a5q2lm

Indique la respuesta correcta en relación con el artículo 14 de la CE de 1978: Los españoles son iguales ante la sociedad, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón exclusivamente de nacimiento, raza, sexo, religión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social. Los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social. Los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia pública o privada. Los españoles son iguales ante la sociedad, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social.

Indique la respuesta incorrecta en relación con el artículo 122 de la CE 1978: La ley orgánica del poder judicial determinará la constitución, funcionamiento y gobierno de los Juzgados y Tribunales, así como el estatuto jurídico de los Jueces y Magistrados de carrera, que formarán un Cuerpo único, y del personal al servicio de la Administración de Justicia. El Consejo General del Poder Judicial es el órgano de gobierno del mismo. La ley orgánica establecerá su estatuto y el régimen de incompatibilidades de sus miembros y sus funciones, en particular en materia de nombramientos, ascensos, inspección y régimen disciplinario. El Consejo General del Poder Judicial estará integrado por el Presidente del Tribunal Supremo, que lo presidirá, y por veinte miembros nombrados por el Rey por un período de cinco años. De éstos, doce entre Jueces y Magistrados de todas las categorías judiciales, en los términos que establezca la ley orgánica; cuatro a propuesta del Congreso de los Diputados, y cuatro a propuesta del Senado, elegidos en ambos casos por mayoría de tres quintos de sus miembros, entre abogados y otros juristas, todos ellos de reconocida competencia y con más de quince años de ejercicio en su profesión. El Ministerio Fiscal, sin perjuicio de las funciones encomendadas a otros órganos, tiene por misión promover la acción de la justicia en defensa de la legalidad, de los derechos de los ciudadanos y del interés público tutelado por la ley, de oficio o a petición de los interesados, así como velar por la independencia de los Tribunales y procurar ante éstos la satisfacción del interés social.

La Constitución Española de 1978, en su artículo 24.1 establece que todas las personas tienen derecho a obtener la tutela efectiva de los jueces y tribunales en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos, sin que, en ningún caso: Sea preceptivo declarar contra sí mismos. Estén obligados a declarar sobre hechos presuntamente delictivos. Pueda producirse indefensión. Dejen de ser informados de la acusación formulada contra ellos.

¿En qué plazo el Rey disolverá ambas Cámaras y convocará nuevas elecciones con el refrendo del Presidente del Congreso, a partir de la primera votación de investidura sin que ningún candidato hubiere obtenido la confianza del Congreso?. Un mes. Dos meses. No existe plazo. Entre las prerrogativas del Rey se encuentra la de determinar la fecha de disolución. Quince días.

La regulación expresa de que la capital del Estado es la villa de Madrid se encuentra contenida en: El artículo 4 de la CE 1978. El artículo 5 de la CE 1978. El artículo 5.1 de la CE 1978. El artículo 7 de la CE 1978.

Tal y como establece el artículo 99.1 de la Constitución Española de 1978: Después de cada renovación del Senado, y en los demás supuestos constitucionales en que así proceda, el Rey, previa consulta con los representantes designados por los Grupos políticos con representación parlamentaria, y a través del Presidente del Congreso, propondrá un candidato a la Presidencia del Gobierno. Después de cada renovación del Congreso de los Diputados, y en los demás supuestos constitucionales en que así proceda, el Presidente del Gobierno, previa consulta con los representantes designados por los Grupos políticos con representación parlamentaria, y a través del Presidente del Congreso, propondrá un candidato a la Presidencia del Gobierno. Después de cada renovación del Congreso de los Diputados, y en los demás supuestos constitucionales en que así proceda, el Rey, previa consulta con los representantes designados por los partidos políticos con representación parlamentaria, y a través del Presidente del Gobierno, propondrá un candidato a la Presidencia del Senado. Después de cada renovación del Congreso de los Diputados, y en los demás supuestos constitucionales en que así proceda, el Rey, previa consulta con los representantes designados por los Grupos políticos con representación parlamentaria, y a través del Presidente del Congreso, propondrá un candidato a la Presidencia del Gobierno.

Señale la respuesta correcta en relación con el artículo 99.3 de la Constitución Española de 1978: Si el Congreso de los Diputados, por el voto de la mayoría simple de sus miembros, otorgare su confianza a dicho candidato, el Rey le nombrará Presidente. De no alcanzarse dicha mayoría, se someterá la misma propuesta a nueva votación setenta y dos horas después de la anterior, y la confianza se entenderá otorgada si obtuviere la mayoría simple. Si el Congreso de los Diputados, por el voto de la mayoría absoluta de sus miembros, otorgare su confianza a dicho candidato, el Rey le nombrará Presidente. De no alcanzarse dicha mayoría, se someterá la misma propuesta a nueva votación veinticuatro horas después de la anterior, y la confianza se entenderá otorgada si obtuviere la mayoría simple. Si el Congreso de los Diputados, por el voto de la mayoría simple de sus miembros, otorgare su confianza a dicho candidato, el Rey le nombrará Presidente. De no alcanzarse dicha mayoría, se someterá la misma propuesta a nueva votación cuarenta y ocho horas después de la anterior, y la confianza se entenderá otorgada si obtuviere la mayoría simple. Si el Congreso de los Diputados, por el voto de la mayoría absoluta de sus miembros, otorgare su confianza a dicho candidato, el Rey le nombrará Presidente. De no alcanzarse dicha mayoría, se someterá la misma propuesta a nueva votación cuarenta y ocho horas después de la anterior, y la confianza se entenderá otorgada si obtuviere la mayoría simple.

Tal y como está regulado en el artículo 155.1 de la CE de 1978, si una Comunidad Autónoma no cumpliere las obligaciones que la Constitución u otras leyes le impongan, o actuare de forma que atente gravemente al interés general de España, el Gobierno, previo requerimiento al Presidente de la Comunidad Autónoma y, en el caso de no ser atendido, con la aprobación por mayoría absoluta del Senado, podrá adoptar las medidas necesarias para obligar a aquélla: Al cumplimiento forzoso de dichas obligaciones o para la protección de los intereses particulares. A la ejecución forzosa de dichas obligaciones o para la protección del mencionado interés general. Al cumplimiento forzoso de dichas medidas o para la protección del mencionado interés general. Al cumplimiento forzoso de dichas obligaciones o para la protección del mencionado interés general.

Las poblaciones de Ceuta y Melilla elegirán cada una de ellas, tal y como establece el artículo 69.4 CE: Un Senador. Dos Senadores. Tres Senadores. Tantos senadores como representantes le correspondan en el Congreso de los Diputados.

El artículo 108 de la CE de 1978 establece que: El Gobierno responde solidariamente en su gestión económica ante el Congreso de los Diputados y el Senado. El Gobierno responde mancomunadamente en su gestión política ante el Congreso de los Diputados. El Gobierno responde solidariamente en su gestión política, económica y social ante el Congreso de los Diputados. El Gobierno responde solidariamente en su gestión política ante el Congreso de los Diputados.

Señale la respuesta incorrecta en relación con el artículo 94 de la CE 1978: La prestación del consentimiento del Estado para obligarse por medio de tratados o convenios requerirá la previa autorización de las Cortes Generales cuando se trate de tratados de carácter político. La prestación del consentimiento del Estado para obligarse por medio de tratados o convenios requerirá la previa autorización de las Cortes Generales cuando se trate de tratados o convenios que afecten a la integridad territorial del Estado o a los derechos y deberes fundamentales establecidos en el Título I. La prestación del consentimiento del Estado para obligarse por medio de tratados o convenios requerirá la previa autorización de las Cortes Generales cuando se trate de tratados o convenios que impliquen derechos y obligaciones financieras para la Hacienda Pública. La prestación del consentimiento del Estado para obligarse por medio de tratados o convenios requerirá la previa autorización de las Cortes Generales cuando se trate de tratados o convenios que supongan modificación o derogación de alguna ley o exijan medidas legislativas para su ejecución.

Entre las atribuciones asignadas al Consejo General del Poder Judicial en el artículo 560.1 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, señale la opción correcta: Proponer el nombramiento de Jueces, Magistrados y Magistrados del Tribunal Constitucional. Ser oído por el Rey antes del nombramiento del Fiscal General del Estado. Participar, en los términos legalmente previstos, en la promoción de Jueces y Magistrados. Proponer el nombramiento de Jueces, Magistrados y Magistrados del Tribunal Supremo.

En el Consejo General del Poder Judicial existen las siguientes Comisiones: Exclusivamente Permanente, Disciplinaria, de Asuntos Económicos y de Igualdad. Permanente, de Calificación, Disciplinaria, de Asuntos Económicos, de Presupuestos y de Igualdad. Permanente, de Cualificación, Disciplinaria, de Asuntos Económicos y de Igualdad. Permanente, de Calificación, Disciplinaria, de Asuntos Económicos y de Igualdad.

Según establece el artículo 58.1 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, en los Ministerios pueden existir: Secretarías de Estado, y Subsecretarías, para la gestión de un sector de actividad administrativa. Secretarías de Estado, y Secretarías Generales Técnicas, para la gestión de un sector de actividad administrativa. Secretarías de Estado, y Secretarías Generales, para la gestión de un sector de actividad administrativa. Secretarías de Estado, y Secretarías Generales, para la gestión de un sector de actividad administrativa, así como Oficialías Mayores.

En virtud del artículo 62.1 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, los Secretarios de Estado son directamente responsables de: La ejecución de la acción del Gobierno en un sector de actividad general. La ejecución de la acción del Rey en un sector de actividad general. La ejecución de la acción del Gobierno en un sector de actividad específica. La ejecución de la acción del Consejo de Ministros en un sector de actividad general.

En aplicación del artículo 65.2 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, los secretarios generales técnicos tienen a todos los efectos categoría de: Secretario General. Subdirector General. Subsecretario. Director General.

Tal y como establece el artículo 67.2 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, los Subdirectores generales serán nombrados y cesados por el Ministro, Secretario de Estado o Subsecretario del que dependan: Respetando los principios de igualdad, mérito y capacidad. Respetando los principios establecidos en el ordenamiento jurídico. Atendiendo a su trayectoria profesional y que al menos hayan transcurrido cinco años desde su nombramiento como funcionario en el subgrupo A1. Respetando los principios de no discriminación e igualdad de trato.

En aplicación del artículo 19.4 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, efectuar la convocatoria de las sesiones del órgano colegiado por el Presidente, le corresponde al: Presidente. Vocal de mayor edad. Vocal de mayor rango. Secretario.

El artículo 59.1 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, establece que las Subsecretarías, las Secretarías Generales, las Secretarías Generales Técnicas, las Direcciones Generales, las Subdirecciones Generales, y órganos similares a los anteriores se crean, modifican y suprimen por: Real Decreto del Consejo de Ministros. Orden Ministerial. Ley ordinaria. Las relaciones de puestos de trabajo que correspondan.

Indique la respuesta correcta relativa a qué se requiere para ser Subsecretario en aplicación del artículo 63 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre: Únicamente ser español y mayor de edad. Ser funcionario de carrera del Estado, de las Comunidades Autónomas o de las Entidades locales, perteneciente al Subgrupo A1 o habiendo perdido tal condición como consecuencia de jubilación. Ser el candidato idóneo exclusivamente. Haber sido Subdirector General durante al menos 5 años.

En aplicación del artículo 60 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, señale la respuesta incorrecta: Los Ministros son los jefes superiores del Departamento y superiores jerárquicos directos de los Secretarios de Estado y Subsecretarios. Los órganos directivos dependen de alguno de los anteriores y se ordenan jerárquicamente entre sí de la siguiente forma: Subsecretario, Director general y Subdirector general. Los Secretarios generales tienen categoría de Subsecretario y los Secretarios Generales Técnicos tienen categoría de Director general. Los Ministros son los jefes superiores del Departamento y dependen de los Subsecretarios y Secretarios de Estado.

El artículo 2.3 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público establece que dentro del sector público están comprendidos: La Administración General del Estado, las Administraciones de las Comunidades Autónomas, las Entidades que integran la Administración Local y el sector público empresarial. La Administración General del Estado, las Administraciones de las Comunidades Autónomas, las Entidades que integran la Administración Local y el sector público institucional. La Administración General del Estado, las Administraciones de las Comunidades Autónomas, las Entidades que integran la Administración Local y las entidades colaboradoras de la seguridad social. Exclusivamente la Administración General del Estado y las Entidades que integran la Administración Local y el sector público institucional.

Los particulares, (tal y como está regulado en el artículo 106.2 de la Constitución Española de 1978) en los términos establecidos por la ley, tendrán derecho a ser indemnizados por toda lesión que sufran en cualquiera de sus bienes y derechos, salvo en los casos de fuerza mayor, siempre que la lesión sea consecuencia: Del funcionamiento de los servicios públicos. Del funcionamiento de las entidades que integran la Administración Pública así como sus organismos y entidades dependientes. De dolo o negligencia por un servidor público. Del funcionamiento anormal de los servicios públicos.

El artículo 138.1 de la Constitución Española de 1978, en relación la organización territorial del Estado, establece que: El Estado garantiza la realización efectiva del principio de solidaridad consagrado en el artículo 2 de la Constitución, velando por el establecimiento de un equilibrio económico, adecuado y justo entre las diversas partes del territorio español, y atendiendo en particular a las circunstancias del hecho insular. Una ley orgánica desarrollará los principios a que se refiere este artículo, así como la participación, en los procedimientos respectivos, de los órganos de coordinación institucional entre las Administraciones Públicas en materia de política fiscal y financiera. Las sentencias del Tribunal Constitucional se publicarán en el boletín oficial del Estado con los votos particulares, si los hubiere. Tienen el valor de cosa juzgada a partir del día siguiente de su publicación y no cabe recurso alguno contra ellas. Las que declaren la inconstitucionalidad de una ley o de una norma con fuerza de ley y todas las que no se limiten a la estimación subjetiva de un derecho, tienen plenos efectos frente a todos. Una ley orgánica podrá determinar la forma y los casos en los que, de forma individual y con la necesaria intervención judicial y el adecuado control parlamentario, los derechos reconocidos en los artículos 17, apartado 2, y 18, apartados 2 y 3, pueden ser suspendidos para personas determinadas, en relación con las investigaciones correspondientes a la actuación de bandas armadas o elementos terroristas.

En aplicación de la Ley 40/2015, de 1 de octubre de Régimen Jurídico del Sector Público, el sector público institucional se integra por: Cualesquiera organismos públicos y entidades de derecho público vinculados o dependientes de las Administraciones Públicas, las entidades de derecho privado independientes de las Administraciones Públicas que quedarán sujetas a lo dispuesto en las normas de esta Ley que específicamente se refieran a las mismas, en particular a los principios previstos en el artículo 3, y en todo caso, cuando ejerzan potestades administrativas y las Universidades públicas que se regirán por su normativa específica y supletoriamente por las previsiones de la presente Ley. Cualesquiera organismos públicos y entidades de derecho público vinculados o dependientes de la Administración General del Estado, las entidades de derecho privado vinculadas o dependientes de las Administraciones Públicas que quedarán sujetas a lo dispuesto en las normas de esta Ley que específicamente se refieran a las mismas, en particular a los principios previstos en el artículo 3, y en todo caso, cuando ejerzan potestades administrativas y las Universidades públicas que se regirán por su normativa específica y supletoriamente por las previsiones de la presente Ley. Cualesquiera organismos públicos y entidades de derecho público vinculados o dependientes de las Administraciones Públicas, las entidades de derecho privado vinculadas o dependientes de las Administraciones Públicas que quedarán sujetas a lo dispuesto en las normas de esta Ley que específicamente se refieran a las mismas, en particular a los principios previstos en el artículo 3, y en todo caso, cuando ejerzan potestades administrativas y las Universidades públicas que se regirán por su normativa específica y supletoriamente por las previsiones de la presente Ley. Cualesquiera organismos públicos y entidades de derecho público vinculados o dependientes de las Administraciones Públicas, las entidades de derecho privado vinculadas o dependientes de las Administraciones Públicas que quedarán sujetas a lo dispuesto en las normas de esta Ley que específicamente se refieran a las mismas, en particular a los principios previstos en el artículo 3, y en todo caso, cuando ejerzan potestades administrativas y las Universidades que se regirán por la normativa general y supletoriamente por las previsiones de la presente Ley.

En el artículo 4.1 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre de Régimen Jurídico del Sector Público, se recoge que las Administraciones Públicas que, en el ejercicio de sus respectivas competencias, establezcan medidas que limiten el ejercicio de derechos individuales o colectivos o exijan el cumplimiento de requisitos para el desarrollo de una actividad, deberán aplicar el principio de: Transparencia y elegir la medida menos restrictiva, motivar su necesidad para la protección del interés público así como justificar su adecuación para lograr los fines que se persiguen, sin que en ningún caso se produzcan diferencias de trato discriminatorias. Proporcionalidad y elegir la medida menos restrictiva, motivar su necesidad para la protección del interés público así como justificar su adecuación para lograr los fines que se persiguen, sin que en ningún caso se produzcan diferencias de trato discriminatorias. Transparencia y elegir la medida menos restrictiva, motivar su necesidad para la protección del interés público o privado así como justificar su adecuación para lograr los fines que se persiguen, sin que en ningún caso se produzcan diferencias de trato por razón de sexo o nacimiento. Proporcionalidad y elegir la medida menos restrictiva, motivar su necesidad para la protección del interés público así como justificar su adecuación para lograr los fines que se persiguen, sin que en ningún caso se produzcan diferencias de trato discriminatorias por razón de sexo, raza o religión.

La participación de los ciudadanos en el ámbito administrativo es una manifestación del principio general establecido en el art.9.2 CE por el que se establece que corresponde a los poderes públicos facilitar la participación de todos los ciudadanos en: Exclusivamente política y económica. La vida política, económica, cultural, social y medioambiental. La vida política, económica, presupuestaria, cultural y social. La vida política, económica, cultural y social.

El artículo 157.1 de la Constitución Española de 1978, establece que las Comunidades Autónomas no podrán en ningún caso adoptar medidas tributarias sobre bienes situados fuera de su territorio o que supongan obstáculo para la libre circulación de mercancías o servicios y, además, que los recursos de las Comunidades Autónomas, entre otros, estarán constituidos por: Sus propios impuestos, tasas y contribuciones especiales. Sus tasas, precios públicos y tarifas. Sus propios impuestos y contribuciones especiales de los ciudadanos. Sus tasas y las compensaciones del Fondo de contingencias.

Tal y como establece el artículo 158 de la CE 1978: En los Presupuestos Generales del Estado podrá establecerse una asignación a las Comunidades Autónomas en función del volumen de los servicios y actividades estatales que hayan asumido y de la garantía de un nivel mínimo en la prestación de los servicios públicos fundamentales en todo el territorio español. Con el fin de corregir desequilibrios económicos interterritoriales y hacer efectivo el principio de solidaridad, se constituirá un Fondo de Compensación con destino a gastos de inversión, cuyos recursos serán distribuidos por las Cortes Generales entre las Comunidades Autónomas, las provincias y los municipios, en su caso. En los Presupuestos Generales del Estado podrá establecerse una obligación a las Comunidades Autónomas en función del volumen de los servicios y actividades estatales que hayan asumido y de la garantía de un nivel mínimo en la prestación de los servicios públicos fundamentales en todo el territorio español. Con el fin de corregir desequilibrios económicos interterritoriales y hacer efectivo el principio de solidaridad, se constituirá un Fondo de Compensación con destino a gastos de inversión, cuyos recursos serán distribuidos por las Cortes Generales entre las Comunidades Autónomas y provincias, en su caso. Al inicio de cada ejercicio presupuestario, podrá establecerse una asignación a las Comunidades Autónomas en función del volumen de los servicios y actividades estatales que hayan asumido y de la garantía de un nivel mínimo en la prestación de los servicios públicos fundamentales en todo el territorio español. Con el fin de corregir desequilibrios económicos interterritoriales y hacer efectivo el principio de solidaridad, se constituirá un Fondo de Compensación con destino a gastos de inversión, cuyos recursos serán distribuidos por las Cortes Generales entre las Comunidades Autónomas y provincias, en su caso. En los Presupuestos Generales del Estado podrá establecerse una asignación a las Comunidades Autónomas en función del volumen de los servicios y actividades estatales que hayan asumido y de la garantía de un nivel mínimo en la prestación de los servicios públicos fundamentales en todo el territorio español. Con el fin de corregir desequilibrios económicos interterritoriales y hacer efectivo el principio de solidaridad, se constituirá un Fondo de Compensación con destino a gastos de inversión, cuyos recursos serán distribuidos por las Cortes Generales entre las Comunidades Autónomas y provincias, en su caso.

Según el artículo 149 de la Constitución Española de 1978, el Estado tiene competencia exclusiva sobre la siguiente materia: Asistencia Social. Sanidad e higiene. Las bases del régimen jurídico de las Administraciones públicas y del régimen estatutario de sus funcionarios que, en todo caso, garantizarán a los administrados un tratamiento común ante ellas; el procedimiento administrativo común, sin perjuicio de las especialidades derivadas de la organización propia de las Comunidades Autónomas; legislación sobre expropiación forzosa; legislación básica sobre contratos y concesiones administrativas y el sistema de responsabilidad de todas las Administraciones públicas. Las alteraciones de los términos municipales comprendidos en su territorio y, en general, las funciones que correspondan a la Administración del Estado sobre las Corporaciones locales y cuya transferencia autorice la legislación sobre Régimen Local.