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La Estrategia de erradicación de la violencia sobre la infancia y la adolescencia tiene carácter: Anual y sectorial. Plurianual y nacional. Bienal y autonómica. Permanente y estatal.

La Estrategia se aprueba por: Conferencia Sectorial de Infancia. Ministerio competente. Gobierno a propuesta de la Conferencia Sectorial. Consejo de Ministros a propuesta del Observatorio.

La evaluación de la Estrategia se realiza: Cada dos años. Anualmente mediante informe elevado al Consejo de Ministros ✅. Cuando lo solicite el Observatorio. Al final del periodo plurianual.

Señale el ámbito NO incluido expresamente en la Estrategia: Nuevas tecnologías. Deporte y ocio. Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. Ámbito judicial.

Las campañas de sensibilización deben ser: Informativas y voluntarias. Evaluables y basadas en la evidencia. Preventivas y generalistas. Experimentales y sectoriales.

Las campañas deberán diferenciarse principalmente según: Nivel educativo. Situación socioeconómica. Tramos de edad y accesibilidad ✅. Comunidad autónoma.

Los planes de prevención deben identificar: Solo menores en riesgo social. Solo víctimas confirmadas. Menores en especial vulnerabilidad y grupos de alto riesgo. Únicamente entornos familiares conflictivos.

La prevención tiene consideración: Complementaria. Opcional. Prioritaria con impacto presupuestario específico. Subsidiaria.

La prevención de la radicalización debe incorporar necesariamente: Perspectiva cultural. Perspectiva educativa. Perspectiva de género y edad. Perspectiva judicial.

La detección precoz exige formación: Solo inicial. Solo especializada. Inicial y continua de profesionales en contacto habitual con menores. Exclusiva de servicios social.

Detectada una situación de violencia, la comunicación a progenitores: Es siempre obligatoria. Es facultativa. Es obligatoria salvo sospecha de que sean responsables. Debe autorizarla la entidad pública.

La parentalidad positiva se fundamenta en: La autoridad parental. El control conductual del menor. El interés superior del menor y entorno afectivo sin violencia. La corresponsabilidad exclusiva parental.

La parentalidad positiva puede utilizarse para imponer custodia compartida: Sí. No, expresamente prohibido ✅. Solo por decisión judicial. Solo en mediación.

En situaciones de violencia de género, el menor: No se considera víctima directa. Solo lo es si sufre agresión física. Es víctima y se protege conjuntamente con la madre ✅. Depende de resolución judicial.

El personal funcionario de servicios sociales tiene condición de: Autoridad judicial. Auxiliar policial. Agente de la autoridad. Colaborador administrativo.

Cuando exista desprotección y violencia, los servicios sociales deben comunicar a: Fiscalía directamente. Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. Entidad Pública de Protección a la infancia inmediatamente. Autoridad judicial.

Los equipos de intervención estarán constituidos preferentemente por: Medicina, psicología y derecho. Trabajo social y medicina. Educación social, psicología y trabajo social. Psicología, pedagogía y derecho.

El plan de intervención familiar será: General. Voluntario. Individualizado, coordinado e interdisciplinar. Exclusivo de servicios sociales especializados.

En delitos sexuales contra menores se exige: Derivación judicial inmediata. Atención sanitaria urgente. Intervención de profesional especializado desde la detección. Informe del Ministerio Fiscal previo.

El registro estatal de violencia infantil se denomina: Registro Unificado de Maltrato Infantil. Registro Estatal de Violencia Infantil. Registro Unificado de Servicios Sociales sobre Violencia contra la Infancia (RUSSVI). Registro Integral de Protección del Menor.