Adm y Finanzas

Según el art. 1 de la Ley 12.510, ¿qué universo de actos queda sometido a su régimen?. Solo los actos de contratación de bienes y servicios. Los actos, hechos y operaciones relacionados con la Administración y Control de la Hacienda del Sector Público Provincial No Financiero. Exclusivamente las operaciones del Poder Ejecutivo.

El art. 2 de la Ley 12.510 concibe la Administración de la Hacienda Pública como una articulación de: Solo procedimientos contables y patrimoniales. Únicamente órganos políticos y recursos tributarios. Sistemas, órganos, normas y procedimientos para coordinar recursos humanos, financieros y bienes económicos.

En el art. 3 de la Ley 12.510, la responsabilidad se vincula especialmente con: Lograr los resultados previstos y rendir cuentas de la gestión. Acreditar únicamente la disponibilidad de fondos. Delegar siempre la responsabilidad en el habilitado.

¿Cuál de los siguientes integra, según el manual, el Sector Público Provincial No Financiero?. Solo las comisarías y unidades regionales. Las empresas, sociedades y otros entes públicos. Exclusivamente los organismos centralizados.

Dentro de los Sistemas de Administración Financiera del art. 6 se encuentra: Defensa Civil. Control de tránsito. Crédito Público.

¿Cuál de estas combinaciones reproduce los cinco sistemas de Administración Financiera del art. 6?. Presupuesto; Tesorería y Gestión Financiera; Crédito Público; Contabilidad; Ingresos Públicos. Presupuesto; Logística; Recursos Humanos; Auditoría; Compras. Tesorería; Patrimonio; Seguridad; Personal; Obras Públicas.

Los subsistemas previstos por la Ley 12.510 están a cargo de: Únicamente los jefes de cada unidad policial. Unidades Rectoras Centrales. El Tribunal de Cuentas en todos los casos.

Según el art. 8, ¿qué órgano tiene a su cargo el control interno del Poder Ejecutivo?. La Tesorería General. El Tribunal de Cuentas. La Sindicatura General de la Provincia.

El control externo del Sector Público Provincial No Financiero corresponde a: El Tribunal de Cuentas de la Provincia. La Sindicatura General de la Provincia. La Dirección Administración de Policía.

El Servicio Administrativo-Financiero previsto en el art. 9 mantiene relación directa y funcional con: Únicamente con el Tribunal de Cuentas. Las Unidades Rectoras Centrales de los respectivos subsistemas. Solo con la autoridad policial superior.

¿Qué responsabilidad específica atribuye el art. 9 al Servicio Administrativo-Financiero?. Ejercer el control externo provincial. Aprobar las leyes de presupuesto. Cumplimentar con la descentralización operativa de los subsistemas normados.

¿Qué instrumento define el art. 10 como constitucional de órdenes, límites, garantías, competencias y responsabilidades de la Hacienda Pública?. El Presupuesto. La rendición de cuentas. El acta de traspaso.

Además de recursos y aplicaciones, el Presupuesto expone según el art. 10: Únicamente el saldo bancario anual. Resultados económicos y financieros, producción de bienes y servicios y recursos humanos a utilizar. Solo la nómina de proveedores.

El ejercicio económico-financiero del Sector Público Provincial No Financiero comienza: El 1 de julio y finaliza el 30 de junio. El 1 de marzo y finaliza el 28 de febrero. El 1 de enero y finaliza el 31 de diciembre.

El Presupuesto de Recursos contiene, según el art. 12: La enumeración y monto estimado de los ingresos corrientes y de capital. Solo los ingresos efectivamente depositados. Exclusivamente los recursos tributarios.

Según el art. 12, los recursos del ejercicio para la Administración Central se consideran tales cuando: Se encuentren necesariamente depositados antes del inicio del ejercicio. Se prevé recaudarlos durante el período, con independencia de la fecha en que se origine la obligación de pago o liquidación. Hayan sido ejecutados mediante una orden de provisión.

El art. 19 asigna al Poder Ejecutivo la tarea de fijar anualmente: Los límites de cada caja chica policial. Las resoluciones del Tribunal de Cuentas. Los lineamientos generales para formular el proyecto de Ley de Presupuesto.

Los anteproyectos presupuestarios son preparados por: Los Servicios Administrativo-Financieros. El Tribunal de Cuentas. La Fiscalía de Estado.

¿Qué órgano confecciona el proyecto de presupuesto sobre la base de los anteproyectos, realizando los ajustes necesarios?. Cada unidad policial en forma autónoma. El Órgano Rector. El Tribunal de Cuentas.

El proyecto de presupuesto es presentado por el Poder Ejecutivo a la Legislatura: Luego de su aprobación por el Tribunal de Cuentas. Cuando lo decide cada Servicio Administrativo-Financiero. En la fecha que determina la Constitución Provincial, aprobado en acuerdo de Ministros.

Si al comenzar el año financiero no se sancionó el presupuesto general, el art. 23 dispone como regla que: Rige el presupuesto vigente al cierre del ejercicio anterior, con las excepciones previstas. Se suspenden todos los gastos hasta la nueva ley. Rige únicamente el presupuesto de recursos.

En la prórroga presupuestaria del art. 23 quedan exceptuados, entre otros: Todos los gastos de funcionamiento. Los créditos y recursos previstos por una sola vez o cuya finalidad ya fue satisfecha. Los servicios de la deuda.

En el presupuesto prorrogado deben incluirse expresamente: Los gastos extraordinarios no ejecutados. Solo las partidas de combustible. Los créditos indispensables para el servicio de la deuda del nuevo ejercicio.

Según el art. 16, ingresos y gastos deben figurar: Por separado y por sus montos íntegros, sin compensaciones entre sí. Compensados por cada jurisdicción. Solo por el saldo neto.

La Ley de Presupuesto, según el art. 17, no puede: Estimar recursos. Crear, modificar o suprimir tributos u otros ingresos. Autorizar gastos del ejercicio.

Tampoco puede la Ley de Presupuesto, conforme al art. 17: Incluir operaciones de financiamiento. Mostrar resultados económicos. Cambiar la organización o estructura de la administración cuya actividad debe fijarse por leyes específicas.

Entre la información mínima del art. 18 se encuentra: El cálculo de recursos de la Administración Central y de cada organismo descentralizado, clasificado por rubros. La lista individual de cada proveedor. El detalle de cada factura pagada.

El presupuesto de gastos debe identificar, según el art. 18: Solo el gasto devengado. La producción de bienes y servicios y los créditos presupuestarios. Únicamente las disponibilidades bancarias.

El art. 18 exige que el presupuesto exponga: Únicamente el resultado financiero de las cajas chicas. Solo el déficit. El déficit o superávit del ejercicio.

¿Qué debe contemplar el presupuesto respecto de las garantías y avales?. El estado o previsión de garantías y avales otorgados, según corresponda al régimen citado. Solo las garantías de proveedores privados. Exclusivamente avales bancarios.

En las Empresas, Sociedades y Otros Entes Públicos, el proyecto de presupuesto anual debe ser aprobado por: El Tribunal de Cuentas directamente. El directorio o máxima autoridad ejecutiva del ente. Cada Servicio Administrativo-Financiero policial.

Según el art. 37, los proyectos de presupuesto de Empresas, Sociedades y Otros Entes deben incluir: Únicamente el presupuesto de caja. Solo los gastos en personal. Planes de acción, programas, metas, gastos, financiamiento, inversiones, caja y recursos humanos.

La Cuenta Ahorro-Inversión-Financiamiento permite expresar resultados: Operativos, económicos y financieros. Solo patrimoniales. Exclusivamente de caja.

En materia policial, la Ley 7.395 ubica a la Dirección Administración como dependencia de: El Tribunal de Cuentas. La Jefatura de Policía. La Fiscalía General.

El art. 33 de la Ley 7.395 atribuye a la Dirección Administración: Únicamente control disciplinario. Solo funciones de prensa. Asesoramiento técnico financiero, contabilidad financiera, recepción y depósito de fondos, programación presupuestaria y rendiciones.

Según el art. 33 de la Ley 7.395, ¿qué dependencias agrupan al personal profesional y técnico de la Dirección Administración?. Contaduría y Tesorería. Logística y Transporte. Personal y Sanidad.

La liquidación y pago de haberes, conforme al art. 33 de la Ley 7.395, se relaciona con: Las funciones exclusivas de Relaciones Policiales. Las funciones de la Dirección Administración. Las funciones del Departamento Logística.

El art. 50 de la Ley 7.395 asigna al Departamento Logística funciones de: Administración exclusiva de recursos humanos. Investigación penal y dirección de sumarios. Planeamiento, organización, ejecución, control y coordinación de abastecimiento, mantenimiento, racionamiento y contralor patrimonial.

¿Cuál de estas dependencias integra la organización del Departamento Logística según el art. 51?. Control patrimonial. Asesoría Letrada. Relaciones Policiales.

El art. 54 de la Ley 7.395 caracteriza a la Policía Provincial como: Descentralizada en lo administrativo y centralizada en lo funcional. Centralizada en lo administrativo y descentralizada en lo funcional. Totalmente descentralizada.

Según el art. 63 de la Ley 7.395, la Unidad Regional es: Una dependencia exclusiva de logística. Un órgano exclusivamente contable. La unidad operativa mayor que planifica, conduce y ejecuta operaciones generales y especiales de policía de seguridad y judicial.

En las Habilitaciones/Administraciones y Finanzas, el manual ubica como responsabilidad central: La solicitud, asignación y ejecución de recursos según necesidades específicas. La investigación de delitos económicos. La aprobación de leyes tributarias.

¿Cuál de estas partidas aparece expresamente mencionada en el manual como administrada por AyF/Hab.?. Multas judiciales. Combustibles y Lubricantes. Indemnizaciones civiles.

Entre las partidas mencionadas por el manual se encuentran: Exclusivamente obras públicas. Solo viáticos y pasajes. Gastos de Funcionamiento, Combustibles y Lubricantes, Racionamiento y Sueldos Personal Policía.

La gestión de una partida presupuestaria exige especialmente: Atender su destino específico y documentar adecuadamente la erogación y rendición. Utilizarla indistintamente para cualquier necesidad. Evitar la documentación si existe autorización verbal.

En las modalidades de contratación señaladas por el manual, la Caja Chica/Habilitación se vincula con: La licitación pública exclusivamente. El régimen del art. 49 y su reglamentación. El juicio de cuentas.

Si una gestión supera el límite aplicable al art. 49 según el manual, corresponde: Ejecutarla sin documentación. Fraccionarla necesariamente para mantenerla en caja chica. Adecuarla a otra modalidad de contratación.

¿Cuál de las siguientes aparece como modalidad de contratación en el manual?. Licitación o Concurso Privado. Contratación verbal permanente. Asignación automática por antigüedad.

¿Cuál es la modalidad que el manual ubica junto a licitación/concurso privado y público?. Permuta verbal. Remate o Subasta. Donación interna obligatoria.

Según el manual, al asumir un cargo responsable de fondos debe instrumentarse inicialmente: Una licitación pública. Una sentencia del Tribunal de Cuentas. Un Acta de Traspaso.

El Acta de Traspaso debe permitir conocer, entre otros extremos: Órdenes emitidas, cargos recibidos y rendidos, facturación pendiente y estado de partidas. Solo el inventario de armas. Exclusivamente el saldo de caja chica.

Con la toma de posesión del cargo, el manual señala la necesidad de realizar además: La renovación de todos los contratos. El registro de firmas en el Banco. La aprobación de la Ley de Presupuesto.

Sin el registro de firmas bancarias, según el manual: Solo se impide la rendición anual. Se puede pagar sin restricciones. No se podrá operar normalmente sobre los fondos.

¿Cuál de estos es un libro contable básico y obligatorio mencionado por el manual?. Libro Bancos. Libro de novedades policiales. Libro de guardia.

Otro libro contable básico mencionado es: Libro de detenidos. Libro Cargo e Imputaciones. Libro de armamento.

El Libro Caja Chica debe llevarse: Solo cuando existe una licitación pública. En todas las dependencias sin excepción. Cuando la dependencia trabaja con caja chica.

Los libros contables señalados por el manual deben estar: Rubricados por el Tribunal de Cuentas. Firmados exclusivamente por proveedores. Aprobados por la Fiscalía de Estado.

La falta de los libros contables obligatorios puede generar: La nulidad automática de toda la Policía. Sanción por parte del Tribunal de Cuentas. La pérdida del cargo por decisión del proveedor.

El circuito de compras se define en el manual como: La sola emisión de una factura. El trámite posterior a una sentencia judicial. El camino que debe realizar un pedido para gestionar una compra destinada a satisfacer una necesidad puntual.

La primera tarea al detectar una necesidad dentro del circuito de compras es: Identificar y encuadrar la necesidad en la partida presupuestaria correspondiente. Emitir directamente la factura. Solicitar el pago antes del pedido.

Como partida madre, el manual presenta al gasto de funcionamiento compuesto por: Solo sueldos y combustible. Bienes de consumo, servicios no personales y bienes de uso. Únicamente bienes inmuebles.

¿Cuál de estos documentos integra el circuito básico de compras indicado en el manual?. Acta de detención. Sentencia condenatoria. Nota de pedido.

Cuando corresponde una intervención técnica, esta se incorpora al circuito para: Sustentar técnicamente la necesidad o prestación, por ejemplo una intervención mecánica. Reemplazar la factura. Evitar la rendición.

Respecto de los presupuestos, el manual indica como referencia básica: Un único presupuesto obligatorio en todos los casos. Al menos dos presupuestos. Ningún presupuesto.

La finalidad inmediata de contar con presupuestos en el circuito es: Sustituir la orden de provisión. Autorizar el pago definitivo. Cuantificar la necesidad y conocer cuánto costará.

En el circuito de compras, la nota de pedido, intervención técnica y presupuesto son generados principalmente por: El área de Logística. El Tribunal de Cuentas. La Fiscalía de Estado.

La orden de provisión y el certificado de recepción definitiva son generados por: El proveedor exclusivamente. AyF/Habilitación. El Tribunal de Cuentas.

La factura, dentro del circuito de compras, cumple la función de: Autorizar por sí sola la compra. Reemplazar la nota de pedido. Documentar legalmente el gasto para proceder al pago y cancelación de la orden de provisión.

¿Quién arma el pago y las rendiciones de las erogaciones según el manual?. AyF/Habilitación. El proveedor. La dependencia solicitante sin intervención administrativa.

Los firmantes señalados como responsables directos de movimientos de fondos y rendiciones son: El proveedor y el contador fiscal. El Jefe de Unidad y el Habilitado. El Subjefe solamente.

La responsabilidad de los firmantes exige contar con: Únicamente la factura final. Solo una autorización verbal. Documentación de respaldo obligatoria y la que pueda generarse durante la gestión.

En el control interno, la Sindicatura General de la Provincia ejerce: El control interno del Poder Ejecutivo. El control externo del sector público no financiero. El juicio de cuentas.

El Tribunal de Cuentas interviene como órgano de: Control interno de cada comisaría. Control externo del Sector Público Provincial No Financiero. Administración de la caja chica.

El examen de las rendiciones de cuentas de fondos públicos corresponde al régimen de: Dirección General de Sanidad. Relaciones Policiales. Control del Tribunal de Cuentas.

El Contador Fiscal, al examinar una cuenta, puede detectar: Defectos que den lugar a reparo u omisión de presentación. Únicamente delitos penales. Solo diferencias de inventario.

Ante defectos en una cuenta, el Contador Fiscal formula: Una orden de compra. Un requerimiento conminatorio para subsanar o presentar la rendición omitida. Una sentencia penal.

El requerimiento conminatorio del art. 219 se dirige al: Tribunal de Cuentas en pleno. Proveedor exclusivamente. Responsable indirecto, quien lo deriva al obligado directo.

Según el art. 220, luego de contestado el requerimiento o vencido el plazo, el Contador Fiscal puede expedirse por: Aprobación de la cuenta o mantenimiento del reparo/pedido de emplazamiento. Condena penal o absolución penal. Licitación o concurso.

Antes de resolver la aprobación o iniciación del juicio de cuentas, la Sala debe contar con: Informe de Relaciones Policiales. Dictamen de la Fiscalía General. Acta de traspaso bancario.

El art. 222 prevé para el obligado emplazado un plazo inicial de: Sesenta días automáticos. Treinta días desde el gasto. Quince días desde la notificación.

El plazo de contestación del emplazamiento puede ser ampliado por el Tribunal hasta: Sesenta días, en los supuestos previstos. Ciento ochenta días en todos los casos. Quince días sin posibilidad de ampliación.

El emplazamiento del art. 222 se efectúa principalmente al: Proveedor. Obligado directo. Responsable indirecto exclusivamente.

El responsable indirecto puede quedar alcanzado por el emplazamiento cuando: Solo si existe una denuncia penal. Siempre que sea proveedor. El Tribunal considera que corresponde extenderlo al titular del servicio administrativo que intervino en la transferencia de fondos.

Conforme al art. 223, una resolución aprobatoria puede: Liberar total o parcialmente al responsable emplazado. Condenarlo siempre al pago. Suspender indefinidamente la rendición.

La resolución interlocutoria del art. 223 procede cuando: La cuenta ya fue aprobada definitivamente. Aún deben incorporarse antecedentes, diligencias o pruebas que no pudieron considerarse. El responsable pagó voluntariamente.

La resolución condenatoria del art. 223 debe: Otorgar automáticamente sesenta días. Imponer una pena penal. Determinar el cargo e intimar su pago en treinta días.

Si el cargo no se paga dentro del plazo del fallo condenatorio, interviene: La Fiscalía de Estado para su ejecución judicial. La Dirección Administración. La Policía Federal.

El art. 226 vincula el juicio de responsabilidad administrativa con: Cualquier error formal sin posible perjuicio. Actos, hechos u omisiones susceptibles de producir perjuicio al patrimonio estatal. Solo delitos dolosos.

El juicio de responsabilidad administrativa es instruido por: La Dirección Administración. La Fiscalía de Estado. El Tribunal de Cuentas.

El Tribunal de Cuentas puede iniciar de oficio un juicio de responsabilidad cuando: Adquiere presunción o conocimiento de irregularidades. Siempre que exista una orden policial. Solo cuando lo solicite un proveedor.

También puede originarse el juicio de responsabilidad por denuncias formuladas por: Únicamente ministros. Agentes, funcionarios o terceros. Solo jueces penales.

Uno de los objetivos del art. 227 es: Aprobar el presupuesto anual. Determinar la culpabilidad penal. Determinar la existencia de un perjuicio económico.

Otro objetivo del art. 227 es: Identificar a los responsables. Seleccionar proveedores. Fijar impuestos provinciales.

El art. 227 contempla expresamente determinar: La antigüedad del funcionario. El monto del perjuicio. El valor de mercado de todos los bienes públicos.

Finalmente, el juicio de responsabilidad administrativa puede tener por objeto: Cancelar la Ley 12.510. Aplicar una pena de prisión. Condenar al responsable al pago del daño.

La diferencia funcional destacada por el manual entre juicio de cuentas y juicio de responsabilidad es que: El primero se relaciona con la rendición y el gasto; el segundo con la responsabilidad por actos, hechos u omisiones que pueden causar perjuicio. Ambos son idénticos y tienen la misma finalidad. El primero es penal y el segundo civil.

En el esquema del manual, una erogación mal ejecutada puede generar la necesidad de: Eliminar la documentación respaldatoria. Responder mediante los mecanismos de control y, según corresponda, devolver o pagar el gasto observado. Trasladar automáticamente la responsabilidad al proveedor.

En materia de logística policial, el manual ubica el origen histórico del término en: La Revolución Industrial solamente. La administración pública contemporánea exclusivamente. La antigua Grecia y el Imperio Romano.

El término Logistikos, según el manual, puede traducirse como: El que sabe calcular. El que juzga. El que sanciona.

El Logístiko griego tenía inicialmente como función: Dictar sentencias. Determinar las cantidades de pertrechos necesarias según los planes. Administrar recursos humanos.

El Logista romano se vinculó especialmente con: Controlar exclusivamente los salarios. Ejercer funciones judiciales. Proveer suministros a las tropas y buscar fuentes de aprovisionamiento.

La evolución de la logística descrita en el manual comprende niveles: Operativo, táctico y estratégico. Penal, civil y comercial. Judicial, legislativo y ejecutivo.

El concepto tradicional de logística destacado por el manual busca disponer: La mayor cantidad posible sin importar el costo. El producto justo, en el sitio justo, en el tiempo oportuno y al menor costo posible. El producto solo cuando exista una emergencia.

La actividad logística policial es definida como el conjunto de acciones y medios destinados a: Reducir únicamente el personal. Comprar sin planificación. Prever y proveer los recursos necesarios en tiempo, lugar, forma y al menor costo posible.

La finalidad de la actividad logística institucional se relaciona directamente con: La distribución eficiente de bienes y servicios necesarios para cumplir las funciones policiales. La administración de sanciones disciplinarias. La elaboración de leyes provinciales.

El Reglamento Orgánico del Departamento Logística, según el manual, tiene carácter: Meramente orientativo para proveedores. Rector y coordinador respecto de reglamentaciones internas y directivas que de él se deriven. Exclusivamente financiero.

El conocimiento del Reglamento Orgánico del Departamento Logística es señalado como obligatorio para: Solo los jefes de Unidad Regional. Solo los habilitados. El personal policial de los distintos escalafones y subescalafones.

El Reglamento Orgánico del Departamento Logística se sustenta, entre otras normas, en: La Ley Orgánica Policial y el Reglamento de la Plana Mayor. El Código Penal exclusivamente. La Ley de Tránsito únicamente.

Entre las funciones primordiales del Departamento Logística se encuentran: Solo compra de combustible. Planeamiento, organización, control y coordinación del apoyo logístico. Solo mantenimiento edilicio.

El Departamento Logística despliega funciones de contralor patrimonial y tareas de: Investigación penal y litigación. Prensa, difusión y ceremonial. Abastecimiento, racionamiento, mantenimiento y construcciones.

Según el manual, el Departamento Logística (D-4) depende de: El Subjefe de Policía, en su carácter de Jefe de Plana Mayor. El Tribunal de Cuentas. La Dirección General de Sanidad.

Una gestión logística adecuada busca proteger especialmente: Solo el presupuesto nacional. El patrimonio institucional. Exclusivamente la caja chica.

La articulación de procesos financieros, logísticos y de abastecimiento apunta a: Eliminar los controles. Sustituir la función policial por la administrativa. Cumplir los objetivos institucionales y mejorar los resultados operativos.

Si una dependencia necesita reparar un móvil y corresponde intervención técnica, el orden lógico indicado por el manual exige: Documentar la necesidad, incorporar la intervención técnica y presupuestos antes de la orden de provisión. Pagar primero y documentar después. Emitir directamente la factura.

Si una compra se realiza sin encuadrar la necesidad en la partida correspondiente, el problema central es: La ausencia de una denuncia penal. La falta de correspondencia entre la necesidad y la imputación presupuestaria. La falta de un acta de detención.

La recepción definitiva dentro del circuito sirve para: Reemplazar la orden de pedido. Sustituir el presupuesto. Dejar constancia de la recepción del bien o servicio antes de completar el pago.

En términos de control, la factura debe conservarse como: Documento legal y respaldo del gasto. Un documento opcional sin valor administrativo. Una autorización para gastar fondos futuros.

La rendición de cuentas permite demostrar: Solo cuánto dinero quedó en caja. Cómo fueron utilizados y respaldados los fondos públicos. La cantidad de personal policial.

El principio de responsabilidad en la Ley 12.510 se vincula con la obligación de: Mantener dinero inmovilizado. Evitar toda delegación funcional. Lograr resultados previstos y rendir cuentas.

Una Unidad Regional que administra fondos y partidas debe coordinar su gestión con: Las normas presupuestarias, administrativas y de control aplicables. Solo las órdenes verbales del superior. Exclusivamente el proveedor.

Si el Tribunal de Cuentas formula un reparo, la respuesta institucional debe orientarse a: Eliminar el registro contable. Subsanar el defecto o justificar adecuadamente la rendición conforme al procedimiento. Reemplazar la factura por una nota simple.

La existencia de un reparo no equivale automáticamente a: Una actuación dentro del control. Una observación que debe tramitarse. Una condena definitiva.

El juicio de cuentas se inicia, en el esquema citado, cuando la Sala decide: La iniciación del juicio de cuentas luego de las intervenciones previstas. La compra de un bien. La apertura de una caja chica.

En el art. 223, la resolución interlocutoria se distingue de la condenatoria porque: La primera siempre impone el pago y la segunda libera. La primera mantiene pendiente la resolución definitiva por necesidad de antecedentes o pruebas; la segunda determina cargo e intima pago. No existe diferencia entre ambas.

La ampliación del plazo de contestación hasta sesenta días en el art. 222 depende de: La sola existencia de una factura. Una decisión automática del obligado. Solicitud de parte y complejidad o dificultades del tema, según el Tribunal.

El art. 224 prevé intervención de Fiscalía de Estado cuando: No se cumple el pago del cargo dentro del plazo del fallo condenatorio. Se presenta una nota de pedido. Se registra una firma bancaria.

El art. 225 regula una situación vinculada con: La compra directa. Rendiciones pendientes al cumplirse el plazo para expedirse sobre la Cuenta de Inversión. La organización policial.

Según el art. 225, el Tribunal puede continuar expidiéndose sobre ciertas rendiciones pendientes hasta: El cierre de cualquier expediente penal. La próxima elección provincial. La presentación por el Poder Ejecutivo de la Cuenta de Inversión del ejercicio siguiente, bajo las condiciones previstas.

La responsabilidad patrimonial derivada del art. 226 puede alcanzar a: Personas físicas que se desempeñen o se hayan desempeñado en el Estado Provincial, en los términos previstos. Solo funcionarios actualmente en actividad. Solo proveedores.

El plazo de prescripción mencionado en el art. 226 se remite a: Un plazo fijo de quince días. Los plazos fijados en el Código Civil, contados desde el hecho generador o desde el daño si fuera posterior. El plazo presupuestario anual.

En una gestión policial, el control externo no sustituye la responsabilidad del funcionario porque: La rendición es opcional. El Tribunal de Cuentas ejecuta todas las compras. La normativa establece un régimen de responsabilidad y rendición de cuentas de la gestión.

La descentralización operativa de los subsistemas mencionada en el art. 9 implica: Que los Servicios Administrativo-Financieros ejecutan funciones dentro del marco de las normas y rectorías correspondientes. Que cada unidad puede crear sus propias leyes. Que se elimina la supervisión central.

La posibilidad de crear más de un Servicio Administrativo-Financiero en una jurisdicción depende de: La decisión de cualquier proveedor. Las características del organismo y la reglamentación aplicable. La existencia de una denuncia.

La formulación presupuestaria se conecta con planes y políticas provinciales porque: Las comisarías sancionan la Ley de Presupuesto. El Tribunal de Cuentas define las políticas públicas. El Poder Ejecutivo fija lineamientos generales para formular el proyecto.

La distribución analítica del presupuesto mencionada en el art. 20 permite: Ejercer valoraciones cualitativas y cuantitativas conforme a las atribuciones legislativas. Evitar el control legislativo. Reemplazar el cálculo de recursos.

El crédito presupuestario, en el contexto del art. 20, se presenta con carácter: Ilimitado para cualquier gasto. Limitativo según los niveles vigentes. Exclusivo de fondos extrapresupuestarios.

El art. 16 exige que las operaciones de financiamiento figuren: Solo cuando haya déficit. Compensadas con gastos. Por separado de ingresos y gastos y por sus montos íntegros.

La Ley de Presupuesto no puede utilizarse como vía para: Reformar o derogar leyes vigentes. Autorizar créditos presupuestarios. Estimar ingresos.

La previsión presupuestaria de proyectos de inversión debe aparecer: Solo como una mención general. Con los créditos presupuestarios asignados a cada proyecto. Únicamente en la cuenta de inversión posterior.

La información presupuestaria sobre distribución geográfica busca mostrar: La antigüedad del personal. La identidad de cada proveedor. La localización territorial de los gastos previstos.

La lógica de la Administración Financiera del manual vincula recursos y gastos con: Objetivos estatales y resultados de gestión. Solo disponibilidad bancaria. Exclusivamente necesidades urgentes.

Si una dependencia recibe fondos para una finalidad específica, la rendición debe: Permitir reasignarlos libremente. Acreditar documentalmente la aplicación conforme al destino y normativa. Presentarse solo si sobra dinero.

En una auditoría de una compra, la ausencia de nota de pedido afecta principalmente: El ejercicio económico completo. La existencia jurídica del proveedor. La documentación que acredita el origen y necesidad de la gestión.

La intervención técnica previa a una reparación contribuye al control porque: Aporta fundamento técnico a la necesidad que origina el gasto. Reemplaza la orden de provisión. Elimina la necesidad de presupuestos.

El Acta de Traspaso tiene relevancia porque permite: Reemplazar los libros contables. Determinar el estado administrativo y financiero al momento del cambio de responsables. Aprobar el presupuesto provincial.

La firma bancaria de los responsables resulta relevante principalmente para: Aprobar reparos del Tribunal. Autorizar licitaciones públicas. Operar sobre las cuentas y efectuar los pagos correspondientes.

El Libro Cargo e Imputaciones permite respaldar: Movimientos vinculados con las partidas y su imputación. Solo la asistencia del personal. Únicamente el inventario de armas.

El control patrimonial dentro de la logística procura especialmente: Gestionar únicamente recursos humanos. Registrar, controlar y proteger los bienes institucionales. Determinar penas disciplinarias.

La logística, según el enfoque del manual, no se reduce a comprar porque también comprende: Únicamente transportar bienes. Solo cotizar precios. Planeamiento, abastecimiento, mantenimiento, racionamiento, construcciones y control patrimonial.

Una decisión de abastecimiento compatible con el enfoque logístico del manual debería considerar: Tiempo, lugar, forma, necesidad y costo. Solo el precio unitario. Únicamente la urgencia.