7. TAG LOCAL

La jornada de trabajo del personal al servicio de las Administraciones Públicas: Es una de las materias que ha de ser objeto de negociación colectiva, siempre que afecte a las condiciones de trabajo de los empleados públicos, y ello aunque corresponda a la potestad de organización de la Administración Pública. No ha de ser objeto de negociación colectiva, ya que las cuestiones relativas a la jornada de trabajo de los empleados públicos afectan a la potestad de organización (auto-organización) de la Administración Pública. Únicamente ha de ser objeto de negociación colectiva si afecta al personal de la correspondiente Administración Pública contratado en régimen de Derecho laboral.

El trabajador podrá ser despedido: Por decisión del empresario, basado en un incumplimiento grave y culpable del trabajador, como por transgresión de la buena fe contractual o por disminución continuada y voluntaria en el rendimiento de trabajo normal o pactado, entre otros incumplimientos previstos en el artículo 54.2 del Estatuto de los Trabajadores. Por decisión del empresario, basado en un incumplimiento culpable del trabajador, como por embriaguez habitual o toxicomanía, o por ofensas verbales o físicas al empresario o a las personas que trabajan en la empresa o a los familiares que convivan con ellos, entre otros incumplimientos previstos en el artículo 54.2 del Estatuto de los Trabajadores. Por decisión del empresario, por falta de adaptación del trabajador a las modificaciones técnicas operadas en su puesto de trabajo, o por faltas repetidas de asistencia o puntualidad al trabajo.

Las fuentes del Derecho del Trabajo son: La Constitución, las normas internacionales y comunitarias, las disposiciones legales y reglamentarias del Estado, los convenios colectivos, la voluntad de las partes, y los usos y costumbres locales y profesionales, siendo los convenios colectivos fuente propia y exclusiva del Derecho laboral. Las disposiciones legales y reglamentarias, los convenios colectivos, y el contrato de trabajo. Fundamentalmente, la Constitución, las normas internacionales y comunitarias, las disposiciones legales y reglamentarias del Estado, las normas aprobadas por las Comunidades Autónomas, en su caso, los convenios colectivos, la costumbre laboral y la jurisprudencia.

Únicamente los españoles pueden acceder actualmente al empleo público: Verdadero, no pudiendo eximirse en ningún caso del requisito de la nacionalidad. Falso: Los nacionales de Estados miembros de la UE pueden acceder al empleo público como personal funcionario, salvo excepciones, y como personal laboral, en igualdad de condiciones que los españoles. Falso: Pueden acceder los nacionales de Estados miembros de la UE, y, en las mismas circunstancias, el cónyuge de español o nacional de otro Estado miembro de la UE, siempre que no estén separados de derecho, y sus descendientes y los de su cónyuge siempre que no estén separados de derecho, sean menores de veintiún años o mayores de dicha edad dependientes; así como las personas incluidas en el ámbito de aplicación de los Tratados Internacionales celebrados por la UE y ratificados por España en los que sea de aplicación la libre circulación de trabajadores. Por último, los extranjeros mencionados, así como todos aquellos con residencia legal en España, podrán acceder a las Administraciones Públicas, como personal laboral, en igualdad de condiciones que los españoles.

Las vacaciones de los funcionarios públicos son: Un derecho de los mismos, no pudiendo ser sustituido por una cuantía económica, que consiste en un período retribuido de veintidós días hábiles, o de los días que correspondan proporcionalmente si el tiempo de servicio durante el año fue menor. Una obligación de los mismos, no pudiendo ser sustituido por una cuantía económica, que consiste en un período retribuido de veintidós días hábiles, o de los días que correspondan proporcionalmente si el tiempo de servicio durante el año fue menor. Un derecho de los mismos, no pudiendo ser sustituido por una cuantía económica, que consiste en un período retribuido no inferior a treinta días naturales, o de los días que correspondan proporcionalmente si el tiempo de servicio durante el año fue menor.

En materia de evaluación ambiental, la Ley 2/2002, de 19 de junio, de Evaluación Ambiental de la Comunidad de Madrid, se aplica a: A la Evaluación Ambiental Estratégica de planes y programas. A la Evaluación de Impacto Ambiental de proyectos. A la Evaluación Ambiental de actividades.

67 - Conforme a lo dispuesto en el artículo 25 de la Ley 9/2001, de 17 de julio, del Suelo de la Comunidad de Madrid, en el suelo urbanizable no sectorizado podrán realizarse, en todo caso, en los términos y condiciones en cada caso prescritos en la Ley, los siguientes actos: Los que se legitimen mediante calificación urbanística o proyecto de actuación especial. Las instalaciones de carácter deportivo que podrán concederse sin licencia municipal. a y b son correctas.

Conforme a lo dispuesto en el artículo 13 Ley 9/1995, de 28 de marzo, de Medidas de Política Territorial, Suelo y Urbanismo la ordenación del territorio tiene como objetivos principales: La más idónea articulación territorial de la Comunidad de Madrid y de ésta con el resto de España. Las determinaciones de ámbito municipal dirigidas a mejorar las condiciones de vida en colectividad y a armonizar el desarrollo económico-social con el medio ambiente en general, la preservación de la naturaleza y la protección del patrimonio histórico y cultural. a y b son correctas.

En aplicación de la Ley 9/2001, de 17 de julio, del Suelo de la Comunidad de Madrid, la aprobación inicial de los Planes Parciales formulados por el Municipio corresponde a: a) El Alcalde. b) El Pleno del Ayuntamiento. c) La Comisión de Urbanismo de Madrid.

La actividad de ejecución del planeamiento requiere, como presupuestos legales previos de la misma. a) La definición de la ordenación pormenorizada y de los instrumentos de ejecución material. b) La definición de la modalidad de gestión. c) a y b son correctas.