Administrativo Conil

Al dictar un acto discrecional, la administración tendrá siempre en cuenta: El interés particular. El interés general. El bien común. Lo que en cada caso sea más favorable para los administrados.

El medio elegido por la persona para comunicarse con las Administraciones Públicas: Podrá ser modificado por aquella en cualquier momento. No podrá ser modificado con posterioridad al trámite de audiencia. Únicamente podrá ser modificado cuando de no hacerlo se corra el riesgo de no alcanzarse las pretensiones del interesado. No podrá ser modificado de manera unilateral por el interesado.

No suponen alteración de la titularidad de la competencia, aunque sí de los elementos determinantes de su ejercicio que en cada caso se preveen: La delegación de competencias, la avocación, la delegación de firma y la suplencia. La avocación, las encomiendas de gestión, la delegación de firma y la suplencia. La delegación de competencias, las encomiendas de gestión, la delegación de firma y la suplencia. La delegación de competencias, la avocación, las encomiendas de gestión, la delegación de firma y la suplencia.

Una de las siguientes afirmaciones, relativas a la provincia, no es correcta: Viene determinada por la división territorial para el cumplimiento de las obligaciones que le son propias. Viene determinada por la agrupación de municipios. Ostenta personalidad jurídica propia. Es una entidad local.

Cuando se trate de actos inter vivos, el plazo previsto por el Ayuntamiento para que los sujetos pasivos del Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana, presenten la autoliquidación, es de: 30 días naturales. 30 días hábiles. 1 mes. 2 meses.

Uno de los siguientes principios no está garantizado por la constitución: El de jerarquía reglamentaria. El de irretroactividad. El de publicidad de las normas. El de legalidad.

Según el artículo 60 de Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, con el fin de facilitar la promoción profesional de las empleadas públicas y su acceso a puestos directivos en la Administración General del Estado y en los organismos públicos vinculados o dependientes de ella, en las convocatorias de los correspondientes cursos de formación se reservará a aquéllas que reúnan los requisitos establecidos: Al menos un 50% de las plazas. Al menos un 40% de las plazas. Un máximo del 40% de las plazas. Un máximo del 50% de las plazas.

Según el art 11 de la Ley 39/2015, las Administraciones Públicas solo requerirán a los interesados el uso obligatorio de firma para: Interponer recursos. Formular solicitudes. Desistir de acciones. Todas son correctas.

Por la Ley orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombre, se contempla específicamente el deber de negociar planes de igualdad en las empresas de: 150 o más trabajadores. 200 o más trabajadores. 50 o más trabajadores. 500 o más trabajadores.

¿En qué artículo de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, se contempla el desistimiento y la renuncia por los interesados?. 92. 93. 94. 95.

Son infracciones graves, según el artículo 76 de la Ley 12/2007, de 26 de noviembre, para la promoción de la igualdad de género en Andalucía. (señala la opción incorrecta): La reincidencia en falta leve de la misma naturaleza que la nueva infracción por la que se hubiese sancionado por resolución firme en vía administrativa en el plazo de los tres años anteriores a la comisión de la misma. La negativa a colaborar con la actuación inspectora de la Administración de la Junta de Andalucía o las acciones u omisiones dirigidas a impedir su ejercicio. La negativa a colaborar con la acción investigadora del Instituto Andaluz de la Mujer o las acciones u omisiones dirigidas a impedir su ejercicio. Realizar actos o comportamientos que atenten contra la dignidad de los participantes o que constituyan discriminación, en la celebración de pruebas deportivas y convocatorias de premios deportivos, por razón de sexo.

Según el art 43 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, ¿cuándo se entiende rechazada la notificación electrónica?. Pasados diez días naturales desde su puesta a disposición sin que se acceda a su contenido. Pasados diez días hábiles desde su puesta a disposición sin que se acceda a su contenido. Pasados quince días naturales desde su puesta a disposición sin que se acceda a su contenido. Pasados quince días hábiles desde su puesta a disposición sin que se acceda a su contenido.

La representación para actos y gestiones de mero trámite: No existe. Se presume. Habrá que acreditarla mediante cualquier medio válido en derecho. Se hará exclusivamente ante notario.

De conformidad con lo establecido en al art 39.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, en qué momento el acto administrativo empieza a producir efectos: Desde la fecha en que se dicte. A partir del día siguiente a su publicación. Desde la fecha en que se dicten, salvo que en ellos se disponga otra cosa. A los 20 días de su publicación.

Según lo establecido en el art. 6 de la Ley 7/85, de 2 de abril, reguladora del Régimen Local, señale la respuesta correcta: Las Entidades Locales sirven con objetividad los intereses públicos que les están encomendados y actúa de acuerdo con los principios de eficacia, descentralización y coordinación con sometimiento pleno a la ley y al derecho. Las Entidades Locales sirven con objetividad los intereses privados que les están encomendados y actúa de acuerdo con los principios de eficiencia, descentralización, desconcentración y coordinación, con sometimiento pleno a la ley y al derecho. Las Entidades Locales sirven con objetividad los intereses públicos que les están encomendados y actúa de acuerdo con los principios de eficacia, jerarquía, desconcentración y coordinación con sometimiento pleno a la ley y al derecho. Las Entidades Locales sirven con objetividad los intereses públicos que les están encomendados y actúa de acuerdo con los principios de eficacia, descentralización, desconcentración y coordinación, con sometimiento pleno a la ley y al derecho.

El Título I de la Ley 39/2015 dedica parte de su articulado a una de las novedades más importantes de la Ley: separación entre identificación y firma electrónica. Señale la respuesta correcta: Identificación y firmas electrónicas son lo mismo. Con carácter general, solo será necesaria la primera (identificación) y se exigirá la segunda cuando deba acreditarse la identidad y consentimiento del interesado. Se exigirá la segunda (firma electrónica) con carácter general. Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.

Señale cuál de los siguientes no es un principio de Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales. Exactitud de los datos. Confidencialidad. Tratamiento basado en el consentimiento del afectado. Transparencia e información.

¿Qué validez tienen las copias auténticas realizadas por una Administración Pública?. Las copias auténticas realizadas por una Administración Pública nunca tendrán validez en las restantes administraciones. Tendrán la misma validez y eficacia que los documentos originales. Ninguna Administración está facultada para expedir copias auténticas. Solo están facultados los notarios. Es correcta la respuesta A y C.

De conformidad con lo establecido en la Ley 39/2015, de 1 de octubre de Procedimiento Administrativo Común de las administraciones Públicas, contra el acuerdo que resuelva sobre la ampliación de plazo máximo de resolución que deberá ser notificado a los interesados, ¿Qué recurso procederá?. De reposición. Recurso especial. Recurso Contencioso-Administrativo. No cabrá ningún recurso.

Las personas jurídicas, se relacionan con las Administraciones Públicas, de conformidad con lo establecido en la Ley 39/2015: Tienen el derecho de relacionarse electrónicamente con la Administración. En ningún caso tienen la obligación de relacionarse electrónicamente con la Administración. Ninguna es correcta. Tienen la obligación de relacionarse electrónicamente con la Administración.

Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y Garantía de los derechos digitales, extiende su ámbito de aplicación: Cualquier tratamiento totalmente automatizado de datos personales, así como, al tratamiento automatizado parcialmente de datos personales contenidos en un fichero. Cualquier tratamiento totalmente o parcialmente automatizado de datos personales, así como el tratamiento no automatizado de datos personales contenidos o destinados a ser incluidos en un fichero. Cualquier tratamiento sometido total o parcialmente a la normativa sobre protección de materias clasificadas. Cualquier tratamiento total o parcialmente automatizado de datos personales contenidos o destinados a ser incluidos en un fichero.

De conformidad con lo establecido en el artículo 7 de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, el consentimiento en los menores de edad, podrá fundamentarse en su consentimiento para el tratamiento de sus datos personales: Cuando sea mayor de 15 años. Cuando sea mayor de 14 años. Cuando sea mayor de 13 años. Cuando sea mayor de 12 años.

Señala cuál de los siguientes derechos se recoge bajo el título de Garantía de Derechos Digitales de las personas en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales: Derecho de rectificación en Internet. Derecho de Acceso Universal a Internet. Derecho a la Seguridad Digital. Todas son correctas.

Los contratos de suministros tal como lo define el artículo 16 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre Ley de Contratos del Sector Público, son los que tienen por objeto: La adquisición, el arrendamiento financiero de productos o bienes inmuebles. La adquisición, el arrendamiento financiero, el arrendamiento con opción de compra de productos o bienes muebles. La adquisición, el arrendamiento financiero, con o sin opción de compra de productos o bienes muebles. Ninguna es correcta.

Son contratos sujetos a regularización armonizada: Los contratos de obras cuyo valor estimado sea igual o superior a 5.382.000€. Los contratos de concesiones de obras cuyo valor estimado sea igual a 5.382.000€. Los contratos de servicios cuyo importe de adjudicación sea igual o superior a 5.382.000€. Las respuestas A y C son correctas.

Los contratos basados en un Acuerdo Marco y los contratos específicos en el Marco de un Sistema Dinámico se perfeccionan: Con su adjudicación. Con su formalización. No es necesario que se perfeccionen. Ninguna respuesta es correcta.

¿Cuál de los siguientes tipos de contratos están excluidos del ámbito de la Ley 9/2017, de contratos del Sector Público?. Contratos de concesión de obras. Contratos de suministros. Contratos de servicios. Contratos relativos a servicios de arbitraje y conciliación.

Según el Real Decreto Legislativo 2/2004, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, el presupuesto de una entidad local, será formado por: El Presidente. El Interventor. La Junta de Gobierno Local. El Pleno.

La Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público, tiene por objeto regular la contratación del sector público, a fin de garantizar que la misma se ajuste a los principios de: Publicidad, transparencia, eficacia y eficiencia en la Contratación Pública. No discriminación e igualdad de trato entre los licitadores y coordinación entre las Administraciones Públicas. Libertad de acceso a los licitadores, publicidad y transparencia de los procedimientos, y no discriminación e igualdad de tarto entre los licitadores. Ninguna respuesta es correcta.

Frente a la resolución de un recurso de alzada, qué tipo de recurso se podrá interponer: Recurso extraordinario de revisión, en los casos establecidos en el art. 121.1 de la Ley 39/2015. Potestativo de reposición en los casos del art. 125.1 de la Ley 39/2015. No cabrá otro recurso administrativo en ningún caso. Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.

El art. 13 de la Ley 9/2017 de la Ley de Contratos del Sector Público, establece que son contratos de obras aquellos que tienen por objeto: La ejecución de una obra, aislada o conjuntamente con la redacción del proyecto. La realización de algunos de los trabajos enumerados en el Anexo I de la Ley. La realización por cualquier medio, de una obra que cumple los requisitos fijados por la entidad del sector público contratante que ejerza una influencia decisiva en el tipo o el proyecto de obra. Todas las respuestas son correctas.

De conformidad con lo establecido en el art. 25 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público (LCSP), los contratos administrativos se regirán, en cuanto a su preparación, adjudicación, efectos, modificación y extinción: A la LCSP, supletoriamente se aplicarán las restantes normas de derecho público y, en su defecto, las normas de derecho administrativo. A las disposiciones y desarrollo de la LCSP, supletoriamente se aplicarán las restantes normas de derecho administrativo y, en su defecto, las normas de derecho público. A la LCSP y sus disposiciones de desarrollo, supletoriamente se aplicarán las restantes normas de derecho administrativo, y en su defecto, las normas de derecho privado. Por las normas de derecho privado que les resulten de aplicación.

¿Cuál no es una competencia propia de la Diputación?. Asistencia en la prestación de los servicios de gestión de la recaudación tributaria, en periodo voluntario y ejecutivo, y de servicios de apoyo a la gestión financiera de los municipios con población inferior a 20.000 habitantes. La prestación de los servicios de administración electrónica y la contratación centralizada en los municipios con población inferior a 20.000 habitantes. La coordinación mediante convenio, con la Comunidad Autónoma respectiva, de la prestación del servicio de mantenimiento y limpieza de los consultorios médicos en los municipios con población inferior a 20.000 habitantes. Garantizar los servicios de secretaría e intervención en los municipios con población inferior a 1.000 habitantes.

De acuerdo con el art. 16 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, la progresión de grado, categoría, escalón u otros conceptos análogos sin necesidad de cambiar de puesto de trabajo por parte del funcionario se denomina: Promoción interna vertical. Promoción interna horizontal. Carrera vertical. Carrera horizontal.

Respecto de la resolución de los recursos administrativos, selecciona la correcta: El órgano que resuelva el recurso solamente decidirá las cuestiones, tanto de fondo como de forma, que hayan sido alegadas por los interesados. El recurso resolverá todas las cuestiones, tanto de fondo como de forma, que plantee el procedimiento y las resolverá con independencia de las peticiones formuladas por el recurrente. Contra la resolución de un recurso administrativo no cabe nunca otro recurso administrativo. El órgano que resuelva decidirá todas las cuestiones que plantee el procedimiento, hayan sido o no alegadas por el recurrente, pero la resolución será congruente con las peticiones formuladas por el recurrente, sin que en ningún caso se agrave su situación anterior.

Contra los actos de trámite, si deciden directamente o indirectamente el fondo del asunto, determinan la imposibilidad de continuar el procedimiento, producen indefensión o perjuicio irreparable a derechos e intereses legítimos, los interesados podrán interponer: Recurso contencioso-administrativo. Recurso en alzada y potestativo de reposición. Exclusivamente recurso de alzada. Recurso extraordinario de revisión.

Contra los actos firmes en vía administrativa podrá interponerse el recurso extraordinario de revisión ante el órgano administrativo que lo dictó, que también será el competente para su resolución, cuando concurra alguna de las circunstancias siguientes: Señale la respuesta FALSA. Que al dictarlos se hubiera incurrido en error de hecho, que resulte de los propios documentos incorporados al expediente. Que aparezcan documentos de valor esencial para la resolución del asunto, que aunque sean posteriores, evidencien el error de la resolución. Que en la resolución no hayan influido esencialmente documentos o testimonios declarados falsos por sentencia judicial firme, anterior o posterior a aquella resolución. Que la resolución se hubiera dictado como consecuencia de prevaricación o cohecho y se haya declarado así en virtud de sentencia judicial firme.

Son funciones del Alcalde como Presidente de la Corporación;. El control y fiscalización de los órganos de Gobierno. Dirigir, inspeccionar e impulsar los servicios y obras municipales. Aprobación del reglamento orgánico y ordenanzas. La aprobación de las formas de gestión de los servicios y de los expedientes de municipalización.

En base a la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de Riesgos Laborales, señale la respuesta incorrecta. Los trabajadores tienen derecho a una protección eficaz en materia de seguridad y salud en el trabajo. Este deber de protección constituye, igualmente, un deber de las Administraciones públicas respecto del personal a su servicio. El empresario deberá cumplir las obligaciones establecidas en la normativa sobre prevención de riesgos laborales. El coste de las medidas relativas a la seguridad y la salud en el trabajo no deberá recaer en modo alguno sobre los trabajadores. El empresario adoptará las medidas necesarias a fin de garantizar que todos los trabajadores puedan acceder a las zonas de riesgo grave y específico.

El empresario aplicará las medidas que integran el deber general de prevención previsto en el artículo 14 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre de Prevención de Riesgos Laborales, con arreglo a los siguientes principios generales: Señala la respuesta incorrecta. Evitar los riesgos. Evaluar los riesgos que se puedan evitar. Combatir los riesgos en su origen. Tener en cuenta la evolución de la técnica.

Las ordenanzas entrarán en vigor: Una vez que se haya publicado completamente su texto y haya transcurrido el plazo de 20 días hábiles. Una vez que se haya publicado completamente su texto y haya transcurrido el plazo de 15 días hábiles. Una vez que se haya publicado completamente su texto y haya transcurrido el plazo de 10 días hábiles. Una vez que se haya publicado completamente su texto y haya transcurrido el plazo de 30 días.

El procesador de textos es: Una aplicación incluida dentro de un entorno ofimático para crear y editar documentos de texto en un ordenador. Se trata de un software de múltiples funcionalidades para la redacción, con diferentes opciones relacionadas con la edición del texto (tipografías, tamaños de letra, colores, tipos de párrafos, efectos y otras opciones). A Y B son correctas. Ninguna es correcta.

Las Ordenanzas estarán sometidas a información pública y audiencia a los interesados para la presentación de reclamaciones y sugerencias por el plazo de: Mínimo de 20 días. Mínimo de 30 días. Máximo de 20 días. Máximo de 30 días.

Es correcto respecto a la abstención: Las autoridades y el personal al servicio de las Administraciones en quienes se den alguno de los motivos de abstención se abstendrán de intervenir en el procedimiento y lo comunicarán a su superior inmediato, quien resolverá lo procedente. Los órganos jerárquicamente superiores a quien se encuentre en alguna de las circunstancias señaladas como motivos de abstención le ordenarán que se abstengan de toda intervención en el expediente. La actuación de autoridades y personal al servicio de las Administraciones Públicas en los que concurran motivos de abstención implicará, necesariamente, y en todo caso, la invalidez de los actos en que hayan intervenido. La abstención en los casos en que concurra alguno de los motivos de abstención dará lugar a la responsabilidad que proceda.

En base a la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de Riesgos Laborales, cuando los trabajadores estén o puedan estar expuestos a un riesgo grave e inminente con ocasión de su trabajo, el empresario estará obligado a: Informar lo antes posible a todos los trabajadores afectados acerca de la existencia de dicho riesgo y de las medidas adoptadas o que, en su caso, deban adoptarse en materia de protección. Adoptar las medidas y dar las instrucciones necesarias para que, en caso de peligro grave, inminente e inevitable, los trabajadores puedan interrumpir su actividad y, si fuera necesario, abandonar de inmediato el lugar de trabajo. En este supuesto no podrá exigirse a los trabajadores que reanuden su actividad mientras persista el peligro, salvo excepción debidamente justificada por razones de seguridad y determinada reglamentariamente. Disponer lo necesario para que el trabajador que no pudiera ponerse en contacto con su superior jerárquico, ante una situación de peligro grave e inminente para su seguridad, la de otros trabajadores o la de terceros a la empresa, esté en condiciones, habida cuenta de sus conocimientos y de los medios técnicos puestos a su disposición, de adoptar las medidas necesarias para evitar las consecuencias de dicho peligro. Todas son correctas.

Cuando utilizamos una Hoja de Cálculo por primera vez nos aparecerá una pantalla compuesta de una cuadrícula en su parte central y una serie de iconos en la parte superior y lateral, es lo que llamamos: Hoja. Libro. Celda. Ninguna es correcta.

Según el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, las Entidades Locales podrán establecer por la utilización privativa o el aprovechamiento especial del dominio público local, así como por la prestación de servicios públicos o la realización de actividades administrativas de competencia local que se refieran, afecten o beneficien de modo particular a los sujetos pasivos: (señale la correcta). Precios Públicos. Tasas. Impuestos. Ninguna es correcta.

Las Resoluciones Administrativas que vulneren lo establecido en una disposición reglamentaria. Modifican la disposición reglamentaria. Son nulas. Son recurribles. Son prioritarias.

En cumplimiento del deber de protección, según el artículo 19 de la Ley 31/1995 de 19 de noviembre de Prevención de Riesgos Laborales: (señale la correcta). El empresario deberá garantizar que al menos un trabajador de cada área reciba una formación teórica y práctica, suficiente y adecuada, en materia preventiva, tanto en el momento de su contratación, cualquiera que sea la modalidad o duración de ésta, como cuando se produzcan cambios en las funciones que desempeñe o se introduzcan nuevas tecnologías o cambios en los equipos de trabajo. El empresario deberá garantizar que cada trabajador reciba una formación teórica y práctica, suficiente y adecuada, en materia preventiva, tanto en el momento de su contratación, cualquiera que sea la modalidad o duración de ésta, como cuando se produzcan cambios en las funciones que desempeñe o se introduzcan nuevas tecnologías o cambios en los equipos de trabajo. El empresario deberá garantizar que cada trabajador reciba una formación teórica suficiente, en materia preventiva, tanto en el momento de su contratación, cualquiera que sea la modalidad o duración de ésta, como cuando se produzcan cambios en las funciones que desempeñe o se introduzcan nuevas tecnologías o cambios en los equipos de trabajo. Ninguna es correcta.

Según la Ley 39/2015, Procedimiento Administrativo Común, podrán fin al procedimiento: La resolución y el desistimiento. La imposibilidad material de continuarlo por causas sobrevenidas la resolución que se dicte deberá ser motivada en todo caso. La renuncia al derecho en el que se funde la solicitud, cuando tal renuncia no esté prohibida por el ordenamiento jurídico y la declaración de caducidad. Todas las respuestas anteriores son correctas.

La subsanación y mejora de la solicitud, está regulado en: En el artículo 65 de la Ley 39/2015. En el artículo 67 de la Ley 40/2015. En el artículo 68 de la ley 39/2015. En el artículo 65 de la Ley 40/2015.

Según lo establecido en el artículo 2 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, las entidades de derecho privado vinculadas o dependientes de las Administraciones Públicas: No quedarán sujetas a lo dispuesto en las normas de esta Ley, salvo, cuando ejerzan potestades administrativas. No quedarán sujetas a lo dispuesto en las normas de esta Ley, ni siquiera, cuando ejerzan potestades administrativas. Quedarán sujetas a lo dispuesto en las normas de esta Ley que específicamente se refieran a las mismas, y en todo caso, cuando ejerzan potestades administrativas. Quedarán sujetas a lo dispuesto en las normas de esta Ley que específicamente se refieran a las mismas, excepto, cuando ejerzan potestades administrativas.

Señala la respuesta correcta: La creación de nuevos municipios solo podrá realizarse sobre la base de núcleos de población territorialmente diferenciados, de al menos 5.000 habitantes y siempre que los municipios resultantes sean financieramente sostenibles, cuenten con recursos suficientes para el cumplimiento de las competencias municipales y no suponga disminución en la calidad de los servicios que venían siendo prestados. La creación de nuevos municipios solo podrá realizarse sobre la base de núcleos de población territorialmente diferenciados, de al menos 10.000 habitantes y siempre que los municipios resultantes sean financieramente sostenibles, cuenten con recursos suficientes para el cumplimiento de las competencias municipales y no suponga disminución en la calidad de los servicios que venían siendo prestados. La creación de nuevos municipios solo podrá realizarse sobre la base de núcleos de población territorialmente diferenciados, de al menos 5.000 habitantes y siempre que los municipios resultantes sean sostenibles, cuenten con recursos insuficientes para el cumplimiento de las competencias municipales y no suponga disminución en la calidad de los servicios que venían siendo prestados. Ninguna es correcta.

El Real Decreto Legislativo de 18 de abril de 1986, ¿qué clase de disposición normativa es?. Es un Decreto Legislativo por el que se articula la Ley de Bases. Es un Decreto Legislativo por el que se refunden las disposiciones vigentes en materia de Régimen Local. Es una disposición de rango reglamentario. Es un Decreto-ley.

Dentro de los sistemas ofimáticos nos encontramos con las siguientes herramientas: Procesador de Textos. Hoja de Cálculo. Correo electrónico. Todas son correctas.

Es fundamento del orden político y de la paz social, según el artículo 10 de la Constitución: La dignidad de las Instituciones. Los derechos consuetudinarios y la costumbre. El respeto a los derechos especiales. El libre desarrollo de la personalidad.

La organización municipal responde a las siguientes reglas: La Comisión Especial de Sugerencias y Reclamaciones existe en los municipios señalados en el Título X, y en aquellos otros en que el Pleno así lo acuerde, por el voto favorable de la mayoría simple del número legal de sus miembros, o así lo disponga su Reglamento orgánico. La Comisión Especial de Cuentas existe en todos los municipios, independientemente de su estructura. El Alcalde, los Tenientes de Alcalde y el Pleno existen en todos los ayuntamientos. Todas son correctas.