ADMINISTRATIVO AYTO. BILBAO – TEMA 18 – PARTE ESPECÍFICA

1. Los particulares tendrán derecho a ser indemnizados por las Administraciones Públicas correspondientes, de toda lesión que sufran en cualquiera de sus bienes y derechos, siempre que la lesión sea consecuencia de: a) el funcionamiento anormal de los servicios públicos incluso en los casos de fuerza mayor o de daños que el particular tenga el deber jurídico de soportar de acuerdo con la Ley. b) el funcionamiento normal o anormal de los servicios públicos salvo en los casos de fuerza mayor o de daños que el particular tenga el deber jurídico de soportar de acuerdo con la Ley. c) el funcionamiento anormal de los servicios públicos salvo en los casos de fuerza mayor o de daños que el particular tenga el deber jurídico de soportar de acuerdo con la Ley. d) el funcionamiento normal o anormal de los servicios públicos incluso en los casos de fuerza mayor o de daños que el particular tenga el deber jurídico de soportar de acuerdo con la Ley.

2. La anulación en vía administrativa o por el orden jurisdiccional contencioso administrativo de los actos o disposiciones administrativas:. a) presupone, por sí misma, derecho a la indemnización. b) no presupone, por sí misma, derecho a la indemnización. c) no presupone, en ningún caso, derecho a la indemnización. d) ninguna es correcta.

3. Respecto a la responsabilidad patrimonial de las Administraciones Públicas el daño alegado habrá de ser: a) efectivo. b) evaluable económicamente. c) individualizado con relación a una persona o grupo de personas. d) todas son correctas.

4. Cuando así se establezca en los propios actos legislativos y en los términos que en ellos se especifiquen, los particulares tendrán derecho a ser indemnizados por las Administraciones Públicas de toda lesión que sufran en sus bienes y derechos como consecuencia de la aplicación de: a) actos legislativos de naturaleza expropiatoria de derechos que tengan el deber jurídico de soportar. b) actos legislativos de naturaleza no expropiatoria de derechos que no tengan el deber jurídico de soportar. c) actos legislativos de naturaleza no expropiatoria de derechos que tengan el deber jurídico de soportar. d) actos legislativos de naturaleza expropiatoria de derechos que no tengan el deber jurídico de soportar.

5. La responsabilidad del Estado legislador podrá surgir también en los siguientes supuestos, siempre que concurran los requisitos previstos en los apartados anteriores: a) Cuando los daños deriven de la aplicación de una norma con rango de ley declarada inconstitucional, siempre que concurran los requisitos del apartado 4. b) Cuando los daños deriven de la aplicación de una norma contraria al Derecho de la Unión Europea, de acuerdo con lo dispuesto en el apartado 5. c) a y b son correctas. d) a y b son incorrectas.

6. Si la lesión es consecuencia de la aplicación de una norma con rango de ley declarada inconstitucional, procederá su indemnización cuando el particular haya obtenido: a) en cualquier instancia, sentencia firme desestimatoria de un recurso contra la actuación administrativa que ocasionó el daño, siempre que se hubiera alegado la inconstitucionalidad posteriormente declarada. b) en última instancia, sentencia firme estimatoria de un recurso contra la actuación administrativa que ocasionó el daño, siempre que se hubiera alegado la inconstitucionalidad posteriormente declarada. c) en última instancia, sentencia firme desestimatoria de un recurso contra la actuación administrativa que ocasionó el daño, aunque no se hubiera alegado la inconstitucionalidad posteriormente declarada. d) en cualquier instancia, sentencia firme estimatoria de un recurso contra la actuación administrativa que ocasionó el daño, aunque no se hubiera alegado la inconstitucionalidad posteriormente declarada.

7. Si la lesión es consecuencia de la aplicación de una norma declarada contraria al Derecho de la Unión Europea, procederá su indemnización cuando el particular haya obtenido, en cualquier instancia, sentencia firme desestimatoria de un recurso contra la actuación administrativa que ocasionó el daño, siempre que se hubiera alegado la infracción del Derecho de la Unión Europea posteriormente declarada. Asimismo, deberán cumplirse todos los requisitos siguientes: (señala la INCORRECTA). a) la norma no puede tener por objeto conferir derechos a los particulares. b) el incumplimiento ha de estar suficientemente caracterizado. c) ha de existir una relación de causalidad directa entre el incumplimiento de la obligación impuesta a la Administración responsable por el Derecho de la Unión Europea y el daño sufrido por los particulares. d) Todas son correctas.

8. La sentencia que declare la inconstitucionalidad de la norma con rango de ley o declare el carácter de norma contraria al Derecho de la Unión Europea producirá efectos: a) desde la fecha de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado» o en el «Diario Oficial de la Unión Europea», según el caso, salvo que en ella se establezca otra cosa. b) desde el día siguiente a su publicación en el «Boletín Oficial del Estado» o en el «Diario Oficial de la Unión Europea», según el caso, salvo que en ella se establezca otra cosa. c) desde la fecha de la sentencia, salvo que en ella se establezca otra cosa. d) desde el día siguiente a la fecha de la sentencia, salvo que en ella se establezca otra cosa.

9. La responsabilidad patrimonial del Estado por el funcionamiento de la Administración de Justicia se regirá por la: a) presente Ley. b) Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. c) Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial. d) Ley 36/2011, de 10 de octubre, reguladora de la jurisdicción social.

10. Fijará el importe de las indemnizaciones que proceda abonar cuando el Tribunal Constitucional haya declarado, a instancia de parte interesada, la existencia de un funcionamiento anormal en la tramitación de los recursos de amparo o de las cuestiones de inconstitucionalidad: a) el Consejo de Ministros. b) el Gobierno. c) el Congreso. d) el Consejo de Estado.

11. El procedimiento para fijar el importe de las indemnizaciones se tramitará por: a) el Ministerio Fiscal, con audiencia al Consejo de Ministros. b) el Ministerio de Justicia, con audiencia al Consejo de Estado. c) el Ministerio de Justicia, con audiencia al Consejo de Ministros. d) el Ministerio Fiscal, con audiencia al Consejo de Estado.

12. Para determinar la responsabilidad de las Administraciones Públicas por los daños y perjuicios causados a terceros durante la ejecución de contratos cuando sean consecuencia de una orden inmediata y directa de la Administración o de los vicios del proyecto elaborado por ella misma se seguirá el procedimiento previsto en: a) la Ley de Contratos del Sector Público, sin perjuicio de las especialidades que, en su caso establezca la Ley de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. b) la Ley de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, sin perjuicio de las especialidades que, en su caso establezca la Ley de Contratos del Sector Público. c) la Ley de Régimen Jurídico del Sector Público, sin perjuicio de las especialidades que, en su caso establezca la Ley de Contratos del Sector Público. d) la Ley de Contratos del Sector Público, sin perjuicio de las especialidades que, en su caso establezca la Ley de Régimen Jurídico del Sector Público.

13. Cuando de la gestión dimanante de fórmulas conjuntas de actuación entre varias Administraciones públicas se derive responsabilidad en los términos previstos en la presente Ley, las Administraciones intervinientes responderán frente al particular en todo caso: a) de forma subsidiaria. b) de forma solidaria. c) de forma mancomunada. d) de forma individual.

14. En los casos previstos en la pregunta anterior, la Administración competente para incoar, instruir y resolver los procedimientos en los que exista una responsabilidad concurrente de varias Administraciones Públicas, será la fijada: a) en los Estatutos o reglas de la organización colegiada. En su defecto, la competencia vendrá atribuida a la Administración Pública con mayor participación en la financiación del servicio. b) por sus órganos directivos. En su defecto, la competencia vendrá atribuida a la Administración Pública con menor participación en la financiación del servicio. c) en los Estatutos o reglas de la organización colegiada. En su defecto, la competencia vendrá atribuida a la Administración Pública con menor participación en la financiación del servicio. d) por sus órganos directivos. En su defecto, la competencia vendrá atribuida a la Administración Pública con mayor participación en la financiación del servicio.

15. El instrumento jurídico regulador de la actuación conjunta: a) podrá determinar la distribución de la responsabilidad entre las diferentes Administraciones públicas. b) deberá determinar la distribución de la responsabilidad entre las diferentes Administraciones públicas. c) no podrá determinar la distribución de la responsabilidad entre las diferentes Administraciones públicas. d) ninguna es correcta.

16. En otros supuestos de concurrencia de varias Administraciones en la producción del daño, la responsabilidad se fijará para cada Administración atendiendo a los criterios de: a) competencia. b) interés público tutelado. c) intensidad de la intervención. d) todas son correctas.

17. Cuando se trate de procedimientos en materia de responsabilidad patrimonial, la Administración Pública competente, deberá consultar a las restantes Administraciones implicadas para que, en el plazo de: a) 5 días, éstas puedan exponer cuanto consideren procedente. b) 10 días, éstas puedan exponer cuanto consideren procedente. c) 15 días, éstas puedan exponer cuanto consideren procedente. d) 20 días, éstas puedan exponer cuanto consideren procedente.

18. Sólo serán indemnizables las lesiones producidas al particular provenientes de daños que éste: a) tenga el deber jurídico de soportar de acuerdo con la Ley. b) no tenga el deber jurídico de soportar de acuerdo con la Ley. c) tenga o no el deber jurídico de soportar de acuerdo con la Ley. d) ninguna es correcta.

19. No serán indemnizables los daños que se deriven de hechos o circunstancias que: a) no se hubiesen podido prever o evitar según el estado de los conocimientos de la ciencia o de la técnica existentes en el momento de producción de aquéllos, sin perjuicio de las prestaciones asistenciales o económicas que las leyes puedan establecer para estos casos. b) se hubiesen podido prever o evitar según el estado de los conocimientos de la ciencia o de la técnica existentes en el momento de producción de aquéllos, sin posibilidad de que las leyes puedan establecer para estos casos ningún tipo de prestación asistencial o económica. c) no se hubiesen podido prever o evitar según el estado de los conocimientos de la ciencia o de la técnica existentes en el momento de producción de aquéllos, sin posibilidad de que las leyes puedan establecer para estos casos ningún tipo de prestación asistencial o económica. d) se hubiesen podido prever o evitar según el estado de los conocimientos de la ciencia o de la técnica existentes en el momento de producción de aquéllos, sin perjuicio de las prestaciones asistenciales o económicas que las leyes puedan establecer para estos casos.

20. En los casos de responsabilidad patrimonial a los que se refiere los apartados 4 y 5 del artículo 32, salvo que la sentencia disponga otra cosa, serán indemnizables los daños producidos en el plazo de: a) los 2 años anteriores a la fecha de la publicación de la sentencia que declare la inconstitucionalidad de la norma con rango de ley o el carácter de norma contraria al Derecho de la Unión Europea. b) los 5 años posteriores a la fecha de la publicación de la sentencia que declare la inconstitucionalidad de la norma con rango de ley o el carácter de norma contraria al Derecho de la Unión Europea. c) los 2 años posteriores a la fecha de la publicación de la sentencia que declare la inconstitucionalidad de la norma con rango de ley o el carácter de norma contraria al Derecho de la Unión Europea. d) los 5 años anteriores a la fecha de la publicación de la sentencia que declare la inconstitucionalidad de la norma con rango de ley o el carácter de norma contraria al Derecho de la Unión Europea.

21. La indemnización de las lesiones producidas al particular se calculará: a) con arreglo a los criterios de valoración establecidos en la legislación fiscal. b) con arreglo a los criterios de valoración establecidos en la legislación de expropiación forzosa y demás normas aplicables. c) ponderándose, en su caso, las valoraciones predominantes en el mercado. d) todas son correctas.

22. La cuantía de la indemnización se calculará con referencia a: a) el día en que la lesión efectivamente se produjo, sin perjuicio de su actualización a la fecha en que se ponga fin al procedimiento de responsabilidad con arreglo al Índice de Garantía de la Competitividad, fijado por el Centro de Investigaciones Sociológicas, y de los intereses que procedan por demora en el pago de la indemnización fijada. b) la fecha en que se ponga fin al procedimiento de responsabilidad, sin perjuicio de su actualización al día en que la lesión efectivamente se produjo con arreglo al Índice de Garantía de la Competitividad, fijado por el Centro de Investigaciones Sociológicas, y de los intereses que procedan por demora en el pago de la indemnización fijada. c) el día en que la lesión efectivamente se produjo, sin perjuicio de su actualización a la fecha en que se ponga fin al procedimiento de responsabilidad con arreglo al Índice de Garantía de la Competitividad, fijado por el Instituto Nacional de Estadística, y de los intereses que procedan por demora en el pago de la indemnización fijada. d) la fecha en que se ponga fin al procedimiento de responsabilidad, sin perjuicio de su actualización al día en que la lesión efectivamente se produjo con arreglo al Índice de Garantía de la Competitividad, fijado por el Instituto Nacional de Estadística, y de los intereses que procedan por demora en el pago de la indemnización fijada.

23. Cuando resulte más adecuado para lograr la reparación debida y convenga al interés público y siempre que exista acuerdo con el interesado, la indemnización procedente podrá (señala la INCORRECTA): a) sustituirse por una compensación en especie. b) ser abonada mediante pagos periódicos. c) sustituirse por una compensación variable y diferida. d) todas son correctas.

24.Cuando las Administraciones Públicas actúen, ................., en relaciones de esta naturaleza, su responsabilidad se exigirá de conformidad con lo previsto en los artículos 32 y siguientes, incluso cuando concurra con sujetos de derecho privado o la responsabilidad se exija directamente a la entidad de derecho privado a través de la cual actúe la Administración o a la entidad que cubra su responsabilidad. a) indirectamente o a través de una entidad de derecho privado. b) directamente o a través de una entidad de derecho público. c) directamente o a través de una entidad de derecho privado. d) indirectamente o a través de una entidad de derecho público.

25. Para hacer efectiva la responsabilidad patrimonial, los particulares exigirán: a) directamente a la Administración Pública correspondiente las indemnizaciones por los daños y perjuicios causados por las autoridades y personal a su servicio. b) directamente a las autoridades y personal al servicio de la Administración Pública las indemnizaciones por los daños y perjuicios que hayan ocasionado. c) indiferentemente a la Administración Pública correspondiente o a las autoridades y personal a su servicio las indemnizaciones por los daños y perjuicios causados por estas últimas. d) ninguna es correcta.

26. La Administración correspondiente, cuando hubiere indemnizado a los lesionados, exigirá de sus autoridades y demás personal a su. a) de oficio en vía penal, previa instrucción del correspondiente procedimiento. b) de oficio en vía administrativa, sin instrucción de procedimiento. c) de oficio en vía administrativa, previa instrucción del correspondiente procedimiento. d) de oficio en vía penal, sin instrucción de procedimiento.

27. Para la exigencia de la responsabilidad de las autoridades al servicio de la Administración y, en su caso, para su cuantificación, se ponderará: (señala la INCORRECTA). a) el resultado dañoso producido. b) el grado de culpabilidad. c) la responsabilidad profesional del personal al servicio de las Administraciones públicas y su relación con la producción del resultado dañoso. d) la reincidencia en el acto doloso.

28. Asimismo, la Administración instruirá igual procedimiento a las autoridades y demás personal a su servicio por los daños y perjuicios causados en sus bienes o derechos cuando hubiera concurrido dolo, o culpa o negligencia graves. a) dolo. b) culpa. c) negligencia graves. d) Todas son correstas.

29.Respecto al procedimiento para la exigencia de la responsabilidad de las autoridades y personal al servicio de las Administraciones Públicas, el plazo para realizar ALEGACIONES será de: a) 5 días. b) 10 días. c) 15 días. d) 20 días.

30. Respecto al procedimiento para la exigencia de la responsabilidad de las autoridades y personal al servicio de las Administraciones Públicas, el plazo para LA PRACTICA de las pruebas será de: a) 5 días. b) 10 días. c) 15 días. d) 20 días.

31. Respecto al procedimiento para la exigencia de la responsabilidad de las autoridades y personal al servicio de las Administraciones Públicas, el plazo para la AUDIENCIA será de: a) 5 días. b) 10 días. c) 15 días. d) 20 días.

32. Respecto al procedimiento para la exigencia de la responsabilidad de las autoridades y personal al servicio de las Administraciones Públicas, el plazo para la FORMULACIÓN de la propuesta de resolución será de: a) 5 días desde la finalización del trámite de audiencia. b) 10 días desde la finalización de la práctica de las pruebas. c) 5 días desde la finalización de la práctica de las pruebas. d) 10 días desde la finalización del trámite de audiencia.

33. Respecto al procedimiento para la exigencia de la responsabilidad de las autoridades y personal al servicio de las Administraciones Públicas, el plazo para la RESOLUCIÓN por el órgano competente será de: a) 5 días. b) 10 días. c) 15 días. d) 20 días.

34. Respecto al procedimiento para la exigencia de la responsabilidad de las autoridades y personal al servicio de las Administraciones Públicas, la resolución declaratoria de responsabilidad: a) pondrá fin a la vía administrativa. b) no pondrá fin a la vía administrativa. c) pondrá fin a la vía administrativa en determinados casos. d) ninguna es correcta.

35.Lo dispuesto en los apartados anteriores, se entenderá sin perjuicio de pasar, si procede, el tanto de culpa a: a) lor organos competentes. b) los Tribunales competentes. c) a la administración pública. d) Ninguna es correcta.

36. Se exigirá de acuerdo con lo previsto en la legislación correspondiente: a) la responsabilidad penal del personal al servicio de las Administraciones Públicas. b) la responsabilidad civil derivada del delito. c) a y b son correctas. d) a y b son incorrectas.

37. La exigencia de responsabilidad penal del personal al servicio de las Administraciones Públicas: a) suspenderá los procedimientos de reconocimiento de responsabilidad patrimonial que se instruyan, incluso cuando la determinación de los hechos en el orden jurisdiccional penal sea necesaria para la fijación de la responsabilidad patrimonial. b) no suspenderá los procedimientos de reconocimiento de responsabilidad patrimonial que se instruyan, salvo que la determinación de los hechos en el orden jurisdiccional penal sea necesaria para la fijación de la responsabilidad patrimonial. c) no suspenderá los procedimientos de reconocimiento de responsabilidad patrimonial que se instruyan, incluso cuando la determinación de los hechos en el orden jurisdiccional penal sea necesaria para la fijación de la responsabilidad patrimonial. d) suspenderá los procedimientos de reconocimiento de responsabilidad patrimonial que se instruyan, salvo que la determinación de los hechos en el orden jurisdiccional penal sea necesaria para la fijación de la responsabilidad patrimonial.

38. Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público. TÍTULO PRELIMINAR Disposiciones generales, principios de actuación y funcionamiento del sector público CAPÍTULO IV De la responsabilidad patrimonial de las Administraciones Públicas SECCIONES: a) Sección 1.ª Responsabilidad patrimonial de las Administraciones Públicas. b) Sección 2.ª Responsabilidad de las autoridades y personal al servicio de las Administraciones Públicas. c) a y b son correctas. d) a y b son incorrectas.

Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público. TÍTULO PRELIMINAR Disposiciones generales, principios de actuación y funcionamiento del sector público CAPÍTULO IV: a) Principios de la potestad sancionadora. b) organización administrativa. c) De la responsabilidad patrimonial de las Administraciones Públicas. d) Organos territoriales.

Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público. TÍTULO PRELIMINAR Disposiciones generales, principios de actuación y funcionamiento del sector público CAPÍTULO IV De la responsabilidad patrimonial de las Administraciones Públicas ARTICULOS: a) 32-37. b) 5-24. c) 38-46. d) 24-31.