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Las cortes generales, reguladas en el titulo tres de la constitución española está compuesta. Configuración bicameral: el congreso de los diputados y el Senado. Siendo el Senado la cámara de representación territorial. Solo por el congreso de los diputados, integradas por 350 diputados elegidos por sufragio universal, libre, directo y secreto, en unas elecciones generales que se celebran periódicamente cada cuatro años y cuya demarcación es la provincia. Solo por el Senado, como cámara de representación territorial y su principal función es la legislativa, eligiendo al presidente del gobierno a propuesta del rey. Configuración bicameral es: congreso de los diputados y el Senado. Si no el congreso de los diputados, la cámara de representación territorial.

La forma política del estado español es la monarquía parlamentaria y se dividen entre dos órganos distintos: las funciones políticas del jefe del estado (que recae sobre la corona) y de gobierno. El jefe del Estado es un órgano constitucional que dirige la política interior y exterior, y ejerce la función ejecutiva y la potestad reglamentaria de acuerdo con la constitución y las leyes. Entre las atribuciones que corresponden al gobierno como órgano constitucional, tenemos las funciones políticas, cuyos actos que dictan se califican como actos políticos y las funciones administrativas, cuyas funciones vienen encuadradas en el artículo 103 de la Constitución española. El gobierno, junto con el jefe del Estado, eligen los máximos órganos de la administración, del más amplio aparato organizativo del Estado. El artículo 103 de la Constitución española, encuadrar los principios que han de regir en la administración pública, que son: eficacia, jerarquía, desconcentración, coordinación y centralización, con sometimiento pleno a la ley y al derecho.

Las principales funciones del tribunal constitucional, según la constitución española, son las siguientes. Protegen los derechos fundamentales en sentido estricto, mediante el recurso de amparo. Convocan y disuelve las cortes generales y convocan elecciones. Resuelve los conflictos de competencias que pueden enfrentar a altas instituciones, como por ejemplo conflictos entre el Estado y las comunidades autónomas. Protege los derechos fundamentales en sentido estricto, mediante la cuestión de inconstitucionalidad impuesto por el defensor del pueblo. Controla la constitucionalidad de las normas con fuerza de ley. Resuelve los conflictos de competencias que puedan enfrentar a altas instituciones. Protege los derechos fundamentales en sentido estricto, mediante el recurso de amparo, pudiendo ser interpuesto por el defensor del pueblo. Control de la constitucionalidad de las normas con fuerza de ley. Resuelve los conflictos de competencias que pueden enfrentar a altas instituciones. Protege los derechos fundamentales, desactiva estricto, mediante el recurso de inconstitucionalidad y mediante la cuestión de inconstitucionalidad, a través del ministerio fiscal.

Indique las partes que integran el contenido del acto administrativo, según Garrido falla y Entrena Cuesta. El contenido esencial, natural, eventual y de integración. Contenido esencial, natural, eventual o accidental y de adecuación. El contenido natural, implícito, eventual o accidental y esencial. El contenido esencial, eventual o accidental, complejo y natural.

Indique la respuesta correcta. La constitución ha previsto un conjunto de leyes estatales, de conexión con los subsistemas autonómicos, que por su naturaleza se imponen jerárquicamente a las leyes de los parlamentos de las comunidades autónomas, y que son las siguientes: estatutos de autonomía; leyes-Marco; leyes, parlamentarias y leyes de armonización. A través de las leyes de armonización, el Estado podrá dictar leyes que establezcan los principios necesarios para armonizar las disposiciones normativas de las comunidades autónomas, aún en el caso de materias atribuidas a las competencias de estas, cuando así lo exija el interés general. A través de las leyes Marco, las cortes generales en materia de competencia estatal, podrán transferir o delegar en las comunidades autónomas mediante ley orgánica facultades correspondientes a materias de titularidad que por su propia naturaleza, sean susceptibles de transferencia o delegación. Las leyes, transferencia o delegación, por medio de las cuales el Estado podrá atribuir a todas o alguna de las comunidades autónomas, la facultad de dictar para así mismas normas legislativas en el Marco de los principios, bases y directrices fijados por una ley estatal.

Indique la respuesta verdadera, Las clases de reglamentos por su origen pueden ser. Reglamentos, administrativos y jurídicos. Reglamentos, independientes, ejecutivos y de necesidad. Reglamentos estatales, de las comunidades autónomas y de los entes locales. Reglamentos administrativos, jurídicos y estatales.

La desviación de poder, como rasgo característico de administración pública, puede ser de dos tipos. Desviación de poder privada y desviación de poder pública. Desviación de poder general y desviación de poder particular. Desviación de poder estatal y desviación de poder autonómica. Desviación de poder colectivo y desviación de poder privado.

Las principales notas o características de las administraciones publicas son. Persecución del interés general; confianza legítima; principio de eficacia; personalidad jurídica única; principio de tipicidad y desviación de poder. Persecución del interés general; confianza legítima; personalidad jurídica, única; principio de legalidad; prescripción y desviación de poder. Persecución del interés general; confianza legítima; principio de eficacia; personalidad jurídica, única; principio de arbitrariedad y objetividad; tipicidad y desviación de poder. Personalidad jurídica, única; confianza legítima; persecución del interés general; principio de eficacia; la objetividad y la prohibición de la arbitrariedad.

En cuanto los registros electrónicos de apoderamiento en el procedimiento administrativo, según la ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas. Los poderes inscritos en los registros generales tendrán una validez de cuatro años a contar desde la fecha de inscripción. Los registros electrónicos generales y particulares de apoderamiento pertenecientes a todas y cada una de las administraciones no podrá ser inter operables entre sí. Los poderes inscritos en los registros generales tendrán una validez de cinco años a contar desde la fecha de inscripción. La solicitud de inscripción del poder de revocación, de prórroga o de denuncia del mismo, no podrán dirigirse a cualquier registro, sino solo a la administración autonómica respectiva.

La organización central de los departamentos ministeriales se estructura en dos tipos de órganos. Órganos superiores y los órganos directivos (los subsecretarios, los secretarios generales, los secretarios generales técnicos, los directores generales y los subdirectores generales). Los directores generales y los subsecretarios, órganos superiores y los colegiados. Órgano departamental con los órganos superiores (los ministros) y órganos directivos (subsecretarios, los secretarios generales, los secretarios generales técnicos y los subdirectores generales). La secretaría técnica y los órganos directivos (los subsecretarios, las secretarías generales, los secretarios generales técnicos, los directores generales y los subdirectores generales).

El municipio es un ente público menor territorial primario con personalidad jurídica propia para la realización de sus intereses. Indica los elementos que forman parte del municipio. El territorio municipal, la población y la organización municipal. Junta de gobierno, pleno de la Diputación, pleno del ayuntamiento y alcalde. El alcalde, los tenientes de alcalde, el pleno del ayuntamiento y la junta de gobierno. El alcalde, la junta de gobierno y la asamblea legislativa municipal.

¿En que consiste la ejecutoriedad de los actos administrativos?. Se trata de una limitación de la administración de no poder actuar ante la resistencia del obligado a cumplir con sus obligaciones tributarias. Es un privilegio del obligado al pago para intentar a través del procedimiento de condición que se declare la existencia de tal derecho. Es un privilegio de la administración para realizar, por sí misma, materialmente, los derechos que se derivan actos, aún en contra de la resistencia del obligado. Es una acción en interés de parte para obligar al sujeto pasivo a cumplir con sus obligaciones.

Las administraciones públicas podrán impugnar ante el orden jurisdiccional contencioso administrativo. Los actos favorables para los interesados que sean anulables, previa su declaración de lesividad para el interés público. Si es cierto, siempre que la declaración de lesividad se adopte una vez transcurrido cuatro años desde que se dictó el acto administrativo. Si es cierto, y podrá ser susceptible de recurso, si bien podrá notificarse a los interesados a los meros efectos informativos. Si es cierto, y transcurridos seis meses de la iniciación del procedimiento sin que se hubiera declarado la lesividad, se producirá la prescripción. Si es cierto, y la declaración de lesividad no podrá adoptarse una vez transcurrido cuatro años desde que se dictó el acto administrativo. Y exigirá la previa audiencia de cuando se aparezcan como interesados en el mismo.

Según la LPAC, son susceptibles del recurso extraordinario de revisión los actos firmes en vía administrativa, cuando concurran alguna de las circunstancias siguientes. Indica la falsa. Que se alegue una falta de jurisdicción o de competencia del juzgado o tribunal. Que aparezcan documentos de valor esencial para la resolución del asunto que aunque sean posteriores, evidencien el error de la resolución recurrida. Que al dictar se hubiera incurrido en error de hecho, que resulte de los propios documentos incorporados al expediente. Que en la resolución hayan influido esencialmente documentos o testimonios declarados falsos por sentencia judicial firme, anterior o posterior a aquella resolución.

Indica la respuesta correcta en cuanto al recurso de alzada. El objeto del recurso de alzada depende de dos requisitos: que la resolución recurrida ponga fin por sí misma a la vía administrativa y que el recurso se interponga ante el superior jerárquico del órgano que la dictó. El plazo para la interposición del recurso de alzada será de un mes, si el acto fuese expreso. Transcurrido dicho plazo sin haberse interpuesto el recurso, la resolución será firme a todos los efectos. El plazo máximo para dictar y notificar la resolución será de seis meses. Transcurrido este plazo, sin que recaiga resolución, se podrá entender desestimado el recurso. Si el recurso se hubiera interpuesto ante el órgano que dictó el acto impugnado, éste deberá remitirlo al competente en el plazo de un mes, con su informe y con una copia completa y ordenada del expediente.

En cuanto al proceso contencioso administrativo, se considera excluidas del orden jurisdiccional contencioso administrativo. Indica la respuesta falsa. Las cuestiones expresamente atribuidas a los órdenes jurisdiccionales civil, penal y social, aunque estén relacionadas con la actividad de la administración pública. El recurso contencioso, disciplinario militar. Los conflictos de jurisdicción entre comunidades autónomas y conflictos negativos de competencias constitucionales entre administraciones. Los conflictos de jurisdicción entre los juzgados y tribunales y la administración pública y los conflictos de atribuciones entre órganos de una misma administración.

Para que exista responsabilidad patrimonial de las administraciones públicas, es necesario que concurran los siguientes elementos o requisitos. Indique la respuesta verdadera. Hecho imputable a la administración. Lesión o perjuicio antijurídico, efectivo, económicamente evaluable, individualizado con relación a una persona o grupo de personas. Relación de causalidad entre el hecho y lesión y que no concurra fuerza mayor. Hecho imputable a la administración. Lesión o perjuicio antijurídico, efectivo, económicamente evaluable e individualizado con relación a una persona o grupo de personas. Derecho a indemnización, material y personal y que no concurra fuerza mayor. Lesión o perjuicio antijurídico, efectivo, económicamente evaluable, individualizado con relación a una persona o grupo de personas. Relación de causalidad entre el hecho y lesión, que no concurra fuerza mayor y que haya culpabilidad manifiesta de la víctima. Hecho imputable a la administración. Relación de causalidad entre el hecho y lesión que no concurra fuerza mayor y que haya culpabilidad manifiesta de la víctima y que haya transcurrido un año desde que se produjo la lesión.

La regla por la que las resoluciones administrativas de carácter particular no podrán vulnerar lo establecido en una disposición de carácter general, aunque aquellas tengan grado igual o superior a estas, se denomina. Es la regla o principio de irretroactividad de las disposiciones sancionadoras, no favorables o restrictivas de derechos individuales. Es la regla de inderogabilidad singular de los reglamentos. Es la regla o principio de inderogabilidad de pleno derecho. Es la regla de la eficacia y validez de los reglamentos.

Los principios informadores del derecho sancionador son. Principio de proporcionalidad. Principio de legalidad y tipicidad. Principio de irretroactividad. Principio de responsabilidad. Principio de caducidad de la acción y principio de Non bis In ídem. Principio de responsabilidad. Principio de legalidad y tipicidad. Principio de proporcionalidad. Principio de irretroactividad. Principio de culpabilidad y principio Non bis In ídem. Principio de proporcionalidad. Principio de legalidad y tipicidad. Principio de irretroactividad. Principio de responsabilidad. Principio iuris tantum. Principio de caducidad de la acción y príncipe de Non bis. In ídem. Principio de proporcionalidad. Principio de legalidad y tipicidad. Principio de irretroactividad. Principio de responsabilidad. Principio de prescripción. Principio de Non bis In ídem.

Indique la respuesta verdadera acerca de la fase de iniciación en el procedimiento sancionador. Los procedimientos sancionadores siempre se iniciarán por denuncia de cualquier persona en cumplimiento de una obligación legal. Los procedimientos sancionadores se iniciarán siempre de oficio por acuerdo del órgano competente, ya sea por propia iniciativa, orden superior, petición, razonada o denuncia. Los procedimientos sancionadores siempre se iniciarán por denuncia de cualquier persona en cumplimiento de una obligación legal y por la autoridad pública y sus funciones de inspección y averiguación. Los procedimientos sancionadores siempre se hicieran por denuncia o por propia iniciativa de cualquier persona en cumplimiento de una obligación legal y deberán expresar la identidad de la persona o personas que la presentan.

En relación con las sanciones administrativas, se consideran medidas accesorias. El deber de reposición. El comiso. Las inhabilitaciones y detenciones privativas de libertad y el resarcimiento. El comiso. El resarcimiento. El deber de indemnización. Las inhabilitaciones. El comiso, el resarcimiento, las inhabilitaciones, el deber de reposición. El comiso, el resarcimiento, las inhabilitaciones, el nivel de reposición y las medidas cautelares de extradiciones.

La iniciativa legislativa en el procedimiento legislativo ordinario, regulado en la constitución española de 1978 puede ser ejercida. El gobierno, el pueblo, las asambleas legislativas de las comunidades autónomas y corporaciones locales y el congreso de los diputados y del Senado. El gobierno, las asambleas legislativas de las comunidades autónomas y corporaciones locales y el congreso de los diputados y el Senado. El gobierno, las asambleas legislativas de las comunidades autónomas y corporaciones locales y el congreso de los diputados y del Senado siendo excluida la iniciativa legislativa popular. El gobierno, el pueblo, a través de la iniciativa legislativa popular, la asamblea legislativa, de las comunidades autónomas y el congreso de los diputados y el Senado.

Son normas del gobierno con fuerza d ley. Los decretos leyes, los decretos legislativos y las leyes orgánicas. Las leyes ordinarias y los decretos leyes. Los decretos leyes y los decretos legislativos. Leyes orgánicas y ordinarias.

¿Qué tipos de leyes son las relativas al desarrollo de los derechos fundamentales y las libertades públicas, las que aprueban los estatutos de autonomía y el régimen electoral y las demás previstas en la constitución?. Las leyes ordinarias aprobadas, modificadas o derogadas por las cortes generales por mayoría simple. Son decretos leyes que deberán ser ratificados por el congreso en el plazo de 30 días siguientes a su promulgación. Son leyes de transferencia o delegación para delegar o transferir estos derechos a las comunidades autónomas. Son leyes orgánicas y la constitución exige mayoría cualificada para su aprobación, modificación o derogación.

¿Cuáles son las formas de terminación anormal del procedimiento administrativo?. Desistimiento, renuncia, prescripción, renuncia y suspensión. Terminación convencional, desistimiento, renuncia, caducidad, suspensión, imposibilidad material. Terminación convencional, desistimiento, caducidad, imposibilidad material, renuncia. Terminación convencional, desistimiento, caducidad, imposibilidad material, renuncia y resolución.