiente caso: Cuando el recurso se presentó contra un acto presunto desestimatorio de la solicitud del ciudadano. Cuando perjudique al ciudadano. Siempre que beneficie al interés público. En ningún supuesto es positivo.
6. El recurso extraordinario de revisión se interpone contra: Cualquier acto administrativo. Actos que no agotan la vía administrativa. Los actos que agotan la vía administrativa. Los actos firmes exclusivamente. .
7. La terminación presunta del recurso extraordinario de revisión se dará: A los tres meses de su interposición. Al mes de su interposición. No cabe. Solo en el supuesto de que se base en manifiesto error de derecho.
8. El recurso extraordinario de revisión por manifiesto error de hecho debe plantearse: A los tres meses desde que se produjo el acto. A los cuatro años desde que se conoció. Dentro de los cuatro años desde la notificación del acto. No puede darse nunca aisladamente.
9. La revisión de los actos por los recursos administrativos: Corresponde a la propia Administración Pública. Supone una actuación excepcional por la Administración Pública sobre sus actos firmes. Compete a los órganos jurisdiccionales de lo contencioso-administrativo. Se da solo en supuestos tasados y límites.
10. Se han reinstaurado las reclamaciones económico-administrativas, como recurso administrativo propio, en los/las: Corporaciones Locales en general. Municipios de régimen común. Municipios de gran población. Diputaciones Provinciales cuando gestionen los tributos de los Municipios de la Provincia.
11. Para plantear un recurso administrativo: Hay que tener capacidad jurídica, sin requerirse la capacidad de obrar. Basta con la capacidad de obrar. Se requiere, siempre, ser titular de un derecho subjetivo afectado por el acto que se recurre. Puede hacerlo quien ostente la condición de interesado. .
12. Se puede sustituir en determinados supuestos por procedimientos de mediación y arbitraje el: Recurso de alzada. Recurso de revisión. Recurso de reposición. Las respuestas a) y c) son ciertas. .
13. Cuando una persona interpone un recurso de alzada denominándolo como recurso de revisión: Deberá desestimarse el recurso por improcedente. Deberá notificársele el error para que lo subsane. No se admitirá el recurso. Deberá resolverse, si del propio recurso se deduce su carácter. .
14. La resolución de un recurso: Debe circunscribirse a lo solicitado por el recurrente. Resolverá cuantas cuestiones se deduzcan del expediente. No es necesario que se motive. Debe aceptar las razones en que se fundamente el propio recurso. .
15. La reformatio in peius, en materia de recursos: Se admite como regla general. Solo se permite en materia sancionadora. Se admite cuando el recurso está claramente infundado. Está expresamente prohibida. .
16. Serán motivados, con sucinta referencia de hechos y fundamentos de derecho: Los actos que se separen del criterio seguido en actuaciones precedentes o del dictamen de órganos consultivos. Los actos que limiten derechos subjetivos o intereses legítimos. Los actos que resuelvan procedimientos de revisión de oficio de disposiciones o actos administrativos, recursos administrativos y procedimientos de arbitraje y los que declaren su inadmisión. Todas las respuestas son correctas.
17. Como consecuencia del principio de congruencia, al resolver un recurso la Administración Pública: Podrá agravar la situación inicial del recurrente. Deberá ajustarse a las peticiones del recurrente. Lo desestimará, manteniendo el acto administrativo. Solo decidirá sobre las cuestiones planteadas por el recurrente sin entrar en otras que deriven del procedimiento. .
18. Pone fin a la vía administrativa un acto de un Director General de un Ministerio en la siguiente materia en la que tenga competencia: Cualquier materia. Una materia que esté descentralizada. De personal. En ningún caso sus actos ponen fin a esta vía administrativa. .
19. El recurso de revisión es: Unitario. Ordinario. Especial. Extraordinario. .
20. Contra los actos dictados por un Tribunal de Oposiciones: No cabe recurso alguno. Puede presentarse recurso de alzada ante su Presidente. El recurso de alzada debe entablarse ante la autoridad que nombró al Presidente. Solo es posible el recurso de revisión.
21. No es motivo bastante para interponer un recurso de revisión que: Se haya incurrido en manifiesto error de hecho al dictar el acto. Hubiere mediado cohecho en la resolución. Se haya dictado por órgano manifiestamente incompetente. Hayan influido documentos declarados falsos por sentencia judicial firme.
22. Para que pueda entablarse un recurso extraordinario de revisión por error de hecho, este: Ha de ser declarado por sentencia judicial firme. Ha de haberse adoptado por cohecho. Ha de derivar de documentos habidos en el expediente. Nada de lo anterior es cierto.
23. La revocación por la Administración Pública de un acto administrativo de gravamen o no declarativo de derechos: Ha de efectuarse a instancia de los particulares. Está prohibida. Se podrá revocar mientras que no haya transcurrido el plazo de prescripción, siempre que no constituya dispensa o exención no permitida por las Leyes, o sea contraria al principio de igualdad, al interés público o al ordenamiento jurídico. Requiere previo dictamen del Consejo de Estado.
24. En la Administración Local (en concreto, en un Ayuntamiento), la declaración de lesividad de un acto se efectúa a través del/de la: Presidente de la Corporación Local. Junta de Gobierno Local. Pleno. Cualquiera de los anteriores. .
25. Un acto anulable, ¿puede ser revisado de oficio por la Administración Pública, una vez transcurridos cuatro años desde que se dictó?: Sí, cuando así lo dictamine el Consejo de Estado. No. Sí, cuando incurra en nulidad de pleno derecho y así lo dictamine el Consejo de estado. Sí, cuando la ilegalidad sea manifiesta y así lo dictamine el Consejo de Estado.
26. Entre los límites de la revisión de los actos administrativos se encuentra: La prescripción de la acción. Su ilegalidad manifiesta. Que atente a derechos subjetivos. Que incurra en nulidad de pleno derecho.
27. La responsabilidad administrativa se ha incluido en el siguiente artículo de la Constitución: 103. 137. 9.1º. 106. .
28. Cuando la Administración debe indemnizar a un particular por un daño que le ha ocasionado al desarrollar legalmente un servicio público, estamos ante un supuesto: Incluido en la teoría de la indemnización. Incluido en la teoría de la responsabilidad. Que no puede darse en la realidad. En el que no cabe dicha indemnización.
29. Actualmente, la responsabilidad de la Administración se basa en: La culpabilidad de la misma como causa de un daño a un tercero. La existencia real de este daño por la actuación administrativa. La propia responsabilidad del funcionario actuante. Su actuación ilegítima solamente.
30. Por eso se dice que la responsabilidad de la Administración es: Ilimitada. Objetiva. Irreclamable. Subjetiva. .
31. Y como consecuencia de lo anterior: Al particular se le abonará la indemnización procedente, en su caso, al margen de que haya o no culpa en los funcionarios actuantes. La Administración se ve impelida a indemnizar en cualquier supuesto de daño a un particular. Primero habrá que reclamar al funcionario y luego a la Administración. La Administración no tiene por qué abonar indemnización alguna.
32. La antijuricidad del detrimento patrimonial que sufre un particular como consecuencia de una conducta de la Administración significa que: La Administración incurre en una ilegalidad. El particular es el que debe incurrir en dicha ilegalidad. El particular no está obligado legalmente a soportar el daño causado. Todas las respuestas anteriores son correctas.
33. Si el daño causado por la Administración afecta a la generalidad de los administrados, respecto a la responsabilidad de la misma: No puede exigírsele. Deberá indemnizar a todos los ciudadanos. Solo indemnizará a los que efectivamente demuestren la lesión sufrida. Nada de lo anterior es correcto.
34. En un supuesto de caso fortuito que provoque un daño, la Administración: Está obligada a indemnizar. No está obligada a indemnizar. Lo estará cuando así lo establezca la Ley. No se puede incurrir en responsabilidad.
35. Para estar obligado a indemnizar no es necesario que el daño sea: Efectivo. Evaluable económicamente. Individualizado. General. .
36. Cuando un Tribunal anula un acto administrativo: No se responderá por la Administración. Incurrirá en responsabilidad ésta. Puede dar lugar a esta responsabilidad. Se presume esta responsabilidad.
37. La acción de regreso en materia de responsabilidad administrativa: Compete al funcionario declarado responsable. Es subsidiaria en la exigencia de la responsabilidad. Se le permite a la Administración en algunos casos. Corresponde a los perjudicados por el suceso que da lugar a la responsabilidad.
38. Si la Administración se ve obligada a resarcir a un particular por un daño causado por una actuación administrativa en la que ha mediado negligencia grave de un funcionario: Solo le abonará si el funcionario es insolvente y después de dirigirse el particular contra él. Le indemnizará y exigirá de oficio al funcionario su responsabilidad, para la devolución de lo abonado. Indemnizará y abrirá expediente disciplinario al funcionario. Las respuestas a) y b) son ciertas.
39. Cuando la Administración actúe como persona de Derecho Privado, la exigencia de responsabilidad: Se planteará en vía contencioso-administrativa y, después, ante los Tribunales ordinarios. Se planteará, judicialmente, en vía contencioso-administrativa. Se planteará ante el Consejo de Ministros o Consejo de Gobierno, en su caso. No prosperará.
40. El ejercicio de la acción de responsabilidad pierde su viabilidad a partir del/de los: Año en que se causó el daño. Seis meses desde dicho daño. Dos años desde el mismo. No tiene límite alguno.
41. En el caso de los procedimientos de responsabilidad patrimonial será preceptivo solicitar informe al servicio cuyo funcionamiento haya ocasionado la presunta lesión indemnizable, no pudiendo exceder el plazo de su emisión de: Un mes. Veinte días. Quince días. Diez días. .
42. La exigencia de responsabilidad penal del personal al servicio de las Administraciones Públicas respecto de los procedimientos de reconocimiento de responsabilidad patrimonial: No suspenderá en ningún caso. Suspenderá en todos los casos. No suspenderá, salvo que la determinación de los hechos en el orden jurisdiccional penal sea necesaria para la fijación de la responsabilidad patrimonial. Ninguna de las opciones anteriores es correcta.
43. En reclamaciones en materia de responsabilidad patrimonial del Estado será preceptivo el informe del Consejo General del Poder Judicial: En todo caso. En ningún caso. Cuando sea por causa del funcionamiento anormal de la Administración de Justicia. Cuando sea por causa del funcionamiento normal de la Administración de Justicia.
44. En la terminación convencional en los procedimientos de responsabilidad patrimonial, el acurdo alcanzado entre las partes deberá fijar la cuantía y modo de indemnización de acuerdo con los criterios que establece: El artículo 33 de la Ley de Régimen Jurídico del Sector Público. El artículo 34 de la Ley de Régimen Jurídico del Sector Público. El artículo 35 de la Ley de Régimen Jurídico del Sector Público. El Código Civil.
45. Según el art. 114.1.e) la resolución administrativa de los procedimientos de responsabilidad patrimonial: Pone fin a la vía administrativa, cualquiera que fuese el tipo de relación, pública o privada, de que derive. No pone fin a la vía administrativa. Pone fin a la vía administrativa solo si deriva de una relación jurídica. Pone fin a la vía administrativa solo si deriva de una relación privada.
46. La Constitución de 1931 estableció el principio de responsabilidad administrativa: Objetiva. Directa. Subsidiaria. Subjetiva.
47. Una característica definitiva de la fuerza mayor es su: Previsibilidad. Inevitabilidad. Imprevisibilidad. Evitabilidad. .
48. Si un particular sufre una merma en su patrimonio como consecuencia de la actividad legal de la Administración Pública, estando obligado a soportarlo: Tiene derecho a ser indemnizado. Se le indemnizará, pero con una moderación en la cuantía. Al tratarse de una actividad legal, se aplica la teoría de la indemnización. No tiene derecho alguno a indemnización. .
49. Para cuantificar la indemnización a abonar en esta materia, los valores predominantes en el mercado: No se tienen en cuenta. Priman sobre los demás. Serán objeto de ponderación. Son el punto de partida.
50. El lucro cesante, a efectos de la indemnización: Se abonará cuando haya mediado dolo o culpa grave exclusivamente. No es necesario probarlo. Se incluye en cualquier caso. Solo se paga cuando sea factible la acción de regreso.
51. Para que la indemnización se abone mediante pagos periódicos es necesario que: Medie acuerdo con el lesionado. Una Ley así lo diga. Sea urgente. Todo lo anterior ocurra.
52. La compensación de culpas en esta materia de responsabilidad: Se efectúa en todo caso. Solo se produce cuando el daño es generalizado. Tiene lugar cuando el perjudicado es culpable en parte del daño sufrido. Requiere acuerdo con el perjudicado.
53. La compensación de culpas en esta materia se produce cuando: El particular le deba algo a la Administración Pública. El daño se produzca por causa de fuerza mayor. Así lo determine la Administración Pública, según cada caso. Nada de lo anterior es correcto.
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