Administrativo 2026

Según el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, la Administración formalizará de oficio la finalización de la relación de interinidad por cualquiera de las siguientes causas, además de por las previstas en el artículo 63, sin derecho a compensación alguna. Por la cobertura reglada del puesto por personal funcionario de carrera a través de cualquiera de los procedimientos legalmente establecidos. Por razones organizativas que den lugar a la supresión o a la amortización de los puestos asignados. Por la finalización de la causa que dio lugar a su nombramiento. a) b) y c) son correctas.

Según el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, es personal laboral: El que, en virtud de contrato de trabajo formalizado por escrito, en cualquiera de las modalidades de contratación de personal previstas en la legislación laboral, presta servicios no retribuidos por las Administraciones Públicas. El que, en virtud de contrato de trabajo formalizado por escrito, en cualquiera de las modalidades de contratación de personal previstas en la legislación laboral, presta servicios retribuidos por las Administraciones Públicas. El que, en virtud de contrato de trabajo formalizado verbalmente, en cualquiera de las modalidades de contratación de personal previstas en la legislación laboral, presta servicios retribuidos por las Administraciones Públicas. El que, en virtud de contrato de trabajo formalizado por escrito o verbalmente, en cualquiera de las modalidades de contratación de personal previstas en la legislación laboral, presta servicios no retribuidos por las Administraciones Públicas.

Según el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, es personal eventual: El que, en virtud de nombramiento y con carácter no permanente, sólo realiza funciones expresamente calificadas como de confianza o asesoramiento especial, siendo retribuido con cargo a los créditos presupuestarios consignados para este fin. El que, en virtud de nombramiento y con carácter permanente, sólo realiza funciones expresamente calificadas como de confianza o asesoramiento especial, siendo retribuido con cargo a los créditos presupuestarios consignados para este fin. El que, en virtud de nombramiento y con carácter permanente, realiza algunas funciones no calificadas como de confianza o asesoramiento especial, siendo retribuido con cargo a los créditos presupuestarios consignados para este fin. a) b) y c) son incorrectas.

Según el Decreto 255/1997, de 11 de noviembre, por el que se establecen los Estatutos Sociales del Ente Público Osakidetza-Servicio vasco de salud, el Ente Público Osakidetza-Servicio vasco de salud se define como: Ente Público de Derecho Público, cuyo objeto o finalidad es la provisión de servicios sanitarios a través de las organizaciones públicas de servicios sanitarios dependientes del mismo. Ente Público de Derecho Público, cuyo objeto o finalidad es la provisión de servicios sanitarios a través de las organizaciones privadas de servicios sanitarios dependientes del mismo. Ente Público de Derecho Privado, cuyo objeto o finalidad es la provisión de servicios sanitarios a través de las organizaciones públicas de servicios sanitarios dependientes del mismo. Ente Público de Derecho Privado, cuyo objeto o finalidad es la provisión de servicios sanitarios a través de las organizaciones privadas de servicios sanitarios dependientes del mismo.

Según el Decreto 255/1997, de 11 de noviembre, por el que se establecen los Estatutos Sociales del Ente Público Osakidetza-Servicio vasco de salud, el Ente Público Osakidetza-Servicio vasco de salud tiene como fines: Proporcionar a las personas que accedan a sus servicios las condiciones necesarias para el pleno ejercicio de sus derechos y deberes sin tener en cuenta la calidad de la misma. Proporcionar a las personas que accedan a sus servicios las condiciones necesarias para el pleno ejercicio de sus derechos y deberes promoviendo la mejora continua de los niveles de información, siempre que dicha atención no sea personalizada. a) b) y c) son incorrectas. Proporcionar a las personas que accedan a sus servicios las condiciones necesarias para el pleno ejercicio de sus derechos y deberes promoviendo la mejora continua de los niveles de información, la personalización en la atención y la calidad de la misma.

Según el Decreto 255/1997, de 11 de noviembre, por el que se establecen los Estatutos Sociales del Ente Público Osakidetza-Servicio vasco de salud, el Ente Público Osakidetza-Servicio vasco de salud NO tiene como fin. Promover la docencia en ciencias de la salud. Promover la formación y actualización de su personal sanitario. Promover la formación y actualización de su personal no sanitario. Promover la creación de empresas privadas.

Según el Decreto 255/1997, de 11 de noviembre, por el que se establecen los Estatutos Sociales del Ente Público Osakidetza-Servicio vasco de salud, la organización rectora comprende a. Presidente y Consejo de Administración. Director del centro y Consejo de Administración. Dirección y Comité de empresa. a) b) y c) son correctas.

Según el Decreto 255/1997, de 11 de noviembre, por el que se establecen los Estatutos Sociales del Ente Público Osakidetza-Servicio vasco de salud, la Presidencia corresponde a: Consejero de Sanidad. Presidente del Gobierno. Lehendakari. Kutxa Fundazioa.

Según el Decreto 255/1997, de 11 de noviembre, por el que se establecen los Estatutos Sociales del Ente Público Osakidetza-Servicio vasco de salud, cuál de estas funciones de la Presidencia es FALSA: Ejercer la representación del Ente Público. Supervisar las operaciones del Ente Público y presentar al Consejo de Administración los informes que considere oportunos. Ejercer la representación del Consejo de Administración. No tiene potestad para supervisar las operaciones del Ente Público.

Según el Decreto 255/1997, de 11 de noviembre, por el que se establecen los Estatutos Sociales del Ente Público Osakidetza-Servicio vasco de salud, el Consejo de Administración se encarga principalmente de. Asesoramiento a otras empresas. Formación e información. Comunicación y redes sociales. Dirigir y controlar sus actuaciones.

Según el Decreto 255/1997, de 11 de noviembre, por el que se establecen los Estatutos Sociales del Ente Público Osakidetza-Servicio vasco de salud, el Consejo de Administración está compuesto por. Seis miembros en representación de la Administración de la Comunidad Autónoma. Ocho miembros en representación de la Administración de la Comunidad Autónoma. Presidente del Ente Público y cinco miembros en representación de la Administración de la Comunidad Autónoma. Presidente del Ente Público y el Lehendakari.

Según el Decreto 255/1997, de 11 de noviembre, por el que se establecen los Estatutos Sociales del Ente Público Osakidetza-Servicio vasco de salud, corresponde al Presidente del Ente Público. Convocar, presidir, suspender y levantar las sesiones del Consejo de Administración. Arbitrar las deliberaciones del Consejo de Administración. Decidir los empates con su voto de calidad en las sesiones del Consejo de Administración. a) b) y c) son correctas.

Según el Decreto 255/1997, de 11 de noviembre, por el que se establecen los Estatutos Sociales del Ente Público Osakidetza-Servicio vasco de salud, el Consejo de Administración tiene las siguientes funciones: Aprobar, a propuesta del Presidente, los criterios y líneas generales de actuación del Ente Público y de todas las organizaciones dependientes del mismo. Aprobar la propuesta de Presupuestos, Estados Financieros Previsionales y Memoria anual de actividades del Ente Público. Aprobar, a propuesta del Director General, el Plan Estratégico del Ente Público. a) b) y c) son correctas.

Según el Decreto 255/1997, de 11 de noviembre, por el que se establecen los Estatutos Sociales del Ente Público Osakidetza-Servicio vasco de salud, al Director General NO le corresponde en sus funciones: Ejercer la dirección de todos los servicios y del personal del Ente Público. En los Consejos de Administración decidir los empates con su voto de calidad. Ejecutar los acuerdos del Consejo de Administración. Nombrar y separar a los Directores-Gerentes de las organizaciones de servicios sanitarios del Ente Público.

Según el Decreto 255/1997, de 11 de noviembre, por el que se establecen los Estatutos Sociales del Ente Público Osakidetza-Servicio vasco de salud, corresponde a la organización central de administración y gestión corporativa: Establecer las reglas generales sobre representación, comunicación e imagen oficial, de acuerdo con las normas gubernamentales correspondientes. Elaborar el Plan estratégico del Ente Público. Suministrar servicios comunes de asesoramiento y apoyo técnico. a) b) y c) son correctas.

En el inicio del procedimiento por denuncia, cuando el denunciante haya participado en la comisión de una infracción y existan otros infractores, para resolver el procedimiento administrativo el órgano competente deberá. Imponer a todos los infractores sanciones de carácter pecunario. Despido disciplinario de los infractores y pago de multa para el denunciante. Eximir al denunciante del pago de la multa que le correspondería u otro tipo de sanción de carácter no pecuniario. Imponer a los infractores una sanción no pecuniaria y exigir al denunciante la restitución del daño.

De acuerdo a la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, el derecho a reclamar responsabilidad patrimonial. No prescribe. Prescribe al año del hecho o acto que motive la indemnización. Prescribe a los dos años de haberse iniciado el procedimiento administrativo. Prescribe a los tres años de haberse producido la curación de los daños de carácter físico.

Según la Ley 39/2015, el documento suscrito por un interesado en el que éste manifiesta, bajo su responsabilidad, que cumple con los requisitos establecidos en la normativa vigente para obtener el reconocimiento de un derecho o facultad o para su ejercicio, que dispone de la documentación que lo acredita, y que la pondrá a disposición de la Administración cuando le sea requerida, se denomina. Declaración de conformidad. Declaración administrativa. Declaración responsable. Declaración jurada.

Según la Ley 39/2015 el expediente administrativo se define como: El conjunto ordenado de documentos y actuaciones que sirven de antecedente y fundamento a la resolución administrativa, así como las diligencias encaminadas a ejecutarla. El conjunto de documentos remitidos por los interesados en el procedimiento administrativo a través de los medios electrónicos. El conjunto de ficheros, bases de datos, notas, comunicaciones, resúmenes, opiniones, borradores e informes internos entre órganos y entidades Administrativas. b) y c) son correctas.

Cuando en virtud de una norma sea preciso remitir el expediente electrónico, se hará de acuerdo con lo previsto en: El Esquema Autonómico de interconectividad y Normas Técnicas de interoperabilidad. El Esquema Autonómico de interoperabilidad y Normas Técnicas de interoperabilidad. El Esquema Nacional de interconectividad y Normas Técnicas de interoperabilidad. El Esquema Nacional de interoperabilidad y Normas Técnicas de interoperabilidad.

La Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, establece en relación a la emisión de informes, salvo disposición expresa en contrario, que los informes serán: Preceptivos y vinculantes. Preceptivos y no vinculantes. Facultativos y vinculantes. Facultativos y no vinculantes.

Podrán fin al procedimiento administrativo. El desistimiento. La declaración de caducidad. La notificación infructuosa. El desistimiento y La declaracion de caducidad.

La Ley 39/2015 establece que, en la terminación de los procedimientos sancionadores, cuando la sanción tenga únicamente carácter pecunario, el órgano competente para resolver el procedimiento aplicará. Reducciones de al menos el 5% sobre el importe de la sanción propuesta. Reducciones de al menos el 10% sobre el importe de la sanción propuesta. Reducciones de al menos el 15% sobre el importe de la sanción propuesta. Reducciones de al menos el 20% sobre el importe de la sanción propuesta.

Cuando finalizado el procedimiento administrativo exista la obligación de pago derivada de una sanción pecunaria que haya que abonarse a la Hacienda Pública, ¿qué medio de pago NO está contemplado por la Ley 39/2015?: Transferencia bancaria. Pagaré a 120 días. Domiciliación bancaria. Tarjeta de crédito y débito.

Cuál de las siguientes afirmaciones sobre la tramitación simplificada del procedimiento administrativo común es FALSA?. Las Administraciones pueden acordar la tramitación simplificada cuando haya razones de interés público o la falta de complejidad del procedimiento así lo aconsejen. Si uno de los interesados manifiesta oposición expresa a haber sido notificada la tramitación simplificada, la Administración seguirá con la tramitación ordinaria. En el caso de procedimientos de naturaleza sancionadora se podrá adoptar la tramitación simplificada si existen elementos de juicio para calificar la infracción como grave. Los procedimientos administrativos tramitados de manera simplificada deberán ser resueltos en treinta días, a contar desde el día siguiente al que se notifique al interesado el acuerdo de tramitación.

La Ley 39/2015, en relación a la revisión de los actos en vía administrativa, establece que transcurridos seis meses desde el inicio del procedimiento sin dictarse resolución supondrá la caducidad del mismo. Si se hubiera iniciado de oficio. Si se hubiera iniciado a solicitud de los interesados. Si se hubiera iniciado de oficio o a solicitud de los interesados. Si existiera Dictamen del órgano consultivo de la Comunidad Autonóma.

La declaración de lesividad no podrá adoptarse una vez transcurridos: Dos años desde que se dictó el acto administrativo. Tres años desde que se dictó el acto administrativo. Cuatro años desde que se dictó el acto administrativo. Cinco años desde que se dictó el acto administrativo.

La declaración de lesividad: Es susceptible de recurso en un plazo de seis meses desde la notificación. Es susceptible de recurso en un plazo de ocho meses desde la notificación. Es susceptible de recurso en un plazo de doce meses desde la notificación. No es susceptible de recurso, se notifica a efectos informativos.

En la Administración General del Estado, indica quién NO es competente para la revisión de oficio de las disposiciones y los actos administrativos nulos y anulables: Consejo de Estado. Secretarios del Estado. Ministros. Consejo de Ministros.

Según la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, las leyes podrían sustituir el recurso de alzada, en supuestos o ámbitos sectoriales determinados, y cuando la especialidad de la materia así lo justifique, por el siguiente procedimiento: Negociación. Mediación. Reclamación. b) y c) son correctas. (mediacion y reclamacion).

En relación al procedimiento administrativo, las resoluciones de los recursos de alzada. Paralizan la vía administrativa. Anulan la vía administrativa. Ponen fin de la vía administrativa. Producen la caducidad de la vía administrativa.

Según la Ley 39/2015, en la interposición de un recurso NO debe expresarse: Nombre y apellidos del recurrente. Razón de la impugnación. Relación de documentos que se adjuntan para el recurso. Órgano, centro o unidad administrativa al que se dirige el recurso y su correspondiente código de verificación.

Según la Ley 39/2015 es causa de inadmisión de un recurso administrativo: Que no disponga de la firma del recurrente. Haber transcurrido el plazo para la interposición del recurso. Que el recurso tenga defectos de forma. a) y c) son correctas.

Según la Ley 39/2015 la interposición de cualquier recurso: NUNCA podrá suspender la ejecución del acto impugnado. NO suspenderá la ejecución del acto impugnado si es de interés público. SIEMPRE dará lugar a la suspensión de la ejecución del acto impugnado. Podrá suspender la ejecución cuando ésta pudiera causar perjuicios de imposible o difícil reparación.

Cuando hayan de tenerse en cuenta nuevos hechos o documentos no recogidos en el expediente originario, los interesados deberán formular alegaciones y presentar los documentos y justificantes que estimen procedentes en un plazo. Que no sea inferior a cinco días ni superior a diez días. Que no sea inferior a diez días ni superior a quince días. Que no sea inferior a quince días ni superior a veinte días. Que no sea inferior a veinte días ni superior a treinta días.

El recurso que se presenta ante el órgano superior jerárquico que dictó el acto cuando no éste no pone fin a la vía administrativa, se denomina. Recurso de alzada. Recurso potestativo de reposición. Recurso extraordinario de revisión. Recurso ordinario de impugnación.

El recurso extraordinario de revisión se puede interponer contra: Los actos administrativos que ponen fin a la vía administrativa. Los actos firmes en vía administrativa. Los actos que no ponen fin a la vía administrativa. Los actos administrativos que presentan defectos formales.

El plazo máximo para dictar y notificar la resolución de un recurso extraordinario de revisión es de. Diez días. Quince días. Veinte días. Un mes.

Según la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, son requisitos para la creación de cualquier órgano administrativo exigirá. Acreditar que no existe duplicación de otros órganos administrativos ya existentes. Emitir un informe el que se garantiza el funcionamiento autónomo del nuevo órgano administrativo. Determinación de su forma de integración en la Administración Pública de que se trate y su dependencia jerárquica. Elaboración de un presupuesto detallado de los gastos que supondrá su puesta en marcha y funcionamiento.

La Ley 40/2015 establece que la delegación de competencias, las encomiendas de gestión, la delegación de firma y la suplencia: No suponen alteración de la titularidad de la competencia, aunque sí de los elementos determinantes de su ejercicio que en cada caso se prevén. Suponen alteración de la titularidad de la competencia, y por tanto también de los elementos determinantes de su ejercicio que en cada caso se prevén. No supone alteración de la titularidad de la competencia ni de los elementos determinantes de su ejercicio. La delegación de la firma es la que supone alteración de la titularidad de la competencia.

Las competencias relativas a la adopción de disposiciones de carácter general: Pueden ser objeto de delegación. Serán objeto de delegación cuando se tenga la aprobación del órgano delegante. En ningún caso podrán ser objeto de delegación. a) y b) son correctas.

Una encomienda de gestión implica: La realización de actividades de carácter material o técnico de la competencia de los órganos administrativos o de Entidades de Derecho Público. La cesión de la titularidad de la competencia de los órganos administrativos o de Entidades de Derecho Público. Hacerse cargo de prestaciones propias de los contratos regulados en la legislación de contratos del sector público. Dictar acto o resoluciones de carácter jurídico que den soporte a la actividad objeto de la encomienda.

En la encomienda de gestión, tendrá la condición de encargado del tratamiento de los datos de carácter personal. El órgano que delega la competencia. El órgano encomendado. Tanto el órgano encomendado como el órgano que delega la competencia. La Agencia Española de Protección de Datos.

En los supuestos de enfermedad, los titulares de los órganos administrativos pueden ser suplidos: Definitivamente. Indefinidamente. Temporalmente. Parcialmente.

Según la Ley 40/2015, los conflictos de atribuciones SÓLO podrán suscitarse: Entre órganos de diferentes Administraciones relacionados jerárquicamente. Entre órganos de diferentes Administraciones no relacionados jerárquicamente. Entre órganos de una misma Administración relacionados jerárquicamente. Entre órganos de una misma Administración no relacionados jerárquicamente.

Para la válida constitución de los órganos colegiados de las distintas Administraciones Públicas, a efectos de celebración de sesiones, deliberaciones y toma de acuerdos se requerirá. La asistencia, presencial o a distancia, del Presidente y el Secretario, o en su caso, de quienes les suplan. La asistencia presencial del Secretario o en su caso de quién le supla, y la mitad de sus miembros. La asistencia, presencial del Presidente y Secretario, o en su caso de quienes les suplan, y al menos un tercio de sus miembros. La asistencia, presencial o a distancia, del Presidente, el Secretario, o en su caso de quienes les suplan y al menos la mitad de sus miembros.

Corresponderá al Presidente de los órganos colegiados de la Administración General del Estado: Visar las actas y certificaciones de los acuerdos del órgano. Formular ruegos y preguntas. Obtener la información precisa para cumplir las funciones asignadas. Expedir certificaciones de las consultas, dictámenes y acuerdos aprobados.

Corresponderá al Secretario de los órganos colegiados de la Administración General del Estado. Participar en los debates de las sesiones. Preparar el despacho de los asuntos, redactar y autorizar las actas de las sesiones. Moderar el desarrollo de los debates y suspenderlos por causas justificadas. Acordar la convocatoria de las sesiones ordinarias y la fijación del orden del día.

Es motivo de abstención de las autoridades y el personal al servicio de las Administraciones a la hora de intervenir en un procedimiento: Tener enemistad manifiesta con cualquiera de los interesados. Tener interés personal en el asunto de que se trate. Tener relación de servicio con persona natural o jurídica interesada directamente en el asunto. a) b) y c) son correctas.

Se define como el punto de acceso electrónico cuya titularidad corresponda a una Administración Pública, organismo público o entidad de Derecho Público que permite el acceso a través de internet a la información publicada. Página Web. Portal de internet. Sede electrónica. Certificado digital o Cl@ve.