9

cualquier persona puede detener a otra si. intentara cometer un delito, en el momento de ir a cometerlo. se encontrare procesado por delito que tuviera señalado pena de prisión superior a 3 años. se tienen fundadas sospechas de que cometió un delito castigado con prisión. todas son correctas.

señale la afirmación incorrecta en relación con la regulación de la prisión provisional. solo se adoptará cuando objetivamente sea necesaria. no se adoptará en ningún caso cuando de las investigaciones practicadas se infiera racionalmente que el hecho es constitutivo de infracción penal que tiene señalada pena de prisión inferior a 3 años. no se adoptará en ningún caso cuando de las investigaciones practicadas se infiera racionalmente que el delito se cometió concurriendo una causa de justificación. no hay ninguna afirmación incorrecta.

entre los requisitos que el art. 503.1 de la LECr establece para poder decretar la prisión provisional, se hace referencia a la existencia de uno o varios hechos que presenten caracteres de delito sancionado con pena cuyo máximo sea. superior a 3 años de prisión. igual o superior a 2 años de prisión. igual o superior a 3 años de prisión. superior a 5 años de prisión.

¿se puede decretar la prisión provisional cuando la pena privativa de libertad fuera de duración inferior a 2 años de prisión?. no, en ningún caso. si, si el investigado o encausado tuviera antecedentes penales no cancelados ni susceptibles de cancelación, derivados de condena por la comisión de un delito. si, si el investigado o encausado tuviera antecedentes penales no cancelados ni susceptibles de cancelación, derivados de condena por delito doloso. todas son correctas.

cuando la prisión provisional sea decretada para evitar la ocultación, alteración o destrucción de fuentes de prueba relevantes para el enjuiciamiento, no podrá exceder de. 6 meses. 1 año. 2 años. 3 años.

la LO 13/2003 de 24 de octubre, mantuvo la regla, introducida en la reforma operada por la LO 5/1995 de 22 de mayo, de que la prisión provisional solo podrá ser acordada. a instancia del MF o de una parte acusadora. por decisión unilateral del juez instructor. a instancia del MF y de una parte acusadora. a instancia del MF y de las partes acusadoras.

cuando la prisión provisional sea decretada en virtud de los previsto en el art. 503.1.3ª párrafos a ó c en el art. 503.2; y la pena privativa de libertad señalada al delito sea igual o inferior a 3 años, no podrá exceder. de 6 meses. de 1 año. de 3 meses. de 2 años.

el art. 508.1 de la LECr. contempla la posibilidad de que el juez o tribunal acuerde que la prisión provisional del investigado o encausado se verifique en su domicilio, con las medidas de vigilancia que sean necesarias. ¿en qué supuesto resulta ello posible?. a) cuando por razón de enfermedad el internamiento entrañe grave peligro para su salud. b) cuando el imputado diere fianza bastante a juicio del juez o tribunal. c) las respuestas a y b son correctas. d) ninguna es correcta.

contra un auto que decrete, prorrogue o deniegue la prisión provisional o acuerde la libertad del investigado o encausado, ¿qué recurso podrá ejercitarse?. recurso de súplica. recurso de reforma. recurso de apelación. recurso de casación.

¿en qué plazo máximo debe resolverse el recurso que se interponga contra un auto de prisión?. 1 mes. 30 días. 20 días. 2 meses.

las resoluciones de los tribunales cuando no están constituidos en sala de justicia se llaman. diligencias. informes. acuerdos. providencias.

la providencia debe contener obligatoriamente. la motivación de la decisión que se adopta. un breve antecedente pero sin motivación. la mera determinación de lo mandado. la fecha y la sola firma del secretario judicial, si es propuesta por éste.

las aclaraciones de algún concepto oscuro de la sentencia dictada por un juez o tribunal podrán hacerse de oficio. dentro de los 2 días hábiles siguientes al de la publicación de la resolución. dentro de los 3 días hábiles siguientes al de la publicación de la resolución. dentro de los 5 días hábiles siguientes al de la publicación de la resolución. no pueden hacerse de oficio, sino sólo a petición de parte o del MF.

de acuerdo con lo establecidos en el art. 160 LECr. la sentencia definitiva debe ser notificada a las partes. en el plazo de 5 días hábiles a partir del día siguiente al que se firme. en el plazo de 2 días hábiles a partir del día siguiente al que se firme. en el mismo día en que se firme, o a lo más, el siguiente. inmediatamente.

la correlación no correcta entre las partes de un auto y su similar en sentencia es. fundamentos de derechos-razonamientos jurídicos. antecedentes de hecho-hechos. fallo-parte dispositiva. fundamentos de derecho-parte dispositiva.

la competencia sobre los procedimientos de habeas corpus reside. en la audiencia provincial. en los juzgados de instrucción. en los juzgados de lo penal. en los juzgados de paz, por delegación de los juzgados de instrucción.

siempre que no pueda ser adoptada por el juzgado de violencia sobre la mujer, corresponde la adopción de la orden de protección a las víctimas de violencia de género. a la audiencia provincial. al juzgado de lo penal. al juzgado de paz. al juzgado de instrucción que esté desarrollando funciones de guardia.

¿es posible que los juzgados de violencia sobre la mujer extiendan su jurisdicción a dos o más partidos dentro de la misma provincia?. no solo es posible, sino que es lo habitual. si, previo informe de la sala de gobierno del CGPJ. si, por RD del gobierno, a propuesta del CGPJ, y en su caso, con informe de la CA con competencias en materia de justicia. no. Los juzgados de violencia sobre la mujer tienen su sede en la capital de cada partido judicial y jurisdicción en todo su ámbito territorial exclusivamente.

la ejecución de las sentencias dictadas en causas por delito grave o menos grave por los juzgados centrales de instrucción corresponde a. la audiencia nacional. al TS. los juzgados centrales de lo penal. los juzgados de lo penal.

el conocimiento de los recursos contra resoluciones de los juzgados de instrucción en juicios por delitos leves, corresponde. a la audiencia provincial, que se constituirá con un solo magistrado. al juzgado de lo penal. al TSJ de la CCAA correspondiente. a la audiencia provincial, en su composición ordinaria.

además de las competencias atribuidas a las salas de lo civil y penal del TS, en los arts. 56 y 57 LOPJ, dichas salas conocerán. de la tramitación y enjuiciamiento de las acciones civiles y penales, respectivamente, dirigidas contra la reina consorte o el consorte de la reina, la princesa o príncipe de asturias, su consorte e hijos legítimos. solo del enjuiciamiento de las acciones civiles y penales, respectivamente, dirigidas contra la reina consorte o el consorte de la reina, la princesa o príncipe de asturias y su consorte, así como contra el rey o reina que hubiera abdicado y su consorte. de la tramitación y enjuiciamiento de las acciones civiles y penales, respectivamente, dirigidas contra el rey, la reina, la reina consorte, o el consorte de la reina, la princesa o príncipe de asturias y su consorte. de la tramitación y enjuiciamiento de las acciones civiles y penales, respectivamente dirigidas contra la reina consorte o el consorte de la reina, la princesa o príncipe de asturias y su consorte, así como contra el rey o reina que hubiera abdicado y su consorte.

de acuerdo con lo establecido en el art. 17.2 de la LECr. no se consideran delitos conexos. los cometidos por diversas personas cuando se ocasionen lesiones o daños recíprocos. los cometidos para procurar la impunidad de otros delitos. los delitos de blanqueo de capitales respecto al delito antecedente. los delitos cometidos por la misma persona que tengan analogía o relación entre sí, cuando sean de la competencia del mismo órgano judicial, aunque podrán ser enjuiciados en la misma causa.

¿qué juez o tribunal es el preferente para conocer de las causas por delitos conexos?. el que primero comience la causa. el que designe la audiencia provincial. el del territorio en que se haya cometido el delito a que esté señalada pena mayor. siempre, el del partido judicial sede de la correspondiente audiencia provincial.

el derecho de defensa comprende la asistencia letrada de un abogado de libre designación o en su defecto de un abogado de oficio. Señale la respuesta falsa al respecto. todas las comunicaciones entre el investigado o encausado y su abogado tendrán carácter confidencial. el abogado estará presente en todas las declaraciones, así como en las diligencias de reconocimiento, careos y reconstrucción de hechos. el investigado no podrá comunicarse o entrevistarse reservadamente con el abogado designado hasta que nos e le reciba declaración por la policía, el fiscal o la autoridad judicial. el derecho de defensa se ejercerá sin más limitaciones que las expresamente previstas en la ley desde la atribución del hecho punible investigado hasta la extinción de la pena.

señale la incorrecta. Conforme al art. 261 LECr. no están obligados a denunciar. los ascendientes y descendientes del delincuente. la persona que conviva con el delincuente en análoga relación de afectividad que la conyugal. los parientes colaterales del delincuente hasta el segundo grado inclusive. el cónyuge del delincuente separado legalmente.

el art. 509.1 LECr. contempla la detención o prisión incomunicadas con carácter excepcional cuando se den determinadas circunstancias. Señale la que no corresponde. necesidad urgente de una actuación inmediata de los jueces de instrucción para evitar comprometer de modo grave el proceso penal. necesidad urgente de practicar diligencias en los supuestos de que la detención se acuerde por alguno de los delitos a que se refiere el art. 384 bis. de la LECr. necesidad urgente de evitar graves consecuencias que puedan poner en peligro la vida de una persona. necesidad urgente de evitar graves consecuencias que puedan poner en peligro la libertad o integridad física de una persona.

en los casos en que la prisión se acuerde por alguno de los delitos a que se refiere el art. 384 bis de la LECr. (personas integradas o relacionados con bandas armadas o individuos terroristas o rebeldes) u otros delitos cometidos concertadamente y forma organizada por dos o más personas. se podrá acordar una segunda incomunicación que no podrá exceder de 3 días. la incomunicación podrá prorrogarse por un plazo no superior a 5 días. se podrá acordar una segunda incomunicación, aún después de haber sido puesto en comunicación el preso, que no podrá exceder de 5 días. la incomunicación podrá prorrogarse por un plazo no superior a 3 días.

dentro de los derechos que el art. 520.2 LECr. reconoce a la persona detenida o presa, y sin perjuicio de lo dispuesto en el art. 527, se encuentra el de comunicarse telefónicamente, y sin demora injustificada, con un tercero de su elección. ¿cómo se llevará a cabo esta comunicación?. a) de forma reservada, sin la presencia de otras personas. b) en presencia de un funcionario de policía. c) en su caso, en presencia del funcionario que designe el juez o el fiscal. d) las respuestas b y c son correctas.

el abogado designado por turno de oficio debe acudir al centro de detención con la máxima premura y siempre. dentro del plazo máximo de 24 horas desde la recepción del encargo. dentro del plazo máximo de 2 horas desde la recepción del encargo. dentro del plazo máximo de 3 horas desde la recepción del encargo. dentro del plazo máximo de 6 horas desde la recepción del encargo.

el detenido o preso podrá renunciar a la preceptiva asistencia de abogado. a) si la detención lo hubiera sido por hecho constitutivo de delito que tenga señalada pena privativa de libertad inferior a 3 años. b) el derecho de defensa es irrenunciable en todo caso. c) si la detención lo fuera por hechos susceptibles de ser tipificados solo como delitos contra la seguridad del tráfico. d) la respuesta c es correcta, sin que el detenido pueda revocar su renuncia.

si lo justifican las circunstancias del caso, en los supuestos de detención o prisión incomunicada, el detenido o preso podrá ser privado de una serie de derechos que establece el art. 527.1 de LECr. Señale cuál de los siguientes no está recogido en el citado precepto. entrevistarse reservadamente con su abogado. acceder él o su abogado a los elementos esenciales de las actuaciones para impugnar la legalidad de la detención. designar un abogado de su confianza. comunicarse con todas o alguna de las personas con las que tenga derecho a hacerlo, salvo con la autoridad judicial, el MF y el médico forense.

los reconocimientos médicos al detenido a quién se le restrinja el derecho a comunicarse con todas o alguna de las personas con la que tenga derecho a hacerlo se realizarán con una frecuencia. de un reconocimiento cada 24 horas. de dos reconocimientos cada 24 horas. de al menos un reconocimiento cada 24 horas, según criterio facultativo. de al menos dos reconocimientos cada 24 horas, según criterio facultativo.

para acordar la prisión o la libertad provisional con fianza de quien estuviere en libertad o agravar las consecuencias de la libertad provisional ya acordada sustituyéndola por la de prisión o libertad provisional con fianza, se requerirá. solicitud del MF. solicitud del MF o de alguna parte acusadora. solicitud del MF y de la acusación particular. no es posible agravar una situación de libertad provisional decretada judicialmente.

de acuerdo con el art. 509.4 LECr. en ningún caso podrá ser objeto de detención incomunicada. un ciudadano extranjero. una persona con capacidad modificada judicialmente. un menor de 16 años. un pariente colateral de la víctima hasta el segundo grado de consanguinidad.

las resoluciones judiciales que adoptan la forma de acuerdos. se utilizan para adoptar decisiones necesarias para el correcto funcionamiento orgánico de la maquinaria judicial. pueden suponer privaciones de derechos. tienen carácter jurisdiccional. tienen por objeto la ordenación material del proceso penal.