Acceso a la Abogacía

María es abogada y tiene su domicilio profesional en Salamanca. ¿A qué Colegio de la Abogacía debe incorporarse?. a) A cualquier Colegio de la Abogacía de España. b) Al Colegio de la Abogacía de Salamanca, sin que pueda incorporarse a ningún otro Colegio. c) Al Colegio de la Abogacía de Salamanca, con posibilidad de incorporarse, adicionalmente, a cualquier otro Colegio como profesional de la Abogacía inscrita. d) Al Colegio de la Abogacía de Salamanca, con posibilidad de incorporarse, adicionalmente, a cualquier otro Colegio como profesional de la Abogacía residente.

Javier es sancionado disciplinariamente con la expulsión del Colegio de la Abogacía al que está incorporado. ¿Cuál es el plazo que, como mínimo, deberá transcurrir para que pueda obtener la rehabilitación para el ejercicio de la profesión?. a) El plazo de cinco años desde que la sanción de expulsión hubiese sido ejecutada. b) El plazo de diez años desde que la sanción de expulsión hubiese sido ejecutada. c) El plazo por el que se le haya impuesto la sanción. d) Para obtener la rehabilitación para el ejercicio de la profesión no se exige el transcurso de ningún plazo, sino la acreditación de haber superado las actividades formativas que en materia de deontología profesional establezca cada Colegio con carácter general, así como no haber incurrido en causa de indignidad o desprecio de los valores y obligaciones profesionales y deontológicas.

¿Cómo se fija la cuantía de los honorarios a que tiene derecho el profesional de la Abogacía por sus servicios?. a) Se conviene entre el cliente y el profesional de la Abogacía sobre la base del arancel obligatorio aprobado por el Colegio de la Abogacía a que esté incorporado el profesional de la Abogacía. b) Se conviene libremente entre el cliente y el profesional de la Abogacía con respeto a las normas deontológicas y sobre defensa de la competencia y competencia desleal. c) Se conviene entre el cliente y el profesional de la Abogacía sobre la base de la tasación de costas practicada en el proceso por el Letrado de la Administración de Justicia, una vez practicada dicha tasación. d) Se fija por resolución del Colegio de la Abogacía a que esté incorporado el profesional de la Abogacía.

Ana, Francisco y Paula son profesionales de la Abogacía y trabajan juntos en un despacho de Abogados cuyo titular es Francisco. El despacho, a su vez, colabora con Manuel, quien esporádicamente asume algunos asuntos del despacho por delegación. ¿A favor de quién se devengarán los honorarios a cargo de los clientes correspondientes a las actuaciones que realice Manuel?. a) A favor de Manuel. b) A favor de Francisco. c) A favor de Ana, Francisco y Paula. d) A favor del despacho, como despacho colectivo.

José se plantea presentar una demanda de que habrá de conocer el Tribunal de Instancia de Badajoz. Sin embargo, carece de recursos para litigar, por lo que se plantea presentar una solicitud de reconocimiento del derecho de asistencia jurídica gratuita. ¿A qué órgano le corresponderá resolver sobre el reconocimiento del derecho de asistencia jurídica gratuita?. a) A la Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita que corresponda. b) Al Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes. c) Al órgano jurisdiccional que haya de conocer del pleito. d) Al Colegio de la Abogacía de Badajoz.

Cristina quiere presentar una demanda para la que, con arreglo a la Ley de Enjuiciamiento Civil, es preceptiva la intervención de Abogado y Procurador. Además, la acción está próxima a prescribir. Sin embargo, carece de recursos para litigar. ¿Qué puede hacer para interrumpir la prescripción?. a) Presentar la demanda sin intervención de Abogado ni de Procurador, justificando la imposibilidad de contratar sus servicios. b) Presentar solicitud de reconocimiento del derecho de asistencia jurídica gratuita antes de iniciar el proceso. c) Presentar la demanda sin intervención de Abogado ni de Procurador, solicitando simultáneamente el reconocimiento del derecho de asistencia jurídica gratuita. d) Presentar solicitud de reconocimiento del derecho de asistencia jurídica gratuita, una vez inadmitida formalmente la demanda por falta de intervención de Abogado y Procurador.

¿El profesional de la Abogacía debe informar a su cliente acerca del estado del asunto en que esté interviniendo?. a) Sí. b) Puede hacerlo, pero no es una obligación. c) No, pues tiene obligación de guardar secreto. d) Sí, con carácter, al menos, semanal.

Silvia es profesional de la Abogacía con despacho en un municipio de menos de 5.000 habitantes. Un vecino del municipio, Antonio, acude a su despacho con la idea de demandar a un acreedor que le adeuda una cantidad importante de dinero, para lo que solicita los servicios de Silvia. ¿Tiene Silvia obligación de asumir el caso?. a) No, salvo que en el municipio no exista ningún otro profesional de la Abogacía que pueda asumirlo. b) Sí, salvo que justifique la inviabilidad de la pretensión que Antonio quiere ejercitar. c) No, pero si lo acepta no podrá renunciar a la defensa de Antonio hasta la conclusión del asunto. d) No, tiene libertad para aceptar o rechazar la dirección del asunto.

Joaquina y Carmela, hermanas, entre las que no existe conflicto de intereses ni riesgo de que se produzca, deciden demandar a un tercer hermano, Esteban, para lo que acuden a un despacho en el que trabaja Félix, profesional de la Abogacía. ¿Puede Félix intervenir en el asunto por cuenta tanto de Joaquina como de Carmela?. a) Sí, pero solo si tanto Joaquina como Carmela prestan su autorización expresa y por escrito a que el despacho asuma la defensa tanto de una como de otra. b) Sí, pero solo si asume la defensa de una de las hermanas y delega la defensa de la otra hermana en un colaborador. c) Sí, en cualquier caso. d) Sí, pero solo si se trata de un asunto de naturaleza no litigiosa.

Fernando y Claudio son dos profesionales de la Abogacía que llevan conjuntamente la defensa de un cliente en un pleito de reclamación de cantidad contra un tercero. ¿Pueden intervenir ambos conjuntamente en las vistas?. a) No, deberá intervenir siempre el mismo profesional de la Abogacía. b) No, pero podrán turnarse entre ellos. c) Sí, siempre que esa intervención conjunta presente justificación suficiente a criterio del órgano judicial. d) No, salvo que por razón de la actuación que haya de llevarse a cabo en la vista uno de ellos haya de auxiliar al otro.

Luis es profesional de la Abogacía. A él acude Marina para recibir asesoramiento sobre la incoación o la forma de evitar un proceso. Al examinar el caso, Luis advierte la posible existencia de indicios de que los hechos estén relacionados con el blanqueo de capitales. ¿Tiene Luis obligación de comunicar los hechos al Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias (Sepblac)?. a) Sí, informando de ello a Marina. b) No, en ningún caso. c) Sí, sin informar de ello a Marina. d) No, salvo que aprecie que los hechos pueden ser constitutivos de infracción penal.

Con arreglo al Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, ¿cuál de los siguientes sujetos puede interponer un recurso contra un acto legislativo?. a) El Defensor del Pueblo Europeo. b) Únicamente los Estados miembros, el Parlamento Europeo, el Consejo y la Comisión. c) Toda persona física o jurídica a la que el acto legislativo afecte directa e individualmente. d) Únicamente los Estados miembros, el Parlamento Europeo, el Consejo y la Comisión, así como el Tribunal de Cuentas, el Banco Central Europeo y el Comité de las Regiones con el fin de salvaguardar sus respectivas prerrogativas.

¿Puede un Colegio de la Abogacía ejercer funciones de arbitraje?. a) Sí, pero solo en las cuestiones que se susciten entre los colegiados. b) Sí, pero solo en las cuestiones que se susciten entre los colegiados o entre estos y sus clientes. c) Sí, pero solo en las cuestiones que se susciten entre los colegiados y sus clientes. d) Sí, en los asuntos que se le sometan.

De conformidad con el Estatuto General de la Abogacía Española, ¿qué órganos de gobierno deberán existir necesariamente en un Colegio de la Abogacía?. a) El Decano, la Junta de Gobierno y la Junta o Asamblea General. b) El Decano, la Junta de Gobierno, la Junta o Asamblea General y la comisión disciplinaria. c) El Decano, la Junta de Gobierno, la Junta o Asamblea General, el comité de garantías y la comisión disciplinaria. d) El Decano, la Junta de Gobierno, la Junta o Asamblea General y el comité de garantías.

¿A quién corresponde resolver los conflictos de competencia que puedan producirse entre Tribunales de distinto orden jurisdiccional?. a) Al Tribunal de Conflictos de Jurisdicción. b) Al órgano inmediato superior común. c) A una Sala especial del Tribunal Supremo. d) A una Sala especial del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Autónoma, salvo que se susciten entre un Tribunal de Justicia y la Audiencia Nacional o el Tribunal Supremo o entre estos, en cuyo caso corresponde a una Sala especial del Tribunal Supremo.

De conformidad con el Estatuto de la Corte Internacional de Justicia, ¿quiénes pueden ser partes en casos ante la Corte?. a) Solo los Estados. b) Los Estados, las organizaciones internacionales y las personas físicas o jurídicas directamente destinatarias de un acto de un Estado o una organización internacional. c) Los Estados y las organizaciones internacionales. d) Los Estados, las organizaciones internacionales y las organizaciones no gubernamentales.

Juan tiene un crédito frente a Pedro y se plantea demandarlo en vía civil para reclamarle su pago. La cuantía del asunto asciende a 1.500 euros. Para cumplir el requisito de procedibilidad de acudir previamente a un medio adecuado de solución de controversias, valora la formulación de una oferta vinculante. ¿Resulta preceptiva la asistencia letrada para la formulación de dicha oferta?. a) Sí, puesto que resulta preceptiva en todos los medios adecuados de solución de controversias. b) Sí, puesto que la oferta vinculante es el único medio adecuado de solución de controversias en el que es preceptiva la asistencia letrada. c) No, puesto que la cuantía del asunto no supera los dos mil euros. d) No, puesto que la asistencia letrada nunca es preceptiva en los medios adecuados de solución de controversias.

¿A cuál de los siguientes órganos corresponde en todo caso la representación legal de un Colegio de la Abogacía?. a) A la Junta de Gobierno, de manera colegiada. b) A cada uno de los miembros de la Junta de Gobierno. c) A los apoderados que haya nombrado la Junta General. d) Al Decano.

Martín se plantea presentar una demanda civil contra una Administración pública en ejercicio de una acción reivindicatoria. Para que la demanda sea admisible conforme a la Ley Orgánica 1/2025, de 2 de enero, de medidas en materia de eficiencia del Servicio Público de Justicia, ¿será requisito de procedibilidad acudir previamente a algún medio adecuado de solución de controversias?. a) No, puesto que la entidad a la que se plantea demandar pertenece al sector público. b) Sí, puesto que acudir previamente a un medio adecuado de solución de controversias es siempre requisito de procedibilidad para que sea admisible la demanda. c) Sí, puesto que acudir previamente a un medio adecuado de solución de controversias es siempre requisito de procedibilidad para que sea admisible la demanda en materia civil y mercantil. d) Sí, siempre que exista una identidad entre el objeto de la negociación y el objeto del litigio.

Matilde y Jerónimo han iniciado una negociación en el marco de un medio adecuado de solución de controversias. Tras mantener una serie de negociaciones, Matilde se dirige por escrito a Jerónimo dándolas por terminadas y quedando constancia del intento de comunicación de ser esa su voluntad. ¿Qué consecuencia tiene?. a) Matilde no podrá demandar a Jerónimo por haber renunciado a hallar una solución extrajudicial de la controversia. b) Se reiniciará o reanudará, respectivamente, el cómputo del plazo de prescripción o caducidad de acciones. c) No se reiniciará o reanudará, respectivamente, el cómputo del plazo de prescripción o caducidad de acciones hasta que hayan transcurrido treinta días naturales desde la fecha de recepción del escrito por Jerónimo. d) Matilde deberá formular la demanda dentro del plazo de dos años desde la fecha de terminación del proceso de negociación para que pueda entenderse cumplido el requisito de procedibilidad.

¿Cuál de los siguientes gastos se consideran incluidos en el concepto de costas?. a) Gastos por pago de copias reclamadas por el tribunal a registros públicos. b) Gastos de desplazamiento de la contraparte al lugar en que deban desarrollarse las actuaciones procesales. c) Gastos de funcionamiento del órgano jurisdiccional en el que se desarrollen las actuaciones. d) Gastos por depósitos necesarios para la presentación de recursos.

¿Cuál de las siguientes afirmaciones es cierta en relación con la tasación de costas?. a) En caso de que no sea impugnada, no cabrá recurso alguno contra la resolución que la apruebe. b) Podrá admitirse la inclusión de partidas nuevas, aun después de haberse dado traslado de la tasación de costas a las partes, si sobrevienen gastos que tengan la consideración de costas procesales. c) La parte favorecida por la condena en costas no puede impugnar la tasación. d) Tanto su práctica como su aprobación corresponden al Letrado de la Administración de Justicia.

De conformidad con la Ley Orgánica del Derecho de Defensa, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es correcta?. a) El derecho de defensa comprende el conjunto de facultades y garantías, reconocidas en el ordenamiento jurídico, que permiten a todas las personas proteger y hacer valer, con arreglo a un procedimiento previamente establecido, sus derechos, libertades e intereses legítimos únicamente en las controversias ante los Tribunales de justicia. b) El derecho de defensa comprende el conjunto de facultades y garantías, reconocidas en el ordenamiento jurídico, que permiten a todas las personas proteger y hacer valer, con arreglo a un procedimiento previamente establecido, sus derechos, libertades e intereses legítimos en cualquier tipo de controversia ante los Tribunales y Administraciones públicas, incluidas las diligencias de investigación del Ministerio Fiscal, o en los medios adecuados de solución de controversias regulados en la normativa de aplicación. c) El derecho de defensa comprende el conjunto de facultades y garantías, reconocidas en el ordenamiento jurídico, que permiten a todas las personas proteger y hacer valer, con arreglo a un procedimiento previamente establecido, sus derechos, libertades e intereses legítimos únicamente en las controversias ante los Tribunales de justicia o en los medios adecuados de solución de controversias. d) El derecho de defensa comprende el conjunto de facultades y garantías, reconocidas en el ordenamiento jurídico, que permiten a todas las personas proteger y hacer valer, con arreglo a un procedimiento previamente establecido, sus derechos, libertades e intereses en cualquier tipo de controversia ante los Tribunales y Administraciones públicas y en las comparecencias en Comisiones de Investigación de las cámaras parlamentarias.

De conformidad con la Ley Orgánica del Derecho de Defensa, ¿a qué órgano corresponde dictar circulares interpretativas del Código Deontológico de la Abogacía Española?. a) A la Comisión Permanente del Consejo General de la Abogacía Española. b) Al Pleno del Consejo General de la Abogacía Española. c) Al Pleno del Consejo General de la Abogacía Española y a cada uno de los Consejos Autonómicos, en sus ámbitos respectivos. d) Al Congreso de la Abogacía Española.

De conformidad con la Ley Orgánica del Derecho de Defensa, ¿en cuál de los siguientes supuestos tiene competencia un Consejo Autonómico de la Abogacía para sancionar en materia deontológica?. a) Cuando el sancionado sea uno de sus miembros que actúe en tal condición. b) Cuando la norma infringida por el sancionado emane de la Comunidad Autónoma correspondiente. c) Cuando el supuesto trascienda la competencia territorial de un Colegio de la Abogacía dentro de la Comunidad Autónoma por producir un perjuicio económico a una generalidad de personas. d) La Ley Orgánica del Derecho de Defensa no contempla ningún supuesto al respecto y remite a la legislación autonómica correspondiente.

En relación con la competencia del orden jurisdiccional contencioso-administrativo para conocer de las pretensiones que se deduzcan en relación con la responsabilidad patrimonial de la Administración, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es correcta?. a) Dicho orden jurisdiccional conocerá de las pretensiones que se deduzcan en relación con la responsabilidad patrimonial de las Administraciones públicas y del personal a su servicio, solo si este tiene una relación de servicio de naturaleza funcionarial y no laboral. b) Dicho orden jurisdiccional conocerá de las pretensiones que se deduzcan en relación con la responsabilidad patrimonial de las Administraciones públicas, solo si deriva de una actividad de naturaleza jurídico-pública. c) Dicho orden jurisdiccional conocerá de las pretensiones que se deduzcan en relación con la responsabilidad patrimonial de las Administraciones públicas, incluso cuando el interesado accione directamente contra la aseguradora de la Administración, junto a la Administración respectiva. d) Dicho orden jurisdiccional conocerá de las pretensiones que se deduzcan en relación con la responsabilidad patrimonial de las Administraciones públicas, salvo que la pretensión se deduzca también frente a los sujetos privados que hayan concurrido a la producción del daño.

¿Puede acordarse que en una Sección de un Tribunal de Instancia una de las personas destinadas en ella asuma con carácter exclusivo el conocimiento de determinadas clases de asuntos?. a) No, puesto que dentro de una misma Sección todas las personas destinadas en ella conocen de los asuntos de todas las clases en los que la Sección sea competente. b) Sí, puede acordarlo el Consejo General del Poder Judicial, pero solo en las materias de familia, infancia y capacidad o ejecución. c) Sí, puede acordarlo el Consejo General del Poder Judicial, cuando en la circunscripción exista más de una plaza judicial de la misma Sección. d) Sí, puede acordarlo el Consejo General del Poder Judicial, salvo cuando los servicios comunes que al efecto se constituyan puedan prestar labores de apoyo.

¿Cuál de las siguientes afirmaciones es correcta en relación con los Jueces de Paz?. a) Serán elegidos por el Pleno del Ayuntamiento y percibirán una retribución. b) Los habrá en cada municipio donde no exista un Tribunal de Instancia y han de ser licenciados en Derecho. c) El ejercicio de su función es incompatible con el ejercicio de actividades profesionales o mercantiles y conocerán de asuntos civiles de escasa cuantía y de procesos por delito leve. d) La Ley Orgánica de medidas en materia de eficiencia del Servicio Público de Justicia dispuso la supresión de dicha figura.

En un Tribunal de Instancia, ¿se puede nombrar a dos de sus Jueces o Magistrados para que, junto con aquel a quien le hubiere sido turnado el asunto inicialmente, conozcan de un determinado proceso?. a) No, puesto que las plazas que integran las distintas Secciones de los Tribunales de Instancia son unipersonales. b) Sí, conforme a un turno anual preestablecido y público, para que se encarguen de la instrucción de un determinado proceso penal o conozcan en primera instancia de un procedimiento de cualquier orden jurisdiccional cuando, en atención al volumen, la especial complejidad o el número de intervinientes de un procedimiento, tal nombramiento favorezca el ejercicio de la función jurisdiccional. c) Sí, en cuyo caso actuará como ponente el Juez o Magistrado de mayor antigüedad en la Carrera Judicial. d) Sí, en cuyo caso a los Jueces o Magistrados así nombrados no podrán serles repartidos otros asuntos hasta la terminación del procedimiento.

Con carácter general, ¿en qué ámbito tienen jurisdicción las Secciones de los Tribunales de Instancia?. a) En el del partido judicial, todas las Secciones. b) En el de la provincia las Secciones de lo Penal, de lo Contencioso-Administrativo, de lo Social, de lo Mercantil, de Vigilancia Penitenciaria y de Menores; y en el del partido judicial las Secciones Civiles, de Instrucción, Civiles y de Instrucción, de Familia, Infancia y Capacidad, de Violencia contra la Infancia y la Adolescencia y de Violencia sobre la Mujer. c) En el de la provincia las Secciones de lo Penal, de lo Contencioso-Administrativo, de lo Social, de lo Mercantil, de Vigilancia Penitenciaria, de Menores, de Violencia contra la Infancia y la Adolescencia y de Violencia sobre la Mujer; y en el del partido judicial las Secciones Civiles, de Instrucción, Civiles y de Instrucción y de Familia, Infancia y Capacidad. d) En el de la provincia las Secciones de lo Penal, de lo Contencioso-Administrativo, de lo Social y de lo Mercantil; y en el del partido judicial las Secciones Civiles, de Instrucción, Civiles y de Instrucción, de Familia, Infancia y Capacidad, de Violencia contra la Infancia y la Adolescencia, de Violencia sobre la Mujer, de Vigilancia Penitenciaria y de Menores.

¿Los Tribunales españoles pueden ser competentes para conocer de hechos cometidos por un extranjero fuera del territorio nacional susceptibles de ser tipificados, según la ley española, como un delito de genocidio?. a) Sí, aun cuando se haya iniciado un procedimiento para su investigación y enjuiciamiento en un Tribunal Internacional constituido conforme a los Tratados y Convenios en que España fuera parte. b) No, por cuanto los Tribunales españoles solo son competentes para conocer de delitos cometidos fuera del territorio nacional cuando el presuntamente responsable sea español o extranjero que haya adquirido la nacionalidad española con posterioridad a la comisión del hecho. c) Sí, aun cuando el procedimiento se dirija contra un ciudadano extranjero que no resida habitualmente ni se encuentre en España. d) Sí, aun cuando se haya iniciado un procedimiento para su investigación y enjuiciamiento en el Estado del lugar en que se hubieran cometido los hechos, si dicho Estado no puede realmente llevar a cabo la investigación y así se valora por la Sala 2.ª del Tribunal Supremo.

¿Cuál de las siguientes afirmaciones es cierta en relación con el recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional?. a) No cabe frente a actos emanados de las Asambleas legislativas de las Comunidades Autónomas. b) Solo será admitido a trámite cuando su contenido justifique una decisión sobre el fondo por parte del Tribunal Constitucional en razón de su especial trascendencia constitucional. c) Si se interpone frente a actos u omisiones de un órgano judicial, exige el agotamiento de todos los medios de impugnación previstos para el caso concreto en vía judicial, salvo la solicitud de nulidad de actuaciones. d) Cabe ante violaciones de cualquiera de los derechos reconocidos en el Capítulo segundo del Título I de la Constitución.

Juliana tiene intención de presentar una demanda contra su hermano Fernando, con quien es copropietaria de una casa que ambos tienen en comunidad. Sin embargo, para hacerlo necesita examinar ciertos documentos y cuentas de la comunidad que están en poder de Fernando. ¿Tiene alguna vía previa para que se le exhiban dichos documentos y cuentas?. a) No, por no estar prevista dicha diligencia preliminar, aunque puede solicitar la práctica anticipada de la prueba documental correspondiente. b) No, por no estar prevista dicha diligencia preliminar, pero podrá pedir que los documentos y cuentas se constituyan en depósito como medida cautelar. c) No, por no estar prevista dicha diligencia preliminar, aunque puede pedir en la demanda que se practique la diligencia en el acto del juicio. d) Sí, puede pedirlo como diligencia preliminar con carácter previo a la presentación de la demanda.

Lorenzo pretende presentar una demanda contra Lucía. Sin embargo, no está seguro de ciertos hechos relativos a su capacidad, representación o legitimación, que necesita conocer para formular la demanda. Por ello, se propone solicitar la correspondiente diligencia preliminar para que Lucía declare sobre dichos hechos. ¿Qué Juez será competente para resolver sobre dicha solicitud?. a) El del domicilio de Lucía, sin que se admita la declinatoria. b) Aquel ante el que haya de presentarse la demanda, sin que se admita la declinatoria. c) El del domicilio de Lucía, admitiéndose la declinatoria. d) Aquel ante el que haya de presentarse la demanda, admitiéndose la declinatoria.

En el proceso civil, ¿a partir de qué momento no se admitirá el planteamiento de ninguna cuestión incidental?. a) Una vez concluida la audiencia previa al juicio, en el procedimiento ordinario, y una vez admitida la prueba propuesta, en el verbal. b) Una vez iniciado el juicio, en el procedimiento ordinario, y una vez concluida la vista, en el verbal. c) Una vez iniciado el juicio, en el procedimiento ordinario, y una vez admitida la prueba propuesta, en el verbal. d) Una vez concluido el juicio, en el procedimiento ordinario, y una vez concluida la vista, en el verbal.

Si en un proceso civil se pone de manifiesto un hecho que ofrece apariencia de delito perseguible de oficio: a) El Tribunal ordenará de inmediato y en todo caso la suspensión de las actuaciones y que se ponga en conocimiento del Ministerio Fiscal por si hubiera lugar al ejercicio de acciones penales. b) El Tribunal ordenará la suspensión de las actuaciones solo en caso de posible existencia de un delito de falsedad de alguno de los documentos aportados. c) El Tribunal acordará la suspensión de las actuaciones tan pronto como se acredite que se sigue causa penal por razón del hecho puesto de manifiesto, sea cual sea el estado de tramitación del proceso, cuando la decisión del Tribunal penal pueda tener influencia decisiva en la resolución del proceso civil. d) El Tribunal lo pondrá en conocimiento del Ministerio Fiscal por si hubiere lugar al ejercicio de la acción penal.

Una comunidad de propietarios ha entablado una acción de cesación contra uno de los propietarios por desarrollar en el inmueble una actividad prohibida por los estatutos. Sin embargo, el Tribunal que conoce del caso advierte que existe un procedimiento civil pendiente promovido por varios propietarios en el que se discute precisamente la validez de los estatutos. ¿Qué consecuencia tiene ello?. a) Se producirá automáticamente la suspensión del proceso en el que se ventila la acción de cesación hasta tanto se resuelva sobre la validez de los estatutos en el otro proceso. b) El Tribunal que conoce de la acción de cesación podrá decretar la suspensión del curso de las actuaciones, si no fuere posible la acumulación de autos, a petición de ambas partes o de una de ellas, oída la contraria. c) El Tribunal que conoce de la acción de cesación podrá ponerlo en conocimiento del Tribunal que conoce del otro proceso, a petición de ambas partes o de una de ellas, oída la contraria, a fin de que el Tribunal que conozca del proceso más antiguo resuelva sobre la cuestión prejudicial. d) El Tribunal que conoce de la acción de cesación podrá resolver incidentalmente sobre la validez de los estatutos, sin que la existencia del otro proceso tenga relevancia alguna.

Si un Tribunal estima que alguna de las partes ha actuado conculcando las reglas de la buena fe procesal, ¿puede imponerle una multa?. a) Sí, en la sentencia que ponga fin al proceso y sin posibilidad de recurso. b) Sí, en pieza separada y con posibilidad de recurso. c) Sí, con el límite máximo de la cuantía del litigio. d) No, pero rechazará fundadamente las peticiones e incidentes formulados conculcando las reglas de la buena fe procesal.

Marcelo es condenado en España por un delito. Tras agotar todas las vías de recurso en España, Marcelo presenta una demanda ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos y este declara mediante sentencia definitiva que la condena de Marcelo supuso una violación del Convenio Europeo de Derechos Humanos. ¿Qué consecuencia tiene?. a) La sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos carece de fuerza obligatoria, pero podrá fundamentar una reclamación de responsabilidad patrimonial en España. b) España deberá acatar la sentencia y el Comité de Ministros velará por su ejecución. c) La sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos determina por sí misma la anulación de la sentencia que condenó a Marcelo. d) España deberá acatar la sentencia, pero no existen mecanismos específicos de supervisión de la ejecución de las sentencias del Tribunal.

En relación con las Juntas Generales de los Colegios de la Abogacía, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es cierta?. a) Salvo previsión contraria de la Ley o de los Estatutos del Colegio, su convocatoria corresponde al Decano. b) De conformidad con el Estatuto General de la Abogacía Española, se convocará Junta General extraordinaria cuando así lo solicite una cuarta parte de los colegiados. c) Salvo que los Estatutos particulares los equiparen, el voto de los colegiados ejercientes computará con doble valor que el de los demás colegiados. d) De conformidad con el Estatuto General de la Abogacía Española, les corresponde el ejercicio de la potestad disciplinaria.

Susana, profesional de la Abogacía, acepta el encargo de una clienta y asume la llevanza de su caso sin informarle sobre los honorarios que se devengarán por su actuación, a pesar de que la clienta se lo pide. ¿Es ello constitutivo de infracción?. a) Sí, y podría dar lugar a la imposición de una sanción de suspensión del ejercicio de la Abogacía por plazo que no podrá exceder de un año. b) Sí, y podría dar lugar a la imposición de una sanción de expulsión del Colegio de la Abogacía. c) Sí, pero no podrá dar lugar más que a la imposición de una sanción de apercibimiento escrito. d) No, por cuanto dicha conducta no está tipificada como tal.

Elisa, profesional de la Abogacía, es sancionada por defender intereses en conflicto con los de otros clientes de la sociedad profesional de la que forma parte. ¿Puede la sociedad profesional ser sancionada por ello?. a) Sí, pero solo en caso de que Elisa no lo sea. b) No, por cuanto el Estatuto General de la Abogacía Española solo contempla la posibilidad de imponer sanciones a los profesionales de la Abogacía. c) Sí, cuando resulte acreditada su responsabilidad concurrente, como partícipe o encubridora, en la comisión de la infracción. d) Sí, al constituir la conducta de Elisa una infracción muy grave.

Antonio, profesional de la Abogacía, es sancionado por no haber comunicado al Colegio de la Abogacía al que está incorporado el cambio de su domicilio profesional. Con arreglo al Estatuto General de la Abogacía Española, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es correcta?. a) El acuerdo de imposición de la sanción será inmediatamente ejecutivo, pero contra él cabrá interponer el recurso corporativo, administrativo o contencioso-administrativo que proceda. b) Contra el acuerdo de imposición de la sanción cabrá en todo caso recurso ante el Consejo General de la Abogacía Española. c) La sanción solo producirá efecto en el ámbito del Colegio de la Abogacía que lo haya dictado. d) La sanción producirá efecto en el ámbito de todos los Colegios de la Abogacía de España y será ejecutiva una vez que sea firme en vía administrativa.

Helena, que no tiene reconocido el derecho de asistencia jurídica gratuita, pretende interponer una demanda de daños y perjuicios por importe de 10.000 euros contra su vecino Justo. ¿Deberá Helena pagar la tasa por el ejercicio de la potestad jurisdiccional?. a) No, ya que la interposición de demandas de daños y perjuicios está exenta de la tasa. b) No, ya que Helena es una persona física. c) Sí, ya que Helena no tiene reconocido el derecho de asistencia jurídica gratuita. d) Sí, ya que la cuantía del proceso supera los 2.000 euros.

Amelia obtiene el reconocimiento del derecho a la asistencia jurídica gratuita para interponer una demanda contra Lourdes. El proceso finaliza mediante resolución que contiene pronunciamiento sobre costas a favor de Amelia. En relación con el abono de las costas causadas en la defensa y representación de Amelia, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es correcta?. a) Lourdes deberá abonar las costas causadas en la defensa y representación de Amelia, debiendo ser abonadas directamente a las personas profesionales que se hayan designado para su representación y dirección jurídica. b) Lourdes deberá abonar las costas causadas en la defensa y representación de Amelia, debiendo ser abonadas a Amelia, quien deberá entregar las cantidades que haya percibido a las personas profesionales que se hayan designado para su representación y dirección jurídica. c) Lourdes deberá abonar las costas causadas en la defensa y representación de Amelia, debiendo ser abonadas a los Colegios Profesionales que hayan designado a las personas encargadas de la representación y defensa de Amelia. d) Amelia deberá pagar las costas causadas en su defensa, siempre que no excedan de la tercera parte de lo que haya obtenido en el pleito.

En relación con las cuotas colegiales que deben satisfacerse a los Colegios de la Abogacía, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es correcta?. a) No está prevista la posibilidad de imposición de cuotas extraordinarias a los colegiados. b) La falta de pago de las cuotas colegiales es constitutiva de una infracción muy grave. c) Se perderá la condición de colegiado por la falta de pago de seis mensualidades de la cuota obligatoria, a cuyo pago viniera obligado. d) La cuota de ingreso que debe satisfacerse para colegiarse como profesional de la Abogacía no podrá superar los costes asociados a la tramitación de la inscripción.

Flora es una profesional de la Abogacía que ha asumido la defensa de Marcos en un procedimiento judicial. Marcos es empresario y, en el marco de una auditoría que un auditor está haciendo de las cuentas de Marcos, el auditor muestra interés en que Flora emita un informe que contenga su valoración profesional sobre el resultado probable del litigio y una estimación de sus posibles consecuencias económicas. ¿Puede Flora emitir el informe?. a) Solo si la petición procede de Marcos, quien, en todo caso, deberá ser su exclusivo destinatario, salvo que autorice de manera expresa darlo a conocer a un tercero. b) Sí, en todo caso, ya sea a solicitud del auditor o de Marcos, y ya lo conozca Marcos o lo ignore. c) Solo si Flora estima razonablemente que el resultado del litigio será desfavorable para Marcos. d) No, en ningún caso, puesto que se lo impide su deber de secreto profesional.

¿En qué consiste la función de los abogados generales en el Tribunal de Justicia de la Unión Europea?. a) En representar y defender a las instituciones de la Unión Europea en los procedimientos judiciales ante el Tribunal. b) En representar y defender a los funcionarios públicos de la Unión Europea en los procedimientos judiciales que les afecten, siempre que no designen a un Abogado y a un Procurador de su elección. c) En representar y defender a los Estados miembros de la Unión Europea en los procedimientos judiciales ante el Tribunal, siempre que opten por no comparecer por medio de sus propios Abogados. d) En presentar públicamente, con toda imparcialidad e independencia, conclusiones motivadas sobre los asuntos que, de conformidad con el Estatuto del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, requieran su intervención.

Con arreglo a la Ley Orgánica del Poder Judicial, ¿cuándo serán competentes en el orden social los Jueces y Tribunales españoles en materia de pretensiones de Seguridad Social?. a) Cuando la pretensión se formule frente a entidades españolas o que tengan domicilio, agencia, delegación o cualquier otra representación en España. b) Únicamente cuando la pretensión se formule por razón de servicios prestados en territorio español. c) Únicamente cuando la pretensión se formule por trabajadores o beneficiarios del sistema de Seguridad Social que tengan residencia en España. d) Únicamente cuando la pretensión se formule por razón de servicios prestados en favor de un empresario establecido en España.

En el orden jurisdiccional contencioso-administrativo, ¿qué cantidad estará obligada a pagar la parte condenada en costas en primera o única instancia?. a) Una cantidad que no exceda de la tercera parte de la cuantía del proceso, por cada uno de los favorecidos por esa condena. b) Una cantidad que no exceda de la cuantía del proceso, por cada uno de los favorecidos por esa condena. c) Una cantidad que no exceda de la cuantía del proceso, si la parte condenada en costas es la Administración, y de una tercera parte de la cuantía del proceso, si la parte condenada en costas es la parte demandante. d) La Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa no contiene una regulación expresa de las costas procesales.

¿Quiénes están legitimados para interponer el recurso de amparo constitucional en los casos en que la violación del derecho o libertad susceptible de amparo constitucional tuviera su origen inmediato y directo en un acto u omisión de un órgano judicial?. a) Quienes hayan sido parte en el proceso judicial correspondiente, únicamente. b) Quienes hayan sido parte en el proceso judicial correspondiente y el Ministerio Fiscal, únicamente. c) Quienes hayan sido parte en el proceso judicial correspondiente, el Ministerio Fiscal y el Defensor del Pueblo. d) Quienes hayan sido parte en el proceso judicial correspondiente, el Ministerio Fiscal, el Defensor del Pueblo y los órganos autonómicos estatutarios de protección de los derechos fundamentales.

¿Cuál de las siguientes afirmaciones es correcta en relación con los conflictos de jurisdicción?. a) Los conflictos de jurisdicción entre los Juzgados o Tribunales y la Administración serán resueltos por un órgano colegiado constituido por el Presidente del Tribunal Supremo y por cinco vocales, de los que dos serán Magistrados de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo y los otros tres serán Consejeros Permanentes de Estado. b) Los conflictos de jurisdicción entre un Juzgado o Tribunal y la Administración serán resueltos por el Juzgado o Tribunal. c) Los conflictos de jurisdicción entre un Juzgado o Tribunal y la Administración serán resueltos por una Sala especial del Tribunal Supremo. d) No cabe el planteamiento de conflictos de jurisdicción entre un Juzgado o Tribunal y la Administración, por cuanto la decisión sobre si el Poder Judicial tiene jurisdicción para conocer de un determinado asunto corresponde en todo caso a este.

¿Cuál de las siguientes constituye infracción leve del profesional de la Abogacía?. a) La falta del respeto debido a quienes intervengan en la Administración de Justicia. b) No atender con la debida diligencia las visitas, comunicaciones escritas o telefónicas de otros profesionales de la Abogacía. c) La condena penal firme por la comisión de delitos leves dolosos como consecuencia del ejercicio de la profesión. d) La embriaguez o consumo de drogas cuando afecten al ejercicio de la profesión.

Con arreglo al Estatuto General de la Abogacía Española, la solicitud de convocatoria de Junta General extraordinaria para el voto de censura a la Junta de Gobierno de un Colegio de la Abogacía con más de diez mil profesionales de la Abogacía en ejercicio requerirá la firma de un mínimo de: a) El 20 por ciento de los colegiados ejercientes, incorporados al menos con tres meses de antelación. b) El 10 por ciento de los colegiados ejercientes, incorporados al menos con tres meses de antelación. c) El 50 por ciento de los colegiados ejercientes, incorporados al menos con tres meses de antelación. d) No está contemplada la posibilidad de voto de censura a la Junta de Gobierno.

No constituye una sanción que pueda imponerse a los profesionales de la Abogacía: a) Una multa pecuniaria. b) El traslado forzoso fuera del municipio de destino. c) La suspensión del ejercicio de la Abogacía. d) El apercibimiento por escrito.

La tutela de las libertades y derechos reconocidos en el artículo 14 y la Sección primera del Capítulo segundo de la Constitución Española de 1978 podrá efectuarse: a) Ante los Tribunales ordinarios por un procedimiento basado en los principios de preferencia y sumariedad y, en su caso, subsidiariamente, a través del recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional. b) A través del recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional y, en su caso, subsidiariamente, ante los Tribunales ordinarios por un procedimiento basado en los principios de preferencia y sumariedad. c) Ante el Defensor del Pueblo y, en su caso, subsidiariamente, a través del procedimiento previsto en el artículo 61 LOPJ. d) Son falsas todas las respuestas.

Contra el auto que acuerde las diligencias preliminares solicitadas en el proceso civil, podrá interponerse: a) Recurso de reposición. b) Recurso de apelación. c) Recurso de casación. d) No cabe recurso alguno.

La organización colegial de la Abogacía no se integra por: a) Los Consejos Autonómicos y los Colegios de la Abogacía. b) El Consejo General de la Abogacía Española. c) El Consejo Interdisciplinar con representantes del Ministerio de Justicia. d) Son falsas todas las respuestas.

Conforme al artículo 398 de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, en caso de estimación total o parcial de un recurso de apelación, extraordinario por infracción procesal o casación: a) Se condenará en las costas de dicho recurso a la parte recurrente. b) Se condenará en las costas de dicho recurso a la parte recurrida. c) Se condenará en las costas de dicho recurso a la parte recurrente y a la parte recurrida. d) No se condenará en las costas de dicho recurso a ninguno de los litigantes.

El Derecho a la tutela judicial efectiva del artículo 24 de la Constitución Española de 1978 no comprende: a) El derecho a no declarar contra sí mismo. b) El derecho a un proceso público sin dilaciones indebidas y con todas las garantías. c) El derecho a percibir siempre una retribución económica cuando se actúe como testigo en las actuaciones judiciales. d) El derecho al Juez ordinario predeterminado por la ley.

Por la comisión de infracciones leves por los profesionales de la Abogacía, podrá imponerse: a) La sanción de apercibimiento escrito, o suspensión del ejercicio de la Abogacía por un plazo no superior a quince días, o multa pecuniaria por importe de hasta 1.000 €. b) La sanción de apercibimiento escrito, o suspensión del ejercicio de la Abogacía por un plazo no superior a quince días, o multa pecuniaria por importe de hasta 2.000 €. c) La sanción de apercibimiento escrito, o suspensión del ejercicio de la Abogacía por un plazo no superior a quince días, o multa pecuniaria por importe de hasta 5.000 €. d) La sanción de apercibimiento escrito, o suspensión del ejercicio de la Abogacía por un plazo no superior a quince días, o multa pecuniaria por importe de hasta 15.000 €.

La adopción de las diligencias preliminares solicitadas, en el proceso civil, adoptará la forma de: a) Providencia. b) Auto. c) Diligencia de Ordenación. d) Sentencia.

Conforme al Estatuto General de la Abogacía Española, y de acuerdo con lo que disponga la legislación estatal y autonómica, cada Colegio de la Abogacía será regido: a) Por la Delegación Sindical o Asamblea General, el Patronato y el Decano. b) Por la Junta o Asamblea General, la Junta de Gobierno y el Decano. c) Por la Junta o Asamblea General, el Patronato y la Delegación Sindical. d) Por la Delegación del Gobierno, el Decano y el Patronato.

Constituye el hecho imponible de la tasa para el ejercicio de la potestad jurisdiccional: a) La interposición del recurso extraordinario por infracción procesal en el ámbito civil. b) La interposición de la demanda en toda clase de procesos declarativos y de ejecución de títulos ejecutivos extrajudiciales en el orden jurisdiccional civil, la formulación de reconvención y la petición inicial del proceso monitorio y del proceso monitorio europeo. c) La interposición del recurso contencioso-administrativo. d) Son verdaderas todas las respuestas.

Las sanciones disciplinarias corporativas de los profesionales de la Abogacía y de las sociedades profesionales: a) Se harán constar en el expediente personal del colegiado o en el particular de la sociedad profesional. b) No se harán constar en el expediente personal del colegiado o en el particular de la sociedad profesional. c) Se harán constar en libro de asientos registrales del colegiado o en el particular de la sociedad profesional, gestionados por el Consejo de la Unión Europea y el Consejo de Ministros del Reino de España. d) Se harán constar en el Libro Diario de expedientes sancionadores del Ministerio de Justicia, a petición del correspondiente Colegio.

Contra el auto que deniegue las diligencias preliminares solicitadas en el proceso civil, podrá interponerse: a) Recurso de reposición. b) Recurso de apelación. c) Recurso de casación. d) No cabe recurso alguno.

En las diligencias policiales y judiciales: a) El detenido nunca tendrá derecho a la asistencia letrada. b) Se garantiza la asistencia de Abogado al detenido, en los términos que la ley establezca. c) No se garantiza la asistencia de Abogado al detenido. d) El detenido únicamente tendrá derecho a la asistencia letrada si disfruta del beneficio de justicia gratuita.

Desde el punto de vista subjetivo, están exentos de la tasa por el ejercicio de la función jurisdiccional: a) El Ministerio Fiscal. b) Las Cortes Generales y las Asambleas Legislativas de las Comunidades Autónomas. c) Las personas físicas. d) Son verdaderas todas las respuestas.

Juan es el Abogado de Jaime en un procedimiento ordinario en el que Marcos, asistido por el Abogado Pedro, le reclama 25.000 € por incumplimiento contractual. El Abogado Pedro se pone en contacto con el Abogado Juan para tratar de llegar a un acuerdo extrajudicial sin que lo consigan. Unos días antes del día señalado para la celebración de la audiencia previa, el Abogado Juan se encuentra casualmente con Marcos y sin que el Abogado de este lo sepa, el Abogado Juan trata de convencer a Marcos para que desista de su demanda ya que tiene “todas las de perder”. ¿Es correcta la actuación del Abogado Juan?. a) Sí, el Abogado puede tener, en todo momento, contacto y comunicación con cualquiera de las personas que intervengan en un procedimiento. b) No, el Abogado ha de abstenerse de toda relación y comunicación con la parte contraria cuando le conste que está representada o asistida por otro Abogado, manteniendo siempre con este la relación derivada del asunto, a menos que el compañero autorice expresamente el contacto con su cliente. c) No, el Abogado nunca puede mantener relación y comunicación con la parte contraria cuando le conste que está representada o asistida por otro Abogado, manteniendo siempre y en todo caso con este la relación derivada del asunto. d) Sí, el Abogado puede mantener contacto y comunicación con la parte contraria en aquellos casos en los que se encuentren de forma casual y siempre que la conversación verse sobre el asunto objeto del pleito.

José María quiere ejercer como Abogado en la asesoría jurídica de una empresa, lo que implica que en materia de previsión social, habrá de darse de alta: a) En el Régimen Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores por cuenta propia o Autónomos (RETA) o bien en una Mutualidad de previsión social. b) Obligatoriamente, tanto en el Régimen General de la Seguridad Social como en una Mutualidad de previsión social. c) En el Régimen General de la Seguridad Social o en una Mutualidad de previsión social. d) Obligatoriamente en el Régimen General de la Seguridad Social y de forma opcional, en una Mutualidad de previsión social.

Lola acude al despacho profesional de la Abogada Sara para que le asista en un asunto en materia penal. La Abogada Sara le comenta que ella es experta en materia civil y que sería aconsejable que le llevara el asunto su compañera Xenia que es Abogada penalista. Lola acude al despacho profesional de Xenia y contrata sus servicios. Cuando la Abogada Sara se entera, le pide a la Abogada Xenia que le pague una compensación económica por haberle enviado un cliente. ¿Es correcta la conducta de la Abogada Sara?. a) Sí, el Abogado puede exigir una compensación económica a otro Abogado por haberle enviado un cliente, incluso aunque no llegue a contratarle. b) No, el Abogado solo puede exigir una compensación económica a otro Abogado por haberle enviado un cliente cuando haya finalizado con éxito el procedimiento. c) No, el Abogado no podrá nunca pagar, exigir ni aceptar, comisiones, ni ningún otro tipo de compensación a otro Abogado, ni a ninguna otra persona por haberle enviado un cliente o recomendado a posibles clientes futuros. d) Sí, el Abogado puede exigir una compensación económica a otro Abogado por haberle enviado un cliente únicamente cuando este contrate sus servicios.

Joaquín durante una reunión con su Abogada María le comenta que hace seis meses cometió un delito de homicidio. ¿Tiene la Abogada María la obligación de comunicarlo a las autoridades?. a) Sí, debe comunicarlo a las autoridades, pues en caso contrario podría ser considerada como encubridora del hecho delictivo. b) Sí, debe comunicarlo a las autoridades, pues en caso contrario le podrían imponer sanciones disciplinarias que podrían llegar a alcanzar la expulsión del Colegio de Abogados. c) No, como Abogada no tiene la obligación de comunicar a las autoridades el delito cometido por su cliente, pero de acuerdo con el Código Deontológico sería lo más apropiado. d) No, como Abogada tiene el deber y el derecho de guardar secreto respecto de todos los hechos o noticias que conozca por razón de cualquiera de las modalidades de su actuación profesional, sin que pueda ser obligada a declarar sobre los mismos.

El Abogado está obligado a contribuir al mantenimiento de las cargas colegiales y demás imputaciones económicas del Colegio de Abogados: a) En función de la cifra de negocios de su actividad como Abogado del ejercicio anterior, para lo cual deberá aportar anualmente la Declaración de Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas del curso anterior. b) En función del rendimiento neto de su actividad profesional como Abogado, para lo cual deberá aportar anualmente su Declaración de Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas del curso anterior. c) En la forma y tiempo que se hayan establecido. d) En función del volumen de asuntos que lleven, para lo cual deberá informar periódicamente al Colegio de Abogados de cada uno de ellos y de los honorarios profesionales pactados.

Fátima acude a su despacho para saber si puede interponer recurso contra el auto que mantiene la denegación del derecho a la asistencia jurídica gratuita acordada por la Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita. ¿Qué consejo legal le daría?. a) Puede interponer recurso de revisión ante el Juez o Tribunal que haya dictado el auto manteniendo la denegación del derecho a la asistencia jurídica gratuita. b) Puede interponer recurso de revisión ante el Juez o Tribunal que haya dictado el auto manteniendo la denegación del derecho a la asistencia jurídica gratuita y subsidiariamente, puede interponer recurso de apelación ante la Audiencia Provincial. c) No puede interponer recurso alguno. d) No puede interponer recurso alguno, sin perjuicio de poder formular protesta escrita a los efectos de hacer valer sus derechos en una eventual segunda instancia en el procedimiento principal.

Beatriz ha sido condenada en costas en un procedimiento en el que tenía reconocido el derecho a la asistencia jurídica gratuita. Beatriz le pregunta a usted, como su Abogado, si debe abonar las mismas. Señale la respuesta correcta: a) Beatriz estará obligada a pagar las causadas en su defensa y las de la parte contraria, si dentro de los tres años siguientes a la terminación del proceso viniere a mejor fortuna, quedando mientras tanto interrumpida la prescripción del artículo 1.967 del Código Civil. b) Beatriz estará obligada a pagar únicamente las de la parte contraria, si dentro de los tres años siguientes a la terminación del proceso viniere a mejor fortuna, quedando mientras tanto interrumpida la prescripción del artículo 1.967 del Código Civil. c) Beatriz estará obligada a pagar las causadas en su defensa y las de la parte contraria, si dentro de los dos años siguientes a la terminación del proceso viniere a mejor fortuna, quedando mientras tanto interrumpida la prescripción del artículo 1.967 del Código Civil. d) En ningún caso deberá abonar las costas ya que tenía reconocido el derecho a la asistencia jurídica gratuita.

¿Qué Juzgados son los competentes para conocer de la autorización del internamiento de extranjeros en los centros de internamiento, así como del control de la estancia de estos en los mismos y en las salas de inadmisión de fronteras?. a) Los Juzgados de Instrucción. b) Los Juzgados Centrales de Instrucción. c) Los Juzgados de lo Penal. d) Los Juzgados Centrales de lo Penal.

¿En qué órdenes jurisdiccionales se divide la jurisdicción ordinaria?. a) Civil, mercantil, penal, contencioso-administrativo y social. b) Civil, mercantil, penal, contencioso-administrativo, social y militar. c) Civil, penal, contencioso-administrativo, social y militar. d) Civil, penal, contencioso-administrativo y social.

Pep y Joan suscribieron un contrato en el que incluyeron una cláusula de sometimiento a mediación en caso de conflicto. Pep, ante un incumplimiento por parte de Joan, va a iniciar un procedimiento de mediación antes de acudir a los Tribunales. Su Abogado le indica que la solicitud de inicio de mediación: a) Suspenderá la prescripción o la caducidad de acciones desde la fecha en la que conste la recepción de dicha solicitud por el mediador, o el depósito ante la institución de mediación, siempre que, en el plazo de quince días naturales a contar desde la recepción de la solicitud de inicio de la mediación, se firme el acta de la sesión constitutiva pues en caso contrario, se reanudará el cómputo de los plazos. b) Suspenderá la prescripción o la caducidad de acciones desde la fecha en la que conste la recepción de dicha solicitud por el mediador, o el depósito ante la institución de mediación, siempre que, en el plazo de un mes a contar desde la recepción de la solicitud de inicio de la mediación, se firme el acta de la sesión constitutiva pues en caso contrario, se reanudará el cómputo de los plazos. c) Suspenderá la prescripción o la caducidad de acciones desde la fecha en la que conste la recepción de dicha solicitud por el mediador, o el depósito ante la institución de mediación, siempre que, en el plazo de diez días a contar desde la recepción de la solicitud de inicio de la mediación, se firme el acta de la sesión constitutiva pues en caso contrario, se reanudará el cómputo de los plazos. d) Suspenderá la prescripción o la caducidad de acciones desde la fecha en la que conste la recepción de dicha solicitud por el mediador, o el depósito ante la institución de mediación, siempre que, en el plazo de dos meses a contar desde la recepción de la solicitud de inicio de la mediación, se firme el acta de la sesión constitutiva pues en caso contrario, se reanudará el cómputo de los plazos.

En un procedimiento de arbitraje, Luca no está conforme con la decisión contenida en el laudo arbitral. Acude a su despacho para saber si puede hacer algo contra la decisión. Señale la respuesta correcta: a) Contra el laudo definitivo no cabe recurso alguno. b) Contra el laudo definitivo puede ejercitarse la acción de anulación basada en motivos formales e interponerse recurso de apelación por motivos de fondo. c) Contra el laudo definitivo cabe ejercitar la acción de anulación y, en su caso, solicitar la revisión conforme a lo establecido en la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil para las sentencias firmes. d) Contra el laudo definitivo únicamente cabe solicitar la revisión conforme a lo establecido en la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil para las sentencias firmes.

Rubén ha sido designado Abogado de Lourdes en un procedimiento en el que a ésta se le ha reconocido el derecho a la asistencia jurídica gratuita. Cuando el Abogado Rubén conoce el asunto que Lourdes quiere sustanciar ante los Tribunales, considera que se trata de una pretensión insostenible. ¿Cómo debe actuar el Abogado Rubén?. a) Deberá comunicarlo al Colegio de Abogados que le hubiera designado, dentro de los 15 días siguientes a su designación, exponiendo los motivos jurídicos en los que fundamenta su decisión. b) Deberá comunicarlo a la Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita, en el plazo de un mes desde su designación, exponiendo los motivos jurídicos en los que fundamenta su decisión. c) Deberá comunicarlo al Colegio de Abogados que le hubiera designado, en el plazo de un mes desde su designación, exponiendo los motivos jurídicos en los que fundamenta su decisión. d) Deberá comunicarlo a la Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita, dentro de los 15 días siguientes a su designación, exponiendo los motivos jurídicos en los que fundamenta su decisión.

María, que ha sido demandada en un asunto civil, decide llamar telefónicamente al Abogado del demandante y grabar la conversación que tiene con el Abogado sobre dicho pleito. Posteriormente, María acude a la Abogada Irene para que la defienda en dicho asunto, y le reproduce la conversación que ha tenido con el otro Abogado. ¿Está la grabación de la conversación amparada por el secreto profesional?. a) Sí, está amparada por el secreto profesional. b) No, porque para que esté amparada por el secreto profesional es necesario que la conversación se produzca entre dos profesionales de la Abogacía. c) No, porque para que esté amparada por el secreto profesional es necesario que quien grabe la conversación sea el profesional de la Abogacía. d) No, porque para que esté amparada por el secreto profesional es necesario que el Abogado del cliente que graba la conversación sepa que el cliente va a proceder a grabarla.

Emma, que reúne los requisitos para poder acceder a un Colegio de la Abogacía, quiere colegiarse como no ejerciente. Según lo dispuesto en el Real Decreto 135/2021, de 2 de marzo, por el que se aprueba el Estatuto General de la Abogacía Española. ¿En qué Colegio podrá incorporarse Emma para colegiarse como no ejerciente?. a) Podrá incorporarse al Colegio de la Abogacía de su elección. b) Habrá de incorporarse obligatoriamente al Colegio de la Abogacía que coincida con el lugar de su domicilio particular. c) Habrá de incorporarse obligatoriamente al Colegio de la Abogacía que coincida con el lugar donde haya desarrollado las prácticas externas para la obtención del título profesional. d) Habrá de incorporarse obligatoriamente al Colegio de la Abogacía que coincida con su domicilio fiscal.

Pau es beneficiario de asistencia jurídica gratuita y ha solicitado ser defendido gratuitamente por un Abogado, designación que ha recaído en el Abogado Miquel. Miquel interpone demanda en nombre de Pau, pero avanzado el procedimiento judicial, Pau pierde la confianza en Miquel y quiere que le sea designado otro Abogado. Señale la respuesta correcta: a) Pau no tiene derecho a instar la designación de un nuevo profesional. b) Pau ha perdido su oportunidad de instar la designación de un nuevo Abogado, dado que ya está iniciado el procedimiento judicial. c) Pau puede solicitar al órgano judicial ante el que se tramita el procedimiento la designación de un nuevo Abogado, y si dicho órgano judicial considera que concurre causa para la sustitución, nombrará a un nuevo profesional. d) Pau tiene derecho a instar la designación de un nuevo Abogado formulando solicitud ante el Colegio que hubiera hecho la designación, y el Colegio, tras dar traslado de la solicitud a Miquel, resolverá de forma motivada.

El Real Decreto 135/2021, de 2 de marzo, por el que se aprueba el Estatuto General de la Abogacía Española, que se publicó en el Boletín Oficial del Estado el 24 de marzo de 2021: a) Entró en vigor el 1 de julio de 2021. b) Entrará en vigor el 1 de julio de 2022. c) Entrará en vigor el 24 de marzo de 2022. d) Entrará en vigor el 2 de marzo de 2022.

El Tribunal Superior de Justicia está integrado por varias Salas. Señale cuál de las siguientes no es una de ellas: a) La Sala de lo Civil y Penal. b) La Sala de Apelación. c) La Sala de lo Contencioso-Administrativo. d) La Sala de lo Social.

Xaime presta servicios para un despacho colectivo de Abogados en régimen de relación laboral especial y lo hace con dedicación exclusiva. El Real Decreto 1331/2006, de 17 de noviembre, por el que se regula la relación laboral de carácter especial de los abogados que prestan servicios en despachos de abogados, individuales o colectivos, dispone que en este régimen de exclusividad: a) Xaime no tendrá derecho a compensación económica alguna por la exclusividad. b) Xaime podrá asesorar y defender a su cónyuge y demás familiares por consanguinidad o afinidad hasta el segundo grado inclusive, y en su caso por adopción, por ser esto compatible con el régimen de exclusividad. c) Xaime no podrá ejercer la profesión de Abogado por cuenta propia por un período máximo de dos años, porque el pacto de dedicación exclusiva está limitado en todo caso, conforme al real decreto citado, a dicho plazo máximo. d) Xaime no podrá prestar la asistencia letrada y defensa jurídica derivada del turno de oficio.

Guillermo, que ha sido detenido por la policía por un delito de robo, no quiere nombrar Abogado para que le asista en su declaración y demás diligencias policiales que han de practicarse en comisaría. ¿Qué procede en esta situación? Señale la respuesta correcta: a) No se le designará Abogado de oficio para que le asista si Guillermo no acredita carecer de recursos. b) Se le designará un Abogado de oficio, sin que Guillermo haya de abonar en ningún caso los honorarios devengados por su intervención. c) Guillermo será asistido por un Abogado de oficio, no siendo necesario que acredite previamente carecer de recursos, sin perjuicio de que, si no se le reconoce con posterioridad el derecho a la asistencia jurídica gratuita, deba abonar al Abogado los honorarios devengados por su intervención. d) Se le designará un Abogado de oficio, que ya no podrá ser gratuito para Guillermo salvo que el Abogado renuncie a sus honorarios.

Félix encarga al Abogado Matías que interponga en su nombre una querella contra Hipólito, Abogado que defendió a Félix en un pleito anterior, al considerar que la actuación profesional de Hipólito en dicho pleito perjudicó manifiestamente los intereses encomendados. En atención a los deberes que tienen los profesionales de la Abogacía con otros compañeros, Matías: a) Deberá solicitar el visto bueno del Colegio de la Abogacía con carácter previo a poder interponer la querella. b) Deberá comunicar al Abogado Hipólito que va a interponer la querella. c) Deberá comunicar al Colegio la intención de interponer la querella. d) Deberá interponer la querella, sin obligación de hacer ninguna comunicación al Colegio al respecto de la misma.

Los Abogados Andrés, Ainhoa, Elvira y Susana se han agrupado en forma no societaria fundando un despacho colectivo. Andrés ha asumido la defensa de Pedro en el procedimiento de divorcio contencioso de este. El cónyuge de Pedro acude al despacho pretendiendo que en dicho litigio sea Susana quien le defienda. ¿Es esto posible conforme a las normas contenidas en el Estatuto General de la Abogacía?. a) No, porque se extiende a todos los miembros del despacho la prohibición de actuar en defensa de intereses contrapuestos con los patrocinados por cualquiera de ellos. b) Sí, siempre que extremen la observancia del respeto al secreto profesional. c) Sí, dado que el número de integrantes del despacho es superior a tres. d) Sí, siempre que los clientes sean informados de la situación y los Abogados implicados se comprometan a respetar escrupulosamente el secreto profesional.

Mónica es una Abogada incorporada al Colegio de Abogados de Madrid, y el juicio del cliente al que defiende se va a celebrar en Valencia. Mónica se pregunta si para actuar en el territorio del Colegio de Abogados de Valencia debe pedir habilitación y qué normas de actuación, deontología y régimen disciplinario son las que rigen. Señale la respuesta correcta: a) Necesita solicitar habilitación al Colegio de Valencia, y en su actuación estará sujeta a las normas de actuación, deontología y régimen disciplinario del Colegio de Abogados de Madrid. b) No necesita habilitación alguna, y en su actuación estará sujeta a las normas de actuación, deontología y régimen disciplinario del Colegio de Abogados de Madrid. c) No necesita habilitación alguna, y en su actuación estará sujeta a las normas de actuación, deontología y régimen disciplinario del Colegio de Abogados de Valencia. d) Necesita solicitar habilitación al Colegio de Valencia, y en su actuación estará sujeta a las normas de actuación, deontología y régimen disciplinario del Colegio de Abogados de Valencia.

Gertrudis ha solicitado asistencia jurídica gratuita para interponer una reclamación civil por daños derivados de un accidente de tráfico. Se le reconoce el derecho y el Abogado Roberto es designado de oficio para defenderla. Sin embargo, Roberto preferiría no encargarse del asunto, dado que le trae recuerdos del fallecimiento de un familiar suyo en accidente de circulación. ¿Puede excusarse Roberto de la defensa por dichas circunstancias personales?. a) Sí, pudiendo hacerlo en todo momento sin necesidad de alegar motivos para excusarse, siempre que realice los actos necesarios para evitar la indefensión y la pérdida de derechos de la persona respecto de la que se le encomendó la defensa. b) Sí, siempre que concurra un motivo justo y personal podrá excusarse de la defensa. c) No podrá excusarse por dichas razones personales. d) Sí, pero para que opere dicha excusa el Decano del Colegio habrá de apreciar que el motivo alegado es personal y justo.

¿Cuál de los siguientes órganos no es un órgano jurisdiccional con jurisdicción sobre toda España?. a) Un Juzgado Central de lo Contencioso-Administrativo. b) El Tribunal Supremo. c) La Sala de Gobierno de la Audiencia Nacional. d) Un Juzgado Central de Vigilancia Penitenciaria.

Pere es un Abogado que ejerce individualmente por cuenta propia y que se dedica a cuestiones civiles, si bien para llevar los asuntos relativos a Derecho de sucesiones que puedan afectar a sus clientes concierta un acuerdo de colaboración con el despacho colectivo formado por Ana y Manuela. En estas condiciones, ¿puede considerarse a Pere como Abogado titular de un despacho individual?. a) Sí, porque ese acuerdo no hace que pierda la condición de profesional de la Abogacía titular de un despacho individual. b) No, porque para mantener la condición de titular de un despacho individual la colaboración solo puede acordarse sobre algún asunto en concreto, no sobre clases de asuntos. c) No, porque para mantener la condición de titular de un despacho individual el acuerdo solo puede concertarse con otros profesionales de la Abogacía que también ejerzan individualmente. d) Sí, pero en el solo caso de que la colaboración pactada no se extienda por más de dos años, porque si supera este plazo rige la presunción de que existe ejercicio colectivo y Pere no podrá mantener la consideración de titular de un despacho individual.

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha constatado que un Estado parte del Convenio para la protección de los derechos humanos y libertades fundamentales, hecho en Roma el 4 de noviembre de 1950, ha vulnerado un derecho amparado por dicho Convenio europeo y así lo declara en sentencia definitiva. Señale la respuesta correcta en relación a la ejecución de dicha sentencia: a) La sentencia será ejecutada por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, siendo la Gran Sala la que tomará las oportunas medidas que sea preciso adoptar para la ejecución. b) El Estado parte habrá de acatar dicha sentencia, que será transmitida al Comité de Ministros del Consejo de Europa, y este Comité de Ministros velará por su ejecución. c) La sentencia será ejecutada por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, siendo un Comité de Jueces el órgano que tomará las oportunas medidas que sea preciso adoptar para la ejecución. d) La sentencia será ejecutada por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, siendo la Gran Sala la que tomará las oportunas medidas que sea preciso adoptar para la ejecución, y si contiene la concesión al perjudicado de una satisfacción equitativa esta última podrá ser ejecutada directamente por un Comité de Jueces.

El Abogado José Miguel, colegiado en el Colegio de la Abogacía de Salamanca, presta servicios de asesoramiento jurídico a través de internet. El domicilio personal de José Miguel está en Zamora, desde donde se conecta para realizar el asesoramiento que le requiere el cliente Pedro, quien se conecta desde Sevilla pero que tiene su residencia en Granada. Según el Estatuto General de la Abogacía, ¿dónde se considera prestado el asesoramiento?. a) En Sevilla, porque es el lugar desde donde se solicita el servicio. b) En Salamanca, porque es el lugar de colegiación del profesional. c) En Granada, porque es el lugar de residencia del cliente. d) En Zamora, porque es el lugar desde el que se presta efectivamente el servicio.

En un asunto una de las partes, defendida por el Abogado Bruno, ha seguido una estrategia de entorpecer y dilatar el desarrollo del proceso con el fin de causar perjuicio, y el Tribunal estima que dicha parte ha actuado conculcando las reglas de la buena fe procesal. ¿Qué podrá hacer el Tribunal en esta situación?. a) Podrá imponer a dicha parte una multa que se acordará de plano en el seno del mismo proceso y que estará sometida al mismo régimen de recursos que la resolución definitiva que se dicte sobre el fondo del asunto. b) Podrá imponer al Abogado Bruno una sanción disciplinaria de suspensión del ejercicio de la Abogacía por plazo de quince días. c) Podrá imponer a dicha parte una multa que podrá oscilar de ciento ochenta a seis mil €, sin que en ningún caso pueda superar la tercera parte de la cuantía del litigio. d) Podrá imponer a dicha parte una multa contra la que no cabe recurso, y que podrá oscilar de ciento ochenta a seis mil €, sin que en ningún caso pueda superar la tercera parte de la cuantía del litigio.

Elia es una Abogada que presta servicios por cuenta ajena para un despacho de Abogados, en régimen de relación laboral especial. ¿Cómo deberá declarar Elia en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas las retribuciones que perciba de dicho despacho?. a) Como rendimientos del trabajo. b) Como rendimientos de actividades económicas, determinándose dicho rendimiento por el régimen de estimación directa. c) Como rendimientos de actividades económicas, por el régimen de estimación objetiva. d) Como rendimientos de trabajo si dichas retribuciones no superan los 60.000 € anuales, pero si superan dicha cifra las retribuciones habrán de declararse como rendimientos de actividades económicas.

¿Qué órganos jurisdiccionales de los Estados miembros pueden pedir al Tribunal de Justicia de la Unión Europea que se pronuncie, con carácter prejudicial, sobre la interpretación de los Tratados o sobre la validez e interpretación de los actos adoptados por las instituciones, órganos u organismos de la Unión?. a) Solo los Tribunales Constitucionales. b) Solo los órganos jurisdiccionales contra cuyas resoluciones no quepa recurso. c) Cualquier órgano jurisdiccional que esté conociendo de un litigio puede plantear la cuestión prejudicial si estima necesaria una decisión al respecto para poder emitir su fallo. d) Solamente los órganos jurisdiccionales del orden civil.

Xabier ejerce individualmente la Abogacía como titular de un despacho, al que acude el cliente Antonio. En este despacho está integrado el Abogado Juan Luis, que es quien ha actuado en el asunto de Antonio. Dicho cliente, descontento con la actuación profesional del Abogado que actuó en su defensa, se pregunta si Xabier responde profesionalmente de la actuación de Juan Luis. Señale la respuesta correcta: a) Solo responderá profesionalmente Juan Luis, que es el profesional de la Abogacía que ha realizado la actuación. b) Xabier responderá profesionalmente frente a Antonio, sin perjuicio de la facultad que tiene Xabier de repetir frente a Juan Luis. c) Xabier solo responderá frente a Antonio si así lo ha acordado expresamente y por escrito con este. d) Xabier responderá frente a Antonio, salvo pacto en contrario con Juan Luis.

¿Qué dispone el Código Deontológico de la Abogacía Española en materia de cobertura de la responsabilidad civil derivada del ejercicio de la profesión? Señale la respuesta correcta: a) Para cubrirla todo profesional de la Abogacía ha de suscribir obligatoriamente un seguro de responsabilidad civil con un capital asegurado mínimo de 100.000 €. b) Se deberá tener cubierta la responsabilidad profesional en cuantía adecuada a los riesgos que implique. c) El Código Deontológico de la Abogacía Española no se pronuncia en norma alguna sobre cobertura de responsabilidad civil. d) Para las sociedades profesionales la contratación de un seguro que cubra la responsabilidad civil es meramente opcional, no siendo obligatoria la contratación de seguro en el caso de que intenten cubrir su responsabilidad civil por otros mecanismos.

Mariano demanda a José para reclamarle el pago de la parte que le corresponde en los gastos de conservación de la finca común. Con la contestación a la demanda, José aporta un recibí firmado a nombre de Mariano que expresa que José ya habría pagado los gastos reclamados. En la audiencia previa, Mariano alega que ese documento es falso y que tiene intención de querellarse por falsedad contra José. Dado que la Jueza considera que el documento es decisivo para resolver sobre el fondo, señale la respuesta correcta respecto a la suspensión del proceso civil: a) Ante la manifestación de Mariano de que pretende querellarse, la Jueza suspenderá la audiencia y le concederá un plazo de diez días para que acredite la presentación de la querella. b) La Jueza ha de acordar en todo caso la suspensión de las actuaciones para que se investigue la falsedad, incluso aunque José quiera renunciar al documento. c) La Jueza acordará la suspensión, sin esperar a la conclusión del procedimiento, tan pronto como se acredite que se sigue causa criminal sobre el delito de falsedad en el documento, salvo que José renuncie a este. d) Para que se pueda suspender el procedimiento es necesario que se acredite que se sigue causa criminal por la falsedad, y además la Jueza habrá de esperar a la conclusión del procedimiento, suspendiéndolo una vez que esté pendiente solo de sentencia.

Uno de los requisitos generales mínimos exigibles a los Abogados para poder prestar los servicios de asistencia jurídica gratuita es la acreditación una determinada antigüedad en el ejercicio de la profesión. ¿Cuál es esta antigüedad?. a) Más de cinco años de ejercicio efectivo de la profesión. b) Más de tres años de ejercicio efectivo de la profesión. c) Más de cinco años de ejercicio efectivo de la profesión, si bien la Junta de Gobierno de cada Colegio podrá dispensar del cumplimiento de este requisito si concurren circunstancias que acrediten la capacidad del Abogado para la prestación del servicio. d) Más de dos años de ejercicio efectivo de la profesión.

El ejercicio de la Abogacía puede ser colectivo, en forma no societaria, a través de un despacho colectivo. El despacho colectivo es una agrupación que: a) Debe constituirse únicamente por profesionales de la Abogacía, pero no se requiere forma para constituirla. b) Debe constituirse por escrito y solo por profesionales de la Abogacía, si bien su número no puede superar el de diez integrantes. c) Debe constituirse por escrito y permitir la identificación de sus integrantes en todo momento, y solo puede estar integrado por profesionales de la Abogacía. d) Debe constituirse por escrito y permitir la identificación de sus integrantes, pudiendo integrarlo no solo profesionales de la Abogacía sino también otros profesionales liberales que presten servicios complementarios.

La obligación de los Abogados de conservar la documentación en que se formalice el cumplimiento de las obligaciones que se les imponen como sujetos obligados en virtud de la Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo, se extiende durante: a) Cuatro años. b) Veinte años. c) Diez años. d) Quince años.

Jaume se ha incorporado el 10 de enero de 2021 a un Colegio de Abogados como no ejerciente. En las elecciones que seconvocan el 25 de abril de 2021 para nombrar al Decano y demás cargos de la Junta de Gobierno de dicho Colegio, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es correcta en relación a la participación que en ellas puede tener Jaume?. a) No podrá participar como elector porque no ha transcurrido el plazo necesario para poder participar. b) Podrá presentarse para ser elegido Decano porque ha transcurrido el plazo que fija el Estatuto General de la Abogacía Española desde que se incorporó. c) Podrá participar como elector, si bien su voto no tiene igual valor que el de los Abogados ejercientes. d) Podrá presentarse como candidato a más de un cargo de los que hayan de ser elegidos en esa convocatoria.

Juan José, Abogado, decide presentar frente a su cliente Miguel, que no le ha pagado sus honorarios por su intervención en un procedimiento judicial de desahucio, reclamación de honorarios a través del procedimiento regulado en el artículo 35 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, para lo cual presenta minuta detallada y manifiesta que los honorarios le son debidos y no han sido satisfechos. Señale la respuesta correcta: a) Presentada la reclamación, el Juez requerirá al deudor para que pague o impugne la cuenta en el plazo de diez días. b) Será necesario que Juan José designe un Procurador para presentar la reclamación si la minuta excede de 2.000 €. c) Si al ser requerido Miguel, este no formula oposición en el plazo de diez días, se despachará ejecución por la cantidad a que ascienda la minuta. d) Miguel puede impugnar la cuenta por considerar los honorarios indebidos o por excesivos, y formulada impugnación por cualquiera de esos dos motivos, el Letrado de la Administración de Justicia habrá de dictar un decreto resolviendo lo que proceda, sin necesidad de dar traslado a Juan José en relación a la impugnación presentada dado que este ya tuvo que presentar una minuta detallada al hacer la reclamación.

Conforme a la Ley Orgánica del Poder Judicial, ¿pueden establecerse Juzgados de Violencia sobre la Mujer que extiendan su jurisdicción a dos o más partidos judiciales?. a) No, porque en todo partido judicial ha de existir siempre y necesariamente un Juzgado de Violencia sobre la Mujer. b) Sí. El Gobierno, a propuesta del Consejo General del Poder Judicial y en su caso, con informe de la Comunidad Autónoma con competencias en materia de Justicia, podrá establecer mediante real decreto que los Juzgados de Violencia sobre la Mujer que se determinen extiendan su jurisdicción a dos o más partidos dentro de la misma provincia. c) Sí, pero únicamente podrá hacerse mediante norma con rango de ley. d) Sí, lo podrá acordar el Consejo General del Poder Judicial, cuando resulte conveniente en función de la carga de trabajo existente, siempre que exista informe favorable de las Salas de Gobierno y la Comunidad Autónoma afectada.

Marcos, Abogado de profesión, ha comunicado la sustitución profesional al Abogado Felipe, que estaba defendiendo a Verónica en un procedimiento ordinario de reclamación de cantidades. Felipe, diligentemente, le acusa recibo y le entrega a Marcos la documentación que obra en su poder, sin que, pasados más de tres meses, Verónica le haya abonado los honorarios profesionales a Felipe. En este caso,. a) En la medida que no han sido abonados los honorarios de Felipe, este no tiene la obligación de respetar y preservar el secreto profesional sobre la información y documentación recibida. b) Felipe tiene derecho a reclamar los honorarios que correspondan a su intervención profesional y Marcos tiene el deber de colaborar diligentemente en la gestión de su pago. c) Felipe debe poner la situación en conocimiento del Colegio profesional al que pertenezca, y este, notificará en el plazo de diez días hábiles a Marcos que no puede defender a Verónica hasta que no haya abonado los honorarios a Felipe. d) Marcos puede personarse en el procedimiento, y actuar en dicho asunto siempre y cuando la comunicación haya sidoescrita, sin que tenga que realizar ningún tipo de gestión añadida en favor de Felipe.

De acuerdo con la regulación que recoge el Estatuto General de la Abogacía, si un Colegio quiere modificar sus Estatutos particulares, ¿qué procedimiento habrá de seguirse?. a) El Consejo General de la Abogacía Española elaborará el proyecto y su aprobación le corresponde a la Junta de Gobierno del Colegio correspondiente. b) El proyecto de modificación ha de ser aprobado por Junta General extraordinaria del Colegio y sometido al Consejo General de la Abogacía Española para su aprobación. c) No es necesaria la aprobación del Consejo General de la Abogacía Española porque habrá de estarse en todo caso a lo que haya aprobado el Colegio correspondiente. d) No es necesario que intervenga el Consejo General de la Abogacía Española porque se trata de una mera modificación.

Roberto es sancionado por el Colegio de Abogados de Barcelona por una infracción deontológica con la inhabilitación para el ejercicio de la profesión durante el plazo de un mes. Notificada la firmeza de la sentencia que confirma la sanción, Roberto comprueba que cinco días después tiene señalado un juicio en Málaga. Indique la única respuesta correcta: a) Roberto podrá acudir al juicio toda vez que la sanción únicamente será efectiva en el ámbito del Colegio que ha impuesto la sanción. b) Roberto podrá acudir al juicio toda vez que en caso contrario ocasionaría indefensión a su cliente. c) Roberto podrá acudir al juicio toda vez que no han transcurrido los diez días que tiene para que la sanción sea efectiva. d) Roberto no podrá acudir al juicio.

Según la Ley 38/1988, de 28 de diciembre, de Demarcación y de Planta Judicial, ¿cómo se determina la capitalidad de los partidos judiciales?. a) En virtud de acuerdo del Consejo General del Poder Judicial. b) En virtud de real decreto, por el Gobierno a propuesta del Ministerio de Justicia. c) En virtud de ley, por las Comunidades Autónomas. d) En virtud de norma reglamentaria, por las Comunidades Autónomas.

Sofía, Abogada, remite un correo electrónico a Ramón, Abogado con quien está negociando un procedimiento matrimonial, haciendo constar en el correo que el mismo no está sujeto a secreto profesional. Finalmente, no se alcanza un acuerdo y al preparar la demanda se plantea si puede acompañar a la misma una copia de la comunicación enviada a Ramón. Indique la respuesta correcta: a) Sofía podrá aportar la comunicación con la demanda. b) Sofía únicamente podrá aportar la comunicación con la demanda si Ramón presta su consentimiento para ello. c) Sofía no podrá aportar la comunicación con la demanda, dado que supondría vulneración del secreto profesional. d) Sofía podrá aportar la comunicación con la demanda si previamente lo autoriza el Colegio de Abogados.

¿A través de qué procedimiento puede imponerse a un Abogado una sanción disciplinaria de suspensión del ejercicio de la abogacía por plazo de un año?. a) Se requiere tramitación de expediente disciplinario y la sanción podrá ser acordada por el Decano del Colegio. b) No se requiere más trámite que la audiencia o descargo del inculpado y la sanción podrá ser acordada por el Decano del Colegio. c) Se requiere la tramitación de expediente disciplinario, habiendo de acordar la sanción la Junta de Gobierno. Dicho acuerdo deberá ser tomado mediante votación secreta y con la conformidad de las dos terceras partes de los componentes de la Junta. d) Se requiere la tramitación de expediente disciplinario y la sanción habrá de acordarla la Junta de Gobierno. El acuerdo puede adoptarse por mayoría simple y sin necesidad de voto secreto, pues el secreto sólo es necesario para imponer la sanción de expulsión del Colegio.

Aurora es Abogada del Colegio de Lanzarote y estando prestando el servicio de asistencia a detenidos recibe una llamada para asistir en Comisaría de Policía Nacional a un detenido. En el momento de la lectura de derechos, el detenido manifiesta que solicitó que le asistiera Juan Alberto, que es su Abogado de confianza. La Policía le indica que Su Señoría ha dictado un auto por el que se acuerda que le asista el de guardia. ¿Qué debe hacer Aurora como Abogada de guardia?. a) Negarse a asistir al detenido ya que se está vulnerando el derecho a la libre elección de Abogado. b) Asistir al detenido indicándole que se acoja a su derecho a no declarar. c) Llamar al compañero Juan Alberto a fin de que comparezca en el centro de detención a la mayor brevedad posible para asistir a su cliente. d) Asistir al detenido como en cualquier otro caso pues los Jueces pueden privar del derecho a designar Abogado de su confianza a un detenido.