Administrativo Diputación de Valencia

Conforme establece el artículo 193 bis del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, los derechos pendientes de cobro liquidados dentro de los presupuestos de los dos ejercicios anteriores al que corresponde la liquidación, se minorarán, como mínimo en un: 50%. 10%. 25%.

Las entidades locales deberán confeccionar la liquidación de su presupuesto: Antes de aprobar el presupuesto del ejercicio siguiente. Antes del día primero de marzo del ejercicio siguiente. Después del día 1 de marzo del ejercicio siguiente.

En caso de liquidación del presupuesto con remanente de tesorería negativo, el Pleno de la corporación deberá proceder, en la primera sesión que celebre: A la reducción de gastos del nuevo presupuesto por cuantía igual al déficit producido. Se acudirá siempre al concierto de una operación de crédito por el doble del importe del remanente. La liquidación nunca puede arrojar un remanente de tesorería negativo.

Según el artículo 56 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, la disposición o compromiso del gasto es el acto mediante el cual: Se declara la existencia de un crédito exigible contra la Entidad. Se acuerda la realización de un gasto determinado por una cuantía cierta o aproximada, reservando a tal fin la totalidad o parte de un crédito presupuestario. Se acuerda, tras el cumplimiento de los trámites legalmente establecidos, la realización de gastos, previamente autorizados, por un importe exactamente determinado.

Según establece el artículo 12 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, la gestión, liquidación, inspección y recaudación de los tributos locales: Se realizará de acuerdo con lo establecido en la Ley General Presupuestaria y demás normativa de desarrollo. Se realizará de acuerdo con lo prevenido en la Ley General Tributaria y en las demás leyes del Estado reguladoras de la materia, así como en las disposiciones dictadas para su desarrollo. Se realizará por la Administración General del Estado, sin perjuicio de la colaboración de los Entes Locales.

Los tributos propios de los entes locales son: Impuestos, tasas y contribuciones especiales y los recargos exigibles sobre los impuestos de las comunidades autónomas o de otras entidades locales. Tasas, contribuciones especiales y el producto de las operaciones de crédito. Impuestos, Contribuciones Especiales y la participación de los Tributos del Estado.

Las prestaciones patrimoniales que establezcan las entidades locales por la utilización privativa o el aprovechamiento especial del dominio público local, tendrá la consideración de: Contribución Especial. Precio público. Tasa.

La base imponible de las contribuciones especiales está constituida: Como máximo, por el 90 por ciento del coste que la entidad local soporte por la realización de las obras o por el establecimiento o ampliación de los servicios. Como mínimo, por el 90 por ciento del coste que la entidad local soporte por la realización de las obras o por el establecimiento o ampliación de los servicios. Como máximo, por el 70 por ciento del coste que la entidad local soporte por la realización de las obras o por el establecimiento o ampliación de los servicios.

La exacción de las Contribuciones Especiales requiere: Únicamente la adopción de un acuerdo de imposición de las mismas. La previa adopción del acuerdo de imposición en cada caso concreto y será de inexcusable adopción un acuerdo de ordenación. Únicamente la adopción de un acuerdo de ordenación de las mismas.

Constituye el hecho imponible de las contribuciones especiales: La obtención por el sujeto pasivo de un incremento de valor de sus bienes como consecuencia de la transmisión inter vivos o mortis causa de dichos bienes. La ocupación por el sujeto pasivo de terrenos de uso público local con mercancías, materiales de construcción, escombros, vallas, puntales, asnillas, andamios y otras instalaciones análogas. La obtención por el sujeto pasivo de un beneficio o de un aumento de valor de sus bienes como consecuencia de la realización de obras públicas o del establecimiento o ampliación de servicios públicos, de carácter local, por las entidades respectivas.

Constituye el hecho imponible de las contribuciones especiales: La obtención por el sujeto pasivo de un incremento de valor de sus bienes como consecuencia de la transmisión inter vivos o mortis causa de dichos bienes. La ocupación por el sujeto pasivo de terrenos de uso público local con mercancías, materiales de construcción, escombros, vallas, puntales, asnillas, andamios y otras instalaciones análogas. La obtención por el sujeto pasivo de un beneficio o de un aumento de valor de sus bienes como consecuencia de la realización de obras públicas o del establecimiento o ampliación de servicios públicos, de carácter local, por las entidades respectivas.

Conforme al art. 29 de la Ley de Contratos del Sector Público, la duración de los contratos del sector público: No puede exceder de 1 año, salvo en el caso de los contratos menores. Puede prorrogarse con el consentimiento tácito de las partes. Deberá establecerse teniendo en cuenta la naturaleza de las prestaciones, las características de su financiación y la necesidad de someter periódicamente a concurrencia la realización de las mismas, sin perjuicio de las normas especiales aplicables a determinados contratos.

Indica cual de las siguientes causas, es una causa de nulidad de los contratos del sector público, celebrados por poderes adjudicadores, de las incluidas en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público: Todas aquellas disposiciones, resoluciones, cláusulas o actos emanados de cualquier poder adjudicador que otorguen, de forma directa o indirecta, ventajas a las empresas que hayan contratado previamente con cualquier Administración. La inobservancia por parte del órgano de contratación del plazo para la formalización del contrato siempre que, entre otros requisitos, impida al licitador interponer recurso contra algún acto del procedimiento de adjudicación. Los encargos que acuerden los poderes adjudicadores para la ejecución directa de prestaciones a través de medios propios.

¿Cuál de los siguientes es un efecto de la declaración de nulidad y anulabilidad de los contratos, según lo establecido en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público?: La nulidad de los actos que sean preparatorios sólo afectará a estos y sus consecuencias. La declaración de nulidad de los actos de adjudicación, cuando sea firme, llevará en todo caso, la del mismo contrato. Si la declaración de nulidad de un contrato produjese un grave trastorno al servicio público, se dispondrá, en todo caso, en el mismo acuerdo la continuación de los efectos de aquel, hasta que se adopten medidas urgentes para evitar su perjuicio.

Respecto a la legitimación para interponer el recurso especial en materia de contratación recogido en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, indica la respuesta incorrecta: Están legitimadas para interponer el recurso las personas jurídicas que hayan visto perjudicados sus derechos de manera indirecta, por las decisiones objeto del recurso. Está legitimada para interponer el recurso cualquier persona física cuyos intereses legítimos colectivos hayan sido perjudicados de manera directa por las decisiones objeto del recurso. Están legitimadas para interponer el recurso todas las organizaciones sindicales y todas las organizaciones empresariales, contra actos susceptibles de ser recurridos, cuando de las actuaciones recurribles pueda deducirse que estas implican que en el proceso de licitación del contrato se incumplen las obligaciones sociales o laborales respecto a los trabajadores que participen en la realización del contrato.

Indica la afirmación correcta, respecto a la forma y lugar de interposición del recurso especial en materia de contratación establecido en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público: El escrito de interposición podrá presentarse en el registro del órgano competente para la resolución del recurso, debiendo comunicarlo al Tribunal de manera inmediata y de la forma más rápida posible. Para la subsanación de los defectos que puedan afectar al escrito de recurso, se requerirá al interesado a fin de que, en un plazo de tres días hábiles, desde el siguiente a su notificación, subsane la falta o acompañe los documentos preceptivos. La presentación de documentos subsanados se podrá realizar en el registro del órgano competente para la resolución del recurso, y en los previstos en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Indica la respuesta correcta respecto al responsable del contrato, recogido en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público: Los jefes de servicio de la unidad correspondiente, deberán designar un responsable del contrato al que corresponderá el seguimiento y ejecución ordinaria del contrato. Al responsable del contrato le corresponde dictar las instrucciones necesarias con el fin de asegurar la correcta realización de la prestación pactada. El responsable del contrato es el competente para asegurar que se ejecuten correctamente todos los tipos de contratos.

De los plazos que se indican a continuación, según la ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, ¿Cuál sería correcto para poder acceder a la información del perfil del contratante, sin que sea necesaria identificación previa?. 3 años. 4 años. 6 años.

Indica la afirmación correcta respecto al perfil del contratante regulado en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público: No se requiere identificación previa para acceder a la información y al servicio de envío de ofertas del perfil del contratante. El perfil del contratante deberá incluir cualesquiera datos y documentos referentes a la actividad contractual de los órganos de contratación. La publicación de la información en el perfil del contratante, relativa a los contratos menores, deberá realizarse trimestralmente en aquellos contratos menores cuyo valor estimado fuera inferior a cinco mil euros, siempre que el sistema de pago utilizado por los poderes adjudicadores fuera el de anticipo de caja fija.

Indica de las siguientes afirmaciones cual es la incorrecta, respecto a la lucha contra la corrupción y prevención de los conflictos de intereses, regulada en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público: El concepto de conflicto de intereses abarca las situaciones en las que el personal al servicio del órgano de contratación, que participe en el procedimiento de licitación, tenga indirectamente un interés financiero que pueda parecer que compromete su imparcialidad. Los órganos de contratación deberán tomar las medidas adecuadas para luchar contra el fraude, con el fin de garantizar la transparencia en el procedimiento y la igualdad de trato a todos los candidatos. Aquellas personas que tengan conocimiento de un posible conflicto de intereses podrán ponerlo inmediatamente en conocimiento del órgano de contratación.

¿Cuál de las siguientes circunstancias no supone una prohibición de contratar, según lo dispuesto en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público?: Haber solicitado la declaración de concurso voluntario. En el caso de empresas de 50 o más trabajadores, no cumplir el requisito de que al menos el 3 por ciento de sus empleados sean trabajadores con discapacidad, de conformidad con el artículo 42 del Real Decreto legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social. Haber sido condenado mediante sentencia firme a la pena de inhabilitación especial para el ejercicio de profesión, oficio, industria o comercio.

De las afirmaciones siguientes relativas a la exigencia de solvencia en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, indica la incorrecta: Para celebrar contratos con el sector público los empresarios deberán, en los casos que corresponda, acreditar estar clasificados para la realización de contratos de obras o servicios. Los requisitos mínimos de solvencia que deba reunir el empresario, se indicarán en el anuncio de licitación debiendo estar necesariamente vinculados al objeto del contrato. La documentación requerida para acreditar los requisitos de solvencia que deba reunir el empresario se especificarán en el pliego del contrato.

La Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, regula que excepcionalmente, cuando sea conveniente para los intereses públicos, la contratación de la Administración General del Estado con personas que no estén clasificadas (siendo exigible la clasificación), podrá ser autorizada por: El Gobierno de la Nación. El Consejo de Ministros. Las Cortes Generales.

De conformidad con la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, no se podrán conceder de forma directa las siguientes subvenciones: Las previstas nominativamente en los Presupuestos Generales del Estado. Con carácter excepcional, aquellas otras subvenciones en que se acrediten razones de interés público, social, económico o humanitario. Aquellas cuyo otorgamiento o cuantía venga impuesto a la Administración por una norma de rango reglamentario.

A tenor del art.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, ¿Tienen la consideración de Administraciones Publicas?: La Administración General del Estado, las Entidades que integran la Administración Local, las Administraciones de las Comunidades Autónomas, así como las Corporaciones de Derecho Público y entidades de derecho privado vinculadas o dependientes de las Administraciones Públicas. La Administración General del Estado, las Administraciones de las Comunidades Autónomas, las Entidades que integran la Administración Local, así como los organismos públicos y entidades de derecho público vinculados o dependientes de las Administraciones Públicas. La Administración General del Estado, las Administraciones de las Comunidades Autónomas, las Entidades que integran la Administración Local, las Corporaciones de Derecho Público y los organismos públicos y entidades de derecho público previstos en la letra a) del apartado 2 del art. 2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

De acuerdo con el art. 19 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, la comparecencia de las personas ante las oficinas públicas, ya sea presencialmente o por medios electrónicos: Sólo será obligatoria cuando así esté previsto en una norma, cualquiera que sea su rango. En los casos en que proceda la comparecencia, la correspondiente citación hará constar expresamente el lugar, fecha, hora, los medios disponibles y objeto de la comparecencia, así como los efectos de no atenderla. Las Administraciones Públicas, en cualquier caso, están obligadas a entregar al interesado certificación acreditativa de la comparecencia.

Conforme al art. 21 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, el plazo máximo en el que debe notificarse la resolución expresa será el fijado por la norma reguladora del correspondiente procedimiento y: Este plazo podrá exceder de seis meses cuando una norma reglamentaria así lo establezca o así venga previsto en el Derecho de la Unión Europea. Cuando las normas reguladoras de los procedimientos no fijen el plazo máximo, éste será de 6 meses. El plazo máximo en el que debe notificarse la resolución expresa se contará en los procedimientos iniciados de oficio, desde la fecha del acuerdo de iniciación.

Conforme al art. 22 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, el transcurso del plazo máximo legal para resolver un procedimiento y notificar la resolución se podrá suspender: Cuando se soliciten informes facultativos y no preceptivos a un órgano de la misma o distinta Administración. Cuando exista un procedimiento ya finalizado en el ámbito de la Unión Europea que condicione directamente el contenido de la resolución de que se trate. Cuando para la resolución del procedimiento sea indispensable la obtención de un previo pronunciamiento por parte de un órgano jurisdiccional.

Según el art.25 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, en los procedimientos iniciados de oficio, el vencimiento del plazo máximo establecido sin que se haya dictado y notificado resolución expresa: Exime a la Administración del cumplimiento de la obligación legal de resolver. Producirá la caducidad en los procedimientos en que la Administración ejercite potestades sancionadoras o, en general, de intervención, susceptibles de producir efectos desfavorables o de gravamen. Cuando se trate de procedimientos de los que pudiera derivarse el reconocimiento u otras situaciones jurídicas favorables, los interesados que hubieren comparecido, podrán entender estimadas sus pretensiones por silencio administrativo.

De conformidad con el art. 30 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, en el cómputo de plazos fijados en meses o años: El plazo concluirá al día siguiente a aquel en que se produjo la notificación, publicación o silencio administrativo en el mes o el año de vencimiento. El plazo concluirá el mismo día en que se produjo la notificación, publicación o silencio administrativo en el mes o el año de vencimiento. Si en el mes de vencimiento no hubiera día equivalente a aquel en que comienza el cómputo, se entenderá que el plazo expira el primer día del mes siguiente.

De acuerdo con la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, en la convalidación de los actos anulables: El acto de convalidación producirá efectos desde su fecha, sin que quepa la retroactividad. Podrá otorgarse eficacia retroactiva al acto de convalidación siempre que los supuestos de hecho necesarios existieran ya en la fecha a que se retrotraiga la eficacia del acto y ésta no lesione derechos o intereses legítimos de otras personas. Si el vicio consistiera en incompetencia determinante de nulidad, la convalidación podrá realizarse por el órgano competente por razón de la materia o del territorio.

Conforme a la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, las actuaciones previas: Son un periodo de información o actuación que se abre por el órgano competente una vez iniciado el procedimiento con el fin de conocer las circunstancias del caso concreto y la conveniencia o no de continuar el procedimiento. En el caso de procedimientos de naturaleza sancionadora las actuaciones previas son obligatorias e irán dirigidas a constatar los hechos susceptibles de motivar la instrucción del procedimiento. Las actuaciones previas serán realizadas por los órganos que tengan atribuidas funciones de investigación, averiguación e inspección en la materia y, en defecto de éstos, por la persona u órgano administrativo que se determine por el órgano competente para la iniciación o resolución del procedimiento.

Las medidas provisionales, conforme al art. 56 de la Ley 39/ la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas: Podrán adoptarse antes de la iniciación del procedimiento administrativo, por el órgano competente para resolver el mismo, de oficio o a instancia de parte. Las medidas provisionales adoptadas antes de la iniciación del procedimiento quedaran sin efecto cuando el acuerdo de iniciación del procedimiento no contenga un pronunciamiento expreso acerca de las mismas. Las medidas provisionales no pueden ser alzadas o modificadas durante la tramitación del procedimiento.

Los expedientes administrativos, conforme al art. 70 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas: Tendrán formato electrónico y en papel. Deberá constar en el expediente copia electrónica certificada de la resolución adoptada. Formará parte del expediente administrativo la información que tenga carácter auxiliar o de apoyo.

En la instrucción de los procedimientos, conforme a la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, los informes: Salvo disposición expresa en contrario, serán preceptivos y vinculantes. Serán emitidos en el plazo de 10 días, salvo que una disposición o el cumplimiento del resto de los plazos del procedimiento permita o exija otro plazo mayor o menor. Cuando se emitan fuera de plazo, no serán tenidos en cuenta al adoptar la correspondiente resolución.

Conforme al art. 95 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, la caducidad del procedimiento: En los procedimientos iniciados a solicitud del interesado, cuando se produzca su paralización por causa imputable al mismo, la Administración le advertirá que, transcurridos seis meses, se producirá la caducidad del procedimiento. No podrá acordarse por la simple inactividad del interesado en la cumplimentación de trámites, siempre que no sean indispensables para dictar resolución. Producirá por sí sola la prescripción de las acciones del particular o de la Administración.

De conformidad con la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, el nombramiento del personal directivo que en su caso hubiera en las diputaciones, deberá efectuarse de acuerdo a criterios de competencia profesional y experiencia: Entre funcionarios de carrera del Estado, de las Comunidades Autónomas, de las Entidades Locales o con habilitación de carácter nacional que pertenezcan a cuerpos o escalas clasificados en el subgrupo A1, salvo que el correspondiente Reglamento Orgánico permita que, en atención a las características específicas de las funciones de tales órganos directivos, su titular no reúna dicha condición de funcionario. Solo entre funcionarios de carrera del Estado, de las Comunidades Autónomas, de las Entidades Locales o con habilitación de carácter nacional que pertenezcan a cuerpos o escalas clasificados en el subgrupo A1. El Reglamento Orgánico de la diputación correspondiente, no puede en ningún caso independientemente de las características específicas de las funciones de tales órganos directivos, regular que su titular no reúna dicha condición de funcionario.

De conformidad con la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, corresponde en todo caso al Presidente de la Diputación: La organización de la Diputación. Dirigir el gobierno y la administración de la provincia. El ejercicio de acciones judiciales y administrativas y la defensa de la corporación en materias de competencia plenaria.

De conformidad con la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, son competencias propias de la Diputación: Asistencia en la prestación de los servicios de gestión de la recaudación tributaria, en periodo voluntario y ejecutivo, y de servicios de apoyo a la gestión financiera de los municipios con población inferior a 20.000 habitantes. La prestación de los servicios de administración electrónica y la contratación centralizada en los municipios con población inferior a 50.000 habitantes. La asistencia y cooperación jurídica, económica y técnica a los Municipios, especialmente los de menor capacidad económica y de gestión. En todo caso garantizará en los municipios de menos de 5000 habitantes la prestación de los servicios de secretaría e intervención.

Realizada la asignación de puestos de diputados, conforme lo dispuesto a la Ley orgánica del régimen electoral general, la Junta Electoral convocará: Por separado dentro de los cinco días siguientes, a los concejales de los partidos políticos, coaliciones, federaciones y agrupaciones, que hayan obtenido puestos de diputados, para que elijan de entre las listas de candidatos avaladas, al menos, por un tercio de dichos concejales a quienes hayan de ser proclamados diputados, eligiendo, además, tres suplentes, para cubrir por su orden las eventuales vacantes. Por separado dentro de los cinco días siguientes, a los concejales de los partidos políticos, coaliciones, federaciones y agrupaciones, que hayan obtenido puestos de diputados, para que elijan de entre las listas de candidatos avaladas, al menos, por un quinto de dichos concejales a quienes hayan de ser proclamados diputados, eligiendo, además, tres suplentes, para cubrir por su orden las eventuales vacantes. Por separado dentro de los diez días siguientes, a los concejales de los partidos políticos, coaliciones, federaciones y agrupaciones, que hayan obtenido puestos de diputados, para que elijan de entre las listas de candidatos avaladas, al menos, por un tercio de dichos concejales a quienes hayan de ser proclamados diputados, eligiendo, además, dos suplentes, para cubrir por su orden las eventuales vacantes.

Conforme a lo establecido en el artículo 5.1 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, los sujetos enumerados en el artículo 2.1 (ámbito subjetivo de aplicación) publicarán de forma periódica y actualizada la información cuyo conocimiento sea relevante para garantizar la transparencia de su actividad relacionada con: El funcionamiento y control de la actuación política. El funcionamiento y control de la actuación administrativa. El funcionamiento y control de la actuación pública.

Las obligaciones de transparencia contenidas en el capítulo II del Título I (publicidad activa) de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno se entienden sin perjuicio de la aplicación de: La normativa autonómica correspondiente o de otras disposiciones específicas que prevean un régimen más amplio en materia de publicidad. La normativa estatal correspondiente o de otras disposiciones específicas que prevean un régimen más amplio en materia de publicidad. La normativa autonómica correspondiente o de otras disposiciones específicas que prevean un régimen más restrictivo en materia de publicidad.

De conformidad por la Ley orgánica 3/2007 de igualdad efectiva de mujeres y hombres, las cláusulas de los negocios jurídicos que constituyan o causen discriminación por razón de sexo: Serán válidos siempre que haya consentimiento entre las partes firmantes. Se consideran nulos y sin efecto, pero no darán lugar a ningún tipo de reparación o indemnización. Se considerarán nulos y sin efecto, y darán lugar a responsabilidad a través de un sistema de reparaciones o indemnizaciones que sean reales, efectivas y proporcionadas al perjuicio sufrido.

Las obligaciones establecidas en la ley 3/2007 de igualdad efectiva de mujeres y hombres, será de aplicación: A toda persona, física o jurídica, que se encuentre o actúe en territorio español, cualquiera que fuese su nacionalidad, domicilio o residencia. Solo a las personas físicas, que se encuentre en territorio español, cualquiera que fuese su nacionalidad, domicilio o residencia. Solo las personas físicas de nacionalidad española no resultando de aplicación a las personas físicas que no posean la nacionalidad española, aunque tengan su domicilio o residencia en España.

Según la Ley 3/2007 de igualdad efectiva de mujeres y hombres, no constituirá discriminación en el acceso al empleo, incluida la formación necesaria: Cualquier diferencia de trato sin distinción por razón del sexo constituye discriminación. Una diferencia de trato basada en una característica relacionada con el sexo cuando, debido a la naturaleza de las actividades profesionales concretas o al contexto en el que se lleven a cabo, dicha característica constituya un requisito profesional esencial y determinante, siempre y cuando el objetivo sea legítimo y el requisito proporcionado. Una diferencia de trato basada en una característica relacionada con el sexo cuando, debido a la naturaleza de las actividades profesionales concretas o al contexto en el que se lleven a cabo, dicha característica constituya un requisito profesional esencial y determinante y siempre que se refiera a las capacidades físicas entre hombres y mujeres.

De conformidad con la Ley 3/2007 de igualdad efectiva entre mujeres y hombres, las Administraciones públicas, en el ámbito de sus respectivas competencias, a través de sus órganos de contratación y, en relación con la ejecución de los contratos que celebren: Podrán establecer condiciones especiales con el fin de promover la igualdad entre mujeres y hombres en el mercado de trabajo, de acuerdo con lo establecido en la legislación de contratos del sector público. Están obligados a establecer condiciones especiales con el fin de promover la igualdad entre mujeres y hombres en el mercado de trabajo, de acuerdo con lo establecido en la legislación de contratos del sector público. Están obligados a establecer condiciones especiales con el fin de evitar cualquier discriminación de las mujeres en el mercado de trabajo, de acuerdo con lo establecido en la legislación de contratos del sector público.

La Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, tiene por objeto garantizar los derechos digitales de la ciudadanía conforme al mandato establecido en el artículo: 14 de la Constitución. 9.3. de la Constitución. 18.4 de la Constitución.

Según establece el artículo 7 de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, el tratamiento de los datos personales de un menor de edad únicamente podrá fundarse en su consentimiento cuando sea mayor de: Doce años. Diez años. Catorce años.

De acuerdo con lo establecido en el art. 18 de la Ley 4/21, de 16 de abril, de Función Pública Valenciana, el nombramiento de personal funcionario interino por exceso o acumulación de tareas, de carácter excepcional y circunstancial: Tendrá un plazo máximo de 9 meses dentro de un periodo de dieciocho meses. Tendrá un plazo máximo de 9 meses dentro de un periodo de doce meses. Tendrá un plazo máximo de 6 meses dentro de un periodo de doce meses.

Según lo establecido en el art. 110 de la Ley 4/21, de 16 de abril, de Función Pública Valenciana, la forma ordinaria de provisión de los puestos de trabajo sin titular de naturaleza funcionarial es a través de los sistemas de: Concurso o libre designación. Oposición, concurso o concurso oposición, teniendo carácter ordinario y preferente el sistema de oposición. Oposición o concurso oposición únicamente.

Señala la respuesta correcta en relación a la finalización del procedimiento administrativo: Se producirá la terminación del procedimiento por la imposibilidad material de continuarlo por causas sobrevenidas. Se producirá la terminación del procedimiento por renuncia al derecho en que se funde la solicitud incluso cuando tal renuncia esté prohibida por el ordenamiento jurídico. El desistimiento no es una causa de finalización del procedimiento.

Procederá la ejecución forzosa de un acto administrativo mediante el apremio sobre el patrimonio: Cuando se trate de actos que por no ser personalísimos pueden ser realizados por sujeto distinto del obligado. Cuando en virtud de acto administrativo hubiera de satisfacerse cantidad líquida. Actos en que, procediendo la compulsión, la administración no la estimara conveniente.

En la tramitación simplificada del procedimiento administrativo común: Deberán ser resueltos en treinta días, a contar desde el siguiente al que se notifique al interesado el acuerdo de tramitación simplificada del procedimiento, no pudiendo el interesado subsanar la solicitud presentada. Los interesados no podrán solicitar la tramitación simplificada del procedimiento. Cuando la Administración acuerde de oficio la tramitación simplificada del procedimiento deberá notificarlo a los interesados. Si alguno de ellos manifestara su oposición expresa, la Administración deberá seguir la tramitación ordinaria.

Señala la respuesta correcta: Las Administraciones Públicas, en cualquier momento, por iniciativa propia o a solicitud de interesado, y previo dictamen favorable del Consejo de Estado u órgano consultivo equivalente de la Comunidad Autónoma, si lo hubiere, podrán declarar la nulidad de las disposiciones administrativas, en los supuestos previstos en el artículo 47.1. Las Administraciones Públicas, en cualquier momento, por iniciativa propia o a solicitud de interesado, y previo dictamen favorable del Consejo de Estado u órgano consultivo equivalente de la Comunidad Autónoma, si lo hubiere, declararán de oficio la nulidad de los actos administrativos que hayan puesto fin a la vía administrativa o que no hayan sido recurridos en plazo, en los supuestos previstos en el artículo 47.1. Las Administraciones Públicas, en cualquier momento, por iniciativa propia o a solicitud de interesado, y previo dictamen favorable del Consejo de Estado u órgano consultivo equivalente de la Comunidad Autónoma, si lo hubiere, declararán de oficio la nulidad de los actos administrativos y disposiciones administrativas que hayan puesto fin a la vía administrativa o que no hayan sido recurridos en plazo, en los supuestos previstos en el artículo 47.1.

De acuerdo con lo establecido en el art. 114 de la Ley 39/2015, de 1 de Octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, ponen fin a la vía administrativa: Las resoluciones de los órganos judiciales que carezcan de superior jerárquico, salvo que una ley establezca lo contrario. La resolución de los recursos de alzada. Ambas respuestas son correctas.

El plazo para la interposición del recurso de alzada: Será de un mes, si el acto fuera expreso. Será de tres meses, si el acto fuera expreso. Será de tres meses, si el acto no fuera expreso.

Contra los actos que pongan fin a la vía administrativa: Podrá interponerse recurso de alzada ante el órgano superior jerárquico del que los dictó o ser impugnados directamente ante el orden jurisdiccional contencioso-administrativo. Podrá interponerse recurso de reposición ante el órgano superior jerárquico del que los dictó y siempre que se haya interpuesto anteriormente otro recurso de reposición. Podrá interponerse recurso de reposición ante el mismo órgano que los hubiera dictado o ser impugnados directamente ante el orden jurisdiccional contencioso-administrativo.

Contra los actos firmes en vía administrativa podrá interponerse, dentro del plazo de cuatro años siguientes a la notificación de la resolución impugnada, el recurso extraordinario de revisión: Cuando en la resolución hayan influido esencialmente documentos o testimonios declarados falsos por sentencia judicial firme, anterior o posterior a aquella resolución. Cuando la resolución se hubiese dictado como consecuencia de prevaricación, cohecho, violencia, maquinación fraudulenta u otra conducta punible y se haya declarado así en virtud de sentencia judicial firme. Cuando al dictar el acto administrativo se hubiera incurrido en error de hecho, que resulte de los propios documentos incorporados al expediente.

El procedimiento para la concesión de subvenciones en régimen de concurrencia competitiva se inicia: Siempre a instancia de parte, mediante la presentación de la solicitud correspondiente. Siempre de oficio. De oficio o a instancia de parte, según se establezca en las bases reguladoras.

La resolución del procedimiento de reintegro de una subvención: Pondrá fin a la vía administrativa. No pondrá fin a la vía administrativa, pudiendo interponerse recurso de alzada ante el órgano superior jerárquico que los dictó. No pondrá fin a la vía administrativa, pudiendo interponerse recurso de alzada ante el órgano superior jerárquico que los dictó o el potestativo de reposición, al tratarse de un procedimiento especial de los establecidos en el art. 125 de la Ley 39/2015.

Según establece el artículo 9 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, NO podrán reconocerse otros beneficios fiscales en los tributos locales: Que los que apruebe el Pleno por mayoría absoluta. Que los establecidos en normas reglamentarias de desarrollo. Que los expresamente previstos en las normas con rango de ley o los derivados de la aplicación de los tratados internacionales.

La Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, establece que los contratos serán susceptibles de recurso especial en materia de contratación, cuando se refieran a actuaciones o contratos que se pretendan celebrar por los poderes adjudicadores: Cuando se refieran a concesiones de obras o de servicios cuyo valor de licitación supere los tres millones de euros. Los que se refieran a actos de trámite adoptados en el procedimiento de adjudicación. Cuando se refieran a contratos de suministros que tengan un valor estimado superior a cien mil euros.

De conformidad con el art. 45 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, referente a la Publicación: La publicación de un acto deberá contener el texto íntegro de la resolución, con indicación de si pone fin o no a la vía administrativa, la expresión de los recursos que procedan, en su caso, en vía administrativa y judicial, el órgano ante el que hubieran de presentarse y el plazo para interponerlos. La publicación de los actos se realizará en todo caso en el «Boletín Oficial del Estado». En todo caso, los actos administrativos serán objeto de publicación, surtiendo ésta los efectos de la notificación, cuando el acto tenga por destinatario a una pluralidad determinada de personas.

Según la Ley Orgánica 5/1985 de Régimen Electoral General, las Juntas Electorales Provinciales reparten, proporcionalmente y atendiendo al número de residentes, los puestos correspondientes a cada partido judicial: En el décimo día posterior a la convocatoria de elecciones. En el quinto día posterior a la convocatoria de elecciones. En el décimo quinto día posterior a la convocatoria de elecciones.

Es personal eventual: Quien en virtud de nombramiento y con carácter no permanente, sólo realiza funciones propias de los funcionarios de carrera. Quien en virtud de nombramiento y con carácter no permanente, sólo realiza funciones expresamente calificadas como de confianza o asesoramiento especial. Quién en virtud de nombramiento y con carácter permanente, desarrolla funciones directivas profesionales en la Administraciones Públicas.

A los efectos de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, tienen la consideración de Administraciones Públicas: Las Entidades que integran la Administración Local. Las Mutuas colaboradoras con la Seguridad Social. Las fundaciones públicas.

De conformidad con la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, ¿Cuál es el instrumento habitual para canalizar las subvenciones previstas nominativamente en los Presupuestos Generales de las Entidades Locales?: Los contratos. Los convenios. Los acuerdos entre las partes.

Conforme a la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, en los procedimientos iniciados por petición razonada de otros órganos: La propuesta de iniciación es formulada por cualquier órgano administrativo con competencia para iniciar el procedimiento que ha tenido conocimiento de las circunstancias, conductas o hechos objeto del procedimiento. La petición razonada vincula al órgano competente para iniciar el procedimiento. En los procedimientos de naturaleza sancionadora, las peticiones deberán especificar, entre otros extremos y en la medida de lo posible, la persona o personas presuntamente responsables.

No es un derecho de las personas en materia de protección de datos previsto en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal y garantía de los derechos digitales: El derecho a la limitación del tratamiento. El derecho a la portabilidad. El derecho a la conexión.

Según lo establecido en el art. 37 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, procederá el reintegro de las cantidades percibidas y la exigencia del interés de demora correspondiente desde el momento del pago de la subvención hasta la fecha en que se acuerde la procedencia del reintegro, o la fecha en que el deudor ingrese el reintegro si es anterior a ésta, en los siguientes casos: Incumplimiento de la obligación de justificación o la justificación insuficiente. Obtención de la subvención cumpliendo las condiciones requeridas para ello. Ambas respuestas son correctas.