A1 Temas 17 - 24

377. Es objeto de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, la regulación del régimen jurídico aplicable a: A) Los efectos, cumplimiento y extinción de los contratos administrativos, en atención a los fines institucionales de carácter público que a través de los mismos se tratan de realizar. B) Los efectos y cumplimiento de los contratos administrativos, en atención a los fines institucionales de carácter público que a través de los mismos se tratan de realizar. C) Los efectos y cumplimiento de los contratos administrativos, en atención a los fines institucionales de carácter público o privado que a través de los mismos se tratan de realizar. D) Los efectos, cumplimiento y extinción de los contratos administrativos, en atención a los fines institucionales de carácter público o privado que a través de los mismos se tratan de realizar.

378. La Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, en su artículo 1 establece que tiene por objeto regular la contratación del sector público, a fin de garantizar que la misma se ajusta a los principios de: A) Publicidad, transparencia, eficacia y eficiencia en la contratación pública. B) Eficacia y eficiencia en la contratación. C) No discriminación e igualdad de trato entre los licitadores y coordinación entre las Administraciones Públicas. D) Libertad de acceso a las licitaciones, publicidad y transparencia de los procedimientos, y no discriminación e igualdad de trato entre los licitadores.

379. Según el artículo 1.3 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, se facilitará el acceso a la contratación pública de: A) Las pequeñas empresas. B) Las pequeñas y medianas empresas. C) Las medianas empresas. D) Las pequeñas y medianas empresas y empresas de economía social.

380. A los efectos de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, se considera que forman parte del sector público (señale la incorrecta): A) La Administración General del Estado. B) Las Administraciones de las Comunidades Autónomas y las Ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla. C) Las Entidades que integran la Administración Local. D) La Administración del Peñón de Gibraltar.

381. Según el artículo 3 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, y a los efectos de la misma, tendrán la consideración de Administraciones Públicas las siguientes entidades: A) Las Mutuas colaboradoras con la Seguridad Social. B) Los partidos políticos, así como organizaciones sindicales, y las organizaciones empresariales y asociaciones profesionales, cuando ejerzan potestades públicas. C) Los consorcios y otras entidades de Derecho Público, siempre que, pudiéndose considerar poderes adjudicadores, no se financien mayoritariamente con ingresos de mercado. D) Las Entidades Públicas Empresariales a las que se refiere la Ley 40/2015, y cualesquiera entidades de Derecho público con personalidad jurídica propia vinculadas a un sujeto que pertenezca al sector público o dependientes del mismo.

382. El artículo 3.3 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, se considerarán poderes adjudicadores, a efectos de esta Ley, una serie de entidades, en las que no se entiende incluida: A) Las Administraciones Públicas. B) Las fundaciones públicas. C) Las Mutuas colaboradoras con la Seguridad Social. D) Las asociaciones que se constituyan por fundaciones privadas.

383. Se entenderá que un contrato tiene carácter oneroso, según dispone el artículo 2 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, en los casos en que: A) El contratista obtenga algún tipo de beneficio económico de forma directa. B) El contratante obtenga algún tipo de beneficio económico, ya sea de forma directa o indirecta. C) El contratista obtenga algún tipo de beneficio económico, ya sea de forma directa o indirecta. D) El contratante obtenga algún tipo de beneficio económico de forma directa.

384. La Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, dispone en su artículo 4 que las relaciones jurídicas, negocios y contratos excluidos del ámbito de la presente Ley: A) Se regirán únicamente por sus normas especiales. B) Se regirán por sus normas especiales, aplicándose los principios de esta Ley para resolver las dudas y lagunas que pudieran presentarse. C) Se regirán por la Ley de Contratos del Sector Público, aplicándose los principios de sus propias normas para resolver las dudas y lagunas que pudieran presentarse. D) Se regirán por sus normas especiales y las disposiciones de desarrollo que se establezcan.

385. Según se desprende del artículo 11 ¿Cuál de los siguientes tipos de contratos están excluidos del ámbito de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014?. A) Contrato de concesión de obras. B) Contrato relativo a servicios de arbitraje y conciliación. C) Contrato de servicios. D) Contrato de suministros.

386. El artículo 6 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, dispone que las encomiendas de gestión reguladas en la legislación vigente en materia de régimen jurídico del sector público: A) Quedan incluidas en el ámbito de la presente Ley. B) Quedan excluidas del ámbito de la presente Ley cuando se deleguen actividades a órganos de la misma administración. C) Quedan excluidas del ámbito de la presente Ley. D) Quedan excluidas del ámbito de la presente Ley cuando se deleguen actividades a órganos de distinta administración.

387. El artículo 9 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, dispone que las autorizaciones y concesiones sobre bienes de dominio público y los contratos de explotación de bienes patrimoniales distintos a los definidos en el artículo 14: A) Se encuentran excluidas de la presente Ley y se regularán por su legislación específica salvo en los casos en que expresamente se declaren de aplicación las prescripciones de la presente Ley. B) Se encuentran incluidas en la presente Ley, y solo se regularán por su legislación específica para resolver las dudas y lagunas que pudieran presentarse. C) Se encuentran excluidas de la presente Ley y se regularán únicamente por su legislación específica. D) Se encuentran incluidas en la presente Ley pero se regularán por su legislación específica y únicamente por la presente Ley en los casos en que expresamente se declaren de aplicación sus preceptos.

388. Según el artículo 11 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, quedan excluidos del ámbito de la presente Ley: A) Las relaciones jurídicas consistentes en la prestación de un servicio público o privado cuya utilización por los usuarios requiera el abono de una tarifa, tasa o precio público. B) Los contratos por los que una entidad del sector privado se obligue a entregar bienes o derechos o a prestar algún servicio, sin perjuicio de que el adquirente sea una entidad del sector público o privado. C) La prestación de servicios sociales por entidades públicas. D) La relación de servicio de los funcionarios públicos y los contratos regulados en la legislación laboral.

389. El artículo 14 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, dispone que en la concesión de obras la contraprestación a favor del concesionario consiste: A) Únicamente en el derecho a explotar la obra en el sentido del apartado cuarto del artículo 14. B) Únicamente en el derecho a explotar la obra acompañado del de percibir un precio. C) O bien únicamente en el derecho a explotar la obra en el sentido del apartado cuarto del artículo 14, o bien en dicho derecho acompañado del de percibir un precio. D) O bien únicamente en el derecho a explotar la obra en el sentido del apartado cuarto del artículo 14, o bien en dicho derecho sin que sea necesario que vaya acompañado del de percibir un precio.

390. El artículo 13 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, regula el contrato de obras, según el cual, son contratos de obras aquellos que tienen por objeto uno de los siguientes: A) La ejecución de una obra sin incluir la redacción del proyecto. B) La realización de alguno de los trabajos que se enumeran en el Anexo II de la Ley de Contratos del Sector Público. C) La realización, por cualquier medio, de una obra que cumpla los requisitos fijados por la entidad del sector público contratante que ejerza una influencia decisiva en el tipo o el proyecto de la obra. D) Únicamente la realización de alguno de los trabajos que se enumeran en el Anexo I de la Ley de Contratos del Sector Público.

391. En el contrato de concesión de servicios (artículo 15 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014), la contrapartida viene constituida: A) Únicamente por el derecho a explotar los servicios objeto del contrato. B) Únicamente por el derecho a explotar los servicios objeto del contrato acompañado del de percibir un precio. C) Bien por el derecho a explotar los servicios objeto del contrato o bien por dicho derecho acompañado del de percibir un precio. D) Normalmente, por el derecho a explotar los servicios objeto del contrato.

392. ¿Qué tienen por objeto los contratos de suministro del artículo 16 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014?. A) La adquisición, el arrendamiento financiero, o el arrendamiento sin opción de compra, de productos o bienes inmuebles. B) La adquisición, el arrendamiento financiero, o el arrendamiento sin opción de compra, de productos o bienes muebles. C) La adquisición, el arrendamiento financiero, o el arrendamiento, con o sin opción de compra, de productos o bienes inmuebles. D) La adquisición, el arrendamiento financiero, o el arrendamiento, con o sin opción de compra, de productos o bienes muebles.

393. Según dispone el artículo 18 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, el contrato mixto: A) Únicamente puede contener prestaciones correspondientes al contrato de obra y al contrato de suministros. B) Únicamente puede contener prestaciones correspondientes al contrato de obra y al contrato de servicios. C) Únicamente puede contener prestaciones correspondientes al contrato de suministros y al contrato de servicios. D) Será aquel que contenga prestaciones correspondientes a otro u otros de distinta clase.

394. La calificación de los contratos según el artículo 12 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014: A) Todos los contratos pertenecientes al sector público se calificarán de acuerdo con las normas contenidas en esta Ley. B) Todos los contratos pertenecientes al Sector Público se calificarán según las normas de derecho administrativo o de. C) Los contratos de obras, concesión de obras, concesión de servicios, suministro y servicios que celebren las entidades pertenecientes al sector público se calificarán de acuerdo con las normas contenidas la presente sección. D) Los contratos de obras, concesión de obras, concesión de servicios, suministro y servicios que celebren las entidades pertenecientes al sector público se calificarán según las normas de derecho administrativo o de derecho privado que les sean de aplicación.

395. Quedan excluidos del ámbito de aplicación de la Ley de Contratos del Sector Público, los convenios cuyo contenido no esté comprendido en el de los contratos regulados en esta Ley o en normas administrativas especiales celebrados entre sí por: (señale la incorrecta). A) La Administración General del Estado. B) Las Comunidades autónomas y las Ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla. C) Las Entidades Gestoras y los Servicios Comunes de la Seguridad Social. D) Las entidades sin personalidad jurídica privada.

396. Estarán excluidos del ámbito de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, según dispone el artículo 6, los convenios que celebren las entidades del sector público con personas físicas o jurídicas sujetas al: A) Derecho público, siempre que su contenido esté comprendido en el de los contratos regulados en esta Ley o en normas administrativas especiales. B) Derecho privado, siempre que su contenido no esté comprendido en el de los contratos regulados en esta Ley o en normas administrativas especiales. C) Derecho público, siempre que su contenido no esté comprendido en el de los contratos regulados en esta Ley o en normas administrativas especiales. D) Derecho privado, siempre que su contenido esté comprendido en el de los contratos regulados en esta Ley o en normas administrativas especiales.

397. Con carácter general, según la LCSP, son contratos sujetos a regulación armonizada: A) Todos los contratos del sector público, con independencia de su cuantía. B) Los contratos de obras, concesión de obras, concesión de servicios, suministro y servicios cuyo valor estimado alcance o supere los umbrales previstos en la LCSP y siempre que la entidad contratante sea poder adjudicador. C) Únicamente los contratos administrativos especiales celebrados por las Administraciones Públicas. D) Solo los contratos financiados total o parcialmente con fondos de la Unión Europea.

398. Con carácter general, según la LCSP, los contratos de obras, concesión de obras, concesión de servicios, suministro y servicios celebrados por una Administración Pública tienen naturaleza: A) Privada, en todo caso. B) Administrativa, salvo los supuestos que la LCSP califica expresamente como contratos privados. C) Mercantil, por aplicación supletoria del Código de Comercio. D) Laboral, por asimilación a la relación de servicios.

399. En los contratos del sector público podrán incluirse cualesquiera pactos, cláusulas y condiciones, siempre que: A) No sean contrarios al interés público, al ordenamiento jurídico y a los principios de buena administración. B) Hayan sido aprobados previamente por la Junta Consultiva de Contratación Pública del Estado. C) Se limiten a reproducir literalmente el contenido de los pliegos tipo. D) Se incorporen únicamente en la fase de ejecución del contrato.

400. Con carácter general, los contratos que celebren los poderes adjudicadores se perfeccionan: A) Con la adjudicación. B) Con la formalización, salvo excepciones previstas en la LCSP (p. ej., contratos menores y contratos basados en acuerdo marco o en un sistema dinámico de adquisición). C) Con la aprobación del gasto. D) Con el inicio de la ejecución de la prestación.

401. Según la LCSP, los contratos celebrados por los poderes adjudicadores serán inválidos, entre otros supuestos, cuando: A) Concurra alguna de las causas de invalidez previstas en el Derecho civil. B) Sea inválido alguno de sus actos preparatorios o del procedimiento de adjudicación por causas de Derecho administrativo. C) La invalidez derive de la ilegalidad de su clausulado. D) Todas las anteriores.

452. En los contratos del sector público, el órgano de contratación es: A) El órgano gestor. B) El órgano competente para celebrar contratos en nombre de la entidad, determinando la voluntad contractual de la Administración. C) La Mesa de contratación. D) Siempre el máximo órgano colegiado de la entidad.

453. La capacidad de obrar para contratar con el sector público corresponde: A) Solo a las personas jurídicas. B) A las personas físicas y jurídicas que tengan plena capacidad de obrar con arreglo al ordenamiento jurídico que les sea aplicable. C) Exclusivamente a las sociedades mercantiles. D) Solo a los empresarios individuales.

454. La solvencia del empresario a efectos de contratar con el sector público se refiere a: A) Su capacidad para obtener financiación bancaria. B) Su capacidad económica y financiera y su capacidad técnica o profesional para ejecutar el contrato. C) Su ausencia de deudas tributarias. D) Su condición de empresa pública.

455. Entre las prohibiciones de contratar se incluye, con carácter general: A) Carecer de clasificación. B) Haber sido condenado mediante sentencia firme por determinados delitos vinculados a la corrupción o a la falsedad. C) No haber ejecutado nunca un contrato público. D) Tener domicilio social en otro Estado miembro de la Unión Europea.

456. El objeto del contrato debe estar definido en los pliegos y en el contrato de manera que: A) Sea genérico para permitir adjudicar distintas prestaciones. B) Responda a una necesidad concreta, sea determinado o determinable y no suponga una restricción injustificada de la competencia. C) Pueda modificarse libremente en la fase de adjudicación. D) Sea secreto hasta la adjudicación.

457. El precio del contrato del sector público debe ser: A) Siempre revisable. B) Cierto, adecuado al mercado y expreso en euros, sin perjuicio de la posibilidad de pagos en especie en los términos previstos en la LCSP. C) Indeterminado, remitiéndolo a la posterior negociación con el contratista. D) Siempre en forma de tarifas máximas.

458. En cuanto a la revisión de precios en los contratos públicos: A) Es libremente pactable en cualquier contrato y desde el inicio de su ejecución. B) Está sujeta a los requisitos y límites establecidos en la LCSP, siendo con carácter general excepcional y vinculada a determinadas condiciones. C) Siempre está prohibida. D) Solo es posible en los contratos menores.

459. Las garantías en la contratación del sector público tienen como finalidad principal: A) Asegurar el cobro del precio por el contratista. B) Asegurar el cumplimiento de las obligaciones contractuales por parte del contratista y, en su caso, responder de posibles daños y perjuicios. C) Resarcir a los licitadores no adjudicatarios. D) Cubrir las costas procesales en caso de recurso.

460. La garantía definitiva se exige, con carácter general: A) Solo en los contratos de obras. B) En los contratos adjudicados, consistente en un porcentaje del precio de adjudicación, salvo los supuestos en que la LCSP permita su exención. C) Exclusivamente en los contratos sujetos a regulación armonizada. D) Únicamente a petición del contratista.

461. La clasificación de las empresas, a efectos de contratar con el sector público: A) Es siempre obligatoria en todos los contratos. B) Es exigible solo en determinados tipos de contratos y a partir de ciertos umbrales, de conformidad con la LCSP. C) Es obligatoria únicamente para los contratos menores. D) Ha sido suprimida por la normativa vigente.

462. En los contratos del sector público, los requisitos de solvencia se acreditan: A) Siempre mediante declaración responsable. B) Mediante la presentación de la documentación prevista en la LCSP y en los pliegos, o a través de la inscripción en registros oficiales de licitadores. C) Únicamente mediante certificación bancaria. D) Solo mediante la clasificación.

463. La garantía global permite: A) Constituir una única garantía para responder de varias obligaciones tributarias. B) Constituir una garantía que cubra la responsabilidad derivada de la ejecución de varios contratos con uno o varios órganos de contratación, en los términos establecidos por la LCSP. C) Sustituir la garantía definitiva por un aval personal del administrador. D) Evitar la constitución de garantías en los contratos menores.

464. Entre los medios habituales de constitución de la garantía definitiva se encuentran: A) La hipoteca unilateral sobre bienes inmuebles del contratista. B) El depósito en efectivo, los avales y los seguros de caución en los términos previstos en la LCSP. C) Únicamente el aval personal de los administradores. D) Las letras de cambio libradas por el contratista.

465. En relación con el precio del contrato, señale la afirmación correcta: A) Puede fijarse exclusivamente en especie. B) Podrá fijarse un precio cierto o un sistema de precios unitarios, pero en todo caso debe ser determinable y responder a los costes reales de la prestación. C) Puede quedar totalmente indeterminado, remitiéndose al resultado de la ejecución. D) Debe fijarse en moneda extranjera.

466. Son partes en el contrato administrativo, con carácter general: A) La Administración contratante, el contratista y la Intervención. B) La Administración contratante y el empresario adjudicatario. C) El órgano de contratación, la Mesa de contratación y el contratista. D) La Administración, el contratista y los licitadores excluidos.

467. La responsabilidad de la matriz por los contratos celebrados por una sociedad filial con el sector público: A) Está prevista en la LCSP de forma general. B) Dependerá de lo que resulte del ordenamiento jurídico privado y, en su caso, de los compromisos asumidos en la licitación. C) Es automática. D) No puede pactarse.

468. La revisión de precios en los contratos públicos se aplica, con carácter general: A) A todo contrato, cualquiera que sea su duración. B) Solo cuando concurra la duración mínima y las condiciones establecidas en la LCSP y, en su caso, en las normas específicas de revisión. C) A los contratos menores, para compensar el alza de los costes. D) Únicamente a los contratos de servicios.

469. La falta de acreditación de la solvencia exigida en el pliego: A) Puede subsanarse siempre una vez adjudicado el contrato. B) Conlleva la exclusión del licitador afectado del procedimiento de adjudicación. C) No tiene consecuencias si el licitador ha presentado la mejor oferta económica. D) Se sustituye por la constitución de una garantía adicional.

470. La exigencia de garantía complementaria: A) Es obligatoria en todos los contratos. B) Puede preverse en los pliegos, dentro de los límites establecidos por la LCSP, en función de los riesgos específicos del contrato. C) Solo puede imponerse por acuerdo del contratista. D) Está prohibida en los contratos sujetos a regulación armonizada.

471. La capacidad y representación del empresario para contratar se acreditan: A) Exclusivamente mediante escritura de apoderamiento. B) De acuerdo con el ordenamiento jurídico que le sea aplicable, normalmente mediante escrituras de constitución y poderes inscritos, o documentos equivalentes. C) Mediante declaración responsable sin otro documento. D) No es necesario acreditarla ante el órgano de contratación.

472. La garantía provisional: A) Ha desaparecido del régimen general de contratación, salvo que excepcionalmente se prevea en determinados supuestos. B) Sigue siendo obligatoria en todos los procedimientos abiertos. C) Se exige únicamente en los contratos menores. D) Es obligatoria en los contratos de concesión de servicios.

473. Entre los medios de acreditar la solvencia técnica en contratos de servicios se encuentra: A) La presentación de estados financieros auditados. B) La relación de principales servicios realizados en los últimos años y la indicación de los técnicos o unidades técnicas participantes. C) La existencia de oficinas en cada provincia. D) La pertenencia a un colegio profesional.

474. La exigencia de clasificación de las empresas contratistas en contratos de obras y servicios: A) Es siempre obligatoria. B) Depende de los importes y condiciones que determine la LCSP y, en su caso, la normativa de desarrollo. C) Ha quedado derogada. D) Solo se aplica a empresas extranjeras.

475. El objeto del contrato debe describirse en los pliegos: A) De forma muy restringida para limitar la concurrencia. B) Con precisión suficiente para que los licitadores puedan formular ofertas adecuadas y comparables. C) Solo de forma genérica. D) Exclusivamente mediante referencia al código CPV.

476. La garantía definitiva se devuelve al contratista: A) Una vez formalizado el contrato. B) Tras la recepción y liquidación del contrato, cuando se hayan cumplido correctamente las obligaciones, en los términos y plazos previstos en la LCSP y en los pliegos. C) Cuando el contratista lo solicite. D) En todo caso, a los seis meses de la adjudicación.

478. El expediente de contratación se caracteriza, con carácter general, por: A) Iniciarse una vez adjudicado el contrato. B) Ser el conjunto ordenado de documentos que justifican la necesidad, la idoneidad del contrato y las condiciones de su adjudicación y ejecución. C) Estar integrado solo por la oferta adjudicataria. D) Limitarse a la resolución de adjudicación.

479. En la preparación de los contratos de las Administraciones Públicas es preceptivo: A) Aprobar un pliego de cláusulas administrativas particulares y, en su caso, un pliego de prescripciones técnicas. B) Aprobar únicamente el proyecto de presupuesto. C) Solicitar siempre informe al Consejo de Estado. D) Someter el expediente a información pública en todo caso.

480. La justificación de la necesidad del contrato es un elemento: A) Prescindible si existe crédito presupuestario. B) Esencial del expediente, que acredita que la prestación no puede ser satisfecha con medios personales o materiales propios. C) Sustituido por la memoria económica. D) Requerido solo en contratos sujetos a regulación armonizada.

481. Los pliegos de cláusulas administrativas particulares: A) Contienen las prescripciones técnicas de la prestación. B) Recogen las condiciones jurídico - económicas del contrato, los criterios de adjudicación y los derechos y obligaciones de las partes. C) Son opciones orientativas para los licitadores. D) Solo se exigen en los contratos de obras.

482. Los pliegos de prescripciones técnicas: A) Definen las características técnicas de las prestaciones, pudiendo formularse mediante especificaciones técnicas o referencias a normas. B) Recogen exclusivamente las condiciones de pago. C) Solo se aprueban en contratos de servicios. D) Se incorporan después de la adjudicación.

483. La fiscalización previa del gasto en el expediente de contratación: A) Es un trámite económico - presupuestario que verifica la existencia de crédito adecuado y suficiente. B) Es una competencia del contratista. C) No es necesaria cuando se tramita un contrato menor. D) Se realiza después de la formalización del contrato.

484. Entre las normas que rigen la adjudicación de los contratos públicos se encuentran, con carácter general: A) El principio de libre elección del contratista por la Administración. B) Los principios de igualdad, no discriminación, transparencia y proporcionalidad. C) La confidencialidad absoluta de las ofertas y de la adjudicación. D) La prioridad de las empresas públicas.

485. Los criterios de adjudicación deben: A) Basarse exclusivamente en el precio. B) Estar vinculados al objeto del contrato y permitir obtener la mejor relación calidad - precio. C) Ser confidenciales hasta la adjudicación. D) Definirse una vez valoradas las ofertas.

486. En la LCSP, los contratos menores se caracterizan, entre otros aspectos, por: A) Poder adjudicarse sin necesidad de expediente ni informe alguno. B) Tener un importe inferior a determinados límites y poder adjudicarse directamente, con exigencia de informe de necesidad y justificación de que no se está alterando el objeto del contrato para eludir las reglas generales. C) No exigir nunca fiscalización previa. D) Estar siempre excluidos de la LCSP.

487. En relación con los contratos menores, señale la afirmación INCORRECTA: A) Deben respetar los principios de necesidad y eficiencia. B) No pueden utilizarse para fraccionar indebidamente el objeto del contrato. C) Requieren una tramitación simplificada, pero sometida a la LCSP. D) Pueden emplearse libremente para eludir la aplicación de los procedimientos ordinarios.

488. Los procedimientos ordinarios de adjudicación recogidos en la LCSP son, principalmente: A) Subasta pública y concurso. B) Abierto, restringido, licitación con negociación y diálogo competitivo, además de la asociación para la innovación. C) Concurso - oposición y concurso de méritos. D) Contracting out y cooperación público - privada.

489. El procedimiento abierto se caracteriza porque: A) Solo pueden presentar oferta los licitadores invitados. B) Cualquier empresario interesado y que cumpla los requisitos puede presentar una proposición. C) No exige publicación del anuncio de licitación. D) Se reserva a los contratos menores.

490. En el procedimiento restringido: A) Se presenta primero la solicitud de participación y, posteriormente, la oferta por los licitadores seleccionados. B) Cualquier empresario puede presentar directamente oferta. C) No existe fase de selección de candidatos. D) Se utiliza exclusivamente para contratos de concesión.

491. El procedimiento negociado ha sido sustituido en la LCSP por: A) El procedimiento abierto simplificado. B) La licitación con negociación y el procedimiento sin publicidad en determinados supuestos tasados. C) El contrato menor. D) El diálogo público - privado.

492. En la preparación del contrato debe incluirse, con carácter general, un informe de: A) Solvencia exclusiva del contratista. B) Insuficiencia de medios propios para atender la necesidad mediante la gestión directa. C) Conformidad del contratista con el pliego. D) Análisis de mercado para fijar el precio máximo sin excepción.

493. Los pliegos de cláusulas administrativas particulares: A) Tienen carácter contractual y vinculan al adjudicatario en todo aquello que no sea contrario a la LCSP. B) Son meras instrucciones internas del órgano de contratación. C) Carecen de fuerza obligatoria. D) No pueden ser objeto de recurso.

494. La aprobación del expediente de contratación corresponde: A) Siempre al Interventor. B) Al órgano de contratación, una vez incorporados los informes preceptivos y la fiscalización previa, cuando proceda. C) A la Mesa de contratación. D) A los servicios técnicos.

495. El anuncio de licitación debe publicarse, con carácter general: A) Únicamente en el tablón de edictos de la entidad. B) En la Plataforma de Contratación del Sector Público o plataforma equivalente, y, en su caso, en los diarios oficiales que procedan. C) Solo en el Boletín Oficial del Estado. D) No es necesaria su publicación en procedimientos abiertos.

496. La adjudicación del contrato en los procedimientos ordinarios debe basarse: A) En la discrecionalidad absoluta del órgano de contratación. B) En la aplicación objetiva de los criterios de adjudicación establecidos en los pliegos. C) En la negociación directa con el licitador elegido. D) En la orden de prelación de empresas establecida por la Intervención.

497. En los contratos menores, la justificación de que no se está alterando el objeto del contrato para eludir los requisitos de publicidad o procedimiento: A) No es necesaria. B) Debe constar expresamente en el expediente, de acuerdo con la LCSP. C) La realiza el contratista. D) Se presume en todo caso.

498. La tramitación de urgencia del expediente de contratación: A) Permite reducir a la mitad determinados plazos, cuando concurran razones de interés público debidamente motivadas. B) Permite prescindir de todos los informes preceptivos. C) Está prevista solo para contratos menores. D) Implica que el procedimiento se convierta en negociado.

499. La tramitación anticipada del expediente de contratación permite: A) Iniciar la ejecución del contrato antes de la aprobación del presupuesto. B) Tramitar el expediente antes de la existencia formal de crédito, condicionando la adjudicación a la previa existencia de crédito adecuado y suficiente. C) Omitir la fiscalización previa. D) Adjudicar contratos sin financiación.

500. En los procedimientos de adjudicación, la mesa de contratación formula: A) Resolución de adjudicación. B) Propuesta motivada de adjudicación al órgano de contratación. C) Informe económico - financiero. D) Recurso especial en materia de contratación.

501. El acto de formalización del contrato: A) Es el acto por el que se decide la adjudicación. B) Es el documento en el que se recoge la adjudicación y las condiciones esenciales del contrato, perfeccionando su eficacia. C) No tiene importancia jurídica. D) Sustituye a los pliegos.

502. Los criterios de adjudicación pueden ser: A) Solo cualitativos. B) Solo cuantitativos. C) Cualitativos y cuantitativos, debiendo ponderarse y detallarse en los pliegos. D) Determinados discrecionalmente en el acto de apertura de ofertas.

504. Entre las prerrogativas de la Administración en los contratos administrativos se encuentra, con carácter general: A) La facultad de imponer sanciones penales al contratista. B) La interpretación del contrato, la modificación por razones de interés público y la resolución en los casos previstos en la ley. C) La revisión ilimitada de precios. D) La exoneración absoluta de responsabilidad por incumplimiento.

505. La ejecución del contrato debe ajustarse: A) Solo a lo que acuerden las partes durante la ejecución. B) A las cláusulas del contrato, a la LCSP y a los principios de buena fe y de servicio al interés general. C) Únicamente a las instrucciones del contratista. D) A lo que dispongan los licitadores no adjudicatarios.

506. La modificación de los contratos administrativos: A) Es libre y puede acordarse en cualquier momento por acuerdo de las partes. B) Debe ajustarse a los supuestos y límites previstos en la LCSP y, en su caso, en los pliegos, respetando los principios de publicidad y concurrencia. C) Está prohibida en todo caso. D) Solo puede acordarse a instancia del contratista.

507. La suspensión del contrato acordada por la Administración: A) No genera nunca derecho a indemnización. B) Puede dar lugar, en determinados supuestos, a que el contratista tenga derecho a ser indemnizado por los perjuicios efectivamente sufridos. C) Implica la resolución automática del contrato. D) Solo puede acordarse a solicitud del contratista.

508. La cesión del contrato por el contratista inicial: A) Está siempre prohibida. B) Es posible cuando se cumplan los requisitos previstos en la LCSP, entre ellos la autorización previa del órgano de contratación y la capacidad y solvencia del cesionario. C) No requiere autorización. D) Solo es posible en los contratos menores.

509. La subcontratación en los contratos del sector público: A) Está prohibida salvo autorización expresa en cada caso. B) Es posible dentro de los límites fijados en la LCSP y en los pliegos, debiendo el contratista principal asumir en todo caso la responsabilidad frente a la Administración. C) Traslada la condición de contratista al subcontratista. D) No puede limitarse en los pliegos.

510. Entre las causas de resolución de los contratos administrativos se encuentran: A) Exclusivamente el mutuo acuerdo. B) El incumplimiento esencial de las obligaciones por el contratista o por la Administración, las causas previstas en la LCSP y en los pliegos, y el desistimiento o suspensión prolongada por la Administración en los términos legalmente establecidos. C) La presentación de ofertas desproporcionadas. D) La renuncia del contratista sin causa.

511. La resolución por mutuo acuerdo del contrato administrativo: A) Es libre, sin necesidad de motivación. B) Debe fundarse en razones de interés público y no puede acordarse cuando tenga por objeto eludir las responsabilidades de las partes. C) Solo puede promoverla el contratista. D) Solo puede acordarse en contratos menores.

512. La responsabilidad de la Administración por los daños y perjuicios causados al contratista durante la ejecución del contrato: A) No está prevista en la LCSP. B) Puede surgir cuando el daño sea consecuencia de órdenes de la Administración, de actos materiales de ésta o de otras causas imputables a la misma. C) Siempre se presume inexistente. D) Solo existe en los contratos de obras.

513. La resolución del contrato por incumplimiento culpable del contratista puede llevar aparejada: A) La pérdida de la garantía definitiva y la indemnización de daños y perjuicios. B) La obligación de la Administración de abonar todos los beneficios dejados de obtener. C) La extinción de la responsabilidad del contratista. D) La conversión del contrato en privado.

514. La interpretación del contrato administrativo corresponde, con carácter general: A) A la Mesa de contratación. B) Al órgano de contratación, sin perjuicio del control jurisdiccional. C) Al contratista. D) Al Tribunal de Cuentas.

515. La modificación del contrato acordada por la Administración dentro de los supuestos previstos: A) Debe ser aceptada por el contratista sin derecho a compensación. B) Puede generar, en su caso, derecho a restablecer el equilibrio económico del contrato cuando proceda. C) No tiene efectos económicos. D) Equivale siempre a un nuevo contrato.

516. La suspensión del contrato puede acordarse: A) Solo por decisión judicial. B) Por el órgano de contratación, de oficio o a instancia del contratista, cuando concurran causas justificadas previstas en la LCSP. C) Únicamente a solicitud del contratista. D) En cualquier momento sin motivación.

517. La cesión del contrato a un tercero: A) Supone la transmisión de la posición contractual, manteniéndose las condiciones esenciales del contrato y quedando el cesionario subrogado en los derechos y obligaciones del cedente. B) Supone la extinción del contrato. C) No está regulada en la LCSP. D) Puede realizarse sin intervención de la Administración.

518. En la subcontratación, la relación jurídica del subcontratista es: A) Directamente con la Administración. B) Con el contratista principal, sin perjuicio de los derechos que pueda reconocerle la LCSP frente a la Administración en determinados supuestos. C) Con la Mesa de contratación. D) Con el órgano de contratación exclusivamente.

519. La imposibilidad de ejecutar la prestación en los términos pactados por causa no imputable a las partes: A) No da lugar a la resolución del contrato. B) Puede ser causa de resolución, con las consecuencias previstas en la LCSP. C) Obliga al contratista a ejecutar la prestación en cualquier caso. D) Carece de regulación específica.

520. La recepción de la prestación en los contratos de obras, suministros o servicios: A) Es un acto formal mediante el cual la Administración constata el cumplimiento del contrato y se inicia, en su caso, el plazo de garantía. B) Es un acto meramente simbólico sin efectos jurídicos. C) Puede omitirse si las partes están conformes. D) Es innecesaria cuando el precio ha sido abonado.

521. El restablecimiento del equilibrio económico del contrato: A) Procede en todo caso a petición del contratista. B) Procede, en determinados contratos y supuestos, cuando se altere significativamente la economía del contrato por causas no imputables al contratista y previstas en la LCSP. C) No está previsto en la contratación pública. D) Solo se recoge para los contratos menores.

522. La finalización de un contrato administrativo por cumplimiento: A) Requiere la recepción conforme de la prestación y, en su caso, la liquidación. B) Se produce automáticamente con el transcurso del plazo. C) No requiere acto formal alguno. D) Implica la imposibilidad de exigir responsabilidades posteriores.

523. La incautación de la garantía definitiva puede acordarse: A) Como consecuencia de la resolución del contrato por incumplimiento culpable del contratista. B) En cualquier caso de resolución. C) Solo por expiración del plazo. D) En los contratos privados.

524. La resolución del contrato por demora en el cumplimiento de los plazos por parte del contratista: A) Nunca procede. B) Puede proceder cuando el retraso sea culpable y se superen los límites previstos en el contrato o en la LCSP, sin perjuicio de las penalidades. C) Procede siempre, aunque el retraso no sea imputable al contratista. D) Solo puede acordarse judicialmente.

525. Las penalidades por incumplimiento parcial o defectuoso del contrato: A) Son contrarias al ordenamiento jurídico. B) Pueden preverse en los pliegos y aplicarse de acuerdo con la LCSP, sin perjuicio de la indemnización de daños y perjuicios cuando resulte procedente. C) Solo se aplican en contratos sujetos a regulación armonizada. D) Sustituyen siempre la resolución.

526. En caso de resolución del contrato por causa imputable a la Administración: A) El contratista no tiene derecho a indemnización. B) El contratista puede tener derecho a la indemnización de los daños y perjuicios efectivamente sufridos en los términos previstos en la LCSP. C) El contratista está obligado a continuar la ejecución del contrato. D) Se produce la incautación de la garantía definitiva.

527. La extinción de los contratos administrativos se produce: A) Solo por resolución. B) Por cumplimiento, por imposibilidad de ejecución, por rescate, caducidad o por las demás causas previstas en la LCSP y en los pliegos. C) Solo por acuerdo del contratista. D) Solo por transcurso del tiempo.

528. En la subcontratación, el órgano de contratación: A) No tiene competencia alguna. B) Puede exigir la comunicación o autorización previa de los subcontratos y controlar el cumplimiento de los límites legales. C) Debe seleccionar a los subcontratistas. D) Responde directamente de los pagos al subcontratista.

530. El contrato de obras, según la LCSP, tiene por objeto: A) La prestación intelectual sin soporte material. B) La realización de una obra o la ejecución de un trabajo que tenga por resultado un bien inmueble o la realización de trabajos de reforma, reparación, conservación o demolición. C) El suministro de bienes muebles. D) La explotación de un servicio público.

531. Entre las actuaciones preparatorias del contrato de obras se encuentra, con carácter general: A) La aprobación del proyecto de obra cuando sea necesario. B) La recepción de la obra. C) La revisión de precios. D) La liquidación del contrato.

532. El replanteo previo en los contratos de obras tiene por finalidad: A) Comprobar que el contratista dispone de solvencia suficiente. B) Verificar sobre el terreno que el proyecto es realizable, que los datos del proyecto se corresponden con la realidad física y que el terreno está a disposición de la Administración. C) Determinar el precio final de la obra. D) Modificar el objeto del contrato.

533. En el contrato de obras, la certificación de obra: A) Es el documento mediante el cual se acreditan las unidades de obra ejecutadas en un período determinado y sirve de base para el pago al contratista. B) Es el documento de formalización del contrato. C) Sustituye al proyecto. D) No tiene efectos económicos.

534. La recepción de la obra: A) Es el acto formal en el que la Administración constata la correcta ejecución de la obra y se inicia, en su caso, el plazo de garantía. B) Es un trámite opcional. C) Se realiza antes de la finalización de los trabajos. D) Equivale a la liquidación.

535. El plazo de garantía en el contrato de obras: A) Es siempre de dos años. B) Es el plazo durante el cual el contratista responde de los defectos que puedan aparecer y se fija en el pliego dentro de los límites legales. C) No existe en la LCSP. D) Se identifica con el plazo de ejecución.

536. La aprobación de la liquidación de la obra: A) Debe realizarse tras la finalización del plazo de garantía, determinando el saldo definitivo a favor o en contra del contratista. B) Se realiza antes de la recepción. C) No es un trámite necesario. D) Equivale a la adjudicación.

537. Las modificaciones del contrato de obras: A) Pueden acordarse libremente por las partes. B) Deben ajustarse a los supuestos, límites y procedimientos previstos en la LCSP, respetando los principios de concurrencia y transparencia. C) Solo pueden consistir en reducciones de obra. D) No están reguladas en la LCSP.

538. En el contrato de obras, el acta de comprobación del replanteo: A) Marca el inicio del cómputo del plazo de ejecución de la obra. B) Es un trámite facultativo. C) Se firma tras la liquidación. D) No tiene efectos sobre el contrato.

539. El contrato de suministro tiene por objeto, con carácter general: A) La realización de obras públicas. B) La adquisición, arrendamiento financiero o no financiero de productos o bienes muebles, con o sin opción de compra. C) La prestación de servicios intelectuales. D) La explotación de un servicio público.

540. En los contratos de suministro de tracto sucesivo: A) La prestación se realiza en un único acto. B) La prestación se realiza de forma continuada o periódica durante un plazo determinado. C) No pueden admitirse prórrogas. D) Están prohibidos en la LCSP.

541. En el contrato de suministro, la recepción de los bienes: A) No requiere acto formal. B) Debe efectuarse comprobando que los productos se ajustan a las condiciones contractuales, levantándose el acta o documento correspondiente. C) Se produce automáticamente con la entrega. D) Es irrelevante a efectos del cómputo de plazos de garantía.

542. El contrato de servicios se caracteriza por: A) Tener por objeto la realización de una obra. B) Tener por objeto prestaciones consistentes en el desarrollo de una actividad o la realización de trabajos que no tengan por resultado un producto entregable a la Administración como bien mueble o inmueble. C) Ser siempre de tracto sucesivo. D) No exigir pliegos técnicos.

543. En los contratos de servicios, la ejecución de la prestación: A) Debe ajustarse a las prescripciones técnicas y a las instrucciones del órgano de contratación, respetando la autonomía técnica del contratista cuando proceda. B) Se define exclusivamente por el contratista. C) No admite modificaciones. D) Se ejecuta al margen de los pliegos.

544. En los contratos de servicios de carácter intelectual (por ejemplo, proyectos, asistencias técnicas): A) No se exige recepción. B) La recepción se realiza mediante la entrega y comprobación de los trabajos, pudiendo preverse, en su caso, un plazo de garantía. C) No puede fijarse plazo de garantía. D) La prestación carece de control técnico.

545. La resolución del contrato de obras por demora culpable del contratista: A) No está prevista en la LCSP. B) Puede acordarse cuando se superen los plazos máximos de demora permitidos, sin perjuicio de las penalidades acumuladas. C) Solo procede si el contratista lo acepta. D) Implica siempre la renuncia a penalidades.

546. En el contrato de obras, si se aprecia la necesidad de introducir modificaciones esenciales no previstas: A) Puede ejecutarse directamente sin modificar el contrato. B) Puede ser necesario resolver el contrato y licitar uno nuevo si se altera sustancialmente su objeto o equilibrio. C) Debe obligatoriamente asumirse por el contratista sin contraprestación. D) No se admite ninguna modificación.

547. En los contratos de suministro, la sustitución de productos defectuosos: A) Es obligatoria para el contratista cuando se detecten defectos imputables a éste durante el plazo de garantía. B) Es facultativa para el contratista. C) Carece de regulación. D) Es una prerrogativa de la Administración sin coste para el contratista.

548. En los contratos de servicios de tracto sucesivo: A) No se admiten prórrogas. B) Pueden preverse prórrogas dentro de los límites y condiciones establecidos en la LCSP y en los pliegos. C) Deben ser siempre indefinidos. D) Carecen de plazo máximo.

549. El inicio de la ejecución de los contratos de obras, suministros o servicios: A) Puede producirse antes de la formalización del contrato. B) Debe producirse, con carácter general, tras la formalización y, en su caso, el acta de comprobación del replanteo o de inicio. C) No requiere formalidad alguna. D) Equivale a la recepción.

550. En los contratos de obras, el director facultativo de la obra: A) Es siempre un funcionario de la Administración. B) Puede ser designado por la Administración, interno o externo, y tiene la función de dirigir técnicamente la obra y velar por su correcta ejecución. C) Es el propio contratista. D) No interviene en la ejecución.

551. En el contrato de obras, los modificados: A) Son actuaciones no previstas que se incorporan como un nuevo contrato. B) Son modificaciones del proyecto originario que se acuerdan conforme a la LCSP para adaptar la obra a necesidades sobrevenidas o a errores de proyecto. C) Son penalidades económicas. D) No tienen reflejo presupuestario.

552. En los contratos de suministro, la entrega parcial de bienes: A) No está permitida. B) Puede admitirse si así se prevé en el contrato, con la correspondiente recepción parcial. C) Equivale a una modificación del contrato. D) Es siempre causa de resolución.

553. En los contratos de servicios, la imposibilidad sobrevenida de continuar la prestación por causa ajena a las partes: A) Carece de consecuencias. B) Puede dar lugar a la resolución del contrato en los términos previstos en la LCSP. C) Obliga al contratista a continuar la prestación. D) Obliga a la Administración a modificar el contrato.

554. En los contratos de obras, la responsabilidad por vicios ocultos apreciados tras el plazo de garantía: A) Se rige exclusivamente por la LCSP. B) Puede regirse, además de por la LCSP, por la normativa civil aplicable en materia de responsabilidad por ruina y vicios de la construcción. C) Desaparece automáticamente al concluir el plazo de garantía. D) Recae únicamente sobre el director de la obra.

89. Durante la consulta de un expediente administrativo tramitado por vía electrónica, un ciudadano accede a la sede electrónica. ¿Qué elemento garantiza la autenticidad de la sede y de la información publicada?. A) El uso exclusivo en horario laboral. B) La identificación mediante un certificado electrónico cualificado. C) La obligación de usar servidores nacionales. D) La exigencia de DNI físico.

90. Una administración diseña un portal accesible desde web, app móvil y atención telefónica para facilitar la relación con la ciudadanía. ¿Cómo se denomina este conjunto de canales y puntos de acceso?. A) Ventanilla administrativa tradicional. B) Oficina integrada presencial. C) Multicanalidad de acceso electrónico. D) Registro único físico.

91. En la revisión de un documento incluido en un expediente electrónico, un funcionario debe comprobar que su contenido no ha sido modificado desde su firma. ¿Qué mecanismo acredita dicha integridad?. A) El CSV asociado al expediente. B) El sello electrónico de órgano. C) La firma electrónica avanzada (FEA). D) El justificante de presentación.

92. Durante un trámite electrónico, una persona se identifica con su DNI electrónico para confirmar su identidad. ¿Qué tipo de sistema de identificación está utilizando?. A) Certificado electrónico cualificado (QCert). B) Atributos digitales en la nube. C) Autenticación de nivel bajo. D) Sistema de claves concertadas.

93. Un técnico revisa un procedimiento administrativo que se ha tramitado íntegramente de forma electrónica y necesita comprobar todas las actuaciones realizadas. ¿Qué elemento contiene la secuencia completa del procedimiento?. A) El asiento registral asociado. B) El justificante electrónico. C) El CSV de presentación. D) El expediente electrónico.

94. En el envío de una notificación electrónica mediante la Dirección Electrónica Habilitada Única (DEHU), la administración debe determinar el momento en que se considera practicada. ¿Cuándo ocurre esto?. A) Cuando la administración publica la notificación. B) Cuando el ciudadano recibe el aviso por email. C) 48 horas después del envío. D) Cuando accede a su contenido o pasados 10 días naturales.

95. Una entidad pública implementa nuevos servicios digitales y debe cumplir los principios que rigen el funcionamiento electrónico. ¿Cuál de ellos exige claridad y trazabilidad en las actuaciones administrativas?. A) Interrupciones periódicas del servicio. B) Simplicidad absoluta en todos los trámites. C) Transparencia y trazabilidad. D) Obligatoriedad del canal presencial.

96. Un ciudadano recibe un documento administrativo electrónico y desea comprobar que no ha sido alterado durante su conservación. ¿Qué mecanismo proporciona esta verificación?. A) La fecha de creación del documento. B) El tamaño del archivo. C) El formato de fichero utilizado. D) El Código Seguro de Verificación (CSV).

97. Una administración desea garantizar que su sede electrónica permanece disponible sin interrupciones injustificadas para la ciudadanía. ¿Qué principio debe asegurarse?. A) Usabilidad máxima. B) Simplicidad organizativa. C) Disponibilidad permanente. D) Seguridad mínima.

98. Una persona usuaria accede a un trámite electrónico utilizando Cl@ve PIN, que combina un código temporal y una clave concertada. ¿Qué tipo de autenticación es esta?. A) Autenticación local sin seguridad reforzada. B) Sistema basado en claves concertadas. C) Autenticación mediante certificado cualificado. D) Autenticación biométrica avanzada.

99. Una unidad administrativa incorpora un documento al expediente electrónico y debe garantizar su validez jurídica. ¿Qué requisito mínimo debe cumplir el documento?. A) Ser una copia escaneada. B) Estar en formato PDF. C) Tener un tamaño inferior a 5 MB. D) Contener metadatos obligatorios.

100. Una empresa está obligada a relacionarse electrónicamente con la administración pero presenta una solicitud en papel. ¿Qué actuación debe realizar la administración?. A) Tramitar la solicitud sin más. B) Considerarla desistida. C) Requerir que la presente por vía electrónica. D) Aceptar la solicitud si paga una tasa adicional.

101. Un archivo electrónico único debe conservar documentos generados durante procedimientos administrativos para futuras consultas. ¿Qué característica principal debe garantizar este archivo?. A) Eliminar automáticamente documentos en papel. B) Traducir los documentos a varios idiomas. C) Almacenar solo expedientes cerrados. D) Conservación íntegra y accesible.

102. Una administración revisa sus procedimientos electrónicos para reducir dificultades a los ciudadanos en la tramitación. ¿Qué objetivo persigue la simplificación administrativa?. A) Aumentar el número de formularios. B) Reducir costes internos exclusivamente. C) Eliminar cargas innecesarias para la ciudadanía. D) Eliminar controles automáticos.

103. Durante una auditoría, se revisa la trazabilidad de documentos que entran y salen de la administración. ¿Qué representa un asiento en el Registro Electrónico General (REG)?. A) Un certificado digital asociado. B) Una copia física del documento. C) La entrada o salida formal de un documento. D) Una notificación emitida.

104. Una persona usuaria necesita registrar un documento electrónico fuera del horario de atención presencial. ¿Qué sistema garantiza su presentación válida?. A) La oficina presencial. B) La atención telefónica. C) El Registro Electrónico. D) Un buzón físico cerrado.

105. Una notificación electrónica enviada por la administración debe garantizar que el ciudadano pueda identificar al órgano emisor. ¿Qué elemento asegura esta autenticidad?. A) El correo electrónico del funcionario. B) El sello electrónico de órgano. C) El número de expediente. D) El tipo de documento enviado.

106. Un ciudadano quiere verificar un documento electrónico sin disponer de certificado digital. ¿Qué sistema permite dicha verificación únicamente con un código?. A) Requiere certificado raíz. B) Funciona solo en un navegador concreto. C) Permite verificar mediante CSV sin credenciales. D) Exige identificación facial.

107. Una administración habilita servicios web (API) para interoperar con otras administraciones en la tramitación de expedientes. ¿Qué principio del funcionamiento electrónico está aplicando?. A) Reducción de plazos. B) Interoperabilidad administrativa. C) Accesibilidad universal. D) Neutralidad técnica.

108. Un expediente administrativo electrónico agrupa todos los documentos y actuaciones realizadas durante un procedimiento. ¿Qué elemento permite consultar esta información completa?. A) Lista de firmas realizadas. B) Expediente electrónico. C) Registro de salida. D) Metadatos administrativos.

109. Un ciudadano se relaciona electrónicamente con una administración y debe garantizar que sus datos de contacto estén actualizados para recibir notificaciones. ¿Qué obligación legal cumple con ello?. A) La obligación de disponer de certificado cualificado. B) El uso de redes públicas de acceso. C) La presentación en papel de la documentación. D) El mantenimiento actualizado de los medios de contacto.

110. Un servicio público electrónico incluye un asistente guiado que orienta a los ciudadanos durante la tramitación. ¿Qué requisito debe cumplir este servicio según la normativa de accesibilidad?. A) Exigir formación previa al usuario. B) Cumplir el nivel AA de las WCAG. C) Utilizar exclusivamente software privativo. D) Solicitar firma biométrica obligatoria.

111. Un órgano administrativo utiliza un sello electrónico para firmar documentos y notificaciones automáticas. ¿Qué tipo de firma electrónica emplea este sello?. A) Firma manuscrita escaneada. B) PIN asociado a un usuario. C) Certificado cualificado de sello electrónico. D) Firma basada en coordenadas.

112. Una plataforma electrónica permite aportar documentos y realizar pagos telemáticos durante un procedimiento administrativo. ¿Qué requisito de seguridad debe cumplir según el Esquema Nacional de Seguridad?. A) Utilizar únicamente pasarelas privadas. B) Permitir solo documentos editables. C) Garantizar medidas ENS de confidencialidad e integridad. D) Limitar el tamaño a 2 MB.

113. Una administración genera un documento electrónico y lo incorpora a un expediente. ¿Qué característica define que dicho documento sea válido jurídicamente?. A) Que provenga de una copia escaneada. B) Que incluya firma manuscrita escaneada. C) Que esté en formato editable. D) Que se genere o incorpore con autenticidad e integridad.

114. Durante la preparación de un procedimiento electrónico que requiere intercambiar datos con otra Administración, un organismo debe asegurarse de que ambos comparten los mismos principios y reglas de intercambio. ¿Qué marco regulatorio define estos principios de interoperabilidad?. A) El Esquema Nacional de Seguridad (ENS). B) El Esquema Nacional de Interoperabilidad (ENI). C) La Ley Orgánica de Protección de Datos. D) El Reglamento eIDAS europeo.

115. Una comunidad autónoma y un ayuntamiento deben coordinar sus sistemas para facilitar la gestión de un expediente compartido. ¿Qué tipo de interoperabilidad se refiere a la capacidad de coordinar procesos, roles y responsabilidades entre distintas administraciones?. A) Interoperabilidad semántica. B) Interoperabilidad organizativa. C) Interoperabilidad técnica. D) Interoperabilidad documental.

116. Un técnico debe comprobar que los datos enviados desde una Administración a otra se interpretan correctamente, sin ambigüedades. ¿Qué dimensión de la interoperabilidad asegura el significado común de los datos?. A) Interoperabilidad organizativa. B) Interoperabilidad semántica. C) Interoperabilidad técnica. D) Interoperabilidad visual.

117. Para integrar un nuevo sistema municipal con plataformas estatales, se deben cumplir los estándares de formatos, protocolos y servicios que permitan la conexión técnica entre sistemas. ¿Qué dimensión de interoperabilidad se aplica?. A) Organizativa. B) Semántica. C) Técnica. D) Operativa.

118. Una Diputación debe utilizar un formato de documento que pueda ser leído por cualquier otra administración. ¿Qué principio del ENI exige el uso de estándares abiertos?. A) Disponibilidad. B) Neutralidad tecnológica. C) Reutilización por defecto. D) Verificabilidad.

119. Una Administración prepara una ordenanza digital y quiere que otros organismos puedan reutilizar versiones previas del documento. ¿Qué concepto regula esta práctica dentro del ENI?. A) Interoperabilidad técnica. B) Reutilización y transferencia de tecnología. C) Cooperación multinivel. D) Integridad documental.

120. En el intercambio de información entre administraciones, se utiliza un sistema que verifica automáticamente datos como identificación personal o domicilio. ¿Qué servicio común proporciona esta capacidad?. A) Plataforma Cl@ve. B) Carpeta Ciudadana. C) Servicio de Verificación de Datos (SVD). D) Sistema de Interconexión de Registros.

121. Un organismo debe garantizar que los documentos electrónicos se mantengan accesibles y legibles durante largos periodos. ¿Qué área del ENI regula la conservación del documento electrónico?. A) Interoperabilidad técnica. B) Recuperación y conservación del documento electrónico. C) Reutilización avanzada. D) Semántica documental.

122. En el intercambio telemático entre administraciones, se requiere garantizar que los sistemas puedan comunicarse pese a estar desarrollados con tecnologías distintas. ¿Qué principio del ENI lo posibilita?. A) Principio de economía procedimental. B) Interoperabilidad técnica. C) Principio de neutralidad personal. D) Integridad administrativa.

123. Un ministerio debe evaluar si un módulo informático cumple los requisitos obligatorios del ENI. ¿Qué mecanismo permite comprobar el grado de adecuación normativa?. A) Evaluación ENS. B) Normas de conformidad ENI. C) Auditoría de accesibilidad. D) Informe de interoperabilidad europeo.

124. Una Administración decide actualizar su sistema de gestión electrónica para adaptarlo a nuevas versiones de estándares. ¿Qué principio del ENI establece la necesidad de mantener los sistemas al día?. A) Integridad. B) Universalidad. C) Actualización. D) Redundancia.

125. Dos administraciones deben intercambiar documentos firmados digitalmente. ¿Qué mecanismo garantiza la validez de firmas y certificados?. A) Infraestructura DNS. B) Plataforma de Contratación. C) Servicios comunes de firma electrónica y certificados. D) Sello de tiempo municipal.

126. Un ayuntamiento quiere conectarse al Sistema de Interconexión de Registros (SIR) para enviar asientos electrónicos a otras administraciones. ¿Qué área del ENI regula estas comunicaciones?. A) Reutilización tecnológica. B) Comunicaciones entre administraciones públicas. C) Simplificación. D) Normas de archivo electrónico.

127. Una Administración debe garantizar que los ciudadanos pueden presentar documentos desde distintos puntos del territorio utilizando sistemas heterogéneos. ¿Qué pilar del ENI habilita esta interoperabilidad territorial?. A) Interoperabilidad privada. B) Infraestructuras y servicios comunes. C) Identidad distribuida. D) Neutralidad fiscal.

128. En la elaboración de un trámite digital compartido entre varios organismos, se deben alinear procesos, plazos y responsabilidades. ¿Qué dimensión del ENI actúa aquí?. A) Técnica. B) Semántica. C) Organizativa. D) Archivística.

129. El intercambio automatizado de datos personales entre administraciones debe evitar que el ciudadano aporte documentación que ya obre en poder público. ¿Qué principio habilita esta automatización?. A) Accesibilidad universal. B) Neutralidad técnica. C) Interoperabilidad y reutilización de datos. D) Competencia digital.

130. Una administración recibe un documento en formato XML firmado electrónicamente. Para validar su estructura debe usar un esquema estándar común. ¿Qué dimensión aplica?. A) Organizativa. B) Semántica (estructuras comunes de datos). C) Técnica. D) Legal.

131. Un organismo debe conservar la trazabilidad del ciclo de vida de los documentos electrónicos. ¿Qué instrumento del ENI regula esto?. A) CSV. B) Pasarela SIR. C) Política de gestión de documentos electrónicos. D) Registro contable.

132. Una Administración quiere compartir un desarrollo tecnológico con otra sin coste, fomentando la reutilización. ¿Qué marco legal habilita esta colaboración?. A) Ley de Subvenciones. B) Reutilización y transferencia de tecnología del ENI. C) Reglamento eIDAS. D) Estatuto del Empleado Público.

133. Para garantizar la compatibilidad con otras Administraciones, un órgano debe emplear estándares europeos para firmas electrónicas. ¿Qué normativa lo exige?. A) LOPDGDD. B) ENS. C) ENI + Reglamento eIDAS. D) BOE distribuido.

134. Una diputación desea automatizar consultas de identidad a través de un servicio seguro. ¿Qué infraestructura común permite esta interoperabilidad?. A) Pasarela FAX. B) Servicio de Verificación de Datos (SVD). C) DNS seguro. D) Middleware ciudadano.

135. Un organismo revisa que su sistema electrónico usa metadatos comunes en sus expedientes. ¿Qué garantiza esto?. A) Neutralidad política. B) Interoperabilidad semántica. C) Sensibilidad documental. D) Redundancia administrativa.

136. Varias administraciones firman un convenio para compartir datos y simplificar trámites digitales. ¿Qué instrumento habilita esta cooperación?. A) SIR. B) Relaciones e instrumentos de colaboración interadministrativa. C) LOPD. D) Registro nacional documental.

137. Una entidad debe proporcionar documentos electrónicos siempre en formatos interoperables como PDF/A o XML. ¿Qué regula esta obligación?. A) ENS. B) RGPD. C) Normas técnicas y formatos del ENI. D) Ley de contratos públicos.

138. Un organismo autonómico integra su sistema con el estatal para compartir expedientes sin duplicar trámites. ¿Qué principio del ENI se materializa?. A) Segmentación. B) Interoperabilidad entre administraciones públicas. C) Hiperconvergencia. D) Reducción de metadatos.

139. El Esquema Nacional de Seguridad establece principios para la protección de la información en el sector público. ¿Cuál es uno de sus principios básicos?. A) Gestión del conocimiento. B) Seguridad integral. C) Externalización obligatoria. D) Acceso universal sin restricciones.

140. Según el ENS del Real Decreto 311/2022, ¿qué obligación tiene cada sistema de información?. A) Utilizar siempre hardware propietario. B) Asignar una categoría de seguridad basada en impacto. C) Deshabilitar servicios en la nube. D) Evitar en todo caso el cifrado.

141. ¿Qué mide la categorización de un sistema en el ENS?. A) El tamaño del servidor. B) El impacto en disponibilidad, integridad y confidencialidad. C) La marca del fabricante. D) El número de usuarios conectados.

142. ¿Qué son los requisitos mínimos del ENS?. A) Requisitos opcionales. B) Controles técnicos y organizativos obligatorios. C) Funciones exclusivas de la policía. D) Normas de auditoría privada.

143. Una Administración usa comunicaciones electrónicas para notificar actos administrativos. ¿Qué requisito debe cumplir la notificación electrónica?. A) No requiere autenticación. B) Debe garantizar disponibilidad y autenticidad. C) Debe ser enviada siempre por email. D) Solo puede hacerse en días hábiles.

144. ¿Qué sistema permite verificar la identidad electrónica mediante certificados almacenados en una tarjeta criptográfica?. A) Cl@ve PIN. B) DNI electrónico. C) Usuario y contraseña simple. D) QR público.

145. La plataforma Cl@ve permite la identificación ciudadana. ¿Qué característica destaca?. A) Autenticación basada en múltiples mecanismos. B) Uso obligatorio de certificado cualificado. C) Acceso solo para empresas. D) Solo funciona con navegadores específicos.

146. ¿Qué es la Dirección Electrónica Habilitada (DEH)?. A) Buzón seguro para recibir notificaciones electrónicas. B) Servidor de correo sin cifrado. C) Repositorio público de datos abiertos. D) Sistema de copia de seguridad.

147. ¿Cuál es la finalidad del Sistema de Verificación de Datos?. A) Acceder a historiales médicos. B) Intercambiar datos entre Administraciones evitando aportar documentos. C) Auditar servicios financieros. D) Controlar la geolocalización del usuario.

148. En el ENS, ¿qué significa la autenticidad?. A) Garantizar origen legítimo de la información y de los usuarios. B) Evitar redundancia. C) Proteger solo en servidores externos. D) Forzar copias locales.

149. ¿Qué elemento protege la integridad de los documentos electrónicos?. A) Sello electrónico o firma electrónica. B) Compresión ZIP. C) Impresión en papel. D) Código QR sin validar.

150. La disponibilidad en el ENS implica: A) Acceso sólo en horario laboral. B) Acceso cuando sea necesario y con continuidad del servicio. C) Acceso público sin control. D) Acceso sin cifrado.

151. ¿Qué técnica se usa para garantizar confidencialidad en comunicaciones electrónicas?. A) Cifrado de extremo a extremo. B) Envió abierto por HTTP. C) Impresión física. D) Copias no cifradas.

152. El ENS exige auditorías periódicas de seguridad. ¿Con qué frecuencia mínima deben realizarse?. A) Cada 10 años. B) Cada año. C) Cada dos años. D) Mensualmente.

153. El uso de certificados cualificados permite: A) Prohibir accesos remotos. B) Reemplazar autenticación multifactor. C) Garantizar firma con validez legal reforzada. D) Evitar cifrado en servidores.

154. El DNIe incorpora certificados. ¿Cuál es su finalidad principal?. A) Control fiscal. B) Autenticación y firma electrónica segura. C) Acceso a redes sociales. D) Pagos automáticos.

155. ¿Qué se entiende por trazabilidad en la Administración electrónica?. A) Registrar las operaciones realizadas sobre información y documentos. B) Eliminar logs automáticamente. C) Permitir acceso anónimo. D) Guardar solo copias locales.

156. La reutilización de información del sector público implica: A) Impedir acceso a empresas privadas. B) Permitir uso bajo condiciones de licencia abierta. C) Obligar a pago por todos los datos. D) Prohibir redistribución.

157. Un certificado de sello electrónico identifica a: A) Una persona física. B) Una entidad en sus actuaciones automatizadas. C) Un empleado con rol de administrador. D) Un proveedor externo.

158. La autenticación basada en Cl@ve PIN se caracteriza por: A) Requiere lector criptográfico. B) Usa PIN de un solo uso y validez temporal. C) Necesita certificado cualificado. D) Funciona sin conexión.

159. El canal cifrado TLS en la Administración electrónica sirve para: A) Reducir tamaño de archivos. B) Garantizar confidencialidad e integridad en comunicaciones. C) Evitar auditorías. D) Reemplazar control de acceso.

160. El principio de mínima información en el ENS establece: A) Recopilar todos los datos posibles. B) Tratar únicamente los datos necesarios para el trámite. C) Usar datos sin restricción temporal. D) Compartir datos entre todas las unidades.

161. ¿Qué es un servicio de firma centralizada?. A) Firma realizada por personal autorizado. B) Firma generada en un servidor seguro mediante claves custodiadas. C) Firma manual en PDF. D) Firma con contraseña simple.

162. Para verificar firma electrónica, una Administración consulta: A) Registro de la propiedad. B) Plataforma @firma. C) Página web generalista. D) Correo institucional.

163. Según el ENS, un incidente de seguridad es: A) Cualquier evento que compromete disponibilidad, integridad o confidencialidad. B) Un fallo administrativo. C) Una petición ciudadana. D) Un mantenimiento programado.