A1 Temas 57 - 64

1438. Según el artículo 9 del Real Decreto Legislativo 1/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario son titulares catastrales: A) Las personas naturales y jurídicas dadas de alta en el Catastro Inmobiliario por ostentar, sobre la totalidad o parte de un bien inmueble, la titularidad de determinados derechos. B) Las persona naturales dadas de alta en el Catastro Inmobiliario por ostentar, sobre la totalidad o parte de un bien inmueble, la titularidad de determinados derechos. C) Las personas naturales y jurídicas dadas de alta en el Catastro Inmobiliario por ostentar la titularidad de determinados derechos sobre la totalidad de un bien inmueble. D) Las dos últimas opciones son correctas.

1439. Según el artículo 9 del Real Decreto Legislativo 1/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario, el titular catastral debe su condición a ser titular de alguno de los siguientes derechos: A) Derecho de propiedad plena, concesión administrativa sobre el bien inmueble o sobre los servicios públicos a que se halle afecto y usufructo. B) Derecho de propiedad plena o menos plena, concesión administrativa sobre el bien inmueble o sobre los servicios públicos a que se halle afecto, derecho real de superficie o derecho real de usufructo. C) Derecho real de superficie, derecho real de usufructo y concesión administrativa sobre el bien inmueble. D) Ninguna de las opciones es correcta.

1440. Según el artículo 9 del Real Decreto Legislativo 1/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario, en caso de discrepancia entre el titular catastral y el del correspondiente derecho según el Registro de la Propiedad: A) En el caso de fincas respecto de las cuales conste la referencia catastral en el Registro de la Propiedad, se tomará en cuenta, a los efectos del Catastro, la titularidad que resulte de aquél. B) En el caso de que la fecha del documento por el que se produce la incorporación al Catastro sea posterior a la del título inscrito en el Registro de la Propiedad se tomará en cuenta la titularidad que conste en el primero. C) En cualquier caso, prevalecerá la titularidad que conste en el Registro de la Propiedad, puesto que tiene el beneficio de la fe pública. D) Las dos primeras opciones son correctas.

1441. Según el artículo 10 del Real Decreto Legislativo 1/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario, en sus relaciones con el Catastro Inmobiliario, los titulares catastrales: A) Ostentan los derechos reconocidos en la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, con las especialidades previstas en dicha norma. B) Ostentan los derechos reconocidos en el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales. C) Ostentan los derechos reconocidos en la Ley 48/2002, de 23 de diciembre, del Catastro Inmobiliario. D) Ostentan los derechos reconocidos en la Ley 40/2015.

1442. Según el artículo 11 del Real Decreto Legislativo 1/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario es obligatoria: A) La incorporación de los bienes inmuebles, las alteraciones de sus características y la modificación de cuantos datos sean necesarios para que la descripción catastral de los inmuebles afectados concuerde con la realidad. B) La incorporación de los bienes inmuebles, así como de las alteraciones de sus características que impliquen modificaciones en el valor catastral ya asignado a bienes a los efectos de la liquidación del Impuesto sobre Bienes Inmuebles. C) La incorporación de los bienes inmuebles que impliquen la asignación de valor catastral, para que la descripción catastral de los inmuebles afectados concuerde con la realidad. D) La incorporación de los bienes inmuebles que impliquen la realización del hecho imponible del Impuesto sobre Bienes Inmuebles.

1443. Según el artículo 11 del Real Decreto Legislativo 1/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario, la incorporación de los bienes inmuebles al Catastro Inmobiliario se realizará mediante alguno de los siguientes procedimientos: A) Valoraciones, comunicaciones y solicitudes, subsanación de discrepancias y rectificación e inspección. B) Declaraciones, comunicaciones y solicitudes, subsanación de discrepancias y rectificación, inspección catastral y valoración. C) Declaraciones, comprobaciones y solicitudes, subsanación de discrepancias y rectificación, inspección catastral y valoración. D) Inspección tributaria, valoración y rectificación, comprobación de datos y liquidación.

1444. Según el artículo 12 del Real Decreto Legislativo 1/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario, los actos resultantes de los procedimientos de incorporación al Catastro Inmobiliario: A) Serán motivados excepto cuando el acto incluya la determinación de un nuevo valor catastral. B) Se notificarán individualmente, siendo suficiente la notificación de la valoración catastral resultante. C) Serán motivados con referencia a los hechos y fundamentos de derecho. D) Ha de ser notificada en tiempo y forma al sujeto pasivo la valoración catastral de un inmueble.

1445. Según el artículo 13 del Real Decreto Legislativo 1/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario. en relación a los procedimientos de incorporación al Catastro Inmobiliario, son declaraciones: A) Los documentos por los que se manifiesta o reconoce ante el Catastro Inmobiliario que se han producido las circunstancias determinantes de un alta, baja o modificación de la descripción catastral de los inmuebles. B) Los documentos con trascendencia catastral que debe remitir la Agencia Estatal de la Administración Tributaria al Catastro, en los supuestos y condiciones que se determinen reglamentariamente. C) La información relativa a los actos de parcelación que consistan en la segregación, división, agregación o agrupación de los bienes inmuebles. D) La información referida a la segregación, división, agregación o agrupación de los bienes inmuebles, siempre que conste la referencia catastral de los inmuebles afectados.

1446. Según el artículo 14 del Real Decreto Legislativo 1/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario, en relación a los procedimientos de incorporación al Catastro Inmobiliario, las comunicaciones son: A) Los documentos por los que se manifiesta o reconoce ante el Catastro Inmobiliario que se han producido las circunstancias determinantes de un alta, baja o modificación de la descripción catastral de los inmuebles. B) La información que los notarios y registradores de la propiedad deben remitir referida a documentos por ellos autorizados o inscritos cuyo contenido suponga la adquisición o consolidación de la propiedad, o la adquisición o constitución de los derechos de usufructo, superficie o de una concesión administrativa. C) La información que los titulares inmuebles deben notificar en relación a sus características y a sus alteraciones. D) Las dos primeras opciones son correctas.

1447. Según los artículos 13 y 16 del Real Decreto Legislativo 1/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario, no es obligatorio formalizar una declaración catastral en el supuesto de: A) La realización de nuevas construcciones y la ampliación, rehabilitación, reforma, demolición o derribo de las ya existentes, ya sea parcial o total. B) El fallecimiento de los titulares registrales o catastrales de los bienes inscritos en el Catastro Inmobiliario. C) La segregación, división, agregación y agrupación de los bienes inmuebles. D) La constitución, modificación, adquisición de la titularidad de una concesión administrativa y de los derechos reales de usufructo y de superficie.

1448. El plazo para presentar una declaración catastral es de: A) Tres meses desde el día siguiente al hecho, acto o negocio que es objeto de la declaración. B) Dos meses desde el día siguiente al hecho, acto o negocio que es objeto de la declaración. C) Dentro de la primera semana del mes siguiente a la fecha del hecho, acto o negocio que es objeto de la declaración. D) Dentro de los diez días siguientes al requerimiento a tal efecto que el Ayuntamiento les remita.

1449. Según el artículo 13 del Real Decreto 1/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario, son declaraciones: A) Los documentos por los que se manifiesta o reconoce ante el Catastro Inmobiliario que se han producido las circunstancias determinantes de un alta, baja o modificación de la descripción catastral de los inmuebles. B) Los documentos por los que se pone en conocimiento del Catastro que se ha producido una modificación en el inmueble que aumenta considerablemente su valor catastral. C) Los documentos por los que se incorpora al Catastro Inmobiliario un bien inmueble susceptible de producir o generar obligaciones tributarias. D) Los documentos por los que se notifica al Catastro Inmobiliario el cumplimiento formal y material de las obligaciones tributarias que afecten a un inmueble inscrito con anterioridad.

1450. En virtud de las estipulaciones del artículo 16 del Real Decreto 1/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario, se exime de la obligación de declarar: A) La adquisición o consolidación de la propiedad o la adquisición o constitución de los derechos de usufructo, superficie o de una concesión administrativa, ya se refieran a la totalidad del inmueble o a una cuota indivisa del mismo previamente incorporada en el Catastro. B) Cuando en el plazo establecido para presentar la correspondiente declaración, el transmitente del derecho haya presentado una solicitud de baja de titularidad catastral. C) Si el acto o negocio se formaliza en escritura pública o bien se ha solicitado su inscripción en el Registro de la Propiedad y se ha acreditado la referencia catastral del inmueble. D) En el caso que concurran todos los requisitos relacionados en las tres opciones anteriores.

1451. Según el artículo 10 del Real Decreto Legislativo 1/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario, en sus relaciones con el Catastro Inmobiliario, los titulares catastrales tienen el deber de: A) Colaborar con el Catastro Inmobiliario, suministrándole cuantos datos, informes o antecedentes resulten precisos para su gestión, bien sea con carácter general, bien a requerimiento de los órganos competentes de aquél conforme a lo legalmente establecido. B) Colaborar con el Catastro Inmobiliario, suministrándole cuantos datos, informes o antecedentes resulten precisos para su gestión, bien sea con carácter general, bien sea con carácter particular, bien a requerimiento de los órganos competentes de aquél conforme a lo reglamentariamente establecido. C) Colaborar con el Catastro Inmobiliario, suministrándole cuantos datos, informes o antecedentes resulten precisos para su gestión, bien sea con carácter general, bien a requerimiento de los órganos competentes de aquél conforme a lo reglamentariamente establecido. D) Ninguna de las anteriores es correcta.

1452. Según el artículo 17 del Real Decreto Legislativo 1/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario, los actos dictados como consecuencia de los procedimientos regulados podrán notificarse a los interesados: A) Sólo mediante notificación electrónica. B) Sólo mediante notificación personal y directa por medios no electrónicos. C) Sólo mediante comparecencia presencial. D) Ninguna de las anteriores es correcta.

1453. Según el artículo 17 del Real Decreto Legislativo 1/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario, los actos dictados como consecuencia de los procedimientos regulados podrán notificarse a los interesados: A) Mediante notificación electrónica, por comparecencia presencial o por notificación personal y directa por medios no electrónicos. B) Sólo mediante notificación personal y directa por medios no electrónicos. C) Sólo mediante comparecencia presencial. D) Ninguna de las anteriores es correcta.

1454. Según el artículo 17 del Real Decreto Legislativo 1/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario, las notificaciones se practicarán obligatoriamente mediante comparecencia electrónica o mediante la dirección electrónica habilitada, en los términos en que se regule mediante orden del Ministerio de Economía y Hacienda, en los siguientes supuestos: A) Personas jurídicas. B) Entidades sin personalidad jurídica que tengan garantizado el acceso y disponibilidad de los medios tecnológicos precisos. C) Colectivos de personas físicas que por razón de su capacidad económica o técnica, dedicación profesional u otros motivos acreditados tengan garantizado el acceso y disponibilidad de los medios tecnológicos precisos. D) Todas las respuestas anteriores son correctas.

1455. Según el artículo 17 del Real Decreto Legislativo 1/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario, las notificaciones se practicarán obligatoriamente mediante comparecencia electrónica o mediante la dirección electrónica habilitada, en los términos en que se regule mediante orden del Ministerio de Economía y Hacienda, en los siguientes supuestos: A) Personas físicas. B) Entidades sin personalidad jurídica que tengan garantizado el acceso y disponibilidad de los medios tecnológicos precisos. C) Colectivos de personas físicas que por razón de su capacidad económica o técnica, dedicación profesional u otros motivos acreditados tengan garantizado el acceso y disponibilidad de los medios tecnológicos precisos. D) la respuesta b y c son correctas.

1456. Según el artículo 18 del Real Decreto Legislativo 1/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario, la resolución que se dicte en un procedimiento de subsanación de discrepancias: A) Tendrá efectividad desde el día siguiente a la fecha en que el Catastro hubiera tenido constancia documentada de la discrepancia. B) Tendrá efectividad desde el día en que el Catastro hubiera tenido constancia documentada de la discrepancia. C) Tendrá efectividad desde los 10 días siguientes a la fecha en que el Catastro hubiera tenido constancia documentada de la discrepancia. D) Ninguna es correcta.

1457. Según el artículo 18 del Real Decreto Legislativo 1/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario, la resolución que se dicte en un procedimiento de subsanación de discrepancias: A) Deberá notificarse en 6 meses desde la notificación del acuerdo de iniciación a los interesados. B) Deberá notificarse en 3 meses desde la notificación del acuerdo de iniciación a los interesados. C) Deberá notificarse en 9 meses desde la notificación del acuerdo de iniciación a los interesados. D) Ninguna es correcta.

1458. Según el artículo 18 del Real Decreto Legislativo 1/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario, la resolución que se dicte en un procedimiento de subsanación de discrepancias: A) El vencimiento del plazo máximo de resolución determinará la caducidad del expediente y el archivo de todas las actuaciones. B) El vencimiento del plazo máximo de resolución determinará la prescripción del expediente y el archivo de todas las actuaciones. C) El vencimiento del plazo máximo de resolución determinará la caducidad del expediente, sin el archivo de todas las actuaciones. D) El vencimiento del plazo máximo de resolución determinará la caducidad del expediente y el archivo sólo de las actuaciones que dieron inicio al expediente.

1459. El valor catastral es: A) Una ratio o porcentaje tributario fijado objetivamente para cada bien inmueble y que resulta de la aplicación de los criterios de valoración recogidos en la correspondiente Orden de la Consejería competente. B) Un valor administrativo fijado objetivamente para cada bien inmueble y que resulta de la aplicación de los criterios de valoración recogidos en la Ponencia de valores del municipio correspondiente. C) Un índice fiscal fijado objetivamente para cada bien inmueble y que resulta de la aplicación de los criterios de valoración establecidos por el Ministerio de Hacienda recogidos en la pertinente Orden Ministerial. D) Un porcentaje establecido anualmente a efectos fiscales por la Ley de Presupuestos para el cálculo de los tributos relacionados con los derechos sobre bienes inmuebles.

1460. El Catastro Inmobiliario es: A) Un registro administrativo dependiente del Ministerio de Hacienda en el que se describen los bienes inmuebles rústicos, urbanos y de características especiales. B) Un registro administrativo dependiente del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente en el que se describen los bienes inmuebles rústicos y urbanos. C) Un registro administrativo dependiente del Ministerio de Hacienda en el que se describen los bienes inmuebles de características especiales. D) Un registro administrativo dependiente del Ministerio de Política Territorial en el que se describen los bienes inmuebles de características especiales.

1461. La utilidad del Catastro Inmobiliario la relaciona con: A) Una gran infraestructura de información territorial, disponible para todas las Administraciones Públicas, fedatarios, empresas y ciudadanos en general. B) Una gran infraestructura de información, cuyo principal uso en nuestro país es, sin duda alguna, el tributario. C) Una gran infraestructura para la gestión o el control de subvenciones nacionales o comunitarias. D) Las dos primeras opciones son correctas.

1462. Según el Preámbulo del Real Decreto Legislativo 1/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario, la naturaleza del Catastro Inmobiliario es: A) Tributaria, sirve elemento de referencia para la gestión de diversas figuras tributarias de los tres niveles territoriales de la Hacienda Pública. B) Un registro administrativo puesto al servicio del conjunto de las Administraciones Públicas, fedatarios y ciudadanos, en orden al buen funcionamiento de la Administración. C) Garantizar los efectos de la fe pública respecto de la titularidad y derechos reales sobre bienes inmuebles. D) Las dos primeras opciones son correctas.

1463. La regulación del transporte de personas y, especialmente, el transporte escolar y de menores, a los efectos relacionados con la seguridad vial, según el artículo 4 del Real Decreto Legislativo 6/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, es competencia: A) Del Ministerio del Interior. B) De la Administración General del Estado. C) Del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo. D) De la Jefatura Central de Tráfico.

1464. La vigilancia y disciplina del tráfico en vías interurbanas y en travesías cuando no exista Policía Local, así como la denuncia y sanción de las infracciones a las normas de circulación y de seguridad en dichas vías, es competencia, según el artículo 5 del Real Decreto Legislativo 6/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial: A) Del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo. B) De la Comunidad Autónoma correspondiente. C) Del Ministerio del Interior. D) De la Jefatura Central de Tráfico.

1465. Según el artículo 6 del Real Decreto Legislativo 6/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, la denuncia de las infracciones a las normas de tráfico y las labores de protección y auxilio en las vías públicas o de uso público, como entidad dependiente de la Jefatura Central de Tráfico, podrá ser llevada a efecto por: A) La Policía Autonómica. B) La Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil. C) La Policía Local. D) La Policía Local y la Policía Autonómica.

1466. Según el artículo 7 del Real Decreto Legislativo 6/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, los Municipios tendrán competencia en materia de: A) Realización de las pruebas, reglamentariamente establecidas, para determinar el grado de intoxicación alcohólica, o por drogas, de los conductores que circulen por las vías públicas en las que tiene atribuida la ordenación, gestión, control y vigilancia del tráfico. B) Regulación, ordenación, gestión, vigilancia y disciplina, por medio de agentes propios, del tráfico en las vías urbanas de su titularidad, así como la denuncia de las infracciones que se cometan en dichas vías y la sanción de estas cuando no esté expresamente atribuida a otra Administración. C) Expedición y revisión de los permisos y licencias para conducir vehículos a motor y ciclomotores y de la autorización especial para conducir vehículos que transporten mercancías peligrosas. D) Las dos primeras opciones son correctas.

1467. Según el artículo 74 las acciones u omisiones contrarias al Real Decreto Legislativo 6/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, tendrán la consideración de: A) Infracciones administrativas y delitos tipificados penalmente. B) Infracciones administrativas. C) Faltas. D) Infracciones administrativas y faltas.

1468. El artículo 8 del Real Decreto Legislativo 6/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, define el Consejo Superior de Tráfico, Seguridad Vial y Movilidad Sostenible como: A) Órgano de cooperación para el impulso y mejora del tráfico, la seguridad vial y la movilidad sostenible y para promover la concertación de las distintas entidades de la Administración General del Estado que desarrollan actividades en esos ámbitos. B) Órgano de consulta y participación para el impulso y mejora del tráfico, la seguridad vial y la movilidad sostenible y para promover la cooperación entre la Administración General del Estado y las Comunidades Autónomas. C) Órgano de consulta y participación para el impulso y mejora del tráfico, la seguridad vial y la movilidad sostenible y para promover la concertación de las distintas Administraciones Públicas y entidades que desarrollan actividades en esos ámbitos. D) Órgano técnico de consulta del Ministerio del Interior y de las Comunidades Autónomas con competencias en materia de tráfico, seguridad vial y movilidad.

1469. El artículo 9 del Real Decreto Legislativo 6/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, crea la Conferencia Sectorial de Tráfico, Seguridad Vial y Movilidad Sostenible. A) Es el órgano de cooperación entre la Administración General del Estado y las administraciones de las Comunidades Autónomas que hayan recibido el traspaso de funciones y servicios en materia de tráfico y circulación de vehículos a motor. sB) Es el órgano de cooperación entre la Administración General del Estado y las administraciones de las Entidades Locales que desarrollen funciones y servicios en materia de tráfico y circulación de vehículos a motor. C) Es el órgano de la Administración General del Estado que coordina los Ministerios y entidades administrativas estatales con competencias en el ámbito de la seguridad vial. D) Es el órgano de cooperación entre la Administración General del Estado, las Comunidades Autónomas y las Corporaciones Locales que desempeñan actividades relacionadas con la seguridad vial.

1470. La regulación, ordenación, gestión, vigilancia y disciplina, por medio de agentes propios, del tráfico en las vías urbanas, según el artículo 7 del Real Decreto Legislativo 6/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, es competencia de: A) Las Comunidades Autónomas que tengan esas competencias transferidas. B) El Ministerio del Interior. C) Los Municipios. D) La Jefatura Central de Tráfico.

1471. La regulación de los usos de las vías urbanas, la distribución de los aparcamientos y el establecimiento de medidas de estacionamiento limitado, según el artículo 7 del Real Decreto Legislativo 6/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, se regularán mediante: A) Decreto de la Jefatura Provincial de Tráfico. B) Reglamento de la Consejería competente. C) Ordenanza Municipal. D) Ninguna de las anteriores opciones es correcta.

1472. En relación con la Policía Local la potestad para ordenar, señalizar y dirigir el tráfico en el casco urbano, de acuerdo con lo establecido en las normas de circulación y para instruir atestados por accidentes de circulación dentro del casco urbano viene establecida en: A) La Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases del Régimen Local. B) La Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. C) El Real Decreto Legislativo 6/2015, de 30 de octubre. D) La Ley Orgánica 2/2007, de 19 de marzo, Estatuto de Autonomía.

1473. Las competencias en materia de tráfico, estacionamiento de vehículos y movilidad, se ejercen por los Municipios como competencias propias, en los términos de la legislación del Estado y de las Comunidades Autónomas, en virtud de lo establecido en: A) La Ley Orgánica 2/2007, de 19 de marzo, de reforma del Estatuto de Autonomía. B) El Real Decreto Legislativo 6/2015, de 30 de octubre. C) La Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local. D) El Real Decreto Legislativo 339/1990, de 2 de marzo.

1474. La competencia para instruir los expedientes sancionadores y para sancionar en vías urbanas, le corresponde a los Municipios, el Ayuntamiento deberá instruir el expediente sancionador y el Alcalde el competente para sancionar, así se deriva de: A) El artículo 84. 4 del Real Decreto Legislativo 6/2015. B) El artículo 4 de la Ley 7/1985, de 2 de abril. C) La Ley 40/2015, de 1 de octubre. D) Las dos primeras opciones son correctas.

1475. Por razones justificadas o por insuficiencia de los servicios municipales, si no puede ser ejercida por los Alcaldes la facultad sancionadora, asumirían las competencias: A) Los Jefes Provinciales de Tráfico o los órganos competentes de las Comunidades Autónomas que tengan transferidas las competencias ejecutivas en la materia. B) Los Jefes Provinciales de Tráfico. C) La Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil. D) La Jefatura de la Policía Local.

1476. En las vías públicas, que están dentro de poblado y no son travesías, las competencias sancionatorias, en principio, en materia de tráfico corresponden a: A) La Policía Local. B) El Alcalde. C) El Jefe Provincial de Tráfico. D) El Municipio.

1477. Las infracciones en materia de sanciones administrativas serán sancionadas por: A) El Consejo Superior de Tráfico. B) El titular de la Concejalía competente en materia de movilidad y seguridad. C) El Jefe Provincial de Tráfico. D) El Alcalde.

1478. El artículo 75 del Real Decreto Legislativo 6/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, tipifica como infracciones leves: A) No respetar los límites de velocidad reglamentariamente establecidos o circular en un tramo a una velocidad media superior a la reglamentariamente establecida. B) No hacer uso de los elementos y prendas reflectantes por parte de los usuarios de ciclomotores. C) Incumplir las normas contenidas en dicha Ley que no se califiquen expresamente como infracciones graves o muy graves. D) Circular sin hacer uso del alumbrado reglamentario.

1479. El artículo 76 del Real Decreto Legislativo 6/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, tipifica como infracciones graves, cuando no sean constitutivas de delito: A) No respetar los límites de velocidad reglamentariamente establecidos o circular en un tramo a una velocidad media superior a la reglamentariamente establecida. B) Conducir con tasas de alcohol superiores a las que reglamentariamente se establezcan, o con presencia en el organismo de drogas. C) Conducir vehículos que tengan instalados inhibidores de radares o cinemómetros o cualesquiera otros mecanismos encaminados a interferir en el correcto funcionamiento de los sistemas de vigilancia del tráfico. D) Circular en una bicicleta sin hacer uso del alumbrado reglamentario.

1480. El artículo 76 del Real Decreto Legislativo 6/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, tipifica como infracciones graves, cuando no sean constitutivas de delito: A) No hacer uso del cinturón de seguridad, sistemas de retención infantil, casco y demás elementos de protección. B) Conducir con presencia en el organismo de drogas. C) El incumplimiento de la obligación de asegurar los vehículos a motor. D) Conducción temeraria.

1481. El artículo 77 del Real Decreto Legislativo 6/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, tipifica como infracciones muy graves, cuando no sean constitutivas de delito: A) Conducir utilizando manualmente dispositivos de telefonía móvil, navegadores o cualquier otro medio o sistema de comunicación, así como utilizar mecanismos de detección de radares o cinemómetros. B) Conducir utilizando cualquier tipo de casco de audio o auricular conectado a aparatos receptores o reproductores de sonido u otros dispositivos que disminuyan la atención permanente a la conducción. C) La conducción negligente. D) Incumplir la obligación de todos los conductores de vehículos, y de los demás usuarios de la vía implicados en algún accidente de tráfico o infracción, de someterse a las pruebas para la detección de alcohol o drogas en el organismo.

1482. Según el artículo 84 del Real Decreto Legislativo 6/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial: A) La competencia para sancionar las infracciones cometidas en vías interurbanas y travesías corresponde al Jefe de Tráfico de la provincia en que se haya denunciado el hecho. B) La competencia para sancionar las infracciones cometidas en vías interurbanas y travesías corresponde al Jefe de Tráfico de la provincia en que el hecho haya producido daños o lesiones. C) La competencia para sancionar las infracciones cometidas en vías interurbanas y travesías corresponde al Jefe de Tráfico de la provincia en que se haya cometido el hecho. D) La competencia para sancionar las infracciones cometidas en vías interurbanas y travesías corresponde al Jefe de Tráfico de la provincia en que haya quedado registrado oportunamente el hecho por cualquier medio disponible para la Administración competente.

1483. Según el artículo 84 del Real Decreto Legislativo 6/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, en el caso de infracciones cometidas en el territorio de más de una provincia: A) La competencia para su sanción corresponde al Jefe de Tráfico de la provincia en que la infracción hubiera sido primeramente denunciada. B) La competencia para su sanción corresponde al Jefe de Tráfico de la provincia en que la infracción hubiera quedado registrada por cualquier medio disponible para la Administración competente. C) La competencia para su sanción corresponde al Secretario General Provincial de Justicia e Interior. D) La competencia para su sanción corresponde a la Subdelegación del Gobierno concernida.

1484. La sanción por infracción a normas de circulación cometidas en vías urbanas corresponderá a: A) La Concejalía competente. B) Al Delegado de Gobierno en esa provincia. C) Al Delegado Provincial de Tráfico. D) Los respectivos Alcaldes, excepcionando lo relativo a autorizaciones administrativas, que podrán delegar esta competencia de acuerdo con la normativa aplicable.

1485. Según el artículo 80 del Real Decreto Legislativo 6/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, en principio, las sanciones serán las siguientes: A) Las infracciones leves serán sancionadas con multa de hasta 100 euros; las graves, con multa de 200 euros, y las muy graves, con multa de 500 euros. B) Las infracciones leves serán sancionadas con multa de hasta 50 euros; las graves, con multa de 200 euros, y las muy graves, con multa de 1.000 euros. C) Las infracciones leves serán sancionadas con multa de hasta 200 euros; las graves, con multa de 500 euros, y las muy graves, con multa de 1.000 euros. D) Las infracciones leves serán sancionadas con multa de hasta 50 euros; las graves, con multa de 300 euros, y las muy graves, con multa de 2.000 euros.

1486. Serán sancionadas con multa de 1.000 euros: A) Conducir con tasas de alcohol superiores a las que reglamentariamente se establezcan, o con presencia en el organismo de drogas. B) Incumplir la obligación de todos los conductores de vehículos y demás usuarios de la vía cuando se hallen implicados en algún accidente de tráfico o infracción, de someterse. C) las pruebas para la detección de alcohol o drogas en el organismo. D) La conducción temeraria.

1487. La imputabilidad la relaciona con: A) Un concepto que únicamente es aplicable en el campo del Derecho Penal. B) La determinación de los elementos o condiciones bajo las cuales el autor es responsable por el hecho antijurídico sancionable. C) El desconocimiento de las conductas prohibidas por le legislación vial. D) La comisión de un hecho típicamente antijurídico determina de forma automática la imposición de la sanción correspondiente.

1488. El Derecho Administrativo sancionador que determina la regulación y aplicación de sanciones en materia de tráfico y la seguridad vial: A) Castiga la autoría, la complicidad y el encubrimiento. B) Sanciona la cooperación y la autoría. C) Sólo sanciona la autoría. D) Solo sanciona la autoría y el encubrimiento.

1489. El ordenamiento permite la conducción de los menores de 18 años, con excepciones: A) Los catorce años son la edad mínima requerida para obtener la licencia de conducción que autoriza a conducir vehículos para personas de movilidad reducida. B) El permiso para los ciclomotores de dos o tres ruedas y cuatriciclos ligeros se puede obtener con quince años cumplidos y en el caso de las motocicletas con una cilindrada máxima de 125 cm³ y potencia máxima de 11 kW con dieciséis años cumplidos. C) La licencia para la conducción de ciertos vehículos agrícolas autopropulsados se puede obtener a los dieciséis. D) Las tres opciones son correctas.

1490. Según el artículo 82 del Real Decreto Legislativo 6 /2015, , de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, cuando la autoría de los hechos cometidos corresponda a un menor de dieciocho años: A) Responderán solidariamente con él de la multa impuesta sus padres, tutores, acogedores y guardadores legales o de hecho, por este orden. B) Responderán solidariamente con él de la multa impuesta sus padres o tutores. C) Responderán solidariamente con él menor de la multa impuesta sus padres, tutores, acogedores y guardadores legales o de hecho si obviaron su deber de prevenir la conducta lesiva del menor. D) No responderán más que por culpa in vigilando en el caso de los progenitores.

1491. Según el artículo 82 del Real Decreto Legislativo 6 /2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, en los supuestos en que no tenga lugar la detención del vehículo y éste no tuviese designado un conductor habitual: A) Si tuviese designado un conductor habitual, la responsabilidad recaerá en éste, salvo que acredite que era otro el conductor o la sustracción del vehículo. B) Será responsable el conductor identificado por el titular o el arrendatario. C) Responderán solidariamente el propietario del vehículo o el titular del seguro de este. D) Las dos primeras opciones son correctas.

760. Según el artículo 59 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, las deudas tributarias podrán extinguirse: A) Por pago, prescripción, compensación o condonación y por los demás medios previstos en las leyes. B) Por pago, caducidad, prescripción, compensación o condonación y por los demás medios legalmente previstos. C) Por pago, prescripción, compensación o condonación, por los medios previstos en la normativa aduanera y por los demás medios previstos en las leyes. D) Por pago, prescripción, caducidad o condonación, por los medios previstos en la normativa aduanera y por los demás medios previstos en las leyes.

761. Según el artículo 59 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, el efecto liberatorio de la extinción de la deuda tributaria afectará: A) Exclusivamente al importe pagado, compensado, deducido o condonado. B) Principalmente al importe pagado, compensado, deducido o condonado. C) A la totalidad de la deuda reconocida por el obligado tributario. D) Al importe de la deuda consignado por la Administración Tributaria en la liquidación definitiva.

762. Según el artículo 60 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, en relación con las formas de pago: A) El pago de la deuda tributaria se efectuará en efectivo, mediante efectos timbrados o mediante giro postal certificado. B) El pago de la deuda tributaria se efectuará en efectivo, mediante efectos timbrados o en especie cuando se determine expresamente. C) El pago de la deuda tributaria se efectuará en cualquier caso utilizando técnicas y medios electrónicos, informáticos o telemáticos. D) Las últimas opciones son correctas.

763. Según el artículo 62 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, en el caso de deudas tributarias resultantes de liquidaciones practicadas por la Administración, el pago en período voluntario deberá hacerse en los siguientes plazos. A) Si la notificación de la liquidación se realiza entre los días uno y 15 de cada mes, desde la fecha de recepción de la notificación hasta el día 20 del mes posterior o, si éste no fuera hábil, hasta el inmediato hábil siguiente. B) Si la notificación de la liquidación se realiza entre los días uno y 15 de cada mes, desde la fecha de recepción de la notificación hasta el último día hábil del mes en curso, pudiendo solicitar el obligado tributario una prórroga de siete días. C) Si la notificación de la liquidación se realiza entre los días uno y 15 de cada mes, desde la fecha de recepción de la notificación hasta el día cinco del segundo mes posterior. D) Si la notificación de la liquidación se realiza entre los días 16 y último de cada mes, desde la fecha de recepción de la notificación hasta los veinte días posteriores a la recepción de la notificación.

764. Según el artículo 62 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, el pago en período voluntario de las deudas de notificación colectiva y periódica que no tengan establecido otro plazo en sus normas reguladoras deberá efectuarse: A) En el período comprendido entre el día uno de septiembre y el 20 de diciembre o, si éste no fuera hábil, hasta el inmediato hábil siguiente. B) En el período comprendido entre el día uno de septiembre y el 30 de octubre o, si éste no fuera hábil, hasta el inmediato hábil siguiente. C) En el período comprendido entre el día quince de septiembre y el 20 de Noviembre o, si éste no fuera hábil, hasta el inmediato hábil siguiente para los pagos domiciliados. D) En el período comprendido entre el día uno de septiembre y el 20 de noviembre o, si éste no fuera hábil, hasta el inmediato hábil siguiente.

765. Según el artículo 62 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, las deudas que deban abonarse mediante efectos timbrado: A) Se pagarán en el momento en el que se reciba la notificación de la Administración Tributaria competente. B) Se pagarán en el momento de la realización del hecho imponible, si no se dispone otro plazo en su normativa específica. C) Se pagarán en el momento de la recepción de la liquidación pertinente. D) Se abonarán cuando la Administración Tributaria competente valide el importe de la liquidación.

766. Según el artículo 62 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, una vez iniciado el período ejecutivo y notificada la providencia de apremio, el pago de la deuda tributaria deberá efectuarse en los siguientes plazos. A) Si la notificación de la providencia se realiza entre los días uno y 15 de cada mes, desde la fecha de recepción de la notificación hasta el día 20 de dicho mes o, si éste no fuera hábil, hasta el inmediato hábil siguiente.1. B) Si la notificación de la providencia se realiza entre los días uno y 15 de cada mes, desde la fecha de recepción de la notificación hasta el día 20 del mes posterior o, si éste no fuera hábil, hasta el inmediato hábil siguiente. C) Si la notificación de la providencia se realiza entre los días uno y 15 de cada mes, desde la fecha de recepción de la notificación hasta el último día hábil del mes en curso. D) Si la notificación de la providencia se realiza entre los días 16 y último de cada mes, desde la fecha de recepción de la notificación hasta veinte días después de la recepción de la notificación.

767. Según el artículo 62 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, el ingreso de una deuda tributaria se suspenderá, sin aportación de garantías, cuando se compruebe que por la misma operación: A) Se ha satisfecho a la misma u otra Administración una deuda tributaria. B) Cuando se ha soportado la repercusión de otro impuesto. C) Siempre que el pago o la repercusión fuera incompatible con la deuda exigida y el sujeto pasivo no tenga derecho a la completa deducción del importe soportado indebidamente. D) Todas las opciones son correctas.

768. Según el artículo 65 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, el fraccionamiento supone: A) Un aplazamiento con la especialidad de realizarse el pago en varios plazos. B) La obligación ineludible de realizar pagos parciales. C) Un diferimiento en el momento del pago referido al importe total de la deuda. D) las dos primeras opciones son correctas.

769. Según el artículo 65 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, las deudas tributarias: A) Podrán aplazarse en los términos que se fijen reglamentariamente y previa solicitud del obligado tributario si se encuentran en período voluntario. B) Podrán aplazarse en los términos que se fijen reglamentariamente y previa solicitud del obligado tributario si se encuentran en período ejecutivo. C) Podrán aplazarse en los términos que se fijen reglamentariamente y previa solicitud del obligado tributario si se encuentran en período voluntario o ejecutivo. D) Podrán fraccionarse en los términos que se fijen reglamentariamente y previa solicitud del obligado tributario si se encuentran en período voluntario.

770. Según el artículo 63 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, en los casos de ejecución forzosa en que se hubieran acumulado varias deudas tributarias del mismo obligado tributario, y no pudieran extinguirse totalmente, en relación a la imputación de pagos: A) Si no pudieran extinguirse totalmente, la Administración Tributaria aplicará el pago a la deuda más antigua. B) Cuando se hubieran acumulado varias deudas tributarias a favor de una Administración y de otras entidades de Derecho público dependientes de la misma, tendrán preferencia para su cobro estas últimas. C) Si no pudieran extinguirse totalmente la Administración Tributaria aplicará el pago a la deuda más reciente. D) Si no pudieran extinguirse totalmente la Administración Tributaria aplicará el pago a la deuda de mayor importe.

771. Según el artículo 66 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, en relación a los plazos de prescripción, establece que no prescriben a los cuatro años los siguientes derechos: A) El derecho de la Administración para iniciar el procedimiento de comprobación de las bases o cuotas compensadas o pendientes de compensación. B) El derecho de la Administración para exigir el pago de las deudas tributarias liquidadas y autoliquidadas. C) El derecho de la Administración para determinar la deuda tributaria mediante la oportuna liquidación. D) El derecho a solicitar las devoluciones derivadas de la normativa de cada tributo, las devoluciones de ingresos indebidos y el reembolso del coste de las garantías.

772. Según el artículo 67 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, el plazo de prescripción del derecho de la Administración para determinar la deuda tributaria mediante la oportuna liquidación comenzará a contarse: A) Desde el día en que comience el plazo reglamentario para presentar la correspondiente declaración o autoliquidación. B) Desde el día siguiente a aquel en que finalice el plazo reglamentario para presentar la correspondiente declaración o autoliquidación. B) Desde el día siguiente a aquel en que finalice el plazo reglamentario para presentar la correspondiente declaración o autoliquidación. D) Ninguna de las opciones es correcta.

773. Según el artículo 67 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, plazo de prescripción del derecho de la Administración para exigir el pago de las deudas tributarias liquidadas y autoliquidadas comenzará a contarse: A) Desde el día siguiente a aquel en que finalice el plazo de pago en período voluntario. B) Desde el día en que comience el plazo reglamentario para presentar la correspondiente declaración o autoliquidación. C) Desde el día en que tenga lugar el requerimiento de pago por la Administración tributaria competente. D) Desde el día siguiente a la notificación de la última actuación recaudatoria practicada.

774. Según el artículo 67 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, el plazo de prescripción del derecho a solicitar las devoluciones derivadas de la normativa de cada tributo, las devoluciones de ingresos indebidos y el reembolso del coste de las garantías comenzará a contarse: A) Desde el día siguiente a aquel en que finalice el plazo para solicitar la correspondiente devolución derivada de la normativa de cada tributo. B) Desde el día siguiente a la fecha de la sentencia o resolución administrativa que declare total o parcialmente improcedente el acto impugnado. C) Desde el día siguiente a aquel en que se requirió el pago del ingreso indebido. D) Ninguna de las opciones es correcta.

775. Según el artículo 67 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, el plazo de prescripción del derecho a obtener las devoluciones derivadas de la normativa de cada tributo, las devoluciones de ingresos indebidos y el reembolso del coste de las garantías comenzará a contarse: A) Desde el día siguiente a aquel en que finalicen los plazos establecidos para efectuar las devoluciones derivadas de la normativa de cada tributo. B) Desde el día siguiente a la fecha de notificación del acuerdo donde se reconozca el derecho a percibir la devolución o el reembolso del coste de las garantías. C) Desde el día siguiente a la finalización del plazo de pago en periodo voluntario. D) Las dos primeras opciones son correctas.

776. Según el artículo 68 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, el plazo de prescripción del derecho de la Administración para determinar la deuda tributaria mediante la oportuna liquidación se interrumpe: A) Por cualquier acción de la Administración Tributaria, realizada con conocimiento del obligado tributario. B) Por cualquier acción de la Administración Tributaria conducente a la investigación de todos o parte de los elementos de la obligación tributaria. C) Por cualquier acción de la Administración Tributaria, realizada con conocimiento formal del obligado tributario. D) Las dos primeras opciones son correctas.

777. En relación a la compensación, el artículo 71 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, admite la posibilidad de que: A) Las deudas tributarias se extingan total o parcialmente por compensación. B) La compensación habrá de aplicarse, en todo caso, de oficio. C) Las deudas tributarias de un obligado tributario podrán extinguirse parcialmente por compensación con créditos reconocidos por acto administrativo a favor del mismo previa solicitud de este último. D) Las dos primeras opciones son correctas.

778. Según el artículo 69 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, en relación a los efectos de la prescripción: A) La prescripción ganada extingue la deuda tributaria. B) Aprovecha por igual a todos los obligados al pago de la deuda tributaria excepto a los responsables. C) Se aplicará de oficio, excepto en los casos en que se haya pagado la deuda tributaria. D) Ha de ser invocada o excepcionada por el obligado tributario.

779. Según el artículo 75 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, las deudas tributarias: A) Sólo podrán condonarse en virtud de ley, en la cuantía y con los requisitos que en la misma se determinen. B) La condonación de las obligaciones es contraria al principio de la indisponibilidad de la Administración de los créditos tributarios de que es acreedora. C) La condonación de las obligaciones tributarias será establecida reglamentariamente en los casos excepcionales acordados por el Consejo de Ministros a propuesta del Ministro de Hacienda. D) Las dos últimas opciones son correctas.

780. Según el artículo 76 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, las deudas tributarias que no hayan podido hacerse efectivas en los respectivos procedimientos de recaudación por insolvencia probada, total o parcial, de los obligados tributarios: A) Se darán de baja en cuentas en la cuantía procedente, mediante la declaración del crédito como incobrable, total o parcial. B) En los casos en que se haya declarado el crédito incobrable, el procedimiento de apremio se reanudará, dentro del plazo de prescripción, cuando se tenga conocimiento de la solvencia de algún obligado al pago. C) Las deudas tributarias que no hayan podido hacerse efectivas en los respectivos procedimientos de recaudación se darán de baja en cuentas en la cuantía procedente. D) Las dos primeras opciones son correctas.

781. Según el artículo 79 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, en relación a los bienes afectos por ley al pago de la deuda tributaria. A) Los bienes y derechos transmitidos quedarán afectos a la responsabilidad del pago de las cantidades, liquidadas o no, correspondientes a los tributos que graven tales transmisiones, adquisiciones o importaciones, cualquiera que sea su poseedor. B) Los adquirentes de bienes afectos por ley al pago de la deuda tributaria responderán subsidiariamente con ellos, por derivación de la acción tributaria, si la deuda no se paga. C) Los bienes transmitidos quedarán afectos a la responsabilidad del pago de las cantidades liquidadas correspondientes a los tributos que graven tales transmisiones, adquisiciones o importaciones, cualquiera que sea su poseedor. D) Las dos primeras opciones son correctas.

782. Según el artículo 78 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, en los tributos que graven periódicamente los bienes o derechos inscribibles en un registro público o sus productos directos, ciertos o presuntos, tendrán preferencia sobre cualquier otro acreedor o adquirente: A) El Estado, las Comunidades Autónomas y las Entidades Locales si estos no han inscrito sus derechos. B) El Estado y las Comunidades Autónomas, aunque éstos hayan inscrito sus derechos. C) El Estado, las Comunidades Autónomas y las Entidades Locales aunque éstos hayan inscrito sus derechos. D) Las Entidades Locales, hayan inscrito o no sus derechos.

783. Según el artículo 77 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, la Hacienda Pública: A) Tendrá prelación en todo caso para el cobro de los créditos tributarios vencidos y no satisfechos cuanto concurra con otros acreedores. B) Tendrá prelación para el cobro de los créditos tributarios vencidos y no satisfechos respecto a otros acreedores, excepto que se trate de acreedores de dominio, prenda, hipoteca u otro derecho real inscrito con anterioridad. C) Tendrá prelación en todo caso para el cobro de los créditos tributarios vencidos y no satisfechos cuanto concurra con otros acreedores excepto las obligaciones derivadas de relaciones paternofiliales derivadas de procedimientos judiciales. D) Tendrá prelación en todo caso para el cobro de los créditos tributarios vencidos y no satisfechos cuanto concurra con otros acreedores excepto los créditos derivados de obligaciones incumplidas con la Seguridad Social.

784. En relación con el artículo 74 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, señale cuál de las siguientes afirmaciones no es correcta: A) Podrán extinguirse mediante deducción sobre transferencias las deudas tributarias que las Comunidades Autónomas y Entidades Locales tengan con el Estado. B) Podrán extinguirse mediante deducción sobre transferencias las deudas tributarias que el Estado tenga con las Comunidades Autónomas y Entidades Locales. C) El inicio del procedimiento determinará la suspensión del cobro de las deudas a las que el mismo se refiera. D) La extinción de las deudas tendrá lugar cuando se produzca la deducción y por la cantidad concurrente.

785. ¿Quién está legitimado para pagar una deuda Tributaria?. A) Sólo el sujeto pasivo. B) Cualquier persona. C) Sólo el contribuyente. D) Sólo el obligado a retener.

786. En relación con el artículo 61 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, señale cuál de las siguientes afirmaciones no es correcta: A) Se entiende pagada en efectivo una deuda tributaria cuando se realiza el ingreso en caja de su importe. B) Se entiende una deuda tributaria mediante efectos timbrados cuando se utilicen estos en la forma que reglamentariamente se determine. C) Se entiende pagada en efectivo una deuda tributaria cuando la entidad colaboradora en la recaudación lo notifique a la Administración Tributaria. D) El pago en especie extinguirá la deuda tributaria en el momento señalado en las normas que lo regulen.

787. Según el artículo 64 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, en caso de que un obligado tributario consigne el importe de la deuda en la Caja General de Depósitos u órgano equivalente de las restantes Administraciones Públicas, ¿qué efectos liberatorios tendrá esta actuación?. A) Tendrá plenos efectos liberatorios. B) Ninguno, no se puede depositar el importe de una deuda tributaria en la Caja General de Depósitos. C) Los que determine cada Administración Tributaria, en base a su potestad de autoorganización. D) Los que se determinen reglamentariamente.

788. En relación a la compensación, el artículo 73 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, dispone que se compensarán de oficio: A) Las deudas tributarias que se encuentren en periodo voluntario. B) Las deudas tributarias que se encuentren en periodo ejecutivo. C) Las deudas tributarias que las Comunidades Autónomas y Entidades Locales tengan con el Estado, tanto en periodo voluntario como en periodo ejecutivo. D) Ninguna de las opciones es correcta.

789. En relación a la compensación de oficio, el artículo 73 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, dispone que la extinción de la deuda tributaria se producirá: A) Siempre en el momento de inicio del periodo ejecutivo. B) Siempre cuando se cumplan los requisitos exigidos para las deudas y los créditos. C) En el momento de inicio del periodo ejecutivo o cuando se cumplan los requisitos exigidos para las deudas y los créditos, si este momento fuera anterior. D) En el momento de inicio del periodo ejecutivo o cuando se cumplan los requisitos exigidos para las deudas y los créditos, si este momento fuera posterior.

748. Según el artículo 65 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, podrán aplazarse o fraccionarse: A) Las deudas tributarias que se encuentren en período voluntario o ejecutivo. B) Las deudas tributarias cuya exacción se realice por medio de efectos timbrados. C) Las deudas tributarias que tengan la consideración de créditos contra la masa. D) Ninguna deuda tributaria puede aplazarse ni fraccionarse.

749. En virtud de las estipulaciones del artículo 65 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, podrán aplazarse o fraccionarse las deudas tributarias. A) Previa solicitud del obligado tributario, cuando su situación económico-financiera le impida definitivamente efectuar el pago. B) Previa solicitud del obligado tributario, cuando su situación económico-financiera le impida, de forma transitoria, efectuar el pago en los plazos establecidos. C) Previa solicitud de cualquier persona física por falta de liquidez. D) Previa solicitud de cualquier persona jurídica por falta de liquidez, siempre que se acredite el cumplimiento anterior de sus obligaciones con la Hacienda Pública.

750. El aplazamiento supone: A) Una división temporal del ingreso de la deuda. B) Una ampliación del plazo para el pago. C) Una periodización de la deuda tributaria. D) Todas las opciones son correctas.

751. Según el artículo 53 del Real Decreto 939/2005, de 29 de julio, si el fraccionamiento ha sido solicitado en periodo ejecutivo, la base para el cálculo de intereses: A) Incluirá el recargo del periodo ejecutivo. B) No Incluirá el recargo del periodo ejecutivo. C) Incluirá el recargo del periodo ejecutivo, salvo que la deuda esté garantizada. D) Ninguna de las opciones es correcta.

752. Según el artículo 44 del Real Decreto 939/2005, de 29 de julio, por el que se aprueba el Reglamento General de Recaudación. A) Serán aplazables todas las deudas tributarias y demás de naturaleza pública cuya titularidad corresponda a la Hacienda Pública. B) Serán fraccionables todas las deudas tributarias y demás de naturaleza pública cuya titularidad corresponda a la Hacienda Pública. C) Serán susceptibles de suspensión todas las deudas de naturaleza pública cuya titularidad corresponda a la Hacienda Pública. D) Las dos primeras opciones son correctas.

753. Según el artículo 65 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, cuando la totalidad de la deuda aplazada o fraccionada se garantice con aval solidario de entidad de crédito o sociedad de garantía recíproca o mediante certificado de seguro de caución, el interés de demora exigible será: A) El interés legal que corresponda hasta la fecha de la resolución que acuerde el aplazamiento o fraccionamiento. B) El interés legal más dos puntos hasta la fecha del ingreso. C) El interés legal que corresponda hasta la fecha de su ingreso. D) El interés legal más dos puntos hasta la fecha de la resolución que acuerde el aplazamiento o fraccionamiento.

754. Según el artículo 65 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, la presentación de una solicitud de aplazamiento o fraccionamiento en período voluntario: A) Impedirá el inicio del período ejecutivo y el devengo del interés de demora. B) Suspenderá el inicio del período ejecutivo y el devengo del interés de demora. C) Impedirá el inicio del período ejecutivo, pero no el devengo del interés de demora. D) Retrasará el inicio del período ejecutivo y el devengo del interés de demora.

755. Según el artículo 65 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, las solicitudes de aplazamiento o fraccionamiento en período ejecutivo podrán presentarse: A) Hasta la notificación de la resolución que notifique al obligado la fecha señalada para la celebración de subasta. B) Hasta el momento en que se notifique al obligado el acuerdo de enajenación de los bienes embargados. C) Hasta el momento en que se notifique al obligado la firmeza del acuerdo de enajenación de los bienes. D) Ninguna de las opciones es correcta.

756. Según el artículo 45 del Real Decreto 939/2005, de 29 de julio, por el que se aprueba el Reglamento General de Recaudación, las solicitudes de aplazamiento o fraccionamiento de las deudas cuya recaudación se lleve a cabo por la Agencia Estatal de Administración Tributaria serán tramitadas y resueltas por: A) La Dirección General del Tesoro y Política Financiera. B) La Agencia Estatal de Administración Tributaria. C) Las Delegaciones de Economía y Hacienda. D) La Subsecretaría de Hacienda.

757. Según el artículo 46 del Real Decreto 939/2005, de 29 de julio, las solicitudes de aplazamiento o fraccionamiento de deudas que se encuentren en periodo voluntario de ingreso o de presentación de las correspondientes autoliquidaciones, se dirigirán al órgano competente para su tramitación dentro de los plazos siguientes: A) En cualquier momento anterior a la notificación del acuerdo de enajenación de los bienes. B) En deudas de notificación colectiva y periódica que no tengan establecido otro plazo entre el día uno de septiembre y el 20 de noviembre o, si éste no fuera hábil, hasta el inmediato hábil siguiente. C) Las deudas tributarias resultantes de una autoliquidación deberán pagarse en los cinco primeros días del mes siguiente a aquel en que se practicó dicho trámite. D) Todas las opciones son correctas.

758. Según el artículo 46 del Real Decreto 939/2005, de 29 de julio, si la solicitud de aplazamiento o fraccionamiento no reúne los requisitos establecidos en la normativa o no se acompañan los documentos necesarios, el órgano competente para la tramitación requerirá al solicitante para que subsane el defecto o aporte los documentos: A) En un plazo de 10 días contados a partir del siguiente al de la notificación del requerimiento. B) En un plazo de 30 días contados a partir del siguiente al de la notificación del requerimiento. C) En un plazo de 20 días contados a partir del siguiente al de la notificación del requerimiento. D) En un plazo de 15 días hábiles contados a partir del siguiente al de la notificación del requerimiento.

759. Según el artículo 48 del Real Decreto 939/2005, de 29 de julio, la garantía cubrirá: A) El importe de la deuda en periodo voluntario, de los intereses de demora que genere el aplazamiento y un 15 por ciento de la suma de ambas partidas. B) El importe de la deuda en periodo voluntario, de los intereses de demora que genere el aplazamiento y un 20 por ciento de la suma de ambas partidas. C) El importe de la deuda en periodo voluntario, de los intereses de demora que genere el aplazamiento y un 25 por ciento de la suma de ambas partidas. D) El importe de la deuda en periodo voluntario, de los intereses de demora que genere el aplazamiento más un 25 por ciento del importe del total de la deuda.

760. Según el artículo 48 del Real Decreto 939/2005, de 29 de julio, la vigencia de la garantía constituida mediante aval o certificado de seguro de caución deberá: A) Exceder al menos en seis meses al vencimiento del plazo o plazos garantizados. B) Exceder al menos en tres meses al vencimiento del plazo o plazos garantizados. C) Exceder al menos en doce meses al vencimiento del plazo o plazos garantizados. D) Exceder al menos en cuatro meses al vencimiento del plazo o plazos garantizados.

761. Según el artículo 48 del Real Decreto 939/2005, de 29 de julio, la garantía deberá formalizarse: A) En el plazo de tres meses contados a partir del día siguiente al de la notificación del acuerdo de concesión cuya eficacia quedará condicionada a dicha formalización. B) En el plazo de un mes contado a partir del día siguiente al de la notificación del acuerdo de concesión cuya eficacia quedará condicionada a dicha formalización. C) En el plazo de cuarenta días contados a partir del día siguiente al de la notificación del acuerdo de concesión cuya eficacia quedará condicionada a dicha formalización. D) En el plazo de dos meses contados a partir del día siguiente al de la notificación del acuerdo de concesión cuya eficacia quedará condicionada a dicha formalización.

762. Según el artículo 48 del Real Decreto 939/2005, de 29 de julio, transcurrido el plazo reglamentario sin haberse formalizado las garantías, las consecuencias serán las siguientes: A) Si la solicitud fue presentada en periodo ejecutivo de ingreso, deberá continuar el procedimiento de apremio. B) Si la solicitud fue presentada en periodo voluntario de ingreso, se iniciará el periodo ejecutivo al día siguiente de aquel en que finalizó el plazo para la formalización de las garantías. C) Si la solicitud fue presentada en periodo voluntario de ingreso, se iniciará el periodo ejecutivo en un plazo de 30 días contados a partir del siguiente al de la notificación de la finalización del plazo para la formalización de las garantías. D) Las dos primeras opciones son correctas.

763. Según el artículo 48 del Real Decreto 939/2005, de 29 de julio, si la solicitud aplazamiento o fraccionamiento fue presentada en periodo voluntario de ingreso y finalmente no se hubieran formalizado las garantías, se procederá a la liquidación de los intereses de demora devengados: A) A partir del día siguiente a la fecha de la presentación de la solicitud hasta la fecha de fin del plazo para la formalización de las garantías. B) . A partir del día siguiente al del vencimiento del plazo de ingreso en periodo voluntario hasta la fecha de la notificación del inicio del procedimiento de apremio. C) A partir del día siguiente al del vencimiento del plazo de ingreso en periodo voluntario hasta la fecha de fin del plazo para la formalización de las garantías sin perjuicio de los que se devenguen posteriormente. D) Ninguna de las opciones es correcta.

764. Según el artículo 82 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, para garantizar los aplazamientos o fraccionamientos de la deuda tributaria, la Administración Tributaria podrá exigir: A) Que se constituya a su favor hipoteca inmobiliaria o mobiliaria, prenda con o sin desplazamiento y fianza personal y solidaria. B) Que se constituya a su favor prenda con o sin desplazamiento y fianza personal y solidaria. C) Que se constituya a su favor aval solidario de entidad de crédito o sociedad de garantía recíproca o certificado de seguro de caución. D) Ninguna de las opciones es correcta.

765. Según el artículo 82 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, la Administración podrá admitir garantías que consistan en hipoteca, prenda, fianza personal y solidaria u otra que se estime suficiente: A) Cuando se justifique que no es posible obtener aval solidario de entidad de crédito o sociedad de garantía recíproca. B) Cuando se justifique que su aportación compromete gravemente la viabilidad de la actividad económica. C) Cuando se solicite por el obligado tributario que haya obtenido aplazamientos o fraccionamientos con anterioridad y se hayan abonado ajustándose a los requerimientos y plazos establecidos por la Administración Tributaria. D) Las dos primeras opciones son correctas.

766. Según el artículo 52 del Real Decreto 939/2005, de 29 de julio, si la resolución concediese el aplazamiento o fraccionamiento: A) Se notificará al solicitante advirtiéndole de los efectos que se producirán de no constituirse la garantía en el plazo legalmente establecido. B) Se notificará al solicitante el cálculo de los intereses de demora asociados a cada uno de los plazos de ingreso concedidos. C) Si la resolución de fraccionamiento incluyese deudas que se encontrasen en periodo voluntario y deudas que se encontrasen en periodo ejecutivo, habrán de satisfacerse en primer lugar estas últimas. D) Las dos primeras opciones son correctas.

767. Según el artículo 52 del Real Decreto 939/2005, de 29 de julio, si la resolución dictada fuese denegatoria del aplazamiento o del fraccionamiento, las consecuencias serán las siguientes: A) Si la solicitud fue presentada en periodo voluntario de ingreso, con la notificación del acuerdo denegatorio se iniciará el plazo de ingreso. B) Si la notificación de la liquidación se realiza entre los días uno y 15 de cada mes, hasta el día 20 del mes posterior o, si éste no fuera hábil, hasta el inmediato hábil siguiente. C) Si la notificación de la liquidación se realiza entre los días 16 y último de cada mes, hasta el día cinco del segundo mes posterior o, si éste no fuera hábil, hasta el inmediato hábil siguiente. D) Las tres opciones son correctas.

768. Según el artículo 52 del Real Decreto 939/2005, de 29 de julio, si la resolución dictada fuese denegatoria del aplazamiento o del fraccionamiento, y se realizase el ingreso en los plazos voluntarios previstos procederá la liquidación de los intereses de demora devengados: A) A partir del día de inicio del plazo de ingreso en periodo voluntario hasta la fecha del ingreso realizado durante el plazo abierto con la notificación de la denegación. B) A partir del día siguiente al del vencimiento del plazo de ingreso en periodo voluntario hasta la fecha del ingreso realizado durante el plazo abierto con la notificación de la denegación. C) A partir del día siguiente a la notificación de la resolución denegatoria del aplazamiento o fraccionamiento hasta la fecha del ingreso realizado durante el plazo abierto con la notificación de la denegación. D) Ninguna de las opciones es correcta.

769. La Ley General Tributaria dispensa de la obligación de presentar garantías en el caso de que el importe de la deuda no exceda de: A) 18.000 €. B) 30.000 €. C) 15.000 €. D) 50.000 €.

770. Según el artículo 52 del Real Decreto 939/2005, de 29 de julio, contra la denegación de las solicitudes de aplazamiento o fraccionamiento: A) a. Cabrá la presentación del correspondiente recurso de reposición o recurso de queja. B) Sólo cabrá la presentación en plazo de la correspondiente reclamación económico-administrativa. C) Sólo cabrá la presentación del correspondiente recurso de reposición o reclamación económico-administrativa. D) Sólo cabrá la presentación del correspondiente recurso de alzada.

771. Según el artículo 52 del Real Decreto 939/2005, de 29 de julio, en caso de interponerse un recurso contra la resolución que deniegue la solicitud de aplazamiento o fraccionamiento, la resolución deberá notificarse: A) En el plazo de seis meses. B) En el plazo de tres meses. C) En el plazo de dos meses. D) En el plazo de nueve meses.

772. Según el artículo 52 del Real Decreto 939/2005, de 29 de julio, interpuesto recurso contra la resolución que deniegue el fraccionamiento o aplazamiento: A) Transcurrido el plazo reglamentario sin que se haya notificado la resolución, se podrá entender desestimada la solicitud a los efectos de interponer el recurso correspondiente o esperar la resolución expresa. B) Transcurrido el plazo reglamentario sin que se haya notificado la resolución, se podrá entender estimada la solicitud. C) Transcurrido el plazo reglamentario sin que se haya notificado la resolución, se podrá instar nuevamente el fraccionamiento o aplazamiento aportando nuevas garantías o incrementando las inicialmente ofrecidas. D) Ninguna de las opciones es correcta.

773. Según el artículo 54 del Real Decreto 939/2005, de 29 de julio, si una deuda aplazada no se paga llegado el vencimiento del plazo concedido, los efectos serán los siguientes: A) Si la solicitud fue presentada en periodo voluntario, se iniciará el periodo ejecutivo al día siguiente. B) Si la solicitud fue presentada en periodo ejecutivo, se continuará el procedimiento de apremio. C) Se concederá un nuevo plazo improrrogable para efectuar el pago. D) Las dos primeras opciones son correctas.

774. Según el artículo 54 del Real Decreto 939/2005, de 29 de julio, en caso de incumplimiento de un aplazamiento o fraccionamiento solicitado en periodo voluntario de pago, se exigirán los intereses de demora siguientes: A) Los devengados a partir del día siguiente al del vencimiento del plazo de ingreso en periodo voluntario hasta la fecha de vencimiento del plazo o fracción concedidos. B) Los devengados a partir del día siguiente al de la solicitud de aplazamiento o fraccionamiento hasta la fecha de vencimiento del plazo o fracción concedidos. C) Los devengados a partir del último día del mes en que se presentó la solicitud de aplazamiento o fraccionamiento hasta la fecha de vencimiento del plazo o fracción concedidos. D) No se exigirán intereses de demora.

790. Las deudas tributarias resultantes de una autoliquidación deberán pagarse: A) El día de su presentación en el registro competente. B) En los plazos que establezca la normativa de cada tributo. C) En los 15 días siguientes a su presentación en el registro competente. D) Ninguna de las contestaciones son correctas.

791. En el caso de deudas tributarias resultantes de liquidaciones practicadas por la Administración, si la notificación de la liquidación se realiza entre los días uno y 15 de cada mes, el pago en período voluntario deberá hacerse en los siguientes plazos. A) Desde la fecha de recepción de la notificación hasta el día 5 del mes posterior o, si éste no fuera hábil, hasta el inmediato hábil siguiente. B) Desde la fecha de recepción de la notificación hasta el día 15 del mes posterior o, si éste no fuera hábil, hasta el inmediato hábil siguiente. C) Desde la fecha de recepción de la notificación hasta el día 20 del mes posterior o, si éste no fuera hábil, hasta el inmediato hábil siguiente. D) Desde la fecha de recepción de la notificación hasta el día 30 del mes posterior o, si éste no fuera hábil, hasta el inmediato hábil siguiente.

792. En el caso de deudas tributarias resultantes de liquidaciones practicadas por la Administración, si la notificación de la liquidación se realiza entre los días 16 y último de cada mes, el pago en período voluntario deberá hacerse en los siguientes plazos. A) Desde la fecha de recepción de la notificación hasta el día 5 del segundo mes posterior o, si éste no fuera hábil, hasta el inmediato hábil siguiente. B) Desde la fecha de recepción de la notificación hasta el día 10 del segundo mes posterior o, si éste no fuera hábil, hasta el inmediato hábil siguiente. C) Desde la fecha de recepción de la notificación hasta el día 15 del segundo mes posterior o, si éste no fuera hábil, hasta el inmediato hábil siguiente. D) Desde la fecha de recepción de la notificación hasta el día 20 del segundo mes posterior o, si éste no fuera hábil, hasta el inmediato hábil siguiente.

793. El inicio del procedimiento de recaudación en período voluntario se produce por. A) La notificación, individual o colectiva, de la liquidación al obligado al pago. B) La apertura del respectivo plazo recaudatorio cuando se trate de los recursos que sean objeto de notificación colectiva y periódica. C) La fecha de comienzo del plazo señalado reglamentariamente para su presentación tratándose de autoliquidaciones. D) Todas las contestaciones son correctas.

794. La finalización del procedimiento de recaudación en período voluntario tiene lugar. A) El día del vencimiento de los correspondientes plazos de ingreso señalados en el artículo 62 de la LGT. B) El día de finalización del plazo en los tributos de cobro periódico de notificación colectiva. C) El día de finalización del plazo para la presentación de las autoliquidaciones. D) Todas las contestaciones son correctas.

795. Podrán actuar como entidades colaboradoras en la recaudación las entidades de crédito. A) Sin necesidad de autorización alguna. B) Autorizadas por cada Administración. C) Autorizadas por el Jefe del Servicio de Recaudación. D) Ninguna de las contestaciones son correctasinistración.

796. Sólo podrán actuar como entidades colaboradoras, entre otras,. A) Las cooperativas de crédito. B) Las gestorías homologadas. C) La caja de la Corporación. D) Las Notarías.

797. Las entidades colaboradoras en la recaudación prestarán el servicio. A) Mediante retribución fija. B) Mediante retribución variable. C) Sin retribución alguna. D) Ninguna de las contestaciones son correctas.

798. Para valorar adecuadamente la conveniencia de conceder la autorización para actuar como entidades colaboradoras en la recaudación, se tendrá en cuenta. A) La solvencia de la entidad. B) El reparto de dividendos. C) La oferta económica presentada. D) La figura del Consejero.

799. La Resolución que se dicte frente a una solicitud de autorización para actuar como entidades colaboradoras en la recaudación, se notificará a la entidad solicitante en el plazo de. A) Un mes. B) Dos meses. C)Tres meses. D) Seis meses.

800. Antes de iniciar el servicio de colaboración, las entidades solicitantes deberán comunicar al órgano de recaudación competente los siguientes extremos. A) Relación de todas sus oficinas. B) Su domicilio y su clave bancaria. C) Fecha o fechas de comienzo de la prestación. D) Todas las contestaciones son correctas.

801. Los órganos de recaudación efectuarán. A) El control, pero nunca seguimiento de la actuación de las entidades colaboradoras. B) El control y seguimiento de la actuación de las entidades. C) Nunca el control, sólo el seguimiento de la actuación de las entidades colaboradoras. D) Ni el control, ni el seguimiento de la actuación de las entidades colaboradoras.

802. Los obligados al pago podrán ingresar a través de entidades colaboradoras en la recaudación. A) Sólo cuando tengan cuentas abiertas en las entidades colaboradoras. B) Sólo mediante previa contratación con las entidades colaboradoras. C) Sólo mediante previa contratación o acuerdo con la Administración. D) Sin necesidad de tener cuentas abiertas en las entidades colaboradoras.

803. Los obligados al pago podrán ingresar en las entidades colaboradoras las siguientes deudas. A) Las notificadas a los obligados al pago como consecuencia de liquidaciones practicadas por la Administración, tanto en periodo voluntario como ejecutivo. B) Las notificadas a los obligados al pago como consecuencia de liquidaciones practicadas por la Administración, sólo en periodo voluntario. C) Las notificadas a los obligados al pago como consecuencia de liquidaciones practicadas por la Administración, sólo en periodo ejecutivo. D) Ninguna de las contestaciones son correctas.

804. Los ingresos a través de entidades colaboradoras en la recaudación se realizarán en. A) Cuentas operativas de ingresos y pagos. B) Cuentas financieras de colocación de excedentes de tesorería. C) cuentas restringidas abiertas en las entidades colaboradoras. D) cuentas restringidas abiertas en cualquier entidad.

805. Las entidades colaboradoras admitirán, en todo caso. A) El dinero de curso legal como medio de pago. B) El cheque como medio de pago. C) La letra do medio de pago. D) El endoso como medio de pago.

806. Cualquiera que fuera el medio de pago utilizado a través de entidades colaboradoras en la recaudación. A) Correrán por cuenta de la Administración todos los gastos que pudieran generarse por la utilización de medios diferentes al dinero de curso legal. B) Correrán por cuenta de la Administración los gastos facturados que pudieran generarse por la utilización de medios diferentes al dinero de curso lega. B) Correrán por cuenta de la Administración los gastos facturados que pudieran generarse por la utilización de medios diferentes al dinero de curso lega. D) En ningún caso correrán por cuenta de la Administración los gastos que pudieran generarse por la utilización de medios diferentes al dinero de curso legal.

807. La entidad colaboradora que deba admitir un ingreso para el Tesoro, deberá comprobar. A) Sólo la identificación del obligado al pago. B) Sólo el importe a ingresar. C) La identificación del obligado al pago y del importe a ingresar. D) No debe de comprobar nada.

808. La recaudación de deudas de vencimiento periódico y notificación colectiva podrá realizarse, según se establezca en cada caso. A) Por los órganos de recaudación que tengan a su cargo la gestión de los recursos. B) A través de una o varias entidades de crédito con las que se acuerde la prestación del servicio. C) Por cualquier otra modalidad que se establezca para el ingreso de los recursos de la Hacienda pública. D) Todas las contestaciones son correctas.

809. Para la recaudación de deudas de vencimiento periódico y notificación colectiva, la comunicación del periodo de pago se llevará a cabo. A) Mediante publicación exclusivamente de los correspondientes edictos en el boletín oficial que corresponda. B) Mediante publicación de los correspondientes edictos en el boletín oficial que corresponda y en las oficinas de los ayuntamientos afectados. C) Mediante publicación de los correspondientes edictos en cualquier boletín oficial y en las oficinas de los ayuntamientos afectados. D) Sin necesidad de publicación alguna.

810. El anuncio de cobranza de deudas de vencimiento periódico y notificación colectiva podrá ser sustituido por. A) Folletos informativos. B) Anuncio en la página web. C) Elaboración de calendario de recaudación. D) Notificaciones individuales.

811. El anuncio de cobranza de deudas de vencimiento periódico y notificación colectiva deberá contener. A) El plazo de ingreso. B) La modalidad de cobro. C) Los lugares, días y horas de ingreso. D) Todas las respuestas son correctas.

812. En caso de deudas de vencimiento periódico y notificación colectiva cuyo cobro se realice por recibo, cuando el obligado al pago u otra persona se persone en el lugar de ingreso, y por cualquier circunstancia no estuviera disponible el recibo. A)Se admitirá el pago y se expedirá el correspondiente justificante, aunque el obligado al pago no figure inscrito en las listas cobratorias. B) Siempre se admitirá el pago. C) Se admitirá el pago y se expedirá el correspondiente justificante, siempre que el obligado al pago figure inscrito en las listas cobratorias. D) Todas las respuestas son correctas.

813. En caso de deudas de vencimiento periódico y notificación colectiva los obligados al pago. A) Podrán domiciliar el pago en cuentas abiertas en entidades de crédito. B) Podrán domiciliar el pago en cuentas abiertas en cualquier institución. C) Únicamente podrán realizar el pago mediante transferencia bancaria. D) Ninguna de las respuestas es correcta.

814. El pago en período voluntario de las deudas de notificación colectiva y periódica que no tengan establecido otro plazo en sus normas reguladoras deberá efectuarse. A) En el período comprendido entre el día uno de octubre y el 20 de noviembre o, si éste no fuera hábil, hasta el inmediato hábil siguiente. B) En el período comprendido entre el día uno de septiembre y el 20 de noviembre o, si éste no fuera hábil, hasta el inmediato hábil siguiente. C) En el período comprendido entre el día uno de octubre y el 30 de noviembre o, si éste no fuera hábil, hasta el inmediato hábil siguiente. D) En el período comprendido entre el día uno de septiembre y el 30 de noviembre o, si éste no fuera hábil, hasta el inmediato hábil siguiente.

815. El período ejecutivo se inicia en el caso de deudas liquidadas por la Administración tributaria. A) El día anterior al del vencimiento del plazo establecido para su ingreso en el artículo 62 de la Ley 58/2003. B) El mismo día del 58/2003 vencimiento del plazo establecido para su ingreso en el artículo 62 de la Ley. C) El día siguiente al del vencimiento del plazo establecido para su ingreso en el artículo 62 de la Ley 58/2003. D) Ninguna de las respuestas es correcta.

816. El período ejecutivo se inicia en el caso de deudas a ingresar mediante autoliquidación presentada sin realizar el ingreso. A) Al día anterior de la finalización del plazo que establezca la normativa de cada tributo para dicho ingreso o, si éste ya hubiere concluido, el día siguiente a la presentación de la autoliquidación. B) Al mismo día de la finalización del plazo que establezca la normativa de cada tributo para dicho ingreso o, si éste ya hubiere concluido, el día siguiente a la presentación de la autoliquidación. C) Al día siguiente de la finalización del plazo que establezca la normativa de cada tributo para dicho ingreso o, si éste ya hubiere concluido, el día siguiente a la presentación de la autoliquidación. D) Ninguna de las respuestas es correcta.

817. La presentación de una solicitud de aplazamiento, fraccionamiento o compensación en período voluntario, así como las solicitudes de suspensión y pago en especie. A) No impedirá el inicio del período ejecutivo durante la tramitación de dichos expedientes. B) Impedirá el inicio del período ejecutivo durante la tramitación de dichos expedientes, sin excepciones. C) Impedirá el inicio del período ejecutivo durante la tramitación de dichos expedientes, excepto que anteriormente se hubiera denegado, respecto de la misma deuda tributaria, otra solicitud previa de aplazamiento, fraccionamiento, compensación, suspensión o pago en especie en periodo voluntario habiéndose abierto otro plazo de ingreso sin que se hubiera producido el mismo. D) Ninguna de las respuestas es correcta.

818. La interposición de un recurso o reclamación en tiempo y forma contra una sanción. A) Nunca impedirá el inicio del período ejecutivo. B) Impedirá el inicio del período ejecutivo frente a sanciones firmes. C) Impedirá el inicio del período ejecutivo hasta que la sanción sea provisional en vía administrativa y no haya finalizado el plazo para el ingreso voluntario del pago. D) Impedirá el inicio del período ejecutivo hasta que la sanción sea firme en vía administrativa y haya finalizado el plazo para el ingreso voluntario del pago.

819. La declaración de concurso. A) No suspenderá el plazo voluntario de pago de las deudas que tengan la calificación de concursal. B) Suspenderá el plazo voluntario de pago de las deudas que tengan la calificación de concursal. C) Condonará el pago de las deudas que tengan la calificación de concursal. D) Anulará el pago de las deudas que tengan la calificación de concursal.

820. Iniciado el período ejecutivo, la Administración tributaria efectuará la recaudación de las deudas. A) Por el procedimiento de urgencia sobre el patrimonio del obligado al pago. B) Por el procedimiento de apremio sobre el patrimonio del obligado al pago. C) Por el procedimiento abreviado sobre el patrimonio del obligado al pago. D) Por el procedimiento confiscatorio sobre el patrimonio del obligado al pago.

821. El inicio del período ejecutivo determinará la exigencia de. A) Los intereses de demora. B) Los recargos del período ejecutivo. C) En su caso, de las costas del procedimiento de apremio. D) Todas las respuestas son correctas.

822. Los recargos del período ejecutivo se devengan. A) Con el inicio de dicho período. B) Con el inicio del procedimiento de apremio. C) Con el inicio del procedimiento de embargo. D) Con el inicio del período en voluntaria.

823. Los recargos del período ejecutivo son. A) Recargo normal, recargo de apremio reducido y recargo de apremio ordinario. B) Recargo ejecutivo, recargo de apremio reducido y recargo de apremio ordinario. C) Recargo ejecutivo, recargo de apremio normal y recargo de apremio ordinario. D) Recargo ejecutivo, recargo de apremio reducido y recargo de apremio extraordinario.

824. Los recargos del período ejecutivo son. A) Son acumulativos entre sí. B) Son compensables entre sí. C) Son incompatibles entre sí. D) Son compatibles entre sí.

825. Los recargos del período ejecutivo. A) Se calculan sobre la totalidad de la deuda ingresada y no ingresada en período voluntario. B) Se calculan sobre la totalidad de la deuda ingresada en período ejecutivo. C) Se calculan sobre la totalidad de la deuda ingresada en período voluntario. D) Se calculan sobre la totalidad de la deuda no ingresada en período voluntario.

826. El recargo ejecutivo será del. A) 0.05. B) 0.1. C) 0.15. D) 0.2.

827. El recargo de apremio reducido será del. A) 0.05. B) 0.1. C) 0.15. D) 0.2.

828. El recargo de apremio ordinario será del. A) 0.05. B) 0.1. C) 0.15. D) 0.2.

829. El recargo ejecutivo se aplicará cuando. A) Se satisfaga la totalidad de la deuda no ingresada en periodo voluntario después de la notificación de la providencia de apremio. B) Se satisfaga la totalidad de la deuda no ingresada en periodo ejecutivo antes de la notificación de la providencia de apremio. C) Se satisfaga la totalidad de la deuda no ingresada en periodo voluntario antes de la notificación de la providencia de apremio. D) No se satisfaga la totalidad de la deuda no ingresada en periodo voluntario antes de la notificación de la providencia de apremio.

830. Cuando se satisfaga la totalidad de la deuda no ingresada en periodo voluntario y el propio recargo antes de la finalización del plazo previsto en el apartado 5 del artículo 62 de la ley 58/2003 para las deudas apremiadas, se aplicará el recargo. A) Ejecutivo. B) De apremio reducido. C) De apremio ordinario. D) No cabe recargo alguno.

831. El recargo compatible con los intereses de demora es el. A) Ejecutivo. B) De apremio reducido. C) De apremio ordinario. D) Ningún recargo es compatible con los intereses de demora.

832. La exigencia del interés de demora tributario. A) No requiere la previa intimación de la Administración ni la concurrencia de un retraso culpable en el obligado. B) Requiere la previa intimación de la Administración y la concurrencia de un retraso culpable en el obligado. C) No requiere la previa intimación de la Administración, pero sí la concurrencia de un retraso culpable en el obligado. D) Requiere la previa intimación de la Administración, pero no la concurrencia de un retraso culpable en el obligado.

833. El interés de demora se calculará sobre. A) El importe no ingresado en plazo, nunca sobre la cuantía de la devolución cobrada improcedentemente. B) El importe no ingresado en plazo o sobre la cuantía de la devolución cobrada improcedentemente. C) El importe no ingresado en plazo o sobre la cuantía de la devolución cobrada procedentemente. D) El importe ingresado en plazo o sobre la cuantía de la devolución cobrada improcedentemente.

834. El interés de demora, cuando la Ley de Presupuestos Generales del Estado no establezca otro diferente, será. A) El interés legal del dinero vigente a lo largo del período en el que aquél resulte exigible, incrementado en un 5 por ciento. B) El interés legal del dinero vigente a lo largo del período en el que aquél resulte exigible, incrementado en un 15 por ciento. C) El interés legal del dinero vigente a lo largo del período en el que aquél resulte exigible, incrementado en un 25 por ciento. D) El interés legal del dinero vigente a lo largo del período en el que aquél resulte exigible, incrementado en un 35 por ciento.

835. En los supuestos de aplazamiento, fraccionamiento o suspensión de deudas garantizadas en su totalidad mediante aval solidario de entidad de crédito o sociedad de garantía recíproca o mediante certificado de seguro de caución, el interés de demora exigible será. A) El interés de demora fijado en la Ley de Presupuestos Generales del Estado. B) El interés legal incrementado en un 15%. C) El interés legal incrementado en un 25%. D) El interés legal.

836. Las cantidades adeudadas devengarán interés de demora. A) Desde el inicio del periodo ejecutivo hasta la fecha de su ingreso. B) Desde el inicio del periodo de pago en voluntaria hasta la fecha de su ingreso. C) Desde la notificación de la providencia de apremio hasta la fecha de su ingreso. D) Desde el inicio del periodo ejecutivo hasta la notificación de la providencia de apremio.

837. Cuando sin mediar suspensión, aplazamiento o fraccionamiento una deuda se satisfaga totalmente antes de que concluya el plazo establecido en el artículo 62.5 de la Ley 58/2003, para el pago de las deudas apremiadas. A) No se exigirán los intereses de demora devengados desde el inicio del periodo de pago en voluntaria. B) No se exigirán los intereses de demora devengados desde el inicio del periodo ejecutivo. C) Se exigirán los intereses de demora devengados desde el inicio del periodo ejecutivo. D) No se exigirán los intereses de demora.

838. La base sobre la que se aplicará el tipo de interés de demora. A) Incluirá el recargo de apremio y costas. B) Incluirá el recargo de apremio. C) No incluirá el recargo de apremio. D) Ninguna de las respuestas es correcta.

839. Cuando se produzca el pago de la deuda apremiada una vez finalizado el plazo establecido en el artículo 62.5 de la Ley 58/2003. A) La liquidación de los intereses devengados se practicará con dos meses de antelación. B) La liquidación de los intereses devengados se practicará con un mes de antelación. C) La liquidación de los intereses devengados se practicará con 15 días de antelación. D) La liquidación de los intereses devengados se practicará posteriormente.

660. El procedimiento de apremio es. A) Exclusivamente administrativo. B) Exclusivamente judicial. C) Conjuntamente administrativo y judicial. D) Ninguna de las respuestas es correcta.

661. El procedimiento administrativo de apremio. A) Será acumulable a los judiciales y a otros procedimientos de ejecución. B) No será acumulable a los judiciales ni a otros procedimientos de ejecución. C) Será acumulable a los judiciales, pero no a otros procedimientos de ejecución. D) No será acumulable a los judiciales, pero si a otros procedimientos de ejecución.

662. El procedimiento administrativo de apremio. A) Se suspenderá siempre por la iniciación de un procedimiento judicial. B) No se suspenderá nunca por la iniciación de un procedimiento judicial. C) Se suspenderá por la iniciación de un procedimiento judicial cuando se dicte auto de suspensión. D) Ninguna de las respuestas es correcta.

663. Cuando concurra con otros procesos o procedimientos singulares de ejecución, el procedimiento de apremio será preferente. A) Si el embargo efectuado en el curso del procedimiento de apremio fuera el de mayor cuantía. B) Si el embargo efectuado en el curso del procedimiento de apremio fuera el más acreditado. C) Si el embargo efectuado en el curso del procedimiento de apremio fuera el más reciente. D) Si el embargo efectuado en el curso del procedimiento de apremio fuera el más antiguo.

664. Cuando concurra con otros procesos o procedimientos concursales o universales de ejecución, el procedimiento de apremio será preferente para la ejecución de los bienes o derechos embargados en el mismo. A) Siempre que el embargo acordado en el mismo se hubiera efectuado con anterioridad a la fecha de declaración del concurso. B) Siempre que el apremio acordado en el mismo se hubiera efectuado con anterioridad a la fecha de declaración del concurso. C) Siempre que el embargo acordado en el mismo se hubiera efectuado con posterioridad a la fecha de declaración del concurso. D) Siempre que el apremio acordado en el mismo se hubiera efectuado con posterioridad a la fecha de declaración del concurso.

665. Cuando el interesado demuestre que se ha producido en su perjuicio error material, aritmético o de hecho en la determinación de la deuda, que la misma ha sido ingresada, condonada, compensada, aplazada o suspendida o que ha prescrito el derecho a exigir el pago. A) El procedimiento de apremio se suspenderá de forma automática por los órganos de recaudación, siempre que se preste garantía. B) El procedimiento de apremio se suspenderá de forma automática por los órganos de recaudación, sin necesidad de prestar garantía. C) El procedimiento de apremio se suspenderá en el plazo de un mes por los órganos de recaudación, sin necesidad de prestar garantía. D) El procedimiento de apremio se suspenderá en el plazo de un mes por los órganos de recaudación, una vez se haya prestado garantía.

666. Cuando un tercero pretenda el levantamiento del embargo por entender que le pertenece el dominio o titularidad de los bienes o derechos embargados o cuando considere que tiene derecho a ser reintegrado de su crédito con preferencia a la Hacienda Pública. A) Formulará reclamación de daños y perjuicios ante el órgano administrativo competente. B) Formulará reclamación de responsabilidad patrimonial ante el órgano administrativo competente. C) Formulará reclamación de tercería ante el órgano administrativo competente. D) Formulará reclamación de herederos ante el órgano administrativo competente.

667. Si se interpone tercería de dominio. A) No se suspenderá el procedimiento de apremio en ningún trámite. B) Se suspenderá el procedimiento de apremio en su totalidad. C) No se suspenderá el procedimiento de apremio en lo que se refiere a los bienes y derechos controvertidos. D) Se suspenderá el procedimiento de apremio en lo que se refiere a los bienes y derechos controvertidos.

668. Si se interpone tercería de mejor derecho. A) Proseguirá el procedimiento hasta la realización de los bienes y el producto obtenido se consignará en depósito a resultas de la resolución de la tercería. B) Proseguirá el procedimiento hasta la realización de los bienes y el producto obtenido se entregará al reclamante. C) Proseguirá el procedimiento hasta el anuncio de subasta. D) Se suspenderá el procedimiento hasta la resolución de la tercería.

669. Cuando se declare la nulidad de determinadas actuaciones del procedimiento de apremio. A) Se dispondrá la conservación de todas las actuaciones. B) Se dispondrá la conservación de las no afectadas por la causa de la nulidad. C) Se dispondrá la anulación de todas las actuaciones. D) Se dispondrá la anulación del procedimiento.

670. El procedimiento de apremio se iniciará. A) Automáticamente al inicio del periodo ejecutivo. B) Al finalizar el plazo del pago en voluntaria. C) Con la notificación de la providencia de apremio. D) Con el acuerdo de embargo.

671. La providencia de apremio deberá contener. A) Liquidación de la sanción por apremio. B) Liquidación de la multa por apremio. C) Liquidación de los intereses de demora. D) Liquidación del recargo del periodo ejecutivo.

672. En la Administración Local la providencia de apremio la dictará. A) El Tesorero. B) El Interventor. C) El Presidente. D) El Concejal de Hacienda.

673. En caso de que se asuma mediante convenio la recaudación ejecutiva de deudas de Ayuntamientos de la provincia, en el Patronato Provincial de Recaudación la providencia de apremio será dictada. A) Por el Tesorero del Ayuntamiento. B) Por el Tesorero del Patronato Provincial de Recaudación. C) Conjuntamente por ambos Tesoreros. D) Por órgano competente de la Agencia Estatal de Administración Tributaria.

674. En la notificación de la providencia de apremio se harán constar. A) Daños y perjuicios ocasionados a Hacienda. B) Las multas implícitas a todo procedimiento de apremio. C) La Repercusión de costas del procedimiento. D) La prohibición de solicitar aplazamiento o fraccionamiento de pago.

675. En la notificación de la providencia de apremio se harán constar. A) Lugar de ingreso de la deuda y del recargo. B) Posibilidad de solicitar aplazamiento o fraccionamiento de pago. C) Recursos que procedan contra la providencia de apremio, órganos ante los que puedan interponerse y plazo para su interposición. D) Todas las respuestas son correctas.

676. Si la notificación de la providencia se realiza entre los días uno y 15 de cada mes, el pago de la deuda tributaria deberá efectuarse en el siguiente plazo. A) Desde la fecha de recepción de la notificación hasta el día 20 de dicho mes o, si éste no fuera hábil, hasta el inmediato hábil siguiente. B) Desde la fecha de recepción de la notificación hasta el día 15 de dicho mes o, si éste no fuera hábil, hasta el inmediato hábil siguiente. C) Desde la fecha de recepción de la notificación hasta el día 20 del mes siguiente o, si éste no fuera hábil, hasta el inmediato hábil siguiente. D) Desde la fecha de recepción de la notificación hasta el día 5 del mes siguiente o, si éste no fuera hábil, hasta el inmediato hábil siguiente.

677. Si la notificación de la providencia se realiza entre los días 16 y último de cada mes el pago de la deuda tributaria deberá efectuarse en el siguiente plazo. A) Desde la fecha de recepción de la notificación hasta el día uno del mes siguiente o, si éste no fuera hábil, hasta el inmediato hábil siguiente. B) Desde la fecha de recepción de la notificación hasta el día cinco del mes siguiente o, si éste no fuera hábil, hasta el inmediato hábil siguiente. C) Desde la fecha de recepción de la notificación hasta el día cinco del segundo mes siguiente o, si éste no fuera hábil, hasta el inmediato hábil siguiente. D) Desde la fecha de recepción de la notificación hasta el día veinte del mes siguiente o, si éste no fuera hábil, hasta el inmediato hábil siguiente.

678. Si el obligado tributario no efectuara el pago dentro del plazo al que se refiere el apartado 5 del artículo 62 de la ley 58/2003, se procederá. A) A formular reclamación de daños y perjuicios. B) Se interpondrá recurso Contencioso Administrativo. C) Al embargo de sus bienes, advirtiéndose así en la providencia de apremio. D) Al embargo de sus bienes, sin advertirse en la providencia de apremio.

679. La providencia de apremio será título suficiente para iniciar el procedimiento de apremio. A) Pero carece de fuerza ejecutiva. B) Tendrá menor fuerza ejecutiva que la sentencia judicial para proceder contra los bienes y derechos de los obligados tributarios. C) Tendrá la misma fuerza ejecutiva que la sentencia judicial para proceder contra los bienes y derechos de los obligados tributarios. D) Tendrá mayor fuerza ejecutiva que la sentencia judicial para proceder contra los bienes y derechos de los obligados tributarios.

680. Contra la providencia de apremio será admisible el siguiente motivo de oposición. A) Solicitud de aplazamiento, fraccionamiento o compensación en período ejecutivo. B) Disconformidad con le deuda notificada en voluntaria. C) Prescripción del derecho a liquidar. D) Prescripción del derecho a exigir el pago.

681. Contra la providencia de apremio será admisible el siguiente motivo de oposición. A) Error u omisión en el contenido de la providencia de apremio que impida la identificación del deudor o de la deuda apremiada. B) Error u omisión en el contenido de la providencia de apremio que impida la identificación del deudor y de la deuda apremiada. C) Error u omisión en el contenido de la providencia de apremio que impida la identificación del deudor, de la deuda apremiada y lugar de ingreso. D) El error u omisión nunca serán admisibles como motivos de oposición contra la providencia de apremio.

682. Si la deuda tributaria estuviera garantizada se procederá en primer lugar. A) A ejecutar la garantía a través del procedimiento judicial oportuno. B) A ejecutar la garantía a través del procedimiento administrativo de apremio. C) A ejecutar automáticamente la garantía sin necesidad de procedimiento alguno. D) A condonar la deuda.

683. Si la deuda tributaria estuviera garantizada la Administración tributaria podrá optar por el embargo y enajenación de otros bienes o derechos con anterioridad a la ejecución de la garantía cuando. A) Ésta no sea proporcionada a la deuda garantizada y el obligado lo solicite, señalando bienes suficientes al efecto. B) Ésta no sea proporcionada a la deuda garantizada o cuando el obligado lo solicite, sin necesidad de señalar bienes suficientes al efecto. C) Ésta no sea proporcionada a la deuda garantizada o cuando el obligado lo solicite, señalando bienes suficientes al efecto. D) No cabe dicha posibilidad.

684. Si la garantía consiste en aval, fianza, certificado de seguro de caución u otra garantía personal, se requerirá al garante. A) El ingreso de la deuda principal, excluidos los recargos e intereses que, en su caso, correspondan hasta el límite del importe garantizado. B) El ingreso de la deuda, incluidos los recargos, y excluidos los intereses que, en su caso, correspondan hasta el límite del importe garantizado. C) El ingreso de la deuda, incluidos los recargos e intereses que, en su caso, correspondan con independencia del límite del importe garantizado. D) El ingreso de la deuda, incluidos los recargos e intereses que, en su caso, correspondan hasta el límite del importe garantizado.

685. Según el artículo 169 de la Ley 58/2003, General Tributaria, se procederá al embargo de los bienes y derechos del obligado tributario, con respeto siempre: A) Al principio de seguridad jurídica. B) Al principio de proporcionalidad. C) Al principio de legalidad. D) Todas las opciones son correctas.

686. Según el artículo 169 de la Ley 58/2003, General Tributaria, se procederá al embargo de los bienes y derechos del obligado tributario en cuantía suficiente para cubrir: A) El importe de la deuda no ingresada, los intereses hasta la fecha del ingreso en el Tesoro, los recargos del período ejecutivo y las costas del procedimiento de apremio. B) El importe de la deuda no ingresada, los intereses hasta la providencia de apremio, los recargos del período ejecutivo y las costas del procedimiento de apremio. C) El importe de la deuda apremiada, los intereses hasta la fecha del embargo, los recargos del período ejecutivo y las costas del procedimiento de apremio. D) El importe de la deuda apremiada, los intereses hasta la fecha del embargo, los recargos ordinarios y las costas del procedimiento de apremio, en su caso.

687. Según el artículo 169 de la Ley 58/2003, General Tributaria, se embargarán los bienes del obligado: A) En virtud del acuerdo establecido entre la Administración y el obligado tributario. B) En virtud del orden señalado por el obligado tributario. C) En virtud del orden establecido en la Ley de Enjuiciamiento Civil. D) Las dos últimas opciones son correctas,.

688. Según el artículo 169 de la Ley 58/2003, General Tributaria, de no fijarse los criterios para la realización del embargo: A) Se embargarán los bienes del obligado teniendo en cuenta la mayor facilidad de su enajenación y la menor onerosidad de ésta para el obligado. B) Se embargarán los bienes del obligado teniendo en cuenta el orden establecido en la Ley de Enjuiciamiento Civil. C) Se embargarán los bienes del obligado teniendo en cuenta la mayor rentabilidad y la mayor rapidez en la finalización del procedimiento. D) Ninguna de las opciones es correcta.

689. Según el artículo 169 de la Ley 58/2003, General Tributaria, de no seguirse los criterios legalmente previstos por ser de imposible o muy difícil aplicación, los bienes se embargarán por el siguiente orden: A) Los derechos y valores realizables a corto plazo se embargarán con posterioridad a los sueldos, salarios y pensiones. B) El dinero efectivo o en cuentas abiertas en entidades de crédito se embargará antes que los créditos, efectos, valores y derechos realizables en el acto o a corto plazo. C) Los metales preciosos, piedras finas, joyería, orfebrería y antigüedades se embargarán con posterioridad a los réditos, efectos, valores y derechos realizables a largo plazo. D) Ninguna de las opciones es correcta.

690. Según el artículo 169 de la Ley 58/2003, General Tributaria, a efectos de embargo se entiende que un crédito, efecto, valor o derecho es realizable a corto plazo cuando, en circunstancias normales y a juicio del órgano de recaudación, pueda ser realizado: A) En un plazo no superior a nueve meses. B) En un plazo no superior a tres meses. C) En un plazo no superior a seis meses. D) En un plazo no superior a doce meses.

691. Según el artículo 169 de la Ley 58/2003, General Tributaria, siguiendo el orden pertinente, se embargarán sucesivamente los bienes o derechos conocidos en ese momento por la Administración Tributaria hasta que se presuma cubierta la deuda. En todo caso se embargarán en último lugar: A) Aquéllos para cuya traba sea necesaria la entrada en el domicilio del obligado tributario. B) Aquéllos para cuya traba sea necesaria la entrada en los locales en los que ejerza su actividad comercial o empresarial el obligado tributario. C) Aquéllos para cuya traba sea necesaria la entrada en instalaciones que no sean propiedad del obligado tributario. D) Las dos primeras opciones son correctas.

692. La diligencia de embargo: A) Es la resolución en la que se documenta el embargo de bienes en el marco del procedimiento de apremio. B) Es el documento en el que se ordena la traba de bienes y derechos en cantidad suficiente para cubrir el importe del crédito y el recargo, intereses y costas que con posterioridad se hayan causado. C) Es el acto de la Administración que ordena la ejecución contra el patrimonio del obligado tributario, con el que se inicia el procedimiento de apremio. D) Todas las opciones son correctas.

693. Según el artículo 75 del Real Decreto 939/2005, de 29 de julio, por el que se aprueba el Reglamento General de Recaudación, se procederá, en cumplimiento del contenido en la providencia de apremio, al embargo de los bienes y derechos que procedan: A) Sino se hubiese pagado la deuda por la ejecución de garantías. B) Si fuese previsible de forma motivada que la ejecución de las garantías de la deuda no proporcionará líquido suficiente para cubrir la deuda. C) Si hubiese transcurrido el plazo sin haberse realizado el ingreso requerido al abrir la vía de apremio. D) Las tres opciones son correctas.

694. Según el artículo 75 del Real Decreto 939/2005, de 29 de julio, por el que se aprueba el Reglamento General de Recaudación, en relación a la diligencia de embargo: A) Cada actuación de embargo se documentará en diligencia de embargo. B) Las deudas de un mismo obligado al pago podrán acumularse en una diligencia de embargo. C) Cuando las necesidades del procedimiento lo exijan, se procederá a la segregación de las deudas acumuladas. D) Las tres opciones son correctas.

695. Según el artículo 170 de la Ley 58/2003, General Tributaria, efectuado el embargo de los bienes o derechos, la diligencia se notificará: A) Al obligado tributario y, en su caso, al tercero titular, poseedor o depositario de los bienes si no se hubiesen llevado a cabo con ellos las actuaciones. B) Al cónyuge del obligado tributario en todo caso y a los condueños, cotitulares o garantes de los bienes embargados. C) Alos socios, garantes y avalistas del obligado tributario. D) Las dos primeras opciones son correctas.

696. Según el artículo 170 de la Ley 58/2003, General Tributaria, si los bienes embargados fueran inscribibles en un registro público, la Administración Tributaria: A) Podrá solicitar que se practique anotación preventiva de embargo en el registro correspondiente. B) Tendrá derecho a que se practique anotación preventiva de embargo en el registro correspondiente. C) El registrador hará constar, previa solicitud de la Administración Tributaria competente, por nota al margen la anotación de embargo. D) El embargo se podrá notificar a los titulares de cargas posteriores previa solicitud de la Administración Tributaria competente.

697. Según el artículo 170 de la Ley 58/2003, General Tributaria, contra la diligencia de embargo sólo serán admisibles los siguientes motivos de oposición: A) Extinción de la deuda o prescripción del derecho a exigir el pago. B) El aplazamiento o fraccionamiento de pago solicitado por el obligado tributario. C) La declaración de la deuda como fallida que podrá referirse a la insolvencia total o parcial del deudor. D) La interposición de recurso ante el Tribunal Económico-Administrativo.

698. Según el artículo 170 de la Ley 58/2003, General Tributaria, cuando se hubieran embargado al obligado tributario acciones o participaciones de una sociedad, la Administración Tributaria podrá acordar: A) La prohibición de disponer sobre los bienes inmuebles de la sociedad si el obligado tributario ejerce el control efectivo, total o parcial, directo o indirecto sobre ella. B) La prohibición de disponer de los bienes inmuebles de la sociedad, en cualquier caso, sin necesidad de que el procedimiento recaudatorio se dirija contra ella. C) La anotación preventiva de embargo de los bienes inmuebles de la sociedad en el registro correspondiente. D) Ninguna de las opciones es correcta.

699. Según el artículo 170 de la Ley 58/2003, General Tributaria, se podrá acordar el nombramiento de un funcionario que ejerza de administrador: A) Cuando se solicite por el obligado tributario o por el resto de los titulares de un negocio. B) Cuando se ordene el embargo de establecimiento mercantil o industrial o, en general, de los bienes y derechos integrantes de una empresa. C) Cuando sea ordenado en virtud del procedimiento civil relacionado con el obligado tributario. D) Las dos últimas opciones son correctas.

700. Según el artículo 170 de la Ley 58/2003, General Tributaria, de la prohibición de disponer sobre los bienes inmuebles de una sociedad: A) Podrá tomarse anotación preventiva en la hoja abierta a las fincas en el Registro de la Propiedad competente. B) Habrá de anotarse en la hoja abierta a las fincas den el Registro de la Propiedad competente. C) Habrá de dejarse constancia en el acuerdo preceptivo donde constará la notificación al obligado tributario y a los legítimos interesados en la sociedad. D) Las dos últimas opciones son correctas.

701. Según el artículo 76 del Real Decreto 939/2005, de 29 de julio, si los bienes embargables se encuentran en locales de personas o entidades distintas del obligado: A) Se ordenará, mediante personación en dichos locales, al depositario o al personal dependiente de este último la entrega de los bienes. B) Se ordenará al obligado tributario que se haga cargo de la entrega de los bienes, que se detallarán en la correspondiente diligencia. C) Se podrá proceder a la confiscación o depósito para impedir la sustitución o levantamiento de los bienes embargados. D) Se levantará acta dejando constancia expresa de estos extremos a los efectos oportunos.

702. Según el artículo 77 del Real Decreto 939/2005, de 29 de julio, por el que se aprueba el Reglamento General de Recaudación, cuando concurra con otros procesos o procedimientos singulares de ejecución: A) El procedimiento de apremio será preferente, independientemente de la fecha del embargo efectuado. B) El procedimiento de apremio será preferente si el embargo efectuado en el curso de este último es el más antiguo. C) El procedimiento de apremio tributario será preferente sobre cualquier otro procedimiento de ejecución. D) El procedimiento de apremio tributario tendrá los efectos que determine la prelación de los créditos anotados preventivamente.

703. Según el artículo 77 del Real Decreto 939/2005, de 29 de julio, por el que se aprueba el Reglamento General de Recaudación, en relación a la concurrencia de embargos, la Hacienda Pública: A) Podrá subrogarse en los derechos inscritos o anotados con anterioridad a favor de otros acreedores sobre los bienes embargados. B) Podrá subrogarse en los derechos sobre los bienes embargados sobre los que se hubieran constituido garantías a favor de la Hacienda Pública. C) Habrá de subrogarse en los derechos inscritos o anotados con anterioridad a favor de otros acreedores sobre los bienes embargados. D) Las dos primeras opciones son correctas.

704. Según el artículo 77 del Real Decreto 939/2005, de 29 de julio, por el que se aprueba el Reglamento General de Recaudación, cuando la Hacienda Pública se subrogue en derechos inscritos o anotados con anterioridad a favor de otros acreedores: A) Procederá al abono a los acreedores del importe de sus créditos cuando estos sean sustancialmente inferiores al producto que previsiblemente pueda obtener la Hacienda Pública de la enajenación de los bienes. B) Procederá al abono a los acreedores del importe de sus créditos en todo caso previamente a dicha subsanación. C) Procederá al abono a los acreedores del importe de sus créditos en todo caso y serán consideradas costas del procedimiento. D) Todas las opciones son correctas.

705. Según el artículo 77 del Real Decreto 939/2005, de 29 de julio, por el que se aprueba el Reglamento General de Recaudación, para que la Hacienda Pública pueda ejercer esta subrogación: A) El órgano de recaudación que tramite el procedimiento de apremio formulará la correspondiente propuesta, que deberá ser autorizada por el órgano competente. B) La subrogación deberá ser autorizada por el órgano competente. C) El órgano de recaudación que ordenó el procedimiento de apremio formulará la correspondiente propuesta, que deberá ser autorizada por el superior jerárquico competente. D) El órgano superior jerárquico al órgano de recaudación formulará la correspondiente propuesta, que deberá ser llevada a efecto por el órgano de recaudación competente.

706. Según el artículo 77 del Real Decreto 939/2005, de 29 de julio, por el que se aprueba el Reglamento General de Recaudación, las cantidades abonadas por ese concepto de subrogación: A) Podrán calificarse de costas del procedimiento, a propuesta del órgano de recaudación. a cuyo pago se aplicarán con carácter preferente las cantidades que la Hacienda obtenga de la enajenación forzosa del bien embargado. B) Tendrán el carácter de costas del procedimiento, a cuyo pago se aplicarán con carácter preferente las cantidades que la Hacienda Pública obtenga de la enajenación forzosa del bien embargado. C) Podrán considerarse costas del procedimiento, a propuesta del órgano que ordenó el procedimiento de apremio, a cuyo pago se aplicarán con carácter preferente las cantidades que la Hacienda obtenga de la enajenación forzosa del bien embargado. D) Tendrán el carácter de compensación de gastos del procedimiento. a cuyo pago se aplicarán con carácter preferente las cantidades que la Hacienda obtenga de la enajenación forzosa del bien embargado.

707. Según el artículo 77 del Real Decreto 939/2005, de 29 de julio, por el que se aprueba el Reglamento General de Recaudación, cuando los bienes embargados sean objeto de un procedimiento de expropiación forzosa: A) Se paralizarán las actuaciones del procedimiento de expropiación. B) Se paralizarán las actuaciones de ejecución de los bienes afectados y se comunicará a la Administración expropiante el embargo de los pagos a realizar al expropiado. C) Se paralizarán las actuaciones del procedimiento de expropiación y las actuaciones de ejecución y se remitirán a la asesoría jurídica competente en la materia. D) Ninguna de las opciones es correcta.

708. No se podrán embargar: A) El sueldo o salario si no excede de la cuantía señalada para el salario mínimo interprofesional. B) Los útiles con que se ejerza el oficio. C) Los derechos consolidados en un fondo de pensiones. D) Las dos primeras opciones son correctas.

709. Entre los bienes sobre los que no se puede trabar embargo, no se encuentran: A) Aquellos bienes cuyo coste de realización pueda exceder del importe que normalmente se obtenga de su enajenación. B) La vivienda habitual. C) Los derechos de explotación correspondientes al autor derivados de la Ley de Propiedad Intelectual. D) El mobiliario y menaje de la casa, así como las ropas del deudor y su familia.

710. Conforme a lo establecido en el artículo 170.4 de la Ley General Tributaria, cuando se embarguen bienes muebles. A) La Ley General Tributaria no contempla el embargo de bienes muebles. B) La Administración Tributaria podrá anotar el embargo en el correspondiente registro público. C) La Administración Tributaria podrá disponer su depósito de la forma que se determine reglamentariamente. D) La Administración Tributaria podrá disponer su depósito sin perjuicio de que el obligado pueda seguir utilizándolo.

711. Conforme a lo establecido en el artículo 80 del Reglamento General de Recaudación relativo al embargo de valores. A) Los valores serán objeto de enajenación en el correspondiente mercado secundario en cuantía suficiente para cubrir el importe total al que se refiere el artículo 169.1 de la Ley General Tributaria. B) Los valores quedarán inmovilizados como garantía en cuantía suficiente para cubrir el importe total al que se refiere el artículo 169.1 de la Ley General Tributaria en la correspondiente entidad de crédito, sociedad o agencia de valores, o cualesquiera otras entidades depositarias. C) Los valores serán objeto de enajenación serán objeto de venta mediante subasta en cuantía suficiente para cubrir el importe total al que se refiere el artículo 169.1 de la Ley General Tributaria. D) Cuando resulte más adecuado para la satisfacción de la deuda, el órgano de recaudación competente podrá acordar, en lugar de la enajenación de los valores, el embargo de los rendimientos de toda clase y, en su caso, reintegros, derivados de aquellos.

712. Conforme a lo establecido en el artículo 76 del Reglamento General de Recaudación, si se embargan bienes que en el orden de embargo sean anteriores a otros ya embargados, pero no realizados. A) Se anularán los embargos de los primeros bienes embargados sin perjuicio de que puedan embargarse de nuevo. B) Se realizarán estos con anterioridad. C) Se realizarán aquellos con anterioridad. D) Todas las respuestas con incorrectas.

713. Conforme al artículo 170.3 de la LGT cuál de los siguientes motivos no puede oponerse a una diligencia de embargo. A) Suspensión del procedimiento de recaudación. B) El aplazamiento o fraccionamiento de pago solicitado por el obligado tributario. C) Extinción de la deuda por condonación. D) Existencia de una devolución pendiente de pago.

714. Conforme al artículo 76 del Reglamento General de Recaudación el embargo, en caso de cuotas de participación de bienes que se posean pro indiviso. A) Se referirá al total del bien, sin perjuicio de que los condóminos puedan solicitar la exclusión de su cuota de participación. B) Se limitará a la cuota de participación del obligado al pago. C) Se limitará a la cuota de participación del obligado al pago y se notificará a los condóminos. D) No podrán ser objeto de embargo.

715. Conforme a lo establecido en el artículo 76.1, cuando sea necesario el acceso a los bienes embargados. A) Se requerirá el auxilio de la autoridad. B) Se podrá requerir el auxilio de la autoridad. C) Precisará la autorización del obligado. D) Será suficiente la autorización del depositario.

716. Conforme a lo establecido en el artículo 76.4 del Reglamento General de Recaudación si trabado un embargo se determina que el bien es inembargable. A) Se procederá a su levantamiento. B) Se mantendrá como medida cautelar. C) Se iniciará una revisión de oficio por nulidad de la diligencia de embargo. D) Se suspenderá el procedimiento de recaudación.