ABOGACÍA 2023

1 – Matías, Abogado colegiado ejerciente, ha sido condenado en sentencia firme a la pena de prisión de seis meses y un día de inhabilitación especial para el derecho del sufragio pasivo, por haber estafado a sus clientes la cantidad de 12.000 €. ¿Pierde necesariamente Matías la condición de colegiado como consecuencia de dicha condena penal?. a) Sí, en todo caso. b) No, dado que solo las condenas por delitos contra la Administración de Justicia producen la pérdida automática de la condición de colegiado. c) Sí, pues toda condena penal firme lleva aparejada la pérdida de la condición de colegiado. d) No, en todo caso.

2 – Juan, español, mayor de edad, residente en Lucena y en posesión de título oficial que habilita para el ejercicio de la profesión de la Abogacía, pretende colegiarse como no ejerciente en el Colegio de Abogacía de dicha localidad. Sin embargo, actualmente se encuentra incurso en causa de incapacidad que impide el cumplimiento de la misión de defensa y asesoramiento que a los profesionales de la Abogacía se encomienda. ¿Podrá Juan colegiarse en dichas circunstancias?. a) Sí, previa superación de una prueba de aptitud específicamente diseñada por el Colegio de Abogacía del lugar para esos casos. b) No, al constituir causa de incapacidad para el ejercicio de la Abogacía prevista como tal en el Estatuto General de la Abogacía. c) Sí. d) No, salvo dispensa otorgada por el Consejo General de la Abogacía Española.

3 – Amaya, Abogada en ejercicio, especializada en responsabilidad civil derivada de vehículos a motor, está diseñando una estrategia publicitaria para atraer nuevos clientes a su despacho. Para ello, ha publicado anuncios en los que invita a sus futuros clientes a darse “golpecitos” con sus coches asegurando que debido a su cualificación y profesionalidad ello no será obstáculo para obtener el cobro de la pertinente indemnización. ¿Son conformes estos anuncios con la normativa de publicidad en el ámbito de la Abogacía?. a) Sí, siempre que respete el plazo de cuarenta y cinco días posteriores al siniestro para dirigirse a los intervinientes en la colisión. b) No, en todo caso. c) Sí, pues para ello no ha revelado de forma directa o indirecta hechos, datos o situaciones amparadas por el secreto profesional. d) Sí, siempre que por el diseño del anuncio se desprenda que el texto hace hincapié en los aspectos relativos a la cualificación y profesionalidad.

4 – El Juzgado de Instrucción nº 1 de Guadalajara ha acordado la entrada y registro en el despacho profesional de Abogados “QQQQ” debido a indicios de un posible delito de blanqueo de capitales. El socio principal del despacho ha pedido al Decano de su Colegio de Abogacía que asista a dicha intervención para garantizar la proporcionalidad de la misma. Sin embargo, por problemas de agenda, el Decano declina la petición. ¿Es necesaria en este caso la asistencia del Decano?. a) Sí, dado que dicha intervención es obligatoria y personalísima, sin posibilidad de denegación o sustitución. b) No, siempre que designe a quien a tal fin le sustituya. c) Sí, pues su presencia es siempre preceptiva en los casos de entradas y registros que afecten a cualquiera de sus colegiados en el ejercicio de la Abogacía. d) No, pues quien ha de estar necesariamente en las entradas y registros ha de ser el interesado, o un familiar suyo mayor de edad, o dos testigos vecinos del mismo pueblo.

5 -Ángela, quien está en posesión de título oficial habilitante para la profesión de la Abogacía, decide publicitar servicios profesionales de asesoramiento jurídico utilizando la denominación “Abogada”. ¿Puede Ángela emplear dicha denominación?. a) Sí, siempre que además se haya incorporado a un Colegio de la Abogacía como no ejerciente. b) Sí, siempre que además se haya incorporado a un Colegio de la Abogacía como ejerciente. c) No, en todo caso. d) Sí, en todo caso.

6 – Xoel, Abogado ejerciente, incorporado al Colegio de la Abogacía de Santiago de Compostela, acude a la ciudad de Valencia para ejercer la defensa en juicio de uno de sus clientes ante diversos juzgados de dicha localidad. ¿Puede Xoel actuar profesionalmente en lugar distinto al del Colegio en el que se haya incorporado?. a) Sí, siempre que haya obtenido habilitación del Colegio de la Abogacía de Valencia. b) Sí, siempre que haya obtenido autorización del Colegio de la Abogacía de Santiago de Compostela. c) Sí. d) No, salvo convenio entre ambos Colegios de la Abogacía.

7 – Rosa, Abogada en ejercicio, ha grabado una conversación telefónica con uno de sus clientes en relación a cuestiones relativas al pleito en el que ella le representa, para así poder protegerse en caso de que la conclusión del asunto no fuera del agrado de dicho cliente. ¿Es correcto deontológicamente el proceder de Rosa?. a) Sí, siempre que no divulgue a terceros el contenido de dicha grabación. b) No, pues debía haberlo advertido antes a su cliente. c) Sí, siempre que limite su uso a defenderse de las represalias de su cliente por la llevanza del asunto. d) No, dado que se trataba de una conversación telefónica.

8 – Marc, Abogado en ejercicio, que representó hace quince años a Laura en un famoso asunto de divorcio, ha vendido a un periódico la documentación de aquel pleito aprovechando la renovada importancia mediática del asunto al haberse producido la muerte del exmarido de su antigua clienta. ¿Es la actuación de Marc contraria a la obligación de guardar secreto profesional?. a) No, al haber transcurrido más de diez años desde que cesó en la prestación de servicios a su clienta. b) No, debido al interés mediático objetivo de la información divulgada. c) Sí, salvo autorización expresa de su antigua clienta. d) Sí, al no haber transcurrido veinte años desde que cesó en la prestación de servicios a su clienta.

9 – Isabel, Abogada en ejercicio, debido a continuos desencuentros con uno de sus clientes, decide llamarle por teléfono y comunicarle que renuncia a su dirección letrada. El cliente se opone a dicha renuncia recordándole que está pendiente la celebración del Juicio Oral dentro de cuatro meses. ¿Es correcta y procedente la renuncia de Isabel?. a) Sí, pues la renuncia es posible, de forma oral o escrita, en cualquier fase del procedimiento. b) No, pues, al haber manifestado el cliente su oposición y hallarse pendiente la celebración del Juicio Oral, la renuncia no surte efectos hasta que este se haya celebrado. c) Sí, al haber comunicado su renuncia con la antelación de un mes a la celebración del juicio tal y como exige el Estatuto General de la Abogacía. d) No, pues para que dicha renuncia surta efectos ha de hacerse por escrito.

10 – ¿Cuál de las siguientes sanciones disciplinarias no pueden imponerse a los profesionales de la Abogacía que sean tutores de prácticas externas de los másteres de acceso a la profesión?. a) Multa. b) Apercibimiento verbal. c) Expulsión del Colegio. d) Apercibimiento por escrito.

11 - Son infracciones muy graves de los profesionales de la Abogacía: a) La condena en sentencia firme por delitos dolosos o imprudentes, en cualquier grado de participación, como consecuencia del ejercicio de la profesión. b) La condena penal firme por la comisión de delitos leves dolosos como consecuencia del ejercicio de la profesión. c) La condena en sentencia firme a penas menos graves conforme al artículo 33.2 del Código Penal. d) El ejercicio de la profesión en vulneración de resoluciones administrativas firmes de inhabilitación o prohibición del ejercicio profesional.

12- Roberto, Abogado en ejercicio, ha sido sancionado disciplinariamente por su Colegio de la Abogacía por la comisión de una infracción leve consistente en impugnar reiterada e injustificadamente los honorarios de otros profesionales de la Abogacía. ¿Cuándo prescribirá la sanción impuesta a Roberto?. a) A los seis meses desde el día siguiente en que pueda ser ejecutada. b) Al año desde el día en que la infracción se hubiera cometido. c) A los seis meses desde el día en que la infracción se hubiera cometido. d) Al año desde el día siguiente en que pueda ser ejecutada.

13 – La anotación de las sanciones en el expediente particular de la sociedad profesional se cancelará cuando hayan transcurrido: a) Un año en caso de sanción de multa pecuniaria de 300 hasta 1.501 €. b) Un año en caso de sanción de multa pecuniaria de 300 hasta 1.500 €. c) Seis meses en caso de sanción de multa pecuniaria de 300 hasta 1.500 €. d) Seis meses en caso de sanción de multa pecuniaria de 300 hasta 1.501 €.

14 – Jon, Abogado no ejerciente, ha incumplido su obligación de pagar las cuotas correspondientes al Colegio de la Abogacía en el que se encuentra incorporado. ¿Conllevará dicho impago la imposición de algún tipo de sanción disciplinaria para Jon?. a) No, pues a los Abogados no ejercientes no se les aplica el régimen disciplinario previsto para los ejercientes. b) Sí, en los casos en que se entienda que ha incurrido en una infracción menos grave. c) No, pues dicho incumplimiento no se contempla como infracción especifica en el régimen disciplinario de los no ejercientes. d) Sí, en los casos en que se entienda que ha incurrido en una infracción grave.

15 – De acuerdo con lo establecido en el Estatuto General de la Abogacía y con lo que disponga la legislación estatal y autonómica, cada Colegio de la Abogacía será regido por: a) Únicamente por la Asamblea General, una Junta de Gobierno, una Sección Especializada y el Decano. b) Únicamente por una Asamblea General, una Junta General, una Junta de Gobierno y el Decano. c) Únicamente por la Junta o Asamblea General, la Junta de Gobierno y el Decano. d) Únicamente por una Junta General, una Junta de Gobierno, una Secretaría Técnica y el Decano.

16 – Laia, quien acaba de incorporarse como Abogada ejerciente al Colegio de la Abogacía de su localidad, tiene la intención de emitir su voto en las elecciones a la Junta de Gobierno que tendrán lugar el mes siguiente a su colegiación. ¿Podrá Laia ser electora en dicho proceso electoral?. a) No, pues para ello es necesario estar incorporado al Colegio con más de tres meses de antelación a la fecha de la convocatoria de las elecciones. b) Sí, pues para ello es suficiente con estar incorporado al Colegio con un mes de antelación al día de celebración de las elecciones. c) No, pues para ello es necesario una antigüedad de un año para poder tomar parte en cualquier proceso electoral que el Colegio de la Abogacía celebre. d) Sí, pues, a diferencia de los no ejercientes, los Abogados ejercientes no requieren de antigüedad alguna para poder tomar parte en cualquier proceso electoral que el Colegio de la Abogacía celebre.

17 – Eduardo, Abogado en ejercicio, disconforme con la gestión llevada a cabo por el Decano del Colegio de la Abogacía en el que se halla incorporado, el cual cuenta con más de cinco mil profesionales de la Abogacía, tres mil como ejercientes y dos mil como no ejercientes, ha comenzado a recoger firmas para la convocatoria de una Junta General Extraordinaria con la finalidad de emitir voto de censura contra el Decano. ¿Qué número de firmas deberá obtener Eduardo para solicitar la convocatoria de la Junta General Extraordinaria?. a) Un mínimo del 15 por 100 de los colegiados ejercientes o no ejercientes, incorporados al menos con tres meses de antelación. b) Un mínimo del 20 por 100 de los colegiados ejercientes, incorporados al menos con tres meses de antelación. c) Un mínimo del 15 por 100 de los colegiados ejercientes, incorporados al menos con tres meses de antelación. d) Un mínimo del 20 por 100 de los colegiados ejercientes o no ejercientes, incorporados al menos con tres meses de antelación.

18 – En defecto de otra regulación específica, ¿qué causas son motivo de cese como miembro de la Junta de Gobierno de los Colegios de la Abogacía previstas en el artículo 80 del Estatuto General de la Abogacía?. a) Remoción. b) Presentación de moción de censura. c) Falta de asistencia injustificada a tres sesiones consecutivas de la Junta de Gobierno o a seis alternas en el término de un año, previo acuerdo de la propia Junta. d) Renuncia.

19 – Elena, Abogada no ejerciente, condenada a la pena de multa de tres meses por la comisión de un delito leve de hurto, y miembro, a su vez, del Colegio de Mediadores, tiene la intención de presentarse como candidata a las próximas elecciones a la Junta de Gobierno del Colegio de la Abogacía en el que se encuentra incorporada. Elena se halla al corriente del pago de sus cuotas colegiales. ¿Puede Elena ser elegida miembro de la Junta de Gobierno?. a) Sí, pues se encuentra al corriente del pago de las cuotas colegiales. b) No, pues es causa de inelegibilidad el ser miembro de otro Colegio Profesional. c) Sí, pues la condena penal impuesta no lleva aparejada inhabilitación para el ejercicio de la profesión. d) No, pues los no ejercientes no puede ser elegidos a la Junta de Gobierno.

20 – No constituyen recursos económicos de los Colegios de la Abogacía: a) Las cuotas de incorporación. b) Los derechos que correspondan por expedición de certificaciones. c) Las subvenciones o donativos que se concedan al Colegio por las Administraciones públicas o por personas físicas o jurídicas de Derecho privado. d) El importe de las multas coercitivas impuestas para la ejecución de lo mandado.

21 – Julián y Marta, ambos profesionales de la Abogacía en ejercicio, aunque no se han constituido en sociedad profesional, comparten los gastos corrientes del local que ambos utilizan para el ejercicio de su profesión. Cada uno emplea una denominación distinta, pero comparten clientes para determinados asuntos. ¿Puede presumirse que ambos ejercen colectivamente la profesión?. a) Sí, pues el hecho de compartir clientes, gastos y ubicación, constituyen presunciones de ejercicio colectivo de la profesión. b) No, pues para ello es siempre necesario constituirse en sociedad profesional. c) Sí, en todo caso. d) No, en todo caso.

22 – Según el Estatuto General de la Abogacía, no son deberes de los profesionales de la Abogacía: a) Comunicar al Colegio la intención de interponer, en nombre propio o del cliente, una acción de responsabilidad civil o penal contra otro profesional de la Abogacía, derivada del ejercicio profesional. b) No atribuirse facultades distintas de las conferidas por el cliente. c) Pedir la declaración testifical del profesional de la Abogacía de la parte contraria o de otros profesionales de la Abogacía que hubieran tenido alguna implicación profesional en el asunto. d) Comunicar el cese o interrupción de las negociaciones extrajudiciales antes de presentar reclamación judicial o, en su caso, de solicitar la ejecución de una resolución.

23 – Elisa, Abogada que ejerce por cuenta propia, está dada de alta en una Mutualidad de previsión social alternativa al RETA. ¿Qué prestaciones mínimas están incluidas en su cobertura?. a) Las mismas prestaciones que ofrece el sistema público: jubilación, invalidez permanente, incapacidad temporal incluyendo maternidad, paternidad, riesgo de embarazo y fallecimiento que pueda dar lugar a viudedad y/o orfandad. b) Las coberturas de jubilación e incapacidad permanente. c) Las coberturas de invalidez permanente, incapacidad temporal y fallecimiento. d) Depende de las coberturas que haya pactado Elisa con la Mutualidad.

24 – Carlos, Abogado en ejercicio, recibe el encargo de un cliente de presentar una demanda de modificación de medidas civiles. Transcurrido un tiempo, Carlos le indica a su cliente que ya ha presentado la demanda, a pesar de no haberlo hecho realmente. ¿En qué clase de responsabilidad podría incurrir Carlos?. a) Responsabilidad civil, penal y disciplinaria, según proceda. b) Responsabilidad civil derivada del delito y en responsabilidad penal, la cual excluye la responsabilidad disciplinaria por aplicación del principio non bis in idem. c) Responsabilidad civil o, alternativamente, en responsabilidad penal exclusivamente. d) Responsabilidad civil, penal y de policía de estrados.

25 –Una sociedad profesional dedicada al asesoramiento jurídico ha sufrido una violación de seguridad que afecta a los datos personales de sus clientes. ¿Cómo debe proceder la sociedad ante dicha circunstancia?. a) Notificará, en todo caso, la violación a la autoridad de control competente en la materia. b) Notificará a la autoridad de control dicha violación de seguridad solo si es probable que la violación constituya un riesgo para los derechos y las libertades de los afectados. c) Bastará con que notifique la violación a su Delegado de Protección de Datos. d) De ninguna forma, dado que el Código deontológico de la Abogacía y el deber de secreto profesional eximen de la obligación de notificar a la autoridad.

26 – Paula, quien acaba de colegiarse como ejerciente, pretende constituir una sociedad profesional con su compañero Rafael. Ambos contratan un seguro de responsabilidad civil profesional, si bien de forma individual. ¿Es necesario que contraten un seguro para constituirse en sociedad profesional?. a) No, es suficiente con que se aseguren ellos individualmente. b) Sí, en todo caso. c) No es necesario, aunque es conveniente hacerlo. d) Depende de si la sociedad está compuesta por socios que no ejerzan la Abogacía.

27 – Concepción, Abogada ejerciente, que presta servicios por cuenta ajena para un despacho de Abogados en régimen de relación laboral especial, tiene dudas acerca de cómo hacer su declaración de la renta. ¿Cómo deberá declarar Concepción en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas las retribuciones que perciba de dicho despacho?. a) Como rendimientos de trabajo si dichas retribuciones no superan los 60.000 € anuales, pero si superan dicha cifra las retribuciones, habrán de declararse como rendimientos de actividades económicas. b) Como rendimientos de actividades económicas, determinándose dicho rendimiento por el régimen de estimación directa. c) Como rendimientos de actividades económicas, por el régimen de estimación objetiva. d) Como rendimientos del trabajo.

28 – Juan Pedro, Abogado en ejercicio, está haciendo limpieza en su despacho y decide tirar en el contenedor más cercano una serie de expedientes relativos a pleitos con más de veinticinco años de antigüedad. ¿Es correcto el proceder de Juan Pedro?. a) Sí, siempre que sean únicamente datos de clientes con los que ya no se mantiene ninguna relación. b) No, porque, aunque sean datos antiguos su destrucción debe llevarse a cabo con pleno respeto de las medidas de seguridad. c) Sí, salvo que se trate de datos de carácter sensible, en cuyo caso deberán ser siempre custodiados en su despacho hasta que deje el ejercicio de la Abogacía. d) No, pues el plazo de conservación de los datos en el ámbito de Abogacía expira a los treinta años.

29 – El matrimonio formado por Carles y Eduard ha decidido someter a mediación su disputa. En la segunda sesión, Eduard observa que no van a poder llegar a un acuerdo, por lo que decide renunciar y abandonar el proceso de mediación. ¿Puede hacerlo?. a) No. Una vez iniciado el proceso de mediación, no cabe abandonarlo. b) Sí, por causa justificada y con la aprobación de la persona mediadora. c) Sí, pero necesitará de la aprobación de Carles. d) Sí, dado que nadie está obligado a mantenerse en el procedimiento de mediación ni a concluir un acuerdo.

30 – Pau tiene reconocido el derecho a la asistencia jurídica gratuita, por lo que se le ha designado para su defensa a una Abogada del turno de oficio, Àngels. Pau quiere escoger libremente como Procurador a su amigo Joan. ¿Puede hacerlo?. a) Sí, y además Pau no tendrá que hacerse cargo de los honorarios de Joan al tener reconocido el derecho a la asistencia jurídica gratuita. b) Sí, pero Pau tendrá que hacerse cargo de los honorarios de Joan. c) No, puesto que en ningún caso pueden actuar simultáneamente un profesional de la Abogacía del turno de oficio y un profesional de la Procura libremente elegido. d) No, salvo que Joan renuncie por escrito a percibir sus honorarios.

31 - A Arantxa se le ha notificado una resolución por la que se le deniega el derecho a la asistencia jurídica gratuita, por lo que decide impugnarla. Tramitada su impugnación, el Juez competente dicta un auto manteniendo la resolución impugnada. ¿Qué recurso puede interponer Arantxa contra dicho auto?. a) No cabe recurso alguno. b) Recurso de apelación ante la Audiencia Provincial. c) Recurso de reforma ante el mismo Juez que lo ha dictado. d) Recurso de revisión ante el/la Letrado/a de la Administración de Justicia.

32 - Marisa (vendedora) y Manel (comprador) no se ponen de acuerdo a la hora de interpretar una de las cláusulas de un contrato de compraventa que ambos suscribieron, por lo que deciden someter dicha disputa a arbitraje. ¿Cuál es el órgano competente para el nombramiento del Árbitro?. a) El Juzgado de Primera Instancia del lugar del arbitraje. b) La Audiencia Provincial del lugar del arbitraje. c) El Árbitro será designado por Manel, a su elección, al ser el comprador. d) La Sala de lo Civil y de lo Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Autónoma donde tenga lugar el arbitraje.

33 - Laura es la Abogada de Irene, quien ha sido condenada en sentencia firme por un delito de robo con violencia. Laura desea interponer recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional al considerar que a lo largo del proceso judicial se vulneraron los derechos fundamentales de su clienta. ¿Qué plazo tiene Laura para interponer este recurso?. a) Noventa días desde la notificación de la resolución recaída en el proceso judicial. b) Sesenta días desde la notificación de la resolución recaída en el proceso judicial. c) Treinta días desde la notificación de la resolución recaída en el proceso judicial. d) Veinte días desde la notificación de la resolución recaída en el proceso judicial.

34 – Ana, residente en Madrid, quiere demandar a la aerolínea AAZZ por un retraso de seis horas en su vuelo a Canarias. ¿Qué Juzgado es competente para conocer de esta demanda?. a) El Juzgado de lo Mercantil del domicilio de Ana. b) El Juzgado de Primera Instancia del domicilio de Ana. c) El Juzgado de lo Mercantil del domicilio social de la aerolínea. d) El Juzgado de lo Contencioso-administrativo del domicilio de Ana.

35 - ¿El enjuiciamiento de cuál de los siguientes delitos no sería competencia de la Audiencia Nacional?. a) Un delito de fraude alimentario cometido por una organización criminal que afecte a varias provincias. b) Un delito de estafa con generalidad de perjudicados que afecta a más de una Comunidad Autónoma. c) Un delito de tráfico de drogas en cantidad que exceda notablemente de la considerada como de notoria importancia. d) Un delito de lesiones contra el/la Consorte del titular de la Corona.

36 – Marina, acreedora de Cristóbal por una deuda de 1.600 €, desea acudir a conciliación para evitar un pleito. ¿Necesita Marina a un profesional de la Abogacía para el expediente de conciliación?. a) No, pero sí necesitará de la intervención de un profesional de la Procura que la represente. b) No, en los expedientes de conciliación no será preceptiva la intervención de profesionales de la Abogacía ni de la Procura. c) Sí, en los expedientes de conciliación es preceptiva tanto la intervención de profesional de la Abogacía como de la Procura. d) No será necesario para la solicitud de conciliación, pero sí que será preceptiva la intervención de profesional de la Abogacía en la celebración del acto de conciliación.

37 – Marcos, Abogado, ha recibido un auto del Juzgado de Primera Instancia estimando la concurrencia de prejudicialidad civil, ya que la Jueza ha considerado que para resolver sobre el objeto del litigio es necesario primero decidir sobre otra cuestión que constituye, a su vez, el objeto principal de otro proceso pendiente ante otro Juzgado de Primera Instancia, sin que sea posible la acumulación de autos. ¿Qué consecuencia podrá tener el auto de prejudicialidad civil en la tramitación del proceso pendiente ante el Juzgado que lo ha dictado?. a) El Juzgado podrá conocer directamente las actuaciones pendientes ante el otro tribunal y resolverlas conjuntamente con efectos de cosa juzgada en ambos procesos. b) El Juzgado podrá decretar la suspensión del curso de las actuaciones en el estado en que se hallen hasta que finalice el proceso que tenga por objeto la cuestión prejudicial. c) El Juzgado deberá continuar el curso de las actuaciones y solo podrá suspender el proceso, una vez que esté pendiente del dictado de la sentencia. d) El Juzgado deberá sobreseer el proceso por litispendencia.

38 – Martina, Abogada, desea plantear una cuestión incidental dentro de un procedimiento ordinario civil. ¿Hasta qué momento procesal puede hacerlo?. a) En cualquier momento del procedimiento, pero siempre antes del dictado de la sentencia. b) En el procedimiento ordinario civil, no cabe plantear cuestiones incidentales. c) Antes de que haya sido admitida la prueba propuesta. c) Antes de que haya sido admitida la prueba propuesta.

39 – Yolanda, parte actora en un procedimiento ordinario civil promovido frente a cuatro demandados, ha visto desestimada la totalidad de sus pretensiones. La Jueza la ha condenado en costas al apreciar temeridad en su demanda. ¿Cuánto deberá pagar Yolanda?. a) La totalidad de las costas ocasionadas a cada uno de los demandados al haberse apreciado temeridad. b) Una cantidad total, al conjunto de los demandados, que no exceda de la tercera parte de la cuantía del proceso. c) A cada demandado una cuarta parte de las costas ocasionadas. d) Una cantidad total que no exceda de las dos terceras partes de la cuantía del proceso.

40 – Durante un procedimiento monitorio, la Jueza de Primera Instancia considera que Vera, Abogada de la parte demandada, ha actuado conculcando las reglas de la buena fe procesal. ¿Puede la Jueza multar a Vera por este motivo?. a) Sí, podrá imponerle una multa que en ningún caso puede superar la tercera parte de la cuantía del litigio. b) No, pero podrá apercibirla formalmente para que deponga su actitud. c) No, solo cabe interponer multa a alguna de las partes, pero no a los profesionales que intervienen en el proceso. d) No, pero podrá dar traslado de tal circunstancia a su Colegio profesional por si pudiera proceder la imposición de algún tipo de sanción disciplinaria.

41 - ¿Cuál de los siguientes recursos no es competencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea?. a) Recurso por incumplimiento. b) Recurso por responsabilidad extracontractual. c) Recurso por omisión. d) Recurso por suplicación.

42 – Mario interpuso una demanda en un procedimiento ordinario contra la mercantil MMMXXX S.A. Tras la contestación de la demanda y un mes antes del juicio, la empresa demandada se allana a las pretensiones contenidas en la demanda de Mario. En este caso, ¿tendrá la mercantil MMMXXX S.A. que abonar las costas a la parte actora?. a) No. En los casos de allanamiento no procederá la imposición de costas, salvo que el Tribunal aprecie mala fe en el demandado. b) Sí, salvo que el Tribunal aprecie, y así lo razone, que el caso presentaba serias dudas de hecho o de derecho. c) En los casos de allanamiento, cada parte abonará las costas causadas a su instancia y las comunes por mitad, salvo que el Tribunal aprecie que la demandada actuó con temeridad. d) Sí, siempre, con independencia de que el caso sea dudoso, puesto que el allanamiento debería haberse producido antes de la contestación a la demanda.

43 – Luis, víctima, y Carlos, investigado, están inmersos en un proceso penal por un delito de lesiones del artículo 147.1 del Código Penal. Luis reclama a Carlos 2.500 € en concepto de responsabilidad civil. ¿Es posible firmar un contrato de transacción por esa cantidad poniendo fin a la causa penal?. a) Sí, se puede transigir sobre la acción civil proveniente de un delito y poner fin al proceso penal. b) No, una vez iniciado el proceso penal, no es posible transacción sobre la acción civil proveniente del delito. c) No. En ningún caso puede transigirse sobre la acción civil proveniente de un delito. d) Sí, se puede transigir sobre la acción civil proveniente de un delito, pero no por eso se extinguirá la acción pública para la imposición de la pena legal.

44 – Xulia ha sido designada por el turno de oficio como Abogada de Alba para un procedimiento de divorcio. Durante el curso del procedimiento, Xulia desea renunciar a la asistencia de esta clienta, ya que es muy problemática. ¿Podrá hacerlo?. a) Sí, pero para ello deberá alegar un motivo personal y justo, que será apreciado por los Decanos de los Colegios. b) Sí, en cualquier fase del procedimiento, siempre que no se cause indefensión al cliente, estando obligada a despachar los trámites procesales urgentes. c) Sí, pero siempre que el órgano judicial ante el que se está tramitando el procedimiento acepte esta renuncia. d) No, dado que solo en el orden penal pueden los profesionales de la Abogacía designados por el turno de oficio excusarse de la defensa.

45 – Fuencisla, Abogada, ha sido designada por el turno de oficio para la defensa de los intereses de María Elena, quien tiene reconocido el derecho a la asistencia jurídica gratuita. María Elena pretende interponer una querella contra una Magistrada de su ciudad porque considera que ha cometido un delito de prevaricación. Tras estudiar el asunto, a Fuencisla le parecen totalmente descabelladas las pretensiones de María Elena. ¿Qué puede hacer?. a) Nada, al estar obligada a asumir la defensa de María Elena en todo caso. b) Presentar, en cualquier momento, informe de insostenibilidad en el que exponga los motivos jurídicos en los que fundamenta su decisión. c) Renunciar a la asistencia de María Elena, al resultar claramente insostenible la pretensión. d) Presentar un informe de insostenibilidad dentro de los quince días siguientes a su designación, comunicando a la Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita los motivos jurídicos en los que fundamenta su decisión.

46 – Mireia, Abogada, ejerce la defensa de una clienta ante la Audiencia Provincial de Barcelona. Durante la tramitación del procedimiento se ha discutido el sentido de una norma del Derecho de la Unión Europea que la Audiencia Provincial debe aplicar para resolver adecuadamente este litigio. ¿Puede plantear la Audiencia Provincial una cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia de la Unión Europea?. a) Sí, puesto que cualquier órgano jurisdiccional de un Estado miembro está legitimado para hacerlo. b) No, puesto que solo aquellos órganos jurisdiccionales de un Estado miembro cuyas decisiones no sean susceptibles de ulterior recurso judicial de Derecho interno tienen legitimación para plantear cuestiones prejudiciales. c) No, puesto que solo el Tribunal Supremo está legitimado para plantear cuestiones prejudiciales ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. d) No, porque solo están legitimados los particulares, personas físicas o jurídicas, que, por haber sufrido un perjuicio, tengan interés legítimo en dicha interposición.

47 – Gonzalo ejerce la defensa de Cristina en un proceso penal. El Juez de Instrucción ha dictado un auto, sin motivar, de continuación por los trámites del procedimiento abreviado, por lo que Gonzalo estima que se ha vulnerado el derecho a la tutela judicial efectiva de su cliente. ¿Qué podría hacer Gonzalo ante esta situación?. a) Interponer incidente de nulidad de actuaciones ante el mismo Juez que ha dictado el auto. b) Interponer incidente de nulidad de actuaciones ante la Audiencia Provincial. c) Interponer recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional. d) Interponer recurso de reforma o apelación contra el auto.

48 – Lorena, Abogada de Málaga, tiene un cliente con domicilio en dicha ciudad que quiere interponer una demanda sobre marca comunitaria, al amparo de lo previsto en el Reglamento n.º 40/94 del Consejo de la Unión Europea, de 20 de diciembre de 1993, contra una mercantil de Madrid. ¿Ante qué Juzgados deberá interponer dicha demanda?. a) Ante los Juzgados de lo Mercantil de Madrid. b) Ante los Juzgados de lo Mercantil de Málaga. c) Ante los Juzgados especializados de lo Mercantil de Alicante, denominados de Marca Comunitaria. d) Ante los Juzgados especializados de Primera Instancia de Alicante, denominados de Marca Comunitaria.

49 – Marina, Abogada, va a interponer un recurso de suplicación contra una resolución dictada por un Juzgado de lo Social de Cádiz. ¿Ante qué órgano debe interponer este recurso?. a) Ante la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía con sede en Sevilla. b) Ante la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía con sede en Granada. c) Ante la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía con sede en Málaga. d) Ante la Sala de lo Social de la Audiencia Provincial de Cádiz.

50 - Saturnino (promotor) y Yeray (constructor) tienen diferencias a la hora de interpretar una cláusula incorporada a un contrato de ejecución de obra. Ambas partes pactaron en dicho contrato la sumisión a arbitraje de cualquier conflicto, disputa o interpretación de sus cláusulas. ¿Es obligatoria la sumisión a arbitraje para resolver esta disputa?. a) Sí. Dicha cláusula obliga a las partes e impide a los Tribunales conocer de la controversia, siempre que la parte a quien interese lo invoque mediante declinatoria. b) No. Cabe acudir con preferencia a la autoridad judicial a voluntad de cualquiera de las partes. c) No, solo si las partes convalidan de mutuo acuerdo esta cláusula de sometimiento a arbitraje una vez que surge el conflicto o disputa. d) Podrá ser o no obligatoria, dependiendo de la naturaleza del conflicto.

1 – Según lo dispuesto en el artículo 48 del Estatuto General de la Abogacía, el profesional de la Abogacía debe facilitar al cliente: a) Únicamente su nombre, número de identificación fiscal, domicilio profesional y medio para ponerse en comunicación con él o con su despacho, incluyendo la vía electrónica. b) Su nombre, número de identificación fiscal, Colegio al que pertenece y número de colegiado, domicilio profesional, domicilio particular y medio para ponerse en comunicación con él o con su despacho, incluyendo la vía electrónica. c) Su nombre, número de identificación fiscal, Colegio al que pertenece y número de colegiado, domicilio profesional y medio para ponerse en comunicación con él o con su despacho, incluyendo la vía electrónica. d) Su nombre, número de identificación fiscal, Colegio al que pertenece y número de colegiado, Universidad en la que cursó sus estudios, domicilio profesional y medio para ponerse en comunicación con él o con su despacho, incluyendo la vía electrónica.

2 – De conformidad con lo dispuesto en el artículo 59 del Estatuto General de la Abogacía, los profesionales de la Abogacía están obligados en las relaciones con otros compañeros a: a) Abstenerse de pedir la declaración testifical del profesional de la Abogacía de la parte contraria o de otros profesionales de la Abogacía que hubieran tenido alguna implicación profesional en el asunto. b) Comunicar al Colegio la intención de interponer, en nombre propio o del cliente, una acción de responsabilidad contra otro profesional de la Abogacía únicamente cuando tenga carácter penal. c) Comunicar el cese o interrupción de las negociaciones extrajudiciales antes o después de presentar reclamación judicial o, en su caso, de solicitar la ejecución de una resolución. d) Atribuirse facultades distintas de las conferidas por el cliente, siempre que sea en interés de éste.

3 – Son principios rectores y valores superiores específicos del ejercicio de la Abogacía: a) Exclusivamente, la autonomía, igualdad, justicia, libertad, dignidad e integridad, así como el respeto del secreto profesional. b) La independencia, libertad, dignidad e integridad, así como el respeto del secreto profesional. c) Los mismos que los previstos para el Ministerio Fiscal, salvo el de legalidad e imparcialidad. d) Únicamente, la independencia, libertad, dignidad, imparcialidad y el respeto del secreto profesional.

4 – ¿Por cuál de las siguientes causas no puede el profesional de la Abogacía solicitar la suspensión del curso del procedimiento?. a) Por fallecimiento, accidente o enfermedad grave de pariente dentro del tercer grado de consanguinidad o afinidad. b) Por fallecimiento, accidente o enfermedad grave, de persona a la que estuviera unido por análoga relación de afectividad a la del matrimonio. c) Por fallecimiento, accidente o enfermedad grave de su cónyuge. d) Por fallecimiento, accidente o enfermedad grave de pariente dentro del segundo grado de consanguinidad.

5 – ¿Durante qué plazo se producirá la suspensión del curso del procedimiento, en los casos en los que ésta haya sido solicitada por un profesional de la Abogacía debido al fallecimiento de su abuelo materno?. a) Tres días naturales a contar desde el día siguiente al hecho causante, plazo que podrá ser de hasta cinco días naturales cuando a tal efecto sea preciso un desplazamiento a otra localidad. b) Tres días hábiles a contar desde el día siguiente al hecho causante, plazo que podrá ser de hasta cinco días hábiles cuando a tal efecto sea preciso un desplazamiento a otra localidad. c) Dos días naturales a contar desde el día siguiente al hecho causante, plazo que podrá ser de hasta cuatro días naturales cuando a tal efecto sea preciso un desplazamiento a otra localidad. d) Dos días hábiles a contar desde el día siguiente al hecho causante, plazo que podrá ser de hasta cuatro días hábiles cuando a tal efecto sea preciso un desplazamiento a otra localidad.

6 – ¿En cuál de los siguientes supuestos tienen derecho los profesionales de la Abogacía a solicitar la posible interrupción de los plazos y demora de los términos?. a) En ninguno, pues los plazos procesales son improrrogables en todo caso. b) En caso de fallecimiento de un hermano de un solo vínculo. c) En caso de fallecimiento de un tío. d) En ninguno, pues los plazos procesales son improrrogables, sin perjuicio de solicitar la suspensión del curso del procedimiento en los casos legalmente previstos.

7 – Los Colegios de la Abogacía son: a) Corporaciones de Derecho Público. b) Consorcios. c) Corporaciones de Derecho Privado. d) Autoridades Administrativas Independientes.

8 – ¿Cómo afecta al ámbito territorial de un Colegio de la Abogacía el hecho de que las demarcaciones judiciales existentes en su territorio de actuación sean objeto de modificación?. a) Dependerá de lo que se haya previsto en la ley que modifique la demarcación y planta judicial. b) Implicará necesariamente una limitación de su ámbito territorial. c) De ninguna forma pues la modificación de las demarcaciones judiciales no afectará al ámbito territorial del Colegio de la Abogacía, que tendrá competencia en las nuevas demarcaciones que puedan crearse. d) Obligará al Colegio de la Abogacía a crear una sección especializa para atender a las necesidades de servicio que la demarcación judicial resultante de la modificación pueda tener durante un periodo de tres años.

9 – En defecto de otra regulación específica, ¿cuál de las siguientes opciones no constituye causa de cese para los miembros de la Junta de Gobierno de los Colegios de la Abogacía según lo dispuesto en el Estatuto General de la Abogacía?. a) Renuncia. b) Pérdida de una cuestión de confianza, según lo regulado en el Estatuto General de la Abogacía. c) Fallecimiento. d) Falta de asistencia injustificada a tres sesiones consecutivas de la Junta de Gobierno o a cinco alternas en el término de un año, previo acuerdo de la propia Junta.

10 – Irune, Abogada en ejercicio, recibe una oferta de trabajo en el departamento legal de una gran empresa. En la entrevista con el área de recursos humanos le comunican que únicamente pueden ofrecerle una relación laboral de carácter especial dado que ésta es la única forma en la que se pueden contratar servicios por cuenta ajena de profesionales de la Abogacía. ¿Es correcta la afirmación del área de recursos humanos?. a) Sí, pues la Abogacía únicamente puede ejercerse en régimen de relación laboral especial o por cuenta propia. b) No, pues la obligación de constituir relación especial de trabajo sólo rige en casos en los que el servicio pactado es en exclusividad, pero no en el resto de los casos. c) No, pues es posible prestar servicio como profesional de la Abogacía en empresas en régimen de relación laboral común. d) Sí, al estar contemplado expresamente en el Estatuto de los Trabajadores.

11 – ¿Pueden los profesionales de la Abogacía asociarse en régimen de colaboración multiprofesional?. a) Sí, con otros profesionales liberales no incompatibles, siempre que constituyan para ello sociedad mercantil. b) Sí, con otros profesionales liberales o no liberales no incompatibles utilizando cualquier forma lícita en Derecho. c) Sí, con otros profesionales liberales no incompatibles utilizando cualquier forma lícita en Derecho. d) Sí, con otros profesionales liberales o no liberales no incompatibles, siempre que constituyan para ello sociedad mercantil.

12 – Teresa, Abogada por cuenta propia como titular de un despacho, se pone en contacto con un antiguo compañero de facultad, que también es Abogado, para que colabore con ella en su despacho. ¿Cómo deberá formalizarse dicha colaboración?. a) En forma verbal o escrita, fijándose las condiciones, duración, alcance y régimen económico de la colaboración. b) En forma escrita, fijándose las condiciones, duración, alcance y régimen económico de la colaboración. c) En forma verbal o escrita, fijándose, exclusivamente, la duración y el régimen económico de la colaboración. d) En forma escrita, fijándose, exclusivamente, la duración y el régimen económico de la colaboración.

13 – Ana, Javier y Carlos se han colegiado como Abogados y creado un despacho colectivo mediante una sociedad profesional. Con ocasión de la llevanza de un pleito a un cliente de la sociedad profesional, Carlos ha cometido una infracción deontológica que ha sido encubierta por Ana y Javier. ¿Puede la sociedad profesional ser sancionada?. a) No, las sociedades profesionales no pueden ser sancionadas en ningún caso. b) Sólo puede ser sancionado el profesional de la Abogacía que administre la sociedad. c) Sí, las sociedades profesionales podrán ser sancionadas por las infracciones cometidas por sus integrantes cuando resulte acreditada su responsabilidad concurrente, como partícipes o encubridores, en la comisión de dichas infracciones. d) No, pues conforme al nuevo Estatuto General de la Abogacía, únicamente pueden ser sancionadas las sociedades profesionales, sin que exista responsabilidad personal del profesional de la Abogacía integrado en un despacho colectivo.

14 – ¿Cómo deberá resolverse el empate en las elecciones entre dos candidaturas a Decano de un Colegio de la Abogacía?. a) Se entenderá elegido el de mayor tiempo de ejercicio en el propio Colegio; y si aún se mantuviera el empate, el de mayor edad. b) Se entenderá elegido el que más votos hubiere obtenido de entre los ejercientes; de persistir este, se repetirá la votación y así sucesivamente hasta obtener la mayoría de los votos. c) Se repetirá la votación y en caso de persistir el empate, será elegido el de mayor tiempo de ejercicio en el propio Colegio. d) Se entenderá elegido el que más votos hubiere obtenido de entre los ejercientes; de persistir este, el de mayor tiempo de ejercicio en el propio Colegio; y si aún se mantuviera el empate, el de mayor edad.

15 – ¿Cuáles son los órganos rectores del Consejo General de la Abogacía?. a) El Pleno, la Diputación Permanente, la Comisión ética y el presidente. b) El Pleno, la Junta de Gobierno y el presidente. c) El Pleno, la Comisión Permanente y el presidente. d) La Asamblea General, la Junta de Gobierno y el presidente.

16 – Constituyen recursos económicos de los Colegios de la Abogacía: a) El importe de las cuotas especiales por baja en el Colegio de la Abogacía. b) Las consignaciones específicas que tuvieran asignadas en los Presupuestos Generales del Estado. c) Las transferencias corrientes o de capital que procedan de las Administraciones o entidades públicas. d) Las multas pecuniarias abonadas en virtud de resolución disciplinaria firme, que se destinarán preferentemente a fines asistenciales.

17 – Tomás, Abogado, se encuentra actualmente incapacitado para el ejercicio de la Abogacía al haber sido sancionado disciplinariamente por el Colegio de la Abogacía de Burgos, a tres meses de suspensión del ejercicio profesional. ¿Qué eficacia territorial tiene la sanción impuesta a Tomás?. a) Únicamente en el ámbito provincial del Colegio de la Abogacía que la haya acordado. b) En todo el territorio nacional. c) Solamente en el ámbito local del Colegio de la Abogacía que la haya acordado. d) En el ámbito autonómico o provincial del Colegio de la Abogacía que la haya acordado, según lo que estipule el Estatuto de Autonomía de la Comunidad Autónoma en la que se encuentre situado dicho Colegio de la Abogacía.

18 – ¿Cuál de las siguientes sanciones va aparejada al hecho de que una sociedad profesional constituida para el ejercicio común de la Abogacía no cuente con un seguro en vigor o garantía equivalente que cubra la responsabilidad en la que pueda incurrir en el ejercicio de sus actividades, cuando la obligación de contar con dicho régimen de garantía esté así prevista por ley?. a) Multa pecuniaria por importe de 300 € hasta 1.500 €. b) Baja de la sociedad en el registro del Colegio correspondiente. c) Suspensión de su actividad por un periodo de hasta cinco años. d) Multa pecuniaria por importe de entre 1.501 y 15.000 €.

19 – Lluís, Abogado, recibió una autorización de su cliente para poder gestionar los fondos de una cuenta bancaria para el pago de los suplidos necesarios para la defensa. Finalizado el asunto, la minuta de Lluís supera el importe restante de los fondos de la cuenta. El cliente considera, a la vista del mal resultado del asunto, que no debe nada. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es correcta según el Código Deontológico de la Abogacía?. a) Lluís puede negarse a devolver los fondos hasta que se resuelva la discrepancia sobre los honorarios. b) Lluís solo puede retener la parte de los fondos que no exceda del importe de sus honorarios. c) Lluís puede, al ser créditos vencidos, líquidos y exigibles, aplicar el mecanismo legal de compensación de pagos y debe devolver el sobrante. d) Lluís no puede retener los fondos, aunque lleve razón en que se le adeuden honorarios profesionales.

20 – ¿De cuántos consejeros electivos se compone el Consejo General de la Abogacía?. a) Doce consejeros elegidos por el Pleno del Consejo entre profesionales de la Abogacía de reconocido prestigio con más de quince años de ejercicio profesional. b) Quince consejeros elegidos por el Pleno del Consejo entre profesionales de la Abogacía de reconocido prestigio con más de diez años de ejercicio profesional. c) Doce consejeros elegidos por el Pleno del Consejo entre profesionales de la Abogacía de reconocido prestigio con más de diez años de ejercicio profesional. d) Quince consejeros elegidos por el Pleno del Consejo entre profesionales de la Abogacía de reconocido prestigio con más de quince años de ejercicio profesional.

21 – Isabel, Abogada, ha percibido solo la mitad de la provisión de fondos que solicitó a su cliente. Tras una sentencia parcialmente estimatoria de las pretensiones de su cliente, éste le pide toda la documentación porque quiere recurrir la sentencia, para encargárselo a otra Abogada. ¿Cuál de las siguientes conductas es deontológicamente correcta?. a) Entregar la documentación a algún compañero que le pida la venia, sin poder hacerlo antes directamente al cliente. b) Poner toda la documentación recibida del cliente a su disposición. c) Poner la documentación únicamente a disposición del Juzgado. d) Requerir fehacientemente el pago de los honorarios pendientes, comunicándole que le facilitará la documentación recibida en cuanto justifique el pago.

22 – Son atribuciones de la Junta de Gobierno, salvo que estén atribuidas a otro órgano por ley o por los Estatutos del Colegio de que se trate: a) Emitir consultas y dictámenes, administrar arbitrajes y dictar laudos arbitrales. b) Crear, regular y otorgar distinciones para premiar los méritos contraídos al servicio de la Abogacía o en su ejercicio; así como revocarlas por causas de indignidad. c) Informar preceptivamente todo proyecto de ley o de disposición de carácter general, o de modificación de la regulación existente, cualquiera que sea su rango, que afecte al ejercicio de la Abogacía o a los Colegios de la Abogacía. d) Contribuir a la formación de los profesionales de la Abogacía y homologar la escuela de práctica jurídica.

23 – Gerard, Abogado, defiende los intereses de varios acreedores de un mismo deudor. Antes de presentar la demanda, Gerard advierte que dos de sus clientes pueden entrar en disputa sobre cuál de sus respectivos créditos puede considerarse preferente respecto del otro. ¿Cuál de las siguientes conductas es la correcta en términos deontológicos?. a) Renunciar al asesoramiento del último cliente que haya contratado sus servicios. b) Renunciar al asesoramiento de ambos clientes. c) Continuar asesorando a ambos y dejar que se dilucide judicialmente cuál de sus créditos es preferente. d) Promover una previa tercería de mejor derecho entre ambos clientes para determinar la preferencia de cobro antes de demandar al deudor.

24 – Íñigo, Abogado, ha sido sancionado por el Colegio de la Abogacía de Madrid por una actuación profesional que llevó a cabo el día 23 de diciembre de 2021 en las dependencias del Juzgado de Instrucción nº 7 de Madrid. El día 10 de enero de 2022 se le notifica el inicio del procedimiento administrativo frente a su persona y el día 15 de enero de 2022 se da de baja en el Colegio de la Abogacía de Madrid. Señale la respuesta correcta: a) La baja en el Colegio extingue cualquier tipo de responsabilidad disciplinaria que pudiera haber contraído hasta ese momento el colegiado. b) La baja en el Colegio extingue la responsabilidad disciplinaria contraída durante el período de alta sin que concluya el procedimiento disciplinario y sin que se acuerde sanción alguna. c) La baja en el Colegio no extingue la responsabilidad disciplinaria contraída durante el período de alta, sino que se concluirá el procedimiento disciplinario y se acordará la sanción que corresponda. En el supuesto en que la sanción no pueda hacerse efectiva en ese momento se tendrá por extinguida la responsabilidad del colegiado sin que la sanción tenga que ser cumplida si el sancionado causase nuevamente alta en el Colegio. d) La baja en el Colegio no extingue la responsabilidad disciplinaria contraída durante el período de alta, sino que se concluirá el procedimiento disciplinario y se acordará la sanción que corresponda. En el supuesto en que la sanción no pueda hacerse efectiva, quedará en suspenso para ser cumplida si el sancionado causase nuevamente alta en el Colegio.

25 – Pau se quiere colegiar como Abogado ejerciente por cuenta propia, y sabe que tiene que darse de alta en la Seguridad Social o en una Mutualidad de previsión social. ¿Cuál de las siguientes normas establece dicha obligación?. a) El Estatuto del trabajo autónomo y el Estatuto General de la Abogacía Española. b) La Ley de Colegios profesionales y la Ley de la Seguridad Social. c) El artículo 13.2 d) del Estatuto General de la Abogacía y el Código Deontológico. d) La Ley 30/1995, de 8 noviembre, de Ordenación y supervisión de los seguros privados y el Estatuto de los trabajadores.

26 – En relación con los datos sobre procedimientos y medidas cautelares y de seguridad conexas a condenas e infracciones penales: a) Solo pueden ser tratados con el consentimiento explícito de las personas afectadas. b) Solo pueden ser tratados por los Juzgados y Tribunales competentes. c) Pueden ser tratados por profesionales de la Abogacía y de la Procura con el objeto de recoger la información facilitada por sus clientes para el ejercicio de sus funciones. d) En ningún caso pueden ser objeto de tratamiento.

27 – Un despacho de profesionales de la Abogacía especializado en derecho penal cuenta con 175 personas en su organización y trata datos personales relativos a condenas e infracciones penales. ¿Cuál de las siguientes obligaciones debe cumplir el despacho en materia de protección de datos?. a) Ninguna, pues al tener menos de 250 personas, no tiene obligación de llevar un Registro de Actividades de Tratamiento. b) Deberá notificar sus ficheros a la Agencia Española de Protección de Datos según lo dispuesto en la Ley Orgánica de Protección de Datos. c) Tiene que llevar un Registro de Actividades de Tratamiento, pues su llevanza constituye una obligación aplicable a toda empresa con independencia de su tamaño y especialidad. d) Tiene que llevar un Registro de Actividades de Tratamiento porque trata datos personales relativos a condenas e infracciones penales.

28 – La anotación de las sanciones en el expediente personal del colegiado se cancelará cuando haya transcurrido: a) Un año en caso de sanción de suspensión superior a diez días sin exceder de un año. b) Un año en caso de multa pecuniaria entre 1.001 y 10.000 €. c) Seis meses en caso de sanción de multa pecuniaria de 300 hasta 1.500 €. d) Un año en caso de sanción de multa pecuniaria de 300 hasta 10.000 €.

29 – ¿Qué dispone el Código Deontológico de la Abogacía Española en materia de cobertura de la responsabilidad civil derivada del ejercicio de la profesión?. a) Para cubrirla, todo profesional de la Abogacía ha de suscribir obligatoriamente un seguro de responsabilidad civil con un capital asegurado mínimo de 100.000 €. b) Se deberá tener cubierta la responsabilidad profesional en cuantía adecuada a los riesgos que implique. c) El Código Deontológico de la Abogacía Española no se pronuncia sobre la cobertura de responsabilidad civil. d) Para las sociedades profesionales la contratación de un seguro que cubra la responsabilidad civil es meramente opcional, no siendo obligatoria su contratación en el caso de que intenten cubrir su responsabilidad civil por otros mecanismos.

30 – La mercantil española TTTRRRXX S.A. considera que un acto de la Comisión Europea le ha ocasionado un perjuicio indemnizable y desea, por tanto, interponer recurso ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. ¿Qué denominación recibe este recurso?. a) Recurso por incumplimiento. b) Recurso de responsabilidad extracontractual. c) Recurso de anulación. d) Recurso de legalidad.

31 – De entre las siguientes personas e instituciones, ¿Quién no está legitimado para instar el procedimiento de ‘Habeas Corpus’?. a) El Defensor del Pueblo. b) El Ministerio Fiscal. c) El Juez competente, de oficio. d) El primo de la persona privada de libertad.

32 – Pedro tiene su domicilio en Plasencia y quiere presentar una demanda frente a sus hermanos Lucía y Juan que viven en Cáceres y Jerez, respectivamente, para dividir el patrimonio hereditario del padre de los tres hermanos, que tuvo su último domicilio en Salamanca, pero falleció en un accidente de tráfico en Mérida. ¿Qué Tribunal será competente para conocer del juicio?. a) El del lugar del último domicilio del finado. b) El del lugar del domicilio de la parte demandante. c) El del lugar del domicilio de cualquiera de las partes demandadas. d) El del lugar del accidente.

33 – Federico, residente en Alcalá de Henares, quiere interponer una demanda en materia de derecho al honor contra Tristán, con domicilio en L’Hospitalet de Llobregat, por unas expresiones que éste vertió en un programa de televisión emitido desde un plató ubicado en la ciudad de Sabadell. ¿Qué Tribunal será competente para conocer de este pleito?. a) Los Juzgados de Primera Instancia de L’Hospitalet de Llobregat. b) Los Juzgados de Primera Instancia de Sabadell. c) Los Juzgados de Primera Instancia de Alcalá de Henares. d) Los juzgados de Primera Instancia de Sabadell o L’Hospitalet de Llobregat, a elección de Federico.

34 – Un grupo de trabajadores quiere interponer una demanda sobre tutela de su derecho de libertad sindical. Este pleito tendrá efectos en varias provincias de Andalucía. ¿Cuál es el Tribunal competente para conocer de este procedimiento?. a) La Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía. b) El Juzgado de lo Social del domicilio del demandado. c) La Sala de lo Social de la Audiencia Nacional. d) La Sala de lo Social del Tribunal Supremo.

35 – ¿Cuál de los siguientes derechos y libertades reconocidos en la Constitución no es susceptible de amparo constitucional?. a) La objeción de conciencia. b) El derecho a la propia imagen. c) La libertad de cátedra. d) El derecho a la propiedad privada.

36 – Xurde ha sido condenado, en primera instancia, por el Juzgado de lo Penal de Oviedo a una pena privativa de libertad. Xurde considera que durante el pleito se han producido diversas violaciones de su derecho a la tutela judicial efectiva. ¿Puede interponer directamente contra dicha sentencia recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional?. a) Sí, en el plazo de 30 días desde su firmeza. b) No, puesto que previamente debe agotar los medios de impugnación previstos por las normas procesales para el caso concreto dentro de la vía judicial. c) Sí, en el plazo de 20 días desde su firmeza. d) Sí, pero siempre que su defensa hubiera formulado protesta cuando se produjo la vulneración del derecho constitucional.

37 – ¿Tienen derecho a la asistencia jurídica gratuita las personas extranjeras que se encuentren en España en el caso en el que acrediten insuficiencia de recursos para litigar?. a) Sí, pero solo si son nacionales de otro Estado de la Unión Europea. b) Sí, siempre que sean víctimas de violencia de género, terrorismo o trata de seres humanos. c) Sí, pero únicamente en los procedimientos que puedan llevar a la denegación de su entrada en España, a su devolución o expulsión del territorio español, y en todos los procedimientos en materia de asilo. d) Sí, con el alcance fijado en la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita y en los tratados y convenios internacionales sobre esta materia en los que España sea parte.

38 – Aurelio ha sido designado por el turno de oficio para asistir y defender los intereses de Cynthia, la cual quiere interponer una querella contra Ricardo. Examinado el asunto, Aurelio considera que las pretensiones de Cynthia son insostenibles. ¿Qué podrá hacer Aurelio?. a) Tendrá necesariamente que continuar con la asistencia, puesto que en el orden penal no cabe excusarse de la defensa. b) Deberá comunicarlo a la Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita, dentro de los 15 días siguientes a su designación, exponiendo los motivos jurídicos en los que fundamenta su decisión. c) Podrá renunciar directamente a interponer la querella sin necesidad de realizar ningún tipo de comunicación, al tratarse de una pretensión insostenible. d) Deberá comunicarlo a la Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita, dentro de los 20 días siguientes a su designación, exponiendo los motivos jurídicos en los que fundamenta su decisión.

39 – Adriana es la curadora, con facultades de representación, de su abuela Carmela. ¿Puede transigir Adriana sobre cuestiones relativas a los intereses de Carmela?. a) Sí, sin necesidad de autorización judicial, pero solo en el caso en el que pleito no se hubiera iniciado. b) Sí, pero necesitará autorización judicial, salvo que se trate de asuntos de escasa relevancia económica. c) No, nunca, al tratarse de una materia excluida de la transacción por afectar a una persona necesitada de especial protección. d) Sí, pero únicamente en el caso en el que su abuela le hubiera otorgado previamente un poder especial para ello.

40 – En un proceso penal, la Audiencia Provincial de Madrid ha dictado sentencia, en la que a juicio del Abogado Marcos se ha omitido manifiestamente un pronunciamiento sobre una pretensión sustanciada en el proceso. Indique la respuesta correcta. a) En este caso, el Tribunal podrá aclarar la resolución de oficio dentro de los dos días hábiles siguientes al de la publicación de la resolución, o a petición de parte o del Ministerio Fiscal formulada dentro del mismo plazo. b) En este caso, el Tribunal, a solicitud escrita de parte en el plazo de cinco días a contar desde la notificación de la resolución previo traslado de dicha solicitud a las demás partes, para alegaciones escritas por otros cinco días, dictará auto por el que resolverá completar la resolución con el pronunciamiento omitido o no haber lugar a completarla. c) En este caso, si el Tribunal advirtiese esta omisión, podrá aclarar su resolución en cualquier momento. d) En un caso como este, no es posible la aclaración de la resolución ni de oficio ni a petición de parte.

41 – ¿Cuál de los siguientes supuestos no constituye una exención objetiva de tasas judiciales?. a) La solicitud de concurso voluntario por el deudor. b) La interposición de recursos contencioso-administrativos cuando se recurra en casos de silencio administrativo negativo o inactividad de la Administración. c) Las acciones que, en interés de la masa del concurso y previa autorización del Juez de lo Mercantil, se interpongan por los administradores concursales. d) Los procedimientos de división judicial de patrimonios, en los supuestos en que se formule oposición o se suscite controversia sobre la inclusión o exclusión de bienes.

42 – De acuerdo con la Ley de Enjuiciamiento Civil, ¿cuál de los siguientes gastos no se incluirá en las costas?. a) La inserción de anuncios o edictos que de forma obligada deban publicarse en el curso del proceso. b) Los derechos arancelarios que deban abonarse como consecuencia de actuaciones necesarias para el desarrollo del proceso. c) Copias, certificaciones, notas, testimonios y documentos análogos que hayan de solicitarse conforme a la Ley. d) El importe de la tasa abonada en los procesos de ejecución de las hipotecas constituidas para la adquisición de vivienda habitual.

43 – ¿Tiene el inicio de una mediación sobre un asunto civil algún efecto sobre los plazos de prescripción de la acción civil?. a) No, no tiene efectos sobre la prescripción en ningún caso. No obstante, la solicitud de inicio de la mediación suspenderá la caducidad de acciones desde la fecha en la que conste la recepción de dicha solicitud por el mediador. b) Sí. La solicitud suspenderá la prescripción de la acción, aunque si en el plazo de quince días naturales a contar desde la recepción de la solicitud de inicio de la mediación no se firmara el acta de la sesión constitutiva, se reanudará el cómputo de los plazos. c) No, la mera solicitud de inicio de la mediación no suspenderá la prescripción de la acción. Solo cuando se firme el acta de la sesión constitutiva podrá suspenderse el plazo de prescripción. d) No. La mediación no produce ningún efecto sobre la prescripción o caducidad de la acción civil.

44 – Marina intervino como mediadora en un asunto civil que concluyó sin acuerdo. Una de las partes que intervino en la mediación la ha citado a juicio como testigo. ¿Está Marina obligada a declarar sobre la información que obtuvo en la mediación?. a) No, en ningún caso. El procedimiento de mediación y la documentación utilizada en el mismo es siempre confidencial y la información obtenida por el mediador no puede ser revelada bajo ningún concepto. b) Sí, siempre que las partes de manera expresa y por escrito le dispensen del deber de confidencialidad. c) No, en ningún caso. Solo en el orden jurisdiccional penal, mediante resolución judicial motivada, puede ser Marina dispensada del deber de confidencialidad. d) Sí, los mediadores pueden intervenir como testigos en un pleito civil y están obligados a declarar sobre la información de la que hubieran tenido conocimiento por razón de sus cargos.

46 – ¿Qué Tribunal es competente para conocer de la acción de anulación de un laudo?. a) El Juzgado de Primera Instancia del lugar del arbitraje. b) El Juzgado de Primera Instancia del lugar donde las medidas deban producir su eficacia. c) La Sala de lo Civil y de lo Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Autónoma donde aquel se hubiere dictado. d) El Juzgado de Primera Instancia del domicilio o lugar de residencia de la persona a quien se refieren los efectos del laudo.

47 – Rosa y Jaume han firmado un contrato de transacción civil con el fin de evitar un pleito sobre un asunto de lindes. Con posterioridad a la firma de dicho contrato, Rosa descubre nuevos documentos que le hubieran beneficiado a la hora de resolver esta controversia. ¿Qué podrá hacer Rosa?. a) Rosa podrá en todo caso anular o rescindir la transacción en cualquier momento. b) Rosa no podrá anular ni rescindir la transacción por este motivo, salvo en el caso en el que hubiera habido mala fe. c) Rosa podrá anular la transacción dentro de los quince días siguientes al descubrimiento del documento, aunque no hubiera habido mala fe. d) Rosa solo podrá anular la transacción en los casos de error, violencia, dolo o falsedad de documentos.

48 – Los profesionales de la Abogacía designados de oficio para la asistencia, defensa y representación gratuita, ¿hasta cuándo deben desempeñar sus funciones?. a) Hasta la terminación del proceso en la instancia judicial de que se trate y, en su caso, la ejecución de las sentencias, si las actuaciones procesales en ésta se produjeran dentro de los cinco años siguientes a la resolución judicial dictada en la instancia. b) Hasta la terminación del proceso en la instancia judicial de que se trate y, en su caso, la ejecución de las sentencias, si las actuaciones procesales en ésta se produjeran dentro de los tres años siguientes a la resolución judicial dictada en la instancia. c) Hasta la terminación del proceso en la instancia judicial de que se trate y, en su caso, la ejecución de las sentencias, si las actuaciones procesales en ésta se produjeran dentro de los cuatro años siguientes a la resolución judicial dictada en la instancia. d) Hasta la terminación del proceso en la instancia judicial de que se trate y, en su caso, la ejecución de las sentencias, si las actuaciones procesales en ésta se produjeran dentro de los dos años siguientes a la resolución judicial dictada en la instancia.

50 – Faustino considera que ha sido detenido ilegalmente por lo que presenta un escrito de solicitud de ‘habeas corpus’ al Juzgado de Instrucción en funciones de guardia. ¿Cuál de los siguientes datos no es preceptivo que conste en dicha solicitud?. a) El nombre y circunstancias personales de Faustino. b) La autoridad bajo cuya custodia se encuentra, si fuera conocida. c) El motivo concreto por el que se solicita el ‘habeas corpus’. d) El profesional de la Abogacía que necesariamente ha de designar para su defensa.

6 – Ibai carece de recursos suficientes para litigar y ha sido denunciado por un delito leve de hurto. ¿Tiene derecho a la asistencia jurídica gratuita?. a) No, al tratarse de un delito leve. b) Sí, en el caso en el que Ibai ejercite su derecho a estar asistido de Abogado y así se acuerde por el Juzgado o Tribunal. c) No, tratándose de delitos leves, solo está previsto para los casos de violencia de género. d) Solo en el caso en que la otra parte estuviera asistida de Abogado.