LA ACTIVIDAD ADMINISTRATIVA EN LA ESFERA LOCAL

Según lo dispuesto en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, ¿cuál de las siguientes opciones NO se considera subvención?. Prestaciones contributivas y no contributivas del Sistema de la Seguridad Social. Subvenciones otorgadas por la Administración Pública a entidades privadas para el desarrollo de actividades de interés social. Ayudas concedidas por la Administración para la construcción de infraestructuras públicas. Bonificaciones fiscales y beneficios en la cotización a la Seguridad Social.

¿En qué se diferencia fundamentalmente la actividad de limitación de la coacción, según Parada Vázquez?. La actividad de limitación se ejerce sobre derechos o intereses privados legítimos, mientras que la coacción se utiliza para corregir situaciones ilegales o irregulares. La actividad de limitación busca la imposición de multas coercitivas, mientras que la coacción busca la autorización de actividades por parte de la Administración. La actividad de limitación actúa sobre el patrimonio, mientras que la coacción solo puede actuar sobre las personas. No existe diferencia entre la actividad de limitación y la coacción; ambas son formas de intervención administrativa sobre los particulares.

¿Qué principio NO se encuentra implícito en la actividad de limitación llevada a cabo por la Administración Local?. Principio de legalidad. Principio de proporcionalidad. Principio de oportunidad política. Principio de congruencia.

De acuerdo con la evolución histórica de las formas de actividad de las Entidades Locales, ¿cuál de las siguientes posturas aboga por una intervención estatal mínima en las relaciones económico-sociales?. Liberalismo. Socialismo. Intervencionismo. Neoliberalismo.

Según la Ley 39/2015, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y la Ley 40/2015, de Régimen Jurídico del Sector Público, ¿qué instrumento puede utilizar la Administración Local para garantizar el cumplimiento de sus decisiones?. Multas coercitivas. Subvenciones condicionadas. Exenciones fiscales. Actos de resolución directa.

¿Cuál de los siguientes ejemplos constituye una actividad de fomento por parte de la Administración, según la Ley 38/2003, de 17 de noviembre?. La imposición de multas por infracción de ordenanzas municipales. La expropiación forzosa de terrenos para construir una carretera. La regulación del uso del suelo mediante planes urbanísticos. La concesión de subvenciones para proyectos de innovación tecnológica en empresas privadas.

En la administración local, ¿qué tipo de autorización se caracteriza por no transferir un derecho al particular, sino que depende de la valoración específica de las circunstancias del caso?. Autorización de reglamentación. Autorización administrativa. Orden directa. Licencia fiscal.

Según el artículo 84.2 de la Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local (LRBRL), ¿a qué principio fundamental debe ajustarse siempre la actividad de intervención de las Entidades Locales?. Principio de eficiencia y eficacia en la administración de los recursos públicos. Principio de legalidad, garantizando que todas las intervenciones se ajusten estrictamente a la normativa vigente. Principio de congruencia con los fines de la administración pública, priorizando siempre el interés general sobre el particular. Principio de igualdad de trato, asegurando la ausencia de discriminación por motivos de raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición personal o social.

¿Cuál de los siguientes medios NO está contemplado en el artículo 84 de la LRBRL para que las Entidades Locales intervengan en la actividad de los ciudadanos?. Ordenanzas y bandos. Licencia previa o control preventivo. Resolución administrativa directa de mandato o prohibición. Inspecciones periódicas sin previo aviso a los ciudadanos.

(Art. 84.2 LRBRL y Art. 6 RSCL) De acuerdo con el artículo 84.2 de la LRBRL y el artículo 6 del RSCL, ¿qué principios deben regir la intervención administrativa local?. Legalidad, igualdad de trato y eficiencia administrativa. Igualdad de trato, congruencia con los fines y transparencia. Proporcionalidad, transparencia y respeto al interés público. Proporcionalidad, congruencia con los fines y respeto a la libertad individual.

Según el artículo 1 del Reglamento de Servicios de las Corporaciones Locales (RSCL), ¿en cuál de los siguientes supuestos pueden intervenir los Ayuntamientos en la actividad de sus administrados?. Para establecer nuevas normativas urbanísticas en zonas de expansión urbana. En casos de perturbación grave de la tranquilidad ciudadana, seguridad o moralidad. Para la concesión de subvenciones para proyectos de interés municipal. Para la organización de actividades culturales y recreativas.

(Art. 24 LPA) En relación con el artículo 24 de la Ley del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (LPA), ¿qué efecto tiene el silencio administrativo en los procedimientos iniciados a solicitud del interesado cuando no se ha dictado y notificado resolución expresa dentro del plazo legalmente establecido?. Silencio negativo, denegando siempre la solicitud por no existir resolución expresa. Silencio positivo, entendiendo concedida la solicitud salvo que la normativa aplicable disponga lo contrario. Se deberá repetir el procedimiento desde el inicio para asegurar la correcta evaluación de la solicitud. El silencio administrativo no afecta al procedimiento, que continuará su curso hasta que se dicte una resolución expresa.

(Art. 3.3 RSCL) En relación con el régimen de control en la presentación de la declaración responsable o la comunicación previa, según el artículo 3.3 del RSCL, ¿qué implica este control para la habilitación de la actividad comercial?. La declaración responsable exime de cualquier tipo de control posterior por parte de la Administración. La presentación de la declaración responsable permite el inicio inmediato de la actividad, pero limita la capacidad de la Administración para inspeccionar. La declaración responsable habilita para el inicio inmediato de la actividad, sin perjuicio de los controles y sanciones administrativas posteriores que se puedan aplicar. La declaración responsable y la comunicación previa son equivalentes a una licencia de actividad y por tanto no están sujetas a inspecciones posteriores.

(Ley 38/2003, artículo 3) ¿Cuál de las siguientes afirmaciones sobre la competencia para el otorgamiento de subvenciones en el ámbito local es correcta?. La competencia para el otorgamiento de subvenciones en el ámbito local recae exclusivamente en el Pleno del Ayuntamiento. La competencia para el otorgamiento de subvenciones en el ámbito local puede corresponder al Pleno, a la Junta de Gobierno Local o al Alcalde, dependiendo de la normativa municipal aplicable. La competencia para el otorgamiento de subvenciones en el ámbito local recae únicamente en la Junta de Gobierno Local, sin excepción. La competencia para el otorgamiento de subvenciones en el ámbito local recae en el Secretario del Ayuntamiento si así lo determina el Pleno.

(Ley 38/2003, artículo 17) ¿Qué principios deben regir la gestión de las subvenciones según la Ley 38/2003?. Exclusivamente la transparencia, la igualdad y la eficiencia en el uso de recursos. Eficiencia en la asignación de recursos y eficacia en la consecución de objetivos, sin necesidad de publicidad. Publicidad, objetividad, discrecionalidad administrativa y eficiencia en el uso de los recursos públicos. Publicidad, transparencia, concurrencia, objetividad, igualdad, no discriminación, eficacia y eficiencia en la asignación de recursos.

(Ley 38/2003, artículo 17.3.b) En cuanto a las bases reguladoras de concesión de subvenciones, ¿qué aspecto se menciona como obligatorio según la normativa aplicable?. La inclusión de un apartado detallado sobre las actividades no económicas que podrán beneficiarse de la subvención. La definición del objeto de la subvención y los requisitos que deberán reunir los beneficiarios. La publicación en el Boletín Oficial del Estado exclusivamente para subvenciones de cuantía superior a 100.000 euros. La posibilidad de modificar los criterios de concesión de manera discrecional por parte del órgano concedente.

(Ley 38/2003, artículo 3) En relación con la tramitación del procedimiento de concesión de subvenciones, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es correcta?. La tramitación del procedimiento de concesión se puede llevar a cabo sin necesidad de establecer normas específicas siempre que se garantice la objetividad. La tramitación del procedimiento de concesión debe realizarse conforme a las normas que resulten de aplicación, incluyendo la Ley 38/2003. El procedimiento de concesión puede iniciarse y concluirse sin necesidad de aprobación del gasto por parte del órgano competente. El procedimiento de concesión debe ser tramitado exclusivamente por el órgano administrativo más alto del ente local.

(Art. 53 LBRL) ¿Cuándo puede la Administración Local ser eximida de indemnizar en caso de anulación de una licencia?. Cuando la anulación se debe a un cambio en los criterios de apreciación, sin importar si existe dolo o negligencia. Siempre que la anulación sea consecuencia de un acto administrativo nulo, sin importar las circunstancias. En ningún caso, la Administración Local está obligada a indemnizar. Solo si existiese dolo, culpa o negligencia graves imputables al perjudicado.

(Artículo 85 de la LRBRL y Artículo 128.2 de la Constitución Española) Según el artículo 128.2 de la Constitución Española y el artículo 85 de la Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local (LRBRL), ¿qué tipo de servicios pueden ser objeto de reserva para las Entidades Locales?. Únicamente los servicios relacionados con la Seguridad Social y la sanidad pública, ya que son considerados servicios esenciales de ámbito estatal. Todos los servicios públicos, sin excepción, pueden ser reservados para su gestión exclusiva por las Entidades Locales, siempre y cuando lo apruebe la Comunidad Autónoma. Los servicios esenciales, especialmente en caso de monopolio, y otros servicios que se determine que el interés general así lo exige, previa aprobación de la Corporación Local y del órgano competente de la Comunidad Autónoma. Únicamente los servicios de transporte público y abastecimiento de agua, debido a su impacto directo en la comunidad local.

(Artículo 86.1 de la LRBRL) De acuerdo con el artículo 86.1 de la LRBRL, ¿qué requisito debe cumplirse para que una Entidad Local ejerza la iniciativa pública en la actividad económica?. Debe garantizarse que la actividad económica no genere ningún tipo de gasto adicional para la Hacienda municipal y que se realice en un régimen de competencia libre con otras entidades privadas. La actividad económica debe garantizar el cumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria y la sostenibilidad financiera del ejercicio de sus competencias, evaluando el impacto sobre la demanda existente y la rentabilidad de la actividad. Es necesario demostrar que no existe ninguna otra empresa en la región que pueda ofrecer el mismo servicio en condiciones económicas favorables para la comunidad. Debe aprobarse únicamente por el Pleno de la Corporación Local, sin necesidad de evaluación financiera previa ni de justificación adicional.

Según el artículo 86 de la LRBRL, ¿cuál de los siguientes servicios puede ser reservado por las Entidades Locales para su gestión en régimen de monopolio?. El suministro eléctrico a todos los hogares de la localidad, debido a su importancia para el bienestar de la población. La gestión de residuos sólidos y su posterior aprovechamiento, como parte del compromiso con la sostenibilidad ambiental. Los servicios de limpieza viaria y mantenimiento de parques y jardines, debido a su impacto directo en la salud pública. La distribución de gas natural, como parte de la estrategia de fomento de energías menos contaminantes.

En relación con la prestación de servicios públicos por parte de las Entidades Locales, según el artículo 6.1 del Reglamento de Servicios de las Corporaciones Locales (RSCL) y el artículo 85 de la LRBRL, ¿qué características deben cumplir estos servicios?. Deben ser siempre universales y gratuitos, ya que el acceso a los servicios públicos es un derecho fundamental. Deben estar orientados a satisfacer necesidades públicas de manera directa, pudiendo ser gestionados por la Administración o en concurrencia con particulares. Deben estar limitados a áreas como educación y sanidad, ya que son las competencias exclusivas de las Entidades Locales. Deben ser financiados exclusivamente mediante impuestos locales, garantizando su sostenibilidad sin recurrir a fondos externos.

Según el artículo 57 de la LBRL, ¿cuál es el objetivo principal de la cooperación económica, técnica y administrativa entre las Administraciones Locales, las del Estado y las Comunidades Autónomas?. Evitar duplicidades administrativas y garantizar la sostenibilidad financiera mediante la creación de consorcios o convenios administrativos. Garantizar la homogeneidad de los servicios públicos prestados por las diferentes Administraciones Públicas. Fortalecer la autonomía local permitiendo la gestión independiente de los servicios públicos por parte de las Administraciones Locales. Mejorar la eficiencia de la gestión pública mediante la delegación de competencias en entidades privadas que formen parte del consorcio.

(Artículo 118 y siguientes de la Ley 40/2015 de Régimen Jurídico del Sector Público - LRJSP) ¿Cuál de las siguientes afirmaciones sobre los consorcios según la Ley 40/2015 es correcta?. Los consorcios son entidades de derecho privado sin personalidad jurídica propia, creadas exclusivamente para la colaboración entre Administraciones Públicas y entidades privadas. Los consorcios son entidades de derecho privado con personalidad jurídica propia, diseñadas para la gestión de servicios públicos de interés común, sin participación de entidades privadas. Los consorcios no están obligados a incluir la denominación "consorcio" en su nombre, ya que se consideran entidades administrativas dependientes de una sola Administración Pública. Los consorcios son entidades de derecho público con personalidad jurídica propia, creadas por varias Administraciones Públicas, pudiendo participar entidades privadas en el desarrollo de actividades de interés común.

(Artículo 120 de la Ley 40/2015 de Régimen Jurídico del Sector Público - LRJSP) ¿Cuál de las siguientes condiciones es obligatoria para que un consorcio quede adscrito a una Administración Pública según el artículo 120 de la LRJSP?. Que la Administración Pública controle al menos el 30% de la financiación del consorcio. Que la Administración Pública ostente un porcentaje de participación en el fondo patrimonial del consorcio menor que las entidades privadas. Que la Administración Pública tenga facultades para nombrar a una minoría de los miembros de los órganos ejecutivos. Que la Administración Pública disponga de la mayoría de votos en los órganos de gobierno del consorcio.

(Artículo 211 y artículo 294 de la Ley de Contratos del Sector Público - LCSP) ¿Cuál es el efecto de la resolución de un contrato de concesión de servicios por causas imputables a la Administración, según los artículos 211 y 294 de la Ley de Contratos del Sector Público?. El concesionario no tendrá derecho a indemnización alguna si la resolución es consecuencia de un cambio en la normativa posterior al contrato. La Administración deberá abonar al concesionario una indemnización que incluya solo los daños emergentes, sin cubrir los beneficios dejados de percibir. La Administración deberá abonar al concesionario una indemnización por todos los daños y perjuicios ocasionados, incluyendo los beneficios dejados de percibir y los gastos efectuados para la ejecución del contrato. La resolución del contrato no tiene efecto retroactivo, por lo que el concesionario debe continuar con las obligaciones contractuales hasta el final del ejercicio fiscal.

¿Qué ocurre con los bienes afectos a una concesión cuando finaliza el plazo de la misma, según el artículo 8.7 de la LCSP?. Los bienes afectos a la concesión se transfieren automáticamente a la Administración sin necesidad de revisión o acuerdo previo. Los bienes afectos a la concesión permanecen en poder del concesionario, quien puede disponer de ellos libremente una vez finalizado el contrato. Los bienes afectos a la concesión revierten a la Administración en las condiciones acordadas en el contrato, y no pueden ser objeto de embargo. Los bienes afectos a la concesión se subastan para compensar los costos de la Administración por la finalización del contrato.

Según el artículo 85.2.b) de la Ley de Bases de Régimen Local (LBRL) y el artículo 284 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, ¿en qué caso no puede aplicarse la gestión indirecta de servicios públicos mediante concesión de servicios?. En la prestación de servicios públicos que involucren la autoridad pública inherente a los poderes públicos. En la prestación de servicios públicos que requieran la autorización del Pleno de la Entidad Local. En la gestión de servicios públicos que puedan ser prestados por organismos autónomos locales. En la prestación de servicios públicos que sean susceptibles de explotación económica por entidades mercantiles locales.

Según lo dispuesto en la Ley 40/2015, de Régimen Jurídico del Sector Público, ¿qué requisito debe cumplirse para que un funcionario pueda ocupar el puesto de máxima dirección en una entidad pública empresarial local?. El funcionario debe pertenecer a la Administración General del Estado. El funcionario debe ser de carrera o laboral de las Administraciones Públicas. El funcionario debe ser nombrado directamente por el Pleno de la Entidad Local. El funcionario debe tener una antigüedad mínima de 10 años en la Administración Pública.

De acuerdo con la regulación de la concesión de servicios, ¿cuál de las siguientes es una causa específica de resolución del contrato, según la Ley 9/2017, de Contratos del Sector Público?. La falta de acuerdo en la modificación de las tarifas del servicio por parte del concesionario. La ejecución hipotecaria declarada desierta por falta de licitadores. El incumplimiento del contrato por parte de la Administración en la entrega de medios auxiliares. La falta de pago de las tarifas por los usuarios del servicio.

En relación con la gestión directa de servicios públicos por parte de la propia Entidad Local, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es correcta?. Puede realizarse únicamente mediante organismos autónomos locales. Requiere siempre la aprobación del Pleno de la Entidad Local. Puede realizarse mediante órganos integrados en la Administración, sin necesidad de crear un ente con personalidad jurídica. Solo se permite en caso de que la gestión indirecta no sea viable.

En el contexto de la reversión de la concesión, de acuerdo con lo estipulado en la Ley 9/2017, de Contratos del Sector Público, ¿qué medida debe tomar la Administración antes de que finalice el plazo de concesión para asegurar la correcta entrega de los bienes afectados?. Solicitar un informe técnico de conservación de los bienes al concesionario. Adoptar disposiciones en el pliego para que la entrega de los bienes se verifique en las condiciones convenidas. Realizar una inspección general de los bienes con un mes de antelación a la reversión. Establecer un procedimiento de entrega formal ante notario.

Según la normativa aplicable, ¿qué condición debe cumplirse para que una sociedad mercantil local gestione directamente un servicio público?. Debe tener capital mixto, en el que al menos el 51% sea de titularidad pública. Debe adoptar alguna de las formas previstas en el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital. Debe obtener la autorización del Pleno de la Entidad Local correspondiente. Debe estar sujeta únicamente al control financiero de la Intervención General del Estado.