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La ley 2/2010 de 11 de marzo aprobada por las Cortes de CyL se denomina: Ley de Derechos de los ciudadanos en sus relaciones con la comunidad autónoma de cyl de gestión pública. Ley de Derechos de los ciudadanos en sus relaciones con la administración de la comunidad autónoma de cyl y de gestión pública. Ley de Derechos de los ciudadanos en sus relaciones con la administración de la comunidad autónoma de cyl y de calidad de los servicios.

Según la ley 2/2010 de 11 de marzo en los términos establecidos en la legislación estatal sobre el procedimiento administrativo común los ciudadanos tienen derecho a que la administración autonómica les notifique resolución expresa de los procedimientos en los que tengas condición de interesados en el plazo máximo previsto en sus normas reguladoras o en su defecto en el plazo máximo de: 3 meses, contados de acuerdo con lo dispuesto en dicha legislación. 1 mes contados deacuerdo con lo dispuesto en dicha legislación. 6 meses contados de acuerdo con lo dispuesto en dicha legislación.

A partir de la entrada en vigor de la Ley 2/2010 de 11 de marzo se desarrollará reglamentariamente el capítulo I Derecho al acceso a la Administración del TItulo I en el plazo de: 4 meses. 8 meses. Ninguna es correcta.

La ley 2/2010 de 11 de marzo entrará en vigor en el plazo de: 3 meses desde su publicación en el Boletín oficial de CyL. 1 mes desde su publicación en el Boletín oficial de CyL. 20 días desde su publicación en el Boletín oficial de CyL.

Según la ley 2/2010 de 11 de marzo en los términos establecidos en la legislación básica estatal, los ciudadanos podrán utilizar el registro electrónico de la administración autonómica para presentar sus escritos, solicitudes y comunicaciones. Conforme lo determine la normativa vigente en materia de atención e información al ciudadano. Los días laborables durante las 24 horas del dia. Todos los días del año y durante las veinticuatro horas del día.

Según la ley 2/ 2010 de 11 de marzo sin perjuicio de los principios generales de aplicación e interpretación de las normas la aplicación de esta Ley se regirá por los principios de ( señalar la incorrecta). Equidad. Buena fe y confianza legítima. Transparencia.

Cual es el objetivo principal de la Ley Orgánica 3/2018 de 5 de diciembre de protección de Datos personales y garantía de derechos digitales. Adaptar el ordenamiento jurídico español al reglamento (UE) 3016/679 del parlamento europeo y al consejo de 37 de abril de 2016 relativo a la protección de las personas físicas y en lo que respecta al tratamiento de sus datos personales ya a la libre circulación de estos datos y completar sus disposiciones. Garantizar los derechos digitales de la ciudadanía conforme al mandato establecido en el artículo 18.4 de la Constitución. Ambas opciones son correctas.

Según la ley orgánica 3/2018 de 5 de diciembre y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 4.11 del reglamento (UE) 2016/679 se entiende por consentimiento del afectado toda manifestación de voluntad ( Señalar la incorrecta). Libre. Genérica. Inequívoca.

Según la ley 2/2010 de 11 de marzo el Principio de orientación al ciudadano se refiere a: La Administración Pública tendrá en cuenta la opinión ciudadana mediante la apertura de un plazo de audiencia Pública. La actuación de la Administración y los servicios públicos que presta han de estar dirigidos a la satisfacción de las necesidades reales de los ciudadanos. La Administración Pública promoverá que sus políticas beneficien al mayor número de cuidadanos.

Dentro de los principios de actuación autonómica NO se encuentra según la ley 2/2010 de 11 de marzo. El de proactividad. El de simplicidad. El de prudencia.

Según la ley orgánica 3/2018 de 5 de siciembre cuando se pretenda fundar el tratamiento de los datos en el consentimiento del afectado para una pluralidad de finalidades será preciso que dicho consentimiento se otorgue. Para todas ellas. De manera genérica. Especifica o conjunta dependiendo de canal a través el cual se va a prestar el consentimiento.

La Ley 2 /2010 de 1 1de marzo NO regula según su artículo 1.2. Los derechos de los ciudadanos en sus relaciones con la administración autonómica y el establecimiento de garantías para su efectividad. Los derechos y garantías de los ciudadanos al relacionarse electronicamente con la administración y la puesta a disposición de los medios para su consecución de forma universal. La gestión pública y las medidas de modernización y mejora de la administración de la comunidad.

Según la Ley 2 /2010 de 11 de marzo la finalidad que persigue esta Ley es: Garantizar sus derechos en relación con la Comunidad de Castilla y León. Garantizar que la actuación de la Administración de la Comunidad de CyL se oriente a la adecuada atención de los ciudadanos. Garantizar la eficacia y eficiencia en la gestión pública de todo el sector público.

De acuerdo la Ley 2/2010 de 11 de marzo quedan comprendidos ene l ámbito de aplicación de esta ley los ciudadanos entendiendo por tales ( SEÑALAR LA INCORRECTA). Las personas naturales. Las personas jurídicas. Las personas naturales, personas jurídicas y entidades sin personalidad ubicadas en el territorio de Castilla y León.

Según la Ley 2 /2010 de 11 de marzo se entiende por principio de eficiencia. La utilización del mejor número de recursos públicos posibles. La actuación de la Administración y la prestación de los servicios públicos ha de realizarse mediante una óptima utilización de los medios que posibilite la consecución directa de los fines públicos perseguidos. La consecución de los objetivos pretendidos por la Administración que ha de lograrse con un coste económico eficaz.

A efectos de la Ley 2/2010 de 11 de marzo ( señalar la incorrecta). La Administración General de la Comunidad. Las empresas públicas , los organismos autónomos y los entes públicos de derecho privado integrantes de la administración institucional de la comunidad. Los organismos autónomos y los entes públicos de derecho privado integrantes de la administración institucional de la comunidad, en cuanto ejerzan potestades públicas.

De acuerdo con la ley 2/2010 de 11 de marzo desarrolla el principio de equilibrio territorial de la siguiente forma. La Administración Pública tendrá en cuenta la dispersión geográfica y socio económica de los territorios en todas sus actuaciones. En la asignación de recursos y en la gestión de las diferentes políticas públicas la administración autonómica atenderá a la realidad territorial fundamentalmente rural de la comunidad para conseguir la equiparacion de los ciudadanos en el disfrute de sus derechos. En la asignación de recursos y en la gestión de las diferentes políticas públicas la administración autonómica atenderá a la realidad erritorial fundamentalmente provincial de la comunidad para conseguir la equiparación de los ciudadanos en el disfrute de sus derechos.

Según la ley 2 /2010 de 11 de marzo la administración en sus políticas públicas conciliará. La protección de la accesibilidad con el desarrollo urbanístico. La defensa de la igualdad de género con el desarrollo económico. La protección y mejora del medio ambiente con el desarrollo económico y el progreso social.

De acuerdo con la ley 2/2010 de 11 de marzo la actuación administrativa facilitará ka actividad empresarial mediante. Su promoción en el exterior, especialmente en el ámbito de la Unión europea. Reducción trámite y la eliminación de intervenciones innecesaria. La reducción de las cargas tributarias dentro del marcó de la regulación básica del Estado.

En relación al ejercicio de lo derechos regulados por la ley orgánica 3/2018 de 5 de diciembre, los titulares de la patria potestad podrán ejercitar en nombre y representación de los menores de catorce años los derechos de: Acceso y oposición respecto de los menores no emancipados. Acceso oposición y rectificación respecto de los menores no emancipados. Acceso, rectificación, cancelación, oposición o cualquier otro que pudieran corresponderles en el contexto de dicha ley orgánica.

Según la ley 2/2010 de 11 de marzo los ciudadanos podrán acceder a informaciones trámites y servicios públicos determinados por acuerdos de la Administración autonómica con otras Administraciones Públicas. A través de ventanilla única. A través del registro único. A través de sede electrónica.

En relación al derecho a la información regulador en la ley 2/2010 de 11 de marzo está se canalizará a través de un sistema de carácter ( Señalar la incorrecta). Múltiple. Único. Multicanal.

El catálogo de servicios se encuentra regulado actualmente en. La ley 2/2010 de 11 de mayo. En ninguna norma ya que fue derogado por Ley 2/2017 de 4 de julio. Ley 39/2015 de 1 de octubre.

La protección de las personas físicas en relación con el tratamiento de datos personales es un derecho fundamental protegido por. El artículo 18.4 de la Constitución Española. El artículo 8 de la Carta de los Derechos fundamentales de la UE y el artículo 16.1 del tratado de funcionamiento de la UE. Ambas son correctas.

De acuerdo con la Ley 2/2010 de 11 de marzo que fin persigue con la identificación de los responsables de la tramitación de los procedimientos administrativos. Propiciar la transparencia y la adecuada atención por parte de la administración de la comunidad. Racionalizar el trabajo. Garantizar la confidencialidad de los datos personales de los ciudadanos.

De acuerdo con lo regulado por la Ley orgánica 3/2018 de 5 de diciembre se entiende por derecho a la neutralidad de internet. El derecho que se odentifique el origen de la información en todo caso. El derecho que se identifique las fuentes de la información cuando esta tenga contenido político. Que los proveedores de los servicios de Internet, proporcionarán una oferta transparente de servicios sin discriminación por motivos técnicos o económicos.

Para hacer efectivo el principio de proactividad de la administración de acuerdo con la ley 2/20010 de 11 de marzo. La Administración impulsará de oficio los trámites dentro de un procedimiento administrativo. La Administración se anticipará a las necesidades de los ciudadanos. La Administración puede actuar de oficio en los procedimientos administrativos.

Teniendo en cuenta la ley 2/2010 de 11 de marzo en relación a los derechos procedimentales, qué deben aportar los interesados al procedimiento administrativo. Únicamente los datos y los documentos previstos en la normativa aplicable. Únicamente los documentos que la Administración solicite. Los datos y documentos previstos en la normativa aplicable y aquellos que estimen convenientes.

De acuerdo con la Ley 2/2010 de 11 de marzo. Quién es el encargado de hacer pública y mantener actualizada la relación de unidades que realicen la función de registro de documentos. La consejería competente en materia de atención al ciudadano. La consejería competente en materia de administración electrónica. La consejería competente en materia de función pública.

Con que periocidad la Consejería competente publicará la relación de unidades que realicen la función de registro de documentoS. Bienalmente. Anualmente. Semestralmente.

Cuál es el objeto de la ley 2/2010 de 11 de marzo?. Regular el acceso y la participación de los ciudadanos en la administración de cyl. Regular los derechos de los ciudadanos en su relación con la administración de cyl. Regular la organización y funcionamiento de la administración de cyl.

A los efectos de la ley 2/2010 de 11 de marzo se entiende por Administración de la comunidad de cyl. La Administración de cyl. Las administraciones que ejerzan sus competencias en la comunidad de cyl. La Administración General de la Comunidad.

REVISAR!! Según la Ley 39/ 2015 de 1 de octubre del Procedimiento Administrativo Común de las administraciones Públicas es un derecho de las personas en sus relaciones con las administraciones públicas. Identificar a las autoridades y al personal al servicio de las Administraciones Públicas bajo cuya responsabilidad se tramiten los procedimientos. Cumplir las obligaciones de pago a través de los medios electrónicos previsto en el artículo 98.2. Obtener y utilizar los medios de identificación y firma electrónica contemplados en esta Ley.

REVISAR Según la ley 39/ 2015 de 1 de octubre, del procedimiento Administrativo Común de las administraciones públicas NO es un derecho de las personas en sus relaciones con las administraciones públicas. Identificar a las autoridades y al personal al servicio de las administraciones públicas bajo cuya responsabilidad se tramiten los procedimientos. Comunicarse con las administraciones públicas a través de un punto de acceso general electrónico de la administración. Ser asistidos en el uso de medios electrónicos en sus relaciones con las administraciones públicas.

De acuerdo con lo regulado por la ley orgánica 3/2018 de 5 de diciembre. Se garantizará un acceso universal, accesible, uniforme y no discriminatorio para toda la población. Se garantizará un acceso libre accesible asequible de calidad y no discriminatorio para toda la población. Se garantizará un acceso universal asequible, de calidad y no discriminatorio para toda la población.

De acuerdo con lo regulado por la ley orgánica 3/2018 de 5 de diciembre en relación al derecho a la intimidad y uso de dispositivos digitales en el ámbito laboral el empleador podrá acceder a los contenidos derivados del uso de medios digitales facilitados a los trabajadores: No, en ningún caso. Solo cuando el trabajador sea responsable de datos de carácter reservado. Solo a los efectos de controlar el cumplimiento de las obligaciones laborales o estatutarias y de garantizar la integridad de dichos dispositivos.

Según la Ley Orgánica 3/ 2018 de 6 de diciembre los trabajadores y los empleados públicos tendrán derecho a la desconexion digital a fin de garantizar fuera del tiempo de trabajo legal o convencionalmente establecido ( Señalar La INCORRECTA). El respeto de su tiempo de descanso, permisos y vacaciones. Su intimidad personal y familiar. La seguridad de su información.

De acuerdo con la Ley Orgánica de 5 de diciembre los empleadores podrán tratar las imágenes obtenidas a través de sistemas de cámaras o vídeo cámaras para el ejercicio de las funciones de control de los trabajadores o los empleados públicos previstas respectivamente en el artículo 20.3 del Estatuto de los Trabajadores y en la legislación de función pública siempre que estas funciones se ejerzan. Previa autorización judicial. Previa autorización del ministerio fiscal. Dentro del marcó legal y con los límites inherentes al mismo.

Según la ley 39/2015 de 1 de octubre del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas ¿ Qué sucederá si existiría discrepancia en cuanto a la lengua en un procedimiento tramitado por la administración General del Estado en el que concurrieron varios interesados?. El procedimiento se tramitará en la lengua elegida por el interesado que tenga mayor antigüedad en el procedimiento. El procedimiento se tramitará en la lengua elegida por el interesado que haya iniciado el procedimiento. El procedimiento se tramitará en castellano aunque los documentos o testimonios que requieran los interesados se expedirán en la lengua elegida por los mismos.

Qué sucederá en los procedimientos tramitados por las administraciones de la comunidadades autónomas y de las entidades locales en relación al uso de la lengua?. Se ajustarán al uso del castellano establecido por la Administración General del Estado. Se ajustarán a lo previsto en la legislación autonómica correspondiente. Se ajustarán al uso de la lengua elegida por los interesados.

Según la ley 39/2015 de 1 de octubre del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas ¿ Qué derecho tienen los interesados en un procedimiento administrativo en relación a la tramitación del mismo?. Tienen derecho a recibir notificaciones por correo postal. Tienen derecho a conocer en cualquier momento el estado de la tramitación, el sentido del silencio administrativo, el órgano competente para la instrucción en su caso y resolución y acceder y obtener copia de los documentos contenidos en el procedimiento. Tienen derecho a presentar documentos originales en todas más ocasiones y a aportar documentos en cualquier fase anterior a la propuesta resolución.

Según la Ley 39/2015 de1 de octubre del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas NO es un derecho del interesado en el procedimiento administrativo. La obtención de información y orientación acerca de los requisitos jurídicos o técnicos que las disposiciones vigentes impongan a los proyectos actuaciones o solicitudes que se propongan realizar. Actuar asistidos de asesor cuando lo consideren conveniente en defensa de sus intereses. La protección de datos de carácter personal y en particular a la seguridad y confidencialidad de los datos que figuren en lo sficheris sistemas y aplicaciones de las administraciones publicas.

Según la ley 39/ 2015 de 1 de octubre del procedimiento administrativo Común de las administraciones Públicas es un derecho del interesado en el procedimiento administrativo ( Señalar la INCORRECTA). Identificar a las autoridades y al personal al servicio de las administraciones públicas bajo cuya responsabilidad se tramiten los procedimientos. No presentar documentos originales salvo que de manera excepcional la normativa reguladora aplicable establezca lo contrario. En caso de que excepcionalmente deban presentar un documento original tendrán derecho a obtener una copia autenticada de éste. Cumplir las obligaciones de pago a través de los medios electrónicos así como recibirlos.

Según la Ley 2/ 2010 de 11 de marzo los ciudadanos tienen derecho a que la administración autonómica ante sus peticiones solicitudes o reclamaciones ( SEÑALAR La INCORRECTA). Dicte resolución expresa y motivada de conformidad con lo establecido en la legislación estatal sobre procedimiento administrativo común. Redacte las resoluciones en términos claros y sencillos utilizando un lenguaje que respetando las exigencias técnicas y jurídicas resulte comprensible. Tenga como regla general la resolución del procedimiento de forma presunta y positiva.

Según la ley 2/2010 de 11 de marzo los ciudadanos tienen derecho a ser consultados periódica y regularmente sobre su grado de satisfacción con los servicios públicos y las actividades realizadas por la administración autonómica mediante entre otros instrumentos ( señalar la INCORRECTA). Encuestas. Paneles de usuarios. Cartas de servicios.

Según la ley 2/2011 de 11 de marzo los ciudadanos podrán conocer los motivos concretos del eventual retraso en la notificación de una resolución expresa. Verdadero. Falso. Verdadero, solo cuando se haya iniciado el procedimiento administrativo a instancia del interés.

Según la ley 3/ 2015 de 4 de marzo de transparencia y participación ciudadana de cyl la solicitud de la reutilizacion de los documentos a los que se refiere el artículo 3.2 de la ley 37/2007 de 16 de noviembre sobre reutilizacion de la información del sector público se podrá otorgar previa solicitud. Que deberá resolverse en el plazo máximo de 3 meses desde la recepción de la solicitud por el órgano competente para su tramitación. Que deberá resolverse en el pazo máximo de diez días hábiles desde la recepción de la solicitud por el órgano competente para su tramitación. Que deberá resolverse en el plazo máximo de un mes desde la recepción de la solicitud por el órgano competente para su tramitación.

En el ámbito de la administración autonómica el derecho de acceso a los documentos administrativos se encuentra regulado en. La ley 2/2010 de 11 de marzo. La ley 3/ 2015 de 4 de marzo. La ley3/2001 de 3 julio.

Según la ley 2/ 2010 de 11 de marzo los ciudadanos tienen derecho formular quejas para ( señala la incorrecta). Poner de manifiesto los retrasos. Poner de manifiesto cualquier otra anomalía que observen en los órganos y unidades administrativas o en el funcionamiento de los servicios públicos. Identificar el funcionario responsable del objeto de la queja.

La norma que regula el derecho de los ciudadanos que han sido indemnizados como consecuencia de responsabilidad patrimonial de poder solicitar que esa responsabilidad se exija a autoridades o empleados públicos es. La ley 40/2015 de 1 de octubre. La ley 2/2010 de 11 de marzo. La ley 29/1998 de 13 de julio.