test admin iii (años anteriores)

los recursos mineros de la sección b) incluyen: los hidrocarburos líquidos y gaseosos. los minerales radiactivos. los productos de cantera. los yacimientos de origen no naturales.

los recursos mineros de la sección c) requieren para su explotación: autorización. permiso. licencia. concesión.

como regla general el aprovechamiento de los recursos de la sección a): pertenece al propietario. pertenece al peticionario. es de dominio público. es de patrimonio del estado.

la concesión minera debe tener, como mínimo, una extension de: 20 hectáreas. 30 hectáreas. 50 hectáreas. 70 hectáreas.

el llamado "espacio ferroviario europeo único" arranca con: la directiva 2012/19/UE del parlamento y el consejo, de 25 de abril de 2012. la directiva 2012/34/ue del parlamento y el consejo de 21 de noviembre de 2012. el reglamento 2010/8 del parlamento y el consejo de 4 de abril de 2010. el reglamento 2010/14/ue del parlamento y el consejo de 2 de diciembre de 2010.

el límite exterior de la denominada "zona de protección" arts.14 a 18 LSF se ubica a: 70 metros de las aristas exteriores de la explotación. 60 metros de las aristas exteriores de la explotación. 30 metros del borde exterior de la zona de dominio público. 20 metros del borde exterior de la zona de dominio público.

en la actualidad, la provisión de los servicios de ayuda a la navegación se encuentra encomendada a: AENA S.A. ente público AENA. ente público ENAIRE. la DG aviación civil.

en relación con la planificación y construcción de aeropuertos de interés general, no se exige como instrumento obligatorio: los actos de control preventivo municipal. el plan directos de carácter económico y espacial. el plan especial de carácter urbanistico. la evaluación ambiental estratégica.

entre las causas de exoneración legal de la responsabilidad patrimonial, no se encuentra: el caso fortuito. la fuerza mayor. daño que el particular tiene el deber jurídico de soportal. daño imprevisible o inevitable.

la responsabilidad patrimonial no ampara: los daños fortuitos. los daños diferidos. los daños generales. los daños morales.

la imputación de la lesión a una administración pública alcanza a la actividad administrativa desarrollada por: los contratos laborales. los concesionarios. los contratistas. los "funcionarios privados".

en relación con la responsabilidad por daños causados por el estado legislador, conforme al art.32 LRJSP, la responsabilidad por daños causados por leyes estatales declaradas contrarias al derecho de la UE debe ser fijada por: la sala competente del Tribunal Supremo. la sala competente de la audiencia nacional. el consejo de ministros. el ministerio de justicia.

en relación con la responsabilidad del estado juez, de acuerdo con el art.295 LOPJ, la conducta culposa del perjudicado: exime de responsabilidad a la administración pública. disminuye la responsabilidad de la administración pública. obliga a examinar la totalidad de las circunstancias concurrentes. no altera la responsabilidad en virtud de la teoría de la causalidad eficiente.

en la responsabilidad patrimonial derivada de error judicial, de acuerdo con el art.293.2 LOPJ, la petición de indemnización debe dirigirse a: el órgano judicial que esté conociendo del asunto en vía de recurso. el órgano judicial que agote los recursos hábiles en la vía judicial. la sala del tribunal supremo correspondiente al mismo orden judicial. el ministerio de justicia.

el recurso de alzada o recurso ordinario se interpone contra: los actos y disposiciones generales que no agotan la vía administrativa. los actos y reglamentos que ponen fin a la vía administrativa. las resoluciones dictadas por órganos jerárquicamente subordinados. las resoluciones adoptadas por órganos funcionalmente autónomos.

en el recurso extraordinario de revisión contra actos administrativos por error manifiesto que se deduzca de los propios documentos incorporados al expediente, el plazo de instar el recurso es de: dos años. cuatro años. tres meses. seis meses.

en el caos de actos administrativos firmes declarativos de derecho que incurran en causas de anulabilidad, cabe: la revisión de oficio por la administración. la declaración de lesividad por la administración. el recurso extraordinario de revisión. el recurso de alzada o ante el superior jerárquico.

el ámbito de actuación de las competencias atribuidas a su conocimiento se delimitan mediante: una cláusula genérica de carácter objetivo. una cláusula genérica de carácter subjetivo. una lista d materia atribuidas a su conocimiento. una lista de criterios subjetivos, objetivos y materias excluidas.

puede actuar como parte codemandada: el particular beneficiario por el acto o disposición que se imponga. el particular perjudicado por el acto o disposición que se imponga. cualquier ciudadano, en interés de la ley. cualquier ciudadano, en interés público.

las prestaciones de condena del art.31 LJCA se refieren a: la declaración de no ser conforme al derecho y anulación del acto o disposición impugnado. el reconocimiento de la situación jurídica individualizada y adopción de las medias para su restablecimiento. la imposición de medidas cautelares y sanciones contra el infractor. la cesión de la actuación realizada indebidamente.