Abgcía gnr 1

La Abogada Helena asiste a un cliente, Hernán, en una causa penal en fase de instrucción. En un momento dado Hernán, descontento con los cauces que sigue la instrucción, exige a Helena que recuse al Juez instructor por el motivo que le resulte más plausible, al objeto de apartarlo de la causa o, al menos, retrasar la instrucción. Helena cree que la recusación sería infundada y contraproducente, por lo que le asesora profesionalmente en sentido contrario, pero Hernán la presiona para recuse al Juez. ¿Podría Helena desatender las instrucciones de su cliente?. Sí, puede rechazar las instrucciones de Hernán y no recusar al Juez. No, debe seguir las instrucciones del cliente pues, aunque contradigan su criterio profesional, es quien decide en última instancia la actuación más conveniente. No, debe atender a las instrucciones de su cliente, haciendo constar este extremo en el escrito que dirija al Tribunal. Sí, pero renunciando de inmediato a la defensa, comunicándolo al Tribunal para que designe a Hernán provisionalmente un Abogado del turno de oficio que le asista.

Rafael y Antonia son dos Abogados que están intentando llegar a una solución extrajudicial para el conflicto que enfrenta a sus clientes. En determinado momento, Rafael ve que el acuerdo es imposible y tiene que presentar la reclamación judicial. ¿Qué debe hacer Rafael?. Puede o no, según le convenga, comunicar a Antonia que da por concluido el intento de resolución extrajudicial. Debe comunicar a Antonia la finalización de las negociaciones solo si en el procedimiento judicial de que se trate es preceptiva la intervención del Abogado. Tiene que comunicar a su compañera Antonia que han concluido las gestiones extrajudiciales antes de interponer la reclamación judicial. No tiene que comunicar nada a Antonia.

En el acto del juicio oral de un proceso civil, el Abogado Ernest, al oír la declaración de un testigo de la parte contraria y cómo faltaba claramente a la verdad para engañar al Tribunal, sin pronunciar palabra alguna, comenzó a gesticular llevándose las manos a la cabeza, poniendo los ojos en blanco y dirigiendo miradas al Tribunal para hacer ostensible su desaprobación. ¿Vulneró dicha actuación el Código Deontológico de la Abogacía?. No, ya que estaba justificada por el ejercicio del derecho de defensa y no faltó al respeto al Tribunal ni a las partes. Sí, ya que no autoriza dicho Código que se hagan gestos de reproche que aludan a cualquier persona que intervenga en el juicio. No, ya que se limitó a gestos socialmente admitidos y solo se prohíbe la desaprobación oral o escrita que implique falta de respeto. No, pues el Código no regula conductas que puedan afectar a un testigo, pero podría ser apercibido por el Tribunal por faltar al orden debido en una vista oral.

Carlos es Abogado de María y de Juan en un procedimiento penal en el que ambos son acusados de un delito de estafa cometida de común acuerdo, frente a la compañía aseguradora LA PELIGROSA. En este proceso María se ha apropiado de 200.000 €, pero la compañía aseguradora les acusa a ambos de haberse apropiado de la referida cantidad por partes iguales. ¿Puede Carlos ejercer la defensa de María en dicho procedimiento?. Sí, porque la defensa de ambos no implica un conflicto de intereses. No, en ningún caso. Solamente si Juan le autoriza expresamente para ello. Solamente en el caso de que ambos, María y Juan, le autoricen expresamente.

El cliente Manuel ha encargado a la Abogada Luisa interponer una reclamación de unas rentas impagadas por un arrendamiento. Una vez presentada la demanda, Manuel no se siente muy contento con el asesoramiento de Luisa y decide consultar el asunto con la Abogada Isabel. En relación con esta situación: Isabel no puede emitir una opinión sobre el asunto que lleva Luisa salvo que le autorice la Junta de Gobierno del Colegio. Isabel debe declinar el asesoramiento que le pide Manuel, so pena de incurrir en una infracción deontológica por deslealtad hacia otro compañero. Isabel, antes de emitir esta opinión, podrá dirigirse a Luisa para recabar la información que necesite. Isabel, antes de emitir cualquier opinión sobre el asunto, deberá pedir a Manuel que comunique previamente y de manera fehaciente a Luisa el cambio de Abogado.

Fernando ha trabajado como Abogado profesional en el despacho de Saturnino durante 13 años. Laura, Abogada y con despacho propio, le ha propuesto a Fernando que se incorpore a su plantilla, siempre y cuando Fernando le revele hechos y datos de clientes de Saturnino: Fernando, una vez abandonado el despacho de Saturnino, no tiene restricción alguna para divulgar hechos y datos de clientes de Saturnino. Fernando no podrá divulgar ningún hecho ni dato de los clientes de Saturnino hasta que haya transcurrido el plazo de 10 años desde el cese de su trabajo. La obligación de guardar el secreto profesional por parte de Fernando permanece incluso una vez abandonado el despacho de Saturnino, sin que esté limitada en el tiempo. Fernando podrá revelarle a Laura los hechos y datos de clientes de Saturnino, siempre y cuando tenga el consentimiento de los clientes.

El Estatuto General de la Abogacía es una norma: Cuyo proyecto elaboró el Consejo General de la Abogacía y fue aprobada por el Gobierno, mediante Real Decreto, a través del Ministerio de Justicia. Elaborada y aprobada por el Consejo General de la Abogacía, y con fuerza vinculante para los profesionales colegiados, pero no terceros. Cuyo proyecto elaboró el Ministerio de Justicia, con informe preceptivo del Consejo General de la Abogacía, y fue aprobada mediante Real Decreto. Con rango de Ley ordinaria, impulsada por el Ministerio de Justicia, con informe preceptivo del Consejo General de la Abogacía.

La Magistrada Raquel, en situación de excedencia voluntaria, quiere defender en los tribunales a su padre en un asunto arrendaticio. Pregunta a su amigo Jesús, Abogado, si puede hacerlo y qué requisitos debe cumplir ante el Colegio de Abogados. Jesús le indica que, aparte de los trámites que precise ante el Consejo General del Poder Judicial: No necesita incorporarse a ningún Colegio profesional, bastando que comunique su intervención al Abogado de la parte contraria y al Decano del Colegio de Abogados. Necesitaría tener aprobado el examen de acceso a la profesión de Abogado, en los términos establecidos en la legislación vigente, además de colegiarse temporalmente en cualquier Colegio de Abogados. No precisa de otro requisito que el de ser habilitada por el Decano del Colegio de Abogados para la defensa del asunto de su padre. En ningún caso puede asumir la defensa de su padre, al ser incompatible su condición de Magistrada, aun excedente, con el ejercicio puntual de la profesión de Abogado.

El Abogado Iván, incorporado como ejerciente al Colegio de Abogados de Toledo el 2 de enero de 2019, quiere votar en las elecciones a miembros de junta de gobierno de su colegio que han sido convocadas con fecha 1 de marzo de 2019 y a celebrar el 1 de septiembre de 2019. ¿Puede Iván votar en las elecciones conforme a lo que dispone el Estatuto General de la Abogacía Española?. No, porque los colegiados no pueden participar en las elecciones que se convoquen en su primer año de colegiación. No, porque todavía no lleva tres meses colegiado al convocarse las elecciones. Sí, puede participar como elector desde el mismo día de la colegiación. Sí, puede participar como elector porque lleva más de tres meses colegiado al celebrarse las elecciones.

Beatriz pretende colegiarse por primera vez como Abogada ejerciente y, aunque reside en Valencia y va a establecer allí su despacho, decide hacerlo en el Colegio de Madrid, por ser la cuota mensual más barata. ¿Cómo se resuelve su solicitud de colegiación?. Debe denegarse, ya que hay que colegiarse donde se tiene el despacho único o principal. Debe aceptarse, pues en España rige la libertad de elección de colegio. Debe aceptarse por el principio de colegiación única. Debe denegarse, pues para matricularse en un colegio es necesario tener un despacho en su demarcación.

Juan, titular de un despacho individual, asume la defensa de los intereses de Juana en un pleito matrimonial. Para intervenir en las medidas provisionales, Juan delega su actuación en su amiga Maria José, Abogada integrada en un despacho colectivo. ¿A favor de quién se devengarán los honorarios a cargo del cliente por la actuación en las medidas provisionales?. A favor de Juan. A favor de Maria José. A favor del despacho colectivo en el que trabaja Maria José, sin perjuicio del régimen interno de distribución de honorarios del despacho. Dependerá del acuerdo al que hayan llegado Juan y María José para el pago de los honorarios de dicha actuación.

Mario y Julia, Abogados colegiados en el Colegio de León, comparten un piso en la Gran Vía de San Marcos, repartiendo entre los dos los gastos del alquiler, limpieza, electricidad e internet al cincuenta por ciento, dedicándose el primero exclusivamente a asuntos civiles y Julia a temas laborales y contencioso-administrativos. En la entrada del despacho figuran dos placas con el nombre de cada uno. Juan, cliente de Mario, que se ha visto perjudicado por no haber presentado la contestación a una demanda de juicio verbal, encarga a la Abogada Silvia presentar demanda. En caso de ser viable la misma, ¿contra quién debería presentar la demanda?. Contra Mario y Julia, de forma solidaria, ya que al compartir el mismo despacho están ejerciendo de forma colectiva, y por tanto la responsabilidad es de ambos. Contra Mario exclusivamente porque el compartir local, instalaciones o servicios sin identificación conjunta ante la clientela, no conlleva la pérdida de condición del ejercicio de forma individual. Contra Mario y Julia, solicitando en primer lugar la condena de Mario, como responsable directo del perjuicio causado, y subsidiariamente contra ambos solidariamente al ejercer en el mismo despacho. Contra Mario y Julia, de forma mancomunada al cincuenta por ciento cada uno por ser ese el porcentaje de participación de cada uno de los gastos de alquiler, limpieza, etc.

María va a ejercer la abogacía por cuenta ajena en el despacho de su tío y quiere darse de alta en la Mutualidad General de la Abogacía. ¿Es ello posible?. No, dado que al trabajar por cuenta ajena sus contingencias están cubiertas por el Régimen General de la Seguridad Social, en el que será dada de alta. Sí, y además obligatorio, independientemente de si actúa por cuenta propia o ajena. Sí, como complemento a las prestaciones que tendrá de la Seguridad Social. No, porque al trabajar por cuenta ajena tiene que darse de alta en el Régimen General de la Seguridad Social o en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos.

Mónica ejerce la abogacía, habiendo elegido la afiliación a una Mutualidad de previsión alternativa al Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA) para la cobertura de la previsión social. Se pregunta si está incluida en el Sistema Público de Salud, a los efectos de obtener asistencia sanitaria. No, debe contratar un seguro privado en todo caso. Sí, está incluida en el Sistema Público de Salud mientras sus ingresos sean inferiores a 100.000 €. Sí, está incluida en el Sistema Público de Salud cualesquiera que sean sus ingresos. No, para ello debió haber optado por el RETA.

La independencia de quienes ejercen la Abogacía: Es una exigencia del Estado de Derecho. Es una exigencia de los ciudadanos. Es una exigencia del Estado de Derecho, del derecho de defensa y de la ciudanía. Es inherente a la profesión de la Abogacía, es un derecho y un deber.

¿Qué denominación jurídica se utiliza para definir la relación existente entre un abogado y su cliente?. Adquiere, siempre, la consideración de arrendamiento de servicios. Se trata de un contrato de mandato. Es una compraventa de servicios. En función del servicio que se preste al cliente, puede ser un arrendamiento de servicios o un arrendamiento de obra, dependiendo del servicio que se realice al cliente.

El matrimonio formado por Mateo y Julia ha decidido divorciarse de mutuo acuerdo, juntos acuden a tu despacho, como abogado matrimonialista que eres, para que les elabores el convenio regulador. Cuando ya lo tienes preparado, Julia te indica que le ha comentado el asunto a su prima, que también es abogada aunque está especializada en Derecho mercantil, y prefiere que lleve ella el procedimiento. ¿De qué manera deberías afrontar el asunto?. Deberás renunciar a la defensa de Julia, pues ahora tiene otro abogado que se encargue de su divorcio. Debes renunciar a llevar el asunto de ambos clientes, pues se te presenta un conflicto de intereses entre ellos. Debes renunciar a la defensa de Julia, haciendo expresa referencia a que su decisión es inapropiada, pues una abogada especializada en otra rama no sabrá defender adecuadamente sus intereses. Podrás continuar con la defensa de Mateo, entregando la venia a la nueva abogada de Julia cuando esta última haya satisfecho su parte de la minuta pactada.

El Abogado Alberto, titular de un despacho individual sito en Marbella, recibe de un cliente, Eduardo, funcionario del Ayuntamiento con diez años de antigüedad, el encargo de asesorarle en la compraventa de un local comercial en la Costa del Sol, valorado en 360.000 €, para el que hay que dar una señal de 30.000 € y escriturar en el plazo de un mes. Eduardo manifiesta que quiere invertir sus pequeños ahorros conseguidos con su sueldo de funcionario y necesita pedir una hipoteca a largo plazo para financiar la operación. Alberto contacta con el vendedor, prepara la documentación y gestiona un crédito hipotecario, pero Eduardo paga al comprador los 30.000 € y comunica a Alberto que desista del préstamo, porque abonará al contado y sin necesidad de financiación el resto del precio el mismo día de la firma. ¿Tiene alguna obligación al respecto Alberto, en relación con el blanqueo de capitales?. Sí, debe comunicar la operación al Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias. No, ya que los Abogados y Procuradores no son sujetos obligados en la Ley de prevención del blanqueo de capitales y prevención del terrorismo cuando actúan en representación de un cliente. No, ya que los Abogados son sujetos obligados, pero por excepción no están sujetos al deber de comunicación cuando asisten jurídicamente a su cliente, según la Ley de prevención del blanqueo de capitales y prevención del terrorismo. No, ya que actúa bajo secreto profesional, pues su intervención es en calidad de Abogado.

Marta, Abogada experta en laboral, envía su currículo a directivos y directivas de empresas del sector agropecuario, cuyos datos de contacto ha obtenido a través de sus páginas web corporativas, para ofrecer servicios de asesoramiento a personal directivo. ¿Está legitimada para hacerlo?. Sí, ya que los ha sacado de la web corporativa y se trata de datos públicos. No, ya que solo podría ofrecer estos servicios a la persona jurídica, no a título individual al personal directivo. Sí, se trata de sus datos personales con lo que puede enviárselos a quien quiera. No, salvo que la empresa esté ubicada dentro de la Unión Europea.

El Abogado Francisco de Borja recibe el encargo de tramitar una demanda de responsabilidad extracontractual contra una constructora, por parte de Manuel, peatón que resultó lesionado grave por caída de materiales de la obra cuando paseaba por la calle. Olvidando que la acción prescribía en el plazo de un año desde el accidente, Francisco de Borja dedicó varios meses a estudiar la viabilidad de la acción y a preparar la documentación del caso. Cuando presentó la demanda, la parte contraria invocó la prescripción de la acción, por lo que la Sentencia fue desestimatoria y las costas se impusieron a su cliente. ¿Ha podido cometer Francisco de Borja algún delito?. Sí, un delito de deslealtad profesional por imprudencia grave. No, sin perjuicio de la responsabilidad civil en que haya incurrido. Sí, y además una infracción disciplinaria muy grave, por haber cometido un delito en el ejercicio de su profesión. No, pero sí una infracción disciplinaria muy grave por negligencia.

Carlos, Abogado, presenta una queja en el Colegio de Abogados de Lucena contra su compañera María por haber facilitado al Juzgado copia de la correspondencia mantenida entre ellos. Incoado y tramitado el expediente y antes de la propuesta de resolución, Carlos decide retirar la denuncia y manda un email en tal sentido al Colegio. ¿Qué es lo que tiene que hacer el Colegio?. Archivar el expediente de plano y sin más trámite, por carencia de objeto. Continuar el expediente hasta su resolución, que habrá de ser necesariamente absolutoria por el desistimiento del denunciante. Continuar con el expediente hasta su resolución, que ha de ser motivada en caso de ser sancionadora. - Archivar el expediente, dada la condición de interesado del denunciante.

Los colegios de Abogados de la Comunidad Autónoma de Galicia organizan una liguilla de fútbol como actividad lúdica. En el partido de la final, que se celebra en Santiago de Compostela, y en un lance del juego, los Abogados Leo y Cristian se enzarzan en una discusión, con intercambio de calificativos que exceden los límites de la libertad de expresión. Al día siguiente, ambos presentan en sus respectivos colegios sendas quejas, poniendo en su conocimiento los hechos. Indique la consideración más correcta: Las quejas deben tramitarse en el colegio de Abogados de Santiago, por ser el competente por razón del territorio. Las quejas deben tramitarse en el colegio que corresponda a cada Abogado denunciado. Las quejas no deben tramitarse como infracciones administrativas, al no tener los hechos relación con la actividad profesional. Es preciso realizar una labor de mediación por parte del colegio de Santiago de Compostela, antes de iniciar un expediente.

Pere y Montserrat deciden crear una Sociedad Profesional para el ejercicio de la abogacía, especializada en Violencia de Género. Su actividad es el asesoramiento y defensa en juicio de las mujeres maltratadas. Se plantean si es necesario algún tipo de cobertura de su posible responsabilidad profesional. No precisan cubrir su responsabilidad profesional, dado que la actividad a la que se dedicarán no implica un riesgo susceptible de generar responsabilidad civil. Deben tener cubierta la responsabilidad profesional de la sociedad en cuantía adecuada a los riesgos que implique, en la forma que estimen oportuna. Necesariamente la Sociedad Profesional debe contratar un seguro de responsabilidad civil. Debe cubrir cada uno de ellos su responsabilidad profesional individual, bien mediante un seguro, bien afianzando o depositando las cantidades a las que tuvieran que hacer frente en cuantía adecuada al riesgo que asuman.

Consciente de su obligación de asegurar su responsabilidad civil profesional, el Abogado penalista Daniel acude a una correduría para pedir presupuestos. El Corredor le pregunta qué cantidad quiere que cubra el seguro. Un mínimo de 100.000 €. Un mínimo de 500.000 €. No hay límites ni normas, la cuantía es de plena elección del asegurado. La cuantía adecuada a los riesgos que implique el ejercicio.

Inmaculada e Iratxe ejercen la abogacía por cuenta propia, la primera especializándose en derecho civil y la segunda en derecho penal. Como tienen una relación de amistad, suscriben un pacto por el cual, en el caso de que recomienden los servicios de la otra a futuros clientes, la beneficiada le pagará a su amiga una comisión si el cliente finalmente contrata sus servicios. ¿El pacto puede cumplirse?. Sí, siempre y cuando no suponga un incremento de la minuta que la Abogada presente al cliente que recibió la recomendación. No, pues en ningún caso se podrá pagar, exigir ni aceptar comisiones por enviarse clientes o recomendarse a posibles clientes futuros. No, salvo que se informe al cliente de esta circunstancia. Sí, dado que no es contrario a ninguna norma deontológica relativa a honorarios ni a la libre competencia.

Benito, que ha ganado un procedimiento judicial, recibe de su compañera Fortunata, Abogada de la parte contraria, la suma de 40.000 € como pago del importe de la condena impuesta a su cliente. Antes de entregar a su cliente esta cantidad, Benito deduce de la misma el importe de los honorarios que ya tenía acordados con su cliente. ¿Es correcta la actuación de Benito?. No, porque no puede deducir sus honorarios de fondos que no son suyos, salvo que lo haya pactado expresamente con su cliente. Sí, porque ya había acordado los honorarios con su cliente. Sí, porque es una compensación de deudas líquidas, vencidas y exigibles. No, porque los Abogados no pueden nunca cobrar cantidades en nombre de sus clientes.

Alberto es Abogado en ejercicio y ha intervenido en un procedimiento en el que su cliente ha sido condenado en costas. La parte contraria ha solicitado la tasación de costas y éstas han sido tasadas por la Letrada de la Administración de Justicia. ¿Qué opciones procesales puede valorar Alberto, en favor de su cliente?. Puede impugnar las costas por excesivas. Puede impugnar las costas por indebidas y excesivas. Puede impugnar las costas por excesivas, y subsidiariamente, indebidas. Puede impugnar las costas por indebidas.

Yolanda inicia su actividad como Abogada por cuenta propia. ¿Qué tratamiento tienen sus beneficios en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) y qué fiscalidad debe aplicar a las facturas de honorarios en relación con el Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA)?. Tributará por el IRPF, como rentas del trabajo, y aplicará el IVA del 21 %, salvo los servicios prestados en el turno de oficio. Tributará por el IRPF, como rendimientos de actividades económicas, y aplicará el tipo general del IVA, salvo los servicios prestados en el turno de oficio. Tributará por el IRPF, pero no está obligada a tributar por el IVA si no constituye una sociedad profesional. Tributará por el IRPF, y debe aplicar el IVA reducido del 7%, incluidos los servicios prestados en el turno de oficio.

Juan, Fernando y Ascensión, Abogados, son socios fundadores de la sociedad profesional JUFERAS. Dicha sociedad contrata directamente con los clientes que solicitan los servicios de asistencia jurídica que les serán prestados, individualmente, por cada uno de los tres socios. ¿Deben darse de alta Juan, Fernando y Ascensión en el Impuesto de Actividades Económicas?. Sí, siempre, dado que actúan profesionalmente y van a percibir unos ingresos por dicha actividad. No, nunca, ya que están integrados en una sociedad profesional. Sí, en lo relativo a los casos que se les asigne por la sociedad. No, cuando sus actuaciones se realicen exclusivamente a nombre de JUFERAS.

El 20 de diciembre de 2019, Rocío denuncia haber sido víctima de una agresión sexual por autor desconocido, en la localidad de Orgaz. El atestado se presenta en el Juzgado de Guardia de Orgaz, nº 1, que lo remite a Decanato para su reparto. El 1 de enero de 2020, en aplicación de las normas provisionales de reparto aprobadas por la Junta de Jueces, el Decanato turna la denuncia al Juzgado nº 3, cuya creación y puesta en funcionamiento tuvo lugar ese mismo día. El 15 de febrero es detenido Adalberto, como supuesto autor del delito y presentado ante el Juzgado nº 3. Su Abogado se plantea si puede impugnar la competencia de dicho Juzgado para instruir la causa, por vulneración del derecho al juez ordinario predeterminado por la ley: - No, ya que el citado derecho se refiere al órgano de enjuiciamiento, no al instructor. - No, ya que lo relevante es que el asunto sea conocido por un juzgado de instrucción competente por razón del territorio, no afectando las normas de reparto al derecho fundamental concernido. - Sí, ya que el juzgado competente siempre debe ser el que estaba de guardia el día de los hechos. - Sí, ya que el órgano judicial no existía cuando sucedieron los hechos y se pusieron en conocimiento de los juzgados de Orgaz.

Magdalena, auxiliar de la empresa LINGOTERA, S.L., presentó contra ésta una demanda por despido improcedente. El órgano de instancia emplazó a la demandada enviándole una notificación por correo electrónico en una dirección habilitada, pese a que la normativa de la jurisdicción social obliga a hacer el primer emplazamiento en el domicilio de la demandada, que constaba en Autos. LINGOTERA no retiró la citación, no compareció y fue condenada en rebeldía. Tras agotar los recursos jurisdiccionales del orden social y un incidente de nulidad de actuaciones, LINGOTERA nos pregunta si puede acudir con posibilidades de éxito al Tribunal Constitucional en amparo: - Sí, porque con carácter general el Tribunal Constitucional cierra el sistema de recursos de la jurisdicción ordinaria y revisará la regularidad de la citación. - No, solo puede acudirse en amparo por vulneración de los derechos fundamentales de las personas físicas, no jurídicas. - Sí, puede denunciar la vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva, en su vertiente de acceso al proceso. - No, porque el derecho a la tutela judicial efectiva no resulta vulnerado por un posible emplazamiento o citación irregular.

El Decano del Colegio de Abogados de Mataró eleva un escrito al Ministerio de Justicia con la petición de que uno de los juzgados de instrucción se transforme en un juzgado de lo social, dada la baja carga de trabajo de los órganos de dicho orden y las necesidades del orden social en el Partido Judicial. ¿Es posible que el gobierno pueda acordar esta transformación?. - Sí, mediante Real Decreto, a propuesta del Ministro de Justicia, previo informe del Consejo General del Poder Judicial y previa audiencia con carácter preceptivo de la Comunidad Autónoma de Cataluña. - Sí, mediante Orden Ministerial, oído el Ayuntamiento de Mataró y con informe favorable del Consejo General del Poder Judicial. - No, ya que solo puede transformarse un juzgado de una clase en otra, en la misma sede, mediante acuerdo del Pleno del Consejo General del Poder Judicial. - No, ya que solo puede transformarse un juzgado de una clase en otra modificando la Ley de Demarcación y Planta Judicial.

El Juzgado de Instrucción nº 4 de Melilla dicta resolución inadmitiendo la interposición de recurso de apelación ante la respectiva Audiencia Provincial. Adolfo, Abogado de la parte recurrente, desea interponer recurso de queja ante la sección correspondiente de la Audiencia. ¿Ante qué Sección y Audiencia deberá interponer el recurso de queja?. - Sección Primera de la Audiencia Provincial de Sevilla. - Sección Sexta de la Audiencia Provincial de Cádiz. - Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Huelva. - Sección Octava de la Audiencia Provincial de Málaga.

John, ciudadano británico residente en Londres, alquila a una empresa domiciliada en el Reino Unido una vivienda sita en la localidad de Benalmádena, con el propósito de residir en ella los dos próximos años. En dicho contrato se contempla una cláusula de sumisión expresa a los tribunales del Reino Unido, con exclusión de los de cualquier otro país. A los pocos meses de habitar la vivienda surgen discrepancias con la arrendadora y John pregunta a su Abogado español si es posible resolverlas en los tribunales españoles o ha de acudir al Reino Unido. Su Abogado le indica que: - No, deberá acudir a los tribunales del Reino Unido, dado que existe una cláusula de sumisión expresa, suscrita cuando ambas partes contratantes residían en el Reino Unido. - Sí, podrá acudir a los tribunales españoles, dado que al ser residente en España no está vinculado por ninguna cláusula de sumisión expresa a otros tribunales. - No, deberá acudir a los tribunales del Reino Unido dado que ambas partes son de nacionalidad británica, y la demandada reside en el Reino Unido. - Sí, deberá acudir a los tribunales españoles, al recaer el contrato sobre un inmueble y no surtir efectos ante los tribunales españoles, en este caso, la cláusula de sumisión expresa.

La sociedad ALJUBERA, S.L., se encuentra declarada en concurso por el Juzgado Mercantil nº 3 de Madrid. Vigente el concurso, se produce un apremio de la Seguridad Social por causa de una deuda de la empresa, que da lugar a un embargo administrativo. Ante esta situación Alfredo, Abogado de la concursada, solicita al Juzgado el levantamiento del embargo, lo que éste acuerda, oponiéndose a ello la Administración. ¿Por qué órgano se resolverá este conflicto?. - Prevalece, en cualquier caso, la decisión del Juzgado, al estar ejerciéndose la potestad jurisdiccional, sin perjuicio de que la Administración pueda interponer los recursos devolutivos que procedan ante el superior jerárquico. - Por una Sala especial del Tribunal Supremo formada por el Presidente del Tribunal Supremo, los Presidentes de Sala y el Magistrado más antiguo y el más moderno de cada una de ellas. - Por un órgano colegiado constituido por el Presidente del Tribunal Supremo, que lo presidirá, y por cinco vocales, de los que dos serán Magistrados de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, designados por el Pleno del Consejo General del Poder Judicial, y los otros tres serán Consejeros Permanentes de Estado, actuando como Secretario el de Gobierno del Tribunal Supremo. - Por una sala del Tribunal Supremo formada por el Presidente del Tribunal Supremo, que la presidirá, dos Magistrados de la Sala del Tribunal Supremo del orden jurisdiccional en conflicto y dos Magistrados de la Sala de lo Contencioso Administrativo, todos ellos designados por el Pleno del Consejo General del Poder Judicial.

En pleito sobre la validez de una cláusula hipotecaria, el Abogado de la parte demandante plantea ante el Juez de Primera Instancia dudas sobre la interpretación de una normativa comunitaria que considera aplicable al caso. Ante esa cuestión, el Juez de Primera Instancia: - Podrá pedir al Tribunal de Justicia de la Unión Europea que se pronuncie sobre la misma, si estima necesaria una decisión al respecto para poder emitir su fallo. - Aplicará el derecho comunitario en la forma que estime ajustada a derecho, debiendo plantearse la cuestión prejudicial cuando la causa llegue a un órgano cuyas decisiones no sean susceptibles de ulterior recurso judicial de Derecho interno. - Deberá pedir al Tribunal de Justicia de la Unión Europea que se pronuncie sobre la misma, para que fije la doctrina aplicable al caso, antes de dictar Sentencia definitiva. - Aplicará el derecho en la forma que estime oportuna, pero trasladará la cuestión al Gobierno por si interesa el planteamiento de una cuestión interpretativa ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea.

Tras agotar los recursos de derecho interno, el Abogado Gabriel, en defensa de los intereses de Inés, formula una demanda ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos por carecer su representada de un recurso de apelación contra una Sentencia civil sobre un juicio verbal de cuantía inferior a 3.000 €. Un Juez único, de nacionalidad belga, declara inadmisible la demanda. ¿Es ello posible y cabría algún recurso?. - No, la demanda individual debe ser examinada siempre por un comité de tres jueces en caso de que deba declararse inadmisible. - Sí, cuando dicha decisión no requiera un examen más detenido por ser clara y manifiestamente inadmisible, siendo su decisión definitiva. - Sí, cuando dicha decisión no requiera un examen más detenido por ser clara y manifiestamente inadmisible, siendo su decisión recurrible ante la Gran Sala. - No, para que el Juez único declare una demanda inadmisible debe ser de la misma nacionalidad que la del Estado demandado.

Benedicto es detenido por un supuesto delito de hurto. En dependencias policiales formula una solicitud de habeas corpus por entender la detención injustificada y desproporcionada. El Juez competente, tras oír al Ministerio Fiscal, inadmite a trámite el habeas corpus por estimar que, según el atestado, había indicios claros de la comisión del delito. Benedicto finalmente es asistido de Abogado y puesto en libertad tras declarar en el Juzgado, y pregunta a su Abogado si puede recurrir la decisión de inadmisión a trámite del habeas corpus. - Sí, en reforma y subsidiaria apelación, como cualquier resolución dictada en el proceso penal, antes de acudir al amparo. - No, es una decisión irrecurrible ante la jurisdicción ordinaria y la constitucional. - Sí, puede recurrir en amparo ante el Tribunal Constitucional. - No, podría haber recurrido de mantenerse privado de libertad, pero no ahora dado que el recurso ha perdido su objeto.

En un proceso por tráfico de drogas, que se encuentra en fase de calificación, la Abogada Estefanía advierte la posible nulidad por falta de motivación del Auto de intervención telefónica, por vulneración del secreto de las comunicaciones. Desea alegar dicha vulneración para que surta los efectos oportunos en el proceso. ¿Cuándo y ante qué órgano podría hacerlo?. - Ante el mismo Juzgado o Tribunal competente para el enjuiciamiento, pidiendo la nulidad de la prueba obtenida con vulneración de derechos fundamentales, en el propio escrito de calificación o como cuestión previa. - Ante el Juzgado o Tribunal Sentenciador, pero solamente frente a la Sentencia definitiva, al ejercitar el recurso correspondiente contra la misma. - Únicamente en vía de amparo constitucional, por vulneración de derechos fundamentales y libertades públicas, al ser el Tribunal Constitucional el único competente en defensa de tales derechos. - Únicamente en vía de amparo constitucional, por vulneración de derechos fundamentales y libertades públicas, siempre que el contenido del recurso justifique una decisión sobre el fondo por parte del Tribunal Constitucional en razón de su especial trascendencia constitucional.

Juan Carlos desea demandar a su empleadora, FYLACTERIA, S.A., porque le han modificado sus condiciones laborales, a su juicio indebidamente. Su Abogada Coral le recomienda intentar una mediación con arreglo a la Ley 6/2012 y por ese motivo presenta una solicitud de mediación, designando la institución que desea efectúe la mediación. Dicha solicitud: - Suspenderá la prescripción o la caducidad de acciones desde la fecha en la que conste la recepción de dicha solicitud por el mediador, o el depósito ante la institución de mediación en su caso. - Suspenderá la prescripción o la caducidad de acciones, pero si en el plazo de quince días naturales a contar desde la recepción de la solicitud de inicio de la mediación no se firmara el acta de la sesión constitutiva, se reanudará el cómputo de los plazos. - Suspenderá el cómputo de los plazos, pero Juan Carlos debe interponer la demanda simultáneamente a la solicitud de mediación. - No tendrá ningún efecto sobre los plazos de caducidad o prescripción de la acción.

PuntoGal, entidad gestora del dominio “.gal”, recibe una reclamación de la empresa Abogados Reunidos, S.L., dado que José, un antiguo Abogado que trabajaba en la firma y que se encargaba de la gestión de la tecnología, al reservar el dominio Abogadosreunidos.gal para la sociedad se puso a sí mismo como contacto registrante, negándose ahora a ceder la claves y/o transferirlo. PuntoGal propone a la empresa reclamante una mediación a través del servicio de mediación del colegio de Abogados de A Coruña, ICACOR Media, con quien tiene un convenio de colaboración. La empresa acepta y el citado servicio envía la invitación a José. ¿Debe éste someterse al procedimiento de mediación?. - José está obligado a aceptar el inicio de la mediación, pero no a llegar a un acuerdo. - José está obligado a llegar a un acuerdo con su socio a través de la mediación. - José debe negarse a la mediación ya que no es posible iniciarla en estos casos. - José puede aceptar libremente iniciar la mediación o no, así como desistir en cualquier momento.

En el curso de una compleja relación contractual, en la cual se compensan los servicios prestados mutuamente, la empresa ALTAMIRO, S.L. reclama a PATRONIMIC, S.A., una factura impagada de 27.000 €. Después de diversas negociaciones en las que no se llega a un acuerdo, ALTAMIRO presenta un requerimiento extrajudicial por importe de 23.475,20 €, que PATRONIMIC rechaza. Y entonces ALTAMIRO presenta una demanda civil contra PATRONIMIC en la que reclama la suma de 27.000 € con intereses moratorios desde el impago de la factura. El Administrador de PATRONIMIC, dada la dificultad probatoria de sus objeciones a la factura, pregunta a su Abogado si podría alegar alguna causa legal para que la reclamación se reduzca a la suma del requerimiento inicial: - No, ya que las pretensiones de las partes son las que se fijan en la demanda y la contestación y no en trámites previos. - Sí, por ser la reclamación de una suma superior contraria al principio de la buena fe. - No, ya que fue la demandada quien vulneró las reglas de la buena fe al no acceder al requerimiento. - Sí, puede alegar que la suma inferior fue fruto de una transacción.

El Abogado Willie, que defiende a un cliente en un pleito civil sobre responsabilidad extracontractual cuya cuantía es de 12.000 €, se entera por un compañero de que el Juez de instancia tiene criterios jurídicos que no favorecen su pretensión. Con la finalidad de apartarle del asunto y sin fundamento alguno, formula una recusación contra él afirmando haber tenido conocimiento extraprocesal de que tiene relaciones sentimentales con la Abogada de la parte demandada. En el incidente de recusación, que es rechazado, el Juez informa que tal hecho es falso y reprocha al recusante que se base en meros rumores. De nuevo Willie presenta una recusación contra el Juez, esta vez por enemistad manifiesta, basándose en los términos del informe de recusación. El Juez: - Deberá apartarse del conocimiento del asunto, dado que se ha excedido en los términos empleados al informar sobre su recusación. - Deberá dar trámite al incidente de recusación, tal y como hizo en la primera ocasión, sin perjuicio del contenido de su informe. - Podrá rechazar fundadamente la recusación y además imponer a la parte, en pieza separada, una multa de un máximo de 4.000 €. - Podrá rechazar fundadamente la recusación y, al tratarse de conducta imputable a un profesional, se limitará a dar traslado al Colegio profesional correspondiente por si pudiera proceder la imposición de algún tipo de sanción disciplinaria.

Los actos procesales serán nulos de pleno derecho: - Cuando se produzcan por o ante Tribunal con falta de jurisdicción o de competencia objetiva o funcional. - Cuando se realicen por error. - Cuando se prescinda de normas esenciales del procedimiento. - Cuando se realicen sin intervención de Procurador, en los casos en que la ley la establezca como obligatoria.

El Abogado Juan asume la dirección de un pleito civil en el que ya se celebró una audiencia previa. Al examinar los Autos comprueba que, por problemas técnicos, la vista no fue objeto de grabación y que se celebró sin la preceptiva intervención del Letrado de la Administración de Justicia. A la vista de tal situación, Juan: - No podrá formular alegación alguna, ya que la defensa letrada de su cliente no formuló protesta. - No podrá formular alegación alguna, ya que no se ha derivado ninguna indefensión para su cliente. - Solo podrá hacer valer la nulidad de actuaciones por medio de los recursos establecidos en la ley contra la Sentencia definitiva que se dicte. - Podrá instar al tribunal, antes de que recaiga Sentencia definitiva, para que declare la nulidad de dicha actuación procesal y las que se deriven de ella.

La sociedad CONSTRUCCIONES ARGIMIRO, SL, presenta una demanda civil en reclamación de 5.000 € contra el matrimonio formado por Juana y Francisco, por el impago de las obras de reforma de su vivienda. En la contestación a la demanda, Juana y Francisco presentan un documento supuestamente firmado por el anterior administrador de la sociedad, el difunto Argimiro Rodríguez, en el que reconoce haber percibido 2.500 € y renuncia al cobro del resto de la factura por existir defectos en la ejecución de la obra. Los nuevos administradores se querellan por falsedad contra Juana y Francisco y un juzgado de instrucción incoa unas diligencias penales. Acreditada por las partes la admisión de la querella y la incoación del proceso penal el tribunal civil: - Pondrá en conocimiento del Ministerio Fiscal la supuesta falsedad, mediante providencia, por si hubiere lugar al ejercicio de la acción penal, sin suspender el proceso. - Acordará la suspensión, mediante Auto, una vez que el proceso esté pendiente sólo de Sentencia. - Acordará la suspensión del proceso, mediante Auto, sin esperar a la conclusión del procedimiento. - No acordará la suspensión, o se alzará por el Letrado de la Administración de Justicia la que aquél hubiese acordado, si la parte demandante renunciare al documento.

En un proceso civil, la parte demandada aporta un documento que el demandante sospecha que es falso. El demandante presenta una querella, que es admitida y pide al tribunal civil que suspenda el pleito mientras se resuelve el proceso penal. El Tribunal civil decide, mediante la resolución correspondiente, no suspender el curso de las actuaciones. ¿Qué recurso podría interponer el demandante contra esta decisión?. Recurso de reposición. Recurso de apelación. No cabe recurso, pero sí la posibilidad de reiterar la petición en segunda instancia o durante la tramitación de los recursos extraordinarios. Recurso de revisión.

La Abogada Carla asiste a Miroslaw, de nacionalidad polaca, en unas diligencias urgentes de juicio rápido, por designación del turno de oficio. Al tener claro que Miroslaw es una persona de recursos escasos, le insta a que firme la solicitud para tramitar la asistencia jurídica gratuita, pero Miroslaw, por desconfianza, rehúsa firmar la misma. ¿Qué puede hacer Carla para que se tramite la petición?. - Nada, ya que la solicitud de asistencia jurídica gratuita es absolutamente personal, sin perjuicio de que Carla minute a Miroslaw sus servicios profesionales. - Firmar ella misma la solicitud de asistencia jurídica gratuita, haciendo constar que el interesado se niega a ello. - Solicitar una certificación al Letrado de la Administración de Justicia en la que consten las circunstancias de la negativa y posible derecho a la asistencia jurídica gratuita, a fin de que continúe la tramitación. - Nada, ya que al ser designada por el turno de oficio se abonará la asistencia durante todo el proceso, sea o no Miroslaw beneficiario de la asistencia jurídica gratuita.

Inmaculada, Abogada incorporada al turno de oficio del Colegio de Zamora, recibió una designación de un beneficiario de justicia gratuita para interponer demanda por una intromisión ilegítima en el derecho al honor. Inmaculada presentó demanda reclamando una indemnización por daños morales de 500.000 €. Dictada Sentencia, se estima la demanda, fijando la indemnización en 30.000 €, sin condena en costas. Inmaculada y el Perito que actuó en el pleito a instancia del cliente de Inmaculada, calculan las minutas de sus honorarios, que ascienden en total a 13.500 €. ¿Pueden Inmaculada y el Perito reclamar sus honorarios al beneficiario de justicia gratuita?. - No, ella percibe sus honorarios de la Administración con independencia del resultado del procedimiento. - Sí, el beneficiario, al haber obtenido una indemnización superior al importe de las minutas, viene obligado a pagar íntegramente los honorarios profesionales causados en su defensa. - Sí, pero con el límite de la tercera parte de lo que se haya obtenido en el pleito, atendiéndose a prorrata sus respectivas partidas. - No, porque no ha habido condena en costas.

El Abogado designado en el turno de oficio puede excusar su intervención profesional: - En cualquier asunto, si el Abogado lo solicita y el cliente muestra su conformidad. - Solo en el orden penal, y para ello deberá concurrir un motivo personal y justo que será apreciado por los Decanos de los Colegios profesionales. - Siempre que el Abogado alegue por escrito causa de imposibilidad para asumir la defensa penal y el cliente muestre su conformidad. - Solo en el orden penal, y para ello deberá concurrir un motivo personal y justo que deberá ser apreciado por el Juzgado competente para tramitar el asunto.

En el procedimiento seguido contra José María, beneficiario del derecho de asistencia jurídica gratuita, por delito de violencia de género, se persona en trámite de calificación su pareja, Laura. La acusación particular reproduce sustancialmente el escrito de acusación del Ministerio Fiscal y pide la imposición de las costas procesales causadas a su instancia. La defensa de José María reconoce los hechos, pero pide que en Sentencia se impongan las costas a la acusación particular, por su temeridad y mala fe. La Sentencia, que condena a José María: - Le impondrá las costas del juicio, incluidas las de la acusación particular. - Declarará las costas de oficio, al ser José María beneficiario de la asistencia jurídica gratuita. - Podrá imponer las costas del juicio a la acusación particular, si lo estima adecuado a la vista de la actuación de dicha acusación. - Le impondrá las costas del juicio, pero con exclusión de las de la acusación particular, al ser su actuación superflua en este caso.

Elena, administradora única de OLIVOS, S.L., acude al despacho de Martina, Abogada de profesión, y le plantea la posibilidad de presentar una demanda por incumplimiento contractual contra KAMPINAS, S.A., por importe de treinta millones de euros. La situación económico financiera de OLIVOS, S.L., no es buena y Elena le advierte a Martina que no dispone de la tesorería suficiente para abonar sus honorarios en este momento, pero que, en cambio, en el caso de que la demanda sea estimada, abonará a Martina el veinticinco por ciento del importe que cobre de KAMPINAS, S.A. ¿Puede aceptar Martina la proposición de honorarios que le hace Elena en representación de OLIVOS, S.L.?. - Sí, Martina puede pactar libremente la cuantía de los honorarios con el cliente, siempre con respeto a las normas deontológicas y sobre competencia desleal. - No cabe realizar dicho pacto ya que, si finalmente la demanda es estimada, los honorarios que corresponderán a Martina serán excesivos. - No puede aceptar dicha proposición dado que, en caso de que la demanda no sea estimada, Martina no cobrará ningún honorario, y eso va en contra de las normas deontológicas. - Sí, puede aceptar la proposición del cliente, siempre y cuando se obtenga el visto bueno por parte de la Junta de Gobierno del Colegio profesional al que pertenezca.

José Luis, Abogado de Patricia, tiene en su poder una cantidad que ésta le ha entregado como depósito y la ingresa en la cuenta del despacho en el que se realizan todos los ingresos y gastos del despacho. ¿Ha actuado correctamente José Luis?. - Sí, siempre que lleve correctamente la contabilidad y pueda disponerse de inmediato de la cantidad ingresada. - Sí, si José Luis hace una gestión diligente de dicha cuenta y no dispone de los fondos de su cliente. - No, porque el Abogado debe depositar ese dinero en una cuenta específica con posibilidad de disposición inmediata. - No, porque el Abogado nunca debe ser depositario de fondos de los cliente.

Luis, Abogado especialista en reclamaciones por accidentes, ofrece sus servicios anunciándose en un periódico local en una población donde acaba de producirse un grave accidente ferroviario que ha ocasionado varias muertes y un gran número de damnificados. ¿Cree que esa actuación es correcta?. - No, pues los abogados no pueden anunciarse mediante vallas publicitarias. - No, porque la publicidad no puede suponer la oferta de servicios profesionales a víctimas directas o indirectas de sucesos que hubieran producido un elevado número de personas afectadas que carezcan de la plena y serena libertad de elección. - Sí, pues se ajusta al ejercicio profesional en el ámbito de la libertad de mercado. - Sí, pero siempre que tenga acreditada la formación en las especialidades citadas en el anuncio, porque la veracidad es el único límite de la publicidad.

Marcela es la Abogada que defiende los intereses en juicio de la mercantil X S.L.U., pese a lo cual el representante de esta empresa se pone en contacto con otra Abogada, Marta, quien acude al juzgado en compañía de aquél para que le exhiban los autos y desde ese momento le asesore sobre la estrategia a seguir en el proceso judicial, llegando a presentar escrito que firma junto a su cliente promoviendo determinada actuación procesal. Mientras tanto, Marcela permanece ajena a todo ello. ¿Cómo cabe calificar la intervención de Marta?. - Es plenamente correcta, porque ha comparecido en el Juzgado con la presencia de su cliente, parte en el procedimiento, lo que le habilita para cualquier actuación procesal en defensa de sus intereses. - Es incorrecta, porque un Abogado no debe pedir nunca la exhibición de los autos en presencia de su cliente. - Es incorrecta porque, recibido por un Abogado el encargo de la dirección procesal de un asunto, solo puede cesar esa dirección si aquél renuncia expresamente a la misma. - Es incorrecta, porque a quien se encargue la dirección profesional de un asunto previamente encomendado a otro está obligado a comunicarlo a éste inmediatamente después de aceptar ese encargo y antes de realizar cualquier otra actuación.

La consignación del nombre completo en todos los escritos y actuaciones que firmen los Abogados/as, y la indicación del Colegio al que estuviesen incorporados como ejercientes, así como el número de colegiación: - Constituye una ineludible obligación, que deben respetar todos los Abogados/as colegiados. - Es una norma de cortesía, pero en modo alguno una obligación. - Es obligatoria la indicación en los escritos del nombre y la condición de Abogado/a, sin que sean necesarias referencias al Colegio o el número de colegiación. - Realmente es una obligación, pero solo en los escritos iniciadores de un proceso judicial.

Al Abogado de una de las partes le resulta imposible asistir a un juicio por coincidirle con otro señalamiento. En tal caso: - Debe solicitar, indefectiblemente, la suspensión del juicio y un nuevo señalamiento. - El Abogado puede ser sustituido por el procurador legalmente habilitado. - El Abogado puede ser sustituido por cualquier compañero en ejercicio, siempre que aquél le haya otorgado la venia. - El Abogado puede ser sustituido por un compañero en ejercicio, cuya actuación haya sido debidamente comunicada al Colegio.

Para la fijación de los honorarios profesionales, los Abogados deberán tener siempre en cuenta los baremos del Colegio, sin que, en ningún caso, puedan rebasar los importes fijados en los mismos para las actuaciones concretas que se detallan. ¿Es cierta esta afirmación?. - No, porque los baremos orientadores del Colegio para fijación de los honorarios solo se tienen en cuenta a falta de pacto expreso en contrario. - No, porque, en todo caso, los Abogados solo pueden percibir en concepto de honorarios los importes fijados en aquellos baremos por el Colegio respectivo. - No, porque, en todo caso, los Abogados deben percibir en concepto de honorarios profesionales el importe que señale la sentencia en los casos de condena en costas. - Sí, la afirmación es cierta, porque los Abogados pueden pactar libremente el importe de sus honorarios, siempre que no rebasen los importes fijados en los baremos del Colegio.

Los Abogados están sujetos a responsabilidad disciplinaria en los supuestos de infracción de sus deberes profesionales o normas deontológicas, que podrá ser ejercida a través de la imposición de sanciones: - Sólo por el Decano y la Junta de Gobierno. - Únicamente por la Junta de Gobierno respectiva. - Sólo por la autoridad judicial. - Por la autoridad judicial, por el Decano y por la Junta de Gobierno respectivo.

Marta, Abogada adscrita a los servicios del turno de oficio del Colegio de Alicante, recibe una designación de oficio. Tras quedar citada en el despacho con su cliente, éste le manifiesta que desea interponer una demanda para instar la partición de la herencia de sus padres, fallecidos los dos hace más de diez años. En ese mismo instante le entrega documentación de la que se desprende que la herencia fue aceptada y repartida hace 8 años, figurando así en las escrituras otorgadas ante notario. Intenta explicarle que no existe acción alguna que se pueda realizar, pero su cliente insiste en que “tiene que hacer algo” porque quiere que se anule lo que firmó. Ante esta situación, ¿qué puede hacer Marta?. - Presentar ante la Comisión de Asistencia Jurídica gratuita en el plazo de quince días un escrito fundamentado, poniendo de manifiesto la insostenibilidad de la pretensión. - Presentar ante la Junta de Gobierno de su Colegio en el plazo de veinte días un escrito fundamentado poniendo de manifiesto la insostenibilidad de la pretensión. - Presentar ante el Juzgado Decano del Partido Judicial competente, en el plazo de diez días, un escrito fundamentado poniendo de manifiesto la insostenibilidad de la pretensión. - Indefectiblemente, tiene que presentar demanda ejercitando las pretensiones del cliente ya que al ser una designación del turno de oficio es obligatoria su intervención en los términos que aquél le indique.

Si en un proceso judicial en que el Abogado designado del turno de oficio hubiese percibido de la Administración competente el pago de sus honorarios profesionales y posteriormente se abonasen las costas por la parte contraria, que fue condenada por sentencia firme a su pago, ¿qué se debería hacer con ese importe?. - La ley establece que, obtenido el pago, los profesionales designados de oficio deben devolver las cantidades que, eventualmente, hubieren percibido por su participación en el proceso con cargo a fondos públicos. - Habiendo percibido ya el Abogado sus honorarios por la Administración competente, el importe de las costas debe ser percibido por su defendido, único acreedor a las mismas. - Habiendo percibido ya el Abogado sus honorarios por la Administración competente, ya no procede reclamar su importe y, por tanto, el mismo debería ser reintegrado a la parte que fue condenada a su pago. - La ley prevé que en estos casos la parte condenada al pago de las costas abone directamente los honorarios del Abogado de oficio a la Administración competente.

Carlos acude al despacho profesional de Esther para encomendarle su defensa en un procedimiento judicial en el que, hasta ese momento, le estaba defendiendo Manuel, quien no había renunciado a la defensa. Esther, antes de asumir la dirección del asunto, le informa a Manuel de la encomienda y le solicita que le facilite la documentación que tenga en su poder para poder ejercer con garantías el correcto ejercicio del derecho de defensa de Carlos. En estas circunstancias: - Manuel no se puede negar a facilitar a Esther la documentación de la que disponga. - Manuel puede negar a Esther la documentación de la que disponga hasta que Carlos le abone sus honorarios. - Manuel se puede negar en facilitar a Esther la documentación de la que disponga, hasta que Carlos se comprometa formalmente a abonarle sus honorarios. - Manuel se puede negar a facilitar a Esther la documentación de la que disponga, hasta que Carlos le abone, por lo menos, la mitad de sus honorarios.

Ginés se ve constreñido a aceptar la defensa en juicio de una empresa con quien el bufete para el que trabaja tiene un gran interés en iniciar contactos profesionales permanentes. Después de entrevistarse con representantes de esta empresa y conocer con detalle los argumentos que podrían llevarle al éxito, decide aceptar el encargo y acude a los tribunales para tomar mejor conocimiento de los hechos objeto del proceso judicial y en ese instante comprueba que la parte contraria es también un cliente, con quien mantiene relación profesional desde hace años. ¿Qué podría hacer en esas circunstancias?. - Debería renunciar a la defensa de la empresa, ya que el encargo profesional que recibió del particular es anterior. - Debería renunciar a la defensa del particular, habida cuenta el interés del bufete en mantener una relación estable con ésta que, con toda seguridad, les reporta mayores beneficios. - Debe renunciar, indefectiblemente, a la defensa y asesoramiento de ambos clientes. - Debe renunciar a la defensa y asesoramiento de ambos clientes, salvo que recibiera autorización expresa de todos para intervenir a favor de cualquiera de ellos.

Recibido el encargo de defender al acusado de un grave crimen, en un proceso que se encuentra en fase de juicio oral, Luisa, Abogada de profesión, no se siente cómoda y pretende renunciar el encargo: - Luisa es libre de renunciar a la dirección letrada del asunto, siempre que no se produzca indefensión a su cliente. - Luisa tiene plena libertad de renunciar a la dirección letrada del asunto, independientemente de que se produzca indefensión al acusado. - Luisa deberá de comunicar antes su intención de renunciar ante el Colegio profesional en que está inscrita, y el Colegio deberá de autorizar dicha renuncia. - Luisa no puede renunciar, hasta que se haya asignado a otro Abogado/a, y éste tenga el visto bueno y conformidad del acusado.

En relación con la división territorial en que se organiza el Estado a efectos judiciales, ¿cuál de las siguientes afirmaciones sobre los partidos judiciales es falsa?. - El partido es la unidad territorial integrada por uno o más municipios, sean o no limítrofes, pertenecientes a una misma provincia. - La modificación de partidos se podrá realizar en función del número de asuntos que se tramiten en ellos. - Para la modificación de partidos judiciales se atenderá a las características de la población, medios de comunicación y comarcas naturales en el territorio. - El partido judicial podrá coincidir con la demarcación provincial.

La creación de Secciones y Juzgados que suponga alteración de la demarcación judicial: - Corresponde al Gobierno, oídos preceptivamente la Comunidad Autónoma afectada y el Consejo General del Poder Judicial. - Corresponde al Ministerio de Justicia, oídos preceptivamente la Comunidad Autónoma afectada y el Consejo General del Poder Judicial. - Corresponde al Pleno del Consejo General del Poder Judicial, oídos el Ministerio de Justicia y la Comunidad Autónoma afectada. - Debe tener rango de Ley.

Tras finalizar sus estudios de Grado en Derecho, un estudiante ejemplar se ha dedicado a preparar oposiciones, habiendo obtenido recientemente la plaza de funcionario como Asesor Jurídico de una Diputación. Como quiera que su jornada laboral es únicamente de mañana, ha decidido por las tardes abrir un despacho para asesorar en materia de derecho urbanístico, pero sin actuar ante los Tribunales debido a su horario laboral. Y al ser funcionario, sin incorporarse a un colegio de abogados. ¿Podría poner en la fachada del edificio una placa en la que anuncie sus servicios como Abogado?. - Si, porque el hecho de ser funcionario por oposición permite usar la denominación de “abogado”. - Si, porque la obtención del Grado en Derecho permite usar la denominación de “abogado”. - No, porque sólo pueden usar la denominación de “abogado” los que ejercen incorporados a un Colegio español de Abogados. - No, porque como sólo va a dedicarse a asesorar y no actuar ante los Tribunales, no puede usar la denominación de “abogado”.

Nicolás es un Abogado que acostumbra a exponer con vehemencia los intereses de su defendido en el acto del juicio. En una situación límite, en que considera que el testigo de la contraparte elude dar respuesta a sus preguntas, reclama que el tribunal le advierta de su obligación de responder, petición que le es denegada porque éste considera que la contestación es suficientemente precisa. Ante su insistencia, el tribunal advierte a Nicolás de la posibilidad de ser corregido disciplinariamente por el propio órgano judicial. ¿Es posible esta corrección disciplinaria?. - No, porque los Abogados en ejercicio solo pueden ser corregidos disciplinariamente por el Colegio respectivo. - No, porque en ningún caso un Abogado en ejercicio puede ser corregido disciplinariamente, sin perjuicio de que se puedan abrir diligencias penales contra él. - Sí, porque se prevé la posibilidad de que los Abogados puedan ser corregidos disciplinariamente por los tribunales cuando, llamados al orden, no obedezcan reiteradamente al Juez o Magistrado que presida el acto. - Sí, porque los Abogados nunca deben denunciar las respuestas evasivas de los sujetos interrogados, ya que solo los tribunales tienen esta facultad llamándoles al orden.

Luis, Abogado en ejercicio, es condenado por sentencia firme como inductor de un delito de falsedad, al haber aconsejado a un cliente que alterase el contenido de una certificación oficial para que pudiera beneficiarse de alguna prestación. ¿Qué consecuencias disciplinarias podrían acarrear para Luis estos hechos?. - Ninguna consecuencia porque, en el ejercicio de su profesión, Luis está obligado a aconsejar a sus clientes lo mejor para sus intereses. - Ninguna consecuencia, por el principio non bis in idem, ya que ha sido condenado en vía penal. - Sí tiene consecuencias disciplinarias, que le podrían llevar a ser expulsado del Colegio. - Sí tiene consecuencias disciplinarias, que le pueden suponer la suspensión del ejercicio de la abogacía por un plazo de hasta dos años.

Esther, una afamada Abogada de Barcelona, recibe el encargo de un cliente para actuar en un juzgado de Valencia. Ganado el pleito y condenada la parte contraria al pago de las costas, interesa su tasación, presentando la minuta según la cual la Abogada ajusta sus honorarios a los baremos orientadores del Colegio de Abogados de Barcelona, que es donde está colegiada. ¿Se ajusta a Derecho esta petición?. - No, no es correcta, porque para la fijación de los honorarios se tienen en cuenta, como referencia, los baremos orientadores del Colegio en cuyo ámbito actúe. - No, no es correcta porque, en todo caso, es al Letrado de la Administración de Justicia a quien corresponde determinar el importe de honorarios profesionales que puede percibir la Abogada. - La petición es correcta, porque los honorarios de la Abogada se ajustan a los baremos del Colegio al que pertenece. - Aunque correcta, la actuación es desacertada porque, en todo caso, la cuantía de las costas en que debería ser reintegrada la parte debe incluir, en su integridad, los honorarios satisfechos al Abogado, sea cual fuere la cantidad que hubiesen pactado éste y el cliente.

¿Es necesario formalizar el ingreso en la Mutualidad General de la Abogacía, Mutualidad de Previsión Social o, en su caso, en el Régimen de la Seguridad Social que corresponda cuando el profesional se incorpora a un Colegio de Abogados como no ejerciente?. - Sí, la incorporación a un Colegio de Abogados exige siempre la formalización del ingreso en alguna de las referidas entidades. - No, la incorporación a un Colegio de Abogados exige formalizar el ingreso en alguna de estas entidades solo cuando aquella se realiza como Abogado ejerciente. - No, la incorporación a un Colegio de Abogados no exige el ingreso en ninguna de estas entidades, ya que dicha formalización es, todo caso, facultativa. - No, porque a los profesionales que se incorporan en un Colegio de Abogados siempre se les incluye en el régimen de la Seguridad Social.

Pendiente de la contratación de los servicios de una empresa especializada para la digitalización de sus archivos, Isabel, Abogada ejerciente, ha decidido elaborar ya, en papel, unas fichas con toda la información relativa a los clientes de su despacho. Tras comentarlo con otra compañera, ésta le advierte que no debe hacerlo porque sería contrario a la normativa en materia de protección de datos. ¿Tiene razón esta compañera?. - No, se equivoca, porque las medidas de protección de datos se aplican solo a los ficheros informáticos. - No, porque puede elaborar esas fichas siempre que garantice la custodia y protección de esos datos con medidas de seguridad adecuadas. - Sí, porque la normativa prevé que la protección se aplique tanto al tratamiento automatizado de datos personales como al tratamiento manual, cuando esos datos figuren en ficheros destinados a ser incluidos en él. - En realidad, la normativa prevé la posibilidad de elaboración de estos ficheros sin más limitación que no puedan incluir datos especialmente sensibles.

Ginés defiende los intereses de un cliente en un proceso laboral por despido que considera improcedente. Iniciado ya el proceso judicial, Ginés mantiene contactos con el Abogado de la parte contraria, conservando los emails donde cruzaban ofertas y propuestas para la solución del conflicto. En un momento del proceso, la parte decide prescindir de los servicios de Ginés y le pide copia de esos emails que, sabe, han cruzado ambos abogados con el objetivo de ponerlos a disposición de su nuevo Abogado. ¿Está Ginés obligado a facilitar esos correos?. - Sí, porque el cliente tiene derecho a recibir toda la documentación que Ginés guarde en su poder en relación con el asunto. - Sí, porque el cliente tiene derecho a recibir toda la documentación que Ginés guarde en su poder, salvo que el Abogado contrario lo hubiese prohibido expresamente. - No, porque Ginés no puede reenviar correos electrónicos de otros compañeros sin su expreso consentimiento. - No, porque Ginés no puede dar a su cliente esa documentación en ningún caso.

Laura, que cuenta con unos ingresos brutos anuales cercanos a los 70.000 euros, sufre un desgraciado accidente que le ocasiona graves secuelas permanentes y le impide totalmente la realización de las tareas de la que, hasta ese momento, había sido su profesión habitual, incluso necesita la ayuda de otras personas para poder realizar las actividades más esenciales de su vida diaria. Laura está convencida de la responsabilidad en el siniestro de la empresa para la que venía trabajando, por lo que se propone reclamar a ésta una indemnización por los daños personales y morales sufridos. En tales circunstancias, ¿tendría derecho a la asistencia jurídica gratuita?. - Sí, porque en todas las reclamaciones de indemnización por los daños personales y morales se tiene siempre derecho a la asistencia jurídica gratuita. - Sí, por las consecuencias del accidente, y ello con independencia de los recursos que tuviere para litigar. - No porque, a pesar de las consecuencias del accidente, los ingresos de Laura superan con creces el máximo permitido para acceder a este derecho. - No tiene derecho al reconocimiento del derecho, pero sí estará exenta del pago de tasas Judiciales y de los depósitos necesarios para la interposición de recursos.

Olegario inició un pleito reclamando el pago de sus honorarios como experto en marketing y publicidad, para lo cual, siguiendo el consejo de un amigo, contrató los servicios de una Abogada. Después de formulada la demanda, se sucedieron una serie de acontecimientos en la vida personal y familiar de Olegario que primero trajeron consigo el cese de sus ingresos, y que luego terminaron por mermar casi por entero su patrimonio. Ante esta situación se plantea solicitar el reconocimiento del derecho a la asistencia jurídica gratuita para poder continuar con el proceso judicial sin tener que abonar los honorarios de la Abogada devengados desde el comienzo de la sustanciación del mismo. ¿Procede reconocer ese derecho?. - No, porque la ley prevé que no se reconozca el derecho a la asistencia jurídica gratuita el actor una vez presentada la demanda. - No porque, pese a que la ley prevé el reconocimiento del derecho a la asistencia jurídica gratuita cuando se acredite que las circunstancias y condiciones necesarias para esta declaración sobrevinieron con posterioridad a la demanda, tal reconocimiento no puede tener carácter retroactivo y solo alcanza a las actuaciones devengadas desde su solicitud. - Sí, porque la ley prevé que se reconozca el derecho a la asistencia jurídica gratuita, incluso con carácter retroactivo, cuando se acredite que las circunstancias y condiciones necesarias para obtener aquél sobrevinieron con posterioridad a la demanda o contestación. - Sí, porque la ley prevé que se reconozca el derecho a la asistencia jurídica gratuita en cualquier estado de tramitación del procedimiento, y ello con independencia del momento en que se hubieren dado las condiciones económicas que hagan acreedor de ese derecho al solicitante.

Tasadas las costas impuestas por sentencia al demandante, éste impugna la tasación por considerar excesivos los honorarios de Ester, abogada de la demandada, proponiendo la reducción de los mismos que no es aceptada por Ester. Ante este desacuerdo, ¿quién debe resolver la cantidad que corresponde a Ester por sus honorarios?. El Letrado de la Administración de Justicia. El Colegio de Abogados. El Juez. El Abogado de la parte condenada.

Tras haber sido designado Manuel como Abogado de José, después de que a éste le hubiere sido reconocido su derecho a la asistencia jurídica gratuita, recibe de su cliente toda la documentación necesaria para organizar la defensa y dedica los siguientes tres meses a estudiar el asunto con todo detalle. Finalmente, llega a la conclusión de que no puede defender las tesis de José, y que la pretensión es insostenible, por lo que se plantea renunciar al caso. ¿Cómo podrá hacerlo?. - Comunicándoselo a la Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita para que archive las actuaciones. - Comunicándoselo al Juzgado, para que continúe el procedimiento sin él. - Comunicándoselo a su cliente para que proceda a instar una nueva solicitud. - No podrá renunciar, estando obligado a asumir la defensa, pues no ha efectuado la renuncia dentro del plazo previsto en la ley.

Impuesta una corrección disciplinaria de apercibimiento a un Abogado, por su actuación ante los tribunales, ¿qué recurso puede interponer contra el acuerdo dictado por el Juez y ante quién se interpone?. - Contra los Acuerdos de corrección de apercibimiento no cabe recurso alguno, sin perjuicio de formular protesta para poder apelar en su caso el fondo de la resolución final que ponga fin al proceso. - Recurso de apelación ante la Audiencia Provincial. - Recurso de alzada ante el Consejo General del Poder Judicial. - Recurso de audiencia en justicia ante el juez, que lo resolverá en el siguiente día.

Carlos, Abogado recibe el encargo de promover un procedimiento penal contra su compañero también Abogado, por la presunta agresión de éste a un conductor, con quien mantuvo una fuerte discusión de tráfico. Carlos se pregunta si debe realizar alguna actuación previa a la interposición de la querella. Indique la respuesta correcta: - Carlos debe informar al Juez Decano para que pueda realizar una labor de mediación. - Carlos debe informar al Decano del Colegio de Abogados para que pueda realizar una labor de mediación. - Carlos debe informar al Secretario de la Junta Arbitral para que pueda realizar una labor de mediación. - No es necesario que Carlos realice ninguna actuación previa a formular la querella.

Dídac es el Abogado de Mariel en el proceso civil por el que ésta reclama el cobro de cantidades que indebidamente le ha retenido su banco. Sin embargo, a pesar de los intentos de Dídac por cobrar sus honorarios profesionales de su cliente, ésta responde siempre con evasivas. En esas circunstancias, Dídac decide reclamar a Mariel, manifestando formalmente que esos honorarios le son debidos y no han sido satisfechos. Dicha reclamación: - Debe efectuarse a través del proceso declarativo que corresponda por razón de la cuantía. - Puede efectuarse a través de una demanda de ejecución ante el mismo Juzgado que esté conociendo del asunto, donde se despachará la misma. - Puede efectuarse a través de un procedimiento en el que directamente se requerirá al deudor para que pague dicha suma, bajo apercibimiento de apremio si no pagare. - Puede efectuarse a través de un procedimiento en que directamente se requerirá al deudor para que pague dicha suma o impugne la cuenta, bajo apercibimiento de apremio si no pagare ni formulare impugnación.

Carmen, capitán del Ejército del Aire, no ha superado los cursos de ascenso a comandante. No estando de acuerdo con tal decisión, decide impugnar la resolución, pero tiene dudas sobre cuál sería la jurisdicción competente para conocer del asunto. Su abogado le dice que la competente es la jurisdicción contencioso-administrativa ¿Es correcta esta afirmación?. - Sí, porque al ser materia de personal, la jurisdicción competente es la jurisdicción contencioso administrativa. - No, porque lo militares tienen que dirigir todos los asuntos derivados o provenientes de su profesión, a la jurisdicción militar. - No, porque el régimen de ascensos en la Carrera Militar, no es susceptible de impugnación en ninguna jurisdicción. - No, porque al tratarse de una cuestión derivada de su profesión, la jurisdicción competente es la jurisdicción laboral.

Margarita es funcionaria, médico especialista en pediatría, y ha recurrido en vía administrativa la resolución dictada por la Consejería de Sanidad de su Comunidad Autónoma que desestima su solicitud de reconocimiento de determinados derechos económicos. Al haberse desestimado su recurso está buscando un abogado que le pueda llevar el caso ante los juzgados de lo contencioso-administrativo, pero un amigo le comenta que ella podría defenderse a sí misma, sin necesidad de contratar a un abogado. ¿Es eso cierto y Margarita podría comparecer por sí misma en defensa de sus derechos?. - Sí, porque al ser un funcionario público, puede comparecer por sí mismo en defensa de sus derechos estatutarios, cuando se refieran a cuestiones de personal que no impliquen separación de empleados públicos inamovibles. - Sí, porque al ser funcionario público, puede comparecer por sí mismo en defensa de sus derechos, en cualquier clase de procedimiento judicial y materia. - No, porque cuando la competencia para conocer del asunto recaiga en un órgano judicial unipersonal, Margarita debe estar asistida en todo caso por un Abogado y podría conferir su representación a un procurador. - No, porque ante la jurisdicción contencioso-administrativa siempre es preceptivo estar representado por un procurador y asistido por un abogado.

Santos es un Abogado al que la empresa a la que lleva asesorando desde hace más de 20 años le ha encomendado la tramitación del despido de algunos trabajadores. Para agilizar los trámites, la empresa le ha transferido un fondo de 145.000€ para el ofrecimiento y pago de las eventuales indemnizaciones. Como quiera que, tras las negociaciones, Santos consiguió una importante rebaja de las previsiones indemnizatorias, al finalizar su intervención se produjo un remanente de 30.000 €. El administrador de la sociedad le autorizó verbalmente, entonces, a que detrajese sus honorarios de ese importe, por lo que el Abogado devolvió únicamente 20.000 €, enviando una minuta por el resto. Dos años después, el administrador se jubila y el nuevo administrador denuncia al Abogado ante el Colegio de Abogados. ¿Actuó correctamente Santos?. - Sí, porque detrajo sus honorarios con consentimiento de la empresa, con la que le unía una gran relación de confianza. - No, porque debió haber obtenido el consentimiento por escrito. - No, porque el abogado nunca debe detraer sus honorarios de los fondos recibidos, ni tan siquiera con consentimiento del cliente. - El abogado puede detraer sus honorarios en todo caso, con la única condición de que lo comunique y justifique al cliente.

En un descuido, el Abogado defensor de un acusado, que se encuentra en prisión provisional por esa causa, anota en la agenda el señalamiento de su juicio en un día distinto al indicado en la notificación, por lo que el día del juicio no comparece y tiene que suspenderse. Con independencia de la calificación de la presunta infracción, ¿en qué clase de responsabilidad podría incurrir el Abogado?. - En responsabilidad civil, penal y disciplinaria. - En responsabilidad civil derivada de delito y en responsabilidad penal, que excluye la responsabilidad disciplinaria por aplicación del principio non bis in idem. - En responsabilidad civil y, alternativamente en responsabilidad penal o disciplinaria, ya que la penal excluye la responsabilidad disciplinaria por aplicación del principio non bis in idem. - En responsabilidad civil, penal y policía de estrados.

Entre las correcciones que el Decano y la Junta de Gobierno pueden aplicar a los Colegiados en vía disciplinaria no se encuentra: La amonestación pública. El apercibimiento por escrito. La suspensión del ejercicio de la abogacía por un plazo no superior a dos años. La expulsión del Colegio.

En trámite de conclusiones orales en el acto de una vista, Arturo, Abogado especialista con muchos años de experiencia, se refiere a su compañera, Marta, Abogada mucho más joven y que acaba de incorporarse al ejercicio de la profesión, como alguien “cuya inexperiencia y falta de preparación justifica su discurso, carente de interés alguno para la resolución del litigio”. ¿Sería aceptable el uso de esas expresiones?. - Sí, porque está amparado en su derecho a la libertad de expresión. - Sí, porque se justifica por el derecho a la defensa de los intereses de su cliente. - No, porque con dicha expresión, innecesaria para el ejercicio de defensa de su cliente, además falta el respeto a la Abogada contraria. - No, esas expresiones pueden realizarse en escritos judiciales, pero no en los informes orales en audiencia pública.

Un grupo de antiguos compañeros de carrera deciden formar una agrupación de abogados jóvenes y para ello elaboran sus propios estatutos y se constituyen en agrupación, instando su inscripción en el registro de asociaciones de su comunidad autónoma para, a continuación, solicitar de la Junta de Gobierno del Colegio al que todos ellos pertenecen una subvención para sus actividades ¿Tendrían derecho a esa subvención?. - No, porque antes debe aprobarse la constitución de esa agrupación por la propia Junta de Gobierno. - No, porque en ningún caso se permite constituir una agrupación de abogados jóvenes. - Sí tendrían derecho a la subvención, con base al principio de igualdad y libertad asociativa que reconoce la Constitución. - No tendrían derecho, pero eso no obstaría al normal funcionamiento y reconocimiento de su existencia por la Junta de Gobierno sin más noticia que su inscripción en el registro de asociaciones.

María José es Abogada, amiga de la familia de Rubén, quien ha sido detenido por la Policía acusado de un delito contra la salud pública. Cuando recibe el aviso, a través de un miembro de esa familia, se desplaza a la Comisaría donde todavía se encuentra Rubén, indicando que ha recibido el encargo de asistir al detenido en todas las diligencias. En ese instante, la propia Policía le indica que eso no va a ser posible, porque el Juez que instruye las diligencias ha dictado un Auto por el que se acuerda que la asistencia al detenido se preste por el Abogado de guardia y no por uno de su confianza. ¿Realmente, podría disponer el Juez esta medida?. - No, ya que con ello estaría vulnerando el derecho del detenido a la libre elección de Abogado. - No, ya que esta medida solo puede acordarla durante la instrucción de procesos por delitos contra la seguridad del Estado. - Sí, porque solo el Abogado de guardia es quien puede asistir a los detenidos. - Sí, porque en determinadas circunstancias se prevé que el detenido o preso pueda ser privado del derecho a designar un abogado de su confianza.

Ismael es un Abogado a quien, desgraciadamente, diagnostican una grave enfermedad que durante un largo tiempo le va a impedir atender el cuidado de sus asuntos. Por esta razón, para no extender demasiado la noticia, decide comunicarlo solo a sus clientes y a los juzgados donde se tramitan los procesos judiciales que tiene en curso donde, al tiempo solicita la suspensión del trámite de aquellas actuaciones. Con ello ¿ha cumplido con todas las exigencias propias de su cargo?. - Sí, ha cumplido suficientemente con aquellas exigencias. - Sí, aunque en realidad bastaba con que lo hubiese comunicado a sus clientes, y ya ellos lo habrían puesto en conocimiento de los juzgados respectivos. - No, debería haberlo comunicado también a su Colegio. - No, debería haberlo comunicado a la Secretaría de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia donde radicasen aquellos juzgados para que fuera aquélla quien trasladase esa información a estos órganos.

Antón es un joven Abogado en ejercicio, que acaba de incorporarse a un despacho de abogados colectivo mediante un contrato en prácticas. En el despacho le han asignado como tutora a una Abogada que cuenta con cuatro años de antigüedad en el ejercicio de la profesión. ¿Es válida esa asignación de tutor/a?. - Sí, porque puede desempeñar las labores de tutor cualquier Abogado/a en ejercicio, ya sea del mismo despacho o no. - Sí, porque puede desempeñar las labores de tutor cualquier Abogado/a en ejercicio, siempre que sea del mismo despacho. - No, porque puede desempeñar las labores de tutor cualquier Abogado/a del despacho, pero que cuente con más de cinco años de antigüedad en el ejercicio de la profesión. - No, porque las labores de tutor solo pueden ser desempeñadas por profesionales designados expresamente por el Colegio.

Los Juzgados de Primera Instancia e Instrucción tienen su sede: - En la capital del partido judicial. - En cualquiera de los municipios del partido judicial. - En las capitales de provincia. - En todas las poblaciones con más de 75.000 habitantes.

María ejerce la abogacía de forma colectiva con otros compañeros. Juana ha solicitado a María que sea su Abogada para ejercer la acusación particular en un procedimiento penal seguido contra su exmarido, Pedro, por impago de una pensión de alimentos para los hijos habidos en el matrimonio que había sido acordada en sentencia firme de divorcio. María se da cuenta de que el divorcio fue llevado por un compañero de su despacho, circunstancia que Juana desconoce. ¿Puede María aceptar la defensa de Juana?. - Sí, puede aceptarla libremente. - Sí, puede aceptarla, pero solo porque María no es la Abogada de Pedro. - No, debe rechazar la defensa, ya que dicha intervención resultaría contraria a los principios de confianza e integridad. - No puede aceptar la defensa en el procedimiento penal, aunque sí podría ser la Abogada de Juana en procedimientos de otra naturaleza entre ésta y Pedro como, por ejemplo, en un procedimiento civil de modificación de medidas.

Ante el juzgado de primera instancia que está conociendo de un procedimiento ordinario se pone de manifiesto un hecho que ofrece la apariencia de delito perseguible de oficio y que podría tener influencia decisiva en la resolución del asunto civil, por lo que de inmediato se ordena la puesta en conocimiento del Ministerio Fiscal. ¿Implica esta circunstancia la suspensión de actuaciones en el procedimiento civil?. - No, en ningún caso se interrumpirá el procedimiento civil. - Sí, pero la suspensión se acordará una vez que el procedimiento esté pendiente solo de sentencia. - Sí, y en todo caso se acordará sin esperar a la conclusión del procedimiento. - Sí, aunque se acordará sin esperar a la conclusión del procedimiento cuando la suspensión venga motivada por la posible existencia de un delito de falsedad de alguno de los documentos aportados y, a juicio del tribunal, este pudiera ser decisivo para resolver sobre el fondo del asunto.

Luisa y Ramón son dos profesionales de la abogacía que se dirigen mutuamente algunos correos electrónicos al hilo de la negociación de un procedimiento matrimonial en ciernes, dejando entrever ambos desde el inicio que las mismas no están sujetas a secreto profesional. Finalmente, no se alcanza el acuerdo y Luisa, al preparar la demanda, se plantea si puede acompañar a la misma una copia de esas comunicaciones enviadas a Ramón. ¿Sería esto posible?. - Sí, Luisa podría acompañar a la demanda copia de esas comunicaciones. - No, Luisa solo podrá acompañar esas comunicaciones a la demanda si Ramón presta su expreso consentimiento para ello. - No, Luisa no podrá aportar esas comunicaciones a la demanda, dado que ello supondría vulneración del secreto profesional. - Luisa solo podrá aportar esas comunicaciones a la demanda si previamente obtiene autorización expresa por parte del Colegio de Abogados donde se vaya a tramitar el proceso judicial.

Un despacho profesional de abogados contrata a un comercial, no abogado, para ofrecer sus servicios a empresas y particulares, a cambio de percibir un porcentaje del 18% del volumen total de facturación de los clientes que aporte al despacho. ¿Es correcta esta actuación?. - No es correcta la actuación, ya que el comercial no es abogado. - No es correcta la actuación, ya que los abogados en ningún caso pueden compartir los honorarios con persona ajena a la profesión. - La actuación es correcta si el cliente lo autoriza. - La actuación es correcta si se informa al cliente de esa circunstancia.

¿Cuál es el órgano competente para conocer de la acción de anulación de un laudo arbitral?. - El Juzgado de Primera Instancia del lugar en que se haya dictado el laudo. - La Audiencia Provincial, o Sección Civil de la misma, del lugar en que se haya dictado el laudo. - La Sala de lo Civil y de lo Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Autónoma donde se hubiere dictado el laudo. - La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Autónoma donde se hubiere dictado el laudo.

La acción de anulación de un laudo arbitral: - Habrá de ejercitarse dentro de los tres meses siguientes a su notificación y se sustanciará por los cauces del juicio verbal. - Habrá de ejercitarse dentro de los tres meses siguientes a su notificación y se sustanciará por los cauces del juicio ordinario. - Habrá de ejercitarse dentro de los dos meses siguientes a su notificación y se sustanciará por los cauces del juicio verbal. - Habrá de ejercitarse dentro de los dos meses siguientes a su notificación y se sustanciará por los cauces del juicio ordinario.

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha puesto a disposición de las partes interesadas un acuerdo amistoso que, finalmente, no aceptan. ¿Podrán ser mencionadas o invocadas las circunstancias recogidas en ese acuerdo en el posterior procedimiento contencioso?. - No, no podrán ser mencionados ni invocados en el procedimiento contencioso ninguna comunicación escrita u oral, ni ninguna oferta o concesión realizadas en el marco de dichas negociaciones. - Sí, en el procedimiento podrán ser mencionados, sin limitación alguna, cuantas circunstancias se hubieren planteado en todo el proceso negociador del acuerdo. - Sí, podrán ser mencionados, pero sin expresar detalles sobre las posturas que una y otra parte hubieren ofrecido a la contraria. - Podrán ser mencionados, siempre que obtuvieren autorización expresa del Secretario del Tribunal.

Si, impugnada una tasación de costas por considerar excesivos los honorarios del Abogado minutante, éste acepta la reducción de honorarios que se le reclame: - El Letrado de la Administración de Justicia dictará decreto aprobando la tasación por ese importe. - El Letrado de la Administración de Justicia dictará decreto manteniendo la tasación realizada o, en su caso, introducirá las modificaciones que estime oportunas. - El Juez dictará auto manteniendo la tasación realizada o, en su caso, introducirá las modificaciones que estime oportunas. - Se pasará testimonio de los autos, o de la parte de ellos que resulte necesaria, al Colegio de Abogados para que emita informe.

La Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa prevé que, en primera o única instancia, el órgano jurisdiccional, al dictar sentencia o al resolver por auto los recursos o incidentes que ante el mismo se promovieren, imponga las costas: - A la parte que sostuviere su acción o interpusiere los recursos con mala fe o temeridad, razonándolo debidamente. - A la parte que haya visto rechazadas todas sus pretensiones, salvo que aprecie y así lo razone, que el caso presentaba serias dudas de hecho o de derecho. - A la parte que haya visto rechazadas todas sus pretensiones, salvo que esta fuere una Administración Pública. - A la parte que haya visto rechazadas todas sus pretensiones, salvo que esta tuviere reconocido el derecho a la asistencia jurídica gratuita.

Elena y Olga han suscrito un contrato de arrendamiento de vivienda por el que la primera cede el uso del inmueble de su propiedad a cambio de una renta mensual que fijan en 1.100 euros. En una de sus cláusulas establecen que, para cualquier controversia que se pueda suscitar en relación al cumplimiento e interpretación del contrato, las partes se someterán a arbitraje. ¿Es válido ese pacto?. - Sí, porque tanto la Ley de Arbitraje como la Ley de Enjuiciamiento Civil permiten que este tipo de contratos puedan ser sometidos a arbitraje. - No, porque el sometimiento a arbitraje solo puede hacerse en los contratos para uso distinto al de vivienda, donde el poder de disposición de las partes es más amplio. - No, porque los arrendamientos urbanos son una de las materias excluidas expresamente del arbitraje. - Sí, siempre que el árbitro o árbitros designados sean abogados especialistas en materia de arrendamientos urbanos.

Marta, condenada al pago de las costas en un proceso judicial, se propone impugnar la tasación de costas promovida por la parte contraria al haberse incluido minuta del Abogado de esa parte que considera excesiva, ya que detalla la realización de trámites que no se han producido en el curso del proceso, ¿cómo puede promover esa impugnación?. - A través de un recurso de reposición contra la resolución que acuerde la incorporación a los autos de la minuta del Abogado. - A través del incidente de impugnación de la tasación de costas por excesivas. - A través del incidente de impugnación de la tasación de costas por indebidas. - A través del incidente de impugnación de la tasación de costas por excesivas e indebidas.

Marta, Abogada en el turno de oficio, ha sido designada para defender a un detenido, a quien la Policía investiga como presunto autor de un delito de abuso de menores. Nada más conocer su designación, Marta solicita excusar su intervención profesional por motivos personales, ya que hace años vivió en el seno de su propia familia una situación similar. ¿Podrá obtener dicha excusa?. - Sí, siempre que el cliente muestre su conformidad. - No, dado que en el ejercicio de su cargo y para asegurar el derecho a la defensa, la Letrada está obligada a asistir al investigado. - Sí, es posible la excusa en el orden penal, siempre que concurra un motivo personal y justo, que deberá ser apreciado por el Juzgado que esté conociendo o vaya a conocer del asunto. - Sí, es posible la excusa en el orden penal, y para ello deberá concurrir un motivo personal y justo que será apreciado por el Decano de su Colegio profesional.

Jaume se ha incorporado el 10 de enero de 2021 a un Colegio de Abogados como no ejerciente. En las elecciones que se convocan el 25 de abril de 2021 para nombrar al Decano y demás cargos de la Junta de Gobierno de dicho Colegio, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es correcta en relación a la participación que en ellas puede tener Jaume?. a) No podrá participar como elector porque no ha transcurrido el plazo necesario para poder participar. b) Podrá presentarse para ser elegido Decano porque ha transcurrido el plazo que fija el Estatuto General de la Abogacía Española desde que se incorporó. c) Podrá participar como elector, si bien su voto no tiene igual valor que el de los Abogados ejercientes. d) Podrá presentarse como candidato a más de un cargo de los que hayan de ser elegidos en esa convocatoria.

Juan José, Abogado, decide presentar frente a su cliente Miguel, que no le ha pagado sus honorarios por su intervención en un procedimiento judicial de desahucio, reclamación de honorarios a través del procedimiento regulado en el artículo 35 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, para lo cual presenta minuta detallada y manifiesta que los honorarios le son debidos y no han sido satisfechos. Señale la respuesta correcta: a) Presentada la reclamación, el Juez requerirá al deudor para que pague o impugne la cuenta en el plazo de diez días. b) Será necesario que Juan José designe un Procurador para presentar la reclamación si la minuta excede de 2.000 €. c) Si al ser requerido Miguel, este no formula oposición en el plazo de diez días, se despachará ejecución por la cantidad a que ascienda la minuta. d) Miguel puede impugnar la cuenta por considerar los honorarios indebidos o por excesivos, y formulada impugnación por cualquiera de esos dos motivos, el Letrado de la Administración de Justicia habrá de dictar un decreto resolviendo lo que proceda, sin necesidad de dar traslado a Juan José en relación a la impugnación presentada dado que este ya tuvo que presentar una minuta detallada al hacer la reclamación.

Conforme a la Ley Orgánica del Poder Judicial, ¿pueden establecerse Juzgados de Violencia sobre la Mujer que extiendan su jurisdicción a dos o más partidos judiciales?. a) No, porque en todo partido judicial ha de existir siempre y necesariamente un Juzgado de Violencia sobre la Mujer. b) Sí. El Gobierno, a propuesta del Consejo General del Poder Judicial y en su caso, con informe de la Comunidad Autónoma con competencias en materia de Justicia, podrá establecer mediante real decreto que los Juzgados de Violencia sobre la Mujer que se determinen extiendan su jurisdicción a dos o más partidos dentro de la misma provincia. c) Sí, pero únicamente podrá hacerse mediante norma con rango de ley. d) Sí, lo podrá acordar el Consejo General del Poder Judicial, cuando resulte conveniente en función de la carga de trabajo existente, siempre que exista informe favorable de las Salas de Gobierno y la Comunidad Autónoma afectada.

Marcos, Abogado de profesión, ha comunicado la sustitución profesional al Abogado Felipe, que estaba defendiendo a Verónica en un procedimiento ordinario de reclamación de cantidades. Felipe, diligentemente, le acusa recibo y le entrega a Marcos la documentación que obra en su poder, sin que, pasados más de tres meses, Verónica le haya abonado los honorarios profesionales a Felipe. En este caso,. a) En la medida que no han sido abonados los honorarios de Felipe, este no tiene la obligación de respetar y preservar el secreto profesional sobre la información y documentación recibida. b) Felipe tiene derecho a reclamar los honorarios que correspondan a su intervención profesional y Marcos tiene el deber de colaborar diligentemente en la gestión de su pago. c) Felipe debe poner la situación en conocimiento del Colegio profesional al que pertenezca, y este, notificará en el plazo de diez días hábiles a Marcos que no puede defender a Verónica hasta que no haya abonado los honorarios a Felipe. d) Marcos puede personarse en el procedimiento, y actuar en dicho asunto siempre y cuando la comunicación haya sido escrita, sin que tenga que realizar ningún tipo de gestión añadida en favor de Felipe.

De acuerdo con la regulación que recoge el Estatuto General de la Abogacía, si un Colegio quiere modificar sus Estatutos particulares, ¿qué procedimiento habrá de seguirse?. a) El Consejo General de la Abogacía Española elaborará el proyecto y su aprobación le corresponde a la Junta de Gobierno del Colegio correspondiente. b) El proyecto de modificación ha de ser aprobado por Junta General extraordinaria del Colegio y sometido al Consejo General de la Abogacía Española para su aprobación. c) No es necesaria la aprobación del Consejo General de la Abogacía Española porque habrá de estarse en todo caso a lo que haya aprobado el Colegio correspondiente. d) No es necesario que intervenga el Consejo General de la Abogacía Española porque se trata de una mera modificación.

Roberto es sancionado por el Colegio de Abogados de Barcelona por una infracción deontológica con la inhabilitación para el ejercicio de la profesión durante el plazo de un mes. Notificada la firmeza de la sentencia que confirma la sanción, Roberto comprueba que cinco días después tiene señalado un juicio en Málaga. Indique la única respuesta correcta: a) Roberto podrá acudir al juicio toda vez que la sanción únicamente será efectiva en el ámbito del Colegio que ha impuesto la sanción. b) Roberto podrá acudir al juicio toda vez que en caso contrario ocasionaría indefensión a su cliente. c) Roberto podrá acudir al juicio toda vez que no han transcurrido los diez días que tiene para que la sanción sea efectiva. d) Roberto no podrá acudir al juicio.

Según la Ley 38/1988, de 28 de diciembre, de Demarcación y de Planta Judicial, ¿cómo se determina la capitalidad de los partidos judiciales?. a) En virtud de acuerdo del Consejo General del Poder Judicial. b) En virtud de real decreto, por el Gobierno a propuesta del Ministerio de Justicia. c) En virtud de ley, por las Comunidades Autónomas. d) En virtud de norma reglamentaria, por las Comunidades Autónomas.

Sofía, Abogada, remite un correo electrónico a Ramón, Abogado con quien está negociando un procedimiento matrimonial, haciendo constar en el correo que el mismo no está sujeto a secreto profesional. Finalmente, no se alcanza un acuerdo y al preparar la demanda se plantea si puede acompañar a la misma una copia de la comunicación enviada a Ramón. Indique la respuesta correcta: a) Sofía podrá aportar la comunicación con la demanda. b) Sofía únicamente podrá aportar la comunicación con la demanda si Ramón presta su consentimiento para ello. c) Sofía no podrá aportar la comunicación con la demanda, dado que supondría vulneración del secreto profesional. d) Sofía podrá aportar la comunicación con la demanda si previamente lo autoriza el Colegio de Abogados.

¿A través de qué procedimiento puede imponerse a un Abogado una sanción disciplinaria de suspensión del ejercicio de la abogacía por plazo de un año?. a) Se requiere tramitación de expediente disciplinario y la sanción podrá ser acordada por el Decano del Colegio. b) No se requiere más trámite que la audiencia o descargo del inculpado y la sanción podrá ser acordada por el Decano del Colegio. c) Se requiere la tramitación de expediente disciplinario, habiendo de acordar la sanción la Junta de Gobierno. Dicho acuerdo deberá ser tomado mediante votación secreta y con la conformidad de las dos terceras partes de los componentes de la Junta. d) Se requiere la tramitación de expediente disciplinario y la sanción habrá de acordarla la Junta de Gobierno. El acuerdo puede adoptarse por mayoría simple y sin necesidad de voto secreto, pues el secreto sólo es necesario para imponer la sanción de expulsión del Colegio.

Aurora es Abogada del Colegio de Lanzarote y estando prestando el servicio de asistencia a detenidos recibe una llamada para asistir en Comisaría de Policía Nacional a un detenido. En el momento de la lectura de derechos, el detenido manifiesta que solicitó que le asistiera Juan Alberto, que es su Abogado de confianza. La Policía le indica que Su Señoría ha dictado un auto por el que se acuerda que le asista el de guardia. ¿Qué debe hacer Aurora como Abogada de guardia?. a) Negarse a asistir al detenido ya que se está vulnerando el derecho a la libre elección de Abogado. b) Asistir al detenido indicándole que se acoja a su derecho a no declarar. c) Llamar al compañero Juan Alberto a fin de que comparezca en el centro de detención a la mayor brevedad posible para asistir a su cliente. d) Asistir al detenido como en cualquier otro caso pues los Jueces pueden privar del derecho a designar Abogado de su confianza a un detenido.

Miren, fabricante de botones, quiere reclamar a Gorka, propietario de una mercería, a través del juicio verbal, la cantidad que este le adeuda por haberle dejado impagado un pedido de 800 €. Señale cuál de las siguientes afirmaciones es falsa: a) Puede efectuar la reclamación de dicha cantidad sin necesidad de Abogado. b) Si Miren presenta la demanda con Abogado y Procurador, Gorka puede decidir valerse también de Abogado y Procurador y solicitar el reconocimiento del derecho a la asistencia jurídica gratuita. c) Si Miren presenta la demanda sin asistencia de Abogado y Procurador, y Gorka comunica al Tribunal su decisión de acudir al proceso con Abogado y Procurador, se dará cuenta a Miren de esta circunstancia. Miren podrá decidir entonces valerse de un Abogado y Procurador, si bien ya no podrá solicitar el reconocimiento del derecho a la asistencia jurídica gratuita. d) A pesar de no ser preceptiva la intervención de Abogado y Procurador, Miren puede, haciéndolo constar en la demanda, actuar asistida por dichos profesionales.

La Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita de Badajoz ha denegado este derecho a María, solicitante de dicho derecho, al entender que sus recursos económicos superaban los umbrales legales para su reconocimiento. Disconforme con dicha resolución, María quiere impugnarla. Indique la respuesta correcta: a) María ha de presentar un escrito de impugnación ante el secretario de la Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita de Badajoz, que remitirá el escrito de impugnación, junto con el expediente correspondiente a la resolución impugnada y una certificación de esta, a la Comisión Central de Asistencia Jurídica Gratuita, para que este órgano resuelva la impugnación. b) María ha de presentar un escrito de impugnación ante el secretario de la Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita de Badajoz, y este remitirá el escrito de impugnación junto con el expediente y una certificación de la resolución impugnada al Juzgado o Tribunal competente o al Juez Decano para su reparto, si el procedimiento no se hubiera iniciado. El Juez o el Tribunal será quien resuelva manteniendo o revocando la impugnación, no cabiendo recurso contra la decisión judicial. c) María ha de presentar directamente un escrito de impugnación ante el órgano judicial competente, y si el juez acuerda mantener la resolución impugnada, María puede presentar recurso ante el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura. d) María necesita un Abogado para poder presentar la impugnación, si bien los honorarios de este correrán a cargo de la Comisión Central de Asistencia Jurídica Gratuita en caso de que se revocase la resolución de denegación.

De acuerdo con la Ley Orgánica del Poder Judicial, de las pretensiones de declaración de error judicial cuando éste se impute a una Sala del Tribunal Supremo, conocerá: a) La Sala de lo Civil del Tribunal Supremo. b) La Sala del Tribunal Supremo a la que se impute el error. c) La Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Supremo. d) Una Sala regulada en el artículo 61 de la Ley Orgánica del Poder Judicial formada por el Presidente del Tribunal Supremo, los Presidentes de Sala y el Magistrado más antiguo y el más moderno de cada una de ellas.

Francisca, Abogada, es sancionada por una infracción grave por el Colegio de Abogados de Sevilla con una suspensión del ejercicio de la abogacía por un plazo de un mes. Indique la respuesta correcta: a) Dicha sanción tiene un plazo de prescripción de dos años. b) Dicha sanción tiene un plazo de prescripción de tres años. c) Dicha sanción tiene un plazo de prescripción de un año. d) Dicha sanción tiene un plazo de prescripción de seis meses.

Alfredo, Abogado en ejercicio, presenta una contestación a una demanda en la cual, refiriéndose al Abogado de la parte contraria, dice literalmente: “que es un inepto y que su atrevida ignorancia no deja de causar continuo sonrojo”. ¿Puede utilizar esa expresión?. a) Sí, porque dicha expresión resulta justificada por el derecho de defensa del cliente. b) No, porque con dicha expresión falta al respeto al Abogado contrario. Es una expresión innecesaria para ejercicio del derecho de defensa del cliente. c) Sí, porque está amparada por la libertad de expresión. d) No. Esas expresiones únicamente pueden realizarse en los informes orales, pero no en los escritos judiciales.

Estela ha presentado una demanda de juicio ordinario frente a Francisco reclamándole una deuda. A la vista de la demanda, Francisco piensa que la misma tiene grandes posibilidades de prosperar, por lo que le pregunta a su Abogado si allanándose a la demanda puede evitar la imposición de costas. Indique la respuesta que ha de darle su Abogado: a) Si Francisco se allana a la demanda, sea antes o sea después de contestarla, nunca le podrán ser impuestas las costas. b) Si Francisco se allana a la demanda, sea antes o sea después de contestarla, siempre le van a ser impuestas las costas, puesto que las pretensiones de Estela se van a ver íntegramente acogidas. c) Si Francisco se allana a la demanda antes de contestarla, no se le impondrán las costas, salvo que el Tribunal, razonándolo debidamente, aprecie mala fe en Francisco. d) Siempre que se allane antes de contestar a la demanda no procederá la imposición de las costas a Francisco, incluso aunque Estela le haya hecho un requerimiento notarial de pago debidamente justificado previo a la demanda.

Señale la respuesta correcta en materia de postulación de acuerdo a la Ley 15/2015, de 2 de julio, de la Jurisdicción Voluntaria: a) En el expediente de adopción no resulta preceptiva la intervención de Abogado y Procurador. b) Es obligatoria la intervención de Abogado y Procurador en los expedientes sobre declaración de ausencia y fallecimiento. c) En los expedientes por los que el representante legal de un menor promueva la autorización judicial para la validez de actos de disposición o gravamen sobre bienes o derechos del menor nunca es necesaria la intervención de Abogado y Procurador. d) En el expediente para solicitar la convocatoria de juntas generales no es obligatoria la intervención de Abogado y Procurador.

La sociedad de responsabilidad limitada X está en situación de insolvencia y ha solicitado que le sea reconocido el derecho de asistencia jurídica gratuita para poder solicitar el concurso de acreedores. Indique la única respuesta correcta: a) El derecho de asistencia jurídica gratuita no es reconocible en ningún caso en los procedimientos concursales. b) El derecho de asistencia jurídica gratuita únicamente le sería reconocible en caso de concurso necesario. c) Dado que carece de recursos económicos, deberá serle reconocido el derecho de asistencia jurídica gratuita. d) A pesar de carecer de recursos económicos, no tiene derecho a la asistencia jurídica gratuita.

¿Cuál de las siguientes conductas que ha realizado Esther como Abogada no constituye un supuesto que pueda generar responsabilidades penales para ella?. a) Esther asesoró a Javier, divorciado, sobre las posibilidades legales para conseguir una rebaja de la pensión compensatoria que venía obligado a satisfacer a su esposa Irene. Posteriormente, y sin consentimiento de Javier, Esther representó a Irene oponiéndose a la rebaja pretendida por Javier en el procedimiento de modificación de medidas de divorcio que finalmente interpuso Javier. b) Esther, actuando en un procedimiento de despido, pese a ser sabedora de que no iban a declarar la verdad, presentó a varios testigos al juicio que expusieron un relato de hechos ficticio que la propia Esther había inventado para favorecer a su patrocinado. c) Pese a estar correctamente citada, no compareció a la declaración del investigado al que defendía ante el Juzgado de Instrucción, provocando que dicha declaración hubiera de suspenderse. d) Pese a que en un procedimiento en el que intervenía se hallaba declarado el secreto de las actuaciones, Esther reveló el contenido de las mismas.

Antonio, Abogado, recibió de un cliente una provisión de fondos que fue destinando, con permiso del citado cliente, al pago de diversos suplidos devengados en su defensa. Una vez terminado el asunto el Abogado y el cliente discrepan sobre los honorarios pendientes de pago, porque el Abogado los cifra en una cantidad superior a la que queda de provisión; mientras que el cliente considera, a la vista del resultado negativo del asunto, que no debe nada y exige que se le devuelvan los fondos restantes de la provisión hasta solucionar la discrepancia. ¿Qué respuesta es correcta?. a) El Abogado no puede retener los fondos, aunque lleve razón en que se le adeudan honorarios profesionales, porque están prohibidas la compensación y autoliquidación. b) El Abogado puede retener los fondos, mientras no disponga de ellos y con la única finalidad de garantizar el cobro, hasta que se resuelva la discrepancia sobre los honorarios. c) El Abogado solo puede retener la parte de los fondos que no exceda del importe de sus honorarios. d) El Abogado puede, al ser créditos vencidos, líquidos y exigibles, aplicar el mecanismo legal de la compensación de pagos y debe devolver el sobrante.

¿Cuál de las siguientes afirmaciones es correcta en relación a las posibilidades de intervención del Ministerio Fiscal en el recurso de amparo constitucional?. a) El Ministerio Fiscal intervendrá en todos los procesos de amparo. b) Solo intervendrá con carácter necesario en el proceso de amparo referido a violaciones de derechos y libertades con origen en un acto u omisión de un órgano judicial y siempre que haya sido parte en el proceso judicial previo. c) No está legitimado para interponer el recurso de amparo en el caso de violaciones de derechos o libertades originadas por decisiones o actos sin valor de Ley emanados de las Cortes. d) Está legitimado para interponer el recurso de amparo en el caso de violaciones de derechos o libertades originadas por decisiones o actos sin valor de Ley emanados de las Cortes, pero no en el caso de violaciones de derechos y libertades que pueda haber originado la actuación del Gobierno.

Felipe ha interpuesto denuncia contra Olaya, que se tramita de acuerdo al procedimiento para el juicio por delitos leves. De acuerdo a las normas reguladoras del mismo, indique cuál es la respuesta correcta: a) En las citaciones que se efectúen a Felipe y Olaya para la celebración del juicio se les informará de que pueden ser asistidos por Abogado si lo desean, no existiendo ningún supuesto en el ámbito del juicio por delitos leves en que se imponga asistencia letrada con carácter obligatorio al denunciado o investigado. b) Dado que nos encontramos ante un procedimiento penal, la Ley de Enjuiciamiento Criminal impone que Olaya cuente necesariamente en todo caso con asistencia de Abogado para salvaguardar su derecho de defensa. c) Si Olaya es denunciada por un delito leve que lleve aparejada pena de multa cuyo límite máximo sea de al menos seis meses, Olaya habrá de contar con Abogado y Procurador conforme a las reglas generales de defensa y representación del procedimiento penal para que se pueda enjuiciar dicho delito leve. d) Es obligatorio que Olaya cuente con Abogado y Procurador únicamente en el caso de que sea denunciada por un delito leve de usurpación de inmueble, vivienda o edificio ajenos que no constituyan morada.

¿En cuál de los siguientes supuestos habrá de satisfacerse la tasa por el ejercicio de la potestad jurisdiccional?. a) Cuando se interponga recurso de apelación contra una demanda de divorcio por el cónyuge que no tenga reconocido derecho a la asistencia jurídica gratuita. b) Cuando se solicite concurso voluntario por el deudor persona jurídica. c) Cuando se presente petición inicial del procedimiento monitorio por una sociedad de responsabilidad limitada para reclamar una cuantía de 3.000 €. d) Cuando una persona física que no tenga derecho a la asistencia jurídica gratuita presente demanda de juicio ordinario en reclamación de cantidad que exceda de 6.000 €.

En un Juzgado de Violencia sobre la Mujer se está tramitando un procedimiento penal contra Federico, investigado por un delito de malos tratos denunciado por su esposa Elena, delito que puede ser castigado con la pena de prisión de seis meses a un año. Asimismo, se está tramitando el procedimiento de divorcio entre los mismos, en el cual las posiciones de las partes sobre sus pretensiones económicas y sobre sus relaciones con los hijos están muy alejadas. ¿Es posible la mediación en tales asuntos?. a) Resultará posible la mediación siempre que no se haya imputado en el procedimiento penal un delito sancionado con pena que pueda alcanzar dos o más años de prisión, por lo cual en atención a la pena aparejada al delito será posible la mediación. b) No es posible la mediación por estar legalmente prohibida. c) Sí, puesto que la mediación, al tener un carácter voluntario, puede tener lugar en todo tipo de procedimientos. d) La mediación sólo sería posible en el caso de que el delito imputado a Federico fuera un delito leve.

Monique, ciudadana francesa, residente en París, se disputa la herencia causada por su esposo fallecido José Luis, con los hijos de este, Amanda y Pedro, que son de nacionalidad española pero residentes en Alemania. José Luis deja por herencia únicamente una finca situada en Granada. José Luis era español al tiempo de fallecer si bien tenía su residencia habitual en París. Señale la respuesta correcta en relación a la competencia de los Tribunales españoles en caso de que Monique decida demandar en España a los hijos de José Luis: a) Sólo en virtud de sumisión expresa podrán conocer los Tribunales españoles. b) No es posible que puedan conocer de esta materia los Tribunales españoles porque al residir tanto demandante como demandados fuera de España, el único criterio que puede atribuir competencia a los Tribunales españoles es el de la última residencia habitual del causante. c) Monique puede acudir a los Tribunales españoles dado que los bienes se encuentran en España y José Luis era español al tiempo del fallecimiento. d) Monique no puede demandar a los hijos de José Luis en España puesto que para poder hacerlo habría de ser española o residir habitualmente en España o, en todo caso, al menos desde seis meses antes de la presentación de la demanda.

Pedro es el tutor de Ignacio. Este último puede verse inmerso en un pleito costoso y Pedro considera que podría ser razonable a una transacción para evitar dicho pleito. Por ello Pedro pregunta a su Abogado si puede, en nombre de Ignacio, llegar a una transacción que afecte a los derechos de Ignacio. ¿Qué ha de responderle el Abogado?. a) Que siempre que la cuantía del asunto al que se refiera la transacción no supere 6.000 € no necesitará de previa autorización judicial para transigir. b) Que necesitará obtener autorización judicial para poder transigir sobre cuestiones en las que Ignacio estuviese interesado. c) Que puede transigir sobre cuestiones en que el tutelado estuviere interesado sin necesidad de autorización judicial, bastando que posteriormente en la rendición anual de cuentas informe de la transacción. d) Que no cabe legalmente ni puede autorizarse en ningún caso la posibilidad de que el tutor transija sobre cuestiones en que el tutelado estuviera interesado.

Julen, Abogado, tiene una relación de amistad con Marcela, que quiere interponer una demanda para reclamar una indemnización por daños sufridos en un accidente de tráfico que le ha causado graves secuelas permanentes. Marcela solicita asistencia jurídica gratuita, que se le reconoce, estando conforme con el Procurador de oficio designado, aunque preferiría que en dicho proceso interviniese su amigo Julen en lugar del Abogado designado de oficio. ¿Puede Marcela conseguir que intervenga Julen en el procedimiento y conservar al Procurador designado de oficio?. a) No, puesto que como solicitante de asistencia jurídica gratuita sólo le cabe a Marcela aceptar al Abogado de oficio designado. b) No, puesto que en ningún caso podrán actuar simultáneamente el Procurador de oficio y un Abogado libremente elegido, por lo cual Marcela de manera necesaria tendrá que renunciar simultáneamente al Abogado y Procurador designados de oficio si quiere que intervenga Julen. c) Sí, por la naturaleza de la demanda, Marcela puede conservar el Procurador de oficio y designar libremente al Abogado elegido, si con este acuerda el pago de los honorarios en cuantía inferior a la mitad de lo establecido por los baremos orientadores del Colegio. d) Sí, pero para ello es necesario que Julen renuncie por escrito a percibir sus honorarios ante Marcela y ante el Colegio en el que se halle inscrito.

El Juzgado de Primera Instancia nº 43 de Madrid, que conoce de un procedimiento ordinario, considera que para resolver sobre el objeto del litigio es necesario decidir acerca de alguna cuestión que, a su vez, constituye el objeto principal de otro proceso pendiente ante otro Juzgado de Primera Instancia, sin que sea posible la acumulación de autos. ¿Qué consecuencia podrá tener la estimación de la concurrencia de una prejudicialidad civil en el proceso pendiente ante el Juzgado de Primera Instancia nº 43 de Madrid?. a) El Juzgado podrá conocer directamente las actuaciones pendientes ante el otro Juzgado y resolverlas conjuntamente con efectos de cosa juzgada en ambos procesos. b) El Juzgado deberá continuar el proceso y únicamente podrá suspenderlo una vez que esté pendiente solo de sentencia. c) El Juzgado deberá sobreseer el proceso por litispendencia. d) El Juzgado podrá decretar la suspensión del curso de las actuaciones en el estado en que se hallen, hasta que finalice el proceso que tenga por objeto la cuestión prejudicial.

Xoel, cónyuge demandado, fue declarado en rebeldía. Posteriormente se ha celebrado el juicio de divorcio, en el que no compareció. Tras la vista, y al revisar las actuaciones, la Jueza Sabela se percata de que el intento de notificar la demanda al mismo fue infructuoso y fue devuelto por el servicio de Correos por “desconocido”. ¿Qué puede hacer la juzgadora?. a) Dado el estado de las actuaciones, sólo le cabe dictar sentencia y advertir, en la notificación de esta a Xoel, de su derecho a recurrirla por defecto de forma. b) Al haberse producido un defecto procesal causante de indefensión, puede, de oficio, antes de dictar sentencia, declarar, previa audiencia de las partes, la nulidad de la declaración de rebeldía y de la vista. c) Puede declarar la nulidad de las actuaciones únicamente si lo interesa la parte demandante, el demandado o el Ministerio Fiscal. d) No podrá declarar de oficio la nulidad de actuaciones dado que no existe falta de jurisdicción, competencia objetiva o funcional o violencia o intimidación que afectase al Tribunal.

Juan acude al Juzgado de Violencia sobre la Mujer de Burgos para asistir a su cliente en la comparecencia para resolver la medida cautelar que había solicitado frente a su actual pareja. Al llegar comprueba que conoce a Ángeles, Abogada que está asistiendo al investigado, y que le consta que hace un mes comenzó a cumplir una sanción disciplinaria de suspensión del ejercicio de la abogacía por un plazo de seis meses impuesta por el Colegio de Abogados de Valladolid. Antes de darse inicio a las actuaciones Juan se dirige a su compañera y reservadamente le indica que ella no puede actuar ya que está cumpliendo una sanción que se lo impide. Ángeles hace caso omiso a la advertencia y comparece como Abogada del investigado en la comparecencia. Señale la respuesta verdadera: a) Se trata de un caso de ejercicio legal de la profesión ya que la Abogada, aunque suspendida, no lo ha sido por el Colegio correspondiente al Juzgado donde tiene lugar la actuación. b) Se trata de un caso de ejercicio legal de la profesión ya que la Abogada, aunque suspendida, está colegiada, por lo que Juan no tiene obligación de hacer nada. c) Se trata de un caso de ejercicio ilegal de la profesión por suspensión, por lo que Juan, como colegiado que ha tenido conocimiento del mismo, tiene el deber de denunciarlo al Colegio. d) Se trata de un caso de ejercicio ilegal de la profesión por suspensión y Juan, como colegiado que ha tenido conocimiento del mismo, únicamente tiene la obligación de hacerle una advertencia, con la que ya ha cumplido, no teniendo que cumplir ningún otro deber.

¿A qué órganos judiciales corresponde el control jurisdiccional de la potestad disciplinaria de las autoridades penitenciarias?. a) A los Juzgados de lo Contencioso-administrativo. b) A los Juzgados de Vigilancia Penitenciaria. c) A los Juzgados de lo Penal. d) A los Juzgados Centrales de lo Contencioso-administrativo.

En un proceso declarativo promovido por un litigante frente a cuatro demandados el Tribunal ha impuesto las costas al actor, declarando su temeridad. ¿Cuál de las siguientes respuestas es correcta?. a) El actor deberá pagar a cada demandado una cuarta parte de las costas causadas a su instancia. b) El actor deberá pagar la totalidad de las costas causadas a instancia de cada demandado. c) El actor solo estará obligado a pagar, de la parte que corresponda a los Abogados y demás profesionales que estén sujetos a tarifa o arancel, una cantidad total que no exceda de la tercera parte de la cuantía del proceso, por cada uno de los litigantes. d) El actor deberá pagar al conjunto de los demandados una cantidad total que no exceda de la tercera parte de la cuantía del proceso.

Las partes de un procedimiento matrimonial han alegado en él sobre sus pretensiones de divorcio, vivienda familiar, pensión compensatoria, custodia y visitas de sus hijos y pensión de alimentos de estos. Antonio, Magistrado, resuelve en la sentencia sobre todos estos aspectos excepto sobre la vivienda familiar, respecto de la que olvida pronunciarse. Por otro lado, Antonio motiva claramente en los Fundamentos de Derecho que la pensión debe ser de 300 € para cada hijo, pero en el fallo se equivoca y establece una pensión de 50 €. ¿Cuál de las siguientes respuestas es falsa teniendo en cuenta las posibilidades que existen para que el Magistrado complete, corrija o subsane la sentencia?. a) Podrá rectificarse en cualquier momento el error existente en el fallo que indica que la pensión es de “50 €”. b) Antonio rechazará la solicitud que se le realice para rectificar la pensión compensatoria, si se basa en que a juicio de la parte el Magistrado ha hecho una errónea valoración de su capacidad económica, dado que dicha petición excede de las posibilidades de aclaración, rectificación, subsanación o complemento de sentencias. c) El Magistrado podrá, de oficio o a instancia de parte, completar por auto la falta de pronunciamiento sobre la vivienda familiar. d) El Magistrado podrá efectuar aclaración de sentencia si las partes le piden que la aclare, y el auto que resuelva sobre la petición de aclaración podrá ser recurrido ante el propio Magistrado.

Josu ha comparecido en la sede del Juzgado de Instrucción Número 2 de Vitoria para asistir a las declaraciones que van a prestar dos testigos citados a tal fin en las diligencias previas que se están tramitando frente a su cliente, investigado en el procedimiento. Tomás, Abogado personado en ejercicio de la acusación particular, comunica al Juzgado que debido a un accidente en la autopista se va a retrasar 20 minutos. ¿Cómo debe actuar Josu?. a) Josu no está obligado a conceder a Tomás ningún plazo de espera ya que este se está desplazando desde una localidad distinta a aquella en la que radica la sede del Juzgado de Instrucción. b) Josu está obligado a conceder a Tomás un plazo prudencial de espera para la celebración de las declaraciones de los testigos si, en su caso, el Juzgado lo autoriza para evitar la indefensión del adversario. c) Josu está obligado a conceder a Tomás en todo caso un plazo máximo de espera de 10 minutos para la celebración de las declaraciones de los testigos, aunque el Juzgado no lo autorice. d) Josu no está obligado a conceder a Tomás ningún plazo de espera ya que se trata de la práctica de las declaraciones de unos testigos y no del investigado.

Después de fallecer Ana María, una persona realiza en un programa de televisión una serie de afirmaciones sobre ella. Tales afirmaciones pueden considerarse lesivas para el honor, la intimidad e imagen de la fallecida. ¿Quién podría ejercitar acciones de protección civil de tales derechos de Ana María?. a) Nadie, porque no cabe ejercicio de acciones de protección civil del honor, la intimidad o la imagen de una persona fallecida. b) Solamente los descendientes de Ana María podrían solicitar tutela judicial civil para proteger el honor, la intimidad o la imagen de Ana María. c) El ejercicio de las acciones de protección civil del honor, la intimidad o la imagen de Ana María corresponde a quien esta haya designado a tal efecto en su testamento. No existiendo designación o habiendo fallecido la persona designada, estarán legitimados para recabar la protección el cónyuge, los descendientes, ascendientes y hermanos de Ana María que viviesen al tiempo de su fallecimiento, y a falta de todos ellos, el ejercicio de las acciones de protección corresponderá al Ministerio Fiscal. d) Únicamente están legitimados el cónyuge, los descendientes, ascendientes y hermanos de Ana María.

Tras dictarse el laudo arbitral en un asunto sometido a arbitraje, Gloria no está conforme, por lo que indica a Marta, su Abogada, que solicite su anulación. ¿Ante qué órgano judicial tiene que plantear la anulación del laudo arbitral?. a) El Juzgado de lo mercantil del lugar donde se hubiera dictado. b) El Juzgado de Primera Instancia del lugar donde se hubiera dictado. c) La Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Autónoma donde aquel se hubiera dictado. d) La Audiencia Provincial del lugar en que se hubiera dictado.

Joaquim pretende litigar contra su vecino, dueño de un bar, por los ruidos que según manifiesta le han causado numerosos problemas de salud por los que pretende ser indemnizado. Ha solicitado asistencia jurídica gratuita y se le ha reconocido el derecho, siéndole nombrados Abogado y Procurador. Alberto, Abogado designado, no sabe si la pretensión es sostenible o no, porque Joaquim no le quiere entregar la documentación acreditativa de los problemas de salud alegados. Señale la respuesta correcta: a) Alberto tiene, desde su designación, un plazo para comunicar a la Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita la insostenibilidad de la pretensión, sin que se prevea causa alguna que permita a Alberto pedir la interrupción de tal plazo. b) Alberto, en el plazo legal, deberá comunicar a la Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita si considera insostenible la pretensión o bien habrá de pedir interrupción de dicho plazo por falta de la documentación necesaria para evaluar la pretensión, pues si no lo hace quedará obligado a asumir la defensa. c) Si Alberto solicita la interrupción del plazo para poder formular la insostenibilidad de la pretensión por falta de documentación para poder evaluarla, pero sin embargo la Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita considera que la documentación con la que contaba Alberto era suficiente para analizar su viabilidad, quedará obligado a asumir la defensa sin poder alegar insostenibilidad. d) Si Alberto solicita la interrupción del plazo para poder formular la insostenibilidad de la pretensión alegando falta de documentación necesaria para poder evaluarla, la Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita requerirá al interesado para que presente la documentación, y si este no lo hace en el plazo legal, se recabará del Colegio de Abogados un dictamen sobre viabilidad de la pretensión.

Pablo, Abogado, alcanza un acuerdo extrajudicial con una compañía aseguradora, por la que esta indemnizará a su cliente Alberto con la cantidad de 30.000 € por los daños ocasionados en un accidente de tráfico. Pablo indica a la compañía que efectúe el pago en una cuenta bancaria, titularidad del despacho, con la que se atienden todos los ingresos y gastos relacionados con su actividad profesional. Recibido el pago de la indemnización, Pablo detrae sus honorarios profesionales, paga la minuta del perito contratado para la acreditación de los daños sufridos por Alberto y ordena una transferencia a este por la cantidad restante, enviándole un correo electrónico en el que le explica y detalla todas las operaciones realizadas. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es cierta?. a) La actuación de Pablo es correcta, porque ha de presumirse que hay una autorización tácita para tales operaciones. b) Pablo no puede utilizar la cuenta del despacho, porque no puede confundir los fondos del cliente con los suyos propios o con los del despacho. Tampoco ordenar pagos salvo disposición legal, mandato judicial o autorización expresa del cliente, ni detraer sus propios honorarios, salvo autorización expresa y escrita. c) La actuación de Pablo es correcta, porque utiliza una cuenta vinculada a la actividad profesional del despacho y no una cuenta individual, y porque, aunque Alberto no le ha dado autorización expresa, Pablo le ofrece posteriormente toda la explicación detallada de las operaciones realizadas. d) Pablo solo puede recibir cantidades destinadas a un cliente o a terceros, y realizar pagos u ordenar transferencias de dichos fondos, si media mandato judicial.

Fermín es un Abogado sometido a un expediente disciplinario por infracción grave, por lo cual sólo se le podría imponer una sanción de suspensión del ejercicio de la abogacía por plazo no superior a tres meses. ¿Qué sucederá si Fermín se da de baja en el Colegio de Abogados antes de que concluya el expediente disciplinario?. a) Que como la baja en el Colegio no extingue la responsabilidad disciplinaria contraída durante el período de alta, se concluirá el procedimiento disciplinario y la sanción quedará en suspenso para ser cumplida si Fermín causase nuevamente alta en el Colegio. b) Que si Fermín se da de baja voluntariamente por tres meses, como este es el plazo máximo posible de sanción, cuando cause nuevamente alta en el Colegio lo podrá alegar para que se compense ese período y se archive el expediente sin sanción. c) Que se extinguirá la responsabilidad disciplinaria, porque son causas de extinción el cumplimiento de la sanción, el fallecimiento del colegiado, la baja en el Colegio y la prescripción de la falta o de la sanción. d) Que se paralizará en el estado en que se encuentre el procedimiento disciplinario por carencia de objeto y pasados seis meses se producirá la caducidad del expediente.

Mercedes es una persona con discapacidad intelectual que está sufriendo una situación de maltrato físico que se investiga en un procedimiento judicial. ¿Tiene derecho a la asistencia jurídica gratuita en dicho procedimiento?. a) Mercedes tiene derecho a la asistencia jurídica gratuita que se le prestará de inmediato, aunque sus ingresos brutos superen dos veces el indicador público de renta de efectos múltiples. b) Mercedes tiene derecho a la asistencia jurídica gratuita pero solamente si tiene insuficiencia de recursos para litigar. c) Mercedes puede tener derecho a la asistencia justicia gratuita, beneficio que se perderá tras la firmeza de la sentencia absolutoria o del sobreseimiento definitivo o provisional por no resultar acreditados los hechos delictivos, lo que implicará la obligación de abonar el coste de las prestaciones disfrutadas gratuitamente hasta ese momento si Mercedes cuenta con patrimonio suficiente. d) En el caso de que Mercedes tenga nombrado un representante legal y este tenga ingresos suficientes, no se podrá reconocer a Mercedes derecho a asistencia jurídica gratuita.

En el curso de un procedimiento judicial en el que Anxo es parte demandada, pide a Adrián, su Abogado, que solicite la declaración testifical de dos personas que entiende pueden esclarecer los hechos enjuiciados. Adrián solicita su declaración, que es admitida por el Juzgado, si bien en el curso del procedimiento entiende que es mejor que esas personas no declaren y finalmente renuncia a su testimonio. ¿Es correcta la actuación de Adrián?. a) No ha sido correcta, dado que la relación Abogado-cliente se basa en la recíproca confianza. b) No ha sido correcta, dado que el Abogado debe asesorar y defender al cliente con el máximo celo y diligencia. c) No ha sido correcta, dado que ante la petición de su cliente el Abogado debió haber cesado en su defensa en el procedimiento al suponer ello una injerencia a su independencia y libertad. d) Ha sido correcta, dado que el Abogado tiene el derecho a decidir y ejercer con absoluta libertad el modo de defender el asunto encomendado para la mejor defensa del interés del cliente.

De acuerdo al Convenio para la protección de los derechos y de las libertades fundamentales, hecho en Roma el 4 de noviembre de 1950, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es cierta sobre la legitimación para presentar demanda ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos?. a) Solo tienen legitimación las personas físicas individuales que hayan sido víctimas de una violación de sus derechos. b) Un Estado firmante del Convenio no podrá demandar ante el Tribunal a otro Estado firmante del Convenio por posibles incumplimientos de lo dispuesto en el Convenio y sus protocolos, pues en este caso solo cabe establecer una negociación en el Comité de Ministros del Consejo de Europa. c) Las organizaciones no gubernamentales están expresamente excluidas de la posibilidad de interponer demanda ante el Tribunal. d) Las personas físicas, organizaciones no gubernamentales o grupos de particulares que se consideren víctimas de una violación pueden presentar demanda ante el Tribunal. Los Estados firmantes del Convenio también pueden presentar demanda por los incumplimientos que consideren que puedan ser imputados a otros Estados firmantes.

Mario quiere interponer una demanda de divorcio contra su esposa Susana, con la que tiene un hijo. Los ingresos de Mario no superan el umbral de dos veces el indicador público de renta de efectos múltiples y no tiene bienes patrimoniales. Mientras, su esposa cuenta con ingresos económicos anuales que sextuplican el indicador público de renta de efectos múltiples y además goza de un cuantioso patrimonio inmobiliario. ¿Es posible reconocer a Mario el derecho de asistencia jurídica gratuita para solicitar el divorcio?. a) No, porque el cómputo de recursos e ingresos ha de hacerse por unidad familiar, y estos superan ampliamente los umbrales de renta y bienes patrimoniales legalmente establecidos para que se le conceda el derecho de asistencia jurídica gratuita. b) Sí, por la existencia de intereses contrapuestos en el litigio, por lo cual sus medios económicos serán valorados individualmente. c) No, porque para ello es necesario que formasen una unidad familiar que tuviera reconocida la condición de familia numerosa de categoría especial. d) Sí, pero solamente en el caso de que Mario tuviera una discapacidad o tuviera a su cargo a una persona con discapacidad.

Paloma, Abogada, actúa ante el Ayuntamiento de la localidad en un expediente urbanístico en representación de su cliente, Joaquín. Recibe una resolución administrativa desfavorable y, a falta de diez días para el vencimiento del plazo para interponer recurso de alzada, notifica fehacientemente a Joaquín que renuncia a la llevanza de su asunto por las diferencias irreconciliables surgidas entre ambos. En la notificación de la renuncia, Paloma pone a disposición de Joaquín toda la información relevante del asunto, le comunica el importe de sus honorarios, le advierte del plazo para interponer el recurso y le indica que deberá ser el nuevo Abogado, o el propio Joaquín, quienes deban comunicar al Ayuntamiento la renuncia de Paloma y un nuevo domicilio a efectos de notificaciones. A falta de cinco días para el vencimiento del plazo, Joaquín comunica a Paloma que aún no ha encontrado nuevo asesoramiento y le solicita que, al menos, redacte el recurso de alzada. ¿Cuál sería la actuación adecuada?. a) Paloma debía haber comunicado fehacientemente la renuncia también al Ayuntamiento y tiene la obligación de realizar los actos necesarios para evitar la indefensión y la pérdida de derechos de Joaquín, por lo que debe redactar el recurso de alzada de forma previa a su pleno apartamiento del asunto. b) Paloma tiene la obligación de realizar los actos necesarios para evitar la indefensión y la pérdida de derechos de Joaquín en todo caso, por lo que debe redactar el recurso de alzada y no puede renunciar hasta la resolución del mismo y, en caso de resultar nuevamente desfavorable, hasta la interposición del correspondiente recurso contencioso-administrativo. c) Paloma debía haber comunicado fehacientemente la renuncia también al Ayuntamiento, en cuyo caso hubiera quedado liberada de toda obligación profesional respecto de Joaquín y no estaría obligada a redactar el recurso de alzada. d) Paloma quedó liberada de toda obligación profesional respecto de Joaquín con la notificación fehaciente de su renuncia, que realizó con tiempo suficiente para asegurar que Joaquín pudiera encontrar nuevo asesoramiento.

Manuel, domiciliado en Madrid, es dueño junto con su tío Pedro, domiciliado en Ávila, de una finca rústica situada en Segovia, que arrendó junto con Pedro a una empresa de eventos nupciales. Manuel siempre se ha desentendido de la administración de la finca delegando en Pedro, si bien desde hace un tiempo ha empezado a plantearse si las cantidades que este le entrega se ajustan a los beneficios que le corresponderían por su participación en la cosa común, dado que Pedro ahora se niega a justificarle dichas cantidades. Antes de presentar demanda, Manuel quiere pedir al juez que Pedro le exhiba la documentación de ingresos y gastos relativos a la finca. ¿Cuál es el Juzgado territorialmente competente para resolver sobre su petición?. a) Es competente un Juzgado de Madrid, por ser el domicilio del solicitante, que ha visto obstaculizado su derecho de información sobre la administración de la cosa común. b) Es competente un Juzgado de Ávila, por ser el domicilio de la persona que debe exhibir la documentación solicitada. c) Es competente un Juzgado de Segovia, por ser el lugar donde radica la finca. d) Son competentes tanto el de Ávila como el de Segovia, pudiendo elegir el solicitante ante cuál de ellos presenta la petición de diligencias preliminares.

Pascual se acaba de incorporar al turno de oficio de su Colegio de Abogados y ha recibido una designación para tramitar un procedimiento de divorcio en nombre de María, que ha obtenido el reconocimiento del derecho de asistencia jurídica gratuita. ¿Qué comprenderá su actuación?. a) Deberá ejercer la defensa en el procedimiento de divorcio en la primera instancia. b) Deberá ejercer la defensa en el procedimiento de divorcio en la primera instancia y, si las hubiera, en las medidas provisionales. c) Deberá ejercer la defensa en el procedimiento de divorcio en la primera instancia, las medidas provisionales, si las hubiera, y en el recurso contra la sentencia que ponga fin a la instancia, pero nunca intervendrá en una posible ejecución de la sentencia. d) Deberá ejercer la defensa en el procedimiento de divorcio en la primera instancia, las medidas provisionales, si las hubiera, en el recurso contra la sentencia que ponga fin a la instancia y en la ejecución de la sentencia siempre que las actuaciones de ejecución se produzcan durante los dos años siguientes a la resolución judicial dictada en la instancia.

Katia, Abogada de un investigado en un delito de lesiones, propone a Iñigo, Abogado que actúa en defensa del perjudicado en ejercicio de la acusación particular, un acuerdo por el que su cliente asumiría tanto la responsabilidad penal como la civil derivada del delito. Existiendo discrepancia respecto a la cuantía de la indemnización no se alcanza el acuerdo entre las partes y finalmente se celebra el acto del juicio oral en el que la acusación interesa la condena del encausado y la defensa su libre absolución. En el trámite del informe el Abogado de la acusación particular argumenta ante el órgano de enjuiciamiento, sin autorización alguna, que difícilmente la defensa puede mantener la inocencia de su cliente cuando había estado dispuesta a alcanzar un acuerdo asumiendo la responsabilidad penal por los hechos cuya autoría ahora es negada. La conducta del Abogado Iñigo: a) Resulta contraria a la obligación de todo Abogado de no divulgar o someter a los tribunales una propuesta de arreglo amistoso hecha por la defensa de la parte contraria sin su autorización expresa. b) Resulta contraria a la obligación de todo Abogado de no mantener la acusación frente a la parte contraria con la que se ha estado negociando un acuerdo extraoficial del conflicto. c) Resulta acorde a las normas deontológicas ya que la parte contraria no quiso conformarse con un acuerdo satisfactorio para todos los intervinientes. d) Resulta acorde a las normas deontológicas ya que la parte que divulga ante el órgano de enjuiciamiento la existencia de las negociaciones previas es quien ejerce legítimamente la acusación particular.

Ernesto tiene un local de negocio en la ciudad de Cartagena, firmando un contrato de arrendamiento con Evaristo para que este desarrolle en el mismo un negocio de bar-discoteca. Ernesto y Evaristo también firman otro escrito independiente del contrato de arrendamiento, acordando que las diferencias que puedan surgir entre ellos en relación a dicho arrendamiento serán sometidas a arbitraje. Señale la respuesta correcta: a) En este caso no existe un convenio arbitral válido porque las materias reguladas por la Ley de Arrendamientos Urbanos no pueden ser sometidas a arbitraje. b) En este caso existe un convenio arbitral válido. Esto implica que, si uno de ellos demanda al otro ante un Tribunal, en cualquier momento del proceso se podrá alegar la existencia del convenio arbitral y ante dicha alegación el Juez deberá abstenerse de conocer. c) En este caso existe un convenio arbitral válido. Ello no impide a ninguna de las partes, incluso durante la tramitación de las actuaciones arbitrales, poder solicitar a un Tribunal la adopción de medidas cautelares o a este concederlas. d) En este caso no existe un convenio arbitral válido porque la voluntad de someterse a arbitraje debería aparecer como cláusula incorporada al propio contrato de arrendamiento.

Mónica encomendó la llevanza de un asunto a Patricia, Abogada. Esta le presentó un presupuesto de honorarios de 2.000 €, cantidad que se estableció de forma aproximada a expensas del trabajo efectivamente requerido por el encargo, y le solicitó una provisión de fondos de 1.000 €, que Mónica abonó cumplidamente. A la finalización del encargo, Patricia remite una factura de 2.000 €, acorde con el presupuesto presentado en su día, de la que descuenta la provisión de fondos abonada y aplica los impuestos correspondientes. Mónica abona la factura y solicita a Patricia que le dé cuenta detallada de las actuaciones realizadas en el desempeño del encargo. Indique la respuesta correcta: a) El pago de la factura supone la aceptación de los honorarios contenidos en la misma y la liberación de las obligaciones profesionales de Patricia. b) La minuta final se corresponde estrictamente con el presupuesto aproximado que presentó Patricia, por lo que ha cumplido todos los términos de la relación profesional que le une a Mónica. c) La minuta debe expresar detalladamente los conceptos determinados de los honorarios, por lo que Patricia debe dar cuenta detallada de las actuaciones realizadas para la justificación de aquellos. d) Únicamente será exigible la rendición de cuentas respecto de las cantidades percibidas para el cliente, y solo cuando este lo solicite.

Jordi, inmediatamente tras obtener su título, se incorporó a un Colegio de Abogados y ha venido ejerciendo la profesión por cuenta propia a lo largo de tres años. Acaba de tener una entrevista con Cosme, titular de un despacho de Abogados especializado en asuntos de Derecho administrativo, materia en la que Jordi no tiene mucha experiencia. ¿Puede Jordi empezar a trabajar para el despacho de Cosme con un contrato de trabajo en prácticas de acuerdo al Real Decreto 1331/2006, de 17 de noviembre, por el que se regula la relación laboral de carácter especial de los Abogados que prestan servicios en despachos de Abogados, individuales o colectivos?. a) Sí, dado que Jordi necesita adquirir el aprendizaje práctico en Derecho administrativo. b) Sí, siempre y cuando se le asigne un tutor con más de cinco años de antigüedad en el ejercicio de la profesión. c) Sí, porque las partes pueden concertar el contrato en cualquiera de las modalidades previstas legalmente. d) No, en este caso no es posible celebrar contrato de trabajo en prácticas.

No constituye una sanción que pueda imponerse a los profesionales de la Abogacía: a) Una multa pecuniaria. b) El traslado forzoso fuera del municipio de destino. c) La suspensión del ejercicio de la Abogacía. d) El apercibimiento por escrito.

La tutela de las libertades y derechos reconocidos en el artículo 14 y la Sección primera del Capítulo segundo de la Constitución Española de 1978 podrá efectuarse: a) Ante los Tribunales ordinarios por un procedimiento basado en los principios de preferencia y sumariedad y, en su caso, subsidiariamente, a través del recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional. b) A través del recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional y, en su caso, subsidiariamente, ante los Tribunales ordinarios por un procedimiento basado en los principios de preferencia y sumariedad. c) Ante el Defensor del Pueblo y, en su caso, subsidiariamente, a través del procedimiento previsto en el artículo 61 LOPJ. d) Son falsas todas las respuestas.

Contra el auto que acuerde las diligencias preliminares solicitadas en el proceso civil, podrá interponerse: a) Recurso de reposición. b) Recurso de apelación. c) Recurso de casación. d) No cabe recurso alguno.

La organización colegial de la Abogacía no se integra por: a) Los Consejos Autonómicos y los Colegios de la Abogacía. b) El Consejo General de la Abogacía Española. c) El Consejo Interdisciplinar con representantes del Ministerio de Justicia. d) Son falsas todas las respuestas.

Conforme al artículo 398 de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, en caso de estimación total o parcial de un recurso de apelación, extraordinario por infracción procesal o casación: a) Se condenará en las costas de dicho recurso a la parte recurrente. b) Se condenará en las costas de dicho recurso a la parte recurrida. c) Se condenará en las costas de dicho recurso a la parte recurrente y a la parte recurrida. d) No se condenará en las costas de dicho recurso a ninguno de los litigantes.

El Derecho a la tutela judicial efectiva del artículo 24 de la Constitución Española de 1978 no comprende: a) El derecho a no declarar contra sí mismo. b) El derecho a un proceso público sin dilaciones indebidas y con todas las garantías. c) El derecho a percibir siempre una retribución económica cuando se actúe como testigo en las actuaciones judiciales. d) El derecho al Juez ordinario predeterminado por la ley.

Por la comisión de infracciones leves por los profesionales de la Abogacía, podrá imponerse: a) La sanción de apercibimiento escrito, o suspensión del ejercicio de la Abogacía por un plazo no superior a quince días, o multa pecuniaria por importe de hasta 1.000 €. b) La sanción de apercibimiento escrito, o suspensión del ejercicio de la Abogacía por un plazo no superior a quince días, o multa pecuniaria por importe de hasta 2.000 €. c) La sanción de apercibimiento escrito, o suspensión del ejercicio de la Abogacía por un plazo no superior a quince días, o multa pecuniaria por importe de hasta 5.000 €. d) La sanción de apercibimiento escrito, o suspensión del ejercicio de la Abogacía por un plazo no superior a quince días, o multa pecuniaria por importe de hasta 15.000 €.

La adopción de las diligencias preliminares solicitadas, en el proceso civil, adoptará la forma de: Providencia. Auto. DIOR. Sentencia.

Conforme al Estatuto General de la Abogacía Española, y de acuerdo con lo que disponga la legislación estatal y autonómica, cada Colegio de la Abogacía será regido: a) Por la Delegación Sindical o Asamblea General, el Patronato y el Decano. b) Por la Junta o Asamblea General, la Junta de Gobierno y el Decano. c) Por la Junta o Asamblea General, el Patronato y la Delegación Sindical. d) Por la Delegación del Gobierno, el Decano y el Patronato.

Constituye el hecho imponible de la tasa para el ejercicio de la potestad jurisdiccional: a) La interposición del recurso extraordinario por infracción procesal en el ámbito civil. b) La interposición de la demanda en toda clase de procesos declarativos y de ejecución de títulos ejecutivos extrajudiciales en el orden jurisdiccional civil, la formulación de reconvención y la petición inicial del proceso monitorio y del proceso monitorio europeo. c) La interposición del recurso contencioso-administrativo. d) Son verdaderas todas las respuestas.

Las sanciones disciplinarias corporativas de los profesionales de la Abogacía y de las sociedades profesionales: a) Se harán constar en el expediente personal del colegiado o en el particular de la sociedad profesional. b) No se harán constar en el expediente personal del colegiado o en el particular de la sociedad profesional. c) Se harán constar en libro de asientos registrales del colegiado o en el particular de la sociedad profesional, gestionados por el Consejo de la Unión Europea y el Consejo de Ministros del Reino de España. d) Se harán constar en el Libro Diario de expedientes sancionadores del Ministerio de Justicia, a petición del correspondiente Colegio.

Contra el auto que deniegue las diligencias preliminares solicitadas en el proceso civil, podrá interponerse: Recurso de reposición. Recurso de apelación. Recurso de casación. No cabe recurso alguno.

En las diligencias policiales y judiciales: a) El detenido nunca tendrá derecho a la asistencia letrada. b) Se garantiza la asistencia de Abogado al detenido, en los términos que la ley establezca. c) No se garantiza la asistencia de Abogado al detenido. d) El detenido únicamente tendrá derecho a la asistencia letrada si disfruta del beneficio de justicia gratuita.

Desde el punto de vista subjetivo, están exentos de la tasa por el ejercicio de la función jurisdiccional: a) El Ministerio Fiscal. b) Las Cortes Generales y las Asambleas Legislativas de las Comunidades Autónomas. c) Las personas físicas. d) Son verdaderas todas las respuestas.

Juan es el Abogado de Jaime en un procedimiento ordinario en el que Marcos, asistido por el Abogado Pedro, le reclama 25.000 € por incumplimiento contractual. El Abogado Pedro se pone en contacto con el Abogado Juan para tratar de llegar a un acuerdo extrajudicial sin que lo consigan. Unos días antes del día señalado para la celebración de la audiencia previa, el Abogado Juan se encuentra casualmente con Marcos y sin que el Abogado de este lo sepa, el Abogado Juan trata de convencer a Marcos para que desista de su demanda ya que tiene “todas las de perder”. ¿Es correcta la actuación del Abogado Juan?. a) Sí, el Abogado puede tener, en todo momento, contacto y comunicación con cualquiera de las personas que intervengan en un procedimiento. b) No, el Abogado ha de abstenerse de toda relación y comunicación con la parte contraria cuando le conste que está representada o asistida por otro Abogado, manteniendo siempre con este la relación derivada del asunto, a menos que el compañero autorice expresamente el contacto con su cliente. c) No, el Abogado nunca puede mantener relación y comunicación con la parte contraria cuando le conste que está representada o asistida por otro Abogado, manteniendo siempre y en todo caso con este la relación derivada del asunto. d) Sí, el Abogado puede mantener contacto y comunicación con la parte contraria en aquellos casos en los que se encuentren de forma casual y siempre que la conversación verse sobre el asunto objeto del pleito.

José María quiere ejercer como Abogado en la asesoría jurídica de una empresa, lo que implica que en materia de previsión social, habrá de darse de alta: a) En el Régimen Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores por cuenta propia o Autónomos (RETA) o bien en una Mutualidad de previsión social. b) Obligatoriamente, tanto en el Régimen General de la Seguridad Social como en una Mutualidad de previsión social. c) En el Régimen General de la Seguridad Social o en una Mutualidad de previsión social. d) Obligatoriamente en el Régimen General de la Seguridad Social y de forma opcional, en una Mutualidad de previsión social.

Lola acude al despacho profesional de la Abogada Sara para que le asista en un asunto en materia penal. La Abogada Sara le comenta que ella es experta en materia civil y que sería aconsejable que le llevara el asunto su compañera Xenia que es Abogada penalista. Lola acude al despacho profesional de Xenia y contrata sus servicios. Cuando la Abogada Sara se entera, le pide a la Abogada Xenia que le pague una compensación económica por haberle enviado un cliente. ¿Es correcta la conducta de la Abogada Sara?. a) Sí, el Abogado puede exigir una compensación económica a otro Abogado por haberle enviado un cliente, incluso aunque no llegue a contratarle. b) No, el Abogado solo puede exigir una compensación económica a otro Abogado por haberle enviado un cliente cuando haya finalizado con éxito el procedimiento. c) No, el Abogado no podrá nunca pagar, exigir ni aceptar, comisiones, ni ningún otro tipo de compensación a otro Abogado, ni a ninguna otra persona por haberle enviado un cliente o recomendado a posibles clientes futuros. d) Sí, el Abogado puede exigir una compensación económica a otro Abogado por haberle enviado un cliente únicamente cuando este contrate sus servicios.

Joaquín durante una reunión con su Abogada María le comenta que hace seis meses cometió un delito de homicidio. ¿Tiene la Abogada María la obligación de comunicarlo a las autoridades?. a) Sí, debe comunicarlo a las autoridades, pues en caso contrario podría ser considerada como encubridora del hecho delictivo. b) Sí, debe comunicarlo a las autoridades, pues en caso contrario le podrían imponer sanciones disciplinarias que podrían llegar a alcanzar la expulsión del Colegio de Abogados. c) No, como Abogada no tiene la obligación de comunicar a las autoridades el delito cometido por su cliente, pero de acuerdo con el Código Deontológico sería lo más apropiado. d) No, como Abogada tiene el deber y el derecho de guardar secreto respecto de todos los hechos o noticias que conozca por razón de cualquiera de las modalidades de su actuación profesional, sin que pueda ser obligada a declarar sobre los mismos.

El Abogado está obligado a contribuir al mantenimiento de las cargas colegiales y demás imputaciones económicas del Colegio de Abogados: a) En función de la cifra de negocios de su actividad como Abogado del ejercicio anterior, para lo cual deberá aportar anualmente la Declaración de Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas del curso anterior. b) En función del rendimiento neto de su actividad profesional como Abogado, para lo cual deberá aportar anualmente su Declaración de Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas del curso anterior. c) En la forma y tiempo que se hayan establecido. d) En función del volumen de asuntos que lleven, para lo cual deberá informar periódicamente al Colegio de Abogados de cada uno de ellos y de los honorarios profesionales pactados.

Fátima acude a su despacho para saber si puede interponer recurso contra el auto que mantiene la denegación del derecho a la asistencia jurídica gratuita acordada por la Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita. ¿Qué consejo legal le daría?. a) Puede interponer recurso de revisión ante el Juez o Tribunal que haya dictado el auto manteniendo la denegación del derecho a la asistencia jurídica gratuita. b) Puede interponer recurso de revisión ante el Juez o Tribunal que haya dictado el auto manteniendo la denegación del derecho a la asistencia jurídica gratuita y subsidiariamente, puede interponer recurso de apelación ante la Audiencia Provincial. c) No puede interponer recurso alguno. d) No puede interponer recurso alguno, sin perjuicio de poder formular protesta escrita a los efectos de hacer valer sus derechos en una eventual segunda instancia en el procedimiento principal.

Beatriz ha sido condenada en costas en un procedimiento en el que tenía reconocido el derecho a la asistencia jurídica gratuita. Beatriz le pregunta a usted, como su Abogado, si debe abonar las mismas. Señale la respuesta correcta: a) Beatriz estará obligada a pagar las causadas en su defensa y las de la parte contraria, si dentro de los tres años siguientes a la terminación del proceso viniere a mejor fortuna, quedando mientras tanto interrumpida la prescripción del artículo 1.967 del Código Civil. b) Beatriz estará obligada a pagar únicamente las de la parte contraria, si dentro de los tres años siguientes a la terminación del proceso viniere a mejor fortuna, quedando mientras tanto interrumpida la prescripción del artículo 1.967 del Código Civil. c) Beatriz estará obligada a pagar las causadas en su defensa y las de la parte contraria, si dentro de los dos años siguientes a la terminación del proceso viniere a mejor fortuna, quedando mientras tanto interrumpida la prescripción del artículo 1.967 del Código Civil. d) En ningún caso deberá abonar las costas ya que tenía reconocido el derecho a la asistencia jurídica gratuita.

¿Qué Juzgados son los competentes para conocer de la autorización del internamiento de extranjeros en los centros de internamiento, así como del control de la estancia de estos en los mismos y en las salas de inadmisión de fronteras?. a) Los Juzgados de Instrucción. b) Los Juzgados Centrales de Instrucción. c) Los Juzgados de lo Penal. d) Los Juzgados Centrales de lo Penal.

¿En qué órdenes jurisdiccionales se divide la jurisdicción ordinaria?. a) Civil, mercantil, penal, contencioso-administrativo y social. b) Civil, mercantil, penal, contencioso-administrativo, social y militar. c) Civil, penal, contencioso-administrativo, social y militar. d) Civil, penal, contencioso-administrativo y social.

Pep y Joan suscribieron un contrato en el que incluyeron una cláusula de sometimiento a mediación en caso de conflicto. Pep, ante un incumplimiento por parte de Joan, va a iniciar un procedimiento de mediación antes de acudir a los Tribunales. Su Abogado le indica que la solicitud de inicio de mediación: a) Suspenderá la prescripción o la caducidad de acciones desde la fecha en la que conste la recepción de dicha solicitud por el mediador, o el depósito ante la institución de mediación, siempre que, en el plazo de quince días naturales a contar desde la recepción de la solicitud de inicio de la mediación, se firme el acta de la sesión constitutiva pues en caso contrario, se reanudará el cómputo de los plazos. b) Suspenderá la prescripción o la caducidad de acciones desde la fecha en la que conste la recepción de dicha solicitud por el mediador, o el depósito ante la institución de mediación, siempre que, en el plazo de un mes a contar desde la recepción de la solicitud de inicio de la mediación, se firme el acta de la sesión constitutiva pues en caso contrario, se reanudará el cómputo de los plazos. c) Suspenderá la prescripción o la caducidad de acciones desde la fecha en la que conste la recepción de dicha solicitud por el mediador, o el depósito ante la institución de mediación, siempre que, en el plazo de diez días a contar desde la recepción de la solicitud de inicio de la mediación, se firme el acta de la sesión constitutiva pues en caso contrario, se reanudará el cómputo de los plazos. d) Suspenderá la prescripción o la caducidad de acciones desde la fecha en la que conste la recepción de dicha solicitud por el mediador, o el depósito ante la institución de mediación, siempre que, en el plazo de dos meses a contar desde la recepción de la solicitud de inicio de la mediación, se firme el acta de la sesión constitutiva pues en caso contrario, se reanudará el cómputo de los plazos.

En un procedimiento de arbitraje, Luca no está conforme con la decisión contenida en el laudo arbitral. Acude a su despacho para saber si puede hacer algo contra la decisión. Señale la respuesta correcta: a) Contra el laudo definitivo no cabe recurso alguno. b) Contra el laudo definitivo puede ejercitarse la acción de anulación basada en motivos formales e interponerse recurso de apelación por motivos de fondo. c) Contra el laudo definitivo cabe ejercitar la acción de anulación y, en su caso, solicitar la revisión conforme a lo establecido en la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil para las sentencias firmes. d) Contra el laudo definitivo únicamente cabe solicitar la revisión conforme a lo establecido en la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil para las sentencias firmes.

Rubén ha sido designado Abogado de Lourdes en un procedimiento en el que a ésta se le ha reconocido el derecho a la asistencia jurídica gratuita. Cuando el Abogado Rubén conoce el asunto que Lourdes quiere sustanciar ante los Tribunales, considera que se trata de una pretensión insostenible. ¿Cómo debe actuar el Abogado Rubén?. a) Deberá comunicarlo al Colegio de Abogados que le hubiera designado, dentro de los 15 días siguientes a su designación, exponiendo los motivos jurídicos en los que fundamenta su decisión. b) Deberá comunicarlo a la Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita, en el plazo de un mes desde su designación, exponiendo los motivos jurídicos en los que fundamenta su decisión. c) Deberá comunicarlo al Colegio de Abogados que le hubiera designado, en el plazo de un mes desde su designación, exponiendo los motivos jurídicos en los que fundamenta su decisión. d) Deberá comunicarlo a la Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita, dentro de los 15 días siguientes a su designación, exponiendo los motivos jurídicos en los que fundamenta su decisión.

María, que ha sido demandada en un asunto civil, decide llamar telefónicamente al Abogado del demandante y grabar la conversación que tiene con el Abogado sobre dicho pleito. Posteriormente, María acude a la Abogada Irene para que la defienda en dicho asunto, y le reproduce la conversación que ha tenido con el otro Abogado. ¿Está la grabación de la conversación amparada por el secreto profesional?. a) Sí, está amparada por el secreto profesional. b) No, porque para que esté amparada por el secreto profesional es necesario que la conversación se produzca entre dos profesionales de la Abogacía. c) No, porque para que esté amparada por el secreto profesional es necesario que quien grabe la conversación sea el profesional de la Abogacía. d) No, porque para que esté amparada por el secreto profesional es necesario que el Abogado del cliente que graba la conversación sepa que el cliente va a proceder a grabarla.

Emma, que reúne los requisitos para poder acceder a un Colegio de la Abogacía, quiere colegiarse como no ejerciente. Según lo dispuesto en el Real Decreto 135/2021, de 2 de marzo, por el que se aprueba el Estatuto General de la Abogacía Española. ¿En qué Colegio podrá incorporarse Emma para colegiarse como no ejerciente?. a) Podrá incorporarse al Colegio de la Abogacía de su elección. b) Habrá de incorporarse obligatoriamente al Colegio de la Abogacía que coincida con el lugar de su domicilio particular. c) Habrá de incorporarse obligatoriamente al Colegio de la Abogacía que coincida con el lugar donde haya desarrollado las prácticas externas para la obtención del título profesional. d) Habrá de incorporarse obligatoriamente al Colegio de la Abogacía que coincida con su domicilio fiscal.

Pau es beneficiario de asistencia jurídica gratuita y ha solicitado ser defendido gratuitamente por un Abogado, designación que ha recaído en el Abogado Miquel. Miquel interpone demanda en nombre de Pau, pero avanzado el procedimiento judicial, Pau pierde la confianza en Miquel y quiere que le sea designado otro Abogado. Señale la respuesta correcta: a) Pau no tiene derecho a instar la designación de un nuevo profesional. b) Pau ha perdido su oportunidad de instar la designación de un nuevo Abogado, dado que ya está iniciado el procedimiento judicial. c) Pau puede solicitar al órgano judicial ante el que se tramita el procedimiento la designación de un nuevo Abogado, y si dicho órgano judicial considera que concurre causa para la sustitución, nombrará a un nuevo profesional. d) Pau tiene derecho a instar la designación de un nuevo Abogado formulando solicitud ante el Colegio que hubiera hecho la designación, y el Colegio, tras dar traslado de la solicitud a Miquel, resolverá de forma motivada.

El Real Decreto 135/2021, de 2 de marzo, por el que se aprueba el Estatuto General de la Abogacía Española, que se publicó en el Boletín Oficial del Estado el 24 de marzo de 2021: a) Entró en vigor el 1 de julio de 2021. b) Entrará en vigor el 1 de julio de 2022. c) Entrará en vigor el 24 de marzo de 2022. d) Entrará en vigor el 2 de marzo de 2022.

El Tribunal Superior de Justicia está integrado por varias Salas. Señale cuál de las siguientes no es una de ellas: a) La Sala de lo Civil y Penal. b) La Sala de Apelación. c) La Sala de lo Contencioso-Administrativo. d) La Sala de lo Social.

Xaime presta servicios para un despacho colectivo de Abogados en régimen de relación laboral especial y lo hace con dedicación exclusiva. El Real Decreto 1331/2006, de 17 de noviembre, por el que se regula la relación laboral de carácter especial de los abogados que prestan servicios en despachos de abogados, individuales o colectivos, dispone que en este régimen de exclusividad: a) Xaime no tendrá derecho a compensación económica alguna por la exclusividad. b) Xaime podrá asesorar y defender a su cónyuge y demás familiares por consanguinidad o afinidad hasta el segundo grado inclusive, y en su caso por adopción, por ser esto compatible con el régimen de exclusividad. c) Xaime no podrá ejercer la profesión de Abogado por cuenta propia por un período máximo de dos años, porque el pacto de dedicación exclusiva está limitado en todo caso, conforme al real decreto citado, a dicho plazo máximo. d) Xaime no podrá prestar la asistencia letrada y defensa jurídica derivada del turno de oficio.

Guillermo, que ha sido detenido por la policía por un delito de robo, no quiere nombrar Abogado para que le asista en su declaración y demás diligencias policiales que han de practicarse en comisaría. ¿Qué procede en esta situación? Señale la respuesta correcta: a) No se le designará Abogado de oficio para que le asista si Guillermo no acredita carecer de recursos. b) Se le designará un Abogado de oficio, sin que Guillermo haya de abonar en ningún caso los honorarios devengados por su intervención. c) Guillermo será asistido por un Abogado de oficio, no siendo necesario que acredite previamente carecer de recursos, sin perjuicio de que, si no se le reconoce con posterioridad el derecho a la asistencia jurídica gratuita, deba abonar al Abogado los honorarios devengados por su intervención. d) Se le designará un Abogado de oficio, que ya no podrá ser gratuito para Guillermo salvo que el Abogado renuncie a sus honorarios.

Félix encarga al Abogado Matías que interponga en su nombre una querella contra Hipólito, Abogado que defendió a Félix en un pleito anterior, al considerar que la actuación profesional de Hipólito en dicho pleito perjudicó manifiestamente los intereses encomendados. En atención a los deberes que tienen los profesionales de la Abogacía con otros compañeros, Matías: a) Deberá solicitar el visto bueno del Colegio de la Abogacía con carácter previo a poder interponer la querella. b) Deberá comunicar al Abogado Hipólito que va a interponer la querella. c) Deberá comunicar al Colegio la intención de interponer la querella. d) Deberá interponer la querella, sin obligación de hacer ninguna comunicación al Colegio al respecto de la misma.

Los Abogados Andrés, Ainhoa, Elvira y Susana se han agrupado en forma no societaria fundando un despacho colectivo. Andrés ha asumido la defensa de Pedro en el procedimiento de divorcio contencioso de este. El cónyuge de Pedro acude al despacho pretendiendo que en dicho litigio sea Susana quien le defienda. ¿Es esto posible conforme a las normas contenidas en el Estatuto General de la Abogacía?. a) No, porque se extiende a todos los miembros del despacho la prohibición de actuar en defensa de intereses contrapuestos con los patrocinados por cualquiera de ellos. b) Sí, siempre que extremen la observancia del respeto al secreto profesional. c) Sí, dado que el número de integrantes del despacho es superior a tres. d) Sí, siempre que los clientes sean informados de la situación y los Abogados implicados se comprometan a respetar escrupulosamente el secreto profesional.

Mónica es una Abogada incorporada al Colegio de Abogados de Madrid, y el juicio del cliente al que defiende se va a celebrar en Valencia. Mónica se pregunta si para actuar en el territorio del Colegio de Abogados de Valencia debe pedir habilitación y qué normas de actuación, deontología y régimen disciplinario son las que rigen. Señale la respuesta correcta: a) Necesita solicitar habilitación al Colegio de Valencia, y en su actuación estará sujeta a las normas de actuación, deontología y régimen disciplinario del Colegio de Abogados de Madrid. b) No necesita habilitación alguna, y en su actuación estará sujeta a las normas de actuación, deontología y régimen disciplinario del Colegio de Abogados de Madrid. c) No necesita habilitación alguna, y en su actuación estará sujeta a las normas de actuación, deontología y régimen disciplinario del Colegio de Abogados de Valencia. d) Necesita solicitar habilitación al Colegio de Valencia, y en su actuación estará sujeta a las normas de actuación, deontología y régimen disciplinario del Colegio de Abogados de Valencia.

Gertrudis ha solicitado asistencia jurídica gratuita para interponer una reclamación civil por daños derivados de un accidente de tráfico. Se le reconoce el derecho y el Abogado Roberto es designado de oficio para defenderla. Sin embargo, Roberto preferiría no encargarse del asunto, dado que le trae recuerdos del fallecimiento de un familiar suyo en accidente de circulación. ¿Puede excusarse Roberto de la defensa por dichas circunstancias personales?. a) Sí, pudiendo hacerlo en todo momento sin necesidad de alegar motivos para excusarse, siempre que realice los actos necesarios para evitar la indefensión y la pérdida de derechos de la persona respecto de la que se le encomendó la defensa. b) Sí, siempre que concurra un motivo justo y personal podrá excusarse de la defensa. c) No podrá excusarse por dichas razones personales. d) Sí, pero para que opere dicha excusa el Decano del Colegio habrá de apreciar que el motivo alegado es personal y justo.

¿Cuál de los siguientes órganos no es un órgano jurisdiccional con jurisdicción sobre toda España?. a) Un Juzgado Central de lo Contencioso-Administrativo. b) El Tribunal Supremo. c) La Sala de Gobierno de la Audiencia Nacional. d) Un Juzgado Central de Vigilancia Penitenciaria.

Pere es un Abogado que ejerce individualmente por cuenta propia y que se dedica a cuestiones civiles, si bien para llevar los asuntos relativos a Derecho de sucesiones que puedan afectar a sus clientes concierta un acuerdo de colaboración con el despacho colectivo formado por Ana y Manuela. En estas condiciones, ¿puede considerarse a Pere como Abogado titular de un despacho individual?. a) Sí, porque ese acuerdo no hace que pierda la condición de profesional de la Abogacía titular de un despacho individual. b) No, porque para mantener la condición de titular de un despacho individual la colaboración solo puede acordarse sobre algún asunto en concreto, no sobre clases de asuntos. c) No, porque para mantener la condición de titular de un despacho individual el acuerdo solo puede concertarse con otros profesionales de la Abogacía que también ejerzan individualmente. d) Sí, pero en el solo caso de que la colaboración pactada no se extienda por más de dos años, porque si supera este plazo rige la presunción de que existe ejercicio colectivo y Pere no podrá mantener la consideración de titular de un despacho individual.

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha constatado que un Estado parte del Convenio para la protección de los derechos humanos y libertades fundamentales, hecho en Roma el 4 de noviembre de 1950, ha vulnerado un derecho amparado por dicho Convenio europeo y así lo declara en sentencia definitiva. Señale la respuesta correcta en relación a la ejecución de dicha sentencia: a) La sentencia será ejecutada por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, siendo la Gran Sala la que tomará las oportunas medidas que sea preciso adoptar para la ejecución. b) El Estado parte habrá de acatar dicha sentencia, que será transmitida al Comité de Ministros del Consejo de Europa, y este Comité de Ministros velará por su ejecución. c) La sentencia será ejecutada por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, siendo un Comité de Jueces el órgano que tomará las oportunas medidas que sea preciso adoptar para la ejecución. d) La sentencia será ejecutada por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, siendo la Gran Sala la que tomará las oportunas medidas que sea preciso adoptar para la ejecución, y si contiene la concesión al perjudicado de una satisfacción equitativa esta última podrá ser ejecutada directamente por un Comité de Jueces.

El Abogado José Miguel, colegiado en el Colegio de la Abogacía de Salamanca, presta servicios de asesoramiento jurídico a través de internet. El domicilio personal de José Miguel está en Zamora, desde donde se conecta para realizar el asesoramiento que le requiere el cliente Pedro, quien se conecta desde Sevilla pero que tiene su residencia en Granada. Según el Estatuto General de la Abogacía, ¿dónde se considera prestado el asesoramiento?. a) En Sevilla, porque es el lugar desde donde se solicita el servicio. b) En Salamanca, porque es el lugar de colegiación del profesional. c) En Granada, porque es el lugar de residencia del cliente. d) En Zamora, porque es el lugar desde el que se presta efectivamente el servicio.

En un asunto una de las partes, defendida por el Abogado Bruno, ha seguido una estrategia de entorpecer y dilatar el desarrollo del proceso con el fin de causar perjuicio, y el Tribunal estima que dicha parte ha actuado conculcando las reglas de la buena fe procesal. ¿Qué podrá hacer el Tribunal en esta situación?. a) Podrá imponer a dicha parte una multa que se acordará de plano en el seno del mismo proceso y que estará sometida al mismo régimen de recursos que la resolución definitiva que se dicte sobre el fondo del asunto. b) Podrá imponer al Abogado Bruno una sanción disciplinaria de suspensión del ejercicio de la Abogacía por plazo de quince días. c) Podrá imponer a dicha parte una multa que podrá oscilar de ciento ochenta a seis mil €, sin que en ningún caso pueda superar la tercera parte de la cuantía del litigio. d) Podrá imponer a dicha parte una multa contra la que no cabe recurso, y que podrá oscilar de ciento ochenta a seis mil €, sin que en ningún caso pueda superar la tercera parte de la cuantía del litigio.

Elia es una Abogada que presta servicios por cuenta ajena para un despacho de Abogados, en régimen de relación laboral especial. ¿Cómo deberá declarar Elia en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas las retribuciones que perciba de dicho despacho?. a) Como rendimientos del trabajo. b) Como rendimientos de actividades económicas, determinándose dicho rendimiento por el régimen de estimación directa. c) Como rendimientos de actividades económicas, por el régimen de estimación objetiva. d) Como rendimientos de trabajo si dichas retribuciones no superan los 60.000 € anuales, pero si superan dicha cifra las retribuciones habrán de declararse como rendimientos de actividades económicas.

¿Qué órganos jurisdiccionales de los Estados miembros pueden pedir al Tribunal de Justicia de la Unión Europea que se pronuncie, con carácter prejudicial, sobre la interpretación de los Tratados o sobre la validez e interpretación de los actos adoptados por las instituciones, órganos u organismos de la Unión?. a) Solo los Tribunales Constitucionales. b) Solo los órganos jurisdiccionales contra cuyas resoluciones no quepa recurso. c) Cualquier órgano jurisdiccional que esté conociendo de un litigio puede plantear la cuestión prejudicial si estima necesaria una decisión al respecto para poder emitir su fallo. d) Solamente los órganos jurisdiccionales del orden civil.

Xabier ejerce individualmente la Abogacía como titular de un despacho, al que acude el cliente Antonio. En este despacho está integrado el Abogado Juan Luis, que es quien ha actuado en el asunto de Antonio. Dicho cliente, descontento con la actuación profesional del Abogado que actuó en su defensa, se pregunta si Xabier responde profesionalmente de la actuación de Juan Luis. Señale la respuesta correcta: a) Solo responderá profesionalmente Juan Luis, que es el profesional de la Abogacía que ha realizado la actuación. b) Xabier responderá profesionalmente frente a Antonio, sin perjuicio de la facultad que tiene Xabier de repetir frente a Juan Luis. c) Xabier solo responderá frente a Antonio si así lo ha acordado expresamente y por escrito con este. d) Xabier responderá frente a Antonio, salvo pacto en contrario con Juan Luis.

¿Qué dispone el Código Deontológico de la Abogacía Española en materia de cobertura de la responsabilidad civil derivada del ejercicio de la profesión? Señale la respuesta correcta: a) Para cubrirla todo profesional de la Abogacía ha de suscribir obligatoriamente un seguro de responsabilidad civil con un capital asegurado mínimo de 100.000 €. b) Se deberá tener cubierta la responsabilidad profesional en cuantía adecuada a los riesgos que implique. c) El Código Deontológico de la Abogacía Española no se pronuncia en norma alguna sobre cobertura de responsabilidad civil. d) Para las sociedades profesionales la contratación de un seguro que cubra la responsabilidad civil es meramente opcional, no siendo obligatoria la contratación de seguro en el caso de que intenten cubrir su responsabilidad civil por otros mecanismos.

Mariano demanda a José para reclamarle el pago de la parte que le corresponde en los gastos de conservación de la finca común. Con la contestación a la demanda, José aporta un recibí firmado a nombre de Mariano que expresa que José ya habría pagado los gastos reclamados. En la audiencia previa, Mariano alega que ese documento es falso y que tiene intención de querellarse por falsedad contra José. Dado que la Jueza considera que el documento es decisivo para resolver sobre el fondo, señale la respuesta correcta respecto a la suspensión del proceso civil: a) Ante la manifestación de Mariano de que pretende querellarse, la Jueza suspenderá la audiencia y le concederá un plazo de diez días para que acredite la presentación de la querella. b) La Jueza ha de acordar en todo caso la suspensión de las actuaciones para que se investigue la falsedad, incluso aunque José quiera renunciar al documento. c) La Jueza acordará la suspensión, sin esperar a la conclusión del procedimiento, tan pronto como se acredite que se sigue causa criminal sobre el delito de falsedad en el documento, salvo que José renuncie a este. d) Para que se pueda suspender el procedimiento es necesario que se acredite que se sigue causa criminal por la falsedad, y además la Jueza habrá de esperar a la conclusión del procedimiento, suspendiéndolo una vez que esté pendiente solo de sentencia.

Uno de los requisitos generales mínimos exigibles a los Abogados para poder prestar los servicios de asistencia jurídica gratuita es la acreditación una determinada antigüedad en el ejercicio de la profesión. ¿Cuál es esta antigüedad?. a) Más de cinco años de ejercicio efectivo de la profesión. b) Más de tres años de ejercicio efectivo de la profesión. c) Más de cinco años de ejercicio efectivo de la profesión, si bien la Junta de Gobierno de cada Colegio podrá dispensar del cumplimiento de este requisito si concurren circunstancias que acrediten la capacidad del Abogado para la prestación del servicio. d) Más de dos años de ejercicio efectivo de la profesión.

El ejercicio de la Abogacía puede ser colectivo, en forma no societaria, a través de un despacho colectivo. El despacho colectivo es una agrupación que: a) Debe constituirse únicamente por profesionales de la Abogacía, pero no se requiere forma para constituirla. b) Debe constituirse por escrito y solo por profesionales de la Abogacía, si bien su número no puede superar el de diez integrantes. c) Debe constituirse por escrito y permitir la identificación de sus integrantes en todo momento, y solo puede estar integrado por profesionales de la Abogacía. d) Debe constituirse por escrito y permitir la identificación de sus integrantes, pudiendo integrarlo no solo profesionales de la Abogacía sino también otros profesionales liberales que presten servicios complementarios.

La obligación de los Abogados de conservar la documentación en que se formalice el cumplimiento de las obligaciones que se les imponen como sujetos obligados en virtud de la Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo, se extiende durante: a) Cuatro años. b) Veinte años. c) Diez años. d) Quince años.

Durante el desarrollo del juicio en un procedimiento ordinario, Pedro, uno de los Abogados, plantea una cuestión incidental relativa a la capacidad y representación de su cliente por unos hechos ocurridos después de la audiencia previa. ¿Es el juicio el momento procesal hábil para plantear dicha cuestión incidental?. a) No, dado que el planteamiento de las cuestiones incidentales únicamente es posible en los juicios verbales. b) No, pues en el procedimiento ordinario no se admite el planteamiento de ninguna cuestión incidental una vez iniciado el juicio. c) Sí, ya que al tratarse la capacidad y representación de una cuestión incidental de especial pronunciamiento su resolución tendrá lugar en sentencia una vez terminado el juicio. d) Sí, pero siempre que la cuestión se plantee antes de formular oralmente sus conclusiones.

Isabel, Abogada en ejercicio, ante la falta de contestación de Joan al requerimiento fehaciente de pago por ella efectuado, interpuso demanda contra él reclamando las cantidades que este adeudaba a su cliente. Joan, durante el plazo para contestar la demanda, se allanó totalmente a la pretensión de la parte actora. ¿Ha de ser Joan condenado en costas?. a) No, pues no procede condena en costas si el demandado se allana antes de contestar a la demanda. b) Sí, pues únicamente no procede imposición de costas en los supuestos de desistimiento de la parte actora. c) Sí, dado que se trata de un allanamiento total. d) Sí, pues hubo mala fe por su parte al no haber contestado el requerimiento fehaciente y justificado de pago.

Carmen, parte demandada, interpuso recurso de apelación contra la sentencia dictada por el Juzgado de Primera Instancia nº 6 de Salamanca por la que se estimaba totalmente las pretensiones de la parte actora. La Audiencia Provincial de Salamanca estimó parcialmente el recurso interpuesto por Carmen. ¿Procede la condena en costas de alguna de las partes en segunda instancia?. a) Al ser una estimación parcial de un recurso presentado por una sola de las partes, corresponde imponer las costas causadas a su instancia a la parte que interpuso el recurso. b) No, ya que en los casos de estimación total o parcial de un recurso de apelación no se condenará en las costas a ninguno de los litigantes. c) Sí, deberán ser impuestas a ambas partes las costas causadas a su instancia y las comunes por mitad. d) Deberán ser impuestas a la parte favorecida en primera instancia cuyo fallo estimatorio fue después revocado parcialmente en segunda instancia.

Xoel decide interponer demanda contra Pepe, este no contesta a la demanda en el plazo concedido para ello y es declarado en rebeldía. Sin embargo, pese a la viabilidad de su pretensión, Xoel cambia de opinión y decide desistir del pleito. ¿Puede Xoel desistir habiendo ya transcurrido el plazo para contestar a la demanda?. a) No, pues solo es posible desistir unilateralmente del juicio antes de que el demandado sea emplazado para contestar a la demanda o citado para el juicio. b) Sí, al encontrarse el demandado en rebeldía. c) No, pues para desistir, a diferencia que para renunciar, es necesario el concurso de la otra parte, la cual en este caso se encuentra en rebeldía. d) Sí, dado que el desistimiento puede efectuarse en cualquier momento.

Pablo, Abogado en ejercicio desde hace cinco años, quiere apuntarse al turno de oficio del Colegio de la Abogacía en el que se halla inscrito y en el que se encuentra situado su despacho. ¿Qué requisitos generales mínimos ha de cumplir Pablo para poder prestar servicios como Abogado de oficio?. a) Tener radicado su despacho, único o principal, en el ámbito del Colegio responsable del servicio, y estar inscrito en este. Acreditar más de tres años de ejercicio efectivo de la profesión. Haber superado los cursos o pruebas de acceso a los servicios, establecidos por las Juntas de Gobierno de los Colegios de la Abogacía, salvo dispensa motivada otorgada por el Colegio. b) Tener radicado su despacho, único o principal, en el ámbito del Colegio responsable del servicio, y estar inscrito en este. Acreditar más de seis años de ejercicio efectivo de la profesión. Haber superado los cursos o pruebas de acceso a los servicios, establecidos por las Juntas de Gobierno de los Colegios de la Abogacía. c) Acreditar más de dos años de ejercicio efectivo de la profesión. Haber superado los cursos o pruebas de acceso a los servicios, establecidos por las Juntas de Gobierno de los Colegios de la Abogacía. d) Únicamente haber superado los cursos o pruebas de acceso a los servicios, establecidos por las Juntas de Gobierno de los Colegios de la Abogacía.

Naira, funcionaria de profesión y con capacidad económica acreditada, ha sido víctima de un delito contra su libertad sexual perpetrado por su expareja. ¿Tiene Naira derecho a la asistencia jurídica gratuita?. a) No, pues la asistencia jurídica gratuita solo está reservada para aquellas personas que acrediten insuficiencia de recursos para litigar. b) No, porque las víctimas de violencia de género se encuentran fuera de la Ley de asistencia jurídica gratuita al tener un régimen especial para pleitos previsto en su normativa específica. c) Sí, porque las víctimas de violencia de género tienen derecho a la asistencia jurídica gratuita con independencia de sus recursos para litigar. d) Sí, porque las víctimas de violencia de género tienen derecho a la asistencia jurídica gratuita, específica y exclusivamente, en los casos de delitos contra la libertad sexual con independencia de sus recursos para litigar.

Carme, Abogada de la parte a la que le ha sido reconocida el derecho a costas, tras presentar solicitud de tasación, no está conforme con la tasación practicada por el Letrado de la Administración de Justicia por no haber incluido gastos debidamente justificados y reclamados. ¿Puede impugnar Carme la tasación?. a) Sí, para ello deberá dirigir escrito al Letrado de la Administración de Justicia que dará traslado a la otra parte por tres días para que se pronuncie sobre la inclusión o exclusión de las partidas reclamadas. Si el Letrado de la Administración de Justicia, mediante decreto, desestimare la impugnación, podrá Carme interponer los recursos previstos legalmente. b) Sí, mediante la interposición directa de recurso contra la tasación. c) No, dado que las tasaciones solo pueden ser impugnadas por indebidas o excesivas según establece el artículo 245 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. d) Sí, pero para ello deberá haber solicitado previamente informe al Colegio de la Abogacía sobre la viabilidad de su impugnación.

Julia, quien es beneficiaria de asistencia jurídica gratuita, tiene como Abogado a Andrés en un pleito relativo a una herencia. Sin embargo, Andrés tiene una amplia cartera de clientes y, pese a estar apuntado al turno de asistencia gratuita, considera que ya no tiene edad para llevar ese tipo de pleitos y plantea excusarse de su designación. ¿Puede Andrés excusarse de su designación?. a) Sí, en todo caso, siempre que concurra motivo personal y justo que deberá ser apreciado por el Decano del Colegio de la Abogacía. b) Sí, siempre que, concurriendo motivo personal y justo, presente a un compañero dispuesto a sustituirle en sus funciones. c) No, solo en el orden penal podrán los Abogados designados excusarse de la defensa. d) No, los Abogados designados para prestar asistencia jurídica gratuita no pueden excusarse en ninguno de los órdenes jurisdiccionales.

Según la Ley Orgánica del Poder Judicial los Juzgados de Paz,. a) Se establecen en todos aquellos municipios en los que exista, al menos, un Juzgado de Primera Instancia e Instrucción. b) Carecen actualmente de competencias al haber sido estas absorbidas por los Juzgados de Primera Instancia. c) Conocen de asuntos civiles y penales en los procesos que la ley determine. d) Conocen únicamente de los asuntos civiles en los procesos que la ley determine.

¿Cómo se organiza territorialmente el Estado a efectos judiciales según la Ley Orgánica del Poder Judicial?. a) En Partidos, Provincias, y Comunidades Autónomas. b) En Municipios, Partidos, Provincias y Comunidades Autónomas. c) En Municipios, Demarcaciones, Partidos, Provincias y Comunidades Autónomas. d) En Demarcaciones, Partidos, Provincias y Comunidades Autónomas.

Jorge ha superado el Máster de Acceso a la Abogacía y el correspondiente examen estatal de acceso a la profesión de la Abogacía. Tras ello, ha decidido poner en su despacho una placa con la denominación de Abogado. ¿Es correcta su actuación?. a) Solo si previamente se ha incorporado a un Colegio de la Abogacía como ejerciente. b) No, pues la denominación de Abogado/a corresponde, exclusivamente, a quienes se encuentren incorporados a un Colegio de la Abogacía ya como ejerciente o como no ejerciente. c) Sí, pues la superación del máster y el examen de acceso a la abogacía permiten utilizar la denominación de Abogado/a a pesar de no estar inscritos en ningún Colegio de la Abogacía. d) Sí, pues el Estatuto General de la Abogacía le permite hacer publicidad.

Manuel, Abogado en ejercicio, ha llegado a un acuerdo con el celador del Hospital General de su ciudad para que este facilite la tarjeta profesional de aquel a los lesionados por accidente de tráfico y a sus familiares en el momento de su ingreso hospitalario. Todo ello, con la finalidad de que los lesionados contraten sus servicios. ¿Cómo ha de considerarse esta práctica?. a) Perfectamente válida ya que los profesionales de la Abogacía pueden realizar libremente publicidad de sus servicios. b) Ilegal solo en el caso de que el Abogado oculte a los lesionados que fue él quien usó de intermediario al celador para hacerles llegar su tarjeta. c) Contraria a lo que preceptúa el Estatuto General de la Abogacía. d) Conforme con las normas sobre publicidad ya que las víctimas de accidentes y catástrofes tienen preferencia sobre el resto de perjudicados.

Ayoze, Abogado en ejercicio, tiene dudas acerca del tipo de gravamen que tiene que aplicar en una minuta que tiene que girar a un cliente con ocasión de un procedimiento relativo a una reclamación civil prestado este año de 2022. Indique la respuesta correcta. Tipo cero. Tipo 21%. Tipo 10%. Tipo 4%.

Alejandro, Abogado, tiene multitud de desacuerdos con su cliente y, pese a que la próxima semana tendrá lugar el esperado juicio, decide renunciar a la defensa procesal de aquel. ¿Puede Alejandro renunciar a su encargo en ese momento procesal?. a) No, pues la renuncia solo puede manifestarse después del juicio para evitar la indefensión del cliente. b) Sí, siempre que, comunicada al Juzgado con la debida antelación, el Juez estime dicha renuncia pertinente y justificada. c) Sí, siempre que el asunto no sea urgente y no cause indefensión a su cliente. d) Sí, en todo caso.

¿Qué sanción puede imponer el Colegio de la Abogacía a los profesionales de la Abogacía?. El apercibimiento verbal. La represión privada. El apercibimiento escrito. Inhabilitación especial para el ejercicio de la profesión de la Abogacía.

¿De acuerdo con el Estatuto General de la Abogacía, es infracción leve ofender levemente al Abogado/a de la parte contraria?. a) Sí, siempre que la ofensa sea en público de forma oral. b) Sí, siempre que sea en comunicación privada, oral o escrita, y no haya trascendido la ofensa. c) Sí, ya se haga la ofensa en público o en privado, en forma oral o por escrito. d) No, ofender, aun de forma leve, constituye una falta del respeto debido tipificada como infracción grave.

¿Cómo se estructuran, según la Ley Orgánica del Poder Judicial, las Audiencias Provinciales?. En Secciones. En Secciones, Salas y Pleno. En Salas que se dividen en Secciones. En Salas y Pleno.

Edurne, Abogada de profesión, comparece como acusada en un juicio por la presunta comisión de un delito de apropiación indebida, si bien ejerce su defensa propia en colaboración con otro Abogado. ¿En qué lugar deberá situarse Edurne en Sala?. a) Ocupará el sitio de los profesionales de la Abogacía usando la toga. b) En el banquillo de los acusados, aunque pudiendo usar la toga de profesional de la Abogacía. c) Ocupará el sitio de los profesionales de la Abogacía sin que sea necesario el uso de toga. d) En el banquillo de los acusados teniendo prohibido expresamente el uso de su toga.

Establece la Ley Orgánica del Poder Judicial que a solos efectos prejudiciales: a) Cada orden jurisdiccional podrá conocer de todos los asuntos que no le estén atribuidos privativamente siempre que se trate de cuestiones devolutivas. b) La Ley Orgánica del Poder Judicial no hace mención alguna al régimen de las cuestiones prejudiciales. c) Cada orden jurisdiccional podrá conocer de todos los asuntos que no le estén atribuidos privativamente siempre que se trate de cuestiones no devolutivas de carácter civil. d) Cada orden jurisdiccional podrá conocer de asuntos que no le estén atribuidos privativamente.

Sabela, Abogada de profesión, ha dejado de prestar sus servicios a Federico, quien debido a su vieja amistad ha autorizado expresamente a aquella para revelar sus entrevistas amparadas bajo secreto profesional. ¿Puede entonces Sabela desvelar el contenido de las conversaciones que tuvo con Federico como cliente suyo?. a) Sí, en todos los extremos y personas referidos en las conversaciones al habérselo autorizado expresamente su cliente. b) No, el deber de secreto profesional permanece incluso después de haber cesado en la prestación de los servicios al cliente, sin excepción alguna. c) No, pues la única excepción en el deber de secreto profesional consiste en la obligación de prestar declaración en juicio como testigo haya habido o no autorización por parte de su cliente. d) Sí, pero solo sobre aquello que únicamente afecte o se refiera a su cliente, al haberle este autorizado expresamente.

El ejercicio por cuenta ajena en régimen laboral de un profesional de la Abogacía: a) Constituye, en todo caso, una relación laboral de carácter especial expresamente catalogada en el Estatuto de los Trabajadores. b) Podrá ejercerse por cuenta ajena como profesional de la Abogacía de empresa en régimen de relación laboral común. c) Es una práctica prohibida pues a pesar de que los profesionales de la Abogacía presten sus servicios en despachos ajenos siempre están dados de alta como autónomos al ser una profesión liberal. d) Es un régimen únicamente aplicable a aquellos despachos que cuentan con más de diez profesionales de la Abogacía.

Joan Manuel, Abogado de profesión, fue sancionado disciplinariamente por el Colegio de la Abogacía al que pertenece por la comisión de una infracción muy grave. ¿Cuándo prescribe, con carácter general, la sanción impuesta a Joan Manuel?. a) A los tres años a contar desde el día siguiente a que la sanción pueda ser ejecutada. b) A los cinco años a contar desde el día siguiente a que la sanción pueda ser ejecutada. c) A los tres años a contar desde el día siguiente al día en que la infracción se hubiera cometido. d) A los tres años a contar desde el día en que la sanción pueda ser ejecutada.

Se inicia un procedimiento en España cuyo conocimiento corresponde a los Tribunales españoles conforme a las normas vigentes y circunstancias concurrentes en el momento de presentación de la demanda. Sin embargo, durante su tramitación, las normas iniciales han sido modificadas ¿Deben los Tribunales españoles continuar conociendo del litigio?. a) No, pues la alteración de normas y circunstancias determina el cambio del órgano competente para dirimir el litigio. b) Sí, en todo caso. c) Sí, salvo que expresamente se determine lo contrario. d) No, pues solamente la alteración de las circunstancias determina el cambio del órgano competente para dirimir el litigio.

Alexandre considera que ha sido vulnerado su derecho a la tutela judicial efectiva por el Tribunal que juzgaba su causa ¿Qué plazo tiene Alexandre para interponer recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional?. a) En los diez días siguientes a la notificación de la resolución recaída en el previo proceso judicial. b) En los treinta días siguientes a la notificación de la resolución recaída en el previo proceso judicial. c) En los veinte días siguientes a la notificación de la resolución recaída en el previo proceso judicial. d) En los tres meses siguientes a la notificación de la resolución recaída en el previo proceso judicial.

Siete años después de la notificación de la resolución que puso fin al procedimiento, Santiago cae en la cuenta, al revisar la documentación, de que padeció efectiva indefensión en sus derechos e intereses legítimos, durante la tramitación de aquel procedimiento al no haberse respetado las normas esenciales por parte del órgano judicial. En el momento actual, Santiago no puede ya interponer recurso ordinario ni extraordinario. ¿Puede Santiago todavía plantear incidente excepcional de nulidad de las actuaciones?. a) Sí, pues este incidente, al ser excepcional, puede plantearse en cualquier momento desde que se tuvo conocimiento del defecto causante de la indefensión. b) No, pues no procede solicitar la nulidad de las actuaciones después de transcurridos cinco años desde la notificación de la resolución que hubiera adquirido firmeza. c) No, pues el plazo para pedir la nulidad es de veinte días desde la notificación de la resolución que hubiera adquirido firmeza. d) Sí, pues este incidente, al ser excepcional, puede plantearse dentro de los diez años siguientes desde la notificación de la resolución que hubiera adquirido firmeza.

Llegado el momento final de un juicio, el Juez, al considerase suficientemente instruido de la controversia, decide dictar sentencia en forma oral ¿Está facultado el Juez para dictar sentencia de viva voz?. a) Sí, en todo caso, sin perjuicio de su ulterior redacción. b) No, la posibilidad de dictar sentencia in voce está expresamente prohibida por la Ley Orgánica del Poder Judicial. c) Sí, siempre que la ley lo autorice. d) Únicamente podrá hacerlo si se tratase de un juicio civil o penal.

Lola ha sido expropiada por el gobierno de su Comunidad Autónoma de una finca de su propiedad por motivos de utilidad pública. Una vez dirimida la cuestión por los Tribunales, estos consideran que dicha expropiación es conforme a derecho rechazando las pretensiones de Lola. Debido a ello, esta acude en amparo al Tribunal Constitucional por considerar vulnerado su derecho a la tutela judicial efectiva y a la propiedad. ¿Son susceptibles estos derechos de amparo constitucional?. a) Solamente por el derecho previsto en el artículo 24 de la Constitución. b) Solamente por el derecho previsto en el artículo 33 de la Constitución. c) Sí, en todo caso. d) Solamente por el derecho previsto en el artículo 37 de la Constitución.

Quima quiere colegiarse como Abogada, sin embargo, en su Hoja Histórico Penal constan vigentes antecedentes penales derivados de una condena por delito leve de lesiones. ¿Está circunstancia es obstáculo para que Quima pueda colegiarse?. a) No, en ningún caso. b) Sí, en todo caso. c) Sí, salvo dispensa expresa otorgada por el Colegio de la Abogacía. d) No, dado que los únicos antecedentes que impiden la colegiación son los derivados de delitos graves.

Miguel, Abogado en ejercicio, y miembro, a su vez del Colegio de Mediadores, quiere presentarse a las elecciones a Decano de su Colegio de la Abogacía. ¿Está permitido concurrir a las elecciones del Colegio de la Abogacía siendo miembro de otro colegio profesional?. a) No, la membresía a otro colegio profesional es causa de inelegibilidad en las elecciones a Decano. b) Sí, siempre que no sea miembro de los órganos rectores del otro colegio profesional. c) Sí, en todo caso. d) Sí, en todo caso, siempre que lo comunique con antelación a la presentación de su candidatura de dicha circunstancia.

Soledad, Abogada en ejercicio, ha sido informada de que su cliente, Benito, ha sido detenido por la presunta comisión de un delito leve de usurpación. Debido a ello y enterada de dichas circunstancias, Soledad solicitó procedimiento de Habeas Corpus para exigir la inmediata puesta en libertad de su cliente. ¿Está Soledad legitimada para solicitar el Habeas Corpus?. a) No, el Abogado de la persona detenida no está legitimado para instar un procedimiento de Habeas Corpus. b) No, al tratarse de un delito leve. c) Sí, al estar así previsto legalmente. d) Sí, al haber sido reconocida dicha legitimación jurisprudencialmente.

La localidad de Torre del Mar pertenece al municipio de Vélez-Málaga, municipio íntegramente incluido en el partido judicial de Vélez-Málaga. En el Ayuntamiento se está planteando la segregación de Torre del Mar para constituirse en municipio independiente. Si prosperase esta propuesta, ¿a qué partido judicial corresponderá Torre del Mar?. a) La segregación o fusión de municipios es una cuestión que no afecta a la organización judicial al ser esta una competencia asumida por las Comunidades Autónomas. b) Constituirá un nuevo partido judicial si la parte segregada es superior en población a la del partido judicial de origen. c) Continuará perteneciendo al mismo partido judicial. d) Se integrará en el partido judicial limítrofe que tuviera mayor población de derecho.

Matías, Abogado en ejercicio, se encuentra en conversaciones por vía email con Patricia, también Abogada en ejercicio, con la finalidad de llegar a un acuerdo para zanjar el pleito que existe entre sus clientes. Sin embargo, pese a que inicialmente el cliente de Patricia era favorable al acuerdo, finalmente prefiere celebrar el juicio. ¿Puede aportar Matías las conversaciones mantenidas con Patricia como prueba al juicio?. a) Sí, pero solo como prueba documental a efectos de que el Juez lo valore conforme a las normas de la sana crítica. b) No, con carácter general. c) No, salvo que su cliente se lo autorice expresamente. d) Sí, al ser una prueba del carácter espúreo de las pretensiones de la otra parte.

Sustanciado un procedimiento civil, Sofía, Jueza que conoce del litigio, llega al convencimiento de que para decidir el objeto litigioso del proceso es necesario resolver sobre una cuestión que es, a su vez, objeto principal de otro proceso pendiente ante otro Tribunal civil. Ante esta circunstancia, ¿qué puede hacer Sofía?. a) Si lo piden ambas partes, acordar la suspensión de las actuaciones, una vez que el proceso esté pendiente solo de sentencia, siempre que no fuera posible acumulación. b) Si lo piden ambas partes, acordar la suspensión de las actuaciones, en el momento en el que se hallen, hasta que finalice el otro proceso. c) Si lo piden ambas partes, acordar la suspensión de las actuaciones, en el momento en el que se hallen, hasta que finalice el otro proceso, siempre que no fuera posible la acumulación. d) Decretar de oficio la suspensión del curso de las actuaciones, en el estado en que se hallen, hasta que finalice el proceso, siempre que no fuera posible la acumulación.

Durante la tramitación de un convenio arbitral, Violeta, cliente de Marta, teme que si no se actúa a tiempo sus pretensiones pierdan virtualidad, por lo que indica a su Abogada que solicite medida cautelar para asegurar la efectividad de lo decidido en el laudo. ¿Qué órgano será competente para la adopción judicial de dicha medida cautelar?. a) El Árbitro encargado del procedimiento arbitral. b) El Tribunal del lugar donde las medidas deban producir su eficacia, en todo caso. c) El Tribunal del lugar en que el laudo deba ser ejecutado. d) La Sala de lo Civil y de lo Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Autónoma donde aquel se hubiere dictado.

Sonia, quien es clienta de Yolanda, Abogada en ejercicio, le pide a esta que, aprovechando que Antonio, persona contra la que pretende iniciar un pleito, carece de asistencia letrada, le convenza para que se allane a las pretensiones de Sonia. ¿Puede Yolanda dirigirse a Antonio en dichos términos?. a) No, salvo que le indique a Antonio que se dirige a él como Abogada de Sonia. b) Sí, siempre que le indique a Antonio que se dirige a él como Abogada de Sonia. c) No, sin perjuicio de poder recomendarle que designe profesional de la abogacía. d) No, salvo que elevada la cuestión al Colegio de la Abogacía este le autorice para hacerlo atendiendo a la viabilidad de la pretensión de su cliente.

Vicente, Abogado en ejercicio, comparece ante el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº 1 de San Javier para ejercer la defensa de Tomás, cliente de aquel, investigado por tráfico de drogas y que se encuentra en situación de prisión provisional. Alfonso, Abogado de la parte contraria en ejercicio de la acusación particular, comunica al Juzgado que debido a un accidente en la carretera puede que se retrase más de una hora sin poder precisar exactamente cuánto tiempo podrá tardar en llegar a la declaración. ¿Qué debe hacer Vicente ante esta circunstancia?. a) Puede optar entre darle un tiempo prudencial de espera o exigir la inmediata celebración del acto al estar ya constituida como acusación el Ministerio Fiscal. b) Está obligado a exigir la inmediata celebración de vista, a efectos de evitar dilaciones para su cliente al estar en situación de prisión provisional. c) Está obligado a conceder a Alfonso un plazo prudencial de espera para la celebración de la declaración si, en su caso, el Juzgado lo autoriza para evitar la indefensión del adversario. d) Está obligado a conceder a Alfonso un plazo máximo de una hora de espera para la celebración de la declaración si, en su caso, el Juzgado lo autoriza para evitar la indefensión del adversario.

Tras dictarse sentencia en la que se desestima la acción de anulación de un laudo arbitral en un asunto sometido a arbitraje, Àngels, cliente de Cristóbal, Abogado en ejercicio, no está conforme, por lo que indica a este que solicite su impugnación. ¿De qué plazo dispone Cristóbal para recurrir dicha sentencia?. a) No cabe recurso contra la sentencia que desestima la acción de anulación del laudo arbitral. b) Dos meses a contar desde su notificación o, en caso de que se haya solicitado corrección, aclaración o complemento, desde la notificación de la resolución sobre esta solicitud, o desde la expiración del plazo para adoptarla. c) Dos meses a contar desde su notificación, en todo caso. d) Tres meses a contar desde su notificación o, en caso de que se haya solicitado corrección, aclaración o complemento, desde la notificación de la resolución sobre esta solicitud, o desde la expiración del plazo para adoptarla.

El Juzgado de lo Mercantil nº 3 de Zaragoza decide plantear cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Indique cuál es el procedimiento a seguir. a) Deberá hacerlo de conformidad con el procedimiento previsto para el planteamiento de una cuestión de inconstitucionalidad. b) De acuerdo con la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, los órganos que conozcan asuntos en primera instancia no están facultados para plantear cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea sino ante el Tribunal General de la Unión Europea. c) Deberá hacerlo de conformidad con la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea y, en todo caso, mediante auto, previa audiencia de las partes y del Ministerio Fiscal. d) Deberá hacerlo de conformidad con la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea y, en todo caso, mediante auto, previa audiencia de las partes.

Alejandra, Abogada en ejercicio, actúa representando los intereses de importantes sociedades mercantiles con facturaciones superiores a veinte millones de euros cada una. Cuenta con las coberturas generales del seguro de responsabilidad civil colectivo que su colegio profesional ofrece a todos sus colegiados. El capital asegurado de esa póliza por colegiado es de 250.000 €. ¿Cuál de las siguientes respuestas es correcta?. a) Alejandra es diligente al confiar en la cobertura que el seguro de responsabilidad civil profesional que su colegio profesional le brinda. b) No tiene suficientemente cubierta su responsabilidad civil, al no contar con una cobertura adecuada de los riesgos que su actividad profesional supone. c) Tiene suficientemente cubierta su responsabilidad civil dado que cuenta con seguro que tiene como riesgo objeto de cobertura su negligencia profesional. d) No tiene suficientemente cubierta su responsabilidad civil, no siendo en ningún caso suficiente los seguros colectivos que muchos Colegios de la Abogacía tienen concertados con diferentes entidades.

Martina encargó a Caridad, Abogada en ejercicio, la reclamación de las lesiones sufridas como consecuencia de un accidente de tráfico. Caridad, presentó su demanda en plazo, cumpliendo con todos los requisitos procesales y realizando las alegaciones fácticas y jurídicas pertinentes al asunto. No obstante, la demanda fue desestimada tanto en primera como en segunda instancia, por acoger los Tribunales dirimentes las alegaciones de la parte demandada. Martina no acepta estas decisiones judiciales. Considera que Caridad es responsable de la falta de éxito de su acción y se plantea ejercitar una acción de responsabilidad civil profesional contra ella. ¿Cuál de las siguientes respuestas es correcta?. a) Es viable la acción de responsabilidad civil contra Caridad, toda vez que se ha producido un perjuicio para su cliente al no haber sido estimada su demanda. b) Es viable la reclamación por responsabilidad civil a la Abogada teniendo derecho Martina a reclamar, por la pérdida de oportunidad, la cantidad que había sido objeto de demanda. c) No es viable, siempre que no se haya producido ningún incumplimiento del deber profesional de la Abogada, al ser su obligación únicamente de medios y no de resultados. d) No es viable, salvo que Caridad hubiese sido condenada en costas a consecuencia de la desestimación.

Lucía va a ejercer por cuenta ajena en un despacho profesional y quiere darse de alta en la Mutualidad General. ¿Es posible esta opción?. a) No, porque al trabajar por cuenta ajena tiene que darse de alta en el Régimen General de la Seguridad Social. b) Sí, como complemento a las prestaciones que tendrá de la Seguridad Social. c) No, salvo que opte por cotizar en el Régimen Especial de Trabajador Autónomo en su modalidad de mutualista por cuenta ajena. d) Sí, de forma obligatoria ya ejerciese por cuenta ajena o por cuenta propia.

Son titulares del derecho a la tutela judicial efectiva: a) Los españoles, los ciudadanos de la Unión Europea, las personas jurídicas públicas y privadas. b) Los españoles, los extranjeros, las personas jurídico privadas y las personas jurídico públicas en todo caso. c) Los españoles, los extranjeros y las personas jurídico públicas. d) Los españoles, los extranjeros, las personas jurídico privadas y, en supuestos excepcionales, las personas jurídico públicas.

Mateo, Abogado de profesión, es requerido por Alberto para que ejerza como su Abogado en un procedimiento penal. Sin embargo, Mateo, declina dicha petición, al no ser el derecho penal su especialidad, recomendando en su lugar a su compañera María Teresa que sí es especialista en la materia ¿Puede Mateo exigir algún tipo de compensación a María Teresa por haberle enviado un cliente?. a) No, salvo que informase al cliente de dicha circunstancia. b) No, pero sí podrá aceptar la compensación que voluntariamente Teresa decida hacerle en gratitud. c) Sí, pero solo en el que caso de que el pleito se resolviese en pronunciamiento favorable para Alberto. d) No de María Teresa, pero sí de Alberto, a quien le podrá exigir la cantidad que considere, quedando a decisión de Alberto atender a su petición o no.

Durante el desarrollo de un procedimiento, Begoña, Abogada en ejercicio, ha recibido una serie de cantidades de su cliente Ernesto, para el pago de distintos gastos que se han ido generando durante la tramitación del pleito, que se hallan depositadas en una cuenta especial designada a tal efecto. Una vez finalizado el encargo profesional, ¿puede Begoña detraer de la cuenta cantidades en concepto de honorarios?. a) Sí, pues los profesionales de la Abogacía tienen derecho a una contraprestación por sus servicios, así como al reintegro de los gastos ocasionados. b) No, pues está expresamente prohibida la realización de cualquier pago a cargo de este tipo de depósitos. c) No, salvo autorización expresa y escrita de Ernesto. d) No, salvo que Begoña se lo hubiera anunciado a Ernesto en la hoja de encargo.

Guiomar, Abogada en ejercicio, interviene por cuenta de dos personas en un asunto en el que entre ellas hay un grave desacuerdo, existiendo, por tanto, un significativo riesgo de conflicto entre los intereses de esos clientes. ¿Puede Guiomar seguir interviniendo en dicho asunto?. a) No, al impedirlo expresamente el Estatuto General de la Abogacía. b) Sí, como mediador y en la preparación y redacción de documentos de naturaleza contractual. c) No, salvo informe favorable del Colegio de la Abogacía. d) Sí, mientras solo subsista la circunstancia de riesgo, debiendo cesar si finalmente se materializa el conflicto.

Aitor, a quien le ha sido designado Jonay como Abogado por el turno de oficio, decide designar un Abogado particular, pese haberle sido reconocido el derecho a la asistencia jurídica gratuita. ¿La designación de abogado particular impide el disfrute del derecho a la asistencia jurídica gratuita?. a) Sí, debiéndose reembolsar todas aquellas prestaciones que se hubiesen obtenido como consecuencia del reconocimiento de su derecho a litigar gratuitamente. b) Sí, pues la contratación de servicios de un Abogado particular es un indicio de capacidad económica incompatible con el reconocimiento del derecho a la asistencia jurídica gratuita. c) No, al no implicar la pérdida de las demás prestaciones reconocidas en la concesión del derecho de asistencia jurídica gratuita. d) No, mientras siga disponiendo de los servicios de Procurador de oficio que se le había reconocido.

Meritxell, asistida por Abogada del turno de oficio, obtuvo fallo favorable en la primera instancia de un procedimiento civil en el año 2019. Sin embargo, por diversos retrasos, la ejecución de sentencia no ha comenzado hasta el año 2022. ¿Tiene obligación su Abogada de oficio de continuar asistiendo a Meritxell pese al paso del tiempo?. a) No, al haber transcurrido más de dos años desde el dictado de la resolución judicial y de la realización de actuaciones procesales de ejecución. b) No, al haber transcurrido más de un año desde el dictado de la resolución judicial y de la realización de actuaciones procesales de ejecución. c) Sí, pues es obligación del Abogado designado por el turno de oficio desempeñar sus funciones de forma real y efectiva hasta la finalización del procedimiento. d) No, salvo que se tratase de un asunto penal.

Unai, Abogado en ejercicio, tiene dudas acerca de los conceptos que tiene que incluir en la base imponible a la que tiene que aplicar el tipo de gravamen en el Impuesto Sobre el Valor Añadido (IVA), de una operación que ha consistido en asesorar a un cliente en la firma de un contrato con una Administración pública. Sabe que esa base imponible está constituida por el importe total de la contraprestación. Está pensando hacerle un descuento a su cliente del 10 por 100 simultáneamente al momento en que la operación se realice y en función de ella. Indique la respuesta correcta. a) Ninguno de los descuentos se incluyen en la base imponible. b) Únicamente se incluyen en la base imponible los descuentos practicados a cada cliente al final de año en función del volumen total de las operaciones realizadas con él. c) Únicamente se incluyen en la base imponible los descuentos y bonificaciones que se concedan previa y simultáneamente al momento en que la operación se realice y en función de ella. d) Se incluyen en la base imponible todo tipo de descuentos siempre que no superen el 10 por 100 del importe de la prestación.

Nauzet va a iniciar su actividad profesional de Abogado como autónomo y no sabe si ha de darse de alta por el Impuesto sobre Actividades Económicas (IAE). Indique la respuesta correcta. a) No tiene que darse de alta en dicho impuesto hasta que lleve cinco años ejerciendo. b) Tiene que darse de alta en dicho impuesto si tiene previsto prestar servicios a empresas, pero no a personas físicas. c) Tiene que darse de alta en dicho impuesto, salvo que solo se dedique a temas penales de oficio y al asesoramiento laboral. d) Tiene que darse de alta en todo caso.

Margarita, Abogada en ejercicio, presta sus servicios como autónoma dependiente. ¿Debe tener obligatoriamente una cobertura de previsión social a través de una mutualidad constituida por su colegio profesional?. a) No es obligatorio, salvo que trabaje por cuenta propia a tiempo parcial. b) Sí, es obligatorio durante los cinco primeros años de ejercicio profesional. c) No, es solo opcional. d) Sí, es obligatorio a partir de los cinco primeros años de ejercicio profesional.

El Abogado Juan ha recibido una comunicación de otro compañero informándole que le sustituirá en la defensa de un cliente. ¿Puede Juan poner a disposición de su compañero los documentos facilitados por el cliente?. a) Sí, pero cuando hayan sido liquidados los honorarios devengados hasta el momento de la sustitución. b) Sí, deberá poner a disposición del nuevo Abogado toda la documentación relativa al asunto que obre en su poder. c) No, deberá facilitarle únicamente la documentación que el cliente considere necesaria. d) No deberá facilitarle documentación alguna mientras no reciba una notificación fehaciente del propio cliente.

La Abogada Elvira ha percibido solo la mitad de la provisión de fondos que solicitó a su cliente. Tras una sentencia parcialmente estimatoria de las pretensiones de su cliente, este le pide toda la documentación porque quiere recurrir la sentencia, pero encargándoselo a otro Abogado. ¿Cuál de las siguientes conductas es deontológicamente correcta?. a) La Abogada no tendrá que entregar la documentación directamente al cliente, sino que ha de esperar a que algún compañero le pida la venia. b) La Abogada tendrá que poner toda la documentación recibida del cliente a su disposición. c) La Abogada ha de poner la documentación únicamente a disposición del Juzgado. d) La Abogada le facilitará la documentación recibida una vez que el cliente le abone los honorarios pendientes.

Marian es Abogada civilista y Laura es Abogada penalista y han convenido mandarse clientes mutuamente a cambio de compartir honorarios. ¿Se ajusta tal comportamiento a la deontología profesional?. a) Sí, siempre que se informe al cliente de tal circunstancia. b) Sí, dado que la Abogacía se rige por el principio de libertad de mercado y cualquier limitación o prohibición legal sobre los honorarios va contra dicho principio. c) Sí, porque pueden fijarse comisiones por la recomendación de clientes, sin ningún tipo de limitación y el cliente es libre de elegir profesional de la Abogacía. d) No, porque no es posible ni exigir ni aceptar comisiones por recomendaciones de otros profesionales de la Abogacía, aunque sí si provienen de otros clientes.

Luis pretende colegiarse por primera vez como Abogado ejerciente y, aunque reside y tiene despacho en Sevilla, decide hacerlo en el Colegio de la Abogacía de Madrid, por ser la cuota mensual más económica. ¿Cómo se resuelve su solicitud de colegiación?. a) Debe aceptarse por el principio de colegiación única. b) Debe denegarse, pues para inscribirse en un Colegio es necesario tener un despacho en su demarcación. c) Debe aceptarse, pues en España rige la libertad de elección de Colegio. d) Debe denegarse tal como se solicita, ya que hay que colegiarse donde se tiene el despacho único o principal.

María, Abogada ejerciente, pretende constituir una sociedad profesional con su compañero Hugo. Ambos contratan un seguro de responsabilidad civil profesional, pero de forma individual. ¿Es necesario que contraten un seguro de responsabilidad civil para la sociedad profesional?. a) Depende de si la sociedad tiene socios que no ejerzan la Abogacía. b) No, con que se aseguren ellos basta. c) No es necesario, aunque es conveniente hacerlo. d) Sí, en todo caso.

La Abogada Sandra ha sido designada por el turno de oficio para la defensa de los intereses de Mario, que pretende interponer una querella contra una Magistrada de su ciudad porque considera que ha cometido un delito de prevaricación. Tras estudiar el asunto, a Sandra le parecen totalmente descabelladas las pretensiones de Mario. ¿Qué debe hacer Sandra?. a) Debe presentar en cualquier momento un informe de insostenibilidad en el que exponga los motivos jurídicos en los que fundamenta su decisión. b) Debe presentar un informe de insostenibilidad dentro de los treinta días siguientes a su designación, comunicando a la comisión de asistencia jurídica gratuita los motivos jurídicos en los que fundamenta su decisión. c) Debe presentar un informe de insostenibilidad dentro de los quince días siguientes a su designación, comunicando a la comisión de asistencia jurídica gratuita los motivos jurídicos en los que fundamenta su decisión. d) Está obligada a asumir la defensa de Mario en todo caso.

Ana es Abogada del Colegio de Abogados de Valencia, localidad en la que habitualmente ejerce profesionalmente como asesora mercantil. Un cliente de Guadalajara quiere contratar sus servicios y requiere a Ana para que comience a prestarle asesoramiento jurídico a través de internet. ¿Cuál es la proposición correcta?. a) Cuando un profesional de la Abogacía sea requerido para prestar sus servicios profesionales en línea o a través de internet, deberá adoptar las medidas necesarias para garantizar el secreto profesional, pero sin necesidad de tener que identificar a cada uno de sus clientes. b) Cuando un profesional de la Abogacía sea requerido para prestar sus servicios profesionales en línea o a través de internet, ni tiene que adoptar medidas distintas a las habituales para garantizar el secreto profesional, ni tiene necesidad de identificar a cada uno de sus clientes. c) Cuando un profesional de la Abogacía sea requerido para prestar sus servicios profesionales en línea o a través de internet, deberá adoptar las medidas necesarias para garantizar el secreto profesional, pero sin necesidad de tener que identificar a cada uno de sus clientes ni de obtener de ellos la restante información que le permita evitar conflictos de intereses y prestar el asesoramiento adecuado al solicitante de sus servicios. d) Cuando un profesional de la Abogacía sea requerido para prestar sus servicios profesionales en línea o a través de internet, deberá adoptar las medidas necesarias para garantizar el secreto profesional y obtener del cliente acreditación suficiente de su identidad y la restante información que le permita evitar conflictos de intereses y prestar el asesoramiento adecuado al solicitante de sus servicios.

Lucía es Abogada ejerciente y recientemente le ha sido designado por el turno de oficio de su Colegio su primer cliente, José Luis, para un procedimiento de divorcio. José Luis es muy conflictivo y pretende dirigir el procedimiento. Lucía quiere renunciar a la defensa de José Luis. ¿Puede hacerlo?. a) Sí, no teniendo que comunicar nada a nadie por estar sometido al secreto profesional. b) Sí. Puede excusarse de la defensa porque concurre un motivo justo. c) No. Debe continuar ejerciendo su función hasta la terminación del proceso en la instancia judicial de que se trate y en su caso la ejecución de la sentencia, si las actuaciones procesales en esta se produjeran dentro de los dos años siguientes a la resolución judicial dictada en la instancia. d) Sí. Puede renunciar en cualquier momento, siempre que no cause indefensión al cliente.

Rosa va a ser contratada como Abogada por un despacho individual. Según le ha dicho la Abogada que la ha contratado, su relación laboral es de carácter especial. ¿Es esto posible?. a) Ello no es posible. La relación laboral especial ya no existe desde la aprobación del nuevo Estatuto General de la Abogacía Española, aprobado por Real Decreto 135/2021, de 2 de marzo. b) Ello no es posible, ya que la Abogacía únicamente puede ejercerse por cuenta ajena en régimen de relación laboral común. c) Ello es posible, ya que la Abogacía puede ejercerse por cuenta ajena en régimen de relación laboral especial, prestando los servicios en despachos de profesionales de la Abogacía, individuales o colectivos. d) Solo es posible este tipo de relación laboral especial cuando los servicios son prestados a despachos colectivos.

Pablo ha acudido al despacho de Asun, Abogada en ejercicio, para encargarle la interposición de una demanda de reclamación de cantidad frente a un cliente deudor. Asun y Pablo firman una hoja de encargo. ¿Qué menciones deben figurar necesariamente, entre otras, en ese documento?. a) El objeto del encargo, actuaciones concretas que expresamente quedan incluidas, el precio del trabajo profesional, los suplidos y otras cantidades no incluidas en el precio, los momentos en los que deben abonarse las cantidades y las consecuencias de la finalización anticipada del encargo por renuncia, allanamiento, pérdida sobrevenida del objeto y otras causas. b) Únicamente deben figurar las consecuencias de la finalización anticipada del encargo por renuncia, allanamiento, pérdida sobrevenida del objeto y otras causas. c) Únicamente debe mencionarse el nombre y apellidos del Abogado y cliente, así como sus firmas. d) Solo es necesario que figure el objeto del encargo y la firma de Abogado y cliente.

Fernando, Abogado en cuyo despacho se han desarrollado las negociaciones entre los Abogados de los herederos de Joaquín para intentar alcanzar un acuerdo extrajudicial en el reparto del caudal hereditario, ha grabado las conversaciones con las partes contrarias. ¿Podría utilizarlas como medio de prueba ante el Juzgado para la defensa de su cliente?. a) Sí, si su cliente le autoriza para ello. b) Sí, en todo caso, pues le pertenecen y son favorables a sus intereses. c) Sí, pero únicamente si los otros Abogados han prestado su consentimiento sobre las grabaciones y sobre la utilización que se le va a dar a las mismas. d) En ningún caso.

Marta ha perdido la confianza en el Abogado que ha defendido sus intereses en un asunto cuya cuantía procesal es 500.000 €. Marta pregunta a su Abogado si está asegurado, en qué compañía y si tiene cubierto una eventual indemnización de 500.000€. ¿Qué obligación de información tiene el Abogado?. a) Debe poner en conocimiento del cliente todas las condiciones de aseguramiento de su responsabilidad civil. b) Solo debe poner en conocimiento del cliente si está asegurado o no y en qué compañía. c) Solo está obligado a facilitar al cliente su número de colegiación y a qué Colegio pertenece. d) No tiene que facilitar ninguna información en concreto.

El Abogado Sergio llega a un acuerdo con un enfermero del Hospital “XXYYZZ” para que haga una labor publicitaria de sus servicios entre las personas que ingresan en la UCI por accidentes de circulación y sus familiares con la finalidad de captarles como clientes. ¿Es correcta la actuación de Sergio?. a) Es perfectamente lícita pues se ajusta al ejercicio profesional en el ámbito de la libertad de mercado. b) Sí, siempre que tenga formación acreditada, pues la veracidad es el único límite de la publicidad, en caso contrario sería engañosa. c) No es correcta, pues los Abogados no pueden valerse de terceros para captar clientela. d) No es correcta, por la forma en que se realiza, ya que implica dirigirse a quienes sean víctimas de accidentes o infortunios recientes que carecen de la plena y serena libertad de elección.

En las conclusiones de un juicio oral la Abogada Sara, refiriéndose al Abogado de la parte contraria, expresa literalmente: “El Abogado de la parte demandante demuestra un desconocimiento absoluto de las leyes y no debería ejercer la Abogacía”. ¿Es deontológicamente correcto utilizar esa expresión?. a) Sí, porque dicha expresión puede resultar justificada para fortalecer el derecho de defensa del cliente e influir en el convencimiento de la Sala. b) No, al expresarse en conclusiones no admite la réplica del Abogado aludido, por lo que ha de entenderse que es una falta de consideración. c) No, porque dicha expresión es una alusión personal al Abogado contrario, al que además le falta al respeto. Es una expresión innecesaria para ejercicio del derecho de defensa del cliente. d) Sí, porque está amparada por la libertad de expresión, que en el caso del ejercicio de la Abogacía es prácticamente ilimitada, sin más límite que la Ley Orgánica del Poder Judicial o las leyes de enjuiciamiento.

El Abogado Antonio, incorporado como ejerciente al Colegio de Abogados de Badajoz el 2 de enero de 2022, quiere votar en las elecciones a miembros de la Junta de Gobierno de su Colegio que han sido convocadas con fecha 1 de septiembre de 2022. ¿Podrá Antonio votar en las elecciones conforme a lo que dispone el Estatuto General de la Abogacía Española?. a) Sí, puede participar como elector porque lleva más de tres meses colegiado al convocarse las elecciones. b) Sí, puede participar como elector desde el mismo día de la colegiación. c) No, porque todavía no lleva seis meses colegiado al convocarse las elecciones. d) No, porque los colegiados no pueden participar en las elecciones que se convoquen en su primer año de colegiación.

El Abogado Víctor recibe un requerimiento de información por parte del SEPBLAC (Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias) para que aporte determinada documentación que le ha sido facilitada por su cliente para su defensa en un procedimiento judicial sobre la propiedad de unas participaciones societarias. ¿Cuál de las siguientes conductas es correcta?. a) El Abogado deberá facilitar toda la información requerida salvo que el cliente lo haya excluido expresamente en la hoja de encargo. b) El Abogado deberá facilitar toda la información requerida en todo caso. c) El Abogado deberá facilitar toda la información requerida, una vez lo haya comunicado fehacientemente a su cliente. d) El Abogado no estará sometido a la obligación de facilitar la documentación requerida con respecto a la información que reciba en la defensa de procesos judiciales.

A Marcos, Abogado ejerciente del Colegio de la Abogacía de Barcelona, le solicita un cliente demandar por negligencia profesional a otro Abogado de su mismo Colegio, por un importe de 80.000 € de responsabilidad civil. ¿Qué debe hacer Marcos?. a) Deberá comunicarlo al Colegio de la Abogacía de Barcelona por si se considera oportuno realizar una labor de mediación antes de emprender acciones contra el compañero. b) Antes de demandar al compañero deberá hablar con él e intentar llegar a un acuerdo extrajudicial. c) Nada, pues un Abogado no puede demandar a otro. d) Presentar la demanda directamente, sin llevar a cabo ninguna actuación previa.

Alfonso, Abogado ejerciente, ha adquirido un teléfono móvil para el mejor desempeño de su actividad profesional. ¿Puede deducirse el importe del teléfono móvil en el IRPF?. a) Sí, en cualquier caso. b) Sí, siempre que pueda probarse que es utilizado para los fines profesionales y el uso personal del teléfono móvil sea irrelevante. c) No está previsto legalmente este supuesto. d) No, en ningún caso.

Darío es un Abogado ejerciente que ha facturado 3.000 € a un cliente por unos servicios profesionales. ¿Tiene que declarar estos ingresos si no los ha cobrado todavía?. a) Sí, en todo caso y en el año que se facturan, pues es indiferente que haya cobrado o no. b) Sí, obligatoriamente en estimación directa normal. c) Sí, como rendimiento del trabajo. d) No, si se acoge al criterio de cobros y pagos.

¿En qué supuesto podrá un Abogado ejerciente hacer uso de hechos o noticias sobre los cuales deba guardar el secreto profesional?. a) Nunca, pues la confidencialidad ha de ser guardada en cualquier supuesto. b) En caso de que sea sustituido por otro Abogado. c) Cuando lo considere necesario para la defensa de su cliente. d) Cuando se utilice para la propia defensa en un procedimiento de reclamación por responsabilidad civil.

María Isabel ha sido sancionada por el Colegio de Abogados de Toledo y tras agotar los recursos procedentes se plantea cambiarse de Colegio para que no le afecte la sanción. ¿Es esto posible?. a) Sí, pues las sanciones impuestas por los Colegios de la Abogacía solo tienen eficacia dentro del alcance territorial de la Comunidad Autónoma a la que pertenece dicho Colegio. b) No, pues las sanciones producirán efecto en el ámbito de todos los Colegios de la Abogacía de España. c) Sí, pues en materia disciplinaria no hay comunicación a los Colegios y Consejos Autonómicos. d) Sí, pues las sanciones impuestas por los Colegios de la Abogacía solo tienen eficacia dentro del alcance territorial de dicho Colegio.

Javier ha cometido una infracción prevista en el Estatuto General de la Abogacía Española. ¿Quién es competente para el ejercicio de la potestad disciplinaria?. a) El Colegio de la Abogacía de su territorio. b) El Colegio de la Abogacía de su territorio solo si la sanción es leve. c) El Consejo General de la Abogacía Española en todo caso. d) El Consejo General de la Abogacía Española solo si la sanción es grave.

Andrés es Abogado en Torrejón de Ardoz y desea cambiar su despacho a Madrid, ambos pertenecientes al mismo Colegio de la Abogacía. ¿Tiene que comunicar dicho cambio al Colegio?. a) Sí, pues es una obligación de los colegiados comunicar al Colegio el domicilio de su despacho profesional y los eventuales cambios. b) No, pues los dos domicilios pertenecen al territorio del mismo Colegio. c) No, pues los domicilios profesionales solo se comunican al Consejo General de la Abogacía Española. d) No, pues solo está obligado a comunicarlo a sus clientes.

Enrique, Abogado del Colegio de Madrid, ha sido nombrado Secretario de Estado de Cultura. ¿Debe comunicarlo al Colegio de la Abogacía?. a) No, pues es un tema privado. b) No, al ser un cargo público, el Colegio tendrá conocimiento de oficio. c) Sí, pues debe anotarse en su expediente de Abogado. d) Sí, pues al ser un alto cargo de la Administración estatal resulta incompatible con la condición de Abogado ejerciente.

Fernando se ha integrado en un despacho colectivo en forma no societaria. En el proceso de divorcio de su cliente Cristina, han señalado la fecha del juicio el mismo día en el que tiene la boda de su hija. Le sustituye un compañero del despacho. ¿Quién emitirá la factura?. a) Este nuevo Abogado emitirá la factura. b) La factura la emitirá Fernando. c) La factura la emitirá el despacho, correspondiendo el cobro, en todo caso, a Fernando. d) La factura la emitirá el despacho, sin perjuicio del régimen interno de distribución.

Un grupo de profesionales de la Abogacía pretende constituir una sociedad profesional y se plantea si deben suscribir seguros individuales o un seguro para la sociedad. ¿Qué deben suscribir?. a) Un seguro para la sociedad profesional y uno individual para cada uno de los integrantes de forma obligatoria. b) Un seguro para la sociedad profesional obligatoriamente, siendo voluntarios los seguros individuales de los integrantes. c) Es voluntaria la suscripción de seguros de uno y otro tipo. d) Un seguro específico e individual para cada uno de los miembros de la sociedad profesional de forma obligatoria, siendo voluntaria la suscripción del seguro colectivo.

El matrimonio formado por Luisa y José han decidido someter a mediación su disputa, pero en la segunda sesión Luisa se da cuenta de que no se va a llegar a un acuerdo y decide renunciar y abandonar la continuación del proceso de mediación. ¿Puede Luisa hacerlo?. a) Sí puede, pero solo si lo autoriza la autoridad judicial. b) No puede, porque una vez iniciado no cabe abandonar el proceso de mediación. c) Sí puede, en cualquier caso, sin necesidad de justificar el motivo ni solicitar autorización ni aprobación de nadie. d) Sí puede, siempre que lo justifique documentalmente y lo apruebe la persona mediadora.

En el ámbito de un proceso de mediación se mantienen negociaciones entre las personas mediadas para intentar alcanzar el acuerdo, pero, finalmente, este no llega, por lo que las partes deciden abandonar este proceso de mediación. Planteada la contienda judicial una de las partes desvela ante la autoridad judicial el contenido de estas negociaciones mantenidas en el ámbito del proceso de mediación. ¿Se pueden desvelar estas negociaciones?. a) Sí, pero si es el profesional de la Abogacía quien las desvela. b) Sí, pero únicamente por parte de la persona mediadora. c) Sí, siempre que ello no perjudique a ninguna de las partes. d) En ningún caso ya que la mediación es confidencial.

Miguel ha sido demandado por un acreedor que le reclama una deuda de 1.500 € en un juicio verbal. ¿Necesita Miguel valerse de Abogado y Procurador para este juicio verbal?. a) Sí, pues es preceptiva la intervención de Abogado y Procurador. b) Es preceptiva la intervención de Procurador, pero no de Abogado por razón de la cuantía. c) Solo es preceptiva la intervención de Abogado para la defensa de sus intereses. d) No es preceptiva la intervención de Abogado ni de Procurador pues es un asunto que se tramita por el cauce del juicio verbal por razón de la cuantía, que no excede de 2.000 €.

Manuel es parte demandada en un proceso civil y tiene enemistad manifiesta desde hace tiempo con el Juez que conoce del asunto. ¿Cuándo se debe formular la recusación?. a) En cualquier momento durante la tramitación del procedimiento. b) En el plazo de veinte días desde la notificación de la primera resolución por la que se conoce la identidad del Juez. c) Durante el plazo para contestar a la demanda. d) En el plazo de diez días desde la notificación de la primera resolución por la que se conoce la identidad del Juez.

Alicia y Pedro llevan dos años de matrimonio sin haber tenido hijos. Alicia presenta una demanda de nulidad matrimonial frente a Pedro, quien se opone a la nulidad solicitada. ¿Debe intervenir en este proceso el Ministerio Fiscal?. a) Sí, pues la intervención del Ministerio Fiscal es preceptiva en todos los procesos de nulidad matrimonial. b) No, salvo que lleguen a un acuerdo. c) No, pues no tienen hijos menores de edad. d) No, pues no han transcurrido diez años de matrimonio.

Mario, Abogado ejerciente, debe presentar un recurso de apelación contra una sentencia dictada por un Juzgado de Primera Instancia de Melilla. ¿Qué órgano es competente para resolver el recurso?. a) La Sección Primera de la Audiencia Provincial de Melilla. b) La Sección Primera de la Audiencia Provincial de Cádiz. c) La Sección Octava de la Audiencia Provincial de Sevilla. d) La Sección Octava de la Audiencia Provincial de Málaga.

Adolfo debe presentar un recurso de suplicación contra una sentencia dictada en un procedimiento de despido por un Juzgado de lo Social de León. ¿Qué órgano es competente para resolver el recurso?. a) La Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León con sede en Salamanca. b) La Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León con sede en Soria. c) La Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León con sede en Valladolid. d) La Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León con sede en León.

En un proceso civil el demandante reclama una indemnización de 150.000 € por lesión de su derecho al honor. La sentencia en primera instancia es desestimatoria. En segunda instancia la Audiencia Provincial estima el recurso. El demandado considera que esta sentencia no es ajustada a derecho y que vulnera el artículo 24 de la Constitución Española, por lo que desea impugnar la sentencia basándose en la vulneración de derechos fundamentales. ¿Qué trámites procesales debe llevar a cabo?. a) Promover un incidente excepcional de nulidad de actuaciones por vulneración de derechos fundamentales al amparo del artículo 228 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. b) Presentar directamente un recurso de amparo. c) Presentar directamente un recurso de casación. d) No puede impugnar esta sentencia.

En un proceso civil se reclama la nulidad de un contrato por vicios de consentimiento. Por otro lado, está pendiente causa penal por delito de estafa en relación con el contrato al que se refiere la demanda. ¿Debe acordarse la suspensión del proceso civil por prejudicialidad penal?. a) El Tribunal civil acordará la suspensión del proceso civil cuando esté pendiente solo de sentencia si considera que la cuestión penal condiciona la resolución del asunto civil. b) El Tribunal civil acordará la suspensión del proceso civil en todo caso. c) El Tribunal civil acordará la suspensión del proceso civil en cualquier momento procesal si considera que la cuestión penal condiciona la resolución del asunto civil. d) El Tribunal civil no puede acordar la suspensión del proceso civil.

Leonardo pretende demandar por daños a Emma, y con la finalidad de preparar adecuadamente la demanda solicita como diligencia preliminar que Emma exhiba el contrato de seguro de responsabilidad civil que cubre los daños ocasionados. El Juez concede la práctica de la diligencia solicitada, pero Emma considera que no procede legalmente. ¿Qué puede hacer Emma para impugnar la decisión judicial?. a) Presentar recurso de reposición contra el auto que acuerda la diligencia. b) Presentar recurso de apelación contra el auto que acuerda la diligencia. c) Presentar escrito de oposición a la práctica de la diligencia preliminar. d) Promover el incidente excepcional de nulidad de actuaciones.

Eva presenta al Tribunal minuta detallada de los honorarios devengados por su actuación en el proceso en defensa de Noelia, manifestando formalmente que los honorarios le son debidos y no han sido satisfechos. Noelia es requerida de pago por el Letrado de la Administración de Justicia tras lo cual impugna la minuta por considerar que los honorarios son excesivos. ¿Qué trámites se realizan para resolver esta impugnación?. a) El Letrado de la Administración de Justicia emplaza a la Abogada por tres días para que se pronuncie sobre la impugnación, y si no acepta la reducción, resolverá mediante decreto determinando la cantidad que deba satisfacerse. b) El Letrado de la Administración de Justicia dará traslado a la Abogada por tres días para que se pronuncie sobre la impugnación, y si no acepta la reducción, solicitará informe del Colegio de la Abogacía y, una vez emitido este, resolverá mediante decreto determinando la cantidad que deba satisfacerse. c) El Letrado de la Administración de Justicia dará traslado a la Abogada por tres días para que se pronuncie sobre la impugnación, y si no acepta la reducción, solicitará informe del Colegio de la Abogacía y, una vez emitido este, el Juez resolverá mediante auto determinando la cantidad que deba satisfacerse. d) El Letrado de la Administración de Justicia emplaza a la Abogada por tres días para que se pronuncie sobre la impugnación, y si no acepta la reducción, el Juez resolverá mediante auto determinando la cantidad que deba satisfacerse.

Alberto (promotor) y Juan (constructor) tienen ciertas diferencias a la hora de interpretar el correcto cumplimiento de las respectivas obligaciones que les incumben respecto a una cláusula incorporada a un contrato de ejecución de obra. Ambas partes pactaron a la hora de redactar dicho contrato la sumisión de cualquier conflicto, disputa o interpretación del contrato a arbitraje. ¿Es de obligatorio cumplimiento esta sumisión de tal forma que habrán de resolver su disputa las partes mediante arbitraje?. a) Sí, es obligatoria la sumisión en este caso a arbitraje, salvo que la parte a quien interese el cumplimiento del convenio arbitral no lo invoque mediante declinatoria. b) Dependiendo de la naturaleza del conflicto en este asunto puede ser obligatoria o no esta sumisión a arbitraje. c) Solo es obligatoria si las partes convalidan de mutuo acuerdo esta cláusula de sometimiento a arbitraje una vez que surge el conflicto o disputa. d) No obliga ya que siempre cabe acudir con preferencia a la autoridad judicial a voluntad de cualquiera de las partes.

¿Puede interponerse recurso de apelación ante la autoridad judicial contra el laudo definitivo que se dicte por el árbitro en un procedimiento de arbitraje?. a) Cabe interponer recurso de apelación, pero ante el mismo árbitro, para que este lo remita a la autoridad judicial para su resolución. b) Cabe interponer recurso de apelación, pero ante el mismo árbitro para que este vuelva a resolver el asunto. c) No cabe interponer recurso de apelación ante la autoridad judicial, pero sí la acción de anulación. d) Sí, pues la autoridad judicial siempre es preferente, en cualquier caso.

Una sociedad profesional dedicada al asesoramiento jurídico ha sufrido una violación de seguridad que afecta a los datos personales de sus clientes. ¿Qué debe hacer la sociedad profesional?. a) El Código Deontológico de la Abogacía y el deber de secreto profesional exime de la obligación de notificación a la autoridad. b) Debe notificar, en todo caso, la violación a la autoridad de control competente en materia de protección de datos. c) La notificará a la autoridad de control competente si es probable que la violación constituya un riesgo para los derechos y las libertades de los afectados. d) Bastará con que la notifique a su Delegado de Protección de Datos.

En un proceso laboral se estima íntegramente la demanda presentada por el trabajador demandante. El demandado no compareció en su día injustificadamente al acto de conciliación previa. ¿Cuál será el pronunciamiento de costas?. a) No habrá pronunciamiento sobre costas. b) Solo se impondrán las costas al demandado en el caso de temeridad o mala fe. c) No habrá condena en costas, pero sí una sanción pecuniaria por la inasistencia. d) Se le impondrán las costas al demandado incluidos honorarios hasta un límite de 600 € del Abogado o Graduado social colegiado del trabajador.

En la primera instancia de un proceso contencioso-administrativo se estima el recurso del demandante íntegramente frente a la Administración demandada. ¿Cuál será el pronunciamiento sobre costas?. a) En ningún caso se impondrán costas a la Administración. b) Se impondrán las costas al demandado solo en el caso de temeridad o mala fe. c) Se impondrán a la Administración demandada, salvo que el Tribunal aprecie y así lo razone, que el caso presentaba serias dudas de hecho o de derecho. d) No habrá pronunciamiento sobre costas.

Rubén ha sido demandado en un proceso civil en el que le reclaman un pago de 15.000 €. En otro proceso civil en el que también es demandado por una reclamación de cantidad distinta, Rubén ha obtenido el reconocimiento del derecho a la asistencia jurídica gratuita y está siendo defendido por un Abogado de oficio. Para el segundo proceso civil, ¿tiene Rubén que efectuar una nueva petición de asistencia jurídica gratuita?. a) Sí, deberá presentar una nueva solicitud ante el Colegio de la Abogacía territorialmente competente o ante el Juzgado del domicilio del interesado. b) No, el Abogado de oficio designado para el primer proceso civil asumirá la defensa en el segundo proceso. c) No, pues no tendrá derecho a la asistencia jurídica gratuita en este segundo proceso. d) Sí, deberá presentar una nueva solicitud ante el propio Abogado de oficio del primer proceso.

Entre las funciones que tiene atribuidas el Tribunal Constitucional en virtud de nuestro ordenamiento jurídico se encuentra la tutela de los derechos fundamentales reconocidos en los artículos 14 a 29 de la Constitución Española. ¿Cuál de los siguientes procedimientos sirve al Tribunal Constitucional para la realización de esta función?. a) El procedimiento de habeas corpus. b) La cuestión de inconstitucionalidad. c) El recurso de amparo constitucional. d) El recurso de apelación.

La Empresa de transportes terrestres XXYY S.L. realiza unos portes para la empresa ZZZZ S.L. Entre ambas empresas surgen diferencias sobre el cumplimiento de determinados aspectos acerca de la normativa de transportes, lo que provoca que la empresa ZZZZ S.L. se niegue al pago del servicio de portes. La empresa transportista XXYY S.L. acude al despacho de la Abogada Carmen para solicitarle que emprenda acciones legales. ¿Qué clase de Tribunal conocerá de esta demanda?. a) El Juzgado de Primera Instancia, al existir una negativa al pago. b) El Juzgado de lo Mercantil, al tratarse de un proceso en materia de transporte terrestre. c) El Juzgado de lo Social, al tratarse de un proceso entre dos sociedades de capital. d) El Juzgado de lo Contencioso-administrativo, al tratarse de un contrato.

El Ayuntamiento de Getafe suscribió un contrato privado con la compañía de teatro XXYYZZ S.L. para una actuación con motivo de la semana de la cultura de dicha localidad. Entre ambas partes contratantes han surgido desavenencias en relación con el pago de las cantidades pactadas en el contrato. ¿Ante qué orden jurisdiccional se planteará la demanda?. a) Ante los Tribunales del orden civil. b) Ante los Tribunales del orden penal. c) Ante los Tribunales del orden social. d) Ante los Tribunales del orden contencioso-administrativo.

Estefanía defiende los intereses de un empresario ruso sobre operaciones relativas a la compraventa de inmuebles. Este empresario se sirve de un intermediario para hacerle los encargos a Estefanía y pagarle los servicios prestados. ¿Puede Estefanía gestionar estos servicios del empresario ruso teniendo en cuenta lo previsto en la Ley 10/2010, de 28 de abril, de Prevención del Blanqueo de Capitales y de la Financiación del Terrorismo?. a) No puede gestionar los servicios en ningún caso, pues no le conoce personalmente. b) No puede gestionar los servicios en ningún caso, puesto que no tiene certeza de que le pague el propio empresario ruso. c) Sí puede gestionar los servicios en todo caso, sin tener que realizar ninguna actuación al respecto. d) Sí puede gestionar los servicios siempre que el intermediario le facilite los datos del titular real de la operación y le exhiba los documentos oportunos.

María es Graduada social y ha decidido pedir el ingreso en el Colegio de Abogados de Granada donde ejerce profesionalmente para poder ejercer como Abogada en la jurisdicción social. ¿Es posible lo que quiere hacer María?. a) No es posible, pues se exige ser licenciado o graduado en Derecho además de haber superado la prueba de acceso a la Abogacía. b) Sí es posible, pero solo podrá ejercer en la jurisdicción social. c) Sí es posible, pero no podrá ejercer hasta que el Colegio de Abogados le entregue el carnet profesional. d) Sí es posible, pero deberá superar un curso específico de Derecho Laboral.

Jaime, que está colegiado en Madrid y tiene como cliente a un constructor que desarrolla su actividad profesional por toda España, debe intervenir en un proceso judicial ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía. ¿Cuál de las siguientes proposiciones es la correcta?. a) Jaime puede intervenir ante cualquier órgano judicial del territorio español sin necesidad de habilitación especial. b) Jaime deberá darse de baja de su actual Colegio para colegiarse en alguno de los Colegios de la Comunidad Autónoma de Andalucía. c) Jaime no podrá defender los intereses de su cliente debiendo ser sustituido por otro Abogado colegiado en alguno de los Colegios de la Comunidad Autónoma de Andalucía. d) Jaime necesitará una habilitación especial del Consejo General de la Abogacía Española.

La Letrada de la Administración de Justicia ha dictado un decreto en el recurso contencioso administrativo que el Abogado Pedro interpuso como procedimiento ordinario y, aunque Pedro interpuso recurso de reposición, este ha sido desestimado. ¿Cuál de las siguientes conductas es deontológicamente correcta?. a) El Abogado ha de informar al cliente de la evolución del asunto y de las resoluciones trascendentes, lo que implica comunicarle tanto el decreto como el recurso. b) Al ser preceptiva la intervención de Abogado no es necesario informar al cliente ya que el Abogado ostenta su defensa. c) No es preciso informar al cliente de la inadecuación de procedimiento porque únicamente ha de comunicársele la resolución definitiva. d) El Abogado ha de informar al cliente de la desestimación de los recursos interpuestos en su interés únicamente si en la resolución desestimatoria se imponen las costas al cliente.

Matías, Abogado colegiado ejerciente, ha sido condenado en sentencia firme a la pena de prisión de seis meses y un día de inhabilitación especial para el derecho del sufragio pasivo, por haber estafado a sus clientes la cantidad de 12.000 €. ¿Pierde necesariamente Matías la condición de colegiado como consecuencia de dicha condena penal?. a) Sí, en todo caso. b) No, dado que solo las condenas por delitos contra la Administración de Justicia producen la pérdida automática de la condición de colegiado. c) Sí, pues toda condena penal firme lleva aparejada la pérdida de la condición de colegiado. d) No, en todo caso.

Juan, español, mayor de edad, residente en Lucena y en posesión de título oficial que habilita para el ejercicio de la profesión de la Abogacía, pretende colegiarse como no ejerciente en el Colegio de Abogacía de dicha localidad. Sin embargo, actualmente se encuentra incurso en causa de incapacidad que impide el cumplimiento de la misión de defensa y asesoramiento que a los profesionales de la Abogacía se encomienda. ¿Podrá Juan colegiarse en dichas circunstancias?. a) Sí, previa superación de una prueba de aptitud específicamente diseñada por el Colegio de Abogacía del lugar para esos casos. b) No, al constituir causa de incapacidad para el ejercicio de la Abogacía prevista como tal en el Estatuto General de la Abogacía. c) Sí. d) No, salvo dispensa otorgada por el Consejo General de la Abogacía Española.

Amaya, Abogada en ejercicio, especializada en responsabilidad civil derivada de vehículos a motor, está diseñando una estrategia publicitaria para atraer nuevos clientes a su despacho. Para ello, ha publicado anuncios en los que invita a sus futuros clientes a darse “golpecitos” con sus coches asegurando que debido a su cualificación y profesionalidad ello no será obstáculo para obtener el cobro de la pertinente indemnización. ¿Son conformes estos anuncios con la normativa de publicidad en el ámbito de la Abogacía?. a) Sí, siempre que respete el plazo de cuarenta y cinco días posteriores al siniestro para dirigirse a los intervinientes en la colisión. b) No, en todo caso. c) Sí, pues para ello no ha revelado de forma directa o indirecta hechos, datos o situaciones amparadas por el secreto profesional. d) Sí, siempre que por el diseño del anuncio se desprenda que el texto hace hincapié en los aspectos relativos a la cualificación y profesionalidad.

El Juzgado de Instrucción nº 1 de Guadalajara ha acordado la entrada y registro en el despacho profesional de Abogados “QQQQ” debido a indicios de un posible delito de blanqueo de capitales. El socio principal del despacho ha pedido al Decano de su Colegio de Abogacía que asista a dicha intervención para garantizar la proporcionalidad de la misma. Sin embargo, por problemas de agenda, el Decano declina la petición. ¿Es necesaria en este caso la asistencia del Decano?. a) Sí, dado que dicha intervención es obligatoria y personalísima, sin posibilidad de denegación o sustitución. b) No, siempre que designe a quien a tal fin le sustituya. c) Sí, pues su presencia es siempre preceptiva en los casos de entradas y registros que afecten a cualquiera de sus colegiados en el ejercicio de la Abogacía. d) No, pues quien ha de estar necesariamente en las entradas y registros ha de ser el interesado, o un familiar suyo mayor de edad, o dos testigos vecinos del mismo pueblo.

Ángela, quien está en posesión de título oficial habilitante para la profesión de la Abogacía, decide publicitar servicios profesionales de asesoramiento jurídico utilizando la denominación “Abogada”. ¿Puede Ángela emplear dicha denominación?. a) Sí, siempre que además se haya incorporado a un Colegio de la Abogacía como no ejerciente. b) Sí, siempre que además se haya incorporado a un Colegio de la Abogacía como ejerciente. c) No, en todo caso. d) Sí, en todo caso.

Xoel, Abogado ejerciente, incorporado al Colegio de la Abogacía de Santiago de Compostela, acude a la ciudad de Valencia para ejercer la defensa en juicio de uno de sus clientes ante diversos juzgados de dicha localidad. ¿Puede Xoel actuar profesionalmente en lugar distinto al del Colegio en el que se haya incorporado?. a) Sí, siempre que haya obtenido habilitación del Colegio de la Abogacía de Valencia. b) Sí, siempre que haya obtenido autorización del Colegio de la Abogacía de Santiago de Compostela. c) Sí. d) No, salvo convenio entre ambos Colegios de la Abogacía.

Rosa, Abogada en ejercicio, ha grabado una conversación telefónica con uno de sus clientes en relación a cuestiones relativas al pleito en el que ella le representa, para así poder protegerse en caso de que la conclusión del asunto no fuera del agrado de dicho cliente. ¿Es correcto deontológicamente el proceder de Rosa?. a) Sí, siempre que no divulgue a terceros el contenido de dicha grabación. b) No, pues debía haberlo advertido antes a su cliente. c) Sí, siempre que limite su uso a defenderse de las represalias de su cliente por la llevanza del asunto. d) No, dado que se trataba de una conversación telefónica.

Marc, Abogado en ejercicio, que representó hace quince años a Laura en un famoso asunto de divorcio, ha vendido a un periódico la documentación de aquel pleito aprovechando la renovada importancia mediática del asunto al haberse producido la muerte del exmarido de su antigua clienta. ¿Es la actuación de Marc contraria a la obligación de guardar secreto profesional?. a) No, al haber transcurrido más de diez años desde que cesó en la prestación de servicios a su clienta. b) No, debido al interés mediático objetivo de la información divulgada. c) Sí, salvo autorización expresa de su antigua clienta. d) Sí, al no haber transcurrido veinte años desde que cesó en la prestación de servicios a su clienta.

Isabel, Abogada en ejercicio, debido a continuos desencuentros con uno de sus clientes, decide llamarle por teléfono y comunicarle que renuncia a su dirección letrada. El cliente se opone a dicha renuncia recordándole que está pendiente la celebración del Juicio Oral dentro de cuatro meses. ¿Es correcta y procedente la renuncia de Isabel?. a) Sí, pues la renuncia es posible, de forma oral o escrita, en cualquier fase del procedimiento. b) No, pues, al haber manifestado el cliente su oposición y hallarse pendiente la celebración del Juicio Oral, la renuncia no surte efectos hasta que este se haya celebrado. c) Sí, al haber comunicado su renuncia con la antelación de un mes a la celebración del juicio tal y como exige el Estatuto General de la Abogacía. d) No, pues para que dicha renuncia surta efectos ha de hacerse por escrito.

¿Cuál de las siguientes sanciones disciplinarias no pueden imponerse a los profesionales de la Abogacía que sean tutores de prácticas externas de los másteres de acceso a la profesión?. Multa. Apercibimiento verbal. Expulsión del Colegio. Apercibimiento por escrito.

Son infracciones muy graves de los profesionales de la Abogacía: a) La condena en sentencia firme por delitos dolosos o imprudentes, en cualquier grado de participación, como consecuencia del ejercicio de la profesión. b) La condena penal firme por la comisión de delitos leves dolosos como consecuencia del ejercicio de la profesión. c) La condena en sentencia firme a penas menos graves conforme al artículo 33.2 del Código Penal. d) El ejercicio de la profesión en vulneración de resoluciones administrativas firmes de inhabilitación o prohibición del ejercicio profesional.

Roberto, Abogado en ejercicio, ha sido sancionado disciplinariamente por su Colegio de la Abogacía por la comisión de una infracción leve consistente en impugnar reiterada e injustificadamente los honorarios de otros profesionales de la Abogacía. ¿Cuándo prescribirá la sanción impuesta a Roberto?. a) A los seis meses desde el día siguiente en que pueda ser ejecutada. b) Al año desde el día en que la infracción se hubiera cometido. c) A los seis meses desde el día en que la infracción se hubiera cometido. d) Al año desde el día siguiente en que pueda ser ejecutada.

La anotación de las sanciones en el expediente particular de la sociedad profesional se cancelará cuando hayan transcurrido: a) Un año en caso de sanción de multa pecuniaria de 300 hasta 1.501 €. b) Un año en caso de sanción de multa pecuniaria de 300 hasta 1.500 €. c) Seis meses en caso de sanción de multa pecuniaria de 300 hasta 1.500 €. d) Seis meses en caso de sanción de multa pecuniaria de 300 hasta 1.501 €.

Jon, Abogado no ejerciente, ha incumplido su obligación de pagar las cuotas correspondientes al Colegio de la Abogacía en el que se encuentra incorporado. ¿Conllevará dicho impago la imposición de algún tipo de sanción disciplinaria para Jon?. a) No, pues a los Abogados no ejercientes no se les aplica el régimen disciplinario previsto para los ejercientes. b) Sí, en los casos en que se entienda que ha incurrido en una infracción menos grave. c) No, pues dicho incumplimiento no se contempla como infracción especifica en el régimen disciplinario de los no ejercientes. d) Sí, en los casos en que se entienda que ha incurrido en una infracción grave.

De acuerdo con lo establecido en el Estatuto General de la Abogacía y con lo que disponga la legislación estatal y autonómica, cada Colegio de la Abogacía será regido por: a) Únicamente por la Asamblea General, una Junta de Gobierno, una Sección Especializada y el Decano. b) Únicamente por una Asamblea General, una Junta General, una Junta de Gobierno y el Decano. c) Únicamente por la Junta o Asamblea General, la Junta de Gobierno y el Decano. d) Únicamente por una Junta General, una Junta de Gobierno, una Secretaría Técnica y el Decano.

Laia, quien acaba de incorporarse como Abogada ejerciente al Colegio de la Abogacía de su localidad, tiene la intención de emitir su voto en las elecciones a la Junta de Gobierno que tendrán lugar el mes siguiente a su colegiación. ¿Podrá Laia ser electora en dicho proceso electoral?. a) No, pues para ello es necesario estar incorporado al Colegio con más de tres meses de antelación a la fecha de la convocatoria de las elecciones. b) Sí, pues para ello es suficiente con estar incorporado al Colegio con un mes de antelación al día de celebración de las elecciones. c) No, pues para ello es necesario una antigüedad de un año para poder tomar parte en cualquier proceso electoral que el Colegio de la Abogacía celebre. d) Sí, pues, a diferencia de los no ejercientes, los Abogados ejercientes no requieren de antigüedad alguna para poder tomar parte en cualquier proceso electoral que el Colegio de la Abogacía celebre.

Eduardo, Abogado en ejercicio, disconforme con la gestión llevada a cabo por el Decano del Colegio de la Abogacía en el que se halla incorporado, el cual cuenta con más de cinco mil profesionales de la Abogacía, tres mil como ejercientes y dos mil como no ejercientes, ha comenzado a recoger firmas para la convocatoria de una Junta General Extraordinaria con la finalidad de emitir voto de censura contra el Decano. ¿Qué número de firmas deberá obtener Eduardo para solicitar la convocatoria de la Junta General Extraordinaria?. a) Un mínimo del 15 por 100 de los colegiados ejercientes o no ejercientes, incorporados al menos con tres meses de antelación. b) Un mínimo del 20 por 100 de los colegiados ejercientes, incorporados al menos con tres meses de antelación. c) Un mínimo del 15 por 100 de los colegiados ejercientes, incorporados al menos con tres meses de antelación. d) Un mínimo del 20 por 100 de los colegiados ejercientes o no ejercientes, incorporados al menos con tres meses de antelación.

En defecto de otra regulación específica, ¿qué causas son motivo de cese como miembro de la Junta de Gobierno de los Colegios de la Abogacía previstas en el artículo 80 del Estatuto General de la Abogacía?. a) Remoción. b) Presentación de moción de censura. c) Falta de asistencia injustificada a tres sesiones consecutivas de la Junta de Gobierno o a seis alternas en el término de un año, previo acuerdo de la propia Junta. d) Renuncia.

Elena, Abogada no ejerciente, condenada a la pena de multa de tres meses por la comisión de un delito leve de hurto, y miembro, a su vez, del Colegio de Mediadores, tiene la intención de presentarse como candidata a las próximas elecciones a la Junta de Gobierno del Colegio de la Abogacía en el que se encuentra incorporada. Elena se halla al corriente del pago de sus cuotas colegiales. ¿Puede Elena ser elegida miembro de la Junta de Gobierno?. a) Sí, pues se encuentra al corriente del pago de las cuotas colegiales. b) No, pues es causa de inelegibilidad el ser miembro de otro Colegio Profesional. c) Sí, pues la condena penal impuesta no lleva aparejada inhabilitación para el ejercicio de la profesión. d) No, pues los no ejercientes no puede ser elegidos a la Junta de Gobierno.

No constituyen recursos económicos de los Colegios de la Abogacía: a) Las cuotas de incorporación. b) Los derechos que correspondan por expedición de certificaciones. c) Las subvenciones o donativos que se concedan al Colegio por las Administraciones públicas o por personas físicas o jurídicas de Derecho privado. d) El importe de las multas coercitivas impuestas para la ejecución de lo mandado.

Julián y Marta, ambos profesionales de la Abogacía en ejercicio, aunque no se han constituido en sociedad profesional, comparten los gastos corrientes del local que ambos utilizan para el ejercicio de su profesión. Cada uno emplea una denominación distinta, pero comparten clientes para determinados asuntos. ¿Puede presumirse que ambos ejercen colectivamente la profesión?. a) Sí, pues el hecho de compartir clientes, gastos y ubicación, constituyen presunciones de ejercicio colectivo de la profesión. b) No, pues para ello es siempre necesario constituirse en sociedad profesional. c) Sí, en todo caso. d) No, en todo caso.

Según el Estatuto General de la Abogacía, no son deberes de los profesionales de la Abogacía: a) Comunicar al Colegio la intención de interponer, en nombre propio o del cliente, una acción de responsabilidad civil o penal contra otro profesional de la Abogacía, derivada del ejercicio profesional. b) No atribuirse facultades distintas de las conferidas por el cliente. c) Pedir la declaración testifical del profesional de la Abogacía de la parte contraria o de otros profesionales de la Abogacía que hubieran tenido alguna implicación profesional en el asunto. d) Comunicar el cese o interrupción de las negociaciones extrajudiciales antes de presentar reclamación judicial o, en su caso, de solicitar la ejecución de una resolución.

Elisa, Abogada que ejerce por cuenta propia, está dada de alta en una Mutualidad de previsión social alternativa al RETA. ¿Qué prestaciones mínimas están incluidas en su cobertura?. a) Las mismas prestaciones que ofrece el sistema público: jubilación, invalidez permanente, incapacidad temporal incluyendo maternidad, paternidad, riesgo de embarazo y fallecimiento que pueda dar lugar a viudedad y/o orfandad. b) Las coberturas de jubilación e incapacidad permanente. c) Las coberturas de invalidez permanente, incapacidad temporal y fallecimiento. d) Depende de las coberturas que haya pactado Elisa con la Mutualidad.

Carlos, Abogado en ejercicio, recibe el encargo de un cliente de presentar una demanda de modificación de medidas civiles. Transcurrido un tiempo, Carlos le indica a su cliente que ya ha presentado la demanda, a pesar de no haberlo hecho realmente. ¿En qué clase de responsabilidad podría incurrir Carlos?. a) Responsabilidad civil, penal y disciplinaria, según proceda. b) Responsabilidad civil derivada del delito y en responsabilidad penal, la cual excluye la responsabilidad disciplinaria por aplicación del principio non bis in idem. c) Responsabilidad civil o, alternativamente, en responsabilidad penal exclusivamente. d) Responsabilidad civil, penal y de policía de estrados.

Una sociedad profesional dedicada al asesoramiento jurídico ha sufrido una violación de seguridad que afecta a los datos personales de sus clientes. ¿Cómo debe proceder la sociedad ante dicha circunstancia?. a) Notificará, en todo caso, la violación a la autoridad de control competente en la materia. b) Notificará a la autoridad de control dicha violación de seguridad solo si es probable que la violación constituya un riesgo para los derechos y las libertades de los afectados. c) Bastará con que notifique la violación a su Delegado de Protección de Datos. d) De ninguna forma, dado que el Código deontológico de la Abogacía y el deber de secreto profesional eximen de la obligación de notificar a la autoridad.

Paula, quien acaba de colegiarse como ejerciente, pretende constituir una sociedad profesional con su compañero Rafael. Ambos contratan un seguro de responsabilidad civil profesional, si bien de forma individual. ¿Es necesario que contraten un seguro para constituirse en sociedad profesional?. a) No, es suficiente con que se aseguren ellos individualmente. b) Sí, en todo caso. c) No es necesario, aunque es conveniente hacerlo. d) Depende de si la sociedad está compuesta por socios que no ejerzan la Abogacía.

Concepción, Abogada ejerciente, que presta servicios por cuenta ajena para un despacho de Abogados en régimen de relación laboral especial, tiene dudas acerca de cómo hacer su declaración de la renta. ¿Cómo deberá declarar Concepción en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas las retribuciones que perciba de dicho despacho?. a) Como rendimientos de trabajo si dichas retribuciones no superan los 60.000 € anuales, pero si superan dicha cifra las retribuciones, habrán de declararse como rendimientos de actividades económicas. b) Como rendimientos de actividades económicas, determinándose dicho rendimiento por el régimen de estimación directa. c) Como rendimientos de actividades económicas, por el régimen de estimación objetiva. d) Como rendimientos del trabajo.

Juan Pedro, Abogado en ejercicio, está haciendo limpieza en su despacho y decide tirar en el contenedor más cercano una serie de expedientes relativos a pleitos con más de veinticinco años de antigüedad. ¿Es correcto el proceder de Juan Pedro?. a) Sí, siempre que sean únicamente datos de clientes con los que ya no se mantiene ninguna relación. b) No, porque, aunque sean datos antiguos su destrucción debe llevarse a cabo con pleno respeto de las medidas de seguridad. c) Sí, salvo que se trate de datos de carácter sensible, en cuyo caso deberán ser siempre custodiados en su despacho hasta que deje el ejercicio de la Abogacía. d) No, pues el plazo de conservación de los datos en el ámbito de Abogacía expira a los treinta años.

El matrimonio formado por Carles y Eduard ha decidido someter a mediación su disputa. En la segunda sesión, Eduard observa que no van a poder llegar a un acuerdo, por lo que decide renunciar y abandonar el proceso de mediación. ¿Puede hacerlo?. a) No. Una vez iniciado el proceso de mediación, no cabe abandonarlo. b) Sí, por causa justificada y con la aprobación de la persona mediadora. c) Sí, pero necesitará de la aprobación de Carles. d) Sí, dado que nadie está obligado a mantenerse en el procedimiento de mediación ni a concluir un acuerdo.

Pau tiene reconocido el derecho a la asistencia jurídica gratuita, por lo que se le ha designado para su defensa a una Abogada del turno de oficio, Àngels. Pau quiere escoger libremente como Procurador a su amigo Joan. ¿Puede hacerlo?. a) Sí, y además Pau no tendrá que hacerse cargo de los honorarios de Joan al tener reconocido el derecho a la asistencia jurídica gratuita. b) Sí, pero Pau tendrá que hacerse cargo de los honorarios de Joan. c) No, puesto que en ningún caso pueden actuar simultáneamente un profesional de la Abogacía del turno de oficio y un profesional de la Procura libremente elegido. d) No, salvo que Joan renuncie por escrito a percibir sus honorarios.

A Arantxa se le ha notificado una resolución por la que se le deniega el derecho a la asistencia jurídica gratuita, por lo que decide impugnarla. Tramitada su impugnación, el Juez competente dicta un auto manteniendo la resolución impugnada. ¿Qué recurso puede interponer Arantxa contra dicho auto?. a) No cabe recurso alguno. b) Recurso de apelación ante la Audiencia Provincial. c) Recurso de reforma ante el mismo Juez que lo ha dictado. d) Recurso de revisión ante el/la Letrado/a de la Administración de Justicia.

Marisa (vendedora) y Manel (comprador) no se ponen de acuerdo a la hora de interpretar una de las cláusulas de un contrato de compraventa que ambos suscribieron, por lo que deciden someter dicha disputa a arbitraje. ¿Cuál es el órgano competente para el nombramiento del Árbitro?. a) El Juzgado de Primera Instancia del lugar del arbitraje. b) La Audiencia Provincial del lugar del arbitraje. c) El Árbitro será designado por Manel, a su elección, al ser el comprador. d) La Sala de lo Civil y de lo Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Autónoma donde tenga lugar el arbitraje.

Laura es la Abogada de Irene, quien ha sido condenada en sentencia firme por un delito de robo con violencia. Laura desea interponer recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional al considerar que a lo largo del proceso judicial se vulneraron los derechos fundamentales de su clienta. ¿Qué plazo tiene Laura para interponer este recurso?. a) Noventa días desde la notificación de la resolución recaída en el proceso judicial. b) Sesenta días desde la notificación de la resolución recaída en el proceso judicial. c) Treinta días desde la notificación de la resolución recaída en el proceso judicial. d) Veinte días desde la notificación de la resolución recaída en el proceso judicial.

Ana, residente en Madrid, quiere demandar a la aerolínea AAZZ por un retraso de seis horas en su vuelo a Canarias. ¿Qué Juzgado es competente para conocer de esta demanda?. a) El Juzgado de lo Mercantil del domicilio de Ana. b) El Juzgado de Primera Instancia del domicilio de Ana. c) El Juzgado de lo Mercantil del domicilio social de la aerolínea. d) El Juzgado de lo Contencioso-administrativo del domicilio de Ana.

¿El enjuiciamiento de cuál de los siguientes delitos no sería competencia de la Audiencia Nacional?. a) Un delito de fraude alimentario cometido por una organización criminal que afecte a varias provincias. b) Un delito de estafa con generalidad de perjudicados que afecta a más de una Comunidad Autónoma. c) Un delito de tráfico de drogas en cantidad que exceda notablemente de la considerada como de notoria importancia. d) Un delito de lesiones contra el/la Consorte del titular de la Corona.

Marina, acreedora de Cristóbal por una deuda de 1.600 €, desea acudir a conciliación para evitar un pleito. ¿Necesita Marina a un profesional de la Abogacía para el expediente de conciliación?. a) No, pero sí necesitará de la intervención de un profesional de la Procura que la represente. b) No, en los expedientes de conciliación no será preceptiva la intervención de profesionales de la Abogacía ni de la Procura. c) Sí, en los expedientes de conciliación es preceptiva tanto la intervención de profesional de la Abogacía como de la Procura. d) No será necesario para la solicitud de conciliación, pero sí que será preceptiva la intervención de profesional de la Abogacía en la celebración del acto de conciliación.

Marcos, Abogado, ha recibido un auto del Juzgado de Primera Instancia estimando la concurrencia de prejudicialidad civil, ya que la Jueza ha considerado que para resolver sobre el objeto del litigio es necesario primero decidir sobre otra cuestión que constituye, a su vez, el objeto principal de otro proceso pendiente ante otro Juzgado de Primera Instancia, sin que sea posible la acumulación de autos. ¿Qué consecuencia podrá tener el auto de prejudicialidad civil en la tramitación del proceso pendiente ante el Juzgado que lo ha dictado?. a) El Juzgado podrá conocer directamente las actuaciones pendientes ante el otro tribunal y resolverlas conjuntamente con efectos de cosa juzgada en ambos procesos. b) El Juzgado podrá decretar la suspensión del curso de las actuaciones en el estado en que se hallen hasta que finalice el proceso que tenga por objeto la cuestión prejudicial. c) El Juzgado deberá continuar el curso de las actuaciones y solo podrá suspender el proceso, una vez que esté pendiente del dictado de la sentencia. d) El Juzgado deberá sobreseer el proceso por litispendencia.

Martina, Abogada, desea plantear una cuestión incidental dentro de un procedimiento ordinario civil. ¿Hasta qué momento procesal puede hacerlo?. a) En cualquier momento del procedimiento, pero siempre antes del dictado de la sentencia. b) En el procedimiento ordinario civil, no cabe plantear cuestiones incidentales. c) Antes de que haya sido admitida la prueba propuesta. d) Antes de que se haya iniciado el juicio.

Yolanda, parte actora en un procedimiento ordinario civil promovido frente a cuatro demandados, ha visto desestimada la totalidad de sus pretensiones. La Jueza la ha condenado en costas al apreciar temeridad en su demanda. ¿Cuánto deberá pagar Yolanda?. a) La totalidad de las costas ocasionadas a cada uno de los demandados al haberse apreciado temeridad. b) Una cantidad total, al conjunto de los demandados, que no exceda de la tercera parte de la cuantía del proceso. c) A cada demandado una cuarta parte de las costas ocasionadas. d) Una cantidad total que no exceda de las dos terceras partes de la cuantía del proceso.

Durante un procedimiento monitorio, la Jueza de Primera Instancia considera que Vera, Abogada de la parte demandada, ha actuado conculcando las reglas de la buena fe procesal. ¿Puede la Jueza multar a Vera por este motivo?. a) Sí, podrá imponerle una multa que en ningún caso puede superar la tercera parte de la cuantía del litigio. b) No, pero podrá apercibirla formalmente para que deponga su actitud. c) No, solo cabe interponer multa a alguna de las partes, pero no a los profesionales que intervienen en el proceso. d) No, pero podrá dar traslado de tal circunstancia a su Colegio profesional por si pudiera proceder la imposición de algún tipo de sanción disciplinaria.

¿Cuál de los siguientes recursos no es competencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea?. a) Recurso por incumplimiento. b) Recurso por responsabilidad extracontractual. c) Recurso por omisión. d) Recurso por suplicación.

Mario interpuso una demanda en un procedimiento ordinario contra la mercantil MMMXXX S.A. Tras la contestación de la demanda y un mes antes del juicio, la empresa demandada se allana a las pretensiones contenidas en la demanda de Mario. En este caso, ¿tendrá la mercantil MMMXXX S.A. que abonar las costas a la parte actora?. a) No. En los casos de allanamiento no procederá la imposición de costas, salvo que el Tribunal aprecie mala fe en el demandado. b) Sí, salvo que el Tribunal aprecie, y así lo razone, que el caso presentaba serias dudas de hecho o de derecho. c) En los casos de allanamiento, cada parte abonará las costas causadas a su instancia y las comunes por mitad, salvo que el Tribunal aprecie que la demandada actuó con temeridad. d) Sí, siempre, con independencia de que el caso sea dudoso, puesto que el allanamiento debería haberse producido antes de la contestación a la demanda.

Luis, víctima, y Carlos, investigado, están inmersos en un proceso penal por un delito de lesiones del artículo 147.1 del Código Penal. Luis reclama a Carlos 2.500 € en concepto de responsabilidad civil. ¿Es posible firmar un contrato de transacción por esa cantidad poniendo fin a la causa penal?. a) Sí, se puede transigir sobre la acción civil proveniente de un delito y poner fin al proceso penal. b) No, una vez iniciado el proceso penal, no es posible transacción sobre la acción civil proveniente del delito. c) No. En ningún caso puede transigirse sobre la acción civil proveniente de un delito. d) Sí, se puede transigir sobre la acción civil proveniente de un delito, pero no por eso se extinguirá la acción pública para la imposición de la pena legal.

Xulia ha sido designada por el turno de oficio como Abogada de Alba para un procedimiento de divorcio. Durante el curso del procedimiento, Xulia desea renunciar a la asistencia de esta clienta, ya que es muy problemática. ¿Podrá hacerlo?. a) Sí, pero para ello deberá alegar un motivo personal y justo, que será apreciado por los Decanos de los Colegios. b) Sí, en cualquier fase del procedimiento, siempre que no se cause indefensión al cliente, estando obligada a despachar los trámites procesales urgentes. c) Sí, pero siempre que el órgano judicial ante el que se está tramitando el procedimiento acepte esta renuncia. d) No, dado que solo en el orden penal pueden los profesionales de la Abogacía designados por el turno de oficio excusarse de la defensa.

Fuencisla, Abogada, ha sido designada por el turno de oficio para la defensa de los intereses de María Elena, quien tiene reconocido el derecho a la asistencia jurídica gratuita. María Elena pretende interponer una querella contra una Magistrada de su ciudad porque considera que ha cometido un delito de prevaricación. Tras estudiar el asunto, a Fuencisla le parecen totalmente descabelladas las pretensiones de María Elena. ¿Qué puede hacer?. a) Nada, al estar obligada a asumir la defensa de María Elena en todo caso. b) Presentar, en cualquier momento, informe de insostenibilidad en el que exponga los motivos jurídicos en los que fundamenta su decisión. c) Renunciar a la asistencia de María Elena, al resultar claramente insostenible la pretensión. d) Presentar un informe de insostenibilidad dentro de los quince días siguientes a su designación, comunicando a la Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita los motivos jurídicos en los que fundamenta su decisión.

Mireia, Abogada, ejerce la defensa de una clienta ante la Audiencia Provincial de Barcelona. Durante la tramitación del procedimiento se ha discutido el sentido de una norma del Derecho de la Unión Europea que la Audiencia Provincial debe aplicar para resolver adecuadamente este litigio. ¿Puede plantear la Audiencia Provincial una cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia de la Unión Europea?. a) Sí, puesto que cualquier órgano jurisdiccional de un Estado miembro está legitimado para hacerlo. b) No, puesto que solo aquellos órganos jurisdiccionales de un Estado miembro cuyas decisiones no sean susceptibles de ulterior recurso judicial de Derecho interno tienen legitimación para plantear cuestiones prejudiciales. c) No, puesto que solo el Tribunal Supremo está legitimado para plantear cuestiones prejudiciales ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. d) No, porque solo están legitimados los particulares, personas físicas o jurídicas, que, por haber sufrido un perjuicio, tengan interés legítimo en dicha interposición.

Gonzalo ejerce la defensa de Cristina en un proceso penal. El Juez de Instrucción ha dictado un auto, sin motivar, de continuación por los trámites del procedimiento abreviado, por lo que Gonzalo estima que se ha vulnerado el derecho a la tutela judicial efectiva de su cliente. ¿Qué podría hacer Gonzalo ante esta situación?. a) Interponer incidente de nulidad de actuaciones ante el mismo Juez que ha dictado el auto. b) Interponer incidente de nulidad de actuaciones ante la Audiencia Provincial. c) Interponer recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional. d) Interponer recurso de reforma o apelación contra el auto.

Lorena, Abogada de Málaga, tiene un cliente con domicilio en dicha ciudad que quiere interponer una demanda sobre marca comunitaria, al amparo de lo previsto en el Reglamento n.º 40/94 del Consejo de la Unión Europea, de 20 de diciembre de 1993, contra una mercantil de Madrid. ¿Ante qué Juzgados deberá interponer dicha demanda?. a) Ante los Juzgados de lo Mercantil de Madrid. b) Ante los Juzgados de lo Mercantil de Málaga. c) Ante los Juzgados especializados de lo Mercantil de Alicante, denominados de Marca Comunitaria. d) Ante los Juzgados especializados de Primera Instancia de Alicante, denominados de Marca Comunitaria.

Marina, Abogada, va a interponer un recurso de suplicación contra una resolución dictada por un Juzgado de lo Social de Cádiz. ¿Ante qué órgano debe interponer este recurso?. a) Ante la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía con sede en Sevilla. b) Ante la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía con sede en Granada. c) Ante la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía con sede en Málaga. d) Ante la Sala de lo Social de la Audiencia Provincial de Cádiz.

Saturnino (promotor) y Yeray (constructor) tienen diferencias a la hora de interpretar una cláusula incorporada a un contrato de ejecución de obra. Ambas partes pactaron en dicho contrato la sumisión a arbitraje de cualquier conflicto, disputa o interpretación de sus cláusulas. ¿Es obligatoria la sumisión a arbitraje para resolver esta disputa?. a) Sí. Dicha cláusula obliga a las partes e impide a los Tribunales conocer de la controversia, siempre que la parte a quien interese lo invoque mediante declinatoria. b) No. Cabe acudir con preferencia a la autoridad judicial a voluntad de cualquiera de las partes. c) No, solo si las partes convalidan de mutuo acuerdo esta cláusula de sometimiento a arbitraje una vez que surge el conflicto o disputa. d) Podrá ser o no obligatoria, dependiendo de la naturaleza del conflicto.

Según lo dispuesto en el artículo 48 del Estatuto General de la Abogacía, el profesional de la Abogacía debe facilitar al cliente: a) Únicamente su nombre, número de identificación fiscal, domicilio profesional y medio para ponerse en comunicación con él o con su despacho, incluyendo la vía electrónica. b) Su nombre, número de identificación fiscal, Colegio al que pertenece y número de colegiado, domicilio profesional, domicilio particular y medio para ponerse en comunicación con él o con su despacho, incluyendo la vía electrónica. c) Su nombre, número de identificación fiscal, Colegio al que pertenece y número de colegiado, domicilio profesional y medio para ponerse en comunicación con él o con su despacho, incluyendo la vía electrónica. d) Su nombre, número de identificación fiscal, Colegio al que pertenece y número de colegiado, Universidad en la que cursó sus estudios, domicilio profesional y medio para ponerse en comunicación con él o con su despacho, incluyendo la vía electrónica.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 59 del Estatuto General de la Abogacía, los profesionales de la Abogacía están obligados en las relaciones con otros compañeros a: a) Abstenerse de pedir la declaración testifical del profesional de la Abogacía de la parte contraria o de otros profesionales de la Abogacía que hubieran tenido alguna implicación profesional en el asunto. b) Comunicar al Colegio la intención de interponer, en nombre propio o del cliente, una acción de responsabilidad contra otro profesional de la Abogacía únicamente cuando tenga carácter penal. c) Comunicar el cese o interrupción de las negociaciones extrajudiciales antes o después de presentar reclamación judicial o, en su caso, de solicitar la ejecución de una resolución. d) Atribuirse facultades distintas de las conferidas por el cliente, siempre que sea en interés de éste.

Son principios rectores y valores superiores específicos del ejercicio de la Abogacía: a) Exclusivamente, la autonomía, igualdad, justicia, libertad, dignidad e integridad, así como el respeto del secreto profesional. b) La independencia, libertad, dignidad e integridad, así como el respeto del secreto profesional. c) Los mismos que los previstos para el Ministerio Fiscal, salvo el de legalidad e imparcialidad. d) Únicamente, la independencia, libertad, dignidad, imparcialidad y el respeto del secreto profesional.

¿Por cuál de las siguientes causas no puede el profesional de la Abogacía solicitar la suspensión del curso del procedimiento?. a) Por fallecimiento, accidente o enfermedad grave de pariente dentro del tercer grado de consanguinidad o afinidad. b) Por fallecimiento, accidente o enfermedad grave, de persona a la que estuviera unido por análoga relación de afectividad a la del matrimonio. c) Por fallecimiento, accidente o enfermedad grave de su cónyuge. d) Por fallecimiento, accidente o enfermedad grave de pariente dentro del segundo grado de consanguinidad.

¿Durante qué plazo se producirá la suspensión del curso del procedimiento, en los casos en los que ésta haya sido solicitada por un profesional de la Abogacía debido al fallecimiento de su abuelo materno?. a) Tres días naturales a contar desde el día siguiente al hecho causante, plazo que podrá ser de hasta cinco días naturales cuando a tal efecto sea preciso un desplazamiento a otra localidad. b) Tres días hábiles a contar desde el día siguiente al hecho causante, plazo que podrá ser de hasta cinco días hábiles cuando a tal efecto sea preciso un desplazamiento a otra localidad. c) Dos días naturales a contar desde el día siguiente al hecho causante, plazo que podrá ser de hasta cuatro días naturales cuando a tal efecto sea preciso un desplazamiento a otra localidad. d) Dos días hábiles a contar desde el día siguiente al hecho causante, plazo que podrá ser de hasta cuatro días hábiles cuando a tal efecto sea preciso un desplazamiento a otra localidad.

¿En cuál de los siguientes supuestos tienen derecho los profesionales de la Abogacía a solicitar la posible interrupción de los plazos y demora de los términos?. a) En ninguno, pues los plazos procesales son improrrogables en todo caso. b) En caso de fallecimiento de un hermano de un solo vínculo. c) En caso de fallecimiento de un tío. d) En ninguno, pues los plazos procesales son improrrogables, sin perjuicio de solicitar la suspensión del curso del procedimiento en los casos legalmente previstos.

Los Colegios de la Abogacía son: a) Corporaciones de Derecho Público. b) Consorcios. c) Corporaciones de Derecho Privado. d) Autoridades Administrativas Independientes.

¿Cómo afecta al ámbito territorial de un Colegio de la Abogacía el hecho de que las demarcaciones judiciales existentes en su territorio de actuación sean objeto de modificación?. a) Dependerá de lo que se haya previsto en la ley que modifique la demarcación y planta judicial. b) Implicará necesariamente una limitación de su ámbito territorial. c) De ninguna forma pues la modificación de las demarcaciones judiciales no afectará al ámbito territorial del Colegio de la Abogacía, que tendrá competencia en las nuevas demarcaciones que puedan crearse. d) Obligará al Colegio de la Abogacía a crear una sección especializa para atender a las necesidades de servicio que la demarcación judicial resultante de la modificación pueda tener durante un periodo de tres años.

En defecto de otra regulación específica, ¿cuál de las siguientes opciones no constituye causa de cese para los miembros de la Junta de Gobierno de los Colegios de la Abogacía según lo dispuesto en el Estatuto General de la Abogacía?. a) Renuncia. b) Pérdida de una cuestión de confianza, según lo regulado en el Estatuto General de la Abogacía. c) Fallecimiento. d) Falta de asistencia injustificada a tres sesiones consecutivas de la Junta de Gobierno o a cinco alternas en el término de un año, previo acuerdo de la propia Junta.

Irune, Abogada en ejercicio, recibe una oferta de trabajo en el departamento legal de una gran empresa. En la entrevista con el área de recursos humanos le comunican que únicamente pueden ofrecerle una relación laboral de carácter especial dado que ésta es la única forma en la que se pueden contratar servicios por cuenta ajena de profesionales de la Abogacía. ¿Es correcta la afirmación del área de recursos humanos?. a) Sí, pues la Abogacía únicamente puede ejercerse en régimen de relación laboral especial o por cuenta propia. b) No, pues la obligación de constituir relación especial de trabajo sólo rige en casos en los que el servicio pactado es en exclusividad, pero no en el resto de los casos. c) No, pues es posible prestar servicio como profesional de la Abogacía en empresas en régimen de relación laboral común. d) Sí, al estar contemplado expresamente en el Estatuto de los Trabajadores.

¿Pueden los profesionales de la Abogacía asociarse en régimen de colaboración multiprofesional?. a) Sí, con otros profesionales liberales no incompatibles, siempre que constituyan para ello sociedad mercantil. b) Sí, con otros profesionales liberales o no liberales no incompatibles utilizando cualquier forma lícita en Derecho. c) Sí, con otros profesionales liberales no incompatibles utilizando cualquier forma lícita en Derecho. d) Sí, con otros profesionales liberales o no liberales no incompatibles, siempre que constituyan para ello sociedad mercantil.

Teresa, Abogada por cuenta propia como titular de un despacho, se pone en contacto con un antiguo compañero de facultad, que también es Abogado, para que colabore con ella en su despacho. ¿Cómo deberá formalizarse dicha colaboración?. a) En forma verbal o escrita, fijándose las condiciones, duración, alcance y régimen económico de la colaboración. b) En forma escrita, fijándose las condiciones, duración, alcance y régimen económico de la colaboración. c) En forma verbal o escrita, fijándose, exclusivamente, la duración y el régimen económico de la colaboración. d) En forma escrita, fijándose, exclusivamente, la duración y el régimen económico de la colaboración.

Ana, Javier y Carlos se han colegiado como Abogados y creado un despacho colectivo mediante una sociedad profesional. Con ocasión de la llevanza de un pleito a un cliente de la sociedad profesional, Carlos ha cometido una infracción deontológica que ha sido encubierta por Ana y Javier. ¿Puede la sociedad profesional ser sancionada?. a) No, las sociedades profesionales no pueden ser sancionadas en ningún caso. b) Sólo puede ser sancionado el profesional de la Abogacía que administre la sociedad. c) Sí, las sociedades profesionales podrán ser sancionadas por las infracciones cometidas por sus integrantes cuando resulte acreditada su responsabilidad concurrente, como partícipes o encubridores, en la comisión de dichas infracciones. d) No, pues conforme al nuevo Estatuto General de la Abogacía, únicamente pueden ser sancionadas las sociedades profesionales, sin que exista responsabilidad personal del profesional de la Abogacía integrado en un despacho colectivo.

¿Cómo deberá resolverse el empate en las elecciones entre dos candidaturas a Decano de un Colegio de la Abogacía?. a) Se entenderá elegido el de mayor tiempo de ejercicio en el propio Colegio; y si aún se mantuviera el empate, el de mayor edad. b) Se entenderá elegido el que más votos hubiere obtenido de entre los ejercientes; de persistir este, se repetirá la votación y así sucesivamente hasta obtener la mayoría de los votos. c) Se repetirá la votación y en caso de persistir el empate, será elegido el de mayor tiempo de ejercicio en el propio Colegio. d) Se entenderá elegido el que más votos hubiere obtenido de entre los ejercientes; de persistir este, el de mayor tiempo de ejercicio en el propio Colegio; y si aún se mantuviera el empate, el de mayor edad.

¿Cuáles son los órganos rectores del Consejo General de la Abogacía?. a) El Pleno, la Diputación Permanente, la Comisión ética y el presidente. b) El Pleno, la Junta de Gobierno y el presidente. c) El Pleno, la Comisión Permanente y el presidente. d) La Asamblea General, la Junta de Gobierno y el presidente.

Constituyen recursos económicos de los Colegios de la Abogacía: a) El importe de las cuotas especiales por baja en el Colegio de la Abogacía. b) Las consignaciones específicas que tuvieran asignadas en los Presupuestos Generales del Estado. c) Las transferencias corrientes o de capital que procedan de las Administraciones o entidades públicas. d) Las multas pecuniarias abonadas en virtud de resolución disciplinaria firme, que se destinarán preferentemente a fines asistenciales.

Tomás, Abogado, se encuentra actualmente incapacitado para el ejercicio de la Abogacía al haber sido sancionado disciplinariamente por el Colegio de la Abogacía de Burgos, a tres meses de suspensión del ejercicio profesional. ¿Qué eficacia territorial tiene la sanción impuesta a Tomás?. a) Únicamente en el ámbito provincial del Colegio de la Abogacía que la haya acordado. b) En todo el territorio nacional. c) Solamente en el ámbito local del Colegio de la Abogacía que la haya acordado. d) En el ámbito autonómico o provincial del Colegio de la Abogacía que la haya acordado, según lo que estipule el Estatuto de Autonomía de la Comunidad Autónoma en la que se encuentre situado dicho Colegio de la Abogacía.

¿Cuál de las siguientes sanciones va aparejada al hecho de que una sociedad profesional constituida para el ejercicio común de la Abogacía no cuente con un seguro en vigor o garantía equivalente que cubra la responsabilidad en la que pueda incurrir en el ejercicio de sus actividades, cuando la obligación de contar con dicho régimen de garantía esté así prevista por ley?. a) Multa pecuniaria por importe de 300 € hasta 1.500 €. b) Baja de la sociedad en el registro del Colegio correspondiente. c) Suspensión de su actividad por un periodo de hasta cinco años. d) Multa pecuniaria por importe de entre 1.501 y 15.000 €.

Lluís, Abogado, recibió una autorización de su cliente para poder gestionar los fondos de una cuenta bancaria para el pago de los suplidos necesarios para la defensa. Finalizado el asunto, la minuta de Lluís supera el importe restante de los fondos de la cuenta. El cliente considera, a la vista del mal resultado del asunto, que no debe nada. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es correcta según el Código Deontológico de la Abogacía?. a) Lluís puede negarse a devolver los fondos hasta que se resuelva la discrepancia sobre los honorarios. b) Lluís solo puede retener la parte de los fondos que no exceda del importe de sus honorarios. c) Lluís puede, al ser créditos vencidos, líquidos y exigibles, aplicar el mecanismo legal de compensación de pagos y debe devolver el sobrante. d) Lluís no puede retener los fondos, aunque lleve razón en que se le adeuden honorarios profesionales.

¿De cuántos consejeros electivos se compone el Consejo General de la Abogacía?. a) Doce consejeros elegidos por el Pleno del Consejo entre profesionales de la Abogacía de reconocido prestigio con más de quince años de ejercicio profesional. b) Quince consejeros elegidos por el Pleno del Consejo entre profesionales de la Abogacía de reconocido prestigio con más de diez años de ejercicio profesional. c) Doce consejeros elegidos por el Pleno del Consejo entre profesionales de la Abogacía de reconocido prestigio con más de diez años de ejercicio profesional. d) Quince consejeros elegidos por el Pleno del Consejo entre profesionales de la Abogacía de reconocido prestigio con más de quince años de ejercicio profesional.

Isabel, Abogada, ha percibido solo la mitad de la provisión de fondos que solicitó a su cliente. Tras una sentencia parcialmente estimatoria de las pretensiones de su cliente, éste le pide toda la documentación porque quiere recurrir la sentencia, para encargárselo a otra Abogada. ¿Cuál de las siguientes conductas es deontológicamente correcta?. a) Entregar la documentación a algún compañero que le pida la venia, sin poder hacerlo antes directamente al cliente. b) Poner toda la documentación recibida del cliente a su disposición. c) Poner la documentación únicamente a disposición del Juzgado. d) Requerir fehacientemente el pago de los honorarios pendientes, comunicándole que le facilitará la documentación recibida en cuanto justifique el pago.

Son atribuciones de la Junta de Gobierno, salvo que estén atribuidas a otro órgano por ley o por los Estatutos del Colegio de que se trate: a) Emitir consultas y dictámenes, administrar arbitrajes y dictar laudos arbitrales. b) Crear, regular y otorgar distinciones para premiar los méritos contraídos al servicio de la Abogacía o en su ejercicio; así como revocarlas por causas de indignidad. c) Informar preceptivamente todo proyecto de ley o de disposición de carácter general, o de modificación de la regulación existente, cualquiera que sea su rango, que afecte al ejercicio de la Abogacía o a los Colegios de la Abogacía. d) Contribuir a la formación de los profesionales de la Abogacía y homologar la escuela de práctica jurídica.

Gerard, Abogado, defiende los intereses de varios acreedores de un mismo deudor. Antes de presentar la demanda, Gerard advierte que dos de sus clientes pueden entrar en disputa sobre cuál de sus respectivos créditos puede considerarse preferente respecto del otro. ¿Cuál de las siguientes conductas es la correcta en términos deontológicos?. a) Renunciar al asesoramiento del último cliente que haya contratado sus servicios. b) Renunciar al asesoramiento de ambos clientes. c) Continuar asesorando a ambos y dejar que se dilucide judicialmente cuál de sus créditos es preferente. d) Promover una previa tercería de mejor derecho entre ambos clientes para determinar la preferencia de cobro antes de demandar al deudor.

Íñigo, Abogado, ha sido sancionado por el Colegio de la Abogacía de Madrid por una actuación profesional que llevó a cabo el día 23 de diciembre de 2021 en las dependencias del Juzgado de Instrucción nº 7 de Madrid. El día 10 de enero de 2022 se le notifica el inicio del procedimiento administrativo frente a su persona y el día 15 de enero de 2022 se da de baja en el Colegio de la Abogacía de Madrid. Señale la respuesta correcta: a) La baja en el Colegio extingue cualquier tipo de responsabilidad disciplinaria que pudiera haber contraído hasta ese momento el colegiado. b) La baja en el Colegio extingue la responsabilidad disciplinaria contraída durante el período de alta sin que concluya el procedimiento disciplinario y sin que se acuerde sanción alguna. c) La baja en el Colegio no extingue la responsabilidad disciplinaria contraída durante el período de alta, sino que se concluirá el procedimiento disciplinario y se acordará la sanción que corresponda. En el supuesto en que la sanción no pueda hacerse efectiva en ese momento se tendrá por extinguida la responsabilidad del colegiado sin que la sanción tenga que ser cumplida si el sancionado causase nuevamente alta en el Colegio. d) La baja en el Colegio no extingue la responsabilidad disciplinaria contraída durante el período de alta, sino que se concluirá el procedimiento disciplinario y se acordará la sanción que corresponda. En el supuesto en que la sanción no pueda hacerse efectiva, quedará en suspenso para ser cumplida si el sancionado causase nuevamente alta en el Colegio.

Pau se quiere colegiar como Abogado ejerciente por cuenta propia, y sabe que tiene que darse de alta en la Seguridad Social o en una Mutualidad de previsión social. ¿Cuál de las siguientes normas establece dicha obligación?. a) El Estatuto del trabajo autónomo y el Estatuto General de la Abogacía Española. b) La Ley de Colegios profesionales y la Ley de la Seguridad Social. c) El artículo 13.2 d) del Estatuto General de la Abogacía y el Código Deontológico. d) La Ley 30/1995, de 8 noviembre, de Ordenación y supervisión de los seguros privados y el Estatuto de los trabajadores.

En relación con los datos sobre procedimientos y medidas cautelares y de seguridad conexas a condenas e infracciones penales: a) Solo pueden ser tratados con el consentimiento explícito de las personas afectadas. b) Solo pueden ser tratados por los Juzgados y Tribunales competentes. c) Pueden ser tratados por profesionales de la Abogacía y de la Procura con el objeto de recoger la información facilitada por sus clientes para el ejercicio de sus funciones. d) En ningún caso pueden ser objeto de tratamiento.

Un despacho de profesionales de la Abogacía especializado en derecho penal cuenta con 175 personas en su organización y trata datos personales relativos a condenas e infracciones penales. ¿Cuál de las siguientes obligaciones debe cumplir el despacho en materia de protección de datos?. a) Ninguna, pues al tener menos de 250 personas, no tiene obligación de llevar un Registro de Actividades de Tratamiento. b) Deberá notificar sus ficheros a la Agencia Española de Protección de Datos según lo dispuesto en la Ley Orgánica de Protección de Datos. c) Tiene que llevar un Registro de Actividades de Tratamiento, pues su llevanza constituye una obligación aplicable a toda empresa con independencia de su tamaño y especialidad. d) Tiene que llevar un Registro de Actividades de Tratamiento porque trata datos personales relativos a condenas e infracciones penales.

La anotación de las sanciones en el expediente personal del colegiado se cancelará cuando haya transcurrido: a) Un año en caso de sanción de suspensión superior a diez días sin exceder de un año. b) Un año en caso de multa pecuniaria entre 1.001 y 10.000 €. c) Seis meses en caso de sanción de multa pecuniaria de 300 hasta 1.500 €. d) Un año en caso de sanción de multa pecuniaria de 300 hasta 10.000 €.

¿Qué dispone el Código Deontológico de la Abogacía Española en materia de cobertura de la responsabilidad civil derivada del ejercicio de la profesión?. a) Para cubrirla, todo profesional de la Abogacía ha de suscribir obligatoriamente un seguro de responsabilidad civil con un capital asegurado mínimo de 100.000 €. b) Se deberá tener cubierta la responsabilidad profesional en cuantía adecuada a los riesgos que implique. c) El Código Deontológico de la Abogacía Española no se pronuncia sobre la cobertura de responsabilidad civil. d) Para las sociedades profesionales la contratación de un seguro que cubra la responsabilidad civil es meramente opcional, no siendo obligatoria su contratación en el caso de que intenten cubrir su responsabilidad civil por otros mecanismos.

La mercantil española TTTRRRXX S.A. considera que un acto de la Comisión Europea le ha ocasionado un perjuicio indemnizable y desea, por tanto, interponer recurso ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. ¿Qué denominación recibe este recurso?. Recurso por incumplimiento. Recurso de responsabilidad extracontractual. Recurso de anulación. Recurso de legalidad.

De entre las siguientes personas e instituciones, ¿quién no está legitimado para instar el procedimiento de ‘Habeas Corpus’?. a) El Defensor del Pueblo. b) El Ministerio Fiscal. c) El Juez competente, de oficio. d) El primo de la persona privada de libertad.

Pedro tiene su domicilio en Plasencia y quiere presentar una demanda frente a sus hermanos Lucía y Juan que viven en Cáceres y Jerez, respectivamente, para dividir el patrimonio hereditario del padre de los tres hermanos, que tuvo su último domicilio en Salamanca, pero falleció en un accidente de tráfico en Mérida. ¿Qué Tribunal será competente para conocer del juicio?. a) El del lugar del último domicilio del finado. b) El del lugar del domicilio de la parte demandante. c) El del lugar del domicilio de cualquiera de las partes demandadas. d) El del lugar del accidente.

Federico, residente en Alcalá de Henares, quiere interponer una demanda en materia de derecho al honor contra Tristán, con domicilio en L’Hospitalet de Llobregat, por unas expresiones que éste vertió en un programa de televisión emitido desde un plató ubicado en la ciudad de Sabadell. ¿Qué Tribunal será competente para conocer de este pleito?. a) Los Juzgados de Primera Instancia de L’Hospitalet de Llobregat. b) Los Juzgados de Primera Instancia de Sabadell. c) Los Juzgados de Primera Instancia de Alcalá de Henares. d) Los juzgados de Primera Instancia de Sabadell o L’Hospitalet de Llobregat, a elección de Federico.

Un grupo de trabajadores quiere interponer una demanda sobre tutela de su derecho de libertad sindical. Este pleito tendrá efectos en varias provincias de Andalucía. ¿Cuál es el Tribunal competente para conocer de este procedimiento?. a) La Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía. b) El Juzgado de lo Social del domicilio del demandado. c) La Sala de lo Social de la Audiencia Nacional. d) La Sala de lo Social del Tribunal Supremo.

¿Cuál de los siguientes derechos y libertades reconocidos en la Constitución no es susceptible de amparo constitucional?. a) La objeción de conciencia. b) El derecho a la propia imagen. c) La libertad de cátedra. d) El derecho a la propiedad privada.

Xurde ha sido condenado, en primera instancia, por el Juzgado de lo Penal de Oviedo a una pena privativa de libertad. Xurde considera que durante el pleito se han producido diversas violaciones de su derecho a la tutela judicial efectiva. ¿Puede interponer directamente contra dicha sentencia recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional?. a) Sí, en el plazo de 30 días desde su firmeza. b) No, puesto que previamente debe agotar los medios de impugnación previstos por las normas procesales para el caso concreto dentro de la vía judicial. c) Sí, en el plazo de 20 días desde su firmeza. d) Sí, pero siempre que su defensa hubiera formulado protesta cuando se produjo la vulneración del derecho constitucional.

¿Tienen derecho a la asistencia jurídica gratuita las personas extranjeras que se encuentren en España en el caso en el que acrediten insuficiencia de recursos para litigar?. a) Sí, pero solo si son nacionales de otro Estado de la Unión Europea. b) Sí, siempre que sean víctimas de violencia de género, terrorismo o trata de seres humanos. c) Sí, pero únicamente en los procedimientos que puedan llevar a la denegación de su entrada en España, a su devolución o expulsión del territorio español, y en todos los procedimientos en materia de asilo. d) Sí, con el alcance fijado en la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita y en los tratados y convenios internacionales sobre esta materia en los que España sea parte.

Aurelio ha sido designado por el turno de oficio para asistir y defender los intereses de Cynthia, la cual quiere interponer una querella contra Ricardo. Examinado el asunto, Aurelio considera que las pretensiones de Cynthia son insostenibles. ¿Qué podrá hacer Aurelio?. a) Tendrá necesariamente que continuar con la asistencia, puesto que en el orden penal no cabe excusarse de la defensa. b) Deberá comunicarlo a la Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita, dentro de los 15 días siguientes a su designación, exponiendo los motivos jurídicos en los que fundamenta su decisión. c) Podrá renunciar directamente a interponer la querella sin necesidad de realizar ningún tipo de comunicación, al tratarse de una pretensión insostenible. d) Deberá comunicarlo a la Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita, dentro de los 20 días siguientes a su designación, exponiendo los motivos jurídicos en los que fundamenta su decisión.

Adriana es la curadora, con facultades de representación, de su abuela Carmela. ¿Puede transigir Adriana sobre cuestiones relativas a los intereses de Carmela?. a) Sí, sin necesidad de autorización judicial, pero solo en el caso en el que pleito no se hubiera iniciado. b) Sí, pero necesitará autorización judicial, salvo que se trate de asuntos de escasa relevancia económica. c) No, nunca, al tratarse de una materia excluida de la transacción por afectar a una persona necesitada de especial protección. d) Sí, pero únicamente en el caso en el que su abuela le hubiera otorgado previamente un poder especial para ello.

En un proceso penal, la Audiencia Provincial de Madrid ha dictado sentencia, en la que a juicio del Abogado Marcos se ha omitido manifiestamente un pronunciamiento sobre una pretensión sustanciada en el proceso. Indique la respuesta correcta. a) En este caso, el Tribunal podrá aclarar la resolución de oficio dentro de los dos días hábiles siguientes al de la publicación de la resolución, o a petición de parte o del Ministerio Fiscal formulada dentro del mismo plazo. b) En este caso, el Tribunal, a solicitud escrita de parte en el plazo de cinco días a contar desde la notificación de la resolución previo traslado de dicha solicitud a las demás partes, para alegaciones escritas por otros cinco días, dictará auto por el que resolverá completar la resolución con el pronunciamiento omitido o no haber lugar a completarla. c) En este caso, si el Tribunal advirtiese esta omisión, podrá aclarar su resolución en cualquier momento. d) En un caso como este, no es posible la aclaración de la resolución ni de oficio ni a petición de parte.

¿Cuál de los siguientes supuestos no constituye una exención objetiva de tasas judiciales?. a) La solicitud de concurso voluntario por el deudor. b) La interposición de recursos contencioso-administrativos cuando se recurra en casos de silencio administrativo negativo o inactividad de la Administración. c) Las acciones que, en interés de la masa del concurso y previa autorización del Juez de lo Mercantil, se interpongan por los administradores concursales. d) Los procedimientos de división judicial de patrimonios, en los supuestos en que se formule oposición o se suscite controversia sobre la inclusión o exclusión de bienes.

De acuerdo con la Ley de Enjuiciamiento Civil, ¿cuál de los siguientes gastos no se incluirá en las costas?. a) La inserción de anuncios o edictos que de forma obligada deban publicarse en el curso del proceso. b) Los derechos arancelarios que deban abonarse como consecuencia de actuaciones necesarias para el desarrollo del proceso. c) Copias, certificaciones, notas, testimonios y documentos análogos que hayan de solicitarse conforme a la Ley. d) El importe de la tasa abonada en los procesos de ejecución de las hipotecas constituidas para la adquisición de vivienda habitual.

¿Tiene el inicio de una mediación sobre un asunto civil algún efecto sobre los plazos de prescripción de la acción civil?. a) No, no tiene efectos sobre la prescripción en ningún caso. No obstante, la solicitud de inicio de la mediación suspenderá la caducidad de acciones desde la fecha en la que conste la recepción de dicha solicitud por el mediador. b) Sí. La solicitud suspenderá la prescripción de la acción, aunque si en el plazo de quince días naturales a contar desde la recepción de la solicitud de inicio de la mediación no se firmara el acta de la sesión constitutiva, se reanudará el cómputo de los plazos. c) No, la mera solicitud de inicio de la mediación no suspenderá la prescripción de la acción. Solo cuando se firme el acta de la sesión constitutiva podrá suspenderse el plazo de prescripción. d) No. La mediación no produce ningún efecto sobre la prescripción o caducidad de la acción civil.

Marina intervino como mediadora en un asunto civil que concluyó sin acuerdo. Una de las partes que intervino en la mediación la ha citado a juicio como testigo. ¿Está Marina obligada a declarar sobre la información que obtuvo en la mediación?. a) No, en ningún caso. El procedimiento de mediación y la documentación utilizada en el mismo es siempre confidencial y la información obtenida por el mediador no puede ser revelada bajo ningún concepto. b) Sí, siempre que las partes de manera expresa y por escrito le dispensen del deber de confidencialidad. c) No, en ningún caso. Solo en el orden jurisdiccional penal, mediante resolución judicial motivada, puede ser Marina dispensada del deber de confidencialidad. d) Sí, los mediadores pueden intervenir como testigos en un pleito civil y están obligados a declarar sobre la información de la que hubieran tenido conocimiento por razón de sus cargos.

Jonás debe a Noelia la cantidad de 12.000 €, por lo que esta le realiza un requerimiento fehaciente y justificado de pago. Sin embargo, Jonás no paga a Noelia, por lo que esta interpone la correspondiente demanda para reclamarle dicha cantidad. Antes de contestar a la demanda, Jonás se allana a la misma. ¿Puede ser condenado en costas?. a) No, puesto que Jonás se ha allanado antes de la contestación a la demanda. b) No, en un caso como este nunca se impondrán costas a ninguno de los litigantes. c) Sí, en un caso como este se entenderá que Jonás actuó de mala fe. d) No, en este caso, solo cabría la condena en costas a Jonás, si Noelia hubiera iniciado procedimiento de mediación o dirigido contra él solicitud de conciliación antes de la interposición de la demanda.

¿Qué Tribunal es competente para conocer de la acción de anulación de un laudo?. a) El Juzgado de Primera Instancia del lugar del arbitraje. b) El Juzgado de Primera Instancia del lugar donde las medidas deban producir su eficacia. c) La Sala de lo Civil y de lo Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Autónoma donde aquel se hubiere dictado. d) El Juzgado de Primera Instancia del domicilio o lugar de residencia de la persona a quien se refieren los efectos del laudo.

Rosa y Jaume han firmado un contrato de transacción civil con el fin de evitar un pleito sobre un asunto de lindes. Con posterioridad a la firma de dicho contrato, Rosa descubre nuevos documentos que le hubieran beneficiado a la hora de resolver esta controversia. ¿Qué podrá hacer Rosa?. a) Rosa podrá en todo caso anular o rescindir la transacción en cualquier momento. b) Rosa no podrá anular ni rescindir la transacción por este motivo, salvo en el caso en el que hubiera habido mala fe. c) Rosa podrá anular la transacción dentro de los quince días siguientes al descubrimiento del documento, aunque no hubiera habido mala fe. d) Rosa solo podrá anular la transacción en los casos de error, violencia, dolo o falsedad de documentos.

Los profesionales de la Abogacía designados de oficio para la asistencia, defensa y representación gratuita, ¿hasta cuándo deben desempeñar sus funciones?. a) Hasta la terminación del proceso en la instancia judicial de que se trate y, en su caso, la ejecución de las sentencias, si las actuaciones procesales en ésta se produjeran dentro de los cinco años siguientes a la resolución judicial dictada en la instancia. b) Hasta la terminación del proceso en la instancia judicial de que se trate y, en su caso, la ejecución de las sentencias, si las actuaciones procesales en ésta se produjeran dentro de los tres años siguientes a la resolución judicial dictada en la instancia. c) Hasta la terminación del proceso en la instancia judicial de que se trate y, en su caso, la ejecución de las sentencias, si las actuaciones procesales en ésta se produjeran dentro de los cuatro años siguientes a la resolución judicial dictada en la instancia. d) Hasta la terminación del proceso en la instancia judicial de que se trate y, en su caso, la ejecución de las sentencias, si las actuaciones procesales en ésta se produjeran dentro de los dos años siguientes a la resolución judicial dictada en la instancia.

El Secretario de Estado de Justicia ha dictado una resolución desestimatoria en materia de responsabilidad patrimonial de la Administración de Justicia, en la que un administrado reclamaba al Estado una indemnización por importe de 25.000 €. ¿Qué Tribunal es competente para conocer del recurso contra esta resolución?. a) Los Juzgados Centrales de lo Contencioso-administrativo. b) La Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid. c) La Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Supremo. d) Los Juzgados de lo Contencioso-administrativo de Madrid.

Faustino considera que ha sido detenido ilegalmente por lo que presenta un escrito de solicitud de ‘habeas corpus’ al Juzgado de Instrucción en funciones de guardia. ¿Cuál de los siguientes datos no es preceptivo que conste en dicha solicitud?. a) El nombre y circunstancias personales de Faustino. b) La autoridad bajo cuya custodia se encuentra, si fuera conocida. c) El motivo concreto por el que se solicita el ‘habeas corpus’. d) El profesional de la Abogacía que necesariamente ha de designar para su defensa.

¿Quién no está legitimado para interponer recurso de inconstitucionalidad contra un Estatuto de Autonomía?. El Defensor del Pueblo. El Fiscal General del Estado. El Presidente del Gobierno. Cincuenta Senadores.

¿Qué Tribunal es competente para conocer de un recurso contra un decreto del Fiscal General del Estado?. a) La Sala de lo Social de la Audiencia Nacional. b) La Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Supremo. c) La Sala de lo Contencioso-administrativo de la Audiencia Nacional. d) Los Juzgados Centrales de lo Contencioso-administrativo.

En un arbitraje con más de tres árbitros, ¿cómo debe hacerse el nombramiento de estos?. a) Las partes podrán acordar libremente el procedimiento para la designación de los árbitros, siempre que no se vulnere el principio de igualdad. b) En estos casos, siempre procederá que cada parte nombre uno y los dos árbitros así designados nombrarán a los demás. c) Todos serán nombrados por el Tribunal competente, aunque hubiera acuerdo de las partes. d) En los arbitrajes no podrán intervenir más de tres árbitros.

Julen ha sido condenado en costas al haber visto desestimada su demanda en un pleito civil en el que reclamaba la cantidad de 6.000 €. El Tribunal, además, ha declarado que Julen litigó con temeridad. ¿Qué cantidad máxima tendrá que pagar al demandado?. a) La totalidad de las costas hasta un máximo de 12.000 €. b) La totalidad de las costas que haya originado. c) Una cantidad total que no exceda de la tercera parte de la cuantía del proceso. d) En los pleitos civiles, cada parte abonará las costas causadas a su instancia y las comunes por mitad.

¿En qué circunscripción territorial está integrada la Ciudad de Ceuta a efectos de demarcación judicial?. a) En la de la Sección Sexta de la Audiencia Provincial de Cádiz, con sede en Ceuta. b) En la de la Sección Octava de la Audiencia Provincial de Málaga, con sede en Ceuta. c) En la de la Sección Séptima de la Audiencia Provincial de Sevilla, con sede en Ceuta. d) En la de la Sección Octava de la Audiencia Provincial de Córdoba, con sede en Ceuta.

Ibai carece de recursos suficientes para litigar y ha sido denunciado por un delito leve de hurto. ¿Tiene derecho a la asistencia jurídica gratuita?. a) No, al tratarse de un delito leve. b) Sí, en el caso en el que Ibai ejercite su derecho a estar asistido de Abogado y así se acuerde por el Juzgado o Tribunal. c) No, tratándose de delitos leves, solo está previsto para los casos de violencia de género. d) Solo en el caso en que la otra parte estuviera asistida de Abogado.