ADMIN TEST 04/11 SECUESTRADAS

Según la Ley 39/2015, la Administración Pública podrá revocar: Bastante parecida a la 4 y 15. A) De oficio los actos de gravamen o desfavorables. B) De oficio o a instancia de parte los actos de gravamen o desfavorables. C) De oficio tanto los actos favorables como los desfavorables. D) A instancia de parte los actos de gravamen o desfavorables.

86. Un acto que agota o pone fin a la vía administrativa: Es firme porque no se puede interponer contra él ningún tipo de recurso administrativo o judicial. Admite recurso de alzada. No puede recurrirse ante ninguna instancia, ni administrativa ni judicial. D) Admite recurso potestativo de reposición.

87. Según la LPAC, las uniones y entidades sin personalidad jurídica. A) Tendrán capacidad de obrar ante las Administraciones Públicas cuando la ley lo declare expresamente. Tendrán en todo caso capacidad de obrar ante las Administraciones Públicas. Carecen de capacidad de obrar ante las Administraciones Públicas. Carecen de capacidad de obrar ante las Administraciones Públicas, salvo que una norma reglamentaria lo permita.

88. La declaración de necesidad de ocupación o adquisición de derechos…. ) Ha de efectuarse mediante una norma con rango de Ley. Debe llevarse a cabo por reglamento administrativo o por una norma con rango de Ley. Precisa una previa resolución administrativa del Consejo de Ministros. Consiste en determinar qué bienes están afectos a la expropiación forzosa en cada procedimiento.

. Si se interpone un recurso de alzada contra una desestimación presunta y pasado el plazo establecido la Administración no dicta una resolución expresa: ) Se entenderá desestimado (silencio negativo). No es admisible un recurso contra un acto presunto, porque siempre hay que esperar la resolución expresa. Se entenderá estimado (silencio positivo) siempre que no se refiera a las materias enumeradas en el art.24.1 de la LPAC. No se podrá hacer nada, debiendo esperar a que el recurso sea resuelto expresamente.

Selecciona la respuesta correcta. Las sanciones e infracciones administrativas tienen que fijarse necesariamente a través de leyes orgánicas por tratarse de materia reservada a la LO en el artículo 25 y 81 CE. ) Las sanciones e infracciones administrativas tienen que fijarse, salvo alguna excepción, a través de Leyes. Las sanciones e infracciones se fijarán a través de reglamentos, al tratarse de la norma que aprueba la Administración.

¿Se pueden recurrir los actos de trámite?. No, deberán recurrirse siempre con la resolución administrativa final. No, porque paralizarían el procedimiento administrativo. Sí, se podrán recurrir si deciden directa o indirectamente el fondo del asunto, determinan la imposibilidad de continuar el procedimiento, producen indefensión o perjuicio irreparable a derechos e intereses legítimos de los ciudadanos. Sí, ante el mismo órgano que los ha dictado o ante el superior jerárquico.

Pueden actuar en representación de otras personas ante las Administraciones Públicas: Solamente las personas físicas con capacidad de obrar. Solamente las personas jurídicas, siempre que ello esté previsto en sus Estatutos. C) Tanto las personas físicas con capacidad de obrar como las personas jurídicas, siempre que ello esté previsto en sus Estatutos. Solamente las personas físicas con relación de parentesco o afinidad con el representado.

Puede presentarse recurso de alzada contra un acto de trámite?. No, los actos de trámite no pueden impugnarse en ningún caso, debiendo esperar siempre a que se dicte la resolución correspondiente. Sí, en todo caso. Sí, si determina la imposibilidad de continuar un procedimiento o produce indefensión. Contra los actos de trámite sólo son admisibles los recursos contencioso-administrativos.

La revisión de oficio de los actos nulos se inicia: De oficio o a instancia de parte. De oficio tras la declaración de lesividad. A instancia de parte. Solamente de oficio por parte de la Administración.

El recurso de alzada puede presentarse: Únicamente ante el órgano que dictó el acto objeto de recurso. Únicamente ante el superior jerárquico. ) Ante el órgano que dictó el acto o ante el superior jerárquico. Ante el órgano que resuelve el recurso contencioso-administrativo.

Selecciona la respuesta correcta. El reglamento únicamente puede completar lo establecido en las leyes a la hora de concretar sanciones e infracciones. El reglamento no puede entrar a fijar de ninguna manera las sanciones e infracciones. El reglamento únicamente puede completar lo dispuesto en las leyes, aunque hay supuestos concretos, caso de los reglamentos autónomos, en que tienen un mayor margen de actuación.

Es un derecho de toda persona, y no solo del interesado, en sus relaciones con las Administraciones Públicas. El derecho a comunicarse con las Administraciones a través de un Punto de Acceso General electrónico de la Administración. El derecho a identificar a las autoridades y al personal al servicio de las Administraciones Públicas bajo cuya responsabilidad se tramiten los procedimientos. El derecho a actuar asistidos de asesor cuando lo consideren convenientes en defensa de sus intereses. El derecho a formular alegaciones y aportar documentos en cualquier fase del procedimiento.

El recurso de alzada puede ser interpuesto contra: Resoluciones que NO ponen fin a la vía administrativa. Resoluciones que ponen fin a la vía administrativa. Cualquier resolución que sea firme. Reglamentos administrativos.

Un acto que agota o pone fin a la vía administrativa: Admite recurso de alzada. No puede recurrirse ante ninguna instancia, ni administrativa ni judicial. Admite recurso potestativo de reposición. Es firme porque no se puede interponer contra él ningún tipo de recurso administrativo o judicial.

Si la Administración no notifica en plazo la resolución del recurso potestativo de reposición, el interesado ha de entender que…. La Administración estima sus pretensiones. El procedimiento caduca, con lo que se archivan las actuaciones. La Administración ordenará el reinicio del procedimiento. D) La Administración desestima sus pretensiones.

El plazo para la adopción de declaración de lesividad de un acto será de: 4 años desde que se dictó el acto. 6 meses desde que se dictó el acto. No existe plazo. 3 MESES.

Para la realización de cualquier trámite de un procedimiento administrativo, las personas jurídicas: Tienen derecho a elegir si se comunican con las Administraciones Públicas a través de medios electrónicos o no. Están obligadas, en todo caso, a relacionarse a través de medios electrónicos con las Administraciones Públicas. Están obligadas a relacionarse a través de medios electrónicos con las Administraciones Públicas sólo cuando reglamentariamente así se establezca. No están obligadas a relacionarse a través de medios electrónicos con las Administraciones Públicas si pueden acreditar fehacientemente falta de capacidad económica, técnica o profesional.

Recibidas las alegaciones después del trámite de información pública…. El órgano competente resolverá sobre la necesidad de ocupación describiendo los bienes y derechos objeto de la expropiación y sin hacer referencia a las personas interesadas en el procedimiento. Trasladará a las partes la hoja de aprecio. Ordenará las actuaciones necesarias para la ocupación. Dictará acuerdo definitivo de necesidad de ocupación, describiendo los bienes y derechos y las personas interesadas en el procedimiento.

Contra la resolución de un recurso potestativo de reposición: Cabe interponer recurso de alzada. Cabe interponer recurso contencioso-administrativo. Cabe interponer nuevamente recurso de reposición. NO cabe interponer recurso contencioso-administrativo.

En un procedimiento administrativo en el que ha de solicitarse un informe preceptivo y determinante del contenido de la resolución, el tiempo que media entre la petición y la recepción del informe (hechos que deben ser comunicados a los interesados): No computa en ningún caso a los efectos del transcurso del plazo para resolver el procedimiento. No computa a los efectos del transcurso del plazo para resolver el procedimiento, siempre que no exceda en ningún caso de tres meses. Se computa en todo caso a los efectos del transcurso del plazo para resolver el procedimiento. Se computa a los efectos del transcurso del plazo para resolver el procedimiento, salvo que excediera de tres meses.