AD CATARROJA

Conforme al Art 34.2 de la Ley 39/ 2015 el contenido de los actos administrativos debe ser: Lícito, determinado, conforme y posible. Lícito, determinable, posible y conforme. Posible, determinado, legalizable y conforme. Lícito, adecuado, determinado y posible.

La Administración Pública incurre en desviación de poder cuando: Dicta un acto de pleno derecho. Dicta un acto anulable. Ejerce potestades administrativas para fines distintos de los encomendados. Todas las respuestas anteriores son correctas.

Qué actos administrativos de los enumerados a continuación deben necesariamente motivarse: Los que concedan licencias de obras. Los que adjudiquen un contrato separándose de la propuesta formulada por la Mesa de Contratación. Los que estimen la solicitud de acceso a un expediente. Los que conceden el permiso solicitado.

Conforme a la Ley 39/ 2015 están obligados a relacionarse electrónicamente con la Administración: Las personas jurídicas. Quienes representen a un interesado aun cuando no esté obligado a relacionarse electrónicamente. Los empleados públicos cualquiera que sea el ámbito de su actuación. Son correctas la a) y la c).

¿Qué principio enunciamos cuando decimos que la nulidad o anulabilidad de un acto no implicará la de los sucesivos que en el procedimiento sean independientes del primero?. El de conservación. El de conversión. El de convalidación. El de transmisibilidad.

La falta de alguno de los elementos que deben integrar un acto administrativo dará lugar: A la anulabilidad en todo caso. A anulabilidad salvo que sea determinante de la nulidad. A la anulabilidad, nulidad o irregularidad no invalidante. A irregularidad en todo caso.

Los actos de las Administraciones Públicas son nulos de pleno derecho en los casos siguientes: Los que lesionen los derechos y libertades susceptibles de recurso de inconstitucionalidad. Los dictados por órgano manifiestamente incompetente por razón de la jerarquía. Los que tengan contenido imposible. Los que sean consecuencia de una infracción administrativa.

Los actos administrativos que impongan una obligación personalísima de no hacer o soportar podrán ser ejecutados por medio de: Multa coercitiva. Compulsión sobre las personas. Ejecución subsidiaria. Apremio sobre el patrimonio.

La multa coercitiva: Procede en aquellos supuestos que la Administración determina. No procede en aquellos supuestos en los que el obligado encarga a otra persona la ejecución del acto. Es incompatible con la imposición de penalidades. Puede imponerse de forma reiterada.

En el procedimiento administrativo se presumirá la representación del interesado: Para formular solicitudes. Para entablar recursos. Para renunciar a derechos en nombre de otra persona. Para actos y gestiones de mero trámite.

En el ámbito administrativo la capacidad de obrar: Es la capacidad para actuar válidamente ante las AAPP. La ostentan las corporaciones, asociaciones y fundaciones de interés público reconocidas por la Ley. Pueden ostentarla las asociaciones de interés particular si la Ley les reconoce personalidad propia independiente de cada uno de sus asociados. Todas las anteriores son correctas.

En los asientos que se practiquen en el registro electrónico de apoderamientos no es necesario que se deje constancia de: Fecha de inscripción. Fecha de otorgamiento del poder. Tipo de poder. Período de tiempo durante el cual se otorga el poder.

El plazo máximo para resolver y notificar es de : De seis meses. El fijado por la norma que regule el correspondiente procedimiento que no podrá exceder de tres meses. El fijado por la norma que regule el correspondiente procedimiento que no podrá exceder de tres meses, salvo que una norma con rango de Ley establezca otro plazo. En ausencia de regulación concreta, tres meses.

En los procedimientos iniciados a solicitud del interesado, una vez transcurrido el plazo para resolver: El sentido del silencio, con carácter general es positivo, estimatorio de la pretensión deducida. Reglamentariamente se podrán determinar los supuestos en los que el silencio es negativo. Como excepción al sentido positivo del silencio, los procedimientos de responsabilidad patrimonial. Son correctas la sentido y como.

En qué supuestos previstos en el Art 22 de la Ley 39/ 2015 es posible la suspensión de plazos para resolver el procedimiento: Cuando sea conveniente la obtención de un previo pronunciamiento judicial. Cuando deban solicitarse informes facultativos necesarios para la resolución, por el tiempo que medie hasta su emisión. En los supuestos de requerimiento de subsanación de deficiencias o aportación de documentos. En los casos de pronunciamiento previo por parte de un órgano de la UE.

El archivo electrónico único: Contendrá los documentos electrónicos que correspondan a procedimientos finalizados en los términos señalados en la normativa reguladora aplicable. Deberán conservarse en un formato que permita garantizar la autenticidad, integridad y conservación del documento, así como su consulta con independencia del tiempo transcurrido desde su emisión. Los soportes o medios en que se almacenen deberán contar con medidas de seguridad de acuerdo con lo dispuesto en el Esquema Nacional de Seguridad. Todas son correctas.

En los plazos señalados por días: Se entiende que son hábiles excluyéndose del cómputo los domingos y festivos. Si el último día del plazo fuera inhábil, se entenderá prorrogado al siguiente día. Su cómputo comienza desde el día de su notificación o publicación. Ninguna de las anteriores es correcta.

Respecto a la tramitación de urgencia: El acuerdo que la declare podrá ser recurrido ante el propio órgano que lo adoptó. Supone la reducción a la mitad de los plazos establecidos para el procedimiento ordinario y respecto de todos los trámites que lo integran. La reducción de plazos no alcanza a la presentación de solicitudes y a la interposición de recursos. Puede ser acordada libremente por el órgano instructor.

En relación al procedimiento sancionador señale la respuesta correcta: El acuerdo de iniciación contendrá únicamente la identificación de la persona o personas presuntamente responsables, los hechos, su calificación y las posibles sanciones que pudieran corresponderles. Podrá iniciarse de oficio. La fase instructora y sancionadora se atribuyen al mismo órgano. El acuerdo de iniciación deberá identificar a la persona instructora del procedimiento y en su caso a la que ejerza la secretaría.

Si la solicitud no reúne los requisitos exigidos la Administración debe requerir al interesado para que subsane, respecto al requerimiento: Hará constar los requisitos que se consideran incumplidos. Fijará el plazo de 15 días naturales para que puedan ser cumplidos. Advertirá que transcurridos los anteriores se producirá la caducidad del procedimiento. No cabrá ampliación del plazo señalado.

El plazo para practicar prueba: No será inferior a 10 días ni superior a 20 días. No será superior a 15 días. No será inferior a 5 días ni superior 20 días. No será inferior a 10 días ni superior a 30 días.

La audiencia a las interesadas en un procedimiento administrativo siempre será anterior a la solicitud del informe del órgano competente para el asesoramiento jurídico o a la solicitud del dictamen del Consejo de Estado u órgano consultivo equivalente de la Comunidad Autónoma, si son necesarios. En el momento procesal que corresponda, la audiencia pública se desarrollará en un plazo de: No inferior a diez días ni superior a quince días. No inferior a cinco ni superior a diez días. No inferior a diez ni superior a veinte días. No inferior a cinco ni superior a quince días.

¿La Administración podrá acordar la realización de actuaciones complementarias?. Sí, siempre que estas se consideren indispensables para resolver el procedimiento. Sí, con carácter general según criterio de la propia Administración. Sí, dependiendo del tipo de procedimiento de que se trate. Sí, a petición de las interesadas en el procedimiento en cuyo suspenderá el plazo para resolver, debiendo ser practicadas en un plazo no superior a 15 días.

En los procedimientos iniciados de oficio ¿la Administración puede desistir?. Sí, en todo caso. No. Sí, de forma motivada. Motivadamente, en los supuestos y con los requisitos previstos por las leyes.

Con respecto a la caducidad en los procedimientos iniciados a instancia de parte, señale la respuesta correcta: Cuando se produzca la paralización del procedimiento por causa imputable a la interesada, la Administración le advertirá que transcurridos tres meses se producirá la caducidad del procedimiento. Contra la resolución que declare la caducidad no cabrá recurso alguno. La caducidad no producirá por sí sola la prescripción de las acciones del particular pero los procedimientos caducados interrumpirán el plazo de prescripción. Son correctas la a) y la c).

La interesada en un procedimiento quiere manifestar su desistimiento, conforme a la Ley 39/2015 ¿de qué forma puede hacerlo?. Mediante manifestación simple de su voluntad ante el órgano competente. Por cualquier medio que permita su constancia. Mediante declaración en comparecencia personal. Mediante documento público.

Según el Art 117 de la Ley 39/ 2015 la interposición de cualquier recurso, señale la respuesta correcta: Con carácter general suspenderá la ejecución del acto impugnado. En ningún caso suspenderá la ejecución del acto impugnado. Salvo que una disposición establezca lo contrario, no suspenderá la ejecución del acto impugnado. Dependerá del acto impugnado.

Los actos que pongan fin a la vía administrativa podrán ser recurridos en reposición ante el mismo órgano que los hubiera dictado. Este recurso tiene carácter: Potestativo. Obligatorio. Extraordinario. Contencioso.

En relación al procedimiento de aprobación de las Ordenanzas locales y conforme a lo establecido en la Ley 7/1985, de 2 de abril, señale la respuesta correcta: Su aprobación requiere la existencia de un trámite de información pública y audiencia a los interesados por plazo de 1 mes. Su aprobación definitiva requiere mayoría absoluta. De no presentarse reclamaciones el acuerdo provisional se entenderá elevado a definitivo. Son correctas la a) y la c).

Según la Ley de Contratos del Sector Público, en relación al contrato menor, señale la respuesta correcta: Su duración máxima será de un año. Solo procede en los contratos de obras y servicios. No es necesaria la existencia de crédito previo. Podrá ser objeto de prórroga si así se establece en el propio contrato.

Las medidas provisionales a las que se refiere el Art 56.2 de la Ley 39/2015: Deben ser acordadas de oficio. Pueden causar perjuicios de difícil o imposible reparación que serán compensados en la resolución final del procedimiento. Deben ser confirmadas, modificadas o levantadas mediante resolución independiente que deberá adoptarse en el plazo de 12 días. Deben ser confirmadas, modificadas o levantas en el acuerdo de inicio que deberá adoptarse dentro de los 15 días siguientes a su adopción.

Contra un acto administrativo firme pero de cuya legalidad se duda en base a datos o hechos sobrevenidos con posterioridad al momento en que fue dictado. ¿Cabe algún recurso?. Ninguno. Recurso de alzada. El que se otorgue discrecionalmente por la Administración. El extraordinario de revisión, en los supuestos concretos que prevé la Ley.