9-17 L.C.S.P.

Según la Ley 9/2017, de 8 de noviembre de Contratos del Sector Público, el plazo máximo de duración de los contratos de suministros es: a) 5 años, sin incluir las posibles prórrogas que acuerde el órgano de contratación. b) 5 años, incluyendo las posibles prórrogas que acuerde el órgano de contratación. c) La ley no establece un plazo de duración máximo para este tipo de contratos. d) 6 años, salvo cuando así lo exija el periodo de recuperación de las inversiones directamente relacionadas con el contrato.

En qué supuestos la Ley 9/2017, de 8 de noviembre de Contratos del Sector Público, NO obliga al órgano de contratación a tramitar el expediente de contratación?. a) En la tramitación de urgencia. b) En la tramitación de emergencia. c) En la tramitación plurianual. d) En la tramitación excepcional.

Según la Ley 9/2017, de 8 de noviembre de Contratos del Sector Público, los contratos que pretenda celebrar un Ministerio que tenga por objeto la adquisición o el arrendamiento de productos o bienes muebles serán contratos de: a) Servicios. b) Suministros. c) Obra. d) Gestión de servicios públicos.

En relación con el cumplimiento del contrato de suministros, los gastos de entrega y transporte de los bienes al lugar convenido será de cuenta: a) De la Administración, salvo pacto en contrario. b) Del contratista, salvo pacto en contrario. c) De la Administración y el contratista a partes iguales, salvo pacto en contrario. d) De la Administración, siempre que el contratista cumpla el plazo de entrega estipulado.

Si un Ministerio adquiere mobiliario para unas nuevas instalaciones, ¿Cuándo se entendería cumplido el contrato de acuerdo con la Ley 9/2017, de 8 de noviembre de Contratos del Sector Público?. a) Cuando haya transcurrido el plazo establecido de entrega. b) Cuando haya transcurrido el plazo de garantía señalado y se haya levantado el acta de conformidad por la Administración. c) Cuando tenga lugar la liquidación del contrato. d) Cuando el contratista haya realizado la totalidad de la prestación de acuerdo con los términos del mismo y a satisfacción de la Administración.

En cuanto al contrato de obras, resulta necesario acometer una modificación del mismo no prevista en el pliego de cláusulas administrativas particulares con los requisitos del artículo 205 de la Ley 9/2017 de 8 de noviembre. El importe de la modificación supone un incremento en el coste por valor de 26.562, 43 euros, IVA excluido, cuyo importe de adjudicación es 162.780,52 euros. En este caso, la modificación: a) No es posible realizarla al no estar prevista en el pliego en los pliegos. b) Será obligatoria para el contratista al implicar una alteración en su cuantía que no excede del 20 por ciento del precio inicial del contrato, IVA excluido. c) No será asumida por el contratista al tratarse de una modificación no prevista en el pliego de cláusulas administrativas particulares. d) Será obligatoria para el contratista porque toda alteración inferior al 50% del precio inicial del contrato, IVA excluido, es obligatoria para los contratistas.

La Administración observa daños materiales causados en la obra por defectos que afectan a elementos estructurales que comprometen su estabilidad y que considera fueron vicios ocultos. De acuerdo con la Ley 9/2017, de 8 de noviembre ¿durante qué plazo responderá el contratista de los daños y perjuicios que se produzcan?. a) 10 años a contar desde la adjudicación de la obra. b) 15 años a contar desde la recepción de la obra. c) 10 años a contar desde la recepción de la obra. d) 15 años a contar desde la adjudicación de la obra.

Señale la respuesta incorrecta: a) La designación del responsable del contrato no es obligatorio. b) En los contratos de obras el responsable del contrato será el Director Facultativo. c) En los contratos de concesión de obra pública y de concesiones de servicios se designará una persona que actúe en defensa del interés general. d) El responsable del contrato podrá ser una persona física o jurídica, vinculada a la entidad contratante o ajena a él.

De acuerdo con el artículo 63 LCSP, se publicará en el perfil del contratante: a) Los anuncios de modificación. b) Los anuncios de información previa. c) Todas son correctas. d) Los procedimientos anulados.

¿Cada cuánto tiempo deberá justificarse el mantenimiento de los criterios de solvencia económica y financiera para la conservación de la clasificación?. a) Cada año. b) Cada tres años. c) Cada dos años. d) Cada cuatro años.

No se considerará poder adjudicador según lo dispuesto en el artículo 3.3 de la ley 9/2017 de contratos del sector público: a) Los partidos políticos y organizaciones sindicales. b) Las Administraciones Públicas. c) Las fundaciones públicas. d) Las Mutuas colaboradoras con la Seguridad Social.

Aquellos contratos que tengan como objeto la adquisición de programas de ordenador desarrollados a medida será tipificados como: a) Contratos de suministro. b) Contratos de arrendamiento de servicios. c) Contratos de servicios. d) Contratos de colaboración público-privada de innovación.

Las administraciones públicas podrán utilizar el procedimiento de contrato menor para adjudicar la ejecución de una obra cuando: a) Su precio de licitación sea inferior a 40.000 euros. b) Su valor estimado sea inferior a 40.000 euros. c) Su valor estimado más IVA sea inferior a 40.000 euros. d) Ninguna de las anteriores respuestas son correctas.

Señale cuál de los siguientes procedimientos no se puede emplear para la adjudicación de un contrato de obras con un valor estimado de 500.000 euros: a) Procedimiento abierto simplificadísimo (art. 159.6 LCSP). b) Procedimiento negociado sin publicidad. c) Procedimiento abierto. d) Procedimiento abierto simplificado.

La formalización de los contratos administrativos que celebren las administraciones públicas: a) Será obligatoria en todo caso. b) No será necesaria si el contratista lo eleva a escritura pública. c) Podrá sustituirse con la firma y aceptación de la resolución de adjudicación por parte del contratista. d) Ninguna de las anteriores respuestas son correctas.

Señale cuál de las siguientes causas no es un motivo válido de resolución de los contratos administrativos: a) Renuncia del contratista en el plazo máximo de 1 mes desde la formalización. b) Imposibilidad de ejecutar la prestación en los términos inicialmente pactados. c) Resolución por mutuo acuerdo de las partes. d) Ninguna de las anteriores respuestas son correctas.

La publicación en Internet por parte de los órganos de contratación de las administraciones públicas de la información y documentos relativos a su actividad contractual al objeto de asegurar la transparencia y el acceso público a los mismos se hará obligatoriamente: a) En la Sede Electrónica del órgano de contratación. b) En la Sede Electrónica de la administración contratante. c) En el Perfil del contratante del órgano de contratación. d) En la Plataforma de contratación del sector público del órgano de contratación.

De conformidad con el artículo 120 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014., cuando la Administración tenga que actuar de manera inmediata a causa de acontecimientos catastróficos, de situaciones que supongan grave peligro o de necesidades que afecten a la defensa nacional, hablamos de: a) tramitación urgente. b) tramitación inminente. c) tramitación de emergencia. d) tramitación excepcional.

De conformidad con el artículo 131 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, los contratos menores: a) Podrán adjudicarse directamente a cualquier empresario con capacidad de obrar y que cuente con la habilitación profesional necesaria para realizar la prestación, cumpliendo con las normas establecidas en el artículo 118. b) Se adjudicarán ordinariamente utilizando una pluralidad de criterios de adjudicación basados en el principio de mejor relación calidad-precio. c) Se adjudicarán mediante el recurso al diálogo competitivo. d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.

¿ Según el artículo 11 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, que otros negocios o contratos se excluye: a) La relación de servicio de los funcionarios públicos y los contratos regulados en la legislación laboral queda excluida del ámbito de la presente Ley. b) Se excluyen, asimismo, de la presente Ley las relaciones jurídicas consistentes en la prestación de un servicio público cuya utilización por los usuarios requiera el abono de una tarifa, tasa o precio público de aplicación general. c) Ninguna respuesta es correcta. d) Las respuestas a y b son correctas.

¿Dónde se indicarán los requisitos mínimos de solvencia que deba reunir el empresario y la documentación requerida para acreditar los mismos?. a) Solo en los Pliegos administrativos particulares. b) En los pliegos administrativos generales, pero nunca en los particulares. c) En el anuncio de licitación o en la invitación a participar en el procedimiento y se detallará en los pliegos. d) Solo en el anuncio de licitación.

De acuerdo con el artículo 63 LCSP, cuando el órgano de contratación decida excluir alguna información, el órgano de contratación deberá justificarlo: a) En el Pliego de Cláusulas Administrativas generales. b) En el Anuncio de licitación. c) En el expediente administrativo. d) En el Pliego de Cláusulas Administrativas particulares.

El objeto de los contratos del sector público, de acuerdo con el artículo 99 LCSP: a) Será indeterminado. b) Será concreto. c) Será detallado. d) Será determinado.

En los contratos de suministro que tengan por objeto el arrendamiento financiero, el valor que se tomará como base para calcular el valor estimado del contrato será: a) En el caso de contratos de duración determinada, cuando su duración sea igual o superior a doce meses, el valor total estimado para la duración del contrato; cuando su duración sea superior a doce meses, su valor total, incluido el importe estimado del valor residual. b) En el caso de contratos cuya duración no se fije por referencia a un período de tiempo determinado, el valor mensual multiplicado por 48. c) En el caso de contratos cuya duración no se fije por referencia a un período de tiempo determinado, el valor mensual multiplicado por 68. d) En el caso de contratos cuya duración no se fije por referencia a un período de tiempo determinado, el valor mensual multiplicado por 58.

Las entidades del sector público: a) No podrán celebrar otros contratos que aquéllos que sean necesarios para el cumplimiento y realización de sus fines institucionales. b) Podrán celebrar todos los contratos, aunque no sean necesarios para el cumplimiento y realización de sus fines institucionales. c) No será necesario determinar con precisión la naturaleza y extinción de las necesidades que pretenden cubrirse mediante el contrato proyectado. d) Las entidades del sector público no velarán por la eficiencia y el mantenimiento de los términos acordados en la ejecución de los procesos de contratación pública.

La garantía definitiva: a) Su cuantía siempre es de un 5% del precio final ofertado del contrato. b) Su cuantía es de un 5% del precio final ofertado del contrato incluido el IVA. c) Su cuantía es de hasta un 5% del precio final ofertado del contrato incluido el IVA. d) Todas son falsas.

De acuerdo con lo establecido en el artículo 115 LCSP: a) Los órganos de contratación tendrán que realizar estudios de mercado y dirigir consultas a los operadores económicos que estuvieran activos en el mismo con la finalidad de preparar correctamente la licitación e informar a los citados operadores económicos acerca de sus planes y de los requisitos que exigirán para concurrir al procedimiento. b) Los órganos de contratación podrán valerse del asesoramiento de terceros, que podrán ser expertos o autoridades independientes, colegios profesionales, o, incluso, con carácter excepcional operadores económicos activos en el mercado. c) La participación en la consulta impide la posterior intervención en el procedimiento de contratación que en su caso se tramite. d) Con carácter general, el órgano de contratación al elaborar los pliegos podrá tener en cuenta los resultados de las consultas realizadas; de no ser así deberá dejar constancia de los motivos en el informe a que se refiere el párrafo anterior.

El expediente de contratación según el artículo 116 LCSP, no está constituido por: a) El pliego de cláusulas administrativas generales. b) El acuerdo de iniciación. c) El pliego de prescripciones técnicas. d) El certificado de existencia de crédito.

Los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares: a) Los pactos y condiciones definidores de los derechos y obligaciones de las partes del contrato. b) El contrato podrá contradecir las cláusulas recogidas en los pliegos, siempre que sean libremente pactadas por la Administración y el contratista. c) En los pliegos de cláusulas administrativas particulares no se incluirán los criterios de solvencia y adjudicación del contrato. d) En los pliegos de cláusulas administrativas particulares no se incluirán los criterios de solvencia y pero sí los criterios de adjudicación del contrato.

En el expediente de contratación según el artículo 116.4 LCSP, se justificará adecuadamente: a) El valor estimado del contrato con una indicación de todos los conceptos que lo integran, incluyendo siempre los costes laborales si existiesen. b) El presupuesto base de adjudicación. c) La habilitación. d) Todas son verdaderas.

¿Cuál es el propósito principal de la Ley de Contratos del Sector Público?. a) Regular contratos privados. b) Regular la contratación del sector público. c) Controlar la economía privada. d) Establecer normas laborales.

¿A quién se aplica principalmente la Ley de Contratos del Sector Público?. a) Empresas privadas. b) Ciudadanos individuales. c) Organizaciones sin fines de lucro. d) Entidades del sector público.

¿Cuáles son los principios clave de la contratación pública?. a) Desigualdad y discriminación. b) Igualdad e integridad. c) Secreto y confidencialidad. d) Burocracia y opacidad.

¿Cuál es el umbral correspondiente al valor estimado para los contratos menores de obras según la Ley?. a) Inferior a 50.000 euros. b) Igual o inferior a 40.000 euros. c) Inferior a 40.000 euros. d) Igual o inferior a 50.000 euros.

¿Cuál de los siguientes NO es un procedimiento de contratación según la Ley?. a) Subasta. b) Diálogo competitivo. c) Negociado. d) Asociación para la innovación.