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En un procedimiento administrativo se podrá prescindir del trámite de audiencia a los interesados: A) Cuando el instructor del procedimiento lo considere conveniente, siempre que se adopte la decisión de manera motivada y pública. B) Cuando no figuren en el procedimiento ni sean tenidos en cuenta en la resolución otros hechos ni otras alegaciones y pruebas que las aducidas por el interesado. C) Cuando se hayan establecido en el procedimiento otras formas, medios y cauces de participación de los ciudadanos. D) Cuando el interesado hubiera renunciado a la práctica de la prueba.

En la Ley de Contratos del Sector Público, se consideran contratos menores, en el caso de contratos de suministro o de servicios, los de valor estimado inferior a: A) 15000 euros. B) 40000 euros. C) 6000 euros. D) 10000 euros.

En la Ley de Contratos del Sector Público, el contrato que tiene por objeto la adquisición, el arrendamiento financiero, o el arrendamiento, con o sin opción de compra, de productos o bienes muebles, se denomina: A) Contrato de servicios. B) Contrato de concesión de servicios. C) Contrato de suministro. D) Contrato sujeto a regulación armonizada.

En un proceso contencioso administrativo el juez puede conocer, a efectos prejudiciales, de materias civiles y no propiamente administrativas. A) El órgano contencioso administrativo debe plantear la cuestión al que sea competente dentro del orden civil y suspender el proceso hasta que éste resuelva. B) El órgano contencioso administrativo la puede resolver a todos los efectos y la sentencia que dicte, una vez firme, será título inscribible en el Registro de la Propiedad. C) El órgano contencioso administrativo debe abstenerse y son las partes las que deben plantear la cuestión al órgano competente dentro del orden civil. D) El órgano contencioso-administrativo puede resolverla, pero sin producir efectos fuera del proceso en que se dicte y sin vincular al orden jurisdiccional civil.

El art. 25.1 LJCA dispone que son impugnables ante la jurisdicción contencioso administrativa los Decretos legislativos y las disposiciones de carácter general. A) Contra ellos cabe interponer el recurso directo que persigue su declaración de ilegalidad. B) Contra ellos cabe interponer el recurso indirecto contra los actos dictados en aplicación de las disposiciones de carácter general, que estará fundado en que las disposiciones en las que están basados esos actos administrativos no son conformes a Derecho. C) El art. 25.1 LJCA dispone que también son impugnables los Decretos legislativos y las disposiciones de carácter general. Contra ellos cabe interponer tanto el recurso directo que persigue su declaración de ilegalidad, como el indirecto contra los actos dictados en aplicación de las mismas, que estará fundado en que las disposiciones en las que están basados esos actos administrativos no son conformes a Derecho. D) Ninguna de las opciones anteriores es válida.

En virtud de la Directiva 2006/123/CE, de 12 de noviembre, relativa a los servicios en el mercado interior (Directiva de Servicios): A) El desarrollo de toda actividad queda sometida a la obtención de la previa autorización administrativa. B) La necesidad de autorización para el desarrollo de determinadas actividades ha de justificarse en base a una razón imperiosa de interés general. C) El establecimiento de un régimen de autorización no puede tener carácter discriminatorio excepto en lo relativo a la nacionalidad de las personas que pretenden desarrollar la actividad, ya que la nacionalidad española goza de preferencia en el Estado español. D) La intervención previa de la Administración autorizando el desarrollo de cualquier actividad se sustituye por el control administrativo a posteriori.

El juez de lo contencioso-administrativo: A) Puede establecer cómo debe quedar redactado un reglamento tras su anulación. B) Sólo puede establecer cómo debe quedar redactado un reglamento si tiene efectos favorables para el ciudadano. C) Sólo puede establecer cómo debe quedar redactado un reglamento en materia sancionadora. D) No puede indicar cómo debe redactarse un reglamento anulado.

El Tribunal Constitucional puede resolver sobre un Reglamento: A) Solo en el caso de los recursos de amparo. B) Únicamente en el caso de los recursos de amparo y los conflictos positivos de competencias. C) El Tribunal Constitucional no entra a analizar los reglamentos, solo las leyes y las normas con rango de ley. D) En el caso de recursos de amparo y conflictos de competencia entre dos Administraciones.

En el caso de que un Reglamento incurra en ilegalidad: A) Todo el reglamento es nulo de pleno derecho. B) El reglamento puede ser anulable, si ha incurrido en desviación de poder. C) El reglamento será nulo en el caso de las normas que se vean afectadas por la ilegalidad. D) El reglamento será anulable, si incurre en arbitrariedad.

Cuando una norma vulnera la Constitución: A) Queda excluida cualquier tipo de indemnización. B) La apreciación de responsabilidad es automática aunque no afectará a situaciones jurídicas individualizadas que hubieran ganado firmeza. C) Procederá su indemnización cuando el particular haya obtenido en cualquier instancia sentencia firme desestimatoria de un recurso contra la actuación administrativa lesiva y siempre que ésta sea consecuencia de la aplicación de una ley. D) Sólo serán indemnizables los daños producidos en el plazo de los 5 años posteriores a la publicación de dicha norma.

Si existen varias Administraciones parcialmente responsables: A) Responderán frente al particular, en todo caso, de forma solidaria. B) Se reclamará a cada Administración la parte del daño que le sea atribuible. C) Se responderá de forma solidaría sólo cuando las Administraciones implicadas son el Estado y una Comunidad Autónoma. D) El vínculo de la solidaridad sólo se aplica cuando los coautores son una Administración y un particular.

Si se interpone un recurso de alzada contra una desestimación presunta y, pasado el plazo establecido, la Administración no dicta una resolución expresa: A) Se entenderá desestimado (silencio negativo). B) No es admisible un recurso contra un acto presunto, porque siempre hay que esperar a la resolución expresa. C) Se entenderá estimado (silencio positivo). D) No se podrá hacer nada, debiendo esperar a que el recurso sea resuelto expresamente.

La fecha de iniciación de los procedimientos iniciados a solicitud del interesado es: A) La fecha del acuerdo de iniciación dictada por el órgano competente para su tramitación. B) La fecha en que se presenta la solicitud en cualquier registro admitido por la ley o en la oficina de correos. C) La fecha en que la solicitud ha tenido entrada en el registro del órgano competente para su tramitación. D) El día siguiente a la fecha en que la solicitud ha tenido entrada en el registro del órgano competente para su tramitación.

Una diferencia entre la autorización y la concesión es que: A) Mediante la autorización se cede a un particular la facultad de explotar un bien o servicio de titularidad de la Administración, mientras que en virtud de la concesión la Administración permite el ejercicio de un derecho tras haber verificado que lo pretendido se ajusta a la legalidad. B) La autorización requiere el abono del correspondiente canon, lo cual no sucede con la concesión. C) Como regla general, las autorizaciones tienen carácter indefinido, mientras que las concesiones se someten a plazo. D) Las autorizaciones sólo pueden ser reales y las concesiones personales.

Señala la respuesta correcta: A) La comunicación es un documento mediante el que las personas interesadas ponen en conocimiento de la Administración sus datos identificativos o cualquier otro dato relevante para el inicio de una actividad o el ejercicio de un derecho. B) La coacción directa supone la ejecución forzosa de un acto administrativo previo incumplido por parte de la persona obligada. C) La respuesta positiva dada por la Administración a una declaración responsable presentada por la persona interesada implica el reconocimiento del título habilitante necesario para desarrollar la actividad correspondiente. D)Las actas de inspección dan fe de su contenido y no admiten prueba en contrario.

Elige la respuesta correcta: A) La responsabilidad patrimonial exige un comportamiento negligente de la Administración. B) La delimitación de derechos lleva aparejada indemnización por parte de la Administración. C) La expropiación forzosa exige que la causa de utilidad pública e interés social sea fijada por la Ley. D) La responsabilidad patrimonial y la expropiación forzosa requieren una previa indemnización por parte de la Administración antes de que se causen daños a los particulares.

Tras el envío del expediente administrativo por parte de la Administración al Juzgado o Sala, si las partes estimasen que el mismo no está completo: A) Podrán solicitar que se reclamen los antecedentes para completarlo, si bien la decisión no se adoptará hasta que se dicte el auto de recibimiento del proceso a prueba. B) Podrán solicitar que se reclamen los antecedentes para completarlo y se suspenderá el curso del plazo correspondiente para formular la demanda o la contestación. C) No será necesario que las partes reclamen los antecedentes para completar el expediente, dado que es el Juzgado o Sala quien reclama el expediente administrativo de oficio, si observa alguna irregularidad. D) La ley no prevé la posibilidad de completar el expediente administrativo una vez remitido éste al Juzgado o Sala por parte de la Administración.

Acude a su despacho un cliente con un asunto cuya cuantía es de 6.800 €. Tras serle desestimado el oportuno recurso en vía administrativa, usted decide acudir a la vía contenciosa tramitándose el asunto por procedimiento abreviado. ¿Cuál es la cuantía máxima por la que los asuntos se han de tramitar por este tipo de procedimiento?. A) 3.000 euros. B) 9.000 euros. C) 30.000 euros. D) 18.000 euros.

La Sra. Romero, cliente habitual de su despacho, le encarga la la interposición de un recurso contencioso-administrativo contra una resolución del Ayuntamiento cuya competencia es del Juzgado delo Contencioso-Administrativo. La Sra. Romero le pregunta si además de abogado necesita también procurador para su representación. Usted le informa que: A) Todos los recursos deben ir firmados por procurador. B) No es necesaria la intervención del procurador ante el juzgado en la vía contencioso-administrativa. C) La intervención de procurador es preceptiva sólo si el asunto se tramita como procedimiento ordinario. D) La intervención de procurador es preceptiva sólo si el asunto se tramita como procedimiento abreviado.

Usted ha interpuesto recurso contencioso administrativo contra una resolución del Ayuntamiento por la que se le denegaba a su cliente la concesión de una ayuda pública. Concedido por el Juzgado el plazo de veinte días para deducir demanda, comprueba que dicho plazo ya ha transcurrido sin que se haya presentado escrito alguno. ¿Cuál sería la actuación correcta del abogado?. A) Informar al cliente que ha habido un error profesional y que puede ponerlo en conocimiento del Colegio de Abogados al que usted pertenece, ya que tiene seguro de responsabilidad civil. B) No informar al cliente y, cuando pase un tiempo, decirle que ha perdido el pleito. C) Presentar la demanda dentro del día en el que se le notifica que el trámite ha caducado. D) Presentar un nuevo recurso en vía administrativa contra el mismo acto reabriendo la vía contenciosa.

La Ley 39/2015 del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, establece que: A) Por ley pueden incluirse trámites distintos a los contemplados en ella y reglamentariamente pueden establecerse especialidades del procedimiento referidas a las formas de iniciación. B) Sólo por ley pueden incluirse trámites distintos a los contemplados en ella y especialidades del procedimiento referidas a las formas de iniciación. C) Reglamentariamente pueden incluirse trámites distintos a los contemplados en ella y especialidades del procedimiento referidas a las formas de iniciación. D) Por ley pueden establecerse especialidades del procedimiento referidas a las formas de iniciación y reglamentariamente pueden incluirse trámites distintos a los contemplados en ella.