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durante la 2ª mitad del siglo XIX, los cuerpos generales o administrativos se caracterizaban por: la exigencia de un régimen de ingreso, mediante pruebas objetivas. la previsión de un conjunto de carreras civiles jerarquizadas. la atribución en exclusiva de un haz de funciones públicas a desempeñar. la amovilidad o posibilidad de ser casados por el superior de manera discrecional.

la mención que hace el art.25 CE a régimen disciplinario de los funcionarios públicos: exige la previa tipificación de las infracciones y sanciones. la vigencia en todo caso del principio de legalidad. la prohibición de la imposición de penas privativas de libertad. la distinción entre la fase instructora y resolutoria del expediente.

entre las consecuencias derivadas de la pertenencia a un cuerpo o escala, se encuentran: la determinación del nivel de las retribuciones complementarias. el acceso automático a los puestos adscritos al correspondiente cuerpo o escalas. la adquisición de inmunidad jurídica en su actuación profesional. el ascenso de su consideración social y profesional en la actividad privada.

dentro del esquema de los derechos económicos de los funcionarios públicos, los trienios forman parte de: las retribuciones complementarias. las retribuciones básicas. las pagas extraordinarias. las indemnizaciones por razón del servicio.

el acceso a la condición de Senador por un funcionario de carrera de una Comunidad Autónoma motiva su pase a la situación administrativa de: suspensión de funciones. servicios en otra administración pública. servicios especiales. excedencia por interés particular.

el régimen de compatibilidad de un puesto público y privado tiene como finalidad: la eficacia en el trabajo del funcionario. la mejora de la productividad del funcionamiento. evitar conflictos de interés en el desempeño de su puesto de trabajo. lograr un reparto equitativo del trabajo público entre los ciudadanos.

los bienes muebles que decoran las dependencias de las oficinas públicas, en la legislación vigente, son considerados como bienes integrantes de: el tesoro público de la AGE. la hacienda pública de la AGE. el dominio público de uso público. el dominio público con servicios públicos.

cuando la herencia fue otorgada para la realización de fines de competencia administrativa sin designar beneficiario, se entenderá hecha a favor de: la administración competente de ámbito inferior. la administración competente de ámbito superior. la administración general del estado. la ccaa del causahabitente.

en el caso que no se haya presupuesto la venta de un bien público, el dinero obtenido (art.53.4 LGP). se integrará en una cuenta de ingresos patrimoniales pudiendo dedicarse al conjunto de estado de gastos del presupuesto. se integrará en una cuenta de ingresos patrimoniales destinada a gasto corriente. se limita el destino del dinero al mismo concepto patrimonial del que proviene. se limita el destino del precio a inversiones financieras y de obra pública.

el "interdictum propium" del art.55 LPAP, se refiere a: la acción para la defensa de las servidumbres demaniales. la acción para la defensa frente a agresiones ilegitimas que causan daño y perjuicio en los bienes de la demanio. el procedimiento de inscripción de los bienes públicos en los Registros o inventario correspondientes. el procedimiento para la recuperación de la posesión indebidamente perdida de los bienes públicos.

no forman parte del patrimonio nacional. los fondos públicos. los bienes muebles. los bienes inmuebles. los derechos de patronato.

el ejercicio del uso común general se encuentra sometido, entre otros, al principio básico de: proporcionalidad. rentabilidad. prioridad temporal. responsabilidad patrimonial.

el rodaje de una película por una productora durante un día en un tramo de vía pública constituye un ejemplo de uso de bienes de uso público. especial. general. particular. normal.

con la ley de aguas de 2 de agosto de 1985 son declaradas públicas: todas las aguas continúas y discontinuas que no nacen en fundo privado. todas las aguas corrientes que puedan destinarse el rico. las aguas terrestres superficiales y subterráneas renovables. las aguas continentales superficiales y las subterráneas sin distinción alguna.

el deslinde aprobado en materia de aguas continentales: declara la posesión y la propiedad a favor del estado. declara la posesión a favor del estado. cede frente a los títulos inscritos en el registro de la propiedad. cede frente a los tribunales inscritos que hayan participado en el deslinde.

las disposiciones transitorias 1ª y 2ª de la ley de aguas de 1985 atribuye al propietario de aguas subterráneas renovables: el mantenimiento de la propiedad con plenas garantías. el mantenimiento de una propiedad degrada en cuanto a su protección. la conservación automática de su propiedad en una concesión perpetua de aprovechamiento. la conversión de su propiedad en una autorización de investigación de aguas públicas.

entre los usos comunes generales, se encuentra: la siembra. la pesca. la plantación y poda de árboles. el abrevar de ganado.

las aguas incluidas dentro del límite interior de las "líneas de base! se denominan: interiores. terrestres. continentales. superficiales.

la administración general del estado ostenta competencias sobre el DPMT y lo relativo a: puertos deportivos. señalización marítima e iluminación de costas. ordenación litoral. ordenación territorial.

la integración en el DPTM de propiedades colindantes como consecuencia de la revisión de deslinde anteriores conlleva, para sus antiguos propietarios: el derecho de ser indemnizado por el valor de los bienes. el derecho de mantenimiento de su titularidad durante 50 años. la obtención de una autorización para su uso especial del bien con instalaciones desmontables por 4 años. la obtención de una concesión de hasta 75 años de uso y aprovechamiento del bien.