A1 Temas 1 - 8

1. La definición del Derecho Administrativo como el conjunto de normas de Derecho público interno que regulan la organización y la actividad de la Administración Pública la relaciona con: A) Entrena Cuesta. B) Zanobini. C) Ballbé. D) Garrido Falla.

2. En todo caso, la presencia de la Administración Pública constituye un requisito necesario para que exista una relación jurídico-administrativa, por lo que: A) Las normas administrativas tienen como sujeto a una Administración. B) Las normas administrativas tienen como destinatario a una Administración. C) Las normas administrativas tienen como destinatarios indirectos a los particulares o administrados, y presuponen la presencia vigilante de la Administración como garante de su efectividad. D) Las dos primeras opciones son correctas.

3. El sometimiento de la Administración al Derecho es uno de los postulados del Derecho Administrativo, a la luz de nuestra Carta Magna, donde se sujeta a los poderes públicos "a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico" en su artículo: A) 9.1. B) 103.1. C) 97. D) 98.

4. El procedimiento administrativo expresa que la Administración Pública actúa con sometimiento pleno a la ley y al Derecho. Así se recoge inicialmente en: A) El artículo 103 de la Constitución. B) El artículo 149.1.18 de la Constitución. C) La Ley de Procedimiento Administrativo de 1957. D) La Ley 30/1992, de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

5. El antecedente legislativo remoto en la regulación del procedimiento administrativo lo encontramos en: A) La Ley 30/1992, de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. B) La Ley Azcárate de 1889 y la Ley de Procedimiento Administrativo de 1957. C) La Constitución de 1931. D) La Constitución de 1812.

6. El control reactivo que consagra la posibilidad de revisar judicialmente la actuación de la Administración se recoge en: A) El artículo 148 de la Constitución. B) El artículo 106 de la Constitución. C) La Ley Azcárate de 1889. D) La Ley 4/1999, de 13 de enero.

7. La nueva Ley 39/2015, de 1 de octubre pretende: A) Modificar la Ley 30/1992, de 26 de noviembre. B) Modificar la Ley 11/2007, de 22 de junio. C) Integrar el contenido de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre y la Ley 11/2007, de 22 de junio. D) Agilizar los procedimientos ante la Administración y excluir la posibilidad de procedimientos no electrónicos.

8. La nueva Ley 39/2015, de 1 de octubre por primera vez: A) Establece la tramitación exclusivamente electrónica de los procedimientos administrativos. B) Establece las bases con arreglo a las cuales se ha de desenvolver la iniciativa legislativa y la potestad reglamentaria de las Administraciones Públicas. C) Garantiza la audiencia y participación de los ciudadanos en la elaboración de las normas. D) Establece el derecho de los interesados al acceso a los documentos administrativos.

9. El artículo 103 de la Constitución establece los principios que deben regir la actuación de las Administraciones Públicas: A) Eficacia, jerarquía, descentralización, desconcentración y coordinación, con sometimiento pleno a la ley y al Derecho. B) Eficacia, descentralización, desconcentración y coordinación, con sometimiento pleno a la ley y al Derecho. C) Eficacia, transparencia, descentralización y coordinación, con sometimiento pleno a la ley y al Derecho. D) Eficacia, descentralización, desconcentración y coordinación, con sometimiento pleno al Derecho.

10. El Derecho administrativo: A) Es un derecho que recoge las prerrogativas y privilegios de la Administración. B) El Derecho de la desigualdad dentro de la legalidad. C) Es un Derecho de tutela y de garantía de los intereses generales. D) Todas las respuestas son acertadas.

11. La regulación ad intra del funcionamiento interno de cada Administración y de las relaciones entre ellas se contiene en: A) La Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso- Administrativa. B) La Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. C) La Ley 30/1992, de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. D) La Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.

12. En relación a las relaciones interadministrativas, el artículo 140 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, dispone que las diferentes Administraciones Públicas actúan y se relacionan con otras Administraciones y entidades u organismos vinculados o dependientes de éstas de acuerdo con los siguientes principios: A) Lealtad institucional, subordinación, cooperación, coordinación y eficiencia. B) Lealtad institucional, colaboración, cooperación, transparencia y eficiencia. C) Lealtad institucional, colaboración, cooperación, coordinación y eficiencia. D) Lealtad institucional, jerarquía, cooperación, coordinación y eficiencia.

13. Es un principio de organización de la Administración General del Estado: A) La descentralización funcional. B) La eficacia en el cumplimiento de los objetivos fijados. C) La eficiencia en la asignación y utilización de los recursos públicos. D) La objetividad y la transparencia de la actuación administrativa.

14. La descentralización funcional en el ámbito de la Administración Pública implica: A) El otorgamiento de una mayor libertad de gestión a los responsables de la actividad administrativa, mediante la creación de organizaciones especializadas a las que se transfieren funciones para su ejercicio específico. B) La creación de organismos autónomos. C) La transferencia permanente de competencias de un órgano superior a otro inferior dentro de un mismo ente público. D) La transferencia de competencias de un órgano central a otro periférico, dentro de un mismo ente público.

15. La desconcentración en el ámbito administrativo significa: A) La transferencia de competencias de un órgano central a otro periférico, dentro de un mismo ente público. B) La técnica organizativa destinada a otorgar una mayor libertad de gestión a los responsables de la actividad administrativa en orden a conseguir los objetivos previamente establecidos. C) La creación de organismos autónomos. D) La transferencia permanente de competencias de un órgano superior a otro inferior, dentro de un mismo ente público.

16. Los principios de funcionamiento de la Administración General del Estado se concretan en: A) Economía, suficiencia y adecuación estricta de los medios a los fines institucionales. B) Desconcentración funcional y territorial. C) Responsabilidad por la gestión pública. D) Simplicidad, claridad y proximidad a los ciudadanos.

17. En relación a las fuentes del derecho en el Derecho Administrativo señale la opción que considere más adecuada. A) Se distinguen dos tipos, las fuentes formales, es decir, la Constitución, la legislación, la jurisprudencia y los reglamentos, y las fuentes sustanciales, que son las costumbres, las doctrinas y los hechos sociales. B) El problema que las fuentes del derecho tiene en el Derecho Administrativo parte de que la Administración no sólo es una destinataria obligada por las normas jurídicas (como los restantes sujetos del derecho), sino un protagonista importante en su elaboración. C) Además de las fuentes formales y las fuentes sustanciales se incluyen los reglamentos, los actos y los precedentes administrativos. D) Las fuentes del Derecho Administrativo son las fuentes formales, las fuentes sustanciales y los reglamentos administrativos.

18. Serán de aplicación en España las normas jurídicas contenidas en los tratados internacionales: A) Tras la ratificación por el Estado español. B) Tras su íntegra publicación en el Boletín Oficial del Estado. C) Tras su ratificación por las Cortes Generales. D) Tras su ratificación por acuerdo del Consejo de Ministros.

19. El principio de jerarquía en el sistema de fuentes de nuestro ordenamiento jurídico implica que: A) Una norma prevalece sobre otra en función del rango de la autoridad o del órgano que emana. B) La atribución a un órgano de la potestad de regular determinadas materias. C) Para que una norma resulte de aplicación resulta indiferente el órgano del que emane. D) Para que una norma pueda ser aplicable debe ser norma con rango legal.

20. La reserva de ley en materia de fuentes del Derecho Administrativo tiene como consecuencia que: A) Determinadas cuestiones no pueden ser reguladas a través de reglamentos. B) La ley se sitúa en la posición más elevada en la pirámide normativa. C) Las leyes ordinarias y las leyes orgánicas son las únicas normas jurídicas con rango legal. D) Las leyes autonómicas, puesto que no se elaboran en el Parlamento español, no son directamente aplicables.

21. El conjunto de normas que conforman el Derecho Administrativo son: A) Únicamente las normas de Derecho Público que disciplinan el actuar de la Administración. B) Las normas de Derecho Público interno. C) Las normas referidas a las relaciones entre el ciudadano y la Administración. D) Todas son correctas.

22. Cuando nos referirnos a la jerarquía normativa queremos decir que por debajo de la Constitución y los tratados internacionales encontramos: A) Las leyes orgánicas y ordinarias estatales o autonómicas, los decretos leyes y decretos legislativos. B) Las leyes orgánicas y ordinarias estatales o autonómicas. C) Los decretos leyes y decretos legislativos; están por debajo de las leyes orgánicas y ordinarias y por encima de los reglamentos. D) Por debajo de las leyes orgánicas y ordinarias encontramos los reglamentos.

23. Las disposiciones del Gobierno con rango de ley son: A) Los decretos leyes y las leyes marco. B) Los decretos legislativos. C) Los decretos-leyes. D) Los decretos-leyes y los decretos legislativos.

24. Según el artículo 128 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, la potestad reglamentaria corresponde a: A) Al Gobierno de la Nación, a los órganos de Gobierno de las Comunidades Autónomas, de conformidad con lo establecido en sus respectivos Estatutos, y a los órganos de gobierno locales. B) Al Gobierno de la Nación y a los órganos de Gobierno de las Comunidades Autónomas, de conformidad con lo establecido en sus respectivos Estatutos. C) Al Gobierno de la Nación y a los restantes órganos de la Administración General del Estado. D) Al Gobierno de la Nación.

25. Por su relación con la ley, los reglamentos pueden clasificarse en: A) Ejecutivos e independientes. B) Ejecutivos, independientes y de necesidad. C) Dependientes e independientes. D) Secundum legem y de necesidad.

1. La expresión “Administración Pública” hace referencia: A) A un complejo de elementos personales y materiales ordenados en una serie de unidades en virtud del principio de división del trabajo. B) A un complejo de elementos materiales ordenados en una serie de unidades en virtud del principio de especialidad y eficiencia. C) A un complejo de elementos personales ordenados en una serie de unidades en virtud del principio de competencia y especialidad. D) A un complejo de elementos personales y materiales ordenados que por designación política asume parte del total de las competencias que corresponden a la organización en su conjunto.

2. Según el artículo 5 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, tendrán la consideración de órganos administrativos: A) Las unidades administrativas a las que se les atribuyan funciones que tengan efectos jurídicos frente a terceros cuya actuación tenga carácter potestativo. B) Las unidades administrativas a las que se les atribuyan funciones que tengan efectos jurídicos frente a terceros, o cuya actuación tenga carácter preceptivo. C) Las unidades administrativas a las que se les atribuyan funciones jurídicamente reguladas cuya actuación tenga carácter potestativo. D) Las unidades administrativas a las que se les atribuyan funciones reguladas por la Ley 39/2015.

3. Cuando nos referimos a la clasificación de los órganos administrativos en individuales y colegiados hacemos referencia a lo siguiente: A) Varias personas concurren en posición de igualdad y simultáneamente a la formación de la voluntad de un determinado órgano administrativo. B) El número de titulares de que se compone un determinado órgano administrativo. C) Varias personas concurren en el ejercicio mismo de la función que el órgano tiene atribuida. D) Todas las opciones son válidas.

4. Según el artículo 5 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, la creación de cualquier órgano administrativo exigirá, al menos, el cumplimiento de los siguientes requisitos: A) La determinación de su forma de integración en la Administración Pública concernida y su dependencia jerárquica, la delimitación de sus funciones y competencias y su dotación financiera. B) La determinación de sus funciones y competencias, su régimen de funcionamiento y su dotación financiera y de recursos personales. C) La determinación de su situación jerárquica en la organización, la delimitación de sus funciones, la designación del titular responsable y su dotación financiera. D) La determinación de las razones que justifican su creación, la planificación estratégica, su situación jerárquica en la organización y su dotación financiera.

5. Según el artículo 8 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, la competencia es: A) Irrenunciable y se ejercerá por los órganos administrativos que la tengan atribuida como propia, incluso los casos de delegación o avocación. B) Renunciable y se ejercerá por los órganos administrativos que la tengan atribuida como propia, salvo los casos de delegación o avocación. C) Irrenunciable y se ejercerá por los órganos administrativos que la tengan atribuida como propia, salvo los casos de delegación o avocación. D) Renunciable y se ejercerá por los órganos administrativos que la tengan atribuida como propia, incluso los casos de delegación o avocación.

6. Según el artículo 6 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, los órganos administrativos podrán dirigir las actividades de sus órganos jerárquicamente dependientes mediante: A) Instrucciones y órdenes de servicio. B) Reglamentos internos. C) Circulares. D) Disposiciones de carácter general.

7. Según el artículo 8 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, la delegación de competencias, las encomiendas de gestión, la delegación de firma y la suplencia: A) Suponen alteración de la titularidad de la competencia, pero no de los elementos determinantes de su ejercicio que en cada caso se prevén. B) Suponen alteración de la titularidad de la competencia y de los elementos determinantes de su ejercicio que en cada caso se prevén. C) No suponen alteración de la titularidad de la competencia, aunque sí de los elementos determinantes de su ejercicio que en cada caso se prevén. D) No suponen alteración de la titularidad de la competencia ni de los elementos determinantes de su ejercicio que en cada caso se prevén.

8. Según el artículo 15 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, en relación al régimen jurídico de los órganos colegiados de las distintas Administraciones Públicas, establece: A) Si dichos órganos están compuestos por representaciones de distintas Administraciones Públicas podrán establecer o completar sus propias normas de funcionamiento. B) Si en dichos órganos participan organizaciones representativas de intereses sociales, podrán establecer o completar sus propias normas de funcionamiento. C) Si en dichos órganos colegiados participan organizaciones representativas de intereses sociales, su funcionamiento se regirá por las mismas normas que regulan el funcionamiento de la organización representada. D) Son correctas las dos primeras opciones.

9. Según el artículo 10 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, cuando circunstancias de índole técnica, económica, social, jurídica o territorial lo hagan conveniente, los órganos superiores podrán avocar para sí el conocimiento de uno o varios asuntos cuya resolución corresponda: A) Ordinariamente a sus órganos administrativos dependientes. B) Ordinariamente o por delegación a sus órganos administrativos dependientes. C) Por delegación a sus órganos administrativos dependientes. D) Ninguna es correcta.

10. Según el artículo 10 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, contra el acuerdo de avocación: A) Podrá interponerse recurso de alzada. B) Podrá interponerse recurso potestativo de reposición. C) No cabrá recurso, aunque podrá impugnarse en el que, en su caso, se interponga contra la resolución del procedimiento. D) Podrá interponerse recurso extraordinario de revisión.

11. Según el artículo 17 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, salvo que su reglamento interno recoja expresa y excepcionalmente lo contrario, todos los órganos colegiados: A) Se podrán convocar, celebrar sus sesiones y adoptar acuerdos tanto de forma presencial como a distancia. B) Se podrán constituir, convocar, celebrar sus sesiones, adoptar acuerdos y remitir actas tanto de forma presencial como a distancia. C) Habrán de constituirse de forma presencial y podrán convocarse y celebrar sesiones tanto de forma presencial como a distancia. D) Habrán de constituirse de forma presencial y podrán convocarse, celebrar sesiones y adoptar acuerdos tanto de forma presencial como a distancia.

12. Según el artículo 17 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, para la válida constitución del órgano, a efectos de la celebración de sesiones, deliberaciones y toma de acuerdos, se requerirá la asistencia: A) Presencial o a distancia del Presidente y Secretario o, en su caso, de quienes les suplan y de dos terceras partes, al menos, de sus miembros. B) Presencial del Presidente o Secretario o, en su caso, de quienes les suplan y de la mitad, al menos, de sus miembros. C) Presencial del Presidente y Secretario o en su caso, de quienes les suplan y la de la mitad, al menos, de sus miembros. D) Presencial o a distancia del Presidente y Secretario o, en su caso, de quienes les suplan, y la de la mitad, al menos, de sus miembros.

13. Según el artículo 16 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, los órganos colegiados tendrán un Secretario. De entre las siguientes opciones señale la que considere correcta: A) Podrá ser un miembro del propio órgano. B) Podrá ser una persona al servicio de la Administración Pública correspondiente. C) Podrá ser una persona ajena a la Administración Pública. D) Las dos primeras opciones son correctas.

14. Según el artículo 16 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, no corresponderá al Secretario: A) Velar por la legalidad formal y material de las actuaciones del órgano colegiado. B) Certificar las actuaciones del órgano colegiado. C) Garantizar que los procedimientos y reglas de constitución y adopción de acuerdos son respetados. D) Fijar el orden del día.

15. Según el artículo 17 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, cuando estuvieran reunidos, de manera presencial o a distancia, el Secretario y todos los miembros del órgano colegiado, o en su caso las personas que les suplan, éstos podrán constituirse válidamente como órgano colegiado para la celebración de sesiones, deliberaciones y adopción de acuerdos sin necesidad de convocatoria previa: A) Cuando así lo decidan la mitad de sus miembros. B) Cuando así lo decidan dos tercios de sus miembros. C) Cuando así lo decidan tres quintos de sus miembros. D) Cuando así lo decidan todos sus miembros.

16. Según el artículo 17 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, en los órganos colegiados: A) Los acuerdos serán adoptados por mayoría de dos tercios. B) Los acuerdos serán adoptados por mayoría de votos. C) Los acuerdos serán adoptados por la unanimidad de los miembros presentes. D) Los acuerdos serán adoptados por la unanimidad de sus miembros.

17. Según el artículo 17 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, cuando se asista a distancia, los acuerdos se entenderán adoptados: A) En el lugar donde esté ubicada la presidencia y, en su defecto, donde tenga la sede el órgano colegiado. B) En el lugar donde tenga la sede el órgano colegiado y, en su defecto, donde esté ubicado el Secretario. C) En el lugar donde tenga la sede el órgano colegiado y, en su defecto, donde esté ubicada la presidencia. D) En el lugar donde esté ubicado el Secretario y, en su defecto, donde tenga la sede el órgano colegiado.

18. Según el artículo 34 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, los actos administrativos que dicten las Administraciones Públicas: A) Ya sean de oficio o a instancia del interesado, se producirán por el órgano competente ajustándose a los requisitos y al procedimiento establecido. B) A instancia del interesado, se producirán por el órgano competente ajustándose a los requisitos y al procedimiento establecido. C) De oficio, se producirán por el órgano competente ajustándose a los requisitos y al procedimiento establecido. D) Bien de oficio o a instancia del interesado, se producirán ajustándose a los requisitos y al procedimiento establecido.

19. Según el artículo 34 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, el contenido de los actos se ajustará: A) A lo dispuesto expresamente por dicha ley y será determinado y adecuado a los fines del ordenamiento jurídico. B) A lo dispuesto por el ordenamiento jurídico y será determinado y adecuado a los fines de la presente ley. C) A lo dispuesto por el ordenamiento jurídico y será determinado y adecuado a los fines de aquéllos. D) A lo dispuesto exclusivamente por dicha ley y será determinado y adecuado a los fines de aquéllos.

20. Partiendo de las estipulaciones del artículo 35 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, no habrán de motivarse con sucinta referencia de hechos y fundamentos de derecho: A) Los acuerdos de acumulación de un procedimiento a otro con el que guarde identidad sustancial o íntima conexión. B) Los actos que limiten derechos subjetivos o intereses legítimos. C) Los actos que resuelvan procedimientos de revisión de oficio de disposiciones o actos administrativos. D) Los acuerdos de suspensión de actos, cualquiera que sea el motivo de ésta.

21. Partiendo de las estipulaciones del artículo 35 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, no habrán de motivarse: A) Los actos que acuerden la terminación del procedimiento por la imposibilidad material de continuarlo por causas sobrevenidas. B) Las propuestas de resolución en los procedimientos de carácter sancionador. C) Los actos que rechacen pruebas propuestas por la Administración. D) Los actos que se dicten en el ejercicio de potestades discrecionales.

22. Según el artículo 36 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, los actos administrativos, a menos que su naturaleza exija otra forma más adecuada de expresión y constancia, se producirán: A) Por escrito a través de medios electrónicos. B) A través de medios electrónicos. C) Por escrito a través de medios electrónicos o no electrónicos. D) Por escrito o verbalmente.

23. Según el artículo 37 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, las resoluciones administrativas que vulneren lo establecido en una disposición reglamentaria: A) Son convalidables. B) No son recurribles. C) Son anulables. D) Son nulas.

24. Según el artículo 39 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, los actos de las Administraciones Públicas sujetos al Derecho Administrativo se presumirán válidos y producirán efectos desde: A) La fecha en que se dicten, salvo que en ellos se disponga otra cosa. B) El día siguiente a la fecha en que se dicten, en cualquier caso. C) El día siguiente a la fecha en que se dicten, salvo que en ellos se disponga otra cosa. D) La fecha en que se dicten, en cualquier caso.

25. Según el artículo 37 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, las resoluciones administrativas de carácter particular: A) No podrán vulnerar lo establecido en una disposición de carácter general, aunque aquéllas procedan de un órgano de superior jerarquía al que dictó la disposición general. B) No podrán vulnerar lo establecido en una disposición de carácter general, aunque aquéllas procedan de un órgano de igual o superior jerarquía al que dictó la disposición general. C) No podrán vulnerar lo establecido en una disposición de carácter general, aunque aquéllas procedan de un órgano de igual jerarquía al que dictó la disposición general. D) No podrán vulnerar lo establecido en otra disposición de carácter particular, aunque aquéllas procedan de un órgano de igual jerarquía al que dictó la disposición general.

26. Según el artículo 39 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, podrá otorgarse eficacia retroactiva a los actos administrativos: A) Excepcionalmente, cuando se dicten en sustitución de actos anulados. B) Excepcionalmente, cuando se dicten en sustitución de actos nulos. C) Como regla general, cuando se dicten en sustitución de actos nulos. D) En ningún caso, cuando se dicten en sustitución de actos anulados.

27. Según el artículo 40 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, toda notificación: A) Deberá ser cursada dentro del plazo de cinco días a partir de la fecha en que el acto haya sido dictado. B) Deberá ser cursada dentro del plazo de quince días a partir de la fecha en que el acto haya sido dictado. C) Deberá ser cursada dentro del plazo de diez días a partir de la fecha en que el acto haya sido dictado. D) Deberá ser cursada dentro del plazo de veinte días a partir de la fecha en que el acto haya sido dictado.

28. Según el artículo 45 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, los actos administrativos serán objeto de publicación: A) Cuando lo aconsejen razones de interés público legalmente previstas. B) En cualquier caso. C) A instancias del interesado. D) Cuando así lo establezcan las normas reguladoras de cada procedimiento.

29. Según el artículo 41 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, las notificaciones: A) Se practicarán preferentemente por medios no electrónicos y, en todo caso, cuando el interesado resulte obligado a recibirlas por esta vía. B) Se practicarán preferentemente por correo certificado, excepto en los casos en que el interesado resulte obligado a recibirlas por esta vía. C) Se practicarán por cualquier medio reconocido válidamente por el ordenamiento jurídico para producir los efectos legalmente previstos. D) Se practicarán preferentemente por medios electrónicos y, en todo caso, cuando el interesado resulte obligado a recibirlas por esta vía.

30. Según el artículo 41 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, en los procedimientos iniciados a solicitud del interesado, la notificación se practicará: A) Por medios electrónicos. B) Por medios no electrónicos. C) Por el medio señalado al efecto por la Administración. D) Por el medio señalado al efecto por aquel.

31. Entendemos por procedimiento administrativo: A) Aquella serie de actuaciones tendentes a alcanzar la formación de la voluntad de la Administración Pública. B) El conjunto de disposiciones tendentes a regular la formación de la voluntad de la Administración Pública. C) La resolución de recursos en la aplicación o interpretación del ordenamiento jurídico. D) El conjunto de instrucciones a los órganos de la Administración Pública sobre la aplicación de normas de índole procesal.

32. Según el apartado I de la Exposición de Motivos de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, el procedimiento administrativo es: A) El instrumento de carácter reactivo que protege la esfera jurídica de derechos de los ciudadanos frente a la actuación de las Administraciones Públicas. B) La expresión clara de que la Administración Pública actúa con sometimiento pleno a la Ley y al Derecho, como reza el artículo 103 de la Constitución. C) El cauce formal que ha de garantizar el adecuado equilibrio entre la eficacia de la actuación administrativa y la imprescindible salvaguarda de los derechos de los ciudadanos. D) La regulación de las relaciones «ad extra» de las Administraciones con los ciudadanos como reza el artículo 105 de la Constitución.

33. En relación al procedimiento administrativo común, la Ley 39/2015, de 1 de octubre, establece lo siguiente: A) Sólo mediante Ley pueden establecerse trámites adicionales o distintos a los contemplados en dicha norma. B) La Ley se aplica al sector público, que comprende la Administración General del Estado, las Administraciones de las Comunidades Autónomas y las Entidades que integran la Administración Local. C) La Ley contiene una regulación secuencial del procedimiento al modo en que se hace en las normas procesales, estableciendo los trámites concretos que han de seguirse para dictar actos administrativos. D) Ninguna de las anteriores opciones es correcta.

34. Según el artículo 149.1.18 de la Constitución, en relación a la regulación de las bases del régimen jurídico de las Administraciones Públicas y el procedimiento administrativo común: A) El régimen jurídico de las Administraciones Públicas ha de ser establecido exclusivamente por la legislación estatal. B) Para la regulación del procedimiento administrativo común, la Constitución diseña una competencia compartida entre el Estado y las Comunidades Autónomas en atención a las especialidades de las mismas. C) Son competencias exclusivas del Estado. D) La regulación del régimen de las Administraciones Públicas ha sido redefinida desde la entrada de España en las Comunidades Europeas.

35. Según el artículo 23 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, para las autoridades y el personal al servicio de las Administraciones son motivos de abstención los siguientes: A) Tener interés personal en el asunto de que se trate o en otro en cuya resolución pudiera influir la de aquél. B) Ser administrador de sociedad o entidad interesada, o tener cuestión litigiosa pendiente con algún interesado. C) Tener relación comercial con persona natural o jurídica interesada directamente en el asunto. D) Las dos primeras opciones son correctas.

36. Según el artículo 23 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, es motivo de abstención tener con cualquiera de los interesados, con los administradores de entidades o sociedades interesadas y también con los asesores, representantes legales o mandatarios que intervengan en el procedimiento: A) El parentesco de consanguinidad dentro del cuarto grado de afinidad dentro del segundo. B) El parentesco de consanguinidad dentro del segundo grado o de afinidad dentro del cuarto. C) El parentesco de consanguinidad dentro del tercer grado o de afinidad dentro del primero. D) El parentesco de consanguinidad dentro del primer grado o de afinidad dentro del tercero.

37. Según el artículo 24 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, en los casos previstos como motivos de abstención, podrá promoverse recusación por los interesados: A) En cualquier momento de la tramitación del procedimiento. B) En cualquier momento anterior al trámite de audiencia. C) En cualquier momento anterior a la propuesta de resolución. D) En cualquier momento anterior al inicio del procedimiento.

38. Según el artículo 24 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, la recusación se planteará por escrito en el que se expresará la causa o causas en que se funda. El recusado manifestará a su inmediato superior si se da o no en él la causa alegada: A) En el plazo de tres días desde la presentación del escrito. B) En el plazo de dos días desde la presentación del escrito. C) En el mismo momento de la formulación de la recusación. D) En el día siguiente a la presentación del escrito.

39. Según el artículo 3 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, a los efectos de dicha Ley, no tendrán capacidad de obrar ante las Administraciones Públicas: A) Los menores incapacitados, cuando la extensión de la incapacitación afecte al ejercicio y defensa de los derechos o intereses de que se trate. B) Las personas físicas o jurídicas que ostenten capacidad de obrar con arreglo a las normas civiles. C) Los grupos de afectados, las uniones y entidades sin personalidad jurídica y los patrimonios independientes o autónomos que la Ley admita expresamente. D) Los menores de edad no incapacitados para el ejercicio y defensa de aquellos de sus derechos e intereses cuya actuación esté permitida por el ordenamiento jurídico sin la asistencia de la persona que ejerza la patria potestad, tutela o curatela.

40. Según el artículo 4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, no se consideran interesados en el procedimiento administrativo: A) Quienes lo promuevan como titulares de derechos o intereses legítimos individuales o colectivos. B) Los que, sin haber iniciado el procedimiento, tengan derechos que puedan resultar afectados por la decisión que en el mismo se adopte. C) Aquellos cuyos intereses legítimos, individuales o colectivos, puedan resultar afectados por la resolución sin mediar personación. D) Quienes lo promuevan como titulares de derechos o intereses legítimos individuales.

41. Según el artículo 4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, cuando la condición de interesado derivase de alguna relación jurídica transmisible, el derechohabiente sucederá en tal condición: A) Si el procedimiento no ha alcanzado la fase de instrucción. B) Si el procedimiento no ha alcanzado el trámite de audiencia. C) Si el procedimiento no ha alcanzado el trámite de información pública. D) El derecho-habiente sucederá en tal condición cualquiera que sea el estado del procedimiento.

42. Según el artículo 5 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, los interesados con capacidad de obrar podrán actuar por medio de representante: A) Entendiéndose con éste las actuaciones administrativas, salvo manifestación expresa en contra del interesado. B) Entendiéndose con éste las actuaciones administrativas, salvo manifestación expresa o tácita en contra del interesado. C) Entendiéndose con éste las actuaciones administrativas, salvo manifestación tácita en contra del interesado. D) Entendiéndose con éste las actuaciones administrativas en tanto no se acredite fehacientemente la revocación de sus poderes.

43. Según el artículo 53 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, los interesados en un procedimiento administrativo tienen derecho a: A) A conocer, antes del trámite de audiencia, el estado de la tramitación de los procedimientos en los que tengan la condición de interesados. B) El sentido del silencio administrativo que corresponda, en caso de que la Administración no dicte ni notifique resolución expresa en plazo. C) A no presentar en ningún caso documentos originales. D) A formular alegaciones, utilizar los medios de defensa admitidos por el ordenamiento jurídico, y a aportar documentos en cualquier fase del procedimiento.

44. En cuanto al inicio del procedimiento administrativo, según el artículo 54 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, los procedimientos pueden iniciarse: A) Directamente de oficio por la misma Administración. B) A petición de cualquier interesado. C) A petición de quien acredite un interés legítimo. D) Las dos primeras opciones son correctas.

45. Según el artículo 57 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, el órgano administrativo que inicie o tramite un procedimiento, siempre que sea el mismo que deba tramitar y resolver dicho procedimiento: A) Cuando se haya iniciado de oficio, podrá disponer, también de oficio, su acumulación a otros con los que guarde identidad sustancial o íntima conexión. B) Cualquiera que haya sido la forma de su iniciación, podrá disponer, de oficio o a instancia de parte, su acumulación a otros con los que guarde identidad sustancial o íntima conexión. C) Cuando se haya iniciado a instancia de parte, podrá disponer, también a instancia de parte, su acumulación a otros con los que guarde identidad sustancial o íntima conexión. D) Cualquiera que haya sido la forma de su iniciación, podrá disponer, de oficio, su acumulación a otros con los que guarde identidad sustancial o íntima conexión.

46. Según el artículo 58 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, la iniciación de oficio del procedimiento se lleva a efecto en virtud de: A) El acuerdo expreso del órgano competente a iniciativa propia. B) El acuerdo expreso del órgano competente a iniciativa propia o como consecuencia de una orden del superior. C) La denuncia de un particular. D) El acuerdo expreso del órgano competente a iniciativa propia, como consecuencia de una orden superior o petición razonada de otro órgano administrativo o denuncia.

47. Según el artículo 62 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, respecto al inicio del procedimiento de oficio se entiende por denuncia: A) La actuación derivada del conocimiento directo o indirecto de las circunstancias, conductas o hechos objeto del procedimiento por el órgano que tiene atribuida la competencia de iniciación. B) La propuesta de iniciación del procedimiento formulada por cualquier órgano administrativo que no tiene competencia para iniciar el mismo y que ha tenido conocimiento de las circunstancias, conductas o hechos objeto del procedimiento. C) La orden emitida por un órgano administrativo superior jerárquico del competente para la iniciación del procedimiento. D) El acto por el que cualquier persona, en cumplimiento o no de una obligación legal, pone en conocimiento de un órgano administrativo la existencia de un determinado hecho que pudiera justificar la iniciación de oficio de un procedimiento administrativo.

48. Según el artículo 68 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, si la solicitud de iniciación de un procedimiento no reúne los requisitos necesarios, se requerirá al interesado para que subsane la falta o acompañe los documentos preceptivos en un plazo: A) De veinte días. B) De cinco días. C) De diez días. D) De tres días.

49. Según el artículo 68 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, a petición del interesado o a iniciativa del órgano, cuando la aportación de los documentos requeridos presente dificultades especiales: A) Siempre que no se trate de procedimientos selectivos o de concurrencia competitiva, este plazo podrá ser ampliado prudencialmente hasta 5 días. B) Siempre que se trate de procedimientos selectivos o de concurrencia competitiva, este plazo podrá ser ampliado prudencialmente hasta 5 días. C) Siempre que se trate de procedimientos selectivos o de concurrencia competitiva, este plazo podrá ser ampliado prudencialmente hasta 7 días. D) Siempre que no se trate de procedimientos selectivos o de concurrencia competitiva, este plazo podrá ser ampliado prudencialmente hasta 7 días.

50. Según el artículo 71 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, el procedimiento, sometido al principio de celeridad, se impulsará de oficio en todos sus trámites: A) A través de medios electrónicos, respetando los principios de transparencia, publicidad y buena fe. B) A través de medios electrónicos, respetando los principios de transparencia y publicidad. C) A través de medios no electrónicos, respetando los principios de eficacia, transparencia y publicidad. D) A través de medios a su alcance, electrónicos o no electrónicos, respetando los principios de eficacia, transparencia y publicidad.

51. Según el artículo 73 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, salvo en el caso de que en la norma correspondiente se fije plazo distinto, los trámites que deban ser cumplimentados por los interesados deberán realizarse: A) En el plazo de diez días a partir del siguiente al de la notificación del correspondiente acto. B) En el plazo de cinco días a partir del día de la notificación del correspondiente acto. C) En el plazo de diez días a partir del día de la notificación del correspondiente acto. D) En el plazo de cinco días a partir del siguiente al de la notificación del correspondiente acto.

52. Según el artículo 75 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, la instrucción del procedimiento comprende aquellas actuaciones dentro del procedimiento que se consideran necesarias para la determinación, conocimiento y comprobación de los datos en virtud de los cuales deba pronunciarse la resolución que haya de dictarse: A) Esas actuaciones se realizarán de oficio o a instancia de parte y a través de medios electrónicos, por el órgano que inicie el procedimiento. B) Esas actuaciones se realizarán de oficio por el órgano encargado de la tramitación y a través de medios electrónicos. C) Esas actuaciones se realizarán de oficio y a través de medios no electrónicos por el órgano que inicie el procedimiento. C) Esas actuaciones se realizarán de oficio y a través de medios no electrónicos por el órgano que inicie el procedimiento.

53. En relación a los actos de instrucción que requieran la intervención de los interesados, habrán de practicarse, según el artículo 75 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre: A) En la forma que resulte más conveniente para ellos y sea compatible, en la medida de lo posible, con sus obligaciones laborales o profesionales. B) En la forma que resulte más conveniente para ellos y sea compatible con sus obligaciones laborales o profesionales. C) En la forma que resulte más conveniente para ellos y sea compatible con sus obligaciones familiares y personales. D) En la forma que resulte más conveniente para ellos y sea compatible, en la medida de lo posible, con sus obligaciones.

54. Según el artículo 76 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, los interesados podrán aducir alegaciones y aportar documentos u otros elementos de juicio: A) En cualquier momento del procedimiento anterior al trámite de audiencia. B) En todo momento del procedimiento. C) En cualquier momento del procedimiento anterior al acuerdo de iniciación. D) En cualquier momento del procedimiento anterior al trámite de información pública.

55. Según el artículo 77 de la Ley 39/2015, la prueba mediante la cual se pretenden acreditar los hechos relevantes que sirvan de presupuesto a la decisión: A) Podrán acreditarse por cualquier medio de prueba admisible en el Derecho Común. B) Podrán acreditarse por cualquier medio de prueba admisible en la Ley de Enjuiciamiento Criminal. C) Podrán acreditarse por cualquier medio de prueba admisible en la Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativa. D) Podrán acreditarse por cualquier medio de prueba admisible en la Ley de Enjuiciamiento Civil.

56. Según el artículo 77 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, cuando la Administración no tenga por ciertos los hechos alegados por los interesados o la naturaleza del procedimiento lo exija, el instructor del mismo acordará la apertura de un período de prueba por un plazo: A) No superior a treinta días ni inferior a diez. B) No superior a veinte días ni inferior a diez. C) No superior a quince días ni inferior a diez. D) No superior a treinta días ni inferior a veinte.

57. Según el artículo 80 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, a efectos de la resolución del procedimiento, se solicitarán informes que, salvo disposición expresa en contrario, serán: A) Facultativos y no vinculantes. B) Preceptivos y no vinculantes. C) Facultativos y vinculantes. D) Preceptivos y vinculantes.

58. En relación al procedimiento administrativo en el ámbito local: A) No puede hablarse de un procedimiento administrativo específico para las Entidades Locales, habida cuenta de que les resulta de aplicación la Ley 39/2015. B) Las Entidades Locales están fuera del ámbito de aplicación de la Ley 39/2015. C) Las Entidades Locales se rigen exclusivamente por la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases del Régimen Local. D) El Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, regula los procedimientos administrativos de las Entidades Locales.

59. Según el art. 84 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, pondrán fin al procedimiento: A) La resolución, el desistimiento, la renuncia permitida y la declaración de caducidad. B) La resolución, el desistimiento, la renuncia no prohibida, la imposibilidad sobrevenida y la declaración de caducidad. C) La caducidad, la renuncia o el desistimiento. D) La prescripción, la caducidad y la resolución motivada.

60. Los procedimientos sancionadores podrán finalizar: A) Si el infractor reconoce su responsabilidad ante fedatario público. B) En el caso de sanciones pecuniarias, si el presunto responsable paga voluntariamente antes de que se dicte resolución. C) Si el infractor paga voluntariamente la sanción pecuniaria antes de la práctica de diligencias probatorias. D) Si el infractor y el órgano competente acuerdan la reducción de la sanción antes de que se abra el plazo para dictar resolución.

61. Las reducciones a aplicar en los procedimientos que pueden imponer sanciones pecuniarias pueden ascender: A) Al 20% del importe de la sanción propuesta. B) Al 25% del importe de la sanción reglamentariamente estipulada. C) Al menos al 20% del importe de la sanción propuesta salvo que se incremente reglamentariamente dicho porcentaje. D) Al importe que se acuerde con el infractor en la fase de diligencias previas.

62. Los procedimientos administrativos, según el art. 86 de la Ley 39/2015, podrán finalizar mediante acuerdos, pactos, convenios o contratos si respetan el ordenamiento y satisfacen el interés público: A) Celebrados con personas y entidades de Derecho público. B) Celebrados con entidades de Derecho público. C) Celebrados con personas de Derecho público o privado. D) Celebrados con entidades con personalidad jurídica y con el dictamen conforme del Consejo de Estado.

63. El órgano competente para resolver un procedimiento administrativo podrá decidir motivadamente la realización de las actuaciones complementarias indispensables para la resolución: A) Las actuaciones deberán practicarse en un plazo no superior a siete días. B) Las actuaciones deberán practicarse en un plazo no superior a treinta días. C) Las actuaciones deberán practicarse en un plazo no superior a quince días. D) Las actuaciones deberán practicarse en un plazo no superior a veinte días.

64. La Administración está obligada a resolver los procedimientos administrativos, en virtud de las prescripciones del artículo 21 de la Ley 39/2015: A) En el plazo establecido por la norma pertinente, con un máximo de seis meses salvo establecimiento de un periodo más amplio establecido por una ley o previsión proveniente del Derecho de la Unión Europea. B) En el plazo máximo de tres meses salvo establecimiento de un periodo más amplio establecido por una ley o previsión proveniente del Derecho de la Unión Europea. C) En el plazo máximo de tres meses salvo establecimiento de un periodo más amplio establecido por una ley. D) En el plazo máximo de seis meses salvo establecimiento de un periodo más amplio establecido por una ley o previsión proveniente del Derecho de la Unión Europea.

65. La Administración está obligada a dictar resolución expresa y a notificarla en todos los procedimientos: A) En un plazo máximo de tres meses cuando las normas reguladoras no fijen plazo máximo. B) En un plazo máximo de seis meses cuando el procedimiento se inicie de oficio. C) En un plazo máximo de tres meses cuando el procedimiento se inicie a instancia de parte. D) En el plazo máximo de cuatro meses si la terminación tiene lugar por pacto o convenio.

66. La Administración está obligada a dictar resolución expresa y a notificarla: A) En los procedimientos iniciados de oficio. B) En los procedimientos finalizados por pacto o convenio. C) En todos los procedimientos cualquiera que sea la forma de iniciación. D) No ha de dictar resolución en los casos de prescripción, renuncia o caducidad.

67. La Administración está obligada a informar a los interesados en relación a: A) Los procedimientos de su competencia, los plazos máximos de duración y los efectos del silencio administrativo. B) La duración máxima de los procedimientos y los efectos del silencio administrativo. C) Las posibilidades de ampliar el plazo para resolver. D) La compensación económica correspondiente a los interesados por la demora en la resolución del procedimiento.

68. El artículo 24 de la Ley 39/2015, en relación con los procedimientos iniciados a solicitud del interesado, establece que el silencio administrativo: A) Tendrá efecto estimatorio al vencimiento del plazo máximo sin haberse notificado resolución expresa salvo disposición legal contraria o disposición equivalente derivada del DUE o el Derecho Internacional. B) Tendrá efecto al vencimiento del plazo máximo sin haberse notificado resolución expresa salvo disposición legal. C) Tendrá efecto al vencimiento del plazo máximo sin haberse notificado resolución expresa salvo disposición legal contraria o disposición equivalente derivada del DUE. D) Tendrá efecto desestimatorio al vencimiento del plazo máximo sin haberse notificado resolución expresa salvo disposición legal.

69. El silencio en procedimientos iniciados a solicitud del interesado, tendrá efectos desestimatorios: A) En todos los supuestos salvo disposición legal contraria. B) En procedimientos relativos al derecho de petición y actos de impugnación y solicitud de revisión de oficio. C) En todos los procedimientos relativos a licencias, tasas y tributos. D) En todos los procedimientos que impliquen medidas cautelares o complementarias.

70. La estimación por silencio administrativo: A) Tiene a todos los efectos la consideración de acto administrativo finalizador del procedimiento. B) Tiene a todos los efectos la consideración de acto administrativo finalizador del procedimiento cuando pretende hacerse valer ante la Administración. C) Tiene a todos los efectos la consideración de acto administrativo finalizador del procedimiento cuando pretende hacerse valer ante la Jurisdicción Contenciosa Administrativa. D) Tiene a todos los efectos la consideración de acto administrativo finalizador del procedimiento desde que la Administración competente dicta resolución expresa posterior.

71. El certificado acreditativo del silencio administrativo producido se expedirá: A) De oficio por el órgano competente para resolver en los tres meses siguientes a la expiración del plazo. B) A instancia del interesado. C) De oficio por el órgano competente para resolver transcurridos quince días desde que expiró su plazo para resolver o a instancia del interesado en cualquier momento. D) Cuando no pueda efectuarse la notificación electrónica.

72. La regulación del silencio administrativo fue modificada para incrementar la seguridad jurídica de los administrados en: A) La Ley de Procedimiento Administrativo de 1957. B) La Ley 30/1992, de 26 de noviembre. C) La Ley 11/2007, de 22 de junio. D) La Ley 4/1999, de 13 de enero.

73. La regulación del acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos se reguló en: A) La Ley 30/1992, de 26 de noviembre. B) La Ley 4/1999, de 13 de enero. C) Los Estatutos de Autonomía, en tanto contemplan los derechos de los ciudadanos. D) La Ley 11/2007, de 22 de junio.

74. Según el artículo 25 de la Ley 39/2015, en los procedimientos iniciados de oficio por la Administración: A) Si no se ha dictado y notificado resolución expresa en el plazo de seis meses, el organismo competente volverá a iniciar el expediente. B) Si no se ha dictado y notificado resolución expresa en el plazo de seis meses, se entenderán desestimadas las pretensiones del interesado que persiguieren situaciones jurídicas favorables por silencio administrativo. C) La Administración, aun transcurrido el plazo máximo establecido para resolver, ha de dictar resolución y notificarla fehacientemente al interesado. D) La Administración podrá paralizar o suspender el plazo para resolver siempre que lo notifique al interesado.

75. Según el art. 88 de la Ley 39/2015, en relación a la resolución que ponga fin al procedimiento: A) Decidirá todas las cuestiones planteadas por los interesados en los procedimientos iniciados por estos. B) Las resoluciones serán motivadas en todos los casos. C) La Administración podrá declinar la resolución por ausencia de regulación a las cuestiones planteadas en el procedimiento. D) Podrán expresar los recursos que caben contra la misma.

76. En los procedimientos de carácter sancionador la propuesta de resolución será formulada por el órgano instructor y notificada a los interesados: A) Deberá indicar el plazo de alegaciones, en su caso las medidas cautelares adoptadas y la valoración de la prueba practicada. B) Deberá indicar la puesta de manifiesto del procedimiento, los hechos probados, su calificación, la persona responsable y la sanción propuesta. C) Deberá valorar las causas atenuantes o agravantes de la responsabilidad del interesado. D) Deberá dejar sin efecto las medidas cautelares adoptadas.

77. En los procedimientos iniciados de oficio: A) La Administración no podrá desistir sin resolver previamente el expediente. B) La Administración podrá desistir sin necesidad de motivar su actuación. C) Los interesados podrán desistir o renunciar a sus derechos por cualquier medio que acredite su constancia y con las firmas correspondientes según normativa aplicable. D) Los interesados podrán desistir mediante comparecencia personal ante el órgano encargado de instruir el expediente.

78. En relación a la caducidad de los procedimientos iniciados a solicitud del interesado, el artículo 95 de la Ley 39/2015 establece: A) En las cuestiones que afecten al interés general o aquellas cuya sustanciación fuese conveniente, la caducidad podrá no ser aplicada por la Administración. B) La caducidad se aplicará a la paralización del procedimiento por los interesados que lo iniciaron por causas imputables a estos en todos los casos. C) Podrá acordarse la caducidad por inactividad del interesado en la cumplimentación de cualquier trámite pertinente en el procedimiento. D) Los actos y trámites utilizados en un procedimiento en el que se haya producido su caducidad no podrán ser incorporados a otro procedimiento.

79. En relación a la caducidad de los procedimientos iniciados a solicitud del interesado, el artículo 95 de la Ley 39/2015 establece que: A) No se puede producir la caducidad de un procedimiento a menos que se interrumpa su tramitación durante un mes por causa imputable al interesado que lo inició. B) No se puede producir la caducidad de un procedimiento a menos que se interrumpa su tramitación durante tres meses por causa imputable al interesado que lo inició. C) No se puede producir la caducidad de un procedimiento a menos que se interrumpa su tramitación durante tres meses por causa imputable al interesado que lo inició, previa advertencia de la Administración pertinente. D) Contra la resolución que acuerde la caducidad no cabrá recurso alguno.

80. La tramitación simplificada del procedimiento administrativo podrá acordarse: A) Por razones de interés o falta de complejidad del procedimiento, de oficio o a instancia del interesado. B) De oficio por razones de orden público o interés general. C) A instancia de parte, cuando se acredite la lesión patrimonial. D) No cabrá tramitación simplificada en procedimientos sancionatorios.

81. En el caso de que se acuerde la tramitación simplificada, los procedimientos administrativos deberán ser resueltos: A) En un plazo de quince días. B) En un plazo de cuarenta días. C) En un plazo de treinta días en las Administraciones Central y Autonómica y de quince días en el caso de la Administración Local. D) En un plazo de treinta días desde que se acuerde, a menos que restase menos para su tramitación ordinaria.

82. Los trámites de lo que constará la tramitación simplificada serán los siguientes: A) Inicio, subsanación, alegaciones iniciales, audiencia, informes y dictámenes preceptivos y resolución. B) Inicio, subsanación, alegaciones iniciales, audiencia, réplica y dúplica, informes y dictámenes preceptivos y resolución. C) Inicio, subsanación, alegaciones iniciales, audiencia, recibimiento a prueba, informes y dictámenes preceptivos y resolución. D) Inicio, subsanación, réplica y dúplica, informes y dictámenes preceptivos y resolución.

83. En el procedimiento simplificado si fuesen preceptivos informes o dictámenes, el órgano competente, a fin de respetar el plazo establecido en el artículo 96.6 de la Ley 39/2015, podrá solicitar: A) Que el dictamen se emita en el plazo de un mes desde la recepción del expediente. B) Que el dictamen se emita en el plazo de quince días. C) Que se prescinda del dictamen por causa de urgencia. D) Que el dictamen se ajuste a la propuesta de resolución que se adjunta en el expediente remitido.

84. El artículo 61 de la Ley 39/2015 permite a un órgano administrativo el inicio de procedimientos por petición razonada de otros. Podemos afirmar que: A) El órgano competente se verá vinculado por la petición si la petición se origina en funciones de inspección del órgano solicitante. B) El órgano competente se verá vinculado por la petición si la petición se origina en funciones de investigación del órgano solicitante. C) El órgano competente, si recibida la petición decide no iniciar el procedimiento, habrá de dictar resolución motivada. D) El órgano competente, si recibida la petición, decide no iniciar el procedimiento habrá de comunicar al peticionario los motivos por los que no procede el inicio del procedimiento.

85. En el caso de ser preceptivo dictamen en el procedimiento administrativo simplificado: A) El procedimiento se suspenderá por el plazo necesario para resolver. B) El dictamen conforme a la propuesta de resolución pone fin al procedimiento. C) Se seguirá la tramitación por el procedimiento ordinario si el dictamen se aparta de la propuesta de resolución del órgano competente. D) El dictamen conforme a la petición inicial del interesado pone fin al procedimiento.

86. El interesado en un procedimiento administrativo tendrá los siguientes derechos: A) A conocer el estado de la tramitación del procedimiento, los efectos del silencio administrativo, el órgano competente, los trámites y la resolución. B) A recibir notificaciones por correo certificado y a presentar documentación por este mismo método en cualquier momento del procedimiento. C) A la asignación de abogado de oficio para la defensa de sus intereses. D) A la obtención de compensación de daños e indemnización por el retraso de la Administración por el incumplimiento de los plazos en la tramitación de los expedientes que le afecten.

87. Las medidas provisionales en los procedimientos administrativos podrán ser adoptadas: A) De oficio, de forma motivada siempre que resulten necesarias. B) De oficio o a instancia de parte, de forma motivada y siempre que resulten necesarias y proporcionadas. C) De oficio o a instancias del órgano superior siempre que resulten necesarias. D) De oficio tras denuncia que otro órgano administrativo formule ante el órgano competente.

88. La iniciación del procedimiento por la Administración puede llevarse a efecto: A) Por denuncia identificada o anónima, por orden de un órgano superior o por propia iniciativa del órgano competente. B) Por denuncia, por propia iniciativa del órgano competente o por petición razonada de otros. C) Por orden de un órgano superior o por denuncia de un particular, identificado o no, en caso de infracción legal flagrante. D) Por denuncia, por orden de un órgano superior, por petición razonada de otro órgano administrativo o por propia iniciativa del competente.

114. El artículo 38 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, consagra el principio de ejecutividad de los actos administrativos: A) Los actos de las Administraciones Públicas serán ejecutivos con arreglo a lo dispuesto en la Ley. B) Los actos de la Administración General del Estado serán ejecutivos con arreglo a lo dispuesto en la Ley de Régimen Jurídico del Sector Público. C) Los actos de la Administración General del Estado una vez que alcancen firmeza serán ejecutivos con arreglo a lo dispuesto en la Ley de la Jurisdicción Contencioso- Administrativa. D) Los actos de las Administraciones Públicas sujetos al Derecho Administrativo serán ejecutivos con arreglo a lo dispuesto en esa Ley.

115. La posición de la Administración respecto a los Tribunales se explica: A) Como un sistema de autotutela. B) Está capacitada como sujeto de derecho para hacer valer sus derechos eximiéndose de este modo de la necesidad común a los demás sujetos de recabar una tutela judicial. C) La Administración únicamente se somete a los dictados de la jurisdicción contencioso-administrativa. D) Las dos primeras opciones son correctas.

116. Según el artículo 39 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, los actos de las Administraciones Públicas sujetos al Derecho Administrativo se presumirán válidos y producirán efectos: A) Desde la fecha en que se dicten. B) Desde la fecha en que se dicten, salvo que en ellos se disponga otra cosa. C) Desde la fecha en que se dicten, en cualquier caso. D) Desde el día siguiente a la fecha en que se dicten, en cualquier caso.

117. Según el artículo 39 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, la eficacia de los actos quedará demorada cuando: A) Así lo exija una norma aplicable. B) Así lo exija el contenido del acto o esté supeditada a su notificación, publicación o aprobación superior. C) El acto sea susceptible de recurso. D) Así lo estipulen las medidas cautelares que lo acompañan.

118. Según el artículo 39 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, en relación a la eficacia temporal de los actos administrativos: A) Como regla general podrá otorgarse eficacia retroactiva a los actos cuando se dicten en sustitución de actos nulos. B) Excepcionalmente podrá otorgarse eficacia retroactiva a los actos cuando se dicten en sustitución de actos nulos. C) Excepcionalmente podrá otorgarse eficacia retroactiva a los actos cuando se dicten en sustitución de actos anulados. D) En ningún caso podrá otorgarse eficacia retroactiva a los actos cuando se dicten en sustitución de actos anulados.

119. Según el artículo 39 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, las normas y actos dictados por los órganos de las Administraciones Públicas en el ejercicio de su propia competencia deberán ser observados por el resto de los órganos administrativos: A) Siempre que dependan jerárquicamente entre sí y dependan de la misma Administración. B) Aunque no tengan relación jerárquica entre sí y dependan de la misma Administración. C) Siempre que dependan jerárquicamente entre sí o pertenezcan a otra Administración. D) Aunque no dependan jerárquicamente entre sí o pertenezcan a otra Administración.

120. De la "presunción de legalidad" se extraen las siguientes consecuencias: A) Los actos serán ejecutivos, se presumirán válidos y producirán efectos desde la fecha en que se dicten. B) Los administrados asumen la carga de recurrir, primero, a través de los recursos administrativos y, una vez agotada esta vía, ante los Tribunales del orden jurisdiccional contencioso administrativo. C) Ante la interposición de los recursos se acordará de oficio la suspensión del acto. D) Las dos primeras opciones son correctas.

121. En este sentido el artículo 99 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, dispone que la Administración pública, a través de sus órganos competentes en cada caso, podrá proceder, previo apercibimiento, a la ejecución forzosa de los actos administrativos: A) Salvo en el supuesto que por órganos competentes se suspenda la ejecución. B) Salvo en el supuesto que se suspenda la ejecución de acuerdo con la Ley o cuando la Constitución o la Ley exijan la intervención un órgano judicial. C) Salvo en el supuesto que se suspenda la ejecución de acuerdo con la Constitución. D) Salvo en el supuesto que la suspensión del acto pueda causar perjuicio a los particulares interesados parte en el procedimiento.

122. Podemos considerar que un acto jurídico es inválido cuando: A) No produce efectos por no haber sido notificado a su destinatario. B) No produce efectos por no haber sido publicado. C) No ha sido elaborado utilizando los soportes electrónicos legalmente previstos. D) Está afectada la esencia misma del acto por estar viciado alguno de sus elementos.

123. Según la redacción del artículo 47 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, seleccione la opción que no se corresponde con actos nulos de pleno derecho. A) Los actos dictados por órgano manifiestamente incompetente por razón de la materia o del territorio. B) Los actos que limiten derechos subjetivos individuales. C) Los actos que tengan un contenido imposible. D) Los actos que sean constitutivos de infracción penal o se dicten como consecuencia de ésta.

124. Según la redacción del artículo 47 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, seleccione la opción que no se corresponde con actos nulos de pleno derecho. A) Los actos dictados prescindiendo total y absolutamente del procedimiento legalmente establecido. B) Los actos dictados prescindiendo total y absolutamente de las normas que contienen las reglas esenciales para la formación de la voluntad de los órganos colegiados. C) Los actos expresos o presuntos contrarios al ordenamiento jurídico por los que se adquieren facultades o derechos cuando se carezca de los requisitos esenciales para su adquisición. D) Cualquiera que se establezca como tal expresamente en una disposición con rango de ley o reglamentaria.

125. Según la redacción del artículo 48 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, respecto a la anulabilidad el precepto establece que: A) Son anulables los actos de la Administración que incurran en cualquier infracción del ordenamiento jurídico, salvo la desviación de poder. B) El defecto de forma sólo determinará la anulabilidad cuando el acto carezca de los requisitos formales indispensables para alcanzar su fin o dé lugar a la indefensión de los interesados. C) La realización en cualquier caso de actuaciones administrativas fuera del plazo establecido para ello implica la anulabilidad. D) Los actos dictados prescindiendo total y absolutamente del procedimiento legalmente establecido son anulables.

126. Según el artículo 98 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, cuando de una resolución administrativa nazca una obligación de pago derivada de una sanción pecuniaria, multa o cualquier otro derecho que haya de abonarse a la Hacienda pública, éste se efectuará: A) Obligatoriamente mediante transferencia o domiciliación bancarias. B) Mediante transferencia o domiciliación bancarias según opte el obligado al pago. C) Mediante transferencia bancaria, domiciliación bancaria o giro postal según opte el obligado al pago. D) Preferentemente, utilizando tarjeta de crédito y débito, transferencia bancaria o domiciliación bancaria o cualesquiera que se autoricen por el órgano competente.

127. Según el artículo 100 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, la ejecución forzosa por las Administraciones Públicas se efectuará respetando siempre el principio de proporcionalidad. La Administración podrá optar: A) Apremio sobre el patrimonio, ejecución coercitiva, multa subsidiaria o compulsión sobre el patrimonio. B) Si fueran varios los medios de ejecución admisibles se elegirán el que pueda llevarse a efecto a cabo con mayor celeridad. C) Si fueran varios los medios de ejecución admisibles se elegirán el que decida el afectado. D) Si fueran varios los medios de ejecución admisibles se elegirán el menos restrictivo de la libertad individual.

128. Según el artículo 101 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, no podrá imponerse a los administrados una obligación pecuniaria que no estuviese establecida con arreglo a: A) Una ley. B) Una norma reglamentaria. C) Una norma de rango legal o reglamentaria. D) Una norma de rango legal.

129. Según el artículo 103 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, la multa coercitiva es: A) Dependiente de las sanciones que puedan imponerse con tal carácter e incompatible con ellas. B) Dependiente de las sanciones que puedan imponerse con tal carácter y compatible con ellas. C) Independiente de las sanciones que puedan imponerse con tal carácter e incompatible con ellas. D) Independiente de las sanciones que puedan imponerse con tal carácter y compatible con ellas.

130. Según el artículo 106 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, las Administraciones Públicas declararán la nulidad de los actos administrativos que hayan puesto fin a la vía administrativa o que no hayan sido recurridos en plazo, en los supuestos previstos en el artículo 47.1: A) En cualquier momento anterior al trámite de audiencia, por iniciativa propia, y previo dictamen favorable del Consejo de Estado u órgano consultivo equivalente de la Comunidad Autónoma, si lo hubiere. B) En cualquier momento, por iniciativa propia o a solicitud de interesado, y previo dictamen favorable del Consejo de Estado u órgano consultivo equivalente de la Comunidad Autónoma, si lo hubiere. C) En cualquier momento anterior al trámite de audiencia, a solicitud de interesado, y previo dictamen favorable del Consejo de Estado u órgano consultivo equivalente de la Comunidad Autónoma, si lo hubiere. D) En cualquier momento anterior al trámite de audiencia, por iniciativa propia, y previo dictamen del Consejo de Estado u órgano consultivo equivalente de la Comunidad Autónoma, si lo hubiere.

131. Según el artículo 106 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, en relación con la revisión de disposiciones y actos nulos, cuando el procedimiento se hubiera iniciado de oficio: A) El transcurro del plazo de un mes desde su inicio sin dictarse resolución producirá la nulidad automática del acto revisado. B) El transcurro del plazo de un mes desde su inicio sin dictarse resolución permitirá la apertura de la vía jurisdiccional. C) El transcurso del plazo de seis meses desde su inicio sin dictarse resolución producirá la caducidad del mismo. D) El transcurro del plazo de tres meses desde su inicio sin dictarse resolución producirá la responsabilidad de la Administración por inactividad.

132. Según el artículo 107 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, las Administraciones Públicas podrán impugnar ante el orden jurisdiccional contencioso-administrativo, previa declaración de lesividad para el interés público: A) Los actos favorables para los interesados que sean anulables conforme a lo dispuesto en el artículo 48. B) Los actos desfavorables para los interesados que no sean anulables conforme a lo dispuesto en el artículo 48. C) Los actos favorables para los interesados que no sean anulables conforme a lo dispuesto en el artículo 48. D) Los actos desfavorables para los interesados que sean anulables conforme a lo dispuesto en el artículo 48.

133. Según el artículo 107 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, la declaración de lesividad no podrá adoptarse: A) Una vez transcurridos seis meses desde que se dictó el acto administrativo. B) Una vez transcurrido un año desde que se dictó el acto administrativo. C) Una vez transcurridos cuatro años desde que se dictó el acto administrativo. D) Una vez transcurridos dos años desde que se dictó el acto administrativo.

134. Según el artículo 112 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, contra las resoluciones y determinados actos de trámite, fundado en cualquiera de los motivos de nulidad o anulabilidad previstos en los artículos 47 y 48 de dicha Ley, podrá interponerse por los interesados: A) El recurso de alzada. B) Los recursos de alzada y extraordinario de revisión. C) Los recursos de alzada, potestativo de reposición y extraordinario de revisión. D) Los recursos de alzada y potestativo de reposición.

135. Según el artículo 113 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, contra los actos firmes en vía administrativa, sólo procederá: A) El recurso extraordinario de revisión. B) El recurso extraordinario de reposición. C) El recurso extraordinario de revisión cuando concurra alguna de las circunstancias previstas en el artículo 125.1. D) El recurso de anulación.

136. Según el artículo 121 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, las resoluciones y actos cuando no pongan fin a la vía administrativa podrán ser recurridos: A) En revisión ante el órgano que dictó el acto que se impugna. B) En alzada ante el órgano superior jerárquico del que los dictó. C) En alzada ante el mismo órgano que los dictó. D) En reposición ante el órgano superior del que lo dictó.

137. El plazo para la interposición del recurso de alzada: A) Será de un mes, si el acto fuera presunto. B) Será de un año. C) Si el acto no fuera expreso el plazo será de dos meses. D) Será de un mes, si el acto fuera expreso.

138. En virtud de lo estipulado en el artículo 125 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, puede afirmarse contra los actos firmes en vía administrativa podrá interponerse el recurso extraordinario de revisión: A) Ante el órgano administrativo que los dictó, que también será el competente para su resolución. B) Las causas que justifican el recurso son tasadas: únicamente procede por prevaricación, cohecho, violencia, maquinación fraudulenta u otra conducta punible. C) El plazo para interponer el recurso es de cinco años, siguientes a la fecha de la notificación de la resolución impugnada. D) Transcurrido el plazo de tres meses desde la interposición del recurso extraordinario de revisión sin haberse dictado y notificado la resolución, se entenderá estimado.

139. Según el artículo 117 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, la interposición de cualquier recurso, respecto a la ejecución del acto impugnado: A) Suspenderá la ejecución del acto impugnado en todo caso. B) No suspenderá la ejecución del acto impugnado excepto en los casos en que una disposición establezca lo contrario. C) No suspenderá la ejecución del acto impugnado en ningún caso. D) Excepto en los casos en que una disposición establezca lo contrario, suspenderá la ejecución del acto impugnado.

265. Los actos recurribles frente a los que podrán interponerse por los interesados los recursos de alzada o de reposición son: A) Los actos definitivos que terminan el procedimiento. B) Los actos firmes en vía administrativa. C) Los reglamentos o disposiciones administrativas de carácter general. D) Los actos de trámite ordinario.

266. Entendemos por actos de trámite cualificados: A) Actos de trámite que produzcan perjuicios. B) Actos de trámite que impulsen el procedimiento. C) Actos de trámite que produzcan indefensión. D) Actos firmes en vía administrativa.

267. Los actos de trámite que decidan directa o indirectamente en el fondo del asunto son: A) Actos de trámite cualificados. B) Actos no susceptibles de impugnación. C) Actos de impulso procesal. D) Actos procesales ordinarios.

268. Los actos de trámite que produzcan indefensión o perjuicios irreparables: A) Son actos que permiten la reclamación directa en vía judicial. B) Son actos recurribles frente a los que podrán interponerse por los interesados los recursos de alzada o de reposición. C) Son actos no susceptibles de impugnación administrativa. D) Son actos de trámite susceptibles de ser impugnados en recurso extraordinario especial.

269. Los actos que ponen fin a la vía administrativa son: A) Actos definitivos. B) Actos o resoluciones que concluyen un procedimiento. C) Susceptibles de ser impugnados mediante recurso de reposición. D) Susceptibles de ser impugnados mediante recurso de alzada.

270. Las clases de recursos administrativos que regula la Ley 39/2015: A) El recurso de alzada y el recurso extraordinario de revisión. B) El recurso de ilegalidad, el recurso de reposición y en recurso de alzada. C) El recurso potestativo de reposición, el recurso de inhibición y el recurso de alzada. D) El recurso extraordinario de revisión, el recurso de reposición y en recurso de alzada.

271. Según se desprende del artículo 114 de la Ley 39/2015 no ponen fin a la vía administrativa los siguientes actos: A) Las resoluciones de los recursos de alzada. B) Las resoluciones de los recursos de reposición. C) Las resoluciones de los órganos administrativos que carezcan de superior jerárquico, salvo que una Ley establezca lo contrario. D) La resolución administrativa de los procedimientos de responsabilidad patrimonial.

272. Según el artículo 115 de la Ley 39/2015 la interposición del recurso deberá expresar: A) La calificación del recurso por parte del recurrente. B) El nombre y apellidos del recurrente, así como su dirección de correo electrónico a efectos de notificaciones. C) El acto que se recurre y la razón de su impugnación. D) La cuantificación económica del perjuicio causado al recurrente.

273. Según el artículo 119 de la Ley 39/2015 en la resolución que resuelva el recurso: A) El órgano decidirá cuantas cuestiones, tanto de forma como de fondo, plantee el procedimiento, hayan sido o no alegadas por los interesados. B) El órgano decidirá cuantas cuestiones de fondo, plantee el procedimiento que hayan sido alegadas por los interesados. C) El órgano decidirá cuantas cuestiones de forma, plantee el procedimiento, aunque no hayan sido alegadas por los interesados. D) El órgano que resuelva el recurso decidirá las cuestiones de forma o de fondo alegadas por los interesados.

274. El recurso de reposición es: A) Un recurso ordinario de carácter potestativo que se interpone ante el mismo órgano que dictó el acto objeto de recurso. B) Es aquel que procede contra actos administrativos que no ponen fin a la vía administrativa. C) Se puede articular sobre la base motivos tasados de disconformidad. D) Es una obligación de los particulares antes de introducirse en un largo y costoso proceso judicial.

275. Según el artículo 122 de la Ley 39/2015 contra las resoluciones de recursos de alzada: A) No cabe en modo alguno reposición. B) No cabrá ningún otro recurso administrativo. C) Sólo cabe el recurso extraordinario de revisión, en los casos establecidos en el artículo 125.1 de la Ley 39/2015. D) Se puede interponer recurso de inactividad por silencio negativo.

276. Según el artículo 122 de la Ley 39/2015, respecto al plazo para presentar la reposición: A) El plazo es de un mes desde la notificación cuando se trata de actos expresos. B) El plazo computa de fecha a fecha desde el día de la notificación salvo que ese día sea inhábil. C) El plazo es de veinte días desde la notificación cuando se trata de actos expresos. D) Son válidas las dos primeras opciones.

277. En cuanto al plazo para recurrir en caso de silencio administrativo, el artículo 124.1 de la Ley 39/2015 establece que: A) Tanto el solicitante como otros posibles interesados, pueden interponer el recurso de reposición en cualquier momento a partir del día siguiente a aquel en que se produzca el acto presunto. B) El interesado puede interponer el recurso de reposición en cualquier momento a partir del día siguiente a aquel en que se produzca el acto presunto. C) El interesado puede interponer el recurso de reposición en el plazo es de un mes desde el día siguiente a aquel en que se produzca el acto presunto. D) Los posibles interesados pueden interponer el recurso de reposición en el plazo de dos meses a partir del día siguiente a aquel en que se produzca el acto presunto.

278. Según el artículo 124.2 de la Ley 39/2015, en relación con los plazos para resolver y notificar: A) El plazo es de un mes desde que el recurso tiene entrada en cualquier registro administrativo. B) El plazo es de un mes desde que el recurso tiene entrada en el registro del órgano competente para resolverlo. C) El plazo es de un mes desde que el recurso se admite a trámite por el órgano encargado de resolver el recurso. D) El plazo es de veinte días desde que el recurso tiene entrada en cualquier registro administrativo.

279. El efecto de la falta de resolución y notificación en plazo, conforme al artículo 24.1de la Ley 39/2015 es: A) El silencio administrativo positivo. B) La estimación de la pretensión del recurso si reclama derechos individuales. C) El silencio administrativo negativo. D) La caducidad del procedimiento en vía de recurso.

280. Según el artículo 14 del Texto Refundido de la Ley de Haciendas Locales, aprobado por Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, el recurso de reposición es: A) Obligatorio y no potestativo en todos los casos. B) Obligatorio y no potestativo excepto en los municipios de gran población. C) De trámite, contra la resolución de este recurso de reposición podrá interponerse de nuevo dicho recurso. D) Potestativo en todos los casos.

281. El recurso de alzada se caracteriza: A) Por tener carácter jerárquico. B) Por agotar la vía administrativa respecto de aquellos actos y resoluciones que por sí no la agoten. C) Por constituir un presupuesto necesario o condición para poder interponer el recurso contencioso-administrativo. D) Son válidas las tres opciones.

282. En relación con la evolución de este recurso, debemos señalar: A) Se estableció en la Ley de Procedimiento Administrativo de 1958. B) Se estableció en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo. C) La Ley 4/1999, de 13 de enero, lo estableció como recurso ordinario. D) La Ley 39/2015, de 1 de octubre, le otorga carácter potestativo.

283. Según el artículo 114 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre no cabe recurrir en alzada: A) Las resoluciones y los actos de trámite ordinario. B) Las disposiciones administrativas de carácter general. C) Los acuerdos, pactos, convenios o contratos que no tengan la consideración de finalizadores del procedimiento. D) Las dos primeras opciones son válidas.

284. El órgano competente para la interposición del recurso de alzada es: A) El órgano que dictó el acto que se impugna. B) El órgano competente para resolverlo. C) El órgano que dictó el acto que se impugna o el competente para resolverlo. D) El órgano que autorizó el acto que se impugna.

285. Los plazos de interposición del recurso de alzada son los siguientes según el artículo 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre: A) Cuando el acto que se impugna es expreso, el plazo para la interposición del recurso de alzada será de un mes. B) En los actos presuntos el solicitante podrá recurrir en cualquier momento a partir del día siguiente a aquel en que se produzcan los efectos del silencio administrativo. C) Otros posibles interesados podrán interponer recurso de alzada en el plazo de dos meses a partir del día siguiente a aquel en que se produzcan los efectos del silencio administrativo. D) En cualquier caso la interposición del recurso habrá de verificarse a los veinte días de la notificación o del efecto del acto administrativo.

286. Las consecuencias de no interponer el recurso en el plazo legalmente establecido implican que: A) La resolución será firme a todos los efectos. B) No es admisible el recurso contencioso-administrativo. C) Podrá interponerse recurso por inactividad. D) Las dos primeras opciones son correctas.

287. ¿Cuándo procede el recurso extraordinario de revisión según el artículo 113 de la Ley 39/2015?. A) Cuando estemos ante un acto administrativo que no sea firme. B) Cuando el interesado no esté conforme con la resolución, en cualquier caso. C) Cuando se trate de actos firmes en vía administrativa y concurra alguna de las circunstancias del artículo 125.1. D) Únicamente cuando lo autorice el órgano que dictó el acto.

288. ¿Cuál de estas afirmaciones es la correcta en relación con las causas de inadmisión de un recurso administrativo previstas en el artículo 116 de la Ley 39/2015?. A) Que el recurso sea interpuesto por una persona jurídica. B) Que el recurso se presente en otra Administración. C) Haber transcurrido el plazo para la interposición del recurso. D) Las dos primeras opciones son correctas.

164. ¿Qué entendemos por procedimiento contencioso administrativo?. A) El procedimiento judicial que se interpone contra las disposiciones de carácter general y contra los actos expresos y presuntos de la Administración Pública (central, autonómica o local) que pongan fin a la vía administrativa. B) El procedimiento que se interpone contra las disposiciones de carácter general y contra los actos expresos y presuntos de la Administración Pública (central, autonómica o local) que pongan fin a la vía administrativa. C) El procedimiento judicial que se interpone contra las disposiciones de carácter general y contra los actos expresos de la Administración Pública (central, autonómica o local) que pongan fin a la vía administrativa. D) El procedimiento judicial que se interpone contra los actos expresos y presuntos de la Administración Pública (central, autonómica o local) que pongan fin a la vía administrativa.

165. La normativa aplicable al recurso contencioso administrativo se recoge en... A) La Ley 29/1998, de 13 de julio. B) La Ley de 27 de diciembre de 1956. C) La Ley 30/1992, de 26 de noviembre. D) La Ley 39/2015, de 1 de octubre.

166. Según establece al regular el objeto del recurso contencioso - administrativo, el artículo 25 de la Ley 29/98, de 13 de julio, refiere que la actividad administrativa impugnable comprende: A) Las pretensiones en relación con actos, que pretenden su anulación y la declaración de la responsabilidad de la Administración. B) Las pretensiones en relación con actos, que pretenden su anulación, la declaración de la responsabilidad de la Administración y la obtención de reparación por el perjuicio. C) Las disposiciones de carácter general y los actos expresos y presuntos de la Administración General del Estado. D) Las disposiciones de carácter general y los actos expresos y presuntos de la Administración Pública que pongan fin a la vía administrativa, ya sean definitivos o de trámite.

167. La vía de hecho en el Derecho Administrativo hace referencia a: A) La actuación por órgano manifiestamente incompetente. B) La actuación administrativa realizada al margen del procedimiento legalmente establecido. C) La actuación de la Administración fuera de su ámbito de su competencia. D) Las tres opciones son válidas.

168. Según el artículo 30 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, en caso de vía de hecho: A) El interesado podrá formular recurso contencioso - administrativo contra la Administración actuante sin necesidad de requerimiento. B) El interesado podrá formular requerimiento a la Administración actuante, intimando su cesación. C) El interesado deberá formular requerimiento a la Administración actuante, intimando su cesación. D) Las dos primeras opciones son correctas.

169. Según se desprende del artículo 106 de la Constitución española, la jurisdicción Contencioso - administrativa tiene una naturaleza: A) Esencialmente revisora de la actuación administrativa previa. B) Esencialmente reparatoria, para paliar los perjuicios que puedan sufrir los particulares por la actividad irregular de la Administración. C) Esencialmente reparatoria, para paliar los perjuicios que puedan sufrir los articulares por la actividad normal o anormal de la Administración. D) Esencialmente punitiva, para frenar los excesos de la actuación de la Administración.

170. En el apartado II de la Exposición de Motivos de la Ley 29/1998, de 13 de julio, se establece que el ámbito y extensión de la Jurisdicción Contencioso - administrativa, de conformidad con el artículo 106.1 de la Constitución es: A) El control de la potestad reglamentaria y de la legalidad de la actuación administrativa sujeta a Derecho Administrativo. B) El control de la potestad reglamentaria y de la legalidad de la actuación administrativa excepcionando los actos políticos. C) El control de la potestad reglamentaria y de la legalidad de toda la actuación administrativa. D) El control de la potestad reglamentaria y de los actos políticos del Gobierno.

171. La Ley 29/1998, de 13 de julio, señala en términos positivos una serie de aspectos sobre los que en todo caso siempre será posible el control judicial, por amplia que sea la discrecionalidad de la resolución gubernamental: A) Los derechos fundamentales, los elementos reglados del acto y la determinación de las indemnizaciones procedentes. B) Los derechos fundamentales, los conflictos de atribuciones entre órganos de una misma Administración y la determinación de las indemnizaciones procedentes. C) Los derechos fundamentales, los compromisos internacionales y la determinación de las indemnizaciones procedentes por el funcionamiento de la Administración. D) Los derechos fundamentales y los conflictos de jurisdicción entre los Juzgados y Tribunales y la Administración pública.

172. Según el artículo 3 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, no corresponden al orden jurisdiccional contencioso - administrativo: A) El recurso contencioso - disciplinario militar. B) La protección jurisdiccional de los derechos fundamentales. C) Los contratos administrativos. D) La responsabilidad patrimonial de las Administraciones Públicas.

173. Según el artículo 5 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, la Jurisdicción Contencioso - administrativa es improrrogable: A) Aunque puede ser ampliada mediante acuerdo expreso de las partes para someterle cualquier discrepancia relativa a las atribuciones de competencias de las distintas Administraciones. B) No puede ser ampliada sin previo informe del Ministerio Fiscal fuera de lo establecido en la ley, sin que quepa, en consecuencia, pacto de sumisión expresa. C) No puede ser ampliada fuera de lo establecido en la ley, aunque pueden darse supuestos de "prorrogatio fori" si la entidad administrativa contesta una demanda. D) La jurisdicción contenciosa no puede extenderse a más supuestos de los contemplados en la ley, sin que quepa, en consecuencia, la sumisión expresa o "prorrogatio fori".

174. Según el artículo 5 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, en relación con la competencia establece que los órganos de este orden jurisdiccional apreciarán de oficio la falta de jurisdicción y resolverán sobre la misma: A) Previa audiencia del Ministerio Fiscal por plazo común de diez días. B) Previa audiencia de las partes y del Ministerio Fiscal por plazo común de diez días. C) Previa audiencia de la parte demandada por plazo de diez días. D) Previa audiencia de las partes y del Abogado del Estado por plazo común de diez días.

175. En cuanto a la representación y defensa el artículo 23 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, distingue entre órganos colegiados y unipersonales. A) En relación con los órganos colegiados únicamente el abogado es necesario. B) En relación con los órganos colegiados, procurador y abogado son obligatorios, en los unipersonales el procurador es potestativo y el abogado obligatorio. C) En relación con los órganos unipersonales, procurador y abogado son obligatorios. D) En relación con los órganos unipersonales, únicamente ejerce la representación el abogado.

176. La Jurisdicción Contencioso - administrativa no conocerá de: A) La protección jurisdiccional de los derechos fundamentales en relación con los actos del Gobierno. B) Los efectos y extinción de los contratos privados que celebre la Administración. C) La responsabilidad patrimonial de la Administración derivada de una relación sujeta al Derecho privado. D) Los actos en materia de personal, administración y gestión patrimonial sujetos al Derecho público adoptados por los órganos competentes del Senado.

177. Según el artículo 7 de la Ley 29/1998, de 13 de abril, la declaración de incompetencia de los órganos de la Jurisdicción Contencioso - administrativa adoptará la forma de. A) Providencia. B) Decreto. C) Auto. D) Sentencia.

178. Según el artículo 23 de la Ley 29/1998, de 13 de abril, los funcionarios públicos podrán comparecer por sí mismos en defensa de sus derechos estatutarios: A) En cualquier caso si se trata de órganos unipersonales. B) Cuando se refieran a cuestiones de personal que no impliquen separación de empleados públicos inamovibles. C) Cuando se refieran a cuestiones relativas al desempeño de sus responsabilidades. D) Cuando así lo autorice su superior jerárquico.

179. La Ley 29/1998, de 13 de julio, en orden a la simplificación de trámites: A) La Ley no contempla la reclamación previa en vía civil. B) La Ley no contempla la reclamación previa en vía laboral. C) La Ley contempla las reclamaciones previas en vía laboral y la reclamación administrativa previa en materia de prestaciones de Seguridad Social. D) La Ley no contempla las reclamaciones previas en vía civil y en vía laboral.

180. Según el artículo 78 de la Ley 29/1988, de 13 de julio, se tramitarán por el procedimiento abreviado, los asuntos de su competencia que se susciten sobre cuestiones: A) Cuya cuantía no supere los 15.000 euros. B) Cuya cuantía no supere los 20.000. C) Cuya cuantía no supere los 25.000. D) Cuya cuantía no supere los 30.000.

181. Según el artículo 6 de la Ley 29/1988, de 13 de julio, el orden jurisdiccional contencioso - administrativo se halla integrado por los siguientes órganos (Téngase en cuenta que las referencias realizadas en esta ley a los Juzgados de lo Contencioso - Administrativo se entenderán referidas a las Secciones del orden jurisdiccional contencioso de los Tribunales de Instancia según establece la disposición adicional primera de la Ley Orgánica 1/2025, de 2 de enero. Ref. BOE -A- 2025 - 76): A) Juzgados de lo Contencioso - administrativo, Salas de lo Contencioso - administrativo de los Tribunales Superiores de Justicia, de la Audiencia Nacional y del Tribunal Supremo. B) Juzgados de lo Contencioso - administrativo, Juzgados Centrales, Salas de lo Contencioso - administrativo de los Tribunales Superiores de Justicia y del Tribunal Supremo. C) Juzgados de lo Contencioso - administrativo, Juzgados Centrales de lo Contencioso administrativo, Salas de lo Contencioso - administrativo de los Tribunales Superiores de Justicia, Sala de lo Contencioso - administrativo de la Audiencia Nacional y Sala de lo Contencioso - administrativo del Tribunal Supremo. D) Juzgados de lo Contencioso - administrativo, Salas de lo Contencioso - administrativo de las Audiencias Territoriales, de la Audiencia Nacional y del Tribunal Supremo.

182. Según el artículo 72.3 de la Ley 29/1988, de 13 de julio, respecto de las sentencias estimatorias: A) Las que estiman pretensiones de reconocimiento o restablecimiento de una situación jurídica individualizada sólo producirán efectos entre las partes. B) Las que estiman pretensiones de reconocimiento o restablecimiento de una situación jurídica individualizada producirán efectos erga omnes. C) Los efectos de las sentencias estimatorias podrán aplicarse a terceros, en todo caso, si se ejercita la acción en el plazo de un año. D) Los efectos de las sentencias estimatorias podrán aplicarse a terceros, en todo caso, si a petición del Ministerio Fiscal se solicita la extensión de sus pronunciamientos.

183. Según el artículo 8 de la Ley 29/1988, de 13 de julio, las Secciones de lo Contencioso - administrativo de los Tribunales de Instancia serán competentes para conocer: A) de los recursos que se deduzcan frente a los actos de las entidades locales o de las entidades y corporaciones dependientes o vinculadas a las mismas, excluidas las impugnaciones de cualquier clase de instrumentos de planeamiento urbanístico. B) De las autorizaciones para la entrada en domicilios y otros lugares constitucionalmente protegidos, que haya sido acordada por la Administración Tributaria en el marco de una actuación o procedimiento de aplicación de los tributos. C) Las dos primeras opciones son correctas. D) Ninguna es correcta.

184. Según el artículo 10 de la Ley 29/1988, de 13 de julio, los recursos contra las resoluciones dictadas por el Tribunal Económico - Administrativo Central en materia de tributos cedidos, serán resueltos por: A) Las Salas de lo Contencioso - Administrativo de los Tribunales Superiores de Justicia. B) La Sala de lo Contencioso - administrativo de la Audiencia Nacional. C) La Sala de lo Contencioso - administrativo del Tribunal Supremo. D) La Sala de lo Contencioso - administrativo de la Audiencia Territorial.

185. ¿Cuál de estas afirmaciones es la correcta en relación con la determinación de la competencia territorial según el artículo 14 apartado 1 de la Ley 29/1998?. A) Con carácter general, será competente el órgano jurisdiccional de la provincia donde resida habitualmente el demandado. B) Con carácter general, será competente el órgano jurisdiccional en cuya circunscripción tenga su sede el órgano que hubiere dictado la disposición o el acto originario impugnado. C) Con carácter general, será competente el órgano jurisdiccional donde se haya producido el daño material evaluable. D) Con carácter general, será competente el órgano jurisdiccional del territorio que decida el Consejo General del Poder Judicial.

186. ¿En qué supuestos conocerán los Juzgados de lo Contencioso - administrativo de las autorizaciones para la entrada en domicilios y restantes lugares cuyo acceso requiera el consentimiento de su titular según el artículo 8 apartado 6 de la Ley 29/1998? (Téngase en cuenta que las referencias realizadas en esta ley a los Juzgados de lo Contencioso - Administrativo se entenderán referidas a las Secciones del orden jurisdiccional contencioso de los Tribunales de Instancia según establece la disposición adicional primera de la Ley Orgánica 1/2025, de 2 de enero. Ref. BOE -A- 2025 - 76): A) Siempre que ello proceda para la ejecución forzosa de actos de particulares. B) Cuando proceda para la ejecución forzosa de actos administrativos, salvo que se trate de la ejecución de medidas de protección de menores acordadas por la Entidad Pública competente. C) Únicamente cuando la entrada sea solicitada en el marco de una investigación criminal por los cuerpos de seguridad. D) Ninguna de las opciones es correcta.

187. Según el artículo 10 apartado 1 a) En qué grado o instancia conocen las Salas de lo Contencioso - Administrativo de los Tribunales Superiores de Justicia de los recursos contra actos de Entidades locales y de Comunidades Autónomas que no estén atribuidos a los Juzgados? (Téngase en cuenta que las referencias realizadas en esta ley a los Juzgados de lo Contencioso - Administrativo se entenderán referidas a las Secciones del orden jurisdiccional contencioso de los Tribunales de Instancia según establece la disposición adicional primera de la Ley Orgánica 1/2025, de 2 de enero. Ref. BOE - A- 2025 - 76): A) En única instancia. B) En primera instancia, admitiendo recurso ordinario de apelación ante el Tribunal Supremo. C) En vía de recurso de alzada administrativo previo a la vía judicial. D) En segunda instancia, conociendo únicamente de los recursos de queja.

188. El proceso contencioso - administrativo se interpone: A) Contra los actos expresos y presuntos de la Administración Pública ya sea central, autonómica o local. B) Contra las disposiciones de carácter general y contra los actos expresos y presuntos de la Administración Pública (central, autonómica o local) que pongan fin a la vía administrativa. C) Contra las disposiciones con rango de ley contra los actos expresos y presuntos de la Administración General del Estado. D) Contra las disposiciones y actuaciones sujetas al Derecho Administrativo de la Administración General del Estado.

189. La Jurisdicción Contencioso - administrativa conocerá de las pretensiones que se articulen en relación con la actuación: A) De la Administración Central regida por el Derecho Administrativo y de las disposiciones por ella elaboradas con rango inferior a la ley. B) De la Administración Pública, regida por el Derecho Administrativo y de las disposiciones por ella elaboradas con rango de ley. C) De la Administración General, regida por el Derecho Administrativo y de las disposiciones por ella elaboradas con rango de ley. D) De la Administración Pública, regida por el Derecho Administrativo y de las disposiciones por ella elaboradas con rango inferior a la ley.

190. Según el artículo 19 de la Ley 29/1998, están legitimados ante el orden jurisdiccional contencioso - administrativo: A) Aquellos sujetos de derecho que ostenten un derecho o interés legítimo en la anulación del acto o disposición administrativa. B) Las personas físicas que ostenten un derecho o interés legítimo. C) Las personas en cuyo favor derivasen derechos del acto o disposición impugnados. D) Cualquier ciudadano con un interés legítimo en la defensa de la legalidad administrativa.

191. Según el artículo 18 de la Ley 29/1998, tienen capacidad procesal en el procedimiento contencioso - administrativo: A) Los menores de edad que estén emancipados. B) Las entidades aptas para ser titulares de derechos y obligaciones debidamente integradas en las estructuras formales de las personas jurídicas. C) Por sí mismos los mayores de edad aunque estuvieran incapacitados. D) Los menores de edad asistidos por sus representantes legales o tutores.

192. Según el artículo 40 de la Ley 29/1998, las partes podrán exponer su parecer al respecto de la cuantía de la demanda: A) En sus escritos de demanda y contestación. B) Cuando no se haga constar en la demanda y contestación, a requerimiento del Secretario judicial, mediante escrito. C) Si no se hace constar en la demanda o en la contestación, no puede ser alegado posteriormente por preclusión. D) Las dos primeras opciones son correctas.

193. Según el artículo 31 de la Ley 29/1998, el demandante ante la Jurisdicción Contencioso - administrativa podrá pretender: A) La declaración de que los actos impugnados no son conformes a Derecho y, en su caso, la anulación de los mismos. B) La declaración de que las disposiciones legales impugnadas no son conformes a Derecho y, en su caso, la anulación de las mismas. C) El reconocimiento de la responsabilidad dolosa y la negligencia del órgano administrativo actuante. D) La obligación de indemnizar daños y perjuicios de la persona responsable del acto impugnado.

194. Según el artículo 24 de la Ley 29/1998, la representación y defensa de las Administraciones Públicas y de los órganos constitucionales se rige por: A) La Ley Orgánica del Poder Judicial y la Ley de Asistencia Jurídica al Estado e Instituciones Públicas. B) Por las normas que sobre la materia y en el marco de sus competencias hayan dictado las Comunidades Autónomas. C) Por lo establecido en la Ley 39/2015, de 1 de octubre. D) Las dos primeras opciones son correctas.

195. Según el artículo 26 de la Ley 29/1998, en el orden jurisdiccional contencioso administrativo, la falta de impugnación directa de una disposición general o la desestimación del recurso que frente a ella se hubiera interpuesto: A) Permite la impugnación de los actos en aplicación de las mismas por no ser estas conformes a Derecho. B) No permite la impugnación directa de los actos de aplicación de las mismas. C) Impide la impugnación de los actos de aplicación pero permite reclamar la responsabilidad patrimonial de la administración. D) Ninguna acción se permite si el recurso es desestimado.

196. Según el artículo 42 de la Ley 29/1998, en el orden jurisdiccional contencioso administrativo, cuando el demandante solicite solamente la anulación del acto, para fijar la cuantía del recurso: A) Se tendrá en cuenta el débito principal. B) Se tendrá en cuenta el débito principal más los recargos. C) Se tendrá en cuenta el débito principal más las costas. D) Se tendrá en cuenta el débito principal más los recargos y las costas.

197. Fijará la cuantía del recurso contencioso - administrativo, según el artículo 40 de la Ley 29/1998: A) El órgano jurisdiccional. B) Las partes en el procedimiento. C) El Secretario Judicial. D) El acuerdo de las partes ante el Secretario judicial.

198. Según el artículo 21 de la Ley 29/1998, si el demandante fundara sus pretensiones en la ilegalidad de una disposición general: A) Se considerará también parte demandada a la Administración autora de la misma, aunque no proceda de ella la actuación recurrida. B) Se considerará también parte demandada a la Administración autora de la misma, si procede de ella la actuación recurrida. C) Se considerará también parte demandada a la Administración que autoriza la actuación que aplica la norma impugnada. D) Se considerará también parte demandada al órgano superior jerárquico a aquel que aplica la norma impugnada.

199. En relación con la legitimidad procesal, la figura del coadyuvante: A) Se mantiene únicamente en el procedimiento ordinario. B) Se mantiene su intervención en los procedimientos especiales. C) Dicha figura no se mantiene en la Ley 29/1998. D) Únicamente interviene ante el Tribunal Supremo.

200. La Ley 29/1998 regula distintos procedimientos en el orden contencioso administrativo. Entre ellos, los procedimientos especiales, entre los que no se encuentra: A) Procedimiento para la protección de los derechos fundamentales. B) Procedimiento electoral. C) Procedimiento en los casos de suspensión administrativa previa de acuerdos. D) La cuestión de ilegalidad.

201. Según el artículo 44 de la Ley 29/1998 en los litigios entre Administraciones Públicas: A) Habrá de interponerse recurso de reposición. B) Se dirigirá al órgano administrativo competente escrito razonado exigiendo un comportamiento ajustado a la legalidad. C) No cabrá interponer recurso en vía administrativa. D) Podrá requerirse al órgano administrativo concernido previamente para que derogue la disposición, anule o revoque el acto.

202. Según el artículo 78 de la Ley 29/1998 el procedimiento abreviado se sustanciará ante (Téngase en cuenta que las referencias realizadas en esta ley a los Juzgados de lo Contencioso - Administrativo se entenderán referidas a las Secciones del orden jurisdiccional contencioso de los Tribunales de Instancia según establece la disposición adicional primera de la Ley Orgánica 1/2025, de 2 de enero. Ref. BOE - A- 2025 - 76): A) Los Juzgados de lo Contencioso - Administrativo y, en su caso, los Juzgados Centrales de lo Contencioso - Administrativo. B) Los Juzgados de lo Contencioso - Administrativo. C) Los Juzgados Centrales de lo Contencioso - Administrativo. D) Los Juzgados de lo Contencioso - Administrativo y las Sala de lo Contencioso de los Tribunales Superiores de Justicia.

203. De entre los procedimientos siguientes señale aquellos que no se tramitan mediante procedimiento abreviado según el artículo 78 de la Ley 29/1998: A) Las cuestiones de personal al servicio de las Administraciones Públicas. B) Las cuestiones sobre extranjería. C) La inadmisión de peticiones de asilo político. D) Las cuestiones sobre protección de derechos fundamentales.

204. El procedimiento abreviado se utilizará en aquellas cuestiones cuya cuantía no supere: A) Los 30.000 euros. B) Los 50.000 euros. C) Los 60.000 euros. D) Los 25.000 euros.

205. En el orden jurisdiccional contencioso - administrativo, en relación con la ejecución de sentencias: A) Podrá suspenderse el cumplimiento. B) No podrá suspenderse el cumplimiento, pero sí declararse la inejecución total o parcial del fallo. C) No podrá suspenderse el cumplimiento ni declararse la inejecución total o parcial del fallo. D) Podrá declararse la inejecución total o parcial del fallo.

206. Según el artículo 84 de la Ley 29/1998, la interposición de un recurso de apelación: A) No impedirá la ejecución provisional de la sentencia recurrida. B) No permitirá la ejecución provisional de la sentencia. C) Únicamente podrá acordarse la ejecución provisional a petición de la Administración Pública concernida. D) Únicamente podrá acordarse la ejecución provisional a petición del particular que haya obtenido sentencia favorable.

207. Según el artículo 105 de la Ley 29/1998, en relación con la ejecución de las sentencias: A) Podrá declararse la inejecución total del fallo. B) No podrá suspenderse el cumplimiento ni declararse la inejecución total o parcial del fallo. C) Podrá suspenderse el cumplimiento por razones de interés general. D) Podrá suspenderse el fallo previo acuerdo de las partes y aprobación del Secretario judicial.

208. Según el artículo 108 de la Ley 29/1998, en el procedimiento contencioso administrativo si la sentencia condenare a la Administración a realizar una determinada actividad o a dictar un acto, el Juez o Tribunal podrá, en caso de incumplimiento: A) Ejecutar la sentencia a través de sus propios medios. B) Ejecutar la sentencia requiriendo la colaboración de las autoridades y agentes de la Administración condenada. C) Ejecutar la sentencia requiriendo la colaboración de las autoridades y agentes de otras Administraciones públicas, en defecto de la anterior. D) Todas son correctas.

209. Según el artículo 108 de la Ley 29/1998, si la sentencia condenare a la Administración a realizar una determinada actividad o a dictar un acto, el Juez o Tribunal podrá, en caso de incumplimiento: A) Acordar a ejecución subsidiaria con cargo a la Administración condenada. B) Iniciar un nuevo procedimiento por responsabilidad patrimonial de la Administración. C) Requerir y apercibir a la Administración incumplidora. D) Iniciar los oportunos procedimientos penales.

210. Según el artículo 108 de la Ley 29/1998, si la Administración realizare alguna actividad que contraviniera los pronunciamientos del fallo: A) El Juez o Tribunal, a instancia de los interesados, procederá a reponer la situación al estado exigido por el fallo. B) El Juez o Tribunal, de oficio, procederá a reponer la situación al estado exigido por el fallo. C) El Juez o Tribunal, de oficio o a instancia de los interesados, procederá a reponer la situación al estado exigido por el fallo. D) El Juez o Tribunal apercibirá a la Administración incumplidora e iniciará acciones penales.

211. Según el artículo 68 de la Ley 29/1998, la sentencia pronunciará alguno de los fallos siguientes: A) Inadmisibilidad, estimación o desestimación del recurso contencioso - administrativo. B) Estimación o desestimación del recurso contencioso - administrativo. C) La sentencia podrá contener además el pronunciamiento que corresponda respecto de las costas. D) Pronunciamiento sobre la incompetencia del órgano jurisdiccional.