8,9,10 y 11

Según el artículo 3, tienen capacidad de obrar ante las Administraciones Públicas: a) Solo las personas físicas mayores de edad. b) Solo las personas jurídicas legalmente constituidas. c) Las personas físicas o jurídicas que ostenten capacidad de obrar según el Derecho civil. d) Cualquier persona que lo solicite, con independencia de su capacidad civil.

Los menores de edad pueden actuar ante las Administraciones Públicas: a) Siempre, sin limitación alguna. b) Solo con asistencia de quien ejerza la patria potestad. c) Cuando defiendan derechos o intereses cuya actuación esté permitida sin necesidad de asistencia. d) Nunca, salvo autorización judicial.

Los menores incapacitados no podrán actuar: a) En ningún caso. b) Cuando la extensión de la incapacitación afecte al ejercicio o defensa de los derechos o intereses de que se trate. c) Solo si no están representados legalmente. d) Cuando sean mayores de catorce años.

Según el artículo 3, podrán tener capacidad de obrar cuando la ley lo declare expresamente: a) Los grupos de empresas. b) Las asociaciones y partidos políticos. c) Los grupos de afectados, uniones sin personalidad jurídica y patrimonios independientes o autónomos. d) Los consorcios públicos.

Tienen la condición de interesados en el procedimiento administrativo: a) Quienes promuevan el procedimiento como titulares de derechos o intereses legítimos. b) Solo los titulares de derechos subjetivos. c) Quienes actúen en representación de otro. d) Los funcionarios públicos.

También son interesados quienes: a) Tengan intereses difusos. b) Tengan derechos que puedan resultar afectados por la resolución. c) Tengan poder notarial. d) Participen en el procedimiento de forma casual.

Son interesados quienes se personen en el procedimiento mientras no haya recaído resolución: a) Solo si iniciaron el procedimiento. b) Aunque ya haya recaído resolución definitiva. c) Mientras no haya recaído resolución definitiva. d) Si lo autoriza el órgano administrativo.

Las asociaciones representativas de intereses económicos o sociales: a) No pueden ser interesadas. b) Tienen intereses legítimos colectivos en los términos que la ley reconozca. c) Solo pueden actuar mediante federaciones. d) Se consideran interesadas automáticamente en todos los procedimientos.

Si la condición de interesado deriva de una relación jurídica transmisible: a) No se transmite. b) El derecho-habiente sucederá en tal condición, cualquiera que sea el estado del procedimiento. c) Solo si lo aprueba el órgano administrativo. d) Se pierde la condición de interesado.

Los interesados con capacidad de obrar podrán actuar: a) Siempre por sí mismos. b) Mediante representante o personalmente, a su elección. c) Solo mediante abogado. d) Mediante apoderado notarial obligatoriamente.

Las actuaciones administrativas se entienden con el representante: a) En todo caso. b) Siempre, salvo manifestación expresa en contra del interesado. c) Solo si lo autoriza el superior jerárquico. d) Si lo aprueba el Secretario General.

Para formular solicitudes, interponer recursos o renunciar a derechos en nombre de otro, se requiere: a) Simple manifestación verbal. b) Acreditación de la representación. c) Copia simple del DNI. d) Comunicación previa al registro.

En los actos de mero trámite, la representación: a) Ha de acreditarse formalmente. b) Solo se admite mediante poder notarial. c) Se presume. d) No es posible.

Uno de los medios válidos para acreditar representación es: a) Declaración jurada. b) Apoderamiento apud acta, presencial o electrónico. c) Domicilio de notificación. d) Firma digital del interesado.

El órgano competente debe incorporar al expediente: a) Copia compulsada del DNI del interesado. b) Constancia de la acreditación del representante y de los poderes reconocidos. ✅. c) Copia notarial del apoderamiento. d) Solo la resolución.

El resultado de la consulta al registro electrónico de apoderamientos: a) No tiene efectos jurídicos. b) Tiene la condición de acreditación de la representación. c) Debe complementarse con certificación notarial. d) Es meramente informativo.

La falta o insuficiente acreditación de la representación: a) Impide reconocer el acto. b) No impide tener por hecho el acto si se subsana en plazo. c) Anula automáticamente el procedimiento. d) Exige iniciar un nuevo expediente.

El plazo general para subsanar la falta de acreditación de representación es de: a) Tres días. b) Cinco días. c) Diez días. d) Quince días.

Ese plazo puede ser: a) Inferior, si así lo decide el funcionario. b) Superior, cuando las circunstancias del caso lo requieran. c) Igual en todo caso, por ser plazo legal cerrado. d) Reducido si hay urgencia administrativa.

Las Administraciones Públicas podrán habilitar representantes para transacciones electrónicas: a) Solo los abogados colegiados. b) Personas físicas o jurídicas autorizadas. c) Exclusivamente funcionarios. d) Notarios y registradores.

La habilitación general o específica de representantes electrónicos: a) No debe especificar condiciones. b) Debe detallar condiciones y obligaciones. c) Solo afecta a personas físicas. d) Carece de presunción de validez.

En la representación habilitada electrónicamente: a) No se puede requerir acreditación. b) Existe presunción de validez, salvo norma contraria. c) Es permanente e irrevocable. d) No admite comparecencia personal del interesado.

Aun existiendo representante, el interesado: a) No puede actuar por sí mismo. b) Siempre puede comparecer personalmente en el procedimiento. c) Necesita autorización del representante. d) Requiere aprobación judicial.

La representación acreditada mediante inscripción en el registro electrónico: a) Tiene plena validez jurídica. b) Es opcional y carece de efectos. c) Es válida solo en procedimientos sancionadores. d) Debe acompañarse de poder notarial.

El poder apud acta electrónico puede realizarse: a) Solo ante notario. b) En la sede electrónica correspondiente. c) Por correo electrónico simple. d) Por videollamada sin identificación.

El Registro Electrónico General de Apoderamientos de la Administración General del Estado se denomina: a) Registro Central de Apoderamientos. b) Registro Mercantil de la AGE. c) Registro Electrónico de Apoderamientos de la AGE. d) Registro Único de Apoderamientos Públicos.

La inscripción en el registro deberá consignar al menos: a) 3 datos (poderdante, apoderado, tipo de poder). b) 4 datos (poderdante, apoderado, fecha, tipo). c) 5 datos (poderdante, apoderado, fecha, duración y tipo de poder). d) 6 datos (incluido el bastanteo del poder).

La validez máxima de un poder inscrito en un registro electrónico es de: a) 3 años. b) 4 años. c) 5 años. d) Sin límite de tiempo.

La prórroga del poder también tendrá una validez máxima de: a) 2 años. b) 5 años desde su inscripción. . c) 5 años desde la fecha original. d) Diez años si hay bastanteo.

Un apoderamiento «apud acta» puede otorgarse: a) Solo ante notario. b) Solo presencialmente. c) Presencialmente o mediante comparecencia electrónica. . d) Mediante documento privado firmado.

Los registros de apoderamientos deben ser: a) Independientes y no interconectados. b) Plenamente interoperables entre sí. . c) Centralizados a nivel estatal. d) Solo compatibles por convenio.

Los registros de apoderamientos son interoperables también con: a) Registro Civil y Electoral. b) Registros Mercantil, de la Propiedad y protocolos notariales. . c) Registro Central de Empresas y Hacienda. d) Solo con otros registros administrativos.

Tipos de poder inscribibles (art. 6.4): a) 2 tipos (general y específico). b) 3 tipos (general / ante Admón concreta / trámites determinados). . c) 4 tipos según CCAA. d) Solo el general y el particular.

Cuando en un escrito figuran varios interesados, las actuaciones se entenderán: a) Con el que figure en último lugar en la solicitud. b) Con el que hayen designado; si no, con el que figure en primer término. . c) Con todos a la vez. d) Con el funcionario tramitador.

Durante la instrucción sin publicidad, si aparecen nuevos titulares de intereses directos: a) Se archiva el expediente. b) Se publica en el BOE. c) Se les comunica la tramitación del procedimiento. . d) Solo se anota sin comunicar.

Las AAPP deben comprobar identidad mediante: a) Declaración responsable del interesado. b) Documento Nacional de Identidad o equivalente. . c) Tarjeta sanitaria. d) Certificado empadronamiento.

Plazo mínimo que debe transcurrir antes de la eficacia jurídica de un nuevo sistema de identificación (comunicación a Secretaria General de Adm. Digital): a) 10 días. b) 1 mes. c) 2 meses. . d) 3 meses.

Informe vinculante de la Secretaría de Estado de Seguridad — plazo para emitirlo: a) 5 días. b) 10 días. . c) 15 días. d) 20 días.

Ubicación física de los recursos técnicos de identificación/firma: a) En cualquier país que garantice seguridad. b) En territorio UE y, si datos especiales, en España. . c) Solo en España. d) En países con decisión de adecuación.

Transferencia de datos de estos sistemas a terceros países: a) Prohibida salvo decisión de adecuación o obligación internacional. . b) Libre con comunicación al interesado. c) Admitida si el prestador lo solicita. d) Permitida mediante resolución motivada.

Firma electrónica válida ≡ Identificación acreditada cuando: a) El acto lo requiera expresamente. b) Siempre que se use un sistema de firma del art. 10. . c) Solo ante Administración electrónica. d) Nunca son equivalentes.

Firma obligatoria solo para (art. 11.2): a) Trámites electrónicos complejos. b) Solicitudes, declaraciones responsables, recursos, desistimientos y renuncias. . c) Todos los documentos. d) Cualquier comunicación o notificación.

Si un interesado no dispone de medios electrónicos, podrá identificarse/firma válidamente mediante: a) El empleo de su clave @PIN. b) Un funcionario habilitado que use su sistema de firma electrónica. c) Declaración jurada. d) Correo electrónico simple.

Para que el funcionario firme por el interesado (especial art. 12): a) Debe existir autorización notarial. b) Se requiere presencia e identificación del interesado y su consentimiento expreso. . c) Se considera implícito. d) Solo si lo dispone la AGE.

Los registros de funcionarios habilitados deben ser: a) Internos sin interconexión. b) Plenamente interoperables y conectados entre todas las AAPP. . c) Solo por nivel estatal. d) Reservados a oficinas centrales.

Según el art. 13, las personas con capacidad de obrar tienen derecho…. a) A comunicarse con la Administración por correo electrónico directo a cada Ministerio. b) A comunicarse a través del Punto de Acceso General electrónico de la Administración. c) Solo mediante sede electrónica local. d) Exclusivamente mediante registro único presencial.

El derecho a ser asistidos por las AAPP se refiere a: a) Asesoramiento jurídico gratuito. b) Uso de medios electrónicos en sus relaciones administrativas. c) Mediación previa a los procedimientos. d) Información fiscal.

El derecho a acceso a información pública, archivos y registros remite expresamente a: a) Ley 40/2015. b) Ley 19/2013, de Transparencia. c) Ley Orgánica 3/2018. d) Constitución española, art. 105.

La protección de datos personales reconocida en el art. 13 implica: a) Solo el derecho de oposición. b) Seguridad y confidencialidad de los datos que obran en ficheros, sistemas o aplicaciones de las AAPP. c) Comunicación previa con la AEPD. d) Derecho a eliminar todos los datos públicos.

El número de derechos enumerados de las personas en sus relaciones con las Administraciones Públicas. a) 8. b) 9 (letras a a i). c) 7. d) 10 (incluyendo los del art. 53).

Las personas físicas pueden elegir medio electrónico o no electrónico…. a) Solo al inicio del procedimiento. b) Y pueden modificarlo en cualquier momento. c) Solo si existe permiso del órgano gestor. d) Siempre electrónicamente a partir de 2022.

Están obligados a relacionarse electrónicamente con la Administración, al menos: a) Personas jurídicas y particulares con certificado digital. b) Las personas jurídicas, las entidades sin personalidad jurídica.... c) Solo los organismos públicos. d) Cualquier interesado si el procedimiento es común.

Entre los obligados electrónicos están los: a) Empleados públicos solo cuando no lo determine cada Administración. b) Profesionales colegiados en ejercicio, incluidos notarios y registradores. c) Particulares que usen DNI electrónico. d) Empresas unipersonales sin CIF.

Las Administraciones pueden ampliar reglamentariamente la obligación de relacionarse electrónicamente: a) Nunca para personas físicas. b) Solo para colectivos públicos. c) Sí, para determinados procedimientos o colectivos de personas físicas con acreditado acceso y disponibilidad de medios electrónicos. d) Solo mediante ley estatal.

El medio elegido por la persona física para comunicarse…. a) Debe ser único y no modificable. b) Puede modificarse en cualquier momento. c) Solo una vez al año. d) Previa autorización del órgano competente.

La lengua de los procedimientos de la Administración General del Estado es: a) Castellano. b) Catalán. c) La del territorio donde radique el órgano. d) La elegida por el funcionario.

Un interesado puede usar la lengua cooficial de su Comunidad Autónoma ante la AGE…. a) Siempre. b) Solo si la sede de la AGE está en ese territorio. c) Nunca. d) Solo en procedimientos internos.

Si hay varios interesados y hay discrepancia sobre la lengua, el procedimiento se tramitirá: a) En la lengua del primero que presentó el escrito. b) En castellano. c) En bilingüe. d) En la lengua cooficial mayoritaria.

La Administración instructora debe traducir al castellano cuando: a) Lo pida un funcionario. b) Los documentos deban surtir efecto fuera de la CCAA o lo solicite el interesado. c) Siempre por norma. d) Solo ante cambio de órgano.

No será necesaria traducción cuando los documentos deban surtir efecto en otra CCAA donde…. a) Sea cooficial esa misma lengua distinta del castellano. b) Exista oficina común de traducción. c) Se hable alguna lengua francesa. d) Se haya solicitado Spanish translation.

Cada Administración debe disponer de: a) Un registro central único estatal. b) Su propio Registro Electrónico General. c) Un registro común por CCAA. d) Solo registro presencial.

Los organismos dependientes de una Administración pueden tener: a) Su propio registro electrónico interoperable e interconectado con el general. b) Uno independiente no vinculado. c) Solo registro manual. d) Ninguno.

Los registros se crearán…. a) Sin publicar su disposición. b) Mediante disposición publicada en el diario oficial correspondiente, cuyo texto íntegro estará en la sede electrónica. c) Por acuerdo verbal del Ministerio. d) Por instrucción interna de personal.

Cada asiento debe garantizar constancia de: a) Solo la fecha de recepción. b) Número, epígrafe, fecha y hora, identificación de interesado y órganos implicados. c) Solo el nombre del interesado. d) Solo número de expediente.

El recibo automático que expide el registro debe incluir: a) Solo fecha y hora. b) Copia autenticada del documento +, fecha/hora, nº de entrada y anexos garantizando integridad y no repudio. c) Datos del funcionario que lo recibe. d) Firma digital del interesado.

Presentación de documentos válida puede realizarse en (marcar literal): a) Solo en el registro del órgano destinatario. b) En cualquier registro electrónico del art. 2.1, oficinas de Correos, embajadas consulados, oficinas de asistencia y otros establecidos. c) Solo en Consulados. d) Por email personal al órgano.

Los registros electrónicos deben ser: a) Compatibles solo por convenios. b) Plenamente interoperables entre todas las AAPP. c) Centralizados. d) Opcionalmente interconectados.

Los documentos presentados presencialmente deben ser: a) Digitalizados por la oficina de asistencia, devolviendo los originales al interesado. b) Escaneados por el interesado. c) Archivados por 20 años. d) Trasladados al Ministerio.

Excepciones a la devolución de originales: a) Siempre se devuelven. b) Cuando la norma exija custodia o documentos no digitalizables. c) Cuando el interesado lo prefiera. d) Nunca.

No se tendrán por presentados en el registro los documentos…. a) Que incumplan forma especial de presentación establecida en su régimen específico. b) Que superen 2 Mb. c) Que no lleven firma manual. d) De procedimientos electrónicos.