La actividad administrativa en la esfera local

Según lo dispuesto en el artículo 85 Ter de la Ley de Bases de Régimen Local (LBRL), ¿cuál de las siguientes afirmaciones es correcta en relación con la regulación de las sociedades mercantiles locales?. Las sociedades mercantiles locales se regirán íntegramente por el ordenamiento jurídico privado, sin excepción alguna. Las sociedades mercantiles locales se regirán por el ordenamiento jurídico privado, excepto en las materias relacionadas con la normativa presupuestaria, contable, de control financiero, de control de eficacia y contratación. Las sociedades mercantiles locales pueden regirse por el ordenamiento jurídico privado, pero deben adoptar una forma jurídica no prevista en la Ley de Sociedades de Capital. Las sociedades mercantiles locales se regirán por el derecho administrativo en todos los aspectos relacionados con su gestión y funcionamiento.

Según el artículo 86 de la Ley de Bases de Régimen Local, ¿qué requisito es indispensable para que una Entidad Local pueda ejercer la iniciativa pública en el desarrollo de actividades económicas?. La aprobación unánime del pleno de la Corporación local. La justificación de que la iniciativa no genera riesgo para la sostenibilidad financiera del conjunto de la Hacienda municipal, mediante un análisis del mercado. La intervención directa del Estado en la gestión de las actividades económicas propuestas por la Entidad Local. La reserva exclusiva en favor de la Entidad Local para la gestión de cualquier servicio o actividad económica.

El artículo 86.3 de la Ley de Bases de Régimen Local establece la reserva en favor de las Entidades Locales para ciertas actividades o servicios esenciales. ¿Cuál de las siguientes actividades NO está incluida en esta reserva?. Abastecimiento domiciliario y depuración de aguas. Recogida, tratamiento y aprovechamiento de residuos. Transporte público de viajeros. Prestación de servicios de telecomunicaciones.

En el contexto del servicio público según la doctrina española, ¿cuál de las siguientes características NO es esencial para la definición de un servicio público?. La igualdad de acceso al servicio público. La posibilidad de generar lucro a partir de la prestación del servicio. La universalidad del servicio en todo el territorio. La continuidad del servicio en el tiempo.

¿cuál es la diferencia principal entre la gestión indirecta de servicios públicos por concesión y por gestión interesada?. En la concesión, el prestador del servicio asume la gestión sin ningún riesgo, mientras que en la gestión interesada, el prestador asume todos los riesgos. En la concesión, el prestador del servicio asume la gestión a su riesgo y ventura, mientras que en la gestión interesada, el riesgo económico se pacta y la administración puede asumir las pérdidas. En la gestión interesada, el prestador del servicio asume la totalidad del riesgo y ventura, mientras que en la concesión, el riesgo es compartido entre la administración y el prestador. En ambas modalidades, el riesgo es asumido completamente por la administración, diferenciándose solo en la forma de adjudicación del contrato.

Según el artículo 85 Ter de la LBRL, en relación con la forma jurídica de las sociedades mercantiles locales, ¿qué debe constar en la escritura de constitución de dichas sociedades?. La forma jurídica adoptada debe ser única y exclusiva según la LBRL, y el capital social puede ser omitido si la sociedad es 100% pública. La forma jurídica adoptada debe ser una de las previstas en la Ley de Sociedades de Capital, y debe constar el capital aportado por las Administraciones Públicas o entidades del sector público correspondientes. La forma jurídica adoptada puede ser cualquier forma jurídica reconocida en el ordenamiento español, sin necesidad de especificar el capital aportado por las Administraciones Públicas. La escritura de constitución no necesita incluir detalles sobre el capital social si la sociedad es creada por una Administración Pública.

El artículo 128.2 de la Constitución Española reconoce la iniciativa pública en la actividad económica. Según este precepto, ¿en qué circunstancias puede el Estado reservarse la prestación de servicios esenciales?. El Estado puede reservarse la prestación de cualquier servicio esencial sin necesidad de ley, siempre que se considere de interés general. El Estado puede reservarse la prestación de servicios esenciales únicamente en situaciones de emergencia nacional, sin necesidad de ley específica. El Estado puede reservarse la prestación de servicios esenciales mediante una ley, especialmente en caso de monopolio, para asegurar la continuidad de servicios críticos. El Estado no tiene la capacidad de reservarse servicios esenciales en ningún caso, ya que la liberalización económica prohíbe los monopolios estatales.

Según el artículo 84 de la Ley de Bases de Régimen Local (LBRL), ¿cuál de las siguientes afirmaciones es correcta en relación con la intervención de las Entidades Locales en la actividad de los ciudadanos?. Las Entidades Locales pueden intervenir la actividad de los ciudadanos únicamente mediante la expedición de licencias. Las Entidades Locales solo pueden intervenir en actividades que no estén incluidas en el ámbito de aplicación de la Ley 17/2009, de 23 de noviembre. Las Entidades Locales pueden intervenir la actividad de los ciudadanos a través de órdenes individuales constitutivas de mandato para la ejecución de un acto o la prohibición del mismo. Las Entidades Locales no pueden someter ninguna actividad a control posterior al inicio de la misma.

De acuerdo con el artículo 84 bis de la LBRL, ¿en qué circunstancias puede exigirse una licencia u otro medio de control preventivo para el ejercicio de actividades económicas?. Siempre que la actividad implique la utilización de cualquier tipo de recurso natural. Cuando esté justificado por razones de orden público, seguridad pública, salud pública o protección del medio ambiente y estas razones no puedan salvaguardarse mediante una declaración responsable o una comunicación. Solo cuando la actividad se desarrolle en el ámbito de la competencia estatal y afecte a bienes de interés nacional. En todos los casos en que la actividad implique el uso del dominio público, sin excepciones.

Según el artículo 85 de la LBRL, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es correcta respecto a la gestión de los servicios públicos de competencia local?. Los servicios públicos de competencia local pueden gestionarse únicamente de forma directa por la propia Entidad Local. Las formas de gestión indirecta de los servicios públicos locales están limitadas exclusivamente a la concesión de servicios. La gestión directa puede realizarse por organismos autónomos locales, entidades públicas empresariales locales o sociedades mercantiles locales, siempre que quede acreditado que son más sostenibles y eficientes. La gestión de los servicios públicos locales debe realizarse obligatoriamente por organismos autónomos locales o entidades públicas empresariales locales.

Conforme al artículo 84 ter de la LBRL, cuando el ejercicio de actividades no precise autorización habilitante y previa, ¿qué obligación tienen las Entidades Locales?. Establecer un sistema de concesión automática de licencias una vez se inicie la actividad. Planificar los procedimientos de comunicación necesarios y los de verificación posterior del cumplimiento de los requisitos precisos para el ejercicio de la actividad. Emitir una certificación de conformidad previa al inicio de la actividad, sin necesidad de control posterior. Exigir siempre una declaración responsable como requisito indispensable para el inicio de la actividad.

De acuerdo con el artículo 85 bis de la LBRL, ¿cuál de las siguientes afirmaciones sobre la gestión directa de los servicios de competencia local mediante organismos autónomos locales y entidades públicas empresariales locales es correcta?. La creación, modificación y supresión de organismos autónomos locales y entidades públicas empresariales locales corresponde al Alcalde de la entidad local. El titular del máximo órgano de dirección de los organismos autónomos locales debe ser siempre un funcionario de carrera de las Administraciones públicas. Las entidades públicas empresariales locales deberán tener un consejo de administración, cuya composición se determina en sus estatutos, y el secretario del consejo debe ser un funcionario público con titulación superior. Los organismos autónomos locales pueden estar adscritos a cualquier órgano de la entidad local sin necesidad de aprobación por el Pleno.

Según lo dispuesto en el artículo 86 de la LBRL, ¿qué documento debe justificar la conveniencia y oportunidad de una iniciativa pública para el desarrollo de actividades económicas por parte de una Entidad Local?. Un análisis presupuestario que contemple únicamente la viabilidad financiera a corto plazo. Un expediente acreditativo que justifique que la iniciativa no genera riesgo para la sostenibilidad financiera del conjunto de la Hacienda municipal, incluyendo un análisis del mercado. Un informe técnico emitido por el interventor municipal, sin necesidad de aprobación por el Pleno de la Corporación local. Un plan de actuación elaborado exclusivamente por el Alcalde, sin necesidad de análisis del mercado ni evaluación de la sostenibilidad financiera.

Según el artículo 84 de la Ley de Bases de Régimen Local, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es correcta respecto a la intervención de las entidades locales en la actividad de los ciudadanos?. Las entidades locales pueden intervenir en la actividad de los ciudadanos únicamente a través de la imposición de sanciones urbanísticas y la inspección urbanística. Las entidades locales están facultadas para intervenir en la actividad de los ciudadanos a través de la ordenación mediante ordenanzas y bandos, la exigencia de licencias urbanísticas, la comunicación previa y la declaración responsable, así como el control posterior y las órdenes individuales. La única forma de intervención posible para las entidades locales en actividades de servicios es mediante la comunicación previa, conforme a la Ley 17/2009 sobre el libre acceso a las actividades de servicios. Las entidades locales no pueden intervenir en la actividad de los ciudadanos en materia de urbanismo, ya que es competencia exclusiva de las Comunidades Autónomas.

¿Cuál es la principal finalidad de la inspección urbanística según la normativa autonómica?. La imposición inmediata de sanciones administrativas a los infractores. La gestión y otorgamiento de licencias urbanísticas. La recaudación de tributos municipales derivados de las actividades de edificación. La comprobación del ajuste de las actuaciones urbanísticas a la legalidad y la colaboración con otras administraciones y autoridades en la adopción de medidas cautelares y definitivas.

En relación con el silencio administrativo en la solicitud de licencias urbanísticas, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es correcta según la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas?. El silencio administrativo es siempre negativo, lo que implica que la falta de resolución supone automáticamente la desestimación de la solicitud. El silencio administrativo puede ser positivo o negativo, dependiendo de la normativa específica aplicable, siendo positivo en caso de que no se establezca lo contrario. El silencio administrativo es únicamente positivo en caso de que se trate de obras menores de escasa entidad económica. El silencio administrativo nunca se aplica en materia de licencias urbanísticas, dado que estas requieren siempre una resolución expresa por parte de la administración.

De acuerdo con el artículo 8.1b del Texto Refundido de la Ley del Suelo aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2008, ¿qué implica la falta de un título habilitante para la ejecución de actos de edificación?. Que las obras pueden continuar si el propietario demuestra la propiedad del suelo. Que la administración debe permitir la continuación de las obras mientras se resuelve la legalización. Que la obra carece de cobertura legal, lo que puede dar lugar a la paralización de las obras y la adopción de medidas de protección y restauración de la legalidad urbanística. Que se concede automáticamente una licencia provisional hasta que se resuelva la situación.

¿Qué debe incluir necesariamente una declaración responsable?. La declaración de que se ha solicitado la licencia correspondiente en un plazo no mayor a 30 días. La manifestación de que se cumplen todos los requisitos establecidos en la normativa vigente, con disposición de la documentación acreditativa, y el compromiso de mantener dicho cumplimiento. La indicación de que se espera la resolución de la administración competente antes de iniciar la actividad. Un informe de impacto ambiental aprobado por la autoridad competente.

En el contexto de la protección de la legalidad urbanística, ¿cuál de las siguientes actuaciones puede ser considerada una infracción grave que puede llevar a la adopción de medidas correctoras?. Obras menores de reforma interior sin alteración de la estructura del edificio. Obras amparadas en una licencia urbanística válida y conforme a derecho. Obras en curso de ejecución sin la preceptiva licencia o comunicación previa. Obras finalizadas con una licencia concedida bajo un procedimiento simplificado.

¿Qué plazo general se establece para que la administración resuelva y notifique la resolución de una solicitud de licencia urbanística?. No se establece un plazo fijo, quedando a discreción de cada administración. Generalmente entre 1 y 3 meses desde la presentación de la solicitud, según la normativa autonómica y municipal. Un máximo de 6 meses, conforme a la Ley 39/2015. Un mínimo de 15 días y un máximo de 45 días, conforme a la Ley de Ordenación de la Edificación.

Según el artículo 69 de la Ley 39/2015, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, ¿qué efectos produce la presentación de una declaración responsable ante la administración competente?. Permite iniciar la actividad o el ejercicio del derecho únicamente tras recibir una confirmación expresa de la administración, dentro de los 30 días hábiles posteriores a su presentación. Permite iniciar la actividad o el ejercicio del derecho desde el día siguiente a su presentación, siempre que la administración no requiera la presentación de documentación adicional. Permite iniciar la actividad o el ejercicio del derecho desde el día de su presentación, sin perjuicio de las facultades de comprobación, control e inspección de la administración. La actividad o el ejercicio del derecho solo puede comenzar una vez que la administración haya revisado y validado toda la documentación presentada.

En el contexto de la Ley 39/2015, ¿cuál de las siguientes afirmaciones describe correctamente la principal diferencia entre la comunicación previa y la declaración responsable?. La declaración responsable implica la obligación de obtener una autorización expresa por parte de la administración antes de iniciar la actividad, mientras que la comunicación previa no. La comunicación previa es aplicable a actuaciones de menor complejidad y alcance, mientras que la declaración responsable se utiliza para actividades que requieren una mayor responsabilidad y control por parte del interesado. La comunicación previa requiere la presentación de menos documentación que la declaración responsable, que siempre debe ir acompañada de un proyecto técnico aprobado. Ambas permiten el inicio inmediato de la actividad, pero la declaración responsable exige un período de espera de 10 días para que la administración realice un control previo.

Según la Ley 39/2015, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, ¿qué consecuencias puede tener la inexactitud, falsedad u omisión de carácter esencial en los datos o información de una declaración responsable o una comunicación?. La actividad o derecho afectado podrá continuar siempre y cuando se subsanen las deficiencias dentro de un plazo de 15 días hábiles tras la notificación de la irregularidad. Determinará la imposibilidad de continuar con el ejercicio del derecho o actividad afectada desde el momento en que se tenga constancia de tales hechos, sin perjuicio de las responsabilidades penales, civiles o administrativas a que hubiera lugar. La administración podrá imponer una multa coercitiva, pero la actividad o derecho podrá continuar hasta que se resuelva el procedimiento sancionador correspondiente. Se impondrá una sanción económica, pero la actividad podrá continuar si se presenta una nueva declaración responsable en un plazo de 30 días naturales.

De acuerdo con el marco normativo de las órdenes de ejecución, ¿cuál de las siguientes opciones es correcta en relación con la actuación de la administración en caso de incumplimiento de una orden de ejecución por parte del propietario?. La administración puede proceder a la ejecución subsidiaria de las obras o medidas, sin necesidad de notificar previamente al propietario sobre las acciones que se llevarán a cabo. La administración no tiene potestad para realizar la ejecución subsidiaria, pero puede imponer multas coercitivas de manera indefinida hasta que el propietario cumpla con la orden. La administración puede llevar a cabo la ejecución subsidiaria de las obras o medidas necesarias a costa del propietario, además de imponer sanciones administrativas o multas coercitivas en caso de incumplimiento. La única acción que puede tomar la administración en caso de incumplimiento es la imposición de sanciones administrativas, ya que la ejecución subsidiaria no está contemplada.

Según lo establecido en la Ley 39/2015, ¿qué tipo de control administrativo puede realizar la administración respecto a las actividades iniciadas mediante comunicación previa o declaración responsable?. La administración debe realizar un control previo exhaustivo antes de permitir el inicio de la actividad. La administración solo puede realizar controles a posteriori en caso de que se presenten denuncias ciudadanas o informes técnicos que cuestionen la legalidad de la actividad. La administración no tiene facultades de control sobre las actividades iniciadas mediante comunicación previa o declaración responsable, ya que se basan en la buena fe del interesado. La administración puede realizar verificaciones y controles a posteriori para asegurar que la actividad cumple con la normativa vigente.