ABOGACÍA 2024

1 - Carla, profesional de la Abogacía, participa en un procedimiento de contratación sujeto a la legislación de contratos del sector público. A efectos de dar cumplimiento a lo previsto en el pliego ¿puede Carla incluir en su historial profesional referencias a los clientes para los que ha prestado servicios?. a) En ningún caso. b) Sí, siempre que los clientes no lo hayan prohibido expresamente y que se respete el deber de confidencialidad y la normativa sobre protección de datos personales, sin infringir el derecho a la intimidad de las personas físicas. c) Sí, aun cuando los clientes lo hayan prohibido expresamente, al tratarse de servicios prestados por ella misma. d) Única y exclusivamente cuando los clientes lo hubieran autorizado expresamente al tiempo de ser prestados los servicios.

2 – Carmen, profesional de la Abogacía, tiene intención de interponer, en nombre de su cliente, una acción de responsabilidad civil derivada del ejercicio profesional contra su compañera Ana. ¿Tiene alguna obligación de comunicación con el Colegio?. a) No, pues únicamente habría estado obligada a comunicar al Colegio su intención de interponer la acción si la interpusiera en nombre propio. b) No, pues únicamente está obligada a comunicar a Ana su intención de interponer la acción, sin que exista obligación de comunicación al Colegio. c) Sí, está obligada a comunicar al Colegio la intención de interponer la acción. d) No, pues únicamente habría estado obligada a comunicar al Colegio su intención de interponer una acción penal.

3 – Carlos presta sus servicios como profesional de la Abogacía a una empresa de servicios de arquitectura. ¿Está obligado a entregar factura al cliente de los servicios prestados?. a) Sí, deberá entregar factura al cliente que tendrá que cumplir con todos los requisitos legales y deberá expresar detalladamente los diferentes conceptos de los honorarios y la relación de gastos. b) No, pues solo existiría obligación de entregar factura en el caso de servicios prestados por una sociedad profesional. c) No, pues solo existiría obligación de entregar factura en el caso de servicios prestados a una persona física. d) No, pues los profesionales de la Abogacía nunca tienen la obligación de entregar factura al cliente.

4 – Raúl, tras obtener el título profesional de abogado, quiere incorporarse al Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid como colegiado no ejerciente. Señale la respuesta correcta: a) Para incorporarse como colegiado no ejerciente deberá carecer de antecedentes penales por delitos que lleven aparejada la imposición de penas graves. b) Para incorporarse como colegiado no ejerciente deberá superar un examen psicotécnico específico para no ejercientes en el Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid. c) Para incorporarse como colegiado no ejerciente deberá formalizar el alta en el Régimen de Seguridad Social que corresponda. d) Para incorporarse como colegiado no ejerciente no es preciso cumplir ningún requisito adicional a la posesión del título profesional que le habilite para el ejercicio de la profesión de la Abogacía.

5 – Señale la consecuencia penal a que se enfrenta Blanca, profesional de la abogacía cuando, en un proceso judicial, en el ejercicio de sus funciones y con el fin de favorecer a su cliente, presenta a sabiendas un testigo falso: a) Ninguna, pues la presentación a sabiendas de un testigo falso por un abogado en el ejercicio de sus funciones no está tipificada como delito en el Código Penal, sin perjuicio de la responsabilidad disciplinaria a que pudiera dar lugar. b) Podrá ser condenada por un delito de obstrucción a la justicia. c) Podrá ser castigada con la misma pena prevista para el testigo que faltare a la verdad en su testimonio, en su mitad superior. d) Podrá ser castigada con la misma pena prevista para el testigo que faltare a la verdad en su testimonio, en su mitad inferior.

6 – Adrián pretende el ejercicio de una acción penal por una negligencia médica causante de una penosa secuela. A tal efecto visita a Marta, profesional de la abogacía, quien, estudiado el asunto,aprecia la casi segura inexistencia de responsabilidad penal y propone la reclamación por vía civil. Adrián insiste en la presentación de la querella. ¿Qué debe hacer Marta?. a) Atender el deseo de su cliente pese a su convicción del fracaso de la acción penal, pero advirtiéndole por escrito de las nulas posibilidades de éxito, con lo que salvaría su responsabilidad. b) Atender el deseo de su cliente, porque prevalece el derecho de defensa y el letrado debe tratar a su cliente con base en el principio de confianza, esencial en el ejercicio de la abogacía. c) El ejercicio de la abogacía no es un contrato de mandato, porlo que, ante simples decisionestécnicas como la planteada, el letrado puede imponer su criterio, acudiendo a la reclamación por vía civil que rechaza Adrián, incluso contra el criterio del cliente. d) Puede negarse a presentar la querella, porque el letrado no está obligado a aceptar el encargo y puede rechazar las instrucciones que, en contra de los propios criterios profesionales, pretenda imponer el cliente.

7 – Señale cuál de las siguientes conductas, cometida por un profesional de la Abogacía, constituye una infracción muy grave: a) No comunicar al Colegio el cambio de domicilio profesional. b) El abandono de la defensa que le haya sido confiada cuando se cause indefensión al cliente. c) La embriaguez cuando afecte al ejercicio de la profesión. d) Comprometer en sus comunicaciones con el profesional de la abogacía de la parte contraria al propio cliente con comentarios que puedan causarle desprestigio.

8– Señale cuál de las siguientes circunstancias dará lugar a la pérdida de la condición de colegiado: a) La comisión por el colegiado de cualquier infracción, de manera automática y con independencia de la sanción impuesta. b) La falta de pago de dos mensualidades de la cuota obligatoria. c) La sanción de expulsión del Colegio acordada por resolución firme en expediente disciplinario. d) La imposición de una sanción de multa pecuniaria.

9 - Señale qué derecho, en relación con el ejercicio de la abogacía, reconoce la Constitución Española de 27 de diciembre de 1978: a) Todas las personas tienen derecho a la defensa y a la asistencia de letrado. b) El profesional de la abogacía tiene derecho al reintegro de los gastos ocasionados. c) Únicamente los españoles tienen derecho a la defensa y a la asistencia de letrado. d) Los extranjeros tendrán, en todo caso, derecho a la asistencia gratuita de letrado.

10 - Los Tribunales Superiores de Justicia tienen jurisdicción: a) En el ámbito territorial de su respectiva Comunidad Autónoma. b) En el ámbito territorial de su respectiva provincia. c) En el ámbito territorial de su respectivo partido. d) En toda España.

11 – Los Juzgados Centrales de lo contencioso-administrativo tienen su sede: a) En la ciudad de Sevilla. b) Existirá una sede en todas y cada una de las Comunidades Autónomas. c) En el lugar que se establezca por el Gobierno en cada legislatura, oído previamente el Consejo General del Poder Judicial. d) En la villa de Madrid.

12 – Señale la respuesta correcta en relación con la competencia de los Tribunales españoles. a) Los Tribunales españoles podrán declinar su competencia cuando el supuesto litigioso presente vinculación con España, siempre que los Tribunales de los distintos Estados conectados con el supuesto hayan declinado su competencia. b) En defecto de sumisión expresa o tácita y aunque el demandado no tuviera su domicilio en España, los Tribunales españoles serán competentes en materia de obligaciones extracontractuales, cuando el hecho dañoso se haya producido en territorio español. c) Los Tribunales españoles serán siempre competentes en materia de sucesiones cuando el causahabiente tenga su residencia en España, con independencia del lugar de la última residencia habitual del causante y el lugar donde se encuentren los bienes. d) Serán siempre competentes los Tribunales españoles, aunque su competencia no resulte de otras disposiciones, cuando comparezca ante ellos el demandado en aquellos supuestos en que la comparecencia tenga por objeto impugnar la competencia.

13 – Se impugna un Decreto de la Alcaldía del Ayuntamiento de Huelva por el que se aprueban los criterios generales que deben regir los procesos selectivos extraordinarios de consolidación de empleo en el referido Ayuntamiento. El Juzgado de lo Contencioso-administrativo ante el que se interpone el recurso, entiende que la competencia corresponde a la jurisdicción social, por establecer el Decreto una convocatoria de empleo de personal laboral. El Juzgado de lo Social nº 1 de Huelva considera competente a la jurisdicción contencioso-administrativa, al impugnarse una disposición general de rango inferior a la ley. Planteado el conflicto de competencia negativo entre ambos Juzgados ¿a quién corresponde su resolución?. a) A una Sala especial del Tribunal Supremo, presidida por el Presidente y compuesta por dos Magistrados, uno por cada orden jurisdiccional en conflicto, que serán designados anualmente por la Sala de Gobierno. b) A la Sala Primera del Tribunal Supremo, al ser la que no se encuentra afectada por los órdenes jurisdiccionales en conflicto. c) Al órgano inmediato superior común, esto es, la Audiencia Provincial de Huelva. d) Al órgano inmediato superior común, esto es, el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía.

14 – Un cliente se dirige a un profesional de la abogacía manifestando su interés en contratar sus servicios para una ejecución derivada de un laudo arbitral dictado a su favor. No obstante, desconoce si para la ejecución derivada de un laudo arbitral se requerirá la intervención de abogado. Señale la respuesta correcta: a) En ningún caso, al derivar la ejecución de un mecanismo extrajudicial de conflictos. b) En todo caso, con independencia de la cantidad por la que se despache ejecución. c) Únicamente en aquellos supuestos en los que la cantidad por la que se despache ejecución sea superior a 500.000 euros, no requiriéndose la intervención cuando la cantidad sea inferior. d) Siempre que la cantidad por la que se despache ejecución sea superior a 2.000 euros.

15 – Los actos realizados al amparo del texto de una norma que persigan un resultado prohibido por el ordenamiento jurídico: a) Se consideran plenamente válidos y no podrán ser atacados, pues lo relevante no es el fin, sino el amparo del acto en el texto de una norma. b) Se consideran ejecutados en fraude de ley, si bien nunca podrá aplicarse la norma que se hubiere tratado de eludir. c) Se consideran ejecutados en abuso de derecho. d) Se consideran ejecutados en fraude de ley y no impedirán la debida aplicación de la norma que se hubiere tratado de eludir.

16 – Jorge pretende ejercitar una acción por infracción de un derecho de propiedad intelectual y formula, como diligencia preliminar, solicitud de diligencias de obtención de datos sobre el origen y redes de distribución de las obras que, entiende, infringen su derecho de propiedad intelectual. Consulta con un profesional de la abogacía para que le resuelva la cuestión de quién deberá hacerse cargo de los gastos que se ocasionen a las personas que hubieren de intervenir en las diligencias. Señale la respuesta correcta: a) Serán a cargo de las personas que deban intervenir en las diligencias. b) Serán a cargo de Jorge, como solicitante de las diligencias preliminares, debiendo ofrecer caución al pedir las diligencias. c) Serán a cargo del órgano judicial que acuerde la práctica de las diligencias preliminares. d) Procede advertir a Jorge de la imposibilidad, tras la reforma operada en la normativa procesal en el año 2024, de solicitar diligencias preliminares.

17 – La resolución de una cuestión incidental de especial pronunciamiento planteada en el proceso se realizará: a) Con la debida separación, en la sentencia definitiva. b) Mediante providencia. c) Mediante auto. d) Mediante diligencia de ordenación.

18 – A Laura, profesional de la abogacía, se le notifica una sentencia que estima la demanda interpuesta en nombre y representación de su cliente. No obstante, el fallo es confuso, por lo que se plantea solicitar aclaración de la sentencia, ¿es posible?. a) No, los tribunales no podrán aclarar los conceptos oscuros de las sentencias, consecuencia de la invariabilidad de las mismas. b) No, pues únicamente procede solicitar aclaración en relación con los autos. c) Sí, sin límite temporal para presentar la solicitud de aclaración. d) Sí, en el plazo de los dos días hábiles siguientes.

19 – ¿Qué recurso cabrá interponer frente al auto que acuerde la suspensión de un asunto civil por prejudicialidad penal?. a) No cabrá recurso alguno. b) Recurso de apelación. c) Recurso de reposición. d) Recurso directo de revisión.

20 – A los efectos de comprobar la insuficiencia de recursos para litigar de quien pudiera ser beneficiario de asistencia jurídica gratuita, se considerará: a) Únicamente las rentas del posible beneficiario. b) Únicamente los bienes patrimoniales del solicitante. c) Las rentas y otros bienes patrimoniales del solicitante, sin que proceda considerar ninguna otra circunstancia adicional. d) Las rentas y otros bienes patrimoniales o circunstancias del solicitante y además los signos externos que manifiesten su real capacidad económica.

21 – Martín, quien ha obtenido el reconocimiento del derecho a la asistencia jurídica gratuita, ha sido condenado en costas en la resolución que pone fin al proceso. Consulta con el profesional de la abogacía que le asistió si queda obligado a pagarlas. Señale la respuesta correcta: a) Sí, debe proceder al pago inmediato pues el reconocimiento del derecho a la asistencia jurídica gratuita no comprende, en ningún caso, la obligación de pagar las costas. b) No, en ningún caso, al gozar de tal beneficio al tiempo del dictado de la resolución, con independencia de cual sea su situación futura. c) Sí, pero únicamente las causadas en su defensa. d) Quedará obligado a pagar las causadas en su defensa y las de la parte contraria, si dentro de los tres años siguientes a la terminación del proceso viniere a mejor fortuna.

22 – Jordi, profesional de la abogacía, es sancionado por una infracción grave relacionada con una actuación desarrollada en la prestación de los servicios en el Turno de Oficio. ¿Tendrá tal sanción alguna incidencia en la continuidad de Jordi en la prestación de los servicios del Turno de Oficio?. a) No, pues el expediente disciplinario resulta ajeno a la prestación de tales servicios. b) Sí, pues la sanción impuesta lleva aparejada, en todo caso, la exclusión del profesional de la abogacía de dichos servicios por un plazo mínimo de seis meses e inferior a un año. c) No, pues la sanción únicamente llevaría aparejada la exclusión si hubiese sido impuesta por una infracción muy grave. d) Sí, pues la sanción impuesta lleva aparejada, en todo caso, la exclusión del profesional de la abogacía de dichos servicios de manera definitiva.

23 – En los procesos declarativos, conforme a la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, las costas de la primera instancia se impondrán: a) A la parte que haya visto rechazadas todas sus pretensiones, salvo que el tribunal aprecie, y así lo razone, que el caso presentaba serias dudas de hecho o de derecho. b) En los procesos declarativos no es posible imponer las costas a ninguna de las partes. c) A la parte que haya visto rechazadas sus pretensiones, sin que el Tribunal pueda excepcionar esta regla por apreciar y razonar que el caso presenta serias dudas de hecho o de derecho. d) En todo caso, al tratarse de un proceso declarativo, cada parte abonará las costas causadas a su instancia y las comunes por mitad.

24 – En un proceso seguido ante el orden jurisdiccional contencioso-administrativo, ¿pueden ser impuestas las costas al Ministerio Fiscal?. a) En ningún caso. b) Sí, en el orden jurisdiccional contencioso-administrativo es en el único en el que se permite la imposición de costas al Ministerio Fiscal. c) Sí, pero solo en el caso de que la sentencia resulte contraria a la posición del Ministerio Fiscal en el proceso. d) Sí, pero únicamente deberá abonar una cantidad total que no exceda de la tercera parte de la cuantía del proceso.

25 – La tasación de costas: a) No podrá ser impugnada. b) Podrá ser impugnada por excesivas o indebidas. c) Únicamente podrá ser impugnada por incluir gastos indebidos. d) Únicamente podrá ser impugnada por incluir un importe de honorarios excesivo.

26 - Juana y Fernando son abogados y han creado un despacho colectivo. Juana va a emitir su primera minuta a un cliente, que ha atendido ella sin ayuda de Fernando. ¿Debe dejar constancia en la minuta de que es integrante de un despacho colectivo?. a) No es necesario, pues basta con que figure su nombre completo. b) Sí. En la minuta deberá dejar constancia de su condición de profesional de la abogacía agrupada en un despacho colectivo. Los honorarios corresponderán al colectivo sin perjuicio del régimen interno de distribución que hayan convenido. c) En ningún caso puede hacer constar en la minuta que es integrante de un despacho colectivo, al ser personal la intervención de Juana. d) Juana podrá decidir si hace o no mención al despacho colectivo en su minuta, no siendo obligatoria al haber intervenido sin su compañero en el asunto.

27 – La cuantía de los honorarios de un profesional de la abogacía: a) Viene detallada específicamente por norma con rango de ley que determina el importe de la contraprestación a que el profesional de la abogacía tiene derecho por cada uno de los servicios prestados. b) Será impuesta por el profesional de la abogacía sin necesidad de respetar norma alguna. c) Será libremente convenida entre el cliente y el profesional de la abogacía con respeto a las normas deontológicas y sobre defensa de la competencia y competencia desleal. d) Será libremente determinada por el cliente.

28 – Señale la condición necesaria para que los profesionales de la abogacía puedan asociarse en régimen de colaboración multiprofesional con otros profesionales liberales no incompatibles: a) Que la agrupación tenga por objeto la prestación de servicios conjuntos, entre los que deberá incluirse necesariamente servicios jurídicos que se complementen con los de otras profesiones. b) Que la agrupación tenga como objeto exclusivo el ejercicio profesional de la abogacía y que esté integrada solo por profesionales de la abogacía, sin limitación de número. c) Que la agrupación tenga por objeto la prestación de servicios conjuntos, aun cuando no incluyan servicios jurídicos. d) No es posible que los profesionales de la abogacía se asocien en régimen de colaboración multiprofesional con otros profesionales liberales no incompatibles.

29 – En caso de conflicto entre las normas deontológicas aprobadas por el Consejo General de la Abogacía y las contenidas en los Estatutos colegiales, prevalecerán. a) Las normas deontológicas aprobadas por el Consejo General de la Abogacía Española. b) Las normas deontológicas contenidas en los Estatutos colegiales. c) Prevalecerán, conforme al principio prior in tempore, las normas que hayan sido primeramente aprobadas. d) Las normas deontológicas que determine el Tribunal Supremo para cada caso concreto, al que habrá que acudir en cada supuesto de conflicto entre las normas deontológicas aprobadas por el Consejo General de la Abogacía Española y las normas deontológicas contenidas en los Estatutos colegiales.

30 – Lola, profesional de la abogacía, ha emitido, a petición de su cliente, un informe que contiene valoraciones profesionales sobre el resultado de un asunto. ¿Puede Lola dar a conocer a un tercero el contenido de dicho informe?. a) Sí, sin necesidad de comunicarlo a su cliente, al tratarse de un informe emitido por Lola en el ejercicio de su actividad profesional y sobre el que ostenta todos los derechos. b) Sí, pero únicamente cuando el cliente lo autorice de manera expresa. c) Sí, pero únicamente cuando el cliente no lo haya prohibido expresamente al formular la petición. d) No, en ningún caso, ni aunque el cliente de manera expresa lo autorice.

31 – Un cliente de Andrea, profesional de la abogacía, le propone que, en un proceso judicial en el que interviene como demandante, solicite la declaración testifical del profesional de la abogacía de la parte contraria. ¿Debe acceder a su petición y solicitar la declaración testifical?. a) Sí, pero solo en el supuesto de que considere que la proposición de la prueba puede favorecer a su cliente. b) No, pues está obligada como profesional de la abogacía a abstenerse de tal actuación. c) Sí, pues debe seguir las indicaciones de su cliente en cualquier caso. d) Puede o no solicitarlo según estime conveniente atendiendo a las circunstancias concretas del asunto.

32 – Señale cuál de las siguientes obligaciones corresponde a todo colegiado: a) Aprobar o proponer a la Junta General el establecimiento de criterios orientativos de honorarios profesionales a efectos de tasación de costas y jura de cuentas y emitir informes periciales al respecto cuando proceda. b) Establecer la necesaria coordinación con los Consejos Autonómicos de Colegios de la Abogacía. c) Convocar elecciones para proveer los cargos de Decano. d) Denunciar ante el Colegio todo acto de intrusismo o ejercicio ilegal que llegue a su conocimiento.

33 – Señale cuál de las siguientes sanciones podrá imponerse a un profesional de la abogacía por la comisión de una infracción disciplinaria: a) Multa pecuniaria. b) Privación de libertad. c) Demérito. d) Traslado forzoso.

34 – La anotación de una sanción de apercibimiento en el expediente personal del colegiado se cancelará: a) Cuando hayan transcurrido seis meses a contar desde el día siguiente al cumplimiento de la sanción, sin que el colegiado hubiera incurrido en nueva responsabilidad disciplinaria. b) Cuando el colegiado se jubile, hasta entonces no podrá ser cancelada la anotación de la sanción en el expediente personal. c) Cuando hayan transcurrido cinco años sin que hubiera incurrido en nueva responsabilidad disciplinaria, al ser el apercibimiento la sanción más grave. d) La sanción de apercibimiento no se anotará en el expediente personal del colegiado, por lo que no está sujeta a plazo para su cancelación.

35 – ¿Qué consecuencia se atribuye a todo acto que por la intención de su autor sobrepase manifiestamente los límites normales del ejercicio de un derecho, con daño para tercero?. a) Se considerará ejecutado en fraude de ley. b) Se considerará ejecutado conforme a las exigencias de la buena fe. c) Dará lugar a la correspondiente indemnización y a la adopción de las medidas judiciales o administrativas que impidan la persistencia en el abuso. d) Se considerará necesariamente como error de derecho.

37 – ¿Qué efectos tendrá la decisión de un tribunal civil, a los solos efectos prejudiciales, de conocer de un asunto que esté atribuido a los tribunales del orden contencioso-administrativo?. a) Producirá plenos efectos fuera del proceso en que se produzca. b) No surtirá efecto fuera del proceso en que se produzca. c) Un tribunal civil no podrá conocer a efectos prejudiciales de un asunto que esté atribuido a los tribunales del orden contencioso-administrativo. d) Un tribunal civil únicamente podrá conocer a efectos prejudiciales de un asunto que esté atribuido a los tribunales del orden penal.

39 – ¿Qué consecuencia procesal producirá la existencia de una cuestión incidental que suponga, por su naturaleza, un obstáculo a la continuación del juicio por sus trámites ordinarios?. a) Deberá continuar el procedimiento, obviando el planteamiento de la cuestión incidental. b) Se rechazarán de plano. c) Se suspenderá el curso de las actuaciones hasta que sean resueltas. d) Se resolverá de forma automática mediante decreto.

40 – Un cliente plantea a un profesional de la abogacía su intención de impugnar la resolución que le deniega el derecho a la asistencia jurídica gratuita. Consulta si es posible su impugnación y si, para ello, será necesaria la intervención de abogado. Señale la respuesta correcta: a) No podrá impugnarla, pues las resoluciones de la Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita nunca son impugnables. b) No podrá impugnarla, pues únicamente podrá impugnarse la resolución que revoque el derecho a la asistencia jurídica gratuita. c) Sí podrá impugnarla y para la impugnación es preceptiva la intervención de abogado. d) Sí podrá impugnarla y para la impugnación no es preceptiva la intervención de abogado.

41 – Señale la consecuencia del hecho de que, en un colegiado, concurra un impedimento que no permita el cumplimiento de la misión de defensa y asesoramiento que al profesional de la abogacía se le encomienda, determinando su incapacidad para el ejercicio de la abogacía: a) Será expulsado del Colegio. b) Supondrá el pase automático del colegiado a la condición de no ejerciente. c) Supondrá su necesaria jubilación. d) No producirá consecuencias a efectos de la colegiación.

42 – Señale, en relación con los conflictos de competencia, cuál de las siguientes manifestaciones es correcta: a) El orden jurisdiccional civil es siempre preferente. Ningún Juez o Tribunal podrá plantear conflicto de competencia a los órganos de dicho orden jurisdiccional. b) Los conflictos de competencia positivos solo podrán ser planteados por el Ministerio Fiscal. c) El orden jurisdiccional penal es siempre preferente. Ningún Juez o Tribunal podrá plantear conflicto de competencia a los órganos de dicho orden jurisdiccional. d) Los conflictos de competencia solo pueden ser negativos. No existen los conflictos de competencia positivos.

43 – Las cuestiones de competencia entre Juzgados y Tribunales de un mismo orden jurisdiccional, se resolverán: a) Por el Tribunal Constitucional. b) Por el órgano inmediato inferior común. c) Por el órgano inmediato superior común. d) Por el Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes.

44 – Cuando surja un conflicto de intereses entre dos clientes, el profesional de la abogacía: a) Deberá elegir para qué cliente actuar. b) Podrá continuar actuando para ambos, sin perjuicio de la necesidad de tomar las precauciones precisas. c) Deberá dejar de actuar para ambos, salvo autorización expresa por escrito de los dos para intervenir en defensa de uno de ellos. d) Deberá dejar de actuar para ambos, salvo petición expresa por escrito de uno de los clientes solicitando continuar en su defensa.

45 – Un cliente solicita la prestación de servicios a un profesional de la abogacía en relación con un asunto concreto. No obstante, terminada la entrevista, el profesional de la abogacía advierte que posee conocimiento por razón de otros asuntos de un antiguo cliente que pudieran favorecer a este nuevo cliente en perjuicio del antiguo. ¿Qué debe hacer?. a) Abstenerse de actuar para el nuevo cliente. b) Poner en conocimiento del nuevo cliente la existencia de estos conocimientos, a efectos de influir en su decisión de elección de asistencia letrada. c) Puede continuar la asistencia letrada al nuevo cliente, pues la información solo sería relevante si pudiera afectar a un cliente actual, no a un antiguo cliente. d) Debe poner en conocimiento del Colegio de Abogados la información de que disponga y continuar con la asistencia letrada al nuevo cliente.

46 – Iñigo se colegió como ejerciente en mayo de 2023. En junio de 2024 decide publicitar sus servicios como profesional de la abogacía, para así captar clientes, utilizando en los anuncios a publicar el eslogan “garantizo al 100% una resolución judicial favorable a los intereses de mi cliente”. ¿Puede realizar tal publicidad?. a) Sí, siempre que cumpla con la promesa de obtener tal resultado. b) Sí, con independencia del resultado que obtenga, pues está facultado para publicitar como mejor le convenga los servicios que presta. c) No, pues será necesario que lleve colegiado cinco años para realizar publicidad de sus servicios. d) No, pues la publicidad no podrá suponer la promesa de obtener resultados que no dependan exclusivamente de la actividad del profesional de la Abogacía.

47 – La potestad disciplinaria sobre los profesionales de la abogacía se ejercerá: a) Por el Juez de Instrucción del lugar donde se haya cometido la infracción. b) Por los Colegios de la Abogacía en cuyo ámbito territorial se haya cometido la infracción, con arreglo a las previsiones de sus propios Estatutos. c) Por todos los Colegios de la Abogacía, actuando de manera conjunta en cada expediente disciplinario. d) Por el Consejo General de la Abogacía Española, aun cuando el infractor no sea miembro de tal Consejo ni de las Juntas de Gobierno de los Colegios y de los Consejos Autonómicos.

48 – Gabriela, profesional de la abogacía, cambia de domicilio profesional. Se olvida de comunicar tal cambio al Colegio, ¿tiene relevancia tal falta de comunicación?. a) No, pues únicamente es preciso comunicar al Colegio el cambio de domicilio personal. b) No, pues no existe ninguna obligación de comunicación al Colegio de las circunstancias relativas al domicilio. c) Sí, la no comunicación del cambio de domicilio profesional al Colegio constituye una infracción leve. d) Sí, la no comunicación del cambio de domicilio profesional al Colegio constituye una infracción muy grave.

50 – Señale cuál de los siguientes principios y valores se constituye como principio rector y valor superior del ejercicio de la Abogacía: a) Integridad. b) Pluralismo político. c) Justicia. d) Igualdad.

1 – La colegiación como ejerciente habilita para ejercer: a) Únicamente el ámbito territorial del Colegio. b) En todo el mundo. c) En todo el territorio del Estado. d) Únicamente en el ámbito de la Comunidad Autónoma del lugar donde tenga su sede el Colegio.

2 – La rehabilitación del profesional de la abogacía expulsado exigirá: a) El transcurso de un plazo de cinco años desde que la sanción de expulsión hubiese sido ejecutada y la acreditación de haber superado las actividades formativas que en materia de deontología profesional establezca cada Colegio con carácter general, así como no haber incurrido en causa de indignidad o desprecio de los valores y obligaciones profesionales y deontológicas. b) Únicamente el transcurso de un plazo de cinco años, transcurrido el cual se producirá automáticamente la rehabilitación. c) No es posible la rehabilitación del profesional de la abogacía expulsado. d) No es posible la expulsión de un profesional de la abogacía.

3 – El deber de secreto profesional del profesional de la abogacía: a) Se extingue automáticamente al cesar la prestación de los servicios al cliente. b) Permanece incluso después de haber cesado en la prestación de los servicios al cliente, sin que se encuentre limitado en el tiempo. c) Permanece incluso después de haber cesado en la prestación de los servicios al cliente, por un periodo de un año desde el cese de los servicios. d) Se extingue cuando transcurran dos años desde el cese de la prestación de los servicios al cliente.

5 – Usted ha presentado solicitud de aclaración frente a una sentencia. ¿Qué ocurre con el plazo del recurso contra la sentencia frente a la que solicitó la aclaración?. a) Se interrumpe desde que se solicite su aclaración, comenzando a computarse desde el día siguiente a la notificación del auto o decreto que reconociera o negase la omisión del pronunciamiento y acordase o denegara remediarla. b) No se interrumpe y sigue corriendo pese a la solicitud de aclaración. c) Se interrumpe desde que se solicite su aclaración, comenzando a computarse desde que transcurran cinco días desde que se formula la solicitud. d) No es posible solicitar la aclaración de una sentencia frente a la que cabe recurso, la discrepancia deberá hacerse valer por medio del recurso que proceda.

1 – Conforme al Estatuto General de la Abogacía Española, ¿a qué entidad corresponde ejercitar las acciones que garanticen el cumplimiento de las normas reguladoras del ejercicio de la profesión por los profesionales de la Abogacía?. a) El ejercicio de tales acciones corresponde, en exclusiva, al Consejo General de la Abogacía. b) A los Colegios de la Abogacía, los Consejos Autonómicos y el Consejo General de la Abogacía Española. c) El ejercicio de tales acciones corresponde, en exclusiva, a los Consejos Autonómicos. d) El ejercicio de tales acciones corresponde, en exclusiva, a los Colegios de la Abogacía.

2 – Carla, profesional de la Abogacía, colegiada como ejerciente, ha sido nombrada para desempeñar cargo al servicio de la Administración estatal, incompatible con el ejercicio de la Abogacía. No obstante, transcurrido un mes desde su nombramiento, no ha formalizado su baja como ejerciente. ¿Qué consecuencias pueden derivarse de la actuación de Carla?. a) La Junta de Gobierno del Colegio en el que Carla está colegiada podrá suspenderle cautelarmente en el ejercicio de la profesión, pasando a la condición de no ejerciente y acordando al tiempo incoar el correspondiente expediente disciplinario. b) Atendiendo al tiempo transcurrido, no tendrá efecto alguno, pues Carla dispone de un año para formalizar su baja como ejerciente mediante comunicación dirigida a la Junta de Gobierno de su Colegio. c) La Junta de Gobierno del Colegio en el que Carla está colegiada no podrá suspenderle cautelarmente en el ejercicio de la profesión, si bien podrá acordar la incoación del correspondiente expediente disciplinario. d) La Junta de Gobierno del Colegio en el que Carla está colegiada podrá suspenderle cautelarmente en el ejercicio de la profesión, pasando a la condición de no ejerciente, si bien ello excluiría la posibilidad de acordar la incoación del correspondiente expediente disciplinario.

3 – ¿A qué órgano corresponde resolver sobre las competencias para tramitar las solicitudes de asistencia jurídica gratuita, en caso de conflicto entre Colegios pertenecientes a distintas Comunidades Autónomas?. a) Al Consejo General de la Abogacía Española. b) Al Consejo Autonómico. c) Al Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes. d) A la Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita.

4 – Carmen, profesional de la Abogacía, presta sus servicios por cuenta propia como titular de un despacho. Ante la subida del precio del alquiler del local que ocupa, pasa a compartir dicho local con Paula, una compañera que también presta sus servicios por cuenta propia como titular de un despacho, manteniendo, no obstante, la independencia de cada despacho, así como su identificación individual frente a los clientes. ¿Qué efecto produce tal circunstancia en la forma de ejercicio profesional de Carmen?. a) Carmen no pierde por tal circunstancia la condición de profesional de la Abogacía titular de un despacho individual. b) El hecho de compartir local implica que Carmen y Paula pasen a ejercer la abogacía por cuenta propia en régimen de colaboración profesional. c) El hecho de compartir local implica que Carmen y Paula pasen a ejercer la abogacía colectivamente. d) El hecho de compartir local implica que Carmen y Paula pasen a ejercer la abogacía en régimen de colaboración multiprofesional.

5 – Carlos, profesional de la Abogacía, ha recibido de un cliente el encargo de la dirección profesional de un asunto que se encontraba encomendado a otro compañero al que procede a sustituir. Carlos no comunica al compañero que ha recibido tal encargo. ¿Puede derivarse para Carlos alguna responsabilidad por esta conducta?. a) No, la responsabilidad de la comunicación corresponde exclusivamente al cliente. b) No, aunque Carlos debe, por cumplimiento de las normas deontológicas, comunicarlo a su compañero, el incumplimiento de este deber de comunicación no puede constituir infracción alguna. c) Sí, tal incumplimiento constituye una infracción leve. d) Sí, tal incumplimiento constituye una infracción grave.

6 – Raúl, profesional de la Abogacía, ha sido sancionado por la comisión de infracción con sanción de multa pecuniaria por importe de 5.000 euros. ¿Cuándo podrá ser cancelada, a instancia de Raúl, la anotación de la sanción en su expediente personal de Raúl como colegiado?. a) Transcurridos seis meses, a contar desde el día siguiente al cumplimiento de la sanción, sin que hubiere incurrido en nueva responsabilidad disciplinaria. b) Transcurridos seis meses, a contar desde el día siguiente de la imposición de la sanción, sin que hubiere incurrido en nueva responsabilidad disciplinaria. c) Transcurrido un año, a contar desde el día siguiente al cumplimiento de la sanción, sin que hubiere incurrido en nueva responsabilidad disciplinaria. d) Las anotaciones de sanciones no son cancelables a instancia de los interesados, sino únicamente de oficio.

7 – Al convenir libremente con el cliente la cuantía de los honorarios, ¿qué debe, en todo caso, respetar el profesional de la Abogacía?. a) La voluntad del cliente, a la que debe en todo caso atenerse sin imponer la suya propia. b) Únicamente las normas deontológicas. c) Las normas deontológicas y sobre defensa de la competencia y competencia desleal. d) No existe límite a la libre conveniencia de la cuantía de honorarios entre el cliente y el profesional de la Abogacía.

8 – ¿Cuál de las siguientes funciones corresponde a los Colegios de Abogados en su ámbito territorial?. a) Impulsar la adecuada utilización por parte de los colegiados de las tecnologías de la información y las comunicaciones en el ejercicio profesional y en sus relaciones corporativas. b) Homologar las escuelas de práctica jurídica creadas por otros Colegios de Abogados. c) Convocar el Congreso de la Abogacía Española. d) Ejercer la potestad disciplinaria con respecto a los miembros del Consejo General de la Abogacía.

9 – ¿En qué supuesto se presume que existe ejercicio colectivo de la Abogacía?. a) Cuando el profesional de la Abogacía concierte acuerdos de colaboración para un determinado asunto con otro profesional de la Abogacía. b) Cuando se pacte por escrito el ejercicio de la Abogacía en régimen de colaboración profesional. c) Cuando el ejercicio de la actividad se desarrolle públicamente bajo una denominación común. d) El ejercicio colectivo de la Abogacía no se presume nunca.

11 – Indique la respuesta correcta en relación con la tasación de costas. a) En las tasaciones de costas, los honorarios de abogado y derechos de procurador no incluirán el Impuesto sobre el Valor Añadido. b) Serán incluidos en la tasación de costas los derechos de los procuradores devengados por la realización de los actos procesales de comunicación, cooperación y auxilio a la Administración de Justicia. c) Practicada la tasación de costas por el letrado de la Administración de Justicia se dará traslado de ella a las partes por plazo común de diez días. d) La parte favorecida por la condena en costas no podrá impugnar la tasación.

13 – ¿Qué consecuencia se deriva del planteamiento de un conflicto de competencia por un juzgado de lo social a un juzgado de lo penal, por considerar el primero que es competente para el conocimiento de la causa criminal de la que está conociendo el segundo?. a) Al tratarse de un conflicto de competencia entre juzgados de distinto orden jurisdiccional, el mismo se resolverá por una Sala especial del Tribunal Supremo. b) No es posible que se plantee tal conflicto. Ningún juez o tribunal podrá plantear conflicto de competencia a los órganos del orden jurisdiccional penal. c) Se resolverá por la Sala de Conflictos de la Jurisdicción, al tratarse de un conflicto de competencia entre juzgados de distinto orden jurisdiccional. d) Se resolverá por la Audiencia Provincial como órgano inmediato superior común a los juzgados entre los que se plantea el conflicto de competencia.

14 – El Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha declarado que una resolución judicial firme dictada por un tribunal español ha sido dictada en violación del derecho a la libertad, reconocido en el Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y Libertades Fundamentales. La violación declarada es tan grave que entraña efectos que persisten y no pueden cesar. ¿Qué actuación cabe llevar a cabo frente a tal resolución judicial firme?. a) Cabe interponer recurso de revisión ante el Tribunal Supremo, con arreglo a las normas procesales del orden jurisdiccional en el que se hubiera dictado la resolución. b) No cabe actuación alguna al tratarse de una resolución judicial firme, y ser el pronunciamiento del Tribunal Europeo de los Derechos Humanos meramente declarativo. c) Cabe interponer recurso de casación ante el Tribunal Supremo, con arreglo a las normas procesales del orden jurisdiccional en el que se hubiera dictado la resolución. d) Cabe interponer recurso de revisión frente a tal resolución judicial firme ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

15 – Dos profesionales de la Abogacía conocen, a través de los medios, que se ha producido en España un desgraciado accidente de tráfico ferroviario, con más de un centenar de víctimas. A la vista de los hechos de los que los profesionales de la Abogacía han tenido conocimiento, consideran que las circunstancias que ocasionaron el accidente pudieron ser constitutivas de delito, por lo que, transcurridos quince días desde que se produjo el accidente, se trasladan a la localidad en la que residen la mayor parte de los familiares de las víctimas, ofreciendo a estas sus servicios profesionales. ¿Es correcta la actuación de los profesionales de la Abogacía?. a) Sí, pues los profesionales de la Abogacía están facultados para ofrecer sus servicios profesionales a potenciales clientes máxime cuando, como en este caso, han realizado un previo estudio de la prosperabilidad de las acciones a ejercitar. b) No, pues los profesionales de la Abogacía no pueden, bajo ninguna circunstancia, ofrecer sus servicios a potenciales clientes, debiendo aguardar a que estos lo soliciten con pleno respeto a su libertad de elección. c) Sí, pues ha transcurrido un tiempo prudencial de quince días desde que se produjeron los hechos. d) No, pues los profesionales de la Abogacía no podrán dirigirse a las víctimas de sucesos que hayan producido un número elevado de víctimas y que puedan constituir delito, para ofrecerles sus servicios profesionales, hasta transcurridos cuarenta y cinco días del hecho.

16 – Detenida una persona que no ha designado abogado, se le presta a esta, durante su detención, asistencia de abogado en el marco del derecho a la asistencia jurídica gratuita. Posteriormente, comprobados sus recursos, no se le reconoce el derecho a tal asistencia jurídica gratuita. ¿Tiene derecho el profesional de la Abogacía que le asistió a solicitar al detenido los honorarios devengados por su intervención?. a) Sí, el detenido debe abonar al profesional de la Abogacía los honorarios devengados por su intervención, al no haberle sido reconocido tal derecho. b) No, el profesional de la Abogacía debió cerciorarse de que el detenido acreditó previamente carecer de recursos. c) Sí, pero únicamente si el profesional de la Abogacía realizó una comprobación previa de la existencia de recursos del detenido, que resulta errónea por causa imputable a este último. d) No, pues el derecho a la asistencia jurídica gratuita comprende la asistencia de abogado al detenido, sin que este acredite previamente carecer de recursos, y con independencia del reconocimiento posterior del derecho a la asistencia jurídica gratuita.

17 – Conforme al principio de tutela judicial efectiva, ¿en qué supuesto podrán desestimar los juzgados y tribunales las pretensiones que se les formulen por motivos formales?. a) En ningún caso cabrá la desestimación por motivos formales. b) Cualquier defecto de forma dará lugar a la desestimación por motivos formales. c) Únicamente cuando el defecto no se subsanare por el procedimiento establecido en las leyes. d) Cuando el defecto fuese insubsanable o no se subsanare por el procedimiento establecido en las leyes.

19 – Laura recibe de su acreedor, Jorge, requerimiento notarial fehaciente y justificado de pago y no atiende al mismo. Por esta razón, Jorge formula frente a Laura demanda reclamando la cantidad debida. Recibida la misma, Laura manifiesta al profesional de la Abogacía que le asiste, su voluntad de allanarse a la demanda, antes de evacuar el trámite de contestación. ¿Qué efectos produciría tal allanamiento en cuanto a la imposición de costas?. a) No procederá la imposición de costas en ningún caso. b) El tribunal podrá imponer las costas a Laura, razonándolo debidamente, pues atendiendo a las circunstancias expuestas, se entiende la existencia de mala fe por su parte. c) No procede la imposición de costas salvo que el tribunal aprecie mala fe. De las circunstancias expuestas no resulta la existencia de mala fe. d) Atendiendo a las circunstancias expuestas, las costas se impondrán necesariamente por mitad.

20 – Formulada demanda en un proceso civil, el demandante decide desistir del mismo. El demandado consiente el desistimiento, que pondrá fin al proceso. ¿A quién se impondrán las costas?. a) A ninguno de los litigantes. b) Al actor. c) Al demandado. d) A la parte respecto de la que el tribunal aprecie la existencia de mala fe.

21 – Incoado un expediente disciplinario frente a un profesional de la Abogacía como consecuencia de denuncia formulada por un usuario de los servicios de asistencia jurídica gratuita, ¿podrá acordarse la separación cautelar del servicio del profesional de la Abogacía presuntamente responsable?. a) No, no es posible suspender cautelarmente a quien no ha sido sancionado. b) Sí, en todo caso. La incoación del expediente disciplinario llevará aparejada automáticamente la suspensión cautelar hasta que finalice el procedimiento sancionador. c) Sí, cuando la gravedad del hecho denunciado lo aconseje y por tiempo indefinido. d) Sí, cuando la gravedad del hecho denunciado lo aconseje por un periodo máximo de seis meses hasta que el expediente disciplinario se resuelva.

22 – Gonzalo, profesional de la Abogacía, integra, junto con otros compañeros, una sociedad profesional que tiene por objeto el ejercicio común de la Abogacía, en la que ostenta el cargo de administrador. Cometida una infracción por Gonzalo, por cuenta y en provecho de la sociedad profesional, ¿puede la sociedad profesional ser sancionada?. a) Sí, pues las circunstancias expuestas llevan a presumir la existencia de responsabilidad concurrente de la sociedad profesional en la comisión de la infracción. b) Sí, las sociedades profesionales serán sancionadas siempre y en todo caso, por las infracciones cometidas por los profesionales de la Abogacía que la integren. c) No, las sociedades profesionales no pueden ser sancionadas en ningún caso. d) No, las sociedades profesionales únicamente pueden ser sancionadas por la realización de conductas directamente por la sociedad, pero no por los profesionales que la integran.

23 – ¿Qué consecuencias tiene la ausencia de seguro en vigor o garantía equivalente que cubra la responsabilidad en la que una sociedad profesional pueda incurrir en el ejercicio de sus actividades, cuando la obligación de contar con dicho régimen de garantía esté prevista en la ley?. a) Se considera como infracción leve de la sociedad profesional. b) Se considera como infracción grave de la sociedad profesional. c) Se considera como infracción muy grave de la sociedad profesional. d) No es constitutivo de infracción.

24 – Blanca pretende su colegiación como profesional de la Abogacía ejerciente en el Ilustre Colegio de Abogados de Jaén. La Junta de Gobierno del Colegio deniega su solicitud de incorporación como ejerciente mediante resolución motivada por apreciar que Blanca se encuentra incursa en causa de incompatibilidad para el ejercicio de la Abogacía. ¿Puede Blanca incorporarse a un Colegio de Abogados distinto?. a) No. La denegación de incorporación como ejerciente impide su incorporación a otro Colegio al tratarse de una causa insubsanable la que motivó la denegación, debiendo ser la resolución denegatoria comunicada por el Ilustre Colegio de Abogados de Jaén al Consejo General de la Abogacía, para su traslado a todos los Colegios de la Abogacía. b) Sí. La denegación no vincula la decisión de un Colegio distinto. c) Sí. Blanca se encuentra incursa en causa de incompatibilidad que deberá ser apreciada por el Colegio al que dirija la solicitud, si bien este Colegio decidirá libremente sin considerar la previa denegación. d) Sí. El único efecto de la denegación es la imposibilidad de colegiarse en el Ilustre Colegio de Abogados de Jaén, pudiendo solicitar la colegiación en otro Colegio distinto que requiera requisitos diferentes para la colegiación.

26 – ¿Puede ser grabada una conversación mantenida entre un profesional de la Abogacía y su cliente?. a) Sí, siempre que concurra previa advertencia y conformidad de todos los intervinientes, quedando en todo caso amparada por el secreto profesional. b) Sí, pues si el que realiza la grabación es el profesional de la Abogacía y la grabación se realiza en el estricto ejercicio de su función profesional no es necesaria la advertencia y conformidad del cliente, siempre que no concurra su negativa expresa. c) No, pues aun cuando los intervinientes lo consientan, una conversación entre el profesional de la Abogacía y su cliente no puede ser grabada. d) Sí, pero únicamente si la decisión de la grabación emana del cliente, no siendo en tal caso precisa la conformidad del profesional de la Abogacía.

27 – Señale, en relación con el ejercicio colectivo de la Abogacía en forma no societaria, cuál de las respuestas es correcta: a) El despacho colectivo habrá de tener como objeto necesario, pero no exclusivo el ejercicio profesional de la Abogacía, estando integrado por un máximo de 10 profesionales de la Abogacía. b) El despacho colectivo habrá de tener como objeto exclusivo el ejercicio profesional de la Abogacía y estar integrado solo por profesionales de la Abogacía, sin limitación de número. c) El despacho colectivo habrá de tener como objeto necesario, pero no exclusivo el ejercicio profesional de la Abogacía y estar integrado al menos por 2 profesionales de la Abogacía, sin limitación de número. d) El despacho colectivo habrá de tener como objeto exclusivo el ejercicio profesional de la Abogacía y estar integrado por profesionales de la Abogacía y por otros profesionales liberales no incompatibles.

28 – Cristina, profesional de la Abogacía, tiene conocimiento del hecho de la existencia de un conflicto de intereses entre dos de sus clientes, Antonio y Elena. Elena, llama por teléfono a Cristina y le comunica que leautoriza, pese a la existencia del conflicto, para que intervenga en defensa de Antonio. ¿Qué debe hacer Cristina?. a) Debe dejar de actuar para ambos clientes. b) Puede continuar actuando en defensa de Antonio, al haber sido autorizado expresamente para ello por Elena. c) Puede continuar actuando en defensa de ambos, siempre que pueda salvaguardar la imparcialidad. d) Puede continuar actuando en defensa de Elena, por haber sido ésta la que ha tenido una actitud conciliadora respecto al conflicto.

30 – James, nacional de Alemania y residente en Francia, pretende, por vía de recurso, la anulación de un acto dictado por la Administración autonómica española. ¿Qué jurisdicción será competente?. a) La jurisdicción española. b) La jurisdicción alemana. c) La jurisdicción francesa. d) La jurisdicción española, alemana o francesa, a elección de James.

32 – ¿A quién corresponde la resolución del conflicto de jurisdicción que se plantee entre un juzgado y la Administración?. a) No es posible plantear conflicto de jurisdicción entre juzgados o tribunales y la Administración. Los conflictos de jurisdicción únicamente pueden ser planteados entre juzgados y tribunales de distinto orden jurisdiccional. b) Al Consejo General del Poder Judicial. c) A una Sala especial del Tribunal Supremo, presidida por el Presidente y compuesta por dos Magistrados. d) A un órgano colegiado constituido por el Presidente del Tribunal Supremo, que lo presidirá y por 5 vocales.

33 – Atendiendo al Estatuto General de la Abogacía Española, ¿cuál es el contenido de la profesión de la Abogacía?. a) Su contenido consiste en la actividad de asesoramiento, consejo y defensa de derechos e intereses públicos y privados, mediante la aplicación de la ciencia y la técnica jurídicas, en orden a la concordia y a la efectividad de los derechos y libertades fundamentales. b) Su contenido consiste en el ejercicio de la potestad jurisdiccional en todo tipo de procesos. c) Su contenido consiste en la promoción de la acción de la justicia en defensa de la legalidad, de los derechos de los ciudadanos y del interés público tutelado por la ley, de oficio o a petición de los interesados, así como velar por la independencia de los tribunales y procurar ante estos la satisfacción del interés social. d) Su contenido consiste en el desarrollo de la función de representación en juicio del cliente.

34 – Conforme al Estatuto General de la Abogacía Española, ¿a quién corresponde la denominación de abogada y de abogado?. a) Exclusivamente a quienes se encuentren incorporados a un Colegio de la Abogacía como ejercientes. b) A quienes se encuentren incorporados a un Colegio de la Abogacía, ya sea como ejercientes o como no ejercientes. c) A quienes obtengan el título profesional para el ejercicio de la Abogacía, con independencia de su colegiación. d) A todo aquel que hubiera obtenido el grado en Derecho.

35 – Eduardo, profesional de la Abogacía, ha sido sancionado disciplinariamente con la expulsión del Colegio de la Abogacía. ¿Qué requisitos deben concurrir para que Eduardo pueda solicitar su rehabilitación como profesional de la Abogacía?. a) No es posible la rehabilitación del profesional de la Abogacía sancionado disciplinariamente con la expulsión. b) Deben transcurrir cinco años desde que la sanción de expulsión hubiese sido ejecutada, debiendo acreditar Eduardo la superación de las actividades formativas que en materia de deontología profesional establezca cada Colegio así como no haber incurrido en causa de indignidad o desprecio de los valores y obligaciones profesionales y deontológicas. c) Deben transcurrir diez años desde que la sanción de expulsión hubiese sido ejecutada, debiendo acreditar Eduardo la superación del test psicotécnico de rehabilitación convocado por el Consejo General de la Abogacía así como no haber incurrido en causa de indignidad o desprecio de los valores y obligaciones profesionales y deontológicas. d) La rehabilitación se producirá automáticamente transcurridos cinco años desde la ejecución de la sanción de expulsión.

36 – Matilda, profesional de la Abogacía, ha asesorado a lo largo de su carrera profesional a importantes clientes. Decide, al publicitar sus servicios, incluir referencia a estos, por la relevancia de los servicios a ellos prestados. Consulta sobre esta cuestión a sus clientes, quienes la autorizan expresamente a incluir tal referencia. ¿Puede Matilda incluir referencia a estos clientes al publicitar sus servicios?. a) Sí, sin que para ello hubiera sido necesario la existencia de autorización expresa, bastando que no lo hubieran prohibido expresamente. b) Sí, puede hacerlo, al haber sido autorizada por los clientes a los que se refiere la publicidad. c) No, aun cuando lo hayan autorizado, la publicidad no puede incluir referencia a los clientes del propio profesional de la Abogacía. d) No, no es posible publicitar los servicios de un profesional de la Abogacía, debiendo ser solicitados expresamente por el cliente.

37 – ¿A qué órgano corresponde tramitar las solicitudes de asistencia jurídica gratuita para litigar en otro Estado miembro de la Unión Europea?. a) Al Colegio de la Abogacía del lugar de domicilio o residencia habitual del solicitante. b) Al Consejo General de la Abogacía. c) Al Departamento de Asuntos Exteriores del Consejo General de la Abogacía. d) Al Consejo Autonómico si lo hubiere y, en su defecto, al Consejo General de la Abogacía.

38 – Indique la respuesta correcta en relación con la aceptación y renuncia de encargos profesionales por el profesional de la Abogacía. a) El profesional de la Abogacía podrá, con plena libertad, decidir sobre su permanencia o cese en su intervención profesional cuando concurran circunstancias que afecten a su independencia. b) El profesional de la Abogacía tiene la obligación de cesar en su intervención profesional cuando surja cualquier discrepancia con su cliente. c) El profesional de la Abogacía que renuncie a la defensa procesal tendrá la obligación de comunicar la renuncia al órgano judicial ante el que hubiera comparecido y será el órgano judicial quien comunique la renuncia por escrito al cliente. d) El profesional de la Abogacía tendrá plena libertad para aceptar o rechazar la dirección de cualquier asunto que le sea encomendado.

39 – Oliva, profesional de la Abogacía, recaba de su cliente la documentación que resulta relevante para el ejercicio de la función de asesoramiento jurídico que se le ha encomendado. Posteriormente, el cliente solicita que se le devuelva. ¿Puede Oliva retener la documentación?. a) No, sin perjuicio de que pueda conservar copia. b) No, y en ningún caso podrá conservar copia. c) Sí, pues el profesional de la Abogacía tiene derecho a recabar del cliente, manteniendo la confidencialidad necesaria, cuanta documentación resulte relevante para el correcto ejercicio de su función, pudiendo retener tal documentación. d) Sí, siempre que el cliente no haya solicitado expresamente y por escrito al dar la documentación que la misma no se retuviese.

40 – ¿Cuál de las siguientes infracciones cometidas por un profesional de la Abogacía podrá suponer la imposición a este de sanción de suspensión del ejercicio profesional por tiempo superior a un año sin exceder de dos?. a) La retención de cantidades correspondientes al cliente y recibidas por cualquier concepto. b) El incumplimiento injustificado del encargo contenido en la designación realizada por el Colegio de la Abogacía en materia de asistencia jurídica gratuita. c) La relación o comunicación con la parte contraria cuando le conste que está representada o asistida por otro profesional de la Abogacía, salvo su autorización expresa. d) Comprometer en sus comunicaciones y manifestaciones con el profesional de la Abogacía de la parte contraria al propio cliente con comentarios o manifestaciones que puedan causarle desprestigio.

41 – Iñígo, profesional de la Abogacía, ha recibido, en la dirección de correo electrónico que facilitó al efecto, una reclamación relativa al servicio que ha prestado, presentada por un cliente. ¿Tiene Iñigo obligación de dar respuesta a la reclamación?. a) No, Iñigo puede dar respuesta a la reclamación, pero no tiene tal obligación. b) No, Iñigo no debe responder a la reclamación, sino trasladar la reclamación al Colegio de Abogados en que está colegiado. c) Sí, Iñigo debe dar respuesta a la reclamación en el plazo más breve posible y, en todo caso, antes de un mes desde que recibió la reclamación. d) Sí, Iñigo debe dar respuesta a la reclamación, pero esta obligación de respuesta no se encuentra sujeta a plazo.

42 – Juan, profesional de la Abogacía, participa en un procedimiento de contratación sujeto a la legislación de contratos del sector público. ¿Puede Juan, para dar cumplimiento al pliego que así lo prevé, incluir en su historial profesional referencia a un cliente al que prestó servicios teniendo en cuenta que este cliente prohibió expresamente la inclusión de tales referencias?. a) Sí, puede incluir en su historial tales referencias. Aun cuando el cliente lo prohibiera expresamente, nos encontramos ante un procedimiento sujeto a legislación específica, en el que por sus propias normas se respeta el deber de confidencialidad y la protección de datos personales. b) No puede incluir en su historial tales referencias ni hubiera podido hacerlo aun cuando el cliente no lo hubiera prohibido, siempre que no lo hubiera autorizado expresamente. c) Sí, puede incluir en su historial tales referencias siempre que actúe salvaguardando el deber de confidencialidad y la normativa sobre protección de datos personales, sin infringir el derecho a la intimidad de las personas físicas. d) No puede incluir en su historial tales referencias por haberlo prohibido expresamente el cliente.

43 – ¿Qué puede hacer el profesional de la Abogacía que considere que un juez no ha guardado la consideración debida a su función?. a) Podrá hacerlo constar así ante el propio juzgado y dar cuenta a la Junta de Gobierno. b) No podrá tomar medida alguna, por su obligación de guardar el debido respeto. c) Podrá dar cuenta de tal actuación al Consejo General de la Abogacía. d) Podrá hacerlo constar así ante el propio juzgado y dar cuenta al Consejo General del Poder Judicial.

44 – ¿A qué órgano corresponde resolver de la cuestión de competencia planteada entre dos juzgados de lo contencioso-administrativo con sede en Madrid?. a) A la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid. b) A la Sala de lo Contencioso-administrativo de la Audiencia Nacional. c) A la Sala de Conflictos del Tribunal Supremo. d) A un órgano colegiado del Tribunal Supremo constituido por su Presidente y 5 vocales.

45 – Indique la respuesta correcta en relación con la mediación como medio de solución de controversias. a) El acuerdo alcanzado tras un procedimiento de mediación desarrollado después de iniciar un proceso judicial puede ser homologado por el tribunal. b) Contra lo convenido en el acuerdo de mediación no podrá, en ningún caso, ejercitarse la acción de nulidad. c) El procedimiento de mediación únicamente puede concluir en acuerdo. d) La mediación se llevará siempre a cabo por varios mediadores.

46 – ¿Sobre cuál de las siguientes materias es posible transigir?. a) Sobre la acción civil proveniente de un delito. b) Sobre el estado civil de las personas. c) Sobre cuestiones matrimoniales. d) Sobre alimentos futuros.

47 – Un cliente solicita a la sociedad profesional que le ha prestado sus servicios, la entrega de factura en la que se expresen detalladamente los conceptos de los honorarios y la relación de los gastos. ¿Está obligada la sociedad profesional a entregar factura al cliente en la que se expresen detalladamente estos conceptos?. a) Sí. La obligación de la sociedad profesional nace de la solicitud del cliente, no estando obligado si éste no lo hubiera solicitado. b) Sí. La sociedad profesional está obligada, al margen de la solicitud del cliente, a entregar factura a éste, debiendo la factura expresar detalladamente los diferentes conceptos de los honorarios y la relación de gastos. c) No. Están obligados a entregar factura los profesionales de la Abogacía, pero no las sociedades profesionales constituidas para el común ejercicio de la Abogacía. d) No. La sociedad profesional está obligada a entregar factura al cliente, pero éste no puede exigir que en la factura se expresen detalladamente los conceptos de los honorarios y la relación de los gastos.

48 – La persona beneficiaria de la asistencia jurídica gratuita, ¿tiene derecho a instar la designación de nuevos profesionales?. a) Sí, mediante solicitud debidamente justificada, que no suspenderá la designación de los profesionales que ya venga acordada. b) Sí, sin necesidad de justificar la solicitud de nueva designación. c) Sí, mediante solicitud debidamente justificada, que suspenderá automáticamente la designación de los profesionales que ya venga acordada. d) No, la persona beneficiaria de la asistencia jurídica gratuita no tiene derecho a instar la designación de nuevos profesionales.

49 – ¿Qué recurso cabe interponer frente al auto que deniega la aclaración de una resolución judicial?. a) Recurso de apelación. b) Recurso de casación. c) Recurso de reposición. d) No cabe recurso alguno.

50 – Reconocido el derecho a la asistencia jurídica gratuita ¿es posible que actúen simultáneamente un abogado de oficio y un procurador libremente elegido?. a) Únicamente cuando el profesional de libre elección renunciara por escrito a percibir sus honorarios o derechos ante el titular del derecho a la asistencia jurídica gratuita y ante el Colegio en el que se halle inscrito. b) No, en ningún caso. c) No es posible, pero sí sería admisible a la inversa, actuando simultáneamente abogado libremente designado y procurador de oficio, sin necesidad de que el primero renuncie a percibir sus honorarios. d) Sí, en todo caso, pueden actuar simultáneamente un abogado de oficio y un procurador libremente designado.

1 – Reconocido el derecho a la asistencia jurídica gratuita, ¿puede el titular de tal derecho renunciar después de la designación al abogado de oficio, nombrando libremente a un profesional de su confianza?. a) Sí, comunicando la renuncia a la Comisión de Asistencia Jurídica gratuita y al Colegio. b) No, únicamente puede renunciar antes de la designación. c) No, no puede renunciar ni antes ni después de la designación del abogado de oficio. d) Sí, sin necesidad de efectuar comunicación alguna, si bien tal renuncia implicará la pérdida de las demás prestaciones reconocidas en la concesión del derecho a la asistencia jurídica gratuita.

2 – ¿Puede un profesional de la Abogacía dar a conocer a un tercero, el informe que ha emitido a solicitud del cliente relativo al resultado probable de un pleito en el que interviene?. a) No, salvo que el cliente de manera expresa le autorice. b) No, aun cuando el cliente de manera expresa le autorice. c) Sí, siempre que el cliente no lo hubiera prohibido expresamente al formular la solicitud de emisión de informe. d) Sí, al tratarse de un documento emitido por el profesional de la Abogacía en el ejercicio de sus funciones.

3 – Conforme al principio de respeto a las reglas de la buena fe, ¿surtirá efecto la prueba obtenida violentando indirectamente una libertad fundamental?. a) No surtirá efecto. b) Sí surtirá efecto al no tratarse de una prueba obtenida violentando directamente una libertad fundamental. c) Sí surtirá efecto al no tratarse de una prueba obtenida violentando un derecho fundamental. d) Podrá, o no, surtir efecto, atendiendo a las circunstancias concretas en las que se haya obtenido la prueba.

5 – En un procedimiento en el que, conforme a la ley, es preceptiva la intervención de abogado, se ha realizado un acto procesal sin tal intervención. ¿Qué consecuencia producirá este defecto?. a) El acto procesal será nulo de pleno derecho. b) Si se ha realizado con conformidad de las partes, el acto procesal será válido y no podrá ser declarado nulo. c) El acto procesal será convalidado mediante la firma posterior de abogado,. d) La intervención de abogado nunca es preceptiva por lo que ningún defecto concurre en el acto procesal.

6 – ¿Puede Carlota, profesional de la Abogacía, revelar a un tercero un dato de un cliente al que prestó servicios hace más de cinco años y respecto del cual ha cesado en la prestación de servicios, cuando tal dato haya sido conocido por Carlota en el ejercicio de su profesión?. a) Sí, al haber cesado en la prestación de servicios al cliente. b) Sí, al haber transcurrido más de cinco años. c) No, deberá esperar a que transcurran diez años para poder revelar tal dato. d) No, por encontrarse tal dato comprendido dentro del deber de secreto profesional.