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El Ayuntamiento ha denegado una licencia a Pérez, S.A. y notifica a ésta la resolución el 2 de febrero de 2025, indicando que tiene un mes para presentar un recurso de reposición contado a partir del día siguiente a la notificación. ¿Qué día acaba el plazo para recurrir?. A. El 3 de marzo de 2025 porque el 2 de marzo es inhábil. B. El 5 de marzo de 2025. C. El 2 de marzo de 2025, aunque sea domingo. D. El plazo para el recurso de reposición no es de 1 mes sino de 30 días hábiles.

A Pedro se le notifica un Decreto de Alcaldía de carácter sancionador en fecha 31 de enero de 2019, jueves. ¿Cuándo venció el plazo para interponer el recurso potestativo de reposición?. A. El 4 de marzo de 2019, lunes, porque el cómputo de 30 días naturales del plazo para recurrir terminó el 2 de marzo. Como se trataba de un sábado, el plazo se prorroga al primer día hábil siguiente, esto es, el 4 de marzo. B. El 14 de marzo de 2019, jueves, porque para el cómputo del plazo de un mes para recurrir hay que descontar todos los sábados y domingos, dado que solo computan los días hábiles. C. El 28 de febrero de 2019, jueves, porque los plazos señalados en meses se computan de fecha a fecha y, dado que en el mes de vencimiento no hay día equivalente al 31 de enero, el plazo expira el último día del mes. D. El 1 de marzo de 2019, viernes, porque el plazo empieza a contarse desde el día siguiente al de la notificación.

El lunes 30 de julio de 2018, el Ayuntamiento de Madrid notificó a Rosa una resolución por la que le impuso una multa de 1.000 € en un expediente de autorización de terraza de un bar. Rosa quería interponer un recurso contencioso-administrativo. ¿En qué fecha venció el plazo de interposición del recurso?. A. El domingo 30 de septiembre de 2018. B. El lunes 1 de octubre de 2018. C. El martes 30 de octubre de 2018. D. El miércoles 31 de octubre de 2018.

Además de la impugnación directa de un reglamento ilegal en vía contencioso-administrativa: A. Es posible la impugnación directa en vía administrativa mediante el recurso de reposición. B. Es posible la impugnación directa en vía administrativa mediante la previa declaración de lesividad del reglamento. C. Es posible la impugnación del reglamento cuando se impugne cualquier acto de ejecución del mismo en vía contencioso-administrativa, fundada en que el reglamento es contrario a Derecho. D. Es posible mediante el planteamiento de la cuestión de ilegalidad directa ante el Tribunal Constitucional.

Contra el acto administrativo expreso que no ponga fin a la vía administrativa el interesado podrá interponer el recurso de alzada: . A. En el plazo de un mes, y se interpondrá ante el órgano que deba fiscalizar el cumplimiento de la resolución recurrida. B. En el plazo de quince días a partir del día en que, de acuerdo con su normativa específica, se produzcan los efectos del silencio administrativo. Se interpondrá, necesariamente, ante el mismo órgano que dictó el acto. C. En el plazo de un mes, contado de fecha a fecha, a partir del día siguiente a aquel en que haya sido notificado. Se interpondrá ante el órgano que dictó el acto o ante el competente para resolverlo. D. En el plazo de un mes, contado a partir del día en que fue dictado. Se interpondrá ante el superior jerárquico del órgano que lo dictó.

¿Cuál es el plazo máximo en que la Administración debe notificar la resolución expresa en un procedimiento administrativo iniciado a solicitud del interesado para el que la norma reguladora no fija plazo máximo?. A. 3 meses. B. 6 meses. C. 1 año. D. No existe obligación para la Administración de notificar resolución expresa en los procedimientos iniciados a solicitud del interesado.

Señala la cuestión cuyo conocimiento corresponde al orden jurisdiccional contencioso -administrativo: A. El recurso contencioso-disciplinario militar. B. La responsabilidad patrimonial de las Administraciones públicas. C. Los conflictos de atribuciones entre órganos de una misma Administración. D. Cualquier cuestión expresamente atribuida al orden jurisdiccional civil, siempre que esté relacionada con la actividad de la Administración pública.

¿En qué consiste un contrato de concesión de obras y qué contraprestación puede conllevar?. A. La concesión de obras es un contrato que tiene por objeto la realización por el concesionario de algunas de las prestaciones a que se refiere el contrato de obras y en el que la contraprestación a favor de aquel consiste únicamente en percibir un precio. B. La concesión de obras es un contrato que tiene por objeto la realización por el concesionario de algunas de las prestaciones a que se refiere el contrato de obras y en el que la contraprestación a favor de aquel consiste en el derecho a explotar la obra o en dicho derecho acompañado del de percibir un precio. C. La concesión de obras es un contrato que tiene por objeto la realización por el concesionario de algunas de las prestaciones a que se refiere el contrato de obras y en el que la contraprestación a favor de aquel consiste únicamente en el derecho a explotar la obra. D. La concesión de obras es un contrato que tiene por objeto la gestión de un servicio y en el que la contraprestación consiste en el derecho a percibir un precio.

En el ámbito de los contratos del sector público, son contratos de suministro: A. Los que tienen por objeto la adquisición, el arrendamiento financiero o el arrendamiento, con o sin opción de compra, de productos o bienes muebles. B. Los que tienen por objeto la ejecución de una obra, aislada o conjuntamente con la redacción del proyecto. C. Los que tienen por objeto prestaciones de hacer consistentes en el desarrollo de una actividad. D. Los que contienen prestaciones correspondientes a contratos de distinta clase.

El Pleno del Ayuntamiento ha decidido implantar una nueva línea de autobuses para dar servicio dentro del término municipal. ¿Cuál de las siguientes opciones es viable para la prestación del servicio por un empresario privado?. A. A través del contrato de concesión de servicios, si el contratista asume el riesgo económico. B. A través del contrato de servicios, si el contratista asume el riesgo económico. C. A través del contrato de concesión de servicios, si el riesgo económico es asumido por la Administración. D. A través del contrato de gestión de servicios públicos en el que el riesgo lo asume el contratista, salvo fuerza mayor o caso fortuito, en cuyo caso lo asumirá la Administración.

Las disposiciones sancionadoras en el ámbito administrativo producirán efecto retroactivo: A. En ningún caso. Siempre se aplicará la disposición sancionadora vigente en el momento de producirse los hechos que constituyan la infracción administrativa. B. En todo caso. C. Únicamente en cuanto favorezcan al presunto infractor o al infractor, tanto en lo referido a la tipificación de la infracción como a la sanción y a sus plazos de prescripción. D. Únicamente en cuanto favorezcan al presunto infractor o al infractor y exclusivamente en lo relativo a los plazos de prescripción.

Conforme a la Ley de Expropiación Forzosa, en el procedimiento general u ordinario de expropiación, ¿cuándo podrá llevarse a cabo la ocupación de la finca expropiada o el ejercicio del derecho expropiado?. A. Una vez que haya quedado determinado el justiprecio. B. Una vez que se haya hecho efectivo el justiprecio o, en su caso, haya sido consignado en legal forma. C. Una vez que la Administración expropiante, cualquiera que sea ésta, declare que procede la ocupación. D. Una vez que el Jurado de Expropiación correspondiente lo autorice.

En el ámbito de la expropiación forzosa, ¿puede ocuparse en algún caso el bien expropiado antes de proceder al pago del justiprecio?. A. Sí, cuando la Administración expropiante declare que se trata de un supuesto de fuerza mayor o de extrema necesidad. B. No, en ningún caso. C. Sí, cuando así se haya pactado entre expropiante y expropiado. D. Sí, cuando se trate de un supuesto de expropiación urgente, efectuado el depósito y abonada o consignada, en su caso, la previa indemnización por perjuicios.

En el ámbito de la expropiación forzosa, las tasaciones de los bienes y derechos expropiables se efectuarán con arreglo al valor que tengan éstos: A. Al tiempo de iniciarse el expediente de expropiación. B. En el momento de extenderse el acta de ocupación. C. En el momento de la constitución del Jurado Provincial de Expropiación. D. Al tiempo de iniciarse el expediente de justiprecio.

El Jurado Provincial de Expropiación acaba de dictar resolución fijando el justo precio que corresponde al bien expropiado, pero no estamos conformes. ¿Es posible recurrir la resolución del Jurado Provincial de Expropiación?. A. Sí, primero recurso de alzada y, en su caso, si no nos es favorable, ante los órganos de la jurisdicción contencioso-administrativa. B. Sí, pero como tal resolución agota la vía administrativa, únicamente podemos acudir a la vía contencioso-administrativa. C. No. Estamos ante un acto de trámite y, por tanto, no es susceptible de recurso, sin perjuicio de ejercer los recursos que procedan contra la resolución que finalmente decrete la expropiación del bien. D. No. Dicha resolución no es susceptible de recurso alguno, pero sí puede pedirse al Jurado Provincial su reconsideración, a la vez que se aporta una tasación pericial contradictoria.

¿En qué plazo se puede interponer el recurso contencioso-administrativo?. A. 6 meses desde el día siguiente al de la publicación de la disposición impugnada. B. 2 meses desde el día siguiente al de la publicación de la disposición impugnada o de la notificación del acto que ponga fin a la vía administrativa, si fuera expreso. C. 2 meses, en el supuesto de acto presunto. D. 3 meses, en el supuesto de acto presunto.

Entre las circunstancias tasadas en las que puede fundarse un recurso extraordinario de revisión frente a un acto firme en vía administrativa, se encuentra: A. Que en la resolución administrativa se haya prescindido total y absolutamente de las normas que contienen las reglas esenciales para la formación de la voluntad de los órganos colegiados. B. Que en la resolución administrativa hayan influido esencialmente documentos declarados falsos por sentencia judicial firme, pero solo si la sentencia fue dictada con anterioridad a la resolución. C. Que en la resolución hayan influido esencialmente testimonios declarados falsos por sentencia judicial firme, anterior o posterior a aquella resolución. D. Que la resolución administrativa tenga un contenido imposible.

¿Ante qué órgano administrativo se interpone el recurso extraordinario de revisión?. A. Ante el órgano administrativo superior al autor de la resolución administrativa firme. B. Ante el órgano administrativo que dictó la resolución. C. Indistintamente ante el órgano autor de la resolución administrativa o ante su superior jerárquico, encargado de resolverlo. D. Ante el órgano directivo superior al autor de la resolución que tenga, al menos, rango de Director general o equivalente, en función de la Administración Pública de que se trate.

Juan es propietario de una finca rústica. Con ocasión de la construcción de una carretera promovida por la Diputación Provincial, descubre que dicho terreno ha sido invadido por las máquinas de las obras, habiendo utilizado la constructora el terreno como base de operaciones. No le ha sido notificado expediente alguno relacionado con dichas obras, ni aparece en ninguna publicación. ¿Qué tipo de actuación ha llevado a cabo la Administración frente a Juan?. A. Inactividad prestacional. B. Inactividad por inejecución de actos firmes. C. Actuación material en vía de hecho. D. Contrato civil de arrendamiento.

Julia quiere abrir un supermercado en su localidad. ¿Qué tiene que solicitar o presentar en su Ayuntamiento para poder comenzar con la explotación?. A. Deberá solicitar una licencia y esperar a su resolución para comenzar la explotación. B. Deberá solicitar una concesión de actividad y esperar a su resolución para comenzar la explotación. C. Deberá presentar declaración responsable o comunicación previa, pudiendo una vez presentada iniciar la explotación. D. Deberá presentar declaración responsable o comunicación previa, debiendo esperar para iniciar la explotación a resolución expresa del Ayuntamiento.

En una reclamación presentada conjuntamente por varios interesados las actuaciones se entenderán: A. Con todos ellos, si no han designado un representante común para todos. B. Se les requerirá para que designen un representante en el plazo de diez dias. Si no lo designaren se les tendrá por desistidos de su solicitud. C. Si han designado de forma expresa un representante o un interesado, se entenderán las actuaciones con él. En otro caso, con el interesado que figure en primer lugar en la reclamación. D. Se les requerirá para que designen un único domicilio en el que recibir las notificaciones, que se entenderán hechas a todos ellos personalmente.

En un procedimiento contencioso-administrativo un particular deberá estar obligatoriamente representado por procurador y defendido por abogado en uno de los casos siguientes: A. Cuando la cuantía del procedimiento sea indeterminada o superior a 30.050 euros. B. Cuando el órgano competente sea colegiado, cualquiera que sea la cuantía o instancia del procedimiento. C. Cuando el órgano competente sea unipersonal y se recurra una resolución de la Administración General del Estado o de los órganos superiores de una Administración autonómica. D. Cuando el órgano competente sea unipersonal y la resolución recurrida haya sido dictada por un Ministro o Secretario de Estado.

En un expediente de expropiación forzosa en el que no haya comparecido ningún titular de un bien expropiable, se entenderán las actuaciones con: A. El Ayuntamiento donde radique el bien a expropiar, sin perjuicio de llamar por edictos al titular de dicho bien. B. La Subdelegación del Gobierno donde radique el Jurado de Expropiación Forzosa, a fin de que se haga cargo del justiprecio para ingresarlo en la Caja General de Depósitos. C. El Ministerio Fiscal de la Provincia donde radique el bien expropiado. D. Nadie. Se ingresará el justiprecio directamente en la Caja General de Depósitos a disposición de quien resulte titular del bien expropiado.

CAFÉ DEL MAR, S.A. ha solicitado al Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 el otorgamiento de una concesión para la ocupación del dominio público marítimo-terrestre en el municipio de Alicante. Ha transcurrido el plazo máximo sin que el Ministro, competente para resolver, haya dictado resolución expresa. ¿Qué puede hacer CAFÉ DEL MAR, S.A.?. A. Entender la solicitud desestimada por silencio administrativo, pudiendo CAFÉ DEL MAR, S.A. presentar recurso de alzada ante el propio Ministro. B. Entender la solicitud desestimada por silencio administrativo, pudiendo CAFÉ DEL MAR, S.A. presentar bien recurso de reposición ante el propio Ministro o recurso contencioso-administrativo contra dicha desestimación. C. Entender la solicitud estimada por silencio administrativo y CAFÉ DEL MAR, S.A. deberá en todo caso solicitar al Ministro certificado acreditativo de dicho silencio. D. Entender la solicitud estimada por silencio administrativo. El Ministro expedirá de oficio el certificado acreditativo de dicho silencio en el plazo de quince días desde que expire el plazo máximo para resolver el procedimiento.

El Ayuntamiento de Madrid notifica a Miguel el inicio de un procedimiento sancionador en su contra. Miguel, en desacuerdo con la infracción que se le imputa, quiere interponer un recurso contencioso-administrativo contra el acuerdo de iniciación del procedimiento sancionador. ¿Puede interponer dicho recurso?. A. Sí, puede interponer un recurso-contencioso administrativo al tratarse de un acto definitivo que pone fin a la vía administrativa. B. Sí, puede interponer un recurso-contencioso administrativo al tratarse de un acto de trámite que pone fin a la vía administrativa. C. No puede interponer un recurso-contencioso administrativo al tratarse de un acto de trámite que no decide directa o indirectamente el fondo del asunto, no determina la imposibilidad de continuar el procedimiento ni produce indefensión o perjuicio irreparable a derechos o intereses legítimos. D. No puede interponer un recurso-contencioso administrativo al tratarse de un acto que no pone fin a la vía administrativa.

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible expropió a Gabriel en el año 2023 una finca de su propiedad para la construcción de una carretera. Tras un año de paralización de las obras, el 6 de septiembre de 2024 el Ministerio anunció a través de los medios de comunicación que abandonaba el proyecto por falta de fondos, notificándose dicho propósito a Gabriel el 18 de septiembre de 2024. ¿Puede Gabriel ejercer el derecho de reversión?. Si el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible no ha desafectado la finca expropiada, no habrá derecho de reversión, puesto que aquel puede decidir dedicarla a otra causa de utilidad pública o interés social. Dado que no se ha ejecutado la obra, Gabriel puede ejercer el derecho de reversión durante el plazo de 3 meses a contar desde la fecha en la que la Administración anunció a Gabriel el propósito de no ejecutar la obra. Dado que no se ha ejecutado la obra, Gabriel puede ejercer el derecho de reversión durante el plazo de 3 meses a contar desde la fecha en la que la Administración notificó a Gabriel el propósito de no ejecutar la obra, es decir, hasta el 18 de diciembre de 2024. Dado que no se ha ejecutado la obra, Gabriel puede ejercer el derecho de reversión en cualquier momento, sin que exista plazo para la presentación de dicha solicitud.

Pedro ha interpuesto una reclamación de responsabilidad patrimonial contra la Administración competente por valor de 80.000 euros por los daños que ha sufrido su vivienda como consecuencia de unas obras en su calle. ¿Será preceptivo el informe del Consejo de Estado o del órgano consultivo de la Comunidad Autónoma?. A. Sí, en todos los procedimientos de responsabilidad patrimonial es preceptivo solicitar dictamen del Consejo de Estado o, en su caso, del órgano consultivo de la Comunidad Autónoma. B. Sí, siempre que la indemnización reclamada sea de cuantía igual o superior a 10.000 euros es preceptivo solicitar dictamen del Consejo de Estado o, en su caso, del órgano consultivo de la Comunidad Autónoma. C. Sí, siempre que la indemnización reclamada sea de cuantía igual o superior a 50.000 euros es preceptivo solicitar dictamen del Consejo de Estado o, en su caso, del órgano consultivo de la Comunidad Autónoma. D. No, el dictamen del Consejo de Estado en los procedimientos de responsabilidad patrimonial es facultativo siempre.

A Jaime le acaban de notificar la inadmisión de un recurso de alzada que presentó contra un acto del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030. ¿Requiere motivación dicha inadmisión?. A. No, porque únicamente deben ser motivados, con sucinta referencia de hechos y fundamentos de derecho, los actos que resuelvan sobre el fondo del recurso planteado, no los que resuelvan sobre la admisión del mismo. B. Sí, porque deben ser motivados, con sucinta referencia de hechos y fundamentos de derecho, los actos que resuelvan la inadmisión de un recurso administrativo. C. Sí, porque deben ser motivados, con sucinta referencia de hechos y fundamentos de derecho, los actos que resuelvan la inadmisión de un recurso administrativo, pero únicamente si éste se inadmite por estar fuera de plazo. D. No, porque únicamente deben ser motivados, con sucinta referencia de hechos y fundamentos de derecho, los actos que limiten derechos subjetivos o los intereses legítimos de Jaime, pero nunca los referidos a recursos administrativos.

RUIDERA, S.L. solicitó una autorización al Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 que fue denegada. Dicha resolución no pone fin a la vía administrativa y RUIDERA, S.L. quiere saber qué recursos administrativos puede interponer. A. RUIDERA, S.L. puede interponer recurso de alzada en el plazo de 1 mes, tras lo cual podrá interponer recurso de reposición o recurso contencioso-administrativo. B. RUIDERA, S.L. puede interponer recurso de alzada en el plazo de 3 meses, tras lo cual podrá interponer recurso de reposición o recurso contencioso-administrativo. C. RUIDERA, S.L. puede interponer recurso de alzada en el plazo de 1 mes, tras lo cual podrá interponer recurso contencioso-administrativo. D. RUIDERA, S.L. puede interponer recurso de alzada en el plazo de 3 meses, tras lo cual podrá interponer recurso contencioso-administrativo.

El Ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 dictó el 3 de mayo un acto que afectaba desfavorablemente a ALLARD, S.A. Dos meses después, el 3 de julio, ALLARD, S.A. constató que uno de los documentos que se había incorporado al expediente incurría en un error de hecho. ¿Qué recursos administrativos puede interponer ALLARD, S.A.?. A. Puede interponer el recurso de alzada, dado que el acto no agota la vía administrativa y no ha terminado el plazo para interponerlo. B. Puede interponer el recurso de reposición, dado que el acto pone fin a la vía administrativa y está dentro del plazo para interponerlo. C. Ya ha trascurrido el plazo para interponer recursos administrativos, por lo que solo cabe interponer un recurso contencioso-administrativo. D. Cabe interponer el recurso extraordinario de revisión, dado que está dentro de plazo y concurren los requisitos para interponerlo.

El Ayuntamiento de Bilbao contrata para la Semana Grande de la ciudad a un grupo musical para que dé un concierto. Existen discrepancias entre el Ayuntamiento y el grupo con relación al cumplimiento del contrato. ¿Qué orden jurisdiccional es competente para resolver dichas cuestiones litigiosas?. A. El orden jurisdiccional contencioso-administrativo, ya que se trata de un contrato administrativo de una Administración Pública. B. El orden jurisdiccional contencioso-administrativo, ya que se trata de un contrato privado de una Administración Pública. C. El orden jurisdiccional contencioso-administrativo, ya que se trata de una cuestión litigiosa en relación con los efectos, cumplimiento y extinción de un contrato privado de una Administración Pública. D. El orden jurisdiccional civil, ya que se trata de una cuestión litigiosa en relación con los efectos, cumplimiento y extinción de un contrato privado de una Administración Pública.

Al entrar en la consulta de su médico en un centro de salud público, se desprende sobre Andrea el techo de escayola, produciéndole heridas graves. Una vez recuperada, quiere informarse sobre cómo podría exigir una indemnización. Señala, en materia de responsabilidad patrimonial de las Administraciones Públicas, cuál de las siguientes afirmaciones NO es correcta: A. Los procedimientos de responsabilidad patrimonial se inician siempre a solicitud de persona interesada. B. El derecho a reclamar prescribirá al año de producido el hecho o el acto que motive la indemnización o se manifieste su efecto lesivo. Transcurridos seis meses desde que se inició el procedimiento sin que haya recaído y se notifique resolución expresa, podrá entenderse que la resolución es contraria a la indemnización. El orden jurisdiccional contencioso-administrativo conocerá de las cuestiones que se susciten en relación con la responsabilidad patrimonial de las Administraciones públicas, cualquiera que sea la naturaleza de la actividad o el tipo de relación de que derive, no pudiendo ser demandadas aquellas por este motivo ante los órdenes jurisdiccionales civil o social, aun cuando en la producción del daño concurran con particulares o cuenten con un seguro de responsabilidad.

Cristina tiene una finca en Zaragoza que ha sido expropiada por el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible para ampliar el número de carriles en uno de los accesos a la ciudad. Ha transcurrido 1 año desde la iniciación legal del expediente expropiatorio sin que se haya fijado la indemnización a la que tiene derecho Cristina. Señala la respuesta correcta: A. Al haber transcurrido 6 meses desde la iniciación legal del expediente expropiatorio sin haberse determinado por resolución definitiva el justo precio de la finca, el Ministerio estará obligado a abonar a Cristina una indemnización que consistirá en el interés legal del justo precio hasta el momento en que se haya determinado, que se liquidará con efectos retroactivos, una vez que el justiprecio haya sido efectuado. B. Debe esperar hasta haber transcurrido 2 años desde la iniciación legal del expediente expropiatorio sin haberse determinado por resolución definitiva el justo precio de la finca para poder reclamar el abono de ninguna indemnización. C. Habrá de procederse a evaluar de nuevo la finca objeto de expropiación. D. Tendrá derecho a recuperar inmediatamente la finca expropiada.

Una asociación ecologista considera que un Real Decreto del Consejo de Ministros que regula las especies exóticas invasoras y que se publicó hace un año es contrario en uno de sus artículos a lo establecido en la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad y pretende que se declare su ilegalidad. Señala cuál es la fórmula correcta para intentarlo: A. Formular una instancia a la Ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico pidiéndole que lo modifique y que mientras tanto no aplique ese precepto del Real Decreto por ser contrario a Derecho. B. Formular una instancia al Consejo de Ministros pidiéndole que lo revise de oficio. C. Plantear recurso contencioso-administrativo contra el Real Decreto ante el Consejo de Ministros. D. Impugnar en plazo un acto de aplicación del precepto ilegal del Real Decreto, fundando el recurso en la ilegalidad del mismo.

Isaías, vecino de un municipio costero, pretende impugnar la Ordenanza de playas aprobada por el Ayuntamiento, pero no formuló alegaciones a la aprobación inicial. Señale la opción correcta: A. No puede impugnar, porque tuvo oportunidad de alegar cuando se publicó la aprobación inicial y no se manifestó en contra. B. Puede recurrir la Ordenanza siempre que afecte a sus derechos o intereses y formule el recurso en plazo. Puede recurrir solo si no se le notificó directamente que tenía plazo para hacer alegaciones. D. No, las Ordenanzas municipales no son impugnables.

Inés recibe una resolución dictada por un Ayuntamiento en relación con una finca que se encuentra en otro término municipal. A la hora de fundamentar el recurso, ¿cuál sería el argumento más correcto para usar como alegación?. A. Dependiendo del caso concreto, la resolución será nula o anulable. B. La resolución será anulable. C. El vicio de la resolución es irrelevante. D. La resolución es nula de pleno derecho.

Teleco, S.L. quiere presentar un recurso de alzada frente a una resolución que se le ha notificado el día 31 de enero. ¿Cuál es el último día del plazo para recurrir?. A. El 1 de marzo pues el plazo de un mes empezó a contar al día siguiente (el 1 de febrero). B. El 31 de febrero. C. El día que corresponda tras contar 30 días hábiles desde el 31 de enero. D. El 28 de febrero (o el 29 si se trata de un año bisiesto).

Derribos, S.A. ha interpuesto un recurso de reposición contra la desestimación de su solicitud de demolición de un inmueble. Dado que han transcurrido más de dos meses sin que se haya resuelto el recurso, pretende plantear un recurso contencioso-administrativo. ¿En qué plazo ha de plantear el recurso contencioso-administrativo para que no se considere presentado fuera de plazo?. A. En dos meses contados desde que se entiende que existe desestimación presunta. B. En estos casos se considera que no hay plazo para acudir a la vía contencioso-administrativa. C. En seis meses contados desde que se entiende que existe desestimación presunta. D. En estos casos se considera que no cabe acudir a la vía contencioso – administrativa hasta que no se resuelva el recurso.

El día que vence un plazo es festivo en la Comunidad Autónoma en que reside el recurrente, pero es hábil en Madrid que es donde está la sede del órgano administrativo autor del acto impugnado. ¿Qué día termina el plazo en ese caso?. A. Ese día, porque es hábil donde está la sede del órgano administrativo. B. Al día siguiente hábil, porque es inhábil en la localidad donde tiene su domicilio el interesado. C. El último día del mes. D. Ese día, porque siempre prevalecen los plazos de la capital del Reino.

En un plazo señalado en meses el último día del plazo es inhábil. ¿Cuándo acaba el plazo?. A. El día siguiente que sea hábil. B. El último día del mes. C. El anterior que sea hábil. D. El que determine la Administración en cada caso.