CE

Según el tenor literal del art. 1.1 de la Constitución Española: España se constituye en un Estado social y democrático de Derecho, que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la equidad y el pluralismo político. España se constituye en un Estado social y democrático de Derecho, que propugna como principios superiores de su ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político. España se constituye en un Estado social y democrático de Derecho, que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político. España se constituye en un Estado social y democrático de Derecho, que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico la libertad, la paz, la igualdad y el pluralismo político.

De acuerdo con el art. 1.2 de la Constitución Española: La soberanía nacional reside en el pueblo español, del que emanan los poderes del Estado. La soberanía popular reside en el pueblo español, del que emanan los poderes del Estado. La soberanía nacional reside en el Estado español, del que emanan los poderes del pueblo. La soberanía nacional reside en las Cortes Generales, de las que emanan los poderes del Estado.

Según el art. 2 de la Constitución Española: La Constitución se basa en la indisoluble unidad de la Nación española, patria común e indivisible de todos los españoles... La Constitución se fundamenta en la indisoluble unidad de la Nación española, patria común e indivisible de todos los españoles... La Constitución se fundamenta en la inseparable unidad de la Nación española, patria común e indivisible de todos los españoles... La Constitución se fundamenta en la indisoluble unidad de la Nación española, patria única e indivisible de todos los españoles...

Conforme al art. 3.1 de la Constitución Española: El castellano es la lengua española oficial del Estado. Todos los españoles tienen el derecho de conocerla y el deber de usarla. El español es la lengua oficial del Estado. Todos los españoles tienen el deber de conocerla y el derecho a usarla. El castellano es la lengua española oficial del Estado. Todos los ciudadanos tienen el deber de conocerla y el derecho a usarla. El castellano es la lengua española oficial del Estado. Todos los españoles tienen el deber de conocerla y el derecho a usarla.

Según el art. 4.1 de la Constitución Española, la bandera de España: Está formada por tres franjas verticales, roja, amarilla y roja, siendo la amarilla de doble anchura que cada una de las rojas. Está formada por tres franjas horizontales, roja, amarilla y roja, siendo la amarilla de doble anchura que cada una de las rojas. Está formada por tres franjas horizontales, roja, gualda y roja, siendo la gualda de doble anchura que cada una de las rojas. Está formada por tres franjas horizontales, roja, amarilla y roja, siendo la amarilla de triple anchura que cada una de las rojas.

Atendiendo al art. 6 de la Constitución Española, sobre los partidos políticos: Su creación y el desarrollo de su actividad son libres dentro del respeto a la Constitución y a la ley. Su formación y el ejercicio de su actividad son libres dentro del respeto a la Constitución y a la ley. Su creación y el ejercicio de su actividad son libres dentro del respeto a la Constitución y a la ley. Su creación y el ejercicio de su actividad son libres dentro del respeto a la Constitución y al ordenamiento jurídico.

Según el art. 8.1 de la Constitución Española, las Fuerzas Armadas están constituidas por: El Ejército de Tierra, la Marina y el Ejército del Aire. El Ejército de Tierra, la Armada y el Ejército del Aire. El Ejército de Tierra, la Armada, el Ejército del Aire y la Guardia Civil. Las Fuerzas de Tierra, Mar y Aire.

El art. 9.1 de la Constitución Española establece que: Los españoles y los poderes públicos están sujetos a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico. Los ciudadanos y las Administraciones Públicas están sujetos a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico. Los ciudadanos y los poderes públicos están sometidos a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico. Los ciudadanos y los poderes públicos están sujetos a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico.

Según el art. 9.3 de la Constitución Española, se garantiza la irretroactividad de: Las disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos individuales. Las disposiciones sancionadoras desfavorables o restrictivas de derechos individuales. Las normas sancionadoras no favorables o limitativas de derechos individuales. Las disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos fundamentales.

De acuerdo con el art. 10.1 de la Constitución Española, es fundamento del orden político y de la paz social: La dignidad de la persona, los derechos fundamentales que le son inherentes, el libre desarrollo de la personalidad, el respeto a la ley y a los derechos de los demás. La dignidad de la persona, los derechos inviolables que le son inherentes, el libre desarrollo de la personalidad, el respeto a la ley y a los derechos de los demás. La dignidad del individuo, los derechos inviolables que le son inherentes, el libre desarrollo de la personalidad, el respeto a la ley y a los derechos de los demás. La dignidad de la persona, los derechos inviolables que le son inherentes, el pleno desarrollo de la personalidad, el respeto a la ley y a los derechos de los demás.

Según el tenor literal del art. 1.3 de la Constitución Española: La forma política del Estado español es la Monarquía democrática. La forma política del Estado español es la Monarquía parlamentaria. La forma de Gobierno del Estado español es la Monarquía parlamentaria. La forma política de la Nación española es la Monarquía parlamentaria.

De acuerdo con el art. 2 de la Constitución Española, esta reconoce y garantiza: El derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones que la integran y la solidaridad entre todas ellas. El derecho a la autonomía de las provincias y regiones que la integran y la solidaridad entre todas ellas. El derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones que la integran y la cooperación entre todas ellas. El derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones que la forman y la solidaridad entre todas ellas.

Atendiendo al art. 3.2 de la Constitución Española: Las demás lenguas españolas serán también oficiales en las respectivas Comunidades Autónomas de acuerdo con sus leyes. Las demás lenguas españolas serán también oficiales en las respectivas Comunidades Autónomas de acuerdo con sus Estatutos. Las demás lenguas españolas serán oficiales en las respectivas Comunidades Autónomas de acuerdo con sus Estatutos. Las demás lenguas españolas serán siempre oficiales en las respectivas Comunidades Autónomas de acuerdo con sus Estatutos.

Conforme al art. 3.3 de la Constitución Española: La riqueza de las distintas modalidades lingüísticas de España es un patrimonio cultural que será objeto de especial respeto y protección. La riqueza de las distintas variedades lingüísticas de España es un patrimonio cultural que será objeto de especial respeto y protección. La riqueza de las distintas modalidades lingüísticas de España es un patrimonio histórico que será objeto de especial respeto y protección. La riqueza de las distintas modalidades lingüísticas de España es un patrimonio cultural que será objeto de especial respeto y fomento.

Según el art. 4.2 de la Constitución Española, las banderas propias de las CCAA: Estas se utilizarán junto a la bandera de España en sus edificios oficiales y en sus actos públicos. Estas se utilizarán junto a la bandera de España en sus edificios públicos y en sus actos oficiales. Estas se exhibirán junto a la bandera de España en sus edificios públicos y en sus actos oficiales. Estas se utilizarán junto a la bandera nacional en sus edificios públicos y en sus actos oficiales.

El art. 5 de la Constitución Española establece literalmente que: La capital de la Nación es la villa de Madrid. La capital del Estado es la ciudad de Madrid. La capital del Estado es la villa de Madrid. La sede del Estado es la villa de Madrid.

Según el art. 6 de la Constitución Española, los partidos políticos: Expresan el pluralismo político, concurren a la formación y manifestación de la voluntad popular y son instrumento fundamental para la participación política. Expresan el pluralismo social, concurren a la formación y manifestación de la voluntad popular y son instrumento fundamental para la participación política. Expresan el pluralismo político, concurren a la formación y manifestación de la voluntad nacional y son instrumento fundamental para la participación política. Expresan el pluralismo político, concurren a la formación y manifestación de la voluntad popular y son instrumento básico para la participación política.

De acuerdo con el art. 7 de la Constitución Española, los sindicatos y asociaciones empresariales: Contribuyen a la defensa y promoción de los intereses generales y sociales que les son propios. Contribuyen a la defensa y promoción de los intereses económicos y laborales que les son propios. Contribuyen a la defensa y promoción de los intereses económicos y sociales que les son propios. Contribuyen a la defensa y fomento de los intereses económicos y sociales que les son propios.

Conforme al art. 8.2 de la Constitución Española: Una ley orgánica regulará las bases de la organización militar conforme a los principios de la presente Constitución. Una ley regulará las bases de la organización militar conforme a los principios de la presente Constitución. Una ley orgánica regulará las bases de la organización militar conforme a los preceptos de la presente Constitución. Una ley orgánica establecerá las bases de la organización militar conforme a los principios de la presente Constitución.

Según el art. 9.2 de la Constitución Española, corresponde a los poderes públicos: Promover las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en que se integra sean reales y efectivas. Promover las condiciones para que la libertad y la igualdad del ciudadano y de los grupos en que se integra sean reales y efectivas. Asegurar las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en que se integra sean reales y efectivas. Promover las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en que se integra sean plenas y efectivas.

Atendiendo al art. 10.2 de la Constitución Española, las normas relativas a los derechos fundamentales se interpretarán de conformidad con: La Declaración Universal de Derechos Humanos y los tratados y acuerdos internacionales sobre las mismas materias ratificados por España. La Declaración Universal de Derechos Humanos y los tratados y convenios internacionales sobre las mismas materias ratificados por España. La Declaración Universal de Derechos Humanos y los acuerdos internacionales sobre las mismas materias firmados por España. La Convención Europea de Derechos Humanos y los tratados y acuerdos internacionales sobre las mismas materias ratificados por España.

Según el tenor literal del art. 11.1 de la Constitución Española: La nacionalidad española se adquiere, se conserva y se pierde de acuerdo con lo establecido por la ley. La nacionalidad española se adquiere, se mantiene y se pierde de acuerdo con lo establecido por la ley. La nacionalidad española se adquiere, se conserva y se pierde de acuerdo con lo establecido en la Constitución. La ciudadanía española se adquiere, se conserva y se pierde de acuerdo con lo establecido por la ley.

De acuerdo con el art. 11.2 de la Constitución Española: Ningún español podrá ser privado de su nacionalidad. Ningún español de origen podrá ser privado de su nacionalidad. Ningún ciudadano de origen podrá ser privado de su nacionalidad. Ningún español de origen podrá ser privado de su nacionalidad, salvo por sentencia judicial.

Atendiendo al art. 11.3 de la Constitución Española, el Estado podrá concertar tratados de doble nacionalidad con: Los países iberoamericanos o con aquellos que hayan tenido o tengan una particular vinculación con España. Los países hispanoamericanos o con aquellos que hayan tenido o tengan una particular vinculación con España. Los países iberoamericanos o con aquellos que hayan tenido o tengan una especial vinculación con España. Los países de la Unión Europea o con aquellos que hayan tenido o tengan una particular vinculación con España.

Conforme al art. 12 de la Constitución Española: Los españoles son mayores de edad a los dieciocho años. Los ciudadanos son mayores de edad a los dieciocho años. Los españoles alcanzan la mayoría de edad a los dieciocho años. La mayoría de edad se alcanza para los españoles a los dieciocho años.

Según el art. 13.1 de la Constitución Española, los extranjeros gozarán en España de las libertades públicas que garantiza el Título I en los términos que establezcan: Los tratados y la ley. La Constitución y la ley. Los tratados y los acuerdos internacionales. El ordenamiento jurídico y la ley.

El art. 13.2 de la Constitución Española establece que solo los españoles serán titulares de los derechos reconocidos en el art. 23, salvo lo que pueda establecerse por tratado o ley para: El derecho de sufragio activo y pasivo en las elecciones municipales, atendiendo a criterios de reciprocidad. El derecho de sufragio activo y pasivo en las elecciones locales, atendiendo a criterios de reciprocidad. El derecho de sufragio activo en las elecciones municipales, atendiendo a criterios de reciprocidad. El derecho de sufragio activo y pasivo en las elecciones autonómicas, atendiendo a criterios de reciprocidad.

Según el art. 14 de la Constitución Española, los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de: Nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social. Nacimiento, etnia, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social. Origen, raza, sexo, religión, ideología o cualquier otra condición o circunstancia personal o social. Nacimiento, raza, género, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o pública.

De acuerdo con el art. 15 de la Constitución Española, todos tienen derecho a la vida y a la integridad física y moral, sin que, en ningún caso, puedan ser sometidos a: Tortura ni a penas o tratos inhumanos o degradantes. Torturas ni a penas o tratos inhumanos o degradantes. Tortura ni a castigos o tratos inhumanos o degradantes. Tortura ni tratos crueles o degradantes.

Conforme al art. 16.1 de la Constitución Española, se garantiza la libertad ideológica, religiosa y de culto de: Los individuos y las comunidades sin más limitación, en sus manifestaciones, que la necesaria para el mantenimiento del orden público protegido por la ley. Las personas y las comunidades sin más limitación, en sus manifestaciones, que la necesaria para el mantenimiento del orden público protegido por la ley. Los ciudadanos y las comunidades sin más limitación, en sus manifestaciones, que la necesaria para el mantenimiento de la paz pública protegida por la ley. Los individuos y las asociaciones sin más limitación, en sus manifestaciones, que la necesaria para el mantenimiento del orden público previsto por la ley.

Conforme al art. 16.3 de la Constitución Española: Ninguna religión tendrá carácter estatal. Ninguna confesión tendrá carácter oficial. Ninguna confesión tendrá carácter estatal. El Estado español es laico y no tendrá carácter estatal.

Según el art. 17.2 de la Constitución Española, la detención preventiva no podrá durar más del tiempo estrictamente necesario para la realización de las averiguaciones tendentes al esclarecimiento de los hechos, y, en todo caso, en el plazo máximo de: Setenta y dos horas, el detenido deberá ser puesto en libertad o a disposición de la autoridad judicial. Setenta y dos horas, el detenido será puesto en libertad o a disposición del Juez de Guardia. Cuarenta y ocho horas, el detenido deberá ser puesto en libertad o a disposición de la autoridad judicial. Setenta y dos horas, el sospechoso deberá ser puesto en libertad o a disposición de la autoridad judicial.

Atendiendo al art. 18.2 de la Constitución Española, el domicilio es inviolable. Ninguna entrada o registro podrá hacerse en él sin consentimiento del titular o resolución judicial, salvo en caso de: Flagrante delito. Delito flagrante. Urgente necesidad. Persecución de delito grave.

Según el art. 20.1 a) de la Constitución Española, se reconocen y protegen los derechos a: Expresar y difundir libremente los pensamientos, ideas y opiniones mediante la palabra, el escrito o cualquier otro medio de reproducción. Expresar y comunicar libremente los pensamientos, ideas y opiniones mediante la palabra, el escrito o cualquier otro medio de reproducción. Expresar y difundir libremente los pensamientos, creencias y opiniones mediante la palabra, el escrito o cualquier otro medio de reproducción. Expresar y difundir libremente los pensamientos, ideas y opiniones mediante la voz, el escrito o cualquier otro medio de reproducción.

Según el art. 11.3 de la Constitución Española, el Estado podrá concertar tratados de doble nacionalidad con los países iberoamericanos o con aquellos que: Hayan tenido o tengan una especial vinculación con España. Hayan tenido o tengan una particular vinculación con España. Hayan tenido o tengan una histórica vinculación con España. Hayan tenido o tengan una singular vinculación con España.

Conforme al art. 12 de la Constitución Española: Los españoles son mayores de edad a los dieciocho años. La mayoría de edad se alcanza a los dieciocho años. Los ciudadanos son mayores de edad a los dieciocho años. Los españoles serán mayores de edad a los dieciocho años.

Según el art. 13.3 de la Constitución Española, la extradición solo se concederá en cumplimiento de un tratado o de la ley, atendiendo al principio de: Auxilio judicial. Cooperación internacional. Reciprocidad. Solidaridad.

Atendiendo al art. 13.4 de la Constitución Española, la ley establecerá los términos en que los ciudadanos de otros países y los apátridas podrán gozar del derecho de: Refugio en España. Asilo en España. Asilo político en España. Permanencia en España.

De acuerdo con el art. 16.2 de la Constitución Española: Ningún español podrá ser obligado a declarar sobre su ideología, religión o creencias. Nadie podrá ser obligado a declarar sobre su ideología, religión o confesión. Nadie deberá ser obligado a declarar sobre su ideología, religión o creencias. Nadie podrá ser obligado a declarar sobre su ideología, religión o creencias.

Conforme al art. 17.4 de la Constitución Española, la ley regulará un procedimiento de «habeas corpus» para producir la inmediata puesta a disposición judicial de toda persona: Privada de libertad ilegalmente. Detenida arbitrariamente. Detenida ilegalmente. Detenida sin causa.

Según el art. 18.3 de la Constitución Española, se garantiza el secreto de las comunicaciones y, en especial, de las postales, telegráficas y telefónicas, salvo: Orden judicial. Resolución judicial. Autorización judicial. Mandamiento judicial.

El art. 18.4 de la Constitución Española establece que la ley limitará el uso de la informática para garantizar el honor y la intimidad personal y familiar de los ciudadanos y: El libre ejercicio de sus derechos. El legítimo ejercicio de sus derechos. El efectivo ejercicio de sus derechos. El pleno ejercicio de sus derechos.

De acuerdo con el art. 20.3 de la Constitución Española, la ley garantizará el acceso a los medios de comunicación social dependientes del Estado a: Los grupos sociales y políticos representativos. Los grupos sociales y políticos significativos. Los partidos políticos y asociaciones sociales significativas. Los grupos sociales y políticos mayoritarios.

Según el art. 20.4 de la Constitución Española, estas libertades tienen su límite, especialmente, en el derecho al honor, a la intimidad, a la propia imagen y a: La protección de la juventud y de los menores. La protección de los niños y de la juventud. La protección de la juventud y de la infancia. La protección de la infancia y de la adolescencia.

Conforme al art. 20.5 de la Constitución Española, solo podrá acordarse el secuestro de publicaciones, grabaciones y otros medios de información en virtud de: Resolución judicial. Orden administrativa. Auto judicial. Autorización del Gobierno.

Según el art. 21.2 de la Constitución Española, en los casos de reuniones en lugares de tránsito público y manifestaciones se dará: Autorización previa a la autoridad, que sólo podrá prohibirlas cuando existan razones fundadas de alteración del orden público, con peligro para personas o bienes. Comunicación previa a la autoridad, que sólo podrá prohibirlas cuando existan motivos fundados de alteración del orden público, con peligro para personas o bienes. Comunicación previa a la autoridad, que sólo podrá prohibirlas cuando existan razones fundadas de alteración del orden público, con peligro para personas o bienes. Comunicación previa a la autoridad, que podrá prohibirlas cuando existan razones fundadas de alteración del orden público o la paz social.

De acuerdo con el art. 22.2 de la Constitución Española, las asociaciones que persigan fines o utilicen medios tipificados como delito son: Ilícitas. Ilegales. Nulas de pleno derecho. Inconstitucionales.

Conforme al art. 23.1 de la Constitución Española, los ciudadanos tienen el derecho a participar en los asuntos públicos, directamente o por medio de representantes, libremente elegidos en elecciones periódicas por: Sufragio universal, libre, igual, directo y secreto. Voto directo y secreto. Sufragio universal. Sufragio universal y directo.

Según el art. 24.2 de la Constitución Española, todos tienen derecho al Juez ordinario: Determinado por la ley. Predeterminado por la ley. Establecido por la ley. Competente según la ley.

Atendiendo al art. 25.2 de la Constitución Española, las penas privativas de libertad y las medidas de seguridad estarán orientadas hacia: La reeducación y reinserción social. La rehabilitación y reinserción social. La reeducación y reforma social. La prevención y reinserción social.

Según el art. 27.1 de la Constitución Española: Los españoles tienen el derecho a la educación. Se reconoce la libertad de enseñanza. Todos tienen el derecho a la educación. Se reconoce la libertad de enseñanza. Todos tienen el derecho a la educación y a la libertad de cátedra. Todos tienen el derecho a la formación permanente y la libertad de enseñanza.

De acuerdo con el art. 28.1 de la Constitución Española, la ley podrá limitar o exceptuar el ejercicio del derecho a la sindicación libre a: a) Las Fuerzas Armadas y a los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad. Los militares de carrera y a las fuerzas de policía. Las Fuerzas o Institutos armados o a los demás Cuerpos sometidos a disciplina militar. Las Fuerzas o Institutos armados y a los Jueces y Magistrados.

Conforme al art. 29.1 de la Constitución Española, para los miembros de las Fuerzas o Institutos armados el derecho de petición será: Sólo individual. Sólo colectivo. Sólo por conducto reglamentario. Nulo.

Según el art. 30.2 de la Constitución Española, la ley regulará la objeción de conciencia pudiendo imponer, en su caso: Un servicio civil sustitutorio. Una prestación social sustitutoria. Una actividad social alternativa. Una prestación de servicios a la comunidad.

El art. 30.4 de la Constitución Española establece que mediante ley podrán regularse los deberes de los ciudadanos en los casos de: Grave riesgo, inundación o calamidad pública. Alarma, excepción o sitio. Grave riesgo, catástrofe o calamidad pública. Grave peligro, catástrofe o calamidad pública.

Según el tenor literal del art. 21.1 de la Constitución Española: Se garantiza el derecho de reunión pacífica y sin armas. El ejercicio de este derecho no necesitará autorización previa. Se reconoce el derecho de reunión pacífica y sin armas. El ejercicio de este derecho no necesitará autorización previa. Se reconoce el derecho de reunión pacífica y sin armas. El ejercicio de este derecho no necesitará comunicación previa. Se reconoce el derecho de reunión pacífica y desarmada. El ejercicio de este derecho no necesitará autorización previa.

De acuerdo con el art. 22.3 de la Constitución Española, las asociaciones constituidas al amparo de este artículo deberán inscribirse en un registro a los solos efectos de: Validez. Control administrativo. Publicidad. Adquirir personalidad jurídica.

Conforme al art. 22.4 de la Constitución Española, las asociaciones sólo podrán ser disueltas o suspendidas en sus actividades en virtud de: Resolución administrativa motivada. Sentencia judicial firme. Resolución judicial firme. Resolución judicial motivada.

Según el art. 22.5 de la Constitución Española, se prohíben las asociaciones: Secretas y las de carácter militar. Secretas y las de carácter paramilitar. Privadas y las de carácter militar. Secretas y las de carácter delictivo.

Atendiendo al art. 26 de la Constitución Española, se prohíben los Tribunales de: Honor en el ámbito de la Administración pública y de las organizaciones profesionales. Honor en el ámbito de la Administración civil y de las organizaciones profesionales. Excepción en el ámbito de la Administración civil y de las organizaciones profesionales. Honor en cualquier ámbito del Estado y de las organizaciones profesionales.

De acuerdo con el art. 28.2 de la Constitución Española, la ley que regule el ejercicio del derecho a la huelga establecerá las garantías precisas para asegurar: La prestación de los servicios mínimos de la comunidad. El funcionamiento de los servicios esenciales de la comunidad. El mantenimiento de los servicios esenciales de la comunidad. El mantenimiento de los servicios públicos de la comunidad.

Conforme al art. 30.1 de la Constitución Española: Todos tienen el derecho y el deber de defender a España. Los ciudadanos tienen el derecho y el deber de defender a España. Los españoles tienen el derecho y el deber de defender a España. Los españoles tienen el deber de defender a España.

Según el art. 30.3 de la Constitución Española, podrá establecerse un servicio civil para el cumplimiento de fines de: Interés público. Utilidad pública. Interés general. Bienestar social.

Según el art. 31.1 de la Constitución Española, el sistema tributario justo inspirado en los principios de igualdad y progresividad: En ningún caso tendrá carácter confiscatorio. En ningún caso tendrá alcance confiscatorio. Nunca tendrá alcance confiscatorio. En ningún caso tendrá alcance fiscal excesivo.

De acuerdo con el art. 31.2 de la Constitución Española, la programación y ejecución del gasto público responderán a los criterios de: Eficacia y economía. Eficiencia y transparencia. Eficiencia y economía. Eficacia y celeridad.

Conforme al art. 32.1 de la Constitución Española, el hombre y la mujer tienen derecho a contraer matrimonio con: Absoluta igualdad jurídica. Plena igualdad de derechos. Igualdad ante la ley. Plena igualdad jurídica.

Según el art. 33.3 de la Constitución Española, la privación de bienes y derechos por causa justificada de utilidad pública o interés social se hará de conformidad con lo dispuesto por: La ley. Las leyes. El ordenamiento jurídico. Los reglamentos.

Atendiendo al art. 34.1 de la Constitución Española, se reconoce el derecho de fundación para fines de: Interés público, con arreglo a la ley. Interés social, conforme a la ley. Interés general, con arreglo a la ley. Utilidad pública, con arreglo a la ley.

De acuerdo con el art. 35.1 de la Constitución Española, en el trabajo no podrá hacerse discriminación por razón de: Sexo. Género. Raza o sexo. Condición social.

Según el art. 36 de la Constitución Española, la estructura interna y el funcionamiento de los Colegios Profesionales deberán ser: Participativos. Transparentes. Públicos. Democráticos.

Conforme al art. 37.2 de la Constitución Española, la ley que regule las medidas de conflicto colectivo incluirá las garantías precisas para asegurar: El mantenimiento de los servicios esenciales de la comunidad. El funcionamiento de los servicios esenciales de la comunidad. La prestación de los servicios mínimos de la comunidad. La seguridad de los servicios esenciales de la comunidad.

Según el art. 38 de la Constitución Española, se reconoce la libertad de empresa de acuerdo con las exigencias de la economía general y, en su caso, de la: Ordenación. Programación. Planificación. Intervención.