Administrativo

De acuerdo con el art. 25 de la Ley 7/1985 de Bases del Régimen Local, el Municipio ejercerá en todo caso como competencias propias: Creación, mantenimiento y gestión de las escuelas infantiles de educación de titularidad pública de primer ciclo de educación infantil. Evaluación e información de situaciones de necesidad social y la atención inmediata a personas en situación o riesgo de exclusión social. Prestación de los servicios sociales, promoción de la igualdad de oportunidades y la prevención de la violencia contra la mujer.

De acuerdo con el art. 26 de la Ley 7/1985 de Bases del Régimen Local, los Municipios con población superior a 20.000 habitantes deben prestar como servicios mínimos: Biblioteca pública. Transporte colectivo urbano de viajeros. Protección del medio natural.

Las comisiones informativas en el Ayuntamiento de L’Eliana están integradas por: Un concejal de cada grupo político. Todos los concejales del Ayuntamiento. 3 concejales del grupo PSOE, 2 del PP, 1 de Vox y 1 de Compromís.

Para ser miembro de la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de L’Eliana es necesario: Ser concejal del equipo de gobierno. Ser teniente Alcalde. Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.

La declaración de lesividad de los actos del Ayuntamiento: Es competencia del Alcalde. Es competencia del Pleno y requiere mayoría absoluta. Es competencia del Pleno y requiere mayoría simple.

En una sesión extraordinaria del pleno del Ayuntamiento: Se puede debatir y votar un punto no incluido en el orden del día, si previamente se aprueba su urgencia por mayoría absoluta. Se puede debatir y votar un punto no incluido en el orden del día, si previamente se aprueba su urgencia por mayoría simple. No se puede debatir y votar un punto no incluido en el orden del día, en ningún caso.

Cuando se presenta correctamente el escrito que propone una moción de censura al alcalde, conforme al art. 197 de la Ley Orgánica 5/1985 de régimen electoral general: El Alcalde habrá de convocar obligatoriamente el pleno para las doce horas del décimo día hábil siguiente al de su registro. El Alcalde habrá de convocar obligatoriamente el pleno para las doce horas del vigésimo día hábil siguiente al de su registro. Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.

Los concejales continuarán sus funciones solamente para la administración ordinaria: Desde el fin de su mandato hasta la toma de posesión de los nuevos concejales. Desde la convocatoria de elecciones locales hasta la celebración de las mismas. Durante la campaña electoral.

Conforme al art. 86.2 de la Ley 7/1985 de bases del régimen local, se declara la reserva en favor de las Entidades Locales de la siguiente actividad o servicio esencial, de conformidad con lo previsto en la legislación sectorial aplicable: La seguridad ciudadana. El transporte público de viajeros. La limpieza viaria.

Las Entidades Locales podrán ejercer la iniciativa pública para el desarrollo de actividades económicas, siempre que esté garantizado el cumplimiento: Del objetivo de estabilidad presupuestaria y de la sostenibilidad financiera del ejercicio de sus competencias. Liquidación de la deuda pública. Del período medio de pago no superior a 30 días.

La concesión de un bien de dominio público requiere voto favorable de la mayoría absoluta del número legal de miembros de la corporación: Cuando dure más de cinco años y su cuantía exceda del 15 por cien de los recursos ordinarios del Presupuesto. Cuando dure más de diez años y su cuantía exceda del 10 por cien de los recursos ordinarios del Presupuesto. Cuando dure más de cinco años y su cuantía exceda del 10 por cien de los recursos ordinarios del Presupuesto.

Conforme al art. 93 del RD 1372/1986 de 13 de junio por el que se aprueba el reglamento de bienes de las entidades locales, las Corporaciones Locales que tuvieran cedidas viviendas a su personal por razón de los servicios que preste, darán por terminada la ocupación cuando se de la siguiente causa: Permanencia de dos años en la situación de excedencia voluntaria sin que una vez transcurrido dicho plazo se haya solicitado, de forma inmediata, el oportuno reingreso. Apertura de expediente disciplinario a dicho personal por falta muy grave. Sanción disciplinaria a dicho personal de suspensión de empleo y sueldo superior a 2 años.

De conformidad con el artículo 190.2 del TRLHL, las bases de ejecución del presupuesto podrán establecer, previo informe de la Intervención, las normas que regulen la expedición de órdenes de pago a justificar con cargo a los presupuestos de gastos, determinando : El órgano competente. Los criterios generales, los límites cuantitativos y los conceptos presupuestarios a los que sean aplicables. Los criterios generales, los límites cuantitativos, los conceptos presupuestarios a los que sean aplicables y los plazos de justificación.

De conformidad con el artículo 191 y 192 del TRLHL y en relación al remanente de tesorería: Las obligaciones reconocidas y liquidadas no satisfechas el último día del ejercicio, los derechos pendientes de cobro y los fondos líquidos a 31 de diciembre configurarán el remanente de tesorería de la entidad local. La cuantificación del remanente de tesorería no deberá tener en cuenta los posibles ingresos afectados y ni minorar los derechos pendientes de cobro que se consideren de difícil o imposible recaudación. La liquidación de los presupuestos de los organismos autónomos, informada por la Intervención correspondiente, se aprobará por el órgano competente de estos organismos.

El artículo 193 bis del TRLHL establece que las Entidades Locales deberán informar al Pleno, del resultado de la aplicación de los criterios determinantes de los derechos de difícil o imposible recaudación con los siguientes límites mínimos: Los derechos pendientes de cobro liquidados dentro de los presupuestos de los tres ejercicios anteriores al que corresponde la liquidación, se minorarán, como mínimo, en un 25 por ciento. Los derechos pendientes de cobro liquidados dentro de los presupuestos del ejercicio cuarto y quinto anterior al que corresponde la liquidación, se minorarán, como mínimo, en un 50 por ciento. Los derechos pendientes de cobro liquidados dentro de los presupuestos de los ejercicios cuarto a quinto anteriores al que corresponde la liquidación, se minorarán, como mínimo, en un 75 por ciento.

El artículo 6 del TRLHL establece que los tributos que establezcan las entidades locales al amparo de lo dispuesto en el artículo 106.1 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, respetarán, en todo caso, los siguientes principios: No someter a gravamen bienes situados, actividades desarrolladas, rendimientos originados ni gastos realizados fuera del territorio de la respectiva entidad. No gravar, como tales, negocios, actos o hechos celebrados o realizados fuera del territorio de la Entidad impositora, ni el ejercicio o la transmisión de bienes, derechos u obligaciones que hayan nacido en dicho territorio. No implicar obstáculo alguno para la libre circulación de personas, mercancías o servicios y capitales, y afectar de manera efectiva a la fijación de la residencia de las personas o la ubicación de empresas y capitales dentro del territorio español, no pudiendo las entidades locales instrumentar la ordenación urbanística de su territorio.

De conformidad con el artículo 16.1 del TRLHL las ordenanzas fiscales contendrán, al menos: La determinación del hecho imponible, sujeto pasivo, responsables, exenciones, reducciones y bonificaciones, base imponible y liquidable, tipo de gravamen o cuota tributaria, período impositivo y devengo, los regímenes de declaración y de ingreso , y las fechas de su aprobación y del comienzo de su aplicación. La determinación del hecho imponible, sujeto pasivo, responsables, base imponible y liquidable, tipo de gravamen o cuota tributaria, período impositivo y devengo, los regímenes de declaración y de ingreso , y las fechas de su aprobación y del comienzo de su aplicación. La determinación del hecho imponible, sujeto pasivo, responsables, exenciones, reducciones y bonificaciones, base imponible y liquidable, tipo de gravamen o cuota tributaria, período impositivo y devengo , y las fechas de su aprobación y del comienzo de su aplicación.

Tendrán la consideración de interesados, según el artículo 18 del TRLHL, a efectos de reclamar contra los acuerdos provisionales adoptados por las corporaciones locales para las aprobaciones y modificaciones de ordenanzas fiscales. Únicamente los que tuvieran un interés directo o resulten afectados por tales acuerdos. Los que tuvieran un interés directo o resulten afectados por tales acuerdos, los colegios oficiales, cámaras oficiales, asociaciones y demás entidades legalmente constituidas para velar por los intereses profesionales, económicos o vecinales, aunque no actúen en defensa de los que les son propios. Los que tuvieran un interés directo o resulten afectados por tales acuerdos, los colegios oficiales, cámaras oficiales, asociaciones y demás entidades legalmente constituidas para velar por los intereses profesionales, económicos o vecinales, cuando actúen en defensa de los que les son propios.

De conformidad con el Real Decreto 424/2017, el ejercicio de la función interventora : Comprenderá entre otras, la intervención formal de la ordenación del pago. Incluye la facultad del órgano interventor de examinar, una vez dictada la correspondiente resolución, todo acto, documento o expediente susceptible de producir derechos u obligaciones de contenido económico o movimiento de fondos y valores. La función interventora se ejercerá siempre como fiscalización previa.

De conformidad con el artículo 3 del Real Decreto 424/2017, el control financiero : Tiene por objeto verificar el funcionamiento de los servicios del sector público local en el aspecto económico financiero para comprobar el cumplimiento de la normativa y directrices que los rigen y, en general, que su gestión se ajusta a los principios de buena gestión financiera. Comprende las modalidades de control permanente y la auditoría pública, no incluyéndose el control de eficacia. No incluye la comprobación de que la gestión de los recursos públicos se encuentra orientada por la eficacia, la eficiencia, la economía, la calidad y la transparencia, y por los principios de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera.

El sistema de administración electrónica Sedipualba cuenta con diferentes módulos de tramitación, entre ellos un módulo denominado: SERES cuya función es el registro de entrada y salida de documentos. SECOIN cuya función es la firma de los documentos de la Corporación. SEFYCU cuya función es la gestión de los informes de fiscalización.

De conformidad con el artículo 252 del Decreto Legislativo 1/2021, de 18 de junio, del Consell de aprobación del texto refundido de la Ley de ordenación del territorio, urbanismo y paisaje: Los actos de edificación o uso del suelo se realizasen sin licencia u orden de ejecución, la alcaldía, de oficio o a instancia de parte, comprobado que carecen de autorización urbanística, ordenará, previa audiencia a los interesados, la suspensión inmediata de las obras o el cese del uso en curso de ejecución o desarrollo. Los actos de edificación o uso del suelo se realizasen sin licencia u orden de ejecución, la alcaldía, de oficio o a instancia de parte, sin efectuar comprobaciones, ordenará, sin más trámite, la suspensión inmediata de las obras o el cese del uso en curso de ejecución o desarrollo. Cuando la obra esté sujeta a declaración responsable y ésta se haya omitido o cuando se pretendan ejecutar en dicho régimen obras sujetas a licencia, la alcaldía, de oficio o a instancia de parte, comprobado que carecen de autorización urbanística, ordenará, sin más trámite, la suspensión inmediata de las obras o el cese del uso en curso de ejecución o desarrollo.

Respecto de la suspensión y revisión de licencias reguladas en el art. 262 del Decreto Legislativo 1/2021, de 18 de junio, del Consell de aprobación del texto refundido de la Ley de ordenación del territorio, urbanismo y paisaje: Las licencias y órdenes de ejecución en las que concurra un supuesto de nulidad de pleno derecho podrán ser revisadas, de oficio o como consecuencia de la estimación de los recursos administrativos previstos en derecho, por la administración municipal, en los términos establecidos en la Ley 39/2015, de 1 de octubre. Las licencias y órdenes de ejecución en las que concurra un supuesto de nulidad de pleno derecho podrán ser revisadas, siempre como consecuencia de la estimación de los recursos administrativos previstos en derecho, por la administración municipal, en los términos establecidos en la Ley 39/2015, de 1 de octubre. Las licencias y órdenes de ejecución en las que concurra un supuesto de anulabilidad de pleno derecho podrán ser revisadas, de oficio o como consecuencia de la estimación de los recursos administrativos previstos en derecho, por la administración municipal, en los términos establecidos en la Ley 39/2015, de 1 de octubre.

Respecto de las infracciones muy graves, graves y leves reguladas en el art. 265 del Decreto Legislativo 1/2021, de 18 de junio, del Consell de aprobación del texto refundido de la Ley de ordenación del territorio, urbanismo y paisaje: Son infracciones graves las acciones y omisiones tipificadas en este texto refundido que constituyan incumplimiento de las normas urbanísticas relativas al uso del suelo y construcción que afecten a zonas verdes, espacios libres, dotaciones y equipamientos públicos o al suelo no urbanizable protegido. Constituye asimismo infracción muy grave el incumplimiento culpable por el agente urbanizador de los compromisos asumidos con la administración o las personas propietarias, salvo el incumplimiento de los plazos no superior a un tercio del establecido. Son infracciones graves las acciones y omisiones tipificadas en este texto refundido que constituyan incumplimiento de las normas relativas a parcelaciones, aprovechamiento urbanístico, edificabilidad, uso del suelo, altura, volumen, situación de las edificaciones y ocupación permitida de la superficie de las parcelas, o la de edificación de estas en exceso del aprovechamiento subjetivo sin haber cumplido las condiciones de gestión urbanística exigibles.

Señale cuál de los siguientes derechos no goza de las garantías que otorga el artículo 53.2 de la Constitución: El derecho a la protección de la salud. El derecho a la libertad de cátedra. El derecho a la libertad ideológica, religiosa y de culto.

¿En qué articulo de la Constitución Española de 1978 se establece que “Los poderes públicos fomentarán la educación sanitaria, la educación física y el deporte.”. artículo 39. artículo 43. artículo 44.

Atendiendo al contenido del articulo 68 de la Constitución Española, señale la respuesta incorrecta: El Congreso se compone de un mínimo de 300 y un máximo de 400 Diputados, elegidos por sufragio universal, libre, igual, directo y secreto, en los términos que establezca la ley. Los miembros de las Cortes Generales no estarán ligados por mandato imperativo. Las elecciones tendrán lugar entre los treinta días y sesenta días desde la terminación del mandato.

Según el art. 75 CE, sobre el funcionamiento de las Cámaras, señale la opción correcta: Las Cámaras pueden delegar en Comisiones Legislativas Permanentes la aprobación de proyectos o proposiciones de ley. Toda ley debe ser necesariamente aprobada en sesión plenaria, sin posibilidad de delegación en comisiones. Las Comisiones Legislativas Permanentes pueden aprobar cualquier tipo de ley, incluidas las leyes orgánicas.

Señale la respuesta correcta: el artículo 98 de la Constitución Española establece que el Gobierno se compone del Presidente, de los Vicepresidentes, en su caso, de los ministros y de los demás miembros que establezca la ley. el artículo 98 de la Constitución Española establece que el Gobierno se compone del Presidente, de los Vicepresidentes, de los ministros y de los demás miembros que establezca la ley. el artículo 98 de la Constitución Española establece que el Gobierno se compone del Presidente, de los Vicepresidentes, en su caso, y de los ministros.

La Constitución Española regula el Poder Judicial en el Título VI. En base a estas disposiciones señale la respuesta incorrecta: La justicia emana del pueblo y se administra en nombre del Rey por Jueces y Magistrados. La justicia será gratuita en todo caso. El principio de unidad jurisdiccional es la base de la organización y funcionamiento de los Tribunales.

De acuerdo con lo dispuesto en la ley Orgánica 5/1982, de 1 de julio, por la que se aprueba el Estatuto de Autonomía de la Comunitat Valenciana, señale cuál de los siguientes enunciados es correcto: Son funciones de les Corts la interposición de recursos de inconstitucionalidad, así como personarse ante el Tribunal Constitucional. Les Corts estarán constituidas por un número de Diputados y Diputadas no inferior a 99, elegidos por sufragio universal, libre, igual, directo y secreto, en la forma que determina la ley electoral Valenciana, atendiendo a criterios de racionalidad y en su caso de comarcalización. El mandato de los Diputados de les Corts, a todos los efectos, finalizará el día antes de las elecciones.

Según el art. 38 del Estatuto de Autonomía de la Comunidad Valenciana, el Síndic de Greuges es designado por: El Consell. Les Corts. El President.

La Ley 39/2015 del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas tiene por objeto regular: (señala la incorrecta): las bases del régimen jurídico de las Administraciones Públicas. el procedimiento administrativo común a todas las Administraciones Públicas, incluyendo el sancionador y el de reclamación de responsabilidad de las Administraciones Públicas. los requisitos de validez y eficacia de los actos administrativos.

Según el artículo 35 de la Ley 39/2015, serán motivados, con sucinta referencia de hechos y fundamento de derecho: Los actos que sigan el criterio en actuaciones precedentes. Los acuerdos de ampliación de plazos. Los actos que no limiten derechos subjetivos o intereses legítimos.

De acuerdo con el artículo 67.1 de la Ley 39/2015, en los procedimientos de responsabilidad patrimonial, el derecho a reclamar: Prescribirá a los seis meses de producido el hecho o el acto que motive la indemnización o se manifieste su efecto lesivo. No prescribirá en los casos de daños de carácter físico a las personas. Prescribirá al año de producido el hecho o el acto que motive la indemnización o se manifieste su efecto lesivo.

Según el artículo 53 de la Ley 39/2015, señale la opción INCORRECTA en relación con los derechos del interesado en el procedimiento administrativo: Los interesados tienen derecho a conocer, en cualquier momento, el estado de la tramitación de los procedimientos en los que tengan la condición de interesados, así como a acceder y obtener copia de los documentos contenidos en los mismos. Los interesados tienen derecho a identificar a las autoridades y al personal al servicio de las Administraciones Públicas bajo cuya responsabilidad se tramiten los procedimientos. Los interesados tienen derecho a formular alegaciones únicamente en el trámite de audiencia, quedando excluida la posibilidad de realizarlas en fases anteriores del procedimiento salvo que la Administración lo autorice expresamente.

Según lo dispuesto en el artículo 106 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, cuando una Administración Pública declare la nulidad de pleno derecho de un acto administrativo mediante el procedimiento de revisión de oficio, será requisito indispensable: Que la declaración de nulidad se produzca dentro del plazo de cuatro años desde que se dictó el acto, previo dictamen favorable del Consejo de Estado u órgano consultivo equivalente de la Comunidad Autónoma. Que la declaración de nulidad se produzca en cualquier momento, previo dictamen favorable del Consejo de Estado u órgano consultivo equivalente de la Comunidad Autónoma. Que la declaración de nulidad se produzca dentro del plazo máximo de un año desde que se dictó el acto, previa audiencia al interesado y previo dictamen favorable del Consejo de Estado u órgano consultivo equivalente de la Comunidad Autónoma.

El artículo 119.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas establece, para la resolución de los recursos administrativos, que si existe vicio de forma y no se estima procedente resolver sobre el fondo. No se podrá ordenar la convalidación de actuaciones por el órgano competente. Se ordenará la retroacción del procedimiento desde el inicio del expediente. Ninguna de las respuestas es correcta.

Las encomiendas de gestión reguladas en la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público: Podrán tener por objeto prestaciones propias de los contratos regulados en la legislación de contratos del sector público. Suponen cesión de la titularidad de la competencia y de los elementos sustantivos de su ejercicio, siendo responsabilidad del órgano o Entidad encomendado dictar cuantos actos o resoluciones de carácter jurídico den soporte o en los que se integre la concreta actividad material objeto de encomienda. La Entidad u órgano encomendado tendrá la condición de encargado del tratamiento de los datos de carácter personal a los que pudiera tener acceso en ejecución de la encomienda de gestión, siéndole de aplicación lo dispuesto en la normativa de protección de datos de carácter personal.

El artículo 18 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, en relación con las actas de los órganos colegiados, establece que: El fichero resultante de la grabación de la sesión, junto con la certificación expedida por el Secretario de la autenticidad e integridad del mismo, y cuantos documentos en soporte electrónico se utilizasen como documentos de la sesión, deberán acompañar al acta de las sesiones, recogiendo en ella los puntos principales de las deliberaciones. La grabación de las sesiones y documentos en soporte electrónico deberán conservarse de forma que se garantice la integridad y autenticidad de los ficheros electrónicos correspondientes y el acceso a los mismos por parte de los miembros del órgano colegiado. De cada sesión que celebre el órgano colegiado se levantará acta por el Secretario, que podrá especificar los asistentes, el orden del día de la reunión, las circunstancias del lugar y tiempo en que se ha celebrado, los puntos principales de las deliberaciones, así como el contenido de los acuerdos adoptados.

Según el artículo 91.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, será necesario que la resolución de los procedimientos en materia de responsabilidad patrimonial se pronuncie. Sobre la existencia o no de la relación de causalidad entre el funcionamiento del servicio público y la lesión producida y, en su caso, sobre la valoración del daño causado, la cuantía y el modo de la indemnización, cuando proceda, de acuerdo con los criterios que para calcularla y abonarla se establecen en el artículo 34 de la Ley de Régimen Jurídico del Sector Público. Sobre la existencia o no de la relación de causalidad entre el funcionamiento del servicio público y la lesión producida y, en todo caso, sobre la valoración del daño causado, la cuantía y el modo de la indemnización, de acuerdo con los criterios que para calcularla y abonarla se establecen en el artículo 34 de la Ley de Régimen Jurídico del Sector Público. Ninguna de las respuestas es correcta.

El artículo 29.3 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público dispone que la graduación de la sanción considerará especialmente los siguientes criterios: El grado de culpabilidad o la existencia de intencionalidad, la continuidad o persistencia en la conducta infractora, la reincidencia, por comisión en el término de dos años de más de una infracción de la misma naturaleza cuando así haya sido declarado por resolución firme en vía administrativa. El grado de culpabilidad o la existencia de intencionalidad, la continuidad o persistencia en la conducta infractora, la naturaleza de los perjuicios causados, la reincidencia, por comisión en el término de dos años de más de una infracción de la misma naturaleza cuando así haya sido declarado por resolución firme en vía administrativa. El grado de culpabilidad o la existencia de intencionalidad, la continuidad o persistencia en la conducta infractora, la naturaleza de los perjuicios causados, la reincidencia, por comisión en el término de un año de más de una infracción de la misma naturaleza cuando así haya sido declarado por resolución firme en vía administrativa.

Según lo dispuesto en la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, las ordenanzas y reglamentos locales entran en vigor: Una vez aprobados definitivamente y publicado completamente su texto en el Boletín Oficial de la Provincia. Una vez aprobados definitivamente, publicado completamente su texto en el Boletín Oficial de la Provincia y transcurrido el plazo previsto en el artículo 65.2 de dicha ley, salvo los presupuestos y las ordenanzas fiscales. A los treinta días hábiles de su aprobación definitiva, siempre que se haya efectuado su publicación íntegra de su texto en el Boletín Oficial de la Provincia.

Cuál de los siguientes datos no es obligatorio que se contemple en el Padrón municipal: Domicilio habitual, con especificación de la referencia catastral, y número de teléfono. Lugar y fecha de nacimiento. Certificado o título escolar o académico que se posea.

El principio de tipicidad de la potestad sancionadora implica que: Sólo constituyen infracciones administrativas las vulneraciones del ordenamiento jurídico previstas como tales infracciones por una Ley, sin perjuicio de lo dispuesto para la Administración Local en el Título XI de la Ley 7/1985, de 2 de abril. Sólo constituyen infracciones administrativas las vulneraciones del ordenamiento jurídico previstas como tales infracciones por una Ley, sin perjuicio de lo dispuesto para la Administración Local en el Título IX de la Ley 7/1985, de 2 de abril. Sólo constituyen infracciones administrativas las vulneraciones del ordenamiento jurídico previstas como tales infracciones por una Ley, sin perjuicio de lo dispuesto para la Administración Local en el Título X de la Ley 7/1985, de 2 de abri.

De acuerdo con el artículo 32 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, la responsabilidad patrimonial del Estado legislador podrá surgir también en los supuestos de: Cuando los daños deriven de la aplicación de una norma con rango de ley declarada inconstitucional siempre que concurran los requisitos del apartado 4. Cuando los daños deriven de la aplicación de una norma contraria al Derecho de la Unión Europea de acuerdo con lo dispuesto en el apartado 5. Ambas respuestas son correctas.

Según el artículo 70 bis de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, los vecinos de un municipio de 10.000 habitantes podrán ejercer la iniciativa popular para presentar propuestas de acuerdos o actuaciones o proyectos de reglamentos en materias de competencia municipal: Siempre que dichas iniciativas vayan suscritas al menos por el 20 por ciento de los vecinos. Siempre que dichas iniciativas vayan suscritas al menos por el 10 por ciento de los vecinos. Siempre que dichas iniciativas vayan suscritas al menos por el 15 por ciento de los vecinos.

Según el artículo 48 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, indique qué afirmación es incorrecta respecto a los convenios: Las Administraciones Públicas, sus organismos públicos y entidades de derecho público vinculados o dependientes y las Universidades públicas, en el ámbito de sus respectivas competencias, podrán suscribir convenios con sujetos de derecho público y privado, a través de los que se instrumentará la cesión de la titularidad de la competencia. En el ámbito de la Administración General del Estado y sus organismos públicos y entidades de derecho público vinculados o dependientes, podrán celebrar convenios los titulares de los Departamentos Ministeriales y los Presidentes o Directores de las dichas entidades y organismos públicos. La suscripción de convenios deberá mejorar la eficiencia de la gestión pública, facilitar la utilización conjunta de medios y servicios públicos, contribuir a la realización de actividades de utilidad pública y cumplir con la legislación de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera.

De acuerdo con la Ley 1/2022, de 13 de abril, de Transparencia y Buen Gobierno de la Comunitat Valenciana, el procedimiento para el ejercicio del derecho de acceso a la información pública se rige: Supletoriamente por lo dispuesto en esta ley y, directamente, por la normativa que regula el procedimiento administrativo común de las administraciones públicas. Únicamente por lo establecido por esta ley. Por lo dispuesto en esta ley y, supletoriamente, por la normativa que regula el procedimiento administrativo común de las administraciones públicas.

El organismo que garantizará en los medios de comunicación audiovisual de titularidad pública, la emisión de programas cuyo objetivo sea erradicar la violencia contra las mujeres, el acoso sexual y la explotación sexual de la mujer, será: El consejo valenciano de las Mujeres. El Consell de la Generalitat. Ninguno es correcto.

El ayuntamiento de l’Eliana cuenta con: Plan de Igualdad del Municipio de l’Eliana (2022-2026). II Plan de Igualdad interno Ayuntamiento l’Eliana (2023-2026). a y b son correctas.

Señale la respuesta correcta. Según el artículo 5 del Real decreto legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del estatuto básico del empleado público, el personal funcionario de la Sociedad Estatal Correos y Telégrafos: Se regirá por sus normas específicas y supletoriamente por lo dispuesto en este Estatuto. No se le aplicará el Estatuto básico del empleado público. Se regirá principalmente por lo dispuesto en las diferentes leyes de función pública según el territorio.

Cuál de los siguientes no es uno de los principios y fundamentos de actuación que ordenan la función pública valenciana, conforme a lo establecido en el artículo 2 de la Ley 4/2021, de 16 de abril: Ética profesional en el desempeño del servicio público. Evaluación y responsabilidad en la gestión. Servicio a las administraciones públicas en la regulación del empleo público.

El ascenso en la estructura de puestos de trabajo por los procedimientos de provisión establecidos en el Capítulo III del Titulo V del Estatuto Básico del Empleado Público se define en el artículo 16 del citado Estatuto Básico como: Carrera vertical. Carrera horizontal. Promoción interna vertical.

El funcionario declarado en la situación de suspensión de funciones: Perderá el puesto de trabajo cuando la sanción exceda de tres meses. No podrá prestar servicios en ninguna Administración Pública, durante el tiempo del cumplimiento de la pena o sanción. a) y b) son correctas.

Según establece el artículo 162 de la Ley 4/2021, de 16 de abril, de la Función Pública Valenciana, el personal funcionario cuyo puesto de trabajo haya sido suprimido como consecuencia de la aplicación de una medida de redistribución de efectivos o de racionalización de la organización administrativa y de personal reguladas por esta ley y no hayan obtenido otro puesto de trabajo, podrá ser declarado: En situación de excedencia forzosa. En situación de expectativa de destino. Ninguna respuesta es correcta.

Según la Ley 4/2021, 16 de abril, de la Función Pública Valenciana, la comisión de servicios forzosa tendrá una duración: Máxima de seis meses, prorrogable por otros seis. Mínima de 3 años. Máxima de 2 años.

Según la Ley 4/2021, 16 de abril, de la Función Pública Valenciana, no es una causa de pérdida de la condición de personal funcionario de carrera: La renuncia. La sanción provisional de separación del servicio. El fallecimiento.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 3.1 de la Ley 9/2017, de contratos del Sector Público, se considera que forman parte del sector público: Los fondos sin personalidad jurídica. Las comunidades de bienes. Los fondos de inversión.

Como presupuesto base de licitación según el artículo 100 de la Ley 9/2017, de contratos del Sector Público, se entiende: El límite máximo de gasto que en virtud del contrato puede comprometer el órgano de contratación, excluyendo el Impuesto sobre el Valor añadido. El límite máximo de gasto que en virtud del contrato puede comprometer el órgano de contratación, incluido el Impuesto sobre el Valor Añadido, salvo disposición en contrario. El presupuesto de ejecución material, incluido el Impuesto sobre el Valor añadido.

Conforme al art. 165 de la Ley 1/2015 de 6 de febrero, de la Generalitat, de Hacienda Pública, del Sector Público Instrumental y de Subvenciones, las bases reguladoras de la concesión de las subvenciones contendrán como contenido mínimo, entre otros, el siguiente aspecto: Criterios de valoración de las solicitudes. La forma y plazo en que deben presentarse las solicitudes. Plazo máximo para notificar la resolución correspondiente.

Son actos sujetos a licencia se conformidad con el artículo 232 del Decreto Legislativo 1/2021, de 18 de junio, del Consell de aprobación del texto refundido de la Ley de ordenación del territorio, urbanismo y paisaje: Las obras de mera reforma que no suponga alteración estructural del edificio. La ubicación de casas prefabricadas e instalaciones similares, ya sean provisionales o permanentes. La primera ocupación de las edificaciones y las instalaciones, concluida su construcción, de acuerdo con lo previsto en la legislación vigente en materia de ordenación y calidad de la edificación, así como el segundo y siguientes actos de ocupación de viviendas.

De conformidad con el artículo 114 de la Ley 39/2015, ponen fin a la vía administrativa: Las resoluciones de los recursos extraordinarios de revisión. Los acuerdos, pactos, convenios o contratos que no tengan la consideración de finalizadores del procedimiento. La resolución administrativa de los procedimientos de responsabilidad patrimonial, cualquiera que fuese el tipo de relación, pública o privada, de que derive.

De acuerdo con el artículo 42 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, las Administraciones Públicas podrán identificarse electrónicamente mediante: Sistemas basados en certificados electrónicos cualificados de sello electrónico o sistemas de código seguro de verificación vinculados a la Administración. Únicamente mediante certificado electrónico reconocido expedido por prestador de servicios de certificación autorizado por la Administración General del Estado. Sistemas basados exclusivamente en firma electrónica avanzada del titular del órgano administrativo competente.

Según el artículo 106 de la Ley 9/2017, de contratos del Sector Público, la garantía que se constituye para asegurar el mantenimiento de las ofertas de los licitadores hasta la perfección del contrato por el adjudicatario es: La garantía provisional. La garantía definitiva. La garantía inicial.