TEST DE ADMIN (COSITAS)

1.- De acuerdo con la Constitución Española, art. 103.1 la Administración Pública “sirve con objetividad los intereses generales”. Esto significa: a.- Que persigue sus propios intereses. b.- Que la Administración no tiene intereses propios. c.- Que protege los intereses individuales.

2.- Las Administraciones Públicas son sujetos que se encuentran: a.- En una situación de superioridad en relación con los particulares. b.- En una situación de inferioridad en relación con los particulares. c.- En una situación de igualdad en relación con los particulares.

3.- La expresión “autotutela administrativa” expresa: a.- La posición jurídica de la Administración de protección de sus propios intereses. b.- La posición jurídica de la Administración en relación con los tribunales de justicia. c.- La posición jurídica de la Administración en relación con los intereses privados.

4.- Algunas decisiones de la Administración Públicas no pueden impugnarse directamente ante los Tribunales de Justicia. La expresión para describir esta situación es: a.- Agotamiento previo de la vía judicial. b.- Agotamiento previo de la vía contencioso-administrativa. c.- Agotamiento previo de la vía administrativa.

5.- La Administración pública manifiesta su voluntad: a.- De forma libre. b.- De forma libre, salvo que su actuación afecte o pueda afectar derechos fundamentales. c.- De acuerdo con el procedimiento legalmente establecido.

6.- La Universidad de Alcalá está ejecutando obras de remodelación del edificio que acoge el CRAI (Plaza San Diego). El Ayuntamiento le ha notificado una resolución mediante la cual le ordena reiterar unos escombros de la vía pública. ¿qué puede hacer el Ayuntamiento si la Universidad no retira los escombros?. a) Solicitar la asistencia de los Tribunales de Justicia. b) Denunciar a la Universidad ante la policía local. c) Ninguna de las anteriores:.

7.- La relación de la Administración Pública con el principio de legalidad se ha explicado mediante: a) El principio de vinculación negativa. b) El principio de vinculación positiva. c) El otorgamiento a la Administración Pública de derechos y obligaciones.

8.- El ordenamiento jurídico atribuye potestades a la Administración Pública. En ocasiones, la potestad define de forma detallada y completa la actuación de la Administración. Este tipo de potestades se denominan: Discrecional. Reglada. Facultativa.

9..-El Derecho que rige la actuación de la Administración Pública: a) Es siempre de Derecho Administrativo por ser un poder público. b) No se aplica el Derecho Administrativo cuando la Administración recurre a formas jurídicas privadas para el desarrollo de actividades mercantiles. c) Es siempre Derecho Administrativo, salvo ejercicio de autoridad.

10. En el caso de que la Administración Pública ejerza una potestad discrecional: a) El control judicial es más limitado que en el caso de las potestades regladas. b) El control judicial es más amplio que las potestades regladas. c) El control judicial es idéntico a que si la Administración pública ejerce potestades regladas.

11. El Derecho administrativo se aplica a determinadas actividades del Tribunal Constitucional. V. F.

12. Las Administraciones Públicas gozan de una única personalidad jurídica para todas ellas. V. F.

12. Las Administraciones Públicas gozan de una única personalidad jurídica para todas ellas. V. F.

14. La Administración Pública es la organización estatal que ejecuta el ordenamiento jurídico para satisfacer los intereses generales, pero no cuenta con poder para aprobar normas jurídicas. V. F.

15. Una decisión del Consejo General del Poder Judicial relativa a personal o gestión patrimonial es revisable por un juez civil. V. F.

16. Los actos administrativos pueden ser impugnados mediante recursos administrativos y recursos contencioso-administrativo. V. F.

17. Los actos de las Administraciones Públicas están amparados por una presunción iure et de iure sobre su validez. V. F.

18. Un acto dictado por el Rector de la Universidad de Alcalá agota la vía administrativa. V. F.

13.- Con la finalidad de que la Administración Pública pueda cumplir con sus funciones, el ordenamiento jurídico otorga a la Administración Pública: Derechos. Derechos fundamentales. Potestades.

14.- El Derecho Administrativo se nutre intensamente del Derecho Europeo. La siguiente definición: “Acto jurídico emanado de las instituciones de la UE caracterizado por tener alcance general, ser obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable en todos los Estados miembros” corresponde a: Directiva. Reglamento. Decisión.

15.- Por regla general, la Administración Pública actúa ante los Tribunales de Justicia como: Demandante. Demandado. Ninguna de las anteriores.

El control judiciales sobre la actuación de la Administración Pública es. Por regia general, preventivo. A posteriori. Concomitante.

La interposición de un recurso en contra de la actuación ce la Administración Pública ante un juez o Tribunal de Justicia. No suspende las efectos de la actuación. Suspende automáticamente los efectos de la actuación. Suspende automáticamente los efectos de la actuación si así se solicita.

La autotutela administrativa: Ampara, por regla general, todas las actuaciones de la Administración. No ampara las actuaciones de la Administrativa sujetas a Derecho privado. Ampara todas las actuaciones de la Administración, incluida la vía de hecho.

La expresión "via de hecho" alude a: Todas las actividades materiales realizadas por la Administración. Las actividades de comprobación fáctica de la Administración. Actuación no amparada en una resolución administrativa o sin sujección a procedimiento o competencia.

La tutela judicial efectiva. Es un derecho fundamental y comporta acceso al proceso judicial. Es una potestad de la Administración para el cumplimiento de sus fines. ninguna de las anteriores.

La Provincia es. Una entidad local determinada por la agrupación de municipios. Una entidad autonómica que agrupa a uno o verlos municipios. Ninguna de las anteriores.

En el caso de un procedimiento administrativo de otorgamiento de subvenciones económicas en beneficio de zonas despobladas de Guadalajara iniciado de oficio, la falta de resolución expresa dentro de plazo por parte de la Administración Pública conduce a. Caducidad. Silencio negativo. Silencio positivo.

Para delimitar el ámbito de aplicación de la Jurisdicción contencioso-administrativa la LJCA establece que los jueces y tribunales del orden contencioso-administrativo conocerán las pretensiones que se deduzcan en relación con la actuación de las administraciones públicas... (art. 1). La alusión a "actuación" quiere decir: Que la competencia de la Jurisdicción se circunscribe a los actos administrativos. Que la competencia de la Jurisdicción se limita a los actos administrativos y determinados actos políticos. Ninguna de las anteriores.

La Administración Pública tiene el deber de resolver de forma expresa y notificar los procedimientos administrativos en el plazo establecido. Una vez que transcurre dicho plazo: Dicho deber finaliza, sin perjuicio de los efectos previstos por el ordenamiento jurídico como es el caso del silencio. Dicho deber finaliza salvo el caso de los procedimientos iniciados de oficio. Ninguna de las anteriores.

El agotamiento previo de la vía administrativa implica que: Que no es posible impugnar un acto de la Administración ante el juez si previamente no se ha interpuesto un recurso de reposición. Que no es posible impugnar un acto de la Administración ante el juez si previamente no se ha interpuesto un recurso de alzada. Que no es posible impugnar un acto de la Administración ante el juez si previamente no se ha interpuesto un recurso administrativo ordinario.

La desviación de poder es un vicio que da origen: Anulabilidad de pleno Derecho. Anulabilidad. Por regla general, nulidad de pleno derecho.

¿Es posible establecer una causa de nulidad de pleno derecho mediante una norma reglamentaria?: Si. En ningún caso. No, por regla general.

La nulidad de pleno derecho se produce por vicios que: Están señalados por el legislador específicamente en un listado cerrado. La Ley 39/2015 establece un listado que, sin embargo, puede ser ampliado. Se determinan caso a caso en función de su gravedad.

Cuando la Administración actúa en relaciones de Derecho Administrativo y por regla general: Sus decisiones son vinculantes, pero sus efectos se suspenden automáticamente con la interposición de una demanda ante los Juzgados y Tribunales del orden contencioso-administrativo. Sus decisiones se presumen válidas y son de obligado cumplimiento, pero sólo un Juzgado o Tribunal del orden contencioso-administrativo puede llevar a cabo la ejecución forzosa de las mismas,. Sus decisiones producen efectos desde la fecha en que se notifican o publican y deben cumplirse, pudiendo ejecutarse forzosamente por la propia Administración, aunque el interesado haya interpuesto el oportuno recurso.

La vinculación positiva de la Administración a la ley y al Derecho supone: Que la Administración debe hacer todo lo posible para que las leyes se cumplan por parte de todos, tanto autoridades y funcionarios como ciudadanos. Que la Administración no puede regular ninguna materia si no ha sido regulada antes por la ley en sus aspectos esenciales. Que la Administración sólo puede hacer aquello que la ley le permite.

Se entiende por desviación de poder: Toda actuación administrativa que supone un uso desviado o fraudulento de los recursos públicos. Una actuación de la Administración que persigue fines distintos a aquellos para los que se otorgaron las facultades que se ejercen. Una decisión administrativa adoptada en un supuesto distinto del previsto por las normas jurídicas para adoptarla.

Existe discrecionalidad técnica: Cuando el ordenamiento jurídico atribuye a la Administración un ámbito de apreciación para adoptar decisiones en virtud de criterios técnicos o profesionales. Cuando las leyes determinan que una decisión administrativa debe ser adoptada por órganos de composición exclusivamente técnica. Cuando el ordenamiento jurídico ordena a los jueces que valoren las decisiones administrativas con criterios exclusivamente técnicos.

Si la Administración se separa del criterio que ha seguido en actuaciones precedentes: Vulnera el derecho a la igualdad jurídica. Tiene simplemente la obligación de motivar por qué se separa del precedente. Está infringiendo el principio de seguridad jurídica.

En las materias reservadas a la ley: No es posible dictar reglamentos. El reglamento sólo puede constituir un complemento indispensable de la regulación legal, en aspectos secundarios, técnicos o de detalle. No pueden dictarse reglamentos independientes, salvo que se trate de materias relativas a la organización administrativa.

Indique cuál de las siguientes respuestas no es correcta: Los Jueces o Magistrados de cualquier orden jurisdiccional pueden inaplicar un reglamento que consideren ilegal en un caso concreto. Cuando un Juez o Magistrado considere que un reglamento es ilegal, deberá plantear una cuestión de inconstitucionalidad. Según la jurisprudencia, el recurso indirecto frente a un reglamento no cabe cuando el mismo adolece de defectos formales derivados de su procedimiento de elaboración.

8. En el caso de los órganos administrativos colegiados y según la legislación general: Los acuerdos se adoptan por unanimidad o consenso, salvo que algún miembro del órgano solicite votación por mayoría. Los acuerdos se acuerdan por mayoría absoluta de los miembros del órgano, salvo que una ley establezca otra cosa. Los acuerdos se adoptan por mayoría simple de votos a favor, salvo que las normas aplicables a cada órgano prevean mayorías cualificadas.

Las competencias propias de los municipios: Se establecen exclusivamente por las leyes de Administración Local propias de cada Comunidad Autónoma,. Deben ejercerse necesariamente por los propios municipios y no pueden ejercerse por las mancomunidades municipales. Se regulan por las leyes sectoriales en las materias previstas en la Ley de Bases del Régimen Local como de la competencia municipal.

Las llamadas autoridades independientes son: Órganos de la Administración nombrados por el Parlamento para la defensa de los derechos de los ciudadanos. Organismos públicos de la Administración no sujetos a instrucciones políticas del Gobierno para garantizar una mayor imparcialidad en el ejercicio de sus funciones. Organismos autónomos que coordinan con independencia la actividad de la Administración del Estado con las Comunidades Autónomas y la Administración local.

En ocasiones, el ordenamiento jurídico no regula con exactitud lo que debe hacer la Administración ante un supuesto de hecho, sino que le atribuye la capacidad de aplicar la norma de diversos modos. En este caso, se habla de potestades: regladas. discrecionales. predeterminada.

Una potestad discrecional implica que: La Administración debe limitarse estrictamente a ejecutar lo dispuesto en el ordenamiento jurídico. Que la Administración completa el mandato legal aplicando al caso concreto una única solución justa. Que la Administración elige una entre varias alternativas posibles, dentro del margen que permite la Ley.

El poder discrecional es: Por regla general, ilimitado. Siempre ilimitado. Limitado.

En el caso de la denominada “discrecionalidad técnica”, el control de los jueces y de los tribunales de justicia: No entra, salvo error manifiesto en el núcleo de la decisión (valoración económica, técnica y/o científica). Se ejerce plenamente. Por regla general, se ejerce sobre el núcleo de la decisión (valoración económica, técnica y/o científica).

El Ayuntamiento de Alcalá ha decidido poner en marcha un nuevo servicio público de tranvía el cual para determinadas franjas de edad tendrá carácter gratuito. Esta decisión es una manifestación de: Una potestad reglada por parte de la Administración local. Una potestad discrecional de carácter político de la Administración local. Una potestad discrecional de carácter técnico de la Administración local.

Un concepto jurídico indeterminado se caracteriza por: Presentar una indefinición inicial pero una solución justa o correcta. Ofrecer varias alternativas posibles. Ninguna de las anteriores.

La discrecionalidad política puede calificarse como: Una discrecionalidad débil. Una discrecionalidad fuerte. Un poder ilimitado.

En el caso de que la denegación de una licencia urbanística se considere ilegal, la carga de acudir al juez contencioso-administrativo recae: En el autor de la licencia. En la Administración Local. En el solicitante de la licencia.