A1 PROMOCIÓN I UNI

Las personas jurídicas podrán actuar en representación de otras ante las Administraciones Públicas. Sólo en el caso que representen a una persona física. Siempre que ello esté previsto en sus Estatutos. En todo caso. Sólo en el caso que representen a otra persona jurídica.

De conformidad con el artículo 33 de la Ley 39/2015, acordada la aplicación del procedimiento de urgencia, se reducirán a la mitad los plazos establecidos para el procedimiento ordinario, salvo los relativos a la presentación de;. Alegaciones y recursos. Informes y recursos. Solicitudes y alegaciones. Solicitudes y recursos.

En relación con la notificación infructuosa, señala la incorrecta: Cuando los interesados en un procedimiento sean desconocidos, la notificación se hará por medio de un anuncio publicado en el Boletín Oficial de la Comunidad Autónoma. Además del anuncio publicado en el boletín correspondiente, las Administraciones Públicas podrán establecer otras formas de notificación complementarias. Cuando se ignore el lugar de la notificación o bien, intentada ésta, no se hubiese podido practicar, la notificación se hará por medio de un anuncio publicado en el Boletín Oficial del Estado. b y c son correctas.

De conformidad con el artículo 53 de la Ley 39/2015, los interesados en un procedimiento administrativo tienen los siguientes derechos;. A conocer, en cualquier momento, el estado de la tramitación de todos los procedimientos. A cumplir las obligaciones de pago a través de los medios electrónicos previstos en el artículo 99.2. A no presentar documentos originales salvo que, de manera excepcional, la normativa reguladora aplicable establezca lo contrario. A aportar documentos en cualquier fase del procedimiento posterior al trámite de audiencia.

En el trámite de información pública, el anuncio determinará el plazo para formular alegaciones que en ningún caso podrá ser inferior a: Diez días. Veinte días. Quince días. Cinco días.

En toda contratación pública se incorporarán de manera transversal y preceptiva. Criterios sociales y medioambientales en todo caso. Criterios sociales y medioambientales siempre que guarden relación con los criterios de adjudicación. Criterios sociales y medioambientales siempre que guarden relación con la solvencia del contratista. Criterios sociales y medioambientales siempre que guarde relación con el objeto del contrato.

De acuerdo con el artículo 152 de la LCSP, es cierto que el desistimiento: Impedirá la iniciación inmediata de un procedimiento de licitación. Impedirá la iniciación de un procedimiento de licitación, en cualquier caso. No impedirá la iniciación inmediata de un procedimiento de licitación. Ninguna es correcta.

Según el artículo 203 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público (LCSP), los contratos administrativos celebrados por los órganos de contratación podrán modificarse durante su vigencia: Cuando así se haya previsto en el pliego de cláusulas administrativas particulares. Cuando así se indique por resolución del órgano de contratación. Cuando conste informe favorable de la Asesoría jurídica. Cuando conste informe favorable del responsable del contrato.

En cuanto al régimen económico financiero de una concesión, las obras objeto de la misma serán financiadas totalmente. En todo caso, por el concesionario. En todo caso, por el concesionario y la Administración concedente. En todo caso, por la Administración concedente. Ninguna es correcta.

De acuerdo con el artículo 154 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, la formalización de los contratos deberá publicarse, junto con el correspondiente contrato, en el perfil del contratante del órgano de contratación, en un plazo: No superior a diez días tras la adjudicación del contrato. No superior a quince días tras el perfeccionamiento del contrato. No superior a quince días tras la adjudicación del contrato. No superior a veinte días tras el perfeccionamiento del contrato.

Los actos y las cláusulas de los negocios jurídicos que constituyan o causen discriminación por razón de sexo, en aplicación de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo para la igualdad efectiva de mujeres y hombres. Se considerarán anulables y sin efecto. Darán lugar a responsabilidad. Se considerarán nulos y no podrán dar lugar a responsabilidad. Se considerarán inexistentes y no podrán dar lugar a responsabilidad.

Respecto al procedimiento para la exigencia de la responsabilidad de las autoridades y personal al servicio de las Administraciones Públicas, el plazo para la audiencia será de: 10 días. 15 días. 20 días. 5 días.

Señala la incorrecta, son técnicas que hacen efectivas las obligaciones del deber de colaboración entre administraciones públicas: La prestación de medios materiales, económicos o personales a otras Administraciones Públicas. El suministro de información, datos, documentos o medios probatorios que se hallen a disposición del organismo público o la entidad al que se dirige la solicitud. La creación y mantenimiento de sistemas integrados de información administrativa. El deber de asistencia y auxilio, para atender las solicitudes formuladas por otras Administraciones para el mejor ejercicio de sus competencias.

Se entiende por subvención. Toda disposición dineraria realizada por cualesquiera de los sujetos contemplados en el artículo 3 de la Ley General de Subvenciones a favor de personas públicas o privadas y que cumplan los requisitos establecidos. Toda disposición dineraria realizada por cualesquiera de los sujetos contemplados en el artículo 2 de la Ley General de Subvenciones a favor de personas privadas y que cumplan los requisitos establecidos. Toda disposición dineraria realizada por cualesquiera de los sujetos contemplados en el artículo 3 de la Ley General de Subvenciones sólo a favor de personas públicas y que cumplan los requisitos establecidos. Toda disposición dineraria realizada por cualesquiera de los sujetos contemplados en el artículo 2 de la Ley General de Subvenciones a favor de personas públicas o privadas y que cumplan los requisitos establecidos.

Según lo dispuesto en la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, la solicitud de acceso a la información podrá presentarse por cualquier medio que permita tener constancia de: La identidad del solicitante, la información que ya tienen y la información que solicita. No es necesario aportar datos personales al presentar la solicitud. la identidad del solicitante, la información que se solicita, una dirección de contacto preferiblemente electrónica y en su caso la modalidad que se prefiera para acceder a la información de la solicitud. La finalidad de la solicitud.

De acuerdo con la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, en relación al acceso a la información sujeta a publicidad activa: Está sometida al pago de una tasa. Es de acceso gratuito cuando así lo disponga la Administración Pública correspondiente. Toda la información será comprensible de acceso fácil y gratuito. Está sometida al pago de un precio público.

De conformidad con el artículo 2 de la Ley Orgánica 3/2007, todas las personas gozarán de los derechos derivados. Del principio de autonomía profesional y de la prohibición de discriminación por razón de sexo. Del principio de igualdad de oportunidades y de la prohibición de discriminación por razón de acoso sexual. Del principio de igualdad de trato y de la prohibición de discriminación por razón de sexo. Del principio de presencia equilibrada entre hombres y mujeres y de la prohibición de discriminación por razón de acoso sexual.

La Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres dispone en su artículo 8 que, todo trato desfavorable a las mujeres relacionado con el embarazo o la maternidad constituye: Discriminación directa por razón de sexo. Discriminación indirecta por razón de sexo. Acoso sexual. Acoso por razón de sexo.

El Estatuto Básico del empleado público no es de aplicación a: Las Administraciones de las comunidades autónomas. Las Administraciones de las entidades locales. Las Universidades Públicas. Ninguna es correcta.

Cuál de los siguientes no es un derecho individual de ejercicio colectivo: Libertad sindical. Negociación colectiva. Libre asociación profesional. Reunión.

Cuál de las siguientes no constituye una modalidad de carrera profesional de los funcionarios de carrera: Carrera horizontal. Carrera vertical. Promoción interna vertical y horizontal. Proceso de estabilización.

Los sistemas de evaluación del desempeño se adecuarán, en todo caso, a criterios de: Transparencia, objetividad y discriminación. Objetividad, parcialidad y no discriminación. Transparencia, objetividad, imparcialidad y no discriminación. Transparencia, parcialidad y discriminación.

Cuál de los siguientes requisitos para poder participar en los procesos selectivos, no se recoge en el art 56 del TREBEP: Poseer la capacidad funcional para el desempeño de las tareas. Tener cumplidos dieciocho años y no exceder, en su caso, de la edad máxima de jubilación forzosa. Poseer la titulación exigida. No haber sido separado mediante expediente disciplinario del servicio de cualquiera de las Administraciones Públicas o de los órganos constitucionales o estatutarios de las Comunidades Autónomas.

El personal comprendido en el ámbito de aplicación de la Ley 53/1984, podrá, previa la obtención de compatibilidad, ejercer las actividades siguientes: Actividades profesionales prestadas a personas a quienes se esté obligado a atender en el desempeño del puesto público. La pertenencia a Consejos de Administración de empresas siempre que la actividad de las mismas esté directamente relacionada con las que gestione el Organismo o Entidad en que preste sus servicios. El desempeño de cargos en empresas contratistas de obras, servicios o suministros. Ninguna es correcta.

La percepción de pensión de jubilación es incompatible con el desempeño de un puesto de trabajo en el sector público, cuando: Las retribuciones por el puesto de trabajo en el sector público sean superiores al salario mínimo interprofesional. Las cantidades percibidas en concepto de pensión y las retribuciones del puesto de trabajo superen la remuneración prevista en los Presupuestos Generales del Estado para el cargo de Director General. En todo caso es incompatible. Siempre es compatible.

Está excluido del ámbito de aplicación del Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los trabajadores (TRET): La relación de servicio del personal laboral del sector público. Los trabajos remunerados realizados por los descendientes del empresario. Las prestaciones personales obligatorias. La actividad de los trabajadores de empresas que además desempeñen el cargo de consejero o miembro de los órganos de administración en las empresas.

Según el TRET no se consideran modificaciones sustanciales de las condiciones de trabajo, las que afecten a: Jornada de trabajo. Horario y distribución del tiempo de trabajo. Régimen de trabajo a turnos. Ninguna es correcta.

El contrato de trabajo según el TRET, podrá suspenderse por: Las causas consignadas en el convenio colectivo que resulte de aplicación. El inicio de expediente disciplinario. El riesgo durante la lactancia. Causas económicas o de producción.

Los delegados de personal son los representantes de los trabajadores en: Empresas o centro de trabajo que tengan más de cien trabajadores. Empresas o centro de trabajo que tengan más de cincuenta y menos de cien trabajadores. Empresas o centro de trabajo que tengan menos de cincuenta y más de diez trabajadores. Empresas o centro de trabajo que tengan menos de diez trabajadores.

Los comités de empresa o centro de trabajo deberán reunirse, al menos: Cada tres meses. Siempre que lo solicite la mitad de sus miembros y un tercio de los trabajadores representados. Cuando lo solicite un tercio de los trabajadores representados. a) y b) son correctas.

La vigilancia periódica del estado de salud de los trabajadores en función de los riesgos inherentes al trabajo, será: Obligatoria para el trabajador. Voluntaria en todo caso para el trabajador. Voluntaria para el trabajador salvo que sea imprescindible para evaluar los efectos de las condiciones de trabajo sobre la salud de los trabajadores. Ninguna es correcta.

Cuál de las siguientes funciones, no es competencia de los delegados de prevención: Colaborar con la dirección de la empresa en la mejora de la acción preventiva. Verificar la incorporación de cláusulas de prevención de riesgos en los contratos que se formalicen. Promover y fomentar la cooperación de los trabajadores en la ejecución de la normativa sobre prevención de riesgos laborales. Ejercer una labor de vigilancia y control sobre el cumplimiento de la normativa de prevención de riesgos laborales.

El Comité de Seguridad y Salud es el órgano de: Consulta de las actuaciones de la empresa en materia de prevención de riesgos. Planificación de las actuaciones de la empresa en materia de prevención de riesgos. Asesoramiento a la empresa en materia de prevención de riesgos. Información a la inspección de trabajo y seguridad social.

La Inspección de trabajo y seguridad social debe consultar, con carácter previo a la elaboración de los planes de actuación en materia de prevención de riesgos en el trabajo, con: El comité de empresa. Los delegados de personal. Las organizaciones sindicales y empresariales más representativas. El comité de seguridad y salud.

El tratamiento de los datos de los menores de edad, mayores de catorce años, fundado en el consentimiento, solo será lícito si: Sin consentimiento del menor, consta el del titular de la patria potestad o tutela. No se requiere consentimiento alguno. Consta el consentimiento del menor, salvo que la ley exija la asistencia de los titulares de la patria potestad o tutela para la celebración del acto o negocio jurídico en cuyo contexto se recaba el consentimiento para el tratamiento. Ninguna es correcta.

En el ámbito del sector público podrán atribuirse las competencias propias de un encargado del tratamiento de datos de carácter personal a: Un órgano de la Administración territorial correspondiente. Un funcionario de carrera. Un empleado público independientemente del vínculo. Ninguna es correcta.

La Agencia Española de Protección de Datos se relaciona con el Gobierno a través del: Ministerio fiscal. Ministerio de Justicia. Presidencia del Gobierno. Ninguna es correcta.

La gestión económico-financiera de la Agencia Española de Protección de Datos estará sometida al control interno de. La Intervención General de la Administración del Estado. El Tribunal de cuentas. Como autoridad independiente no está sujeta a control. Por las Cortes Generales.

El marco normativo de la actividad económica y financiera de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria está constituido: La Ley Orgánica 2/2023, de 22 de marzo, del Sistema Universitario, la Ley 11/2003, de 4 de abril, sobre Consejos Sociales y Coordinación del Sistema Universitario de Canarias, los Estatutos y demás normas dictadas en desarrollo de los mismos, y el Presupuesto de la Universidad. La Ley Orgánica 2/2022, de 22 de marzo, del Sistema Universitario, la Ley 11/2003, de 24 de abril, sobre Consejos Sociales y Coordinación del Sistema Universitario de Canarias, los Estatutos y demás normas dictadas en desarrollo de los mismos, y el Presupuesto de la Universidad. La Ley Orgánica 2/2022, de 22 de marzo, del Sistema Universitario, la Ley 11/2006, de 4 de abril, sobre Consejos Sociales y Coordinación del Sistema Universitario de Canarias, los Estatutos y demás normas dictadas en desarrollo de los mismos, y el Presupuesto de la Universidad. La Ley 2/2023, de 22 de marzo, del Sistema Universitario, la Ley 11/2003, de 4 de abril, sobre Consejos Sociales y Coordinación del Sistema Universitario de Canarias, y por el Presupuesto de la Universidad.

Del Presupuesto de la ULPGC se predican los siguientes principios: Es público, único y equilibrado y comprende la totalidad de las obligaciones que, como máximo, pueden ser reconocidas, y los derechos que se liquidarán durante el ejercicio, y se ha elaborado teniendo en cuenta los principios generales contenidos en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera. Es público, comprende la totalidad de las obligaciones y los derechos que se liquidarán durante el ejercicio, y se ha elaborado teniendo en cuenta los principios generales contenidos en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera. Es público, único y equilibrado y comprende la totalidad de las obligaciones que, como máximo, pueden ser reconocidas, y los derechos que se prevén liquidar durante el ejercicio, y se ha elaborado teniendo en cuenta los principios generales contenidos en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera. Es público, único y equilibrado y comprende parte de las obligaciones que pueden ser reconocidas, y los derechos que se prevén liquidar durante el ejercicio, y se ha elaborado teniendo en cuenta los principios generales contenidos en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.

El capítulo 3 del presupuesto de ingresos de la ULPGC, recoge: Precios públicos y otros ingresos patrimoniales. Precios públicos, tasas y otros ingresos. Transferencias corrientes. Ingresos por activos financieros.

Se consideran créditos ampliables hasta la cuantía de las obligaciones que sea necesario reconocer y liquidar, en la ULPGC, los créditos siguientes: Los destinados a la contratación de nuevo personal funcionario. Los necesarios para dar cumplimiento a los contratos administrativos. Los créditos destinados a dar cumplimiento a los acuerdos del Consejo de Gobierno, en todo caso. Los destinados a atender obligaciones del ejercicio derivadas de normas con rango de Ley, hasta el importe que alcancen estas obligaciones.

Compete la aprobación de las concesiones de créditos extraordinarios en la ULPGC: Al Consejo de Gobierno, previo informe del Consejo Social. A la Consejería competente en materia de hacienda de la Comunidad Autónoma de Canarias, a propuesta del Consejo Social. Al Rector a propuesta del Consejo de Gobierno. Al Consejo Social.

Para la realización de un gasto futuro no previsto en la programación plurianual de la ULPGC, o previsto por importe menor, exige autorización de: Consejo Social, a propuesta del Rector. Consejo de Gobierno, a propuesta del Gerente. Consejo de Gobierno, a propuesta del Rector. Consejo Social, a propuesta del Gerente.

Los contratos de obra de carácter plurianual exigen: Una retención adicional de crédito del 20 % del presupuesto de licitación, que se ajustará al 10 por ciento del importe de la adjudicación. Una retención adicional de crédito del 10 % del presupuesto de licitación, que se aplicará al ejercicio en el que se efectúe la licitación. Dependerá del importe de la licitación. Una retención del 10% del importe de la adjudicación.

La materialización del pago de todas las operaciones correspondientes al presupuesto de la Universidad corresponde conforme al artículo 36.4 de las bases de ejecución de la ULPGC: Al Gerente. Al Rector. Al Consejo de Gobierno. Al Consejo Social.

El plazo máximo para justificar la aplicación de las cantidades recibidas a justificar será de conforme a las bases de ejecución de la ULPGC: De seis meses. De tres meses. De cinco meses. De dos meses.

La firma de un contrato de gestión de servicios de limpieza de la Facultad de Ciencias de la Salud exigirá el siguiente documento contable: Se podrá realizar la acumulación en un solo acto las Fases OP. Fase D, dado que esta fase implica un compromiso con un tercero. Fase P, es un acto interno que se expide por la autoridad competente para dar cumplimiento a la obligación de pagar. Fase DP, se produce una salida material de fondos.

Son Derechos de naturaleza pública de la ULPGC: Los ingresos de alquileres de las salas polivalentes. los ingresos por títulos de masters oficiales. los ingresos por donación. los ingresos de residencias universitarias.

En España el marco legal que define el sistema tributario está compuesto por las siguientes leyes: La constitución española, la Ley General Presupuestaria, las leyes de cada tributo, los reglamentos que desarrollan las leyes tributarias y: La Ley 53/2002, de 17 de diciembre, General Tributaria. Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria. Ley 53/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria. ley 56/2002, de 17 de diciembre, General Tributaria.

Las tasas son tributos cuyo hecho imponible: Es la obtención por el obligado tributario de un beneficio por la ampliación de servicios públicos. Está constituido por negocios, actos o hechos que ponen de manifiesto la capacidad económica del contribuyente. Suponen la prestación de servicios que sean de solicitud o recepción voluntaria por el obligado tributario. Consiste en el aprovechamiento especial del dominio público.

Son principios que ordenan el sistema tributario: Principios de justicia, generalidad, igualdad, progresividad, equitativa distribución de la carga tributaria y no confiscatoriedad. Principios de proporcionalidad, eficacia y limitación de costes indirectos derivados del cumplimiento de obligaciones formales. Principios de eficiencia y proporcionalidad. Asegurar el respeto de los derechos y garantías de los obligados tributarios.

El establecimiento o modificación de la cuantía de los precios públicos de los servicios académicos se hará por: Por Decreto del Gobierno de Canarias. Por Orden de la consejería competente en materia de educación. Por acuerdo del Consejo social de la ULPGC. Por Orden de la consejería competente en materia de hacienda.

La Cuenta General del Estado comprenderá: El balance consolidado, la cuenta del resultado financiero consolidado, el estado de cambios en el patrimonio neto consolidado, el estado de flujos de efectivo consolidado, el estado de ejecución del presupuesto consolidado y la memoria consolidada. El balance consolidado, la cuenta del resultado económico patrimonial consolidada, el estado de cambios en el patrimonio neto consolidado, el estado de flujos de efectivo consolidado, el estado de liquidación del presupuesto consolidado y la memoria consolidada. El balance, la cuenta del resultado económico patrimonial, el estado de cambios en el patrimonio neto, el estado de flujos de efectivo, el estado de liquidación del presupuesto y la memoria, todo ello sin consolidar. El balance, la cuenta de pérdidas y ganancias, el estado de cambios en el patrimonio neto, el estado de flujos de efectivo y la memoria.

La información incluida en las cuentas anuales debe cumplir los requisitos o características siguientes: Gestión continuada, devengo, uniformidad y prudencia. Claridad, relevancia, fiabilidad y comparabilidad. No compensación, importancia relativa, imputación presupuestaria y desafectación. Ninguna es correcta.

El valor realizable neto de un activo es: El valor actual de los flujos de efectivo esperados a través de su utilización en el curso normal de la actividad de la entidad, y, en su caso, de su enajenación u otra forma de disposición, actualizados a un tipo de interés de mercado sin riesgos. El importe de los flujos de efectivo a recibir o pagar en el curso normal de la actividad de la entidad, actualizados a un tipo de descuento adecuado. El importe que se puede obtener por su enajenación en el mercado, de manera natural o no forzada, deduciendo los costes estimados necesarios para llevarla a cabo, así como, en el caso de los productos en curso, los costes estimados necesarios para terminar su producción, construcción o fabricación. El importe al que inicialmente fue valorado un activo financiero, menos los reembolsos de principal.

Según las bases de ejecución de la ULPGC, en materia de personal, los acuerdos que impliquen un incremento del gasto requerirán: La autorización del Rector, a propuesta del Gerente, previo informe del Servicio Económico Financiero sobre la adecuada cobertura presupuestaria. La autorización del Rector, a propuesta del Gerente, previo informe de la consejería competente en materia de educación. La autorización del Rector, a propuesta del Gerente, previo informe de la consejería competente en materia de hacienda. La autorización del Rector, a propuesta del Gerente, previo informe del consejo económico y social.

Cada una de las operaciones de deuda de las universidades públicas canarias requerirá la autorización de: Gobierno de Canarias. Consejería competente en materia de educación. Rector. Consejo de Gobierno.

La creación de una Facultad, según el art. 41 de la Ley Orgánica 2/2023, de 22 de marzo, del Sistema Universitario (LOSU), será. Acordada por el Consejo Social. Acordada por la Comunidad Autónoma. Acordada por el Consejo de Gobierno. A propuesta de la Comunidad Autónoma.

Las universidades contaran con unidades de igualdad y diversidad que, conforme el art. 43 de la LOSU. Necesariamente se deberán constituir de forma conjunta. Los Estatutos de cada universidad podrán determinar si se crearán estas unidades o no. Son unidades básicas. son una estructura de la Universidad.

Ante las actuaciones de los diferentes órganos y servicios universitarios, podrá asumir tareas de mediación, conciliación y buenos oficios. La Inspección de Servicios. La Defensoría Universitaria. Un representante designado por el Equipo de Gobierno. Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.

La duración del mandato del Claustro conforme al art. 45.3 de la LOSU, será de: 4 años. 6 años. Los Estatutos establecerán la duración del mandato. El tiempo del mandato del Rector.

Fijar las directrices fundamentales y los procedimientos de aplicación de todas las políticas de la universidad, según la LOSU es una función del: Consejo de Gobierno. Claustro. Consejo Social. Equipo de Gobierno.

La Comisión Electoral, de conformidad con la LOSU, la preside: Quien elija el Consejo de Gobierno. La persona titular de la Secretaría General. El Rector o Rectora. Quien determine el Equipo de Gobierno.

¿Cuál no es un órgano de gestión de la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA)?. La Gerencia. La Comisión de Asesoramiento para la Evaluación del Profesorado. La División de Evaluación de Enseñanzas e Instituciones. La División de Evaluación del Profesorado.

68.- Forman parte de la Comisión Nacional Evaluadora de la Actividad Investigadora (CNEAI, entre otros: Un presidente y entre 2 y 9 vocales. Doce académicos e investigadores. Dos académicos e investigadores. Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.

La coordinación general de la Comisión Nacional Evaluadora de la Actividad Investigadora, es una función de: La División de Evaluación de las Enseñanzas e Instituciones. La Gerencia. La División de Evaluación del Profesorado. El Director de la ANECA.

El Consejo Rector de la ANECA estará formado, entre otros, por: Tres Rectores de universidades. Dos estudiantes. Tres representantes de los Consejos Sociales. Un representante sindical del personal docente e investigador de las Universidades.

La transferencia de créditos académicos, cuando proceda, hace referencia a la inclusión en el expediente académico y en el suplemento europeo al título, de la totalidad de los créditos obtenidos en enseñanzas oficiales cursadas previamente: Que no hayan conducido a la obtención de un título universitario oficial. Que hayan conducido a la obtención de un título universitario oficial de Grado. Que hayan conducido a la obtención de un título universitario oficial. Que hayan conducido a la obtención de un título de Máster Universitario.

Los Grados que incluyan la Mención Dual, si los planes de estudio incorporan la realización de prácticas académicas externas curriculares, estas prácticas tendrán una extensión de: Máxima equivalente al 25 por ciento del total de los créditos del título de Grado. Entre el 20 y el 40 por ciento de los créditos en títulos de Grado. No hay un porcentaje previo establecido en la normativa. Mínimo equivalente al 25 por ciento del total de los créditos en títulos de Grado.

Los planes de estudio deberán tener como referente: Los principios y valores democráticos y los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Los objetivos formativos de un título universitario oficial. Las prácticas académicas externas que refuerzan su proyecto formativo y el sistema de evaluación del aprendizaje del estudiantado. Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.

Los centros universitarios que no estén acreditados institucionalmente deberán renovar la acreditación de sus títulos universitarios oficiales, dentro de los siguientes plazos desde la fecha de inicio de impartición del título o de renovación de la acreditación anterior: Los de Grado que tengan 300 o 360 créditos, en el plazo máximo de 6 años. Los de Grado que tengan 240 créditos, en el plazo máximo de 6 años. Los de Máster Universitario en el plazo máximo de 4 años. Los de Grado que tengan 240 créditos, en el plazo máximo de 4.

De conformidad con el art. 159.2 de los vigentes Estatutos de la ULPGC, elaborará la RPT del personal docente e investigador: El Gerente. El Vicerrectorado con competencias en materia de profesorado en coordinación con el competente en materia de investigación y de ordenación académica. El Rector con los vicerrectorados competentes en materia de profesorado e investigación. Una comisión de profesores e investigadores nombrados por el Vicerrector.

El art. 160 de los Estatutos de la ULPGC regula los derechos del personal docente e investigador. Señale cuál de los siguientes no es un derecho. Acogerse a las medidas de conciliación de la vida laboral, familiar y personal. Una valoración subjetiva de su labor docente e investigadora. Una formación permanente que le permita mejorar su capacidad docente e investigadora. Libertad de investigación.

El art. 32.4 de la LOSU, establece que la concesión de becas y ayudas al estudio previstas en la dicha ley dentro del sistema general de becas, responderá prioritaria y fundamentalmente a criterios: Económicos. Socioeconómicos. Académicos. Económicos y académicos.

La necesidad de traslado entre islas y entre éstas y la península: Es un criterio particular para la concesión de becas y ayudas al estudio. No se prevé como criterio, sino que las bases de las convocatorias lo pueden regular. Se puede prever en las convocatorias de las Comunidades Autónomas, pero no en las del Estado. Esta circunstancia no está regulada en la LOSU.

En relación al Consejo de Estudiantes Universitario del Estado la LOSU prevé que la organización del mismo se determinará reglamentariamente, pero que corresponderá al estudiantado: La presidencia. La vicepresidencia primera. La vicepresidencia segunda. La secretaría general.

El sistema de la Seguridad Social, configurado por la acción protectora en sus modalidades contributiva y no contributiva, se fundamenta en: Los principios de universalidad, uniformidad, solidaridad e igualdad. Los principios de uniformidad, unidad y solidaridad. Los principios de universalidad, unidad, solidaridad e igualdad. Los principios de uniformidad, solidaridad e igualdad.

La ordenación, jurisdicción e inspección de la Seguridad Social, corresponde a: Al Estado, a la Comunidades Autónomas y a la propia Seguridad Social. Al Estado. A las Comunidades Autónomas. A la propia Seguridad Social.

Estarán comprendidos en el sistema de la Seguridad Social, a efectos de las prestaciones no contributivas: Los trabajadores que residan en España y los extranjeros que residan o se encuentres legalmente en España, siempre que, en ambos supuestos, no ejerzan su actividad en territorio nacional. Solamente los españoles residentes en territorio español. Los trabajadores por cuenta ajena, los trabajadores por cuenta propia o autónomos, los socios trabajadores de cooperativas del trabajo asociado, los estudiantes y los funcionarios público, civiles y militares. Ninguna de las respuestas anteriores es cierta.

Los trabajadores con discapacidad, empleados en los centros especiales de empleo quedarán incluidos en el régimen de la Seguridad Social que corresponde a su actividad como: Trabajadores por cuenta ajena. Trabajadores por cuenta propia. Como trabajadores autónomos en el régimen especial correspondiente. Ninguna de las respuestas anteriores es cierta.

El derecho al reconocimiento de las prestaciones de la Seguridad Social prescribirá: A los cinco años. A los cuatro años. A los tres años. No prescribe.

Señale todos los principios que según el artículo 91 de la LOSU concurren en la selección del personal técnico, de gestión y de administración y servicios, funcionario y laboral: Capacidad, merito, transparencia, publicidad y concurrencia, así como la posibilidad de recurso ante la propia universidad. Capacidad, merito, publicidad y concurrencia, así como la posibilidad de recurso ante la propia universidad. Igualdad, mérito, capacidad, transparencia, publicidad y concurrencia, así como la posibilidad de recurso ante la propia universidad. Capacidad, transparencia, publicidad y concurrencia, así como la posibilidad de recurso ante la propia universidad.

El artículo 62 de la Ley Orgánica 2/2023. de 22 de marzo, del Sistema Universitario, regula la consideración de los proyectos de investigación, desarrollo e innovación como unidades funcionales. Cuando sean autónomos en su objeto, los proyectos de investigación, desarrollo e innovación que hayan sido encomendados a las universidades privadas mediante contratos, resoluciones de concesión de subvenciones o cualquier otro instrumento jurídico tendrán la consideración de unidades funcionales separadas dentro de dichas universidades, a los efectos del cálculo del valor estimado que establece el artículo 101.6 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público. Cuando no sean autónomos en su objeto, los proyectos de investigación, desarrollo e innovación que hayan sido encomendados a las universidades públicas mediante contratos, resoluciones de concesión de subvenciones o cualquier otro instrumento jurídico tendrán la consideración de unidades funcionales separadas dentro de dichas universidades, a los efectos del cálculo del valor estimado que establece el artículo 101.6 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público. Siempre que no sean autónomos en su objeto, los proyectos de investigación, desarrollo e innovación que hayan sido encomendados a las universidades públicas mediante contratos, resoluciones de concesión de subvenciones o cualquier otro instrumento jurídico tendrán la consideración de unidades funcionales separadas dentro de dichas universidades, a los efectos del cálculo del valor estimado que establece el artículo 101.6 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público. Siempre que sean autónomos en su objeto, los proyectos de investigación, desarrollo e innovación que hayan sido encomendados a las universidades públicas mediante contratos, resoluciones de concesión de subvenciones o cualquier otro instrumento jurídico tendrán la consideración de unidades funcionales separadas dentro de dichas universidades, a los efectos del cálculo del valor estimado que establece el artículo 101.6 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público.

Los deberes del personal investigador que preste servicios en universidades públicas, en Organismos Públicos de Investigación de la Administración General del Estado o en organismos de investigación de otras Administraciones Públicas será entre otros: Asegurar que su labor sea relevante para la sociedad. Intentar que su labor sea relevante para la sociedad. Procurar que su labor sea relevante para la sociedad. Esforzarse para que su labor sea relevante para la sociedad.

El Consejo Social es el órgano de participación de la sociedad en la universidad y: Podrá ejercer como elemento de interrelación entre la sociedad y la universidad con el fin de asegurar una adecuada interconexión entre la actividad académica e investigadora y las necesidades intelectuales, culturales, sociales, científicas, económicas y laborales de Canarias. Debe ejercer como elemento de interrelación entre la sociedad y la universidad con el fin de asegurar una adecuada interconexión entre la actividad académica e investigadora y solo las necesidades intelectuales, científicas, económicas y laborales de Canarias. Debe ejercer como elemento de interrelación entre la sociedad y la universidad con el fin de asegurar una adecuada interconexión entre la actividad académica e investigadora y las necesidades intelectuales, culturales, sociales, científicas, económicas y laborales de Canarias. Podrá ejercer como elemento de conexión entre la sociedad y la universidad privada, con el fin de asegurar una adecuada interconexión entre la actividad académica e investigadora y las necesidades intelectuales, científicas, económicas y laborales de Canarias.

Respecto a la programación de los servicios y promoción de su eficiencia. ¿Qué le corresponden a los Consejos Sociales de las Universidades Canarias?. Entre otras, promover los conciertos entre la Universidad y otras Entidades. Entre otras, informar los conciertos entre la Universidad e instituciones sanitarias. Solamente promover los conciertos entre la Universidad y otras Entidades. Solamente informar los conciertos entre la Universidad e instituciones sanitarias.

Es una función del Consejo Social, en materia de programación económica, la siguiente: Autorizar las propuestas de operaciones de endeudamiento y aval que la Universidad presente para su aprobación a la Comunidad Autónoma. Informar las propuestas de operaciones de endeudamiento y aval que la Universidad presente para su aprobación a la Comunidad Autónoma. Autorizar las propuestas de operaciones de endeudamiento, préstamos y aval que la Universidad presente para su aprobación a la Comunidad Autónoma. Informar las propuestas de operaciones de endeudamiento, préstamos y aval que la Universidad presente para su aprobación a la Comunidad Autónoma.

Le corresponde al Consejo Social entre otras funciones: Aprobar, de acuerdo con los límites previstos en los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Canarias, el presupuesto anual de la Universidad, a propuesta del Claustro Universitario. Aprobar, de acuerdo con los límites previstos en los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Canarias, el presupuesto anual de la Universidad, a propuesta del Rector. Aprobar, de acuerdo con los límites previstos en los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Canarias, el presupuesto anual de la Universidad, a propuesta del Consejo de Gobierno. Informar, de acuerdo con los límites previstos en los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Canarias, el presupuesto anual de la Universidad, a propuesta del Claustro Universitario.

El Consejo Social de cada universidad pública canaria estará constituido por: Treinta y dos miembros. Veintiocho miembros. Veinticuatro miembros. Treinta y un miembros.

La representación social del Consejo Social se renovará: De manera parcial cada dos años. De manera parcial cada cuatro años. Por completo cada seis años. Por completo cada cuatro años.

¿Sobre quien deberá recaer la secretaría del Consejo Social?. En persona perteneciente al Consejo Social y con titulación superior y acreditada solvencia técnica para el desempeño de su labor. En persona ajena al Consejo Social y con titulación superior y acreditada solvencia técnica para el desempeño de su labor. En persona nombrada por el Presidente del Consejo Social. En cualquier persona perteneciente al Consejo Social y que acredite la solvencia técnica para el desempeño de su labor.

El Presidente del Consejo Social de la ULPGC, será nombrado: Por acuerdo del Gobierno de Canarias a propuesta del Rector de la ULPGc. Por acuerdo del Consejo de Gobierno de la ULPGC a propuesta del Pleno del Consejo Social. Por acuerdo del Gobierno de Canarias, a propuesta del Consejero competente en materia de educación. Por el Consejero competente en materia de educación a propuesta del Rector de la ULPGC.

Según el decreto 97/2004, de 20 de julio, modificado por el decreto 48/2011, de 24 de febrero y decreto 55/2019, el Pleno del Consejo Social se reunirá en sesión ordinaria: Al menos una vez durante el ejercicio económico. Al menos una vez cada trimestre. Al menos una vez cada semestre. Cuando lo solicite ocho miembros del Pleno con una antelación de 48 horas.