ADMINISTRATIVO 2018

El Defensor del Pueblo según la Constitución Española de 1978: Es un Alto Comisionado del Gobierno para la defensa de los Derechos Fundamentales. Podrá supervisar la actividad de la Administración. Será elegido entre los miembros del Senado. Es un órgano adscrito al Ministerio competente en materia de consumo.

Los derechos reconocidos en los artículos 17 y 19 de la Constitución Española de 1978. No pueden ser suspendidos. Podrán ser suspendidos mediante Resolución del Ministro del Interior. Podrán ser suspendidos cuando se acuerde la declaración del estado de excepción o de sitio en los términos previstos en la Constitución. Establecen el derecho a la vida y la libertad religiosa.

De acuerdo con el Estatuto de Autonomía de la Región de Murcia, los órganos institucionales de la Región de Murcia son: Los Ayuntamientos de la Región con más de 50.000 habitantes. El Consejo de Gobierno y todos las Corporaciones Locales de la Región. El Consejo de Gobierno, la Asamblea Regional y el Presidente. Los Juzgados de la Región, los municipios y las pedanías.

La Asamblea Regional, de acuerdo con el Estatuto de Autonomía de la Región de Murcia, fijará por ley el número de sus miembros: Que no será inferior a cuarenta y cinco ni superior a cincuenta y cinco diputados regionales. No será inferior a cuarenta ni superior a cincuenta diputados regionales. Será de sesenta diputados regionales. No será superior a cincuenta y cinco diputados pero no establece límite mínimo de Diputados Regionales.

Según el artículo 31 del Estatuto de Autonomía de la Región de Murcia, la Asamblea Regional: Será disuelta por el Presidente de la Asamblea en el supuesto de no elegirse Presidente de la Comunidad Autónoma en el plazo de dos meses desde la primera votación de investidura. Nunca puede ser disuelta. Puede ser disuelta si así lo votan la mayoría de los Alcaldes de la Región. Será disuelta por el Consejo de Gobierno.

No podrá ser elegido Presidente de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia: Quien ya hubiese ostentado este cargo durante dos mandatos. Quien ya hubiese ostentado este cargo durante un mandato. Quien ya hubiese ostentado este cargo durante tres mandatos. No hay límite de mandatos para ser elegido Presidente de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.

Según la ley 6/2004, de 28 de diciembre, del Estatuto del Presidente y del Consejo de Gobierno de la Región de Murcia, la Secretaría del Consejo de Gobierno la ejerce: Un funcionario designado al efecto. El funcionario responsable del Servicio Jurídico de la Consejería de Presidencia. Un miembro del Consejo de Gobierno. El Director de los Servicios Jurídicos de la Comunidad Autónoma.

Según el art.18 de la Ley 7/2004, de 28 de diciembre, de organización y régimen jurídico de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, las Secretarías Autonómicas: Dependen del Director General correspondiente en la Consejería donde se creen. Sólo podrán constituirse, excepcionalmente, cuando el volumen de responsabilidad política o de gestión de una determinada Consejería exija la agrupación sectorial de algunas de sus direcciones generales. Desde enero de 2016 no pueden constituirse. No tienen la consideración de órgano directivo de una Consejería.

Según el Decreto 236/2010, de 3 de septiembre, de Atención al Ciudadano en la Administración Pública de la Región de Murcia, se entiende por información especializada: La información particular relativa al estado o contenido de los procedimientos en tramitación. La información que versa sobre los datos de carácter personal que, contenidos en el procedimiento, afecten de alguna forma a la intimidad o privacidad de las personas físicas. La que sin ser información particular, requiere la consulta complementaria al órgano competente para conocer del asunto. La información relativa a la identificación de las autoridades y personal al servicio de las Administración de la Región de Murcia bajo cuya responsabilidad se tramiten aquellos procedimientos.

De acuerdo con el artículo 8 del Decreto no 236/2010, de 3 de septiembre, de Atención al Ciudadano en la Administración Pública de la Región de Murcia, la información administrativa se clasifica por su contenido: En presencial, electrónica y telefónica. En general, especializada y particular. En inmediata o diferida. En especial, directa e indirecta.

Según el artículo 28 Decreto nº 236/2010, de 3 de septiembre, de Atención al Ciudadano en la Administración Pública de la Región de Murcia, las Oficinas Corporativas de Atención al Ciudadano de carácter especializado dependen: Orgánica y funcionalmente de la Dirección General de la Función Pública y Calidad de los Servicios. Orgánica y funcionalmente de los Ayuntamientos donde se ubiquen. Orgánica y funcionalmente de la Consejería competente en materia de información al ciudadano. Orgánica y funcionalmente del centro directivo competente por razón de la materia objeto de sus funciones.

De acuerdo con la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, los trabajadores, con arreglo a su formación y siguiendo las instrucciones del empresario, deberán en particular: (SEÑALE LA INCORRECTA). Contribuir al cumplimiento de las obligaciones establecidas por la autoridad competente con el fin de proteger la seguridad y la salud de los trabajadores en el trabajo. Usar adecuadamente, de acuerdo con su naturaleza y los riesgos previsibles, las máquinas, aparatos, herramientas, sustancias peligrosas, equipos de transporte y, en general, cualesquiera otros medios con los que desarrollen su actividad. Abonar el coste de los equipos de protección individual adecuados para el desempeño de sus funciones. No poner fuera de funcionamiento y utilizar correctamente los dispositivos de seguridad existentes o que se instalen en los medios relacionados con su actividad o en los lugares de trabajo en los que ésta tenga lugar.

Según dispone la Disposición Adicional Primera de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la Igualdad efectiva de mujeres y hombres, se entiende por composición equilibrada la presencia de mujeres y hombres de forma que en el conjunto a que se refiera, las personas de cada sexo: No superen el setenta por ciento ni sean menos del treinta por ciento. Supongan el cincuenta por ciento. No superen el ochenta por ciento ni sean menos del cuarenta por ciento. No superen el sesenta por ciento ni sean menos del cuarenta por ciento.

De acuerdo con el artículo 38.6 de la Ley 12/2014, de 16 de diciembre, de Transparencia y Participación Ciudadana de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, la persona titular de la presidencia del Consejo de la Transparencia de la Región de Murcia: Será designada por el Consejo de Gobierno de la Región de Murcia de entre sus Consejeros. Será designada por la Asamblea Regional de entre los candidatos propuestos por los diferentes grupos parlamentarios. Será designada por el Consejo Jurídico de la Región de Murcia. Será nombrada por la Comisión Interdepartamental para la Transparencia de la Región de Murcia por un periodo de 5 años no renovable.

Según el art. 26 de la Ley 12/2014, de 16 de diciembre, de Transparencia y Participación Ciudadana de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, será competente para la resolución del procedimiento de acceso a la información pública en el ámbito de la Administración general de la Comunidad Autónoma: El titular de la consejería competente en materia de Administración Pública que deberá resolver en el plazo de tres meses. El titular de la Dirección General de la Función Pública y Calidad de los Servicios con respecto a la información obrante en la Administración Regional. El titular de la consejería que sea competente por razón de la materia a que se refiera la información solicitada y se encuentre en posesión de tal información. La Comisión Interdepartamental para la Transparencia en la Región de Murcia, excepto que se trate de información de sus Organismos Autónomos.

La Ley 12/2014, de 16 de diciembre, de Transparencia y Participación Ciudadana de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia ha sido modificada, entre otras, por: La Ley 7/2015, de 18 de mayo, de Reforma de la Ley 12/2014, de 16 de diciembre, de Transparencia y Participación Ciudadana de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. La Ley 7/2016, de 18 de mayo, de Reforma de la Ley 12/2014, de 16 de diciembre, de Transparencia y Participación Ciudadana de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. La Ley 5/2016, de 15 de mayo, de Reforma de la Ley 12/2014, de 16 de diciembre, de Transparencia y Participación Ciudadana de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. La Ley 5/2016, de 18 de abril, de Reforma de la Ley 12/2014, de 16 de diciembre, de Transparencia y Participación Ciudadana de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.

Según el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, el personal eventual: En función de la duración del contrato éste podrá ser fijo, por tiempo indefinido o temporal. No puede existir en las Administraciones Públicas desde su entrada en vigor, en octubre de 2015. Sustituye a los funcionarios de carrera. Sólo realiza funciones expresamente calificadas como de confianza o asesoramiento especial.

De acuerdo con la normativa aplicable, queda exceptuada del régimen de incompatibilidades del personal al servicio de las Administraciones Públicas: El ejercicio de la actividad mercantil e industrial. El ejercicio de la actividad mercantil, industrial y profesional. La participación en Tribunales calificadores de pruebas selectivas para ingreso en las Administraciones Públicas. El ejercicio de una actividad privada si es por cuenta ajena.

Según el artículo 3 del Texto Refundido de la Ley de la Función Pública de la Región de Murcia, no se integra en la Función Pública Regional: El personal estatutario del Servicio Murciano de Salud. El personal que presta servicios en la Asamblea Regional. El personal laboral de la Administración Pública de la Región de Murcia. El personal eventual de la Administración Pública de la Región de Murcia.

De acuerdo con lo establecido en el artículo 5 del Texto Refundido de la Ley de la Función Pública de la Región de Murcia, el personal laboral: El artículo 5 no cita al personal laboral. Se clasifica en eventual y temporal. Se clasifica en fijo y temporal. Cesa cuando cesa la autoridad que lo nombró.

El Texto Refundido de la Ley de la Función Pública de la Región de Murcia establece que los funcionarios de otras Administraciones que accedan a esta Administración de la Región de Murcia por transferencia de servicios: Quedan en su Administración de procedencia en situación de excedencia por transferencia de servicios. Adquieren automáticamente la condición de funcionarios propios de la Administración Pública de la Región de Murcia. Quedan en su Administración de procedencia en suspensión de funciones. Tienen que estar dos años de prestación de servicios en un puesto de esta Administración Regional para adquirir la condición de funcionarios propios.

La condición de funcionario de la Administración Pública de la Región de Murcia no se pierde automáticamente, de acuerdo con el Texto Refundido de la Ley de la Función Pública de la Región de Murcia: Cuando se impone la sanción disciplinaria que suponga la separación del servicio. Cuando el interesado renuncia por escrito. Cuando se pierde la nacionalidad española, o de aquélla que le permitió el acceso a la Función Pública. Cuando se impone la sanción disciplinaria de Suspensión Firme.

Los funcionarios, según el Texto Refundido de la Ley de la Función Pública de la Región de Murcia, podrán ser trasladados con carácter forzoso provisionalmente a puestos de trabajo vacantes: Sólo como consecuencia de un expediente disciplinario. En caso de urgente e inaplazable necesidad, por necesidades del servicio debidamente motivadas y hasta tanto se provean con carácter definitivo. Sólo si previamente se ha consultado al Consejo de la Función Pública Regional. Siempre que el Consejo de Gobierno lo haya autorizado.

Según La Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público tienen la consideración de Administraciones Públicas: La Administración General del Estado, las Administraciones de las Comunidades Autónomas, las Entidades que integran la Administración Local, cualesquiera organismos públicos y las entidades de derecho privado vinculadas o dependientes de las Administraciones Públicas. La Administración General del Estado, las Administraciones de las Comunidades Autónomas, las Entidades que integran la Administración Local y cualesquiera organismos públicos y entidades de derecho público vinculados o dependientes de las Administraciones Públicas. La Administración General del Estado, las Administraciones de las Comunidades Autónomas, las Entidades que integran la Administración Local, cualesquiera organismos públicos y las Universidades Públicas. La Administración General del Estado, las Administraciones de las Comunidades Autónomas, las Entidades que integran la Administración Local, cualesquiera organismos públicos, las Universidades Públicas y la Administración consultiva.

De conformidad con el artículo 3 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público las Administraciones Públicas deberán respetar en su actuación y relaciones los siguientes principios: Control de la gestión y evaluación de los resultados de las políticas públicas. Eficiencia en el cumplimiento de los objetivos fijados, servicio efectivo a los ciudadanos, simplicidad, claridad y proximidad a los ciudadanos. Programación de sus actividades. Responsabilidad por el ejercicio de potestades privadas.

Según el artículo 30 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público: Las infracciones y sanciones prescribirán según lo dispuesto en las leyes que las establezcan. Si éstas no fijan plazos de prescripción, las infracciones muy graves prescribirán a los cuatro años, las graves a los tres años y las leves a los dos años. Las sanciones no prescriben. El plazo de prescripción de las sanciones comenzará a contarse desde el día siguiente a aquel en que sea ejecutable la resolución por la que se impone la sanción o haya transcurrido el plazo para recurrirla. No interrumpirá la prescripción de una sanción la iniciación, con conocimiento del interesado, del procedimiento de ejecución. El plazo de prescripción de las infracciones comenzará a contarse desde el día siguiente en que la infracción se hubiera cometido.

De conformidad con el artículo 32 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público: Los particulares tendrán derecho a ser indemnizados por las Administraciones Públicas correspondientes, de toda lesión que sufran en cualquiera de sus bienes y derechos, siempre que la lesión sea consecuencia del funcionamiento normal de los servicios públicos, salvo en los casos de funcionamiento anormal o de daños que el particular tenga el deber jurídico de soportar de acuerdo con la Ley. En todo caso, los particulares tendrán derecho a ser indemnizados por las Administraciones Públicas correspondientes, de toda lesión que sufran en cualquiera de sus bienes y derechos, siempre que la lesión sea consecuencia del funcionamiento normal o anormal de los servicios públicos. La anulación por el orden jurisdiccional contencioso administrativo de las disposiciones administrativas presupone, por sí misma, derecho a la indemnización correspondiente. En todo caso, el daño alegado habrá de ser efectivo, evaluable económicamente e individualizado con relación a una persona o grupo de personas.

Según el artículo 34 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público: La indemnización se calculará sólo con arreglo a los criterios de valoración establecidos en la legislación que regula los seguros de responsabilidad civil. La indemnización procedente no podrá sustituirse, en ningún caso, por una compensación en especie ni ser abonada mediante pagos periódicos. Sólo serán indemnizables las lesiones producidas al particular provenientes de daños que éste no tenga el deber jurídico de soportar de acuerdo con la Ley. Ninguna de las anteriores es correcta.

Según el artículo 5 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas: Para actos y gestiones de mero trámite deberá acreditarse la representación. Se entenderá acreditada la representación realizada mediante apoderamiento apud acta efectuado por comparecencia personal o comparecencia electrónica en la correspondiente sede electrónica, o a través de la acreditación de su inscripción en el registro electrónico de apoderamientos de la Administración Pública competente. La representación podrá acreditarse mediante cualquier medio que el interesado considere oportuno. En todo caso, la falta o insuficiente acreditación de la representación impedirá que se tenga por realizado el acto de que se trate.

De conformidad con el artículo 24 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, el silencio administrativo en procedimientos iniciados a solicitud del interesado: Legitima al interesado o interesados para entenderla estimada por silencio administrativo, en todo caso. El procedimiento tendrá efecto desestimatorio en los procedimientos cuya estimación implique el ejercicio de actividades que puedan dañar el medio ambiente y en los procedimientos de responsabilidad patrimonial de las Administraciones Públicas. El procedimiento no tendrá efecto desestimatorio en los procedimientos de responsabilidad patrimonial de las Administraciones Públicas. El sentido del silencio no será desestimatorio en los procedimientos de impugnación de actos y disposiciones y en los de revisión de oficio iniciados a solicitud de los interesados.

En virtud de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, cuando los plazos se señalen por horas: En ningún caso, los plazos se podrán señalar por horas, salvo que por Ley o en el Derecho de la Unión Europea se disponga otra cosa. Son hábiles todas las horas del día que formen parte de un día natural. Los plazos se contarán de hora en hora y de minuto en minuto, a partir de la hora siguiente en que tenga lugar la notificación o publicación del acto. Los plazos expresados por horas no podrán tener una duración superior a veinticuatro horas.

Según el artículo 30 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas: Siempre que por Ley o en el Derecho de la Unión Europea no se exprese otro cómputo, cuando los plazos se señalen por días, se entiende que éstos son hábiles, excluyéndose del cómputo sólo los domingos y los declarados festivos. Cuando los plazos se hayan señalado por días naturales por declararlo así una ley o por el Derecho de la Unión Europea, no será necesario hacer constar esta circunstancia en las correspondientes notificaciones. Siempre que por Ley o en el Derecho de la Unión Europea no se exprese otro cómputo, cuando los plazos se señalen por días, se entiende que éstos son hábiles, excluyéndose del cómputo los sábados, los domingos y los declarados festivos. Si el plazo se fija en meses o años, el plazo concluirá el día siguiente en que se produjo la notificación, publicación o silencio administrativo en el mes o el año de vencimiento.

Según el artículo 35 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, serán motivados, con sucinta referencia de hechos y fundamentos de derecho: Los actos que rechacen pruebas propuestas por cualquier familiar de persona interesada. Los actos que acuerden la terminación del procedimiento por pacto o convenio. Los actos que acuerden el desistimiento en procedimientos iniciados por el interesado. Las propuestas de resolución en los procedimientos de carácter sancionador, así como los actos que resuelvan procedimientos de carácter sancionador o de responsabilidad patrimonial.

De conformidad con el artículo 36 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas: Cuando deba dictarse una serie de actos administrativos de la misma naturaleza, tales como nombramientos, concesiones o licencias, podrán refundirse en un único acto acordado por el órgano competente. Los actos administrativos se producirán siempre por escrito a través de medios electrónicos. Los órganos administrativos no podrán ejercer su competencia de forma verbal. Todas las anteriores son correctas.

De acuerdo con la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas: Las notificaciones serán válidas siempre que permitan tener constancia de su envío o puesta a disposición, de la recepción o acceso por el interesado o su representante, de sus fechas y horas, del contenido íntegro, y de la identidad fidedigna del remitente y destinatario de la misma. Toda notificación deberá ser cursada dentro del plazo de treinta días a partir de la fecha en que el acto haya sido dictado. Las notificaciones se practicarán preferentemente en papel en el domicilio del interesado. Solamente se practicarán por medios electrónicos las notificaciones cuando el interesado lo hubiera determinado en su solicitud.

Conforme a la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, respecto a la revisión de disposiciones y actos nulos: Cuando el procedimiento se hubiera iniciado de oficio, el transcurso del plazo de un mes desde su inicio sin dictarse resolución producirá la caducidad del mismo. Si el procedimiento se hubiera iniciado a solicitud de interesado, se podrá entender la misma estimada por silencio administrativo. Cuando el procedimiento se hubiera iniciado de oficio, el transcurso del plazo de seis meses desde su inicio sin dictarse resolución producirá la estimación del mismo. Cuando el procedimiento se hubiera iniciado de oficio, el transcurso del plazo de seis meses desde su inicio sin dictarse resolución producirá la caducidad del mismo.

De acuerdo con la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, podrán interponerse por los interesados los recursos de alzada y potestativo de reposición contra: Actos de trámite que determinan la imposibilidad de continuar el procedimiento. Actos de trámite que producen indefensión. Actos de trámite que producen perjuicio irreparable a derechos e intereses legítimos. Todas las anteriores son correctas.

Según los artículos 115 y 117 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas: El error o la ausencia de la calificación del recurso por parte del recurrente será obstáculo para su tramitación. Los vicios y defectos que hagan anulable un acto podrán ser alegados por quienes los hubieren causado. La interposición de cualquier recurso, en todo caso, suspenderá la ejecución del acto impugnado. Ninguna de las anteriores es correcta.

A tenor de lo establecido en la Ley de Patrimonio de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, la mutación demanial puede producirse: Por Orden de la actual Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas. Por Ley de la Asamblea Regional. Por Resolución de la Dirección General de Patrimonio. Ninguna de las anteriores es correcta.

De conformidad con el artículo 46 de la Ley de Patrimonio de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, los bienes y derechos procedentes de herencias se integrarán en el patrimonio: Del organismo beneficiario. De la actual Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas. De la Comunidad Autónoma. De la Consejería a la que se encuentre adscrito el organismo beneficiario.

Según la Ley de Patrimonio de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, toda adquisición de bienes inmuebles o derechos a título lucrativo, deberá realizarse mediante: Decreto del Consejo de Gobierno, a propuesta de la Consejería interesada. Orden de la actual Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas. Orden de la Consejería interesada. Decreto del Consejo de Gobierno, a propuesta de la actual Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas.

De conformidad con el artículo 68 del Texto Refundido de la Ley de la Función Pública de la Región de Murcia, son retribuciones complementarias: El sueldo, los trienios y las pagas extraordinarias. El complemento de destino, el complemento específico, el complemento de productividad y las gratificaciones por servicios extraordinarios. El complemento de destino, el complemento específico y las indemnizaciones por razón del servicio. Las pagas extraordinarias y las gratificaciones por servicios extraordinarios.

En virtud del artículo 68 del Texto Refundido de la Ley de la Función Pública de la Región de Murcia, ¿qué retribuye el complemento de productividad?. Las condiciones particulares de algunos puestos de trabajo en atención a su especial dificultad técnica, dedicación, responsabilidad, incompatibilidades, peligro o penosidad. El nivel del puesto de trabajo que se desempeñe. El especial rendimiento, la actividad extraordinaria y el interés o iniciativa con que el funcionario desempeñe su trabajo. El especial rendimiento, la actividad ordinaria y el interés o iniciativa con que el funcionario desempeñe su trabajo.

Según contempla el artículo 76 del Texto Refundido de la Ley de la Función Pública de la Región de Murcia, los funcionarios en servicio activo tendrán derecho a licencia para asuntos propios, sin ninguna retribución: Cuya duración acumulada no podrá exceder en ningún caso de dos meses cada dos años. Cuya duración acumulada no podrá exceder en ningún caso de tres meses cada dos años. Cuya duración acumulada no podrá exceder en ningún caso de tres meses cada tres años. Cuya concesión no se subordinará en ningún caso a las necesidades de servicio.

A tenor del artículo 97 del Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público: Las infracciones muy graves prescribirán a los tres años, las graves a los dos años y las leves al mes. Las infracciones muy graves prescribirán a los tres años, las graves a los dos años y las leves al año. Las sanciones impuestas por faltas muy graves prescribirán a los tres años, las graves a los dos años y las leves al año. Las sanciones impuestas por faltas muy graves prescribirán a los tres años, las graves a los dos años y las leves a los 6 meses.

A los efectos indicados en el artículo 33 del Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, se constituirán Mesas de Negociación en las que estarán legitimados para estar presentes: (SEÑALE LA INCORRECTA). Los representantes de la Administración Pública correspondiente. Las organizaciones sindicales más representativas a nivel estatal. Los sindicatos que hayan obtenido el 15 por 100 o más de los representantes en las elecciones para Delegados y Juntas de Personal en el ámbito específico de su constitución. Las organizaciones sindicales más representativas de comunidad autónoma.

A tenor de lo establecido en el artículo 46 del Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, están legitimados para convocar una reunión en el centro de trabajo: Los Delegados de Personal. Los empleados públicos de las Administraciones respectivas en número no inferior al 40 por 100 del colectivo convocado. Las organizaciones sindicales, directamente o a través de los Delegados Sindicales. Todas las anteriores son correctas.

Según se indica en el artículo 35 del Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, las variaciones en la representatividad sindical, a efectos de modificación en la composición de las Mesas de Negociación, serán acreditadas por las organizaciones sindicales interesadas: Cada dos años. Anualmente. Cada cuatro años. Cada vez que éstas se produzcan.

De conformidad con el art. 28 del Texto Refundido de la Ley de Hacienda de la Región de Murcia, se imputarán al ejercicio presupuestario: Los derechos liquidados durante el mismo, siempre que deriven del ejercicio corriente. Los derechos liquidados durante el mismo, cualquiera que sea el período de que deriven. Las obligaciones reconocidas hasta el 31 de diciembre del correspondiente ejercicio, siempre que correspondan a gastos realizados en cualquier ejercicio y con cargo a los respectivos créditos. Las obligaciones reconocidas hasta el 31 de diciembre del ejercicio anterior, siempre que correspondan a gastos realizados dentro del mismo y con cargo a los respectivos créditos.

Según el Texto Refundido de la Ley de Hacienda de la Región de Murcia, los derechos liquidados y las obligaciones reconocidas se aplicarán a los presupuestos: Por su importe aproximado. Por su importe íntegro. Por su importe minorado con los derechos a liquidar o ya ingresados, salvo que la ley lo prohíba de modo expreso. Por el importe neto.

De acuerdo con el artículo 8 de la Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Murcia para el ejercicio 2018, los créditos aprobados por la presente ley tendrán carácter limitativo y serán vinculantes a los siguientes niveles de la clasificación económica: Artículo: capítulos 2 y 9. Concepto: capítulos 1, 3 y 6. Subconcepto: capítulos 4 y 7. Sección: capítulo 8.

Según el Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social, ¿cuándo descontará el empresario a sus trabajadores la aportación a la Seguridad Social que corresponda a cada uno de ellos?. En el mes siguiente al devengo de la nómina. Al ingresarla en la Tesorería General de la Seguridad Social. En el momento de hacerles efectivas sus retribuciones. A los treinta días del devengo.

Según el Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social, la obligación de cotizar se suspenderá: Durante el periodo de prueba del trabajador. Durante la situación de incapacidad temporal. Durante las situaciones de maternidad y paternidad. Durante las situaciones de huelga y cierre patronal.

Según el Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social, serán beneficiarios del subsidio por incapacidad temporal las personas incluidas en el Régimen General que se encuentren en cualquiera de las situaciones determinadas en el artículo 169, siempre que, además de reunir la condición general exigida en el artículo 165.1, acrediten un periodo mínimo de cotización de: En caso de enfermedad común, ciento ochenta días dentro de los tres años inmediatamente anteriores al hecho causante. En caso de accidente que no sea de trabajo, ciento ochenta días dentro de los cinco años inmediatamente anteriores al hecho causante. En caso de enfermedad común, trescientos sesenta y cinco días cotizados dentro de los tres años inmediatamente anteriores al hecho causante. En caso de accidente de trabajo, no se exige ningún periodo previo de cotización.

Según el Texto Refundido de la Ley de Hacienda de la Región de Murcia, corresponde al Consejo de Gobierno en las materias objeto de esta Ley: La emisión y regulación de la deuda de la Administración Pública Regional. Elaborar el Anteproyecto de Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma. Ordenar los gastos en los supuestos legalmente previstos. El establecimiento, modificación y supresión de los tributos propios y de los recargos sobre los impuestos del Estado, así como sus exenciones y bonificaciones.

Según el Texto Refundido de la Ley de Hacienda de la Región de Murcia, son funciones propias de los Consejeros en los términos establecidos en esta Ley: Elaborar el anteproyecto de presupuesto correspondiente al estado de gastos de la Consejería en los términos establecidos en esta Ley. Elaborar y someter al Consejo de Gobierno el Anteproyecto de Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma. Elaborar y aprobar el Proyecto de Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma; presentarlo para su examen, enmienda y aprobación por la Asamblea Regional, y ejecutarlo conforme a las normas presupuestarias. El régimen general y especial en materia financiera de los organismos autónomos regionales.

Según el Texto Refundido de la Ley de Hacienda Pública de la Región de Murcia, salvo lo establecido por leyes especiales, el derecho a exigir el pago de las obligaciones ya reconocidas o liquidadas, si no fuese reclamado por los acreedores legítimos o sus derechohabientes, prescribirá: A los tres años desde la fecha de notificación del reconocimiento o liquidación de la respectiva obligación. A los cuatro años desde la fecha de notificación del reconocimiento o liquidación de la respectiva obligación. A los cinco años desde la fecha de notificación del reconocimiento o liquidación de la respectiva obligación. A los seis años desde la fecha de notificación del reconocimiento o liquidación de la respectiva obligación.

Según el Plan General de Contabilidad Pública de la Región de Murcia, el principio contable que señala que las transacciones y otros hechos económicos deberán reconocerse en función de la corriente real de bienes y servicios que los mismos representan, y no en el momento en que se produzca la corriente monetaria o financiera derivada de aquéllos, es el de: Gestión continuada. Devengo. Uniformidad. No compensación.

De acuerdo con el Plan General de Contabilidad Pública de la Región de Murcia: El principio de uniformidad es un principio de carácter presupuestario. El principio de desafectación es un principio de carácter económico patrimonial. El principio de gestión continuada es un principio de carácter económico patrimonial. El principio de devengo es un principio de carácter presupuestario.

Según la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas, cuando los tributos cedidos sean de naturaleza personal, su atribución a una Comunidad Autónoma: Se llevará a cabo en función del lugar de consumo. Se llevará a cabo en función del lugar en que el vendedor realice la operación a través de establecimientos. Se llevará a cabo en función de los consumos calculados sobre una base estadística. Se realizará en función del domicilio fiscal de los sujetos pasivos, salvo en el gravamen de adquisiciones por causa de muerte, en el que se atenderá al del causante.

Según la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas, el Fondo de Suficiencia Global cubrirá: La diferencia entre las necesidades de gasto de cada Comunidad Autónoma y Ciudad con Estatuto de Autonomía y la suma de su capacidad tributaria y la transferencia del Fondo de Compensación. La diferencia entre las necesidades de gasto de cada Comunidad Autónoma y Ciudad con Estatuto de Autonomía y la suma de su capacidad tributaria y la transferencia del Fondo de Garantía de Servicios Públicos Fundamentales. La diferencia entre las necesidades de gasto de cada Comunidad Autónoma y Ciudad con Estatuto de Autonomía y la suma de su capacidad tributaria y la transferencia del Fondo de Compensación y su Fondo Complementario. La diferencia entre las necesidades de gasto y los ingresos previstos en su Ley de Presupuestos.

Según la Ley del Régimen de cesión de tributos del Estado a la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia y de fijación del objeto y alcance de dicha cesión, se cede a la Región de Murcia el rendimiento del: Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, con carácter parcial, en el porcentaje del 58 por ciento. Impuesto sobre el Patrimonio, con carácter parcial, en el porcentaje del 50 por ciento. Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados. Impuesto especial sobre Hidrocarburos, con carácter parcial, en el porcentaje del 50 por ciento.

Según el Texto Refundido de la Ley de Tasas, Precios Públicos y Contribuciones Especiales de la Región de Murcia, ésta no será de aplicación a: Los ingresos obtenidos por la Administración, Entidades y Organismos Autónomos de la Comunidad Autónoma, cuando actúen sometidos a normas de derecho privado. Los ingresos por las concesiones administrativas obtenidos como canon por la gestión indirecta de los servicios públicos o por la ocupación del dominio público, cuando, en este último caso, tenga su origen en una disposición con rango legal. Cualesquiera otros ingresos de la Comunidad Autónoma que no procedan de la aplicación de tasas, precios públicos o contribuciones especiales. Todas las anteriores son correctas.

Según el Texto Refundido de la Ley de Tasas, Precios Públicos y Contribuciones Especiales de la Región de Murcia, las contraprestaciones pecuniarias que se satisfagan a la Administración Regional por la prestación de servicios, realización de actividades o entrega de bienes no patrimoniales, no sujetos a tasa ni a precio público, en régimen de derecho privado, se considerarán: Contribuciones Especiales. Precios privados. Tasas. Precios públicos.

La Ley de Protección de Datos de Carácter Personal tiene por objeto garantizar y proteger, en lo que concierne al tratamiento de los datos personales: Sólo las libertades públicas. Las libertades públicas y los derechos fundamentales de las personas físicas y jurídicas. Las libertades públicas y los derechos fundamentales de las personas físicas y jurídicas, y especialmente de su honor e intimidad personal y familiar. Las libertades públicas y los derechos fundamentales de las personas físicas, y especialmente de su honor e intimidad personal y familiar.

A los efectos del artículo 3 de la Ley de Protección de Datos de Carácter Personal, se entenderá por “procedimiento de disociación”: Cualquier aplicación informática que permita asociar la información que se obtenga con cualquier persona identificada o identificable. Todo tratamiento de datos personales de modo que la información que se obtenga pueda asociarse a persona identificada o identificable. Todo tratamiento de datos personales de modo que la información que se obtenga no pueda asociarse a persona identificada o identificable. Toda revelación de datos realizada a una persona distinta del interesado.

Los datos de carácter personal que hagan referencia al origen racial, a la salud y a la vida sexual sólo podrán ser recabados, tratados y cedidos: Cuando por razones de interés general, así lo disponga una Ley o el afectado consienta expresamente. Cuando por razones de interés general, así lo disponga una Orden. Se dé el consentimiento tácito del afectado. En ningún caso.

Conforme a lo establecido en el artículo 29 del Decreto 302/2011, de 25 de noviembre, de Régimen Jurídico de la Gestión Electrónica de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, las actuaciones que se realicen a través de la sede electrónica de la Administración Pública Regional se entenderán efectuadas en la fecha y la hora oficial: En el Estado Español. En la Región de Murcia. En cada lugar donde se realicen las actuaciones. Ninguna de las anteriores es correcta.

Conforme a lo establecido en el artículo 31 del Decreto 302/2011, de 25 de noviembre, de Régimen Jurídico de la Gestión Electrónica de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, podrá crearse en la sede electrónica de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia tablones de ámbito sectorial: Mediante Decreto del Consejo de Gobierno. Mediante Orden del titular de la Consejería competente en materia de innovación de los servicios públicos. Mediante Orden del titular de la Consejería competente en materia de Transparencia y Participación. Mediante Decreto del Consejo de Gobierno, o en su defecto, mediante Orden del titular de la Consejería competente en materia de Transparencia y Participación.

Conforme a lo establecido en el artículo 39 del Decreto 302/2011, de 25 de noviembre, de Régimen Jurídico de la Gestión Electrónica de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, los documentos administrativos de la Administración Pública de la Región de Murcia que consten en soporte electrónico deberán: Disponer de los datos de identificación aunque no permitan su individualización. Además de incorporar, al menos, una firma electrónica, deberán incluir una referencia temporal a los efectos de lo dispuesto en la normativa estatal básica. Además de incorporar, al menos, una firma electrónica, deberán incluir una referencia temporal a los efectos de lo dispuesto en la normativa autinómica. Permitir que la información se archive en cualquier soporte según un formato correspondiente a un estándar cerrado de larga duración.