ADMINISTRATIVO FEBRERO 2025

La Constitución Española, en el artículo 9.3, garantiza: El principio de legalidad, la jerarquía normativa, la publicidad de las normas, la retroactividad de las disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos individuales o colectivos, la responsabilidad y la interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos. El principio de legalidad, el principio de eficacia, la irretroactividad de las disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos individuales, la jerarquía normativa, la seguridad jurídica y la interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos. El principio de legalidad, la jerarquía normativa, la irretroactividad de las disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos individuales, la seguridad jurídica, la responsabilidad y la arbitrariedad de los poderes públicos. El principio de legalidad, la jerarquía normativa, la publicidad de las normas, la irretroactividad de las disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos individuales, la seguridad jurídica, la responsabilidad y la interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos.

En relación al derecho a la libertad y a la seguridad, en el artículo 17.1 de la Constitución Española se dispone expresamente que: Todos los españoles tienen derecho a la libertad y a la seguridad. Todos los ciudadanos tienen derecho a la libertad y a la seguridad. Toda persona tiene derecho a la libertad y a la seguridad. Todos los residentes en territorio español tienen derecho a la libertad y a la seguridad.

Con relación al supuesto de Regencia por inhabilitación regulado en el artículo 59.2 de la Constitución Española, en dicho artículo se establece que la inhabilitación del Rey debe ser reconocida por: Las Cortes Generales. El Tribunal Constitucional. El Consejo de Estado. El Gobierno.

De acuerdo con el artículo 68 de la Constitución Española, el Congreso se compone de: Un mínimo de 300 y máximo de 400 diputados. Un mínimo de 200 y máximo de 300 diputados. No hay número mínimo y el máximo es de 400 diputados. Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.

De acuerdo con la Ley Orgánica 3/1981, de 6 de abril, del Defensor del Pueblo: El Defensor del Pueblo será elegido por el Gobierno. El Defensor del Pueblo será elegido por un periodo de 4 años. El cargo de Defensor del Pueblo es compatible con la permanencia en el servicio activo de cualquier Administración Pública. El Defensor del Pueblo gozará de inviolabilidad.

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 107 de la Constitución Española, ¿Cuál es el supremo órgano consultivo del Gobierno?: El Consejo de Estado. El Tribunal Constitucional. El Tribunal de Cuentas. El Senado.

De acuerdo con el artículo 122 de la Constitución Española, el Consejo General del Poder Judicial estará integrado: Por el Presidente del Tribunal Constitucional, que lo presidirá, y por doce miembros nombrados por el Rey por un período de cuatro años. Por el Presidente del Tribunal Constitucional, que lo presidirá, y por veinte miembros nombrados por el Senado por un período de cinco años. Por el Presidente del Tribunal Supremo, que lo presidirá, y por doce miembros nombrados por el Senado por un período de cuatro años. Por el Presidente del Tribunal Supremo, que lo presidirá, y por veinte miembros nombrados por el Rey por un período de cinco años.

De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 148 y 149 de la Constitución Española, señale cuál de las siguientes materias no es competencia exclusiva del Estado: Administración de Justicia. Montes y aprovechamientos forestales. Defensa y Fuerzas Armadas. Sanidad exterior.

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 153 de la Constitución Española, el control de la administración autónoma y sus normas reglamentarias se ejercerá: Por el Gobierno. Por el Tribunal Constitucional. Por el Tribunal de Cuentas. Por la jurisdicción contenciosa-administrativa.

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 149 de la Constitución Española, la competencia sobre fomento y coordinación general de la investigación científica y técnica, es una competencia: Compartida entre las Comunidades Autónomas y el Estado. Concurrente. Exclusiva del Estado. Exclusiva de las Universidades.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 103 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, las entidades de Derecho público, con personalidad jurídica propia, patrimonio propio y autonomía en su gestión, que con carácter general se financian con ingresos de mercado y que junto con el ejercicio de potestades administrativas desarrollan actividades prestacionales, de gestión de servicios o de producción de bienes de interés público, susceptibles de contraprestación se denominan: Fundaciones del sector público estatal. Sociedades Mercantiles estatales. Organismos autónomos estatales. Entidades públicas empresariales de ámbito estatal.

Según lo dispuesto en el artículo 286 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE), los miembros del Tribunal de Cuentas son designados para un período: De cuatro años. De cinco años. De seis años. Igual al del mandato del Parlamento que los nombra.

¿Cuál de las siguientes no es una de las materias a las que no podrán afectar los decretos-leyes?. El ordenamiento de las instituciones básicas del Estado. Los principios rectores de la política social y económica. El régimen de las comunidades autónomas. El Derecho electoral general.

Según la Constitución, la potestad reglamentaria: Es ejercida por el Gobierno y controlada por los Tribunales. Es ejercida por la Administración y controlada por los Tribunales. Es ejercida por el Gobierno y controlada por el Consejo de Estado. Es ejercida por la Administración y controlada por el Consejo de Estado.

Según la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas, los documentos que los interesados dirijan a los órganos de las administraciones públicas podrán presentarse: En los registros de cualquier órgano administrativo, que pertenezca a la Administración General del Estado, a la de cualquier administración de las comunidades autónomas, a la de cualquier administración de las diputaciones provinciales, cabildos y consejos insulares, a los ayuntamientos de los municipios a los que se refiere el artículo 121 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases del régimen local, o al resto de las entidades que integran la administración local si, en este último caso, se ha suscrito el oportuno convenio. En los registros de cualquier órgano administrativo, que pertenezca a la Administración General del Estado, a la de cualquier administración de las comunidades autónomas, o a alguna de las entidades que integran la administración local si, en este último caso, se ha suscrito el oportuno convenio. En el registro electrónico de la administración u organismo al que se dirijan, así como en los restantes registros electrónicos de cualquiera de los sujetos a los que se refiere el artículo 2.1. En el registro electrónico de la administración u organismo al que se dirijan, así como en los restantes registros electrónicos de cualquiera de los sujetos a los que se refiere el artículo 2.1 si, en este último caso, se ha suscrito el oportuno convenio.

Según el art. 21.2 de la Ley 30/2015, el plazo máximo en el que debe notificarse la resolución expresa será: El que determine la administración en el acuerdo de iniciación del correspondiente procedimiento. El fijado por la norma reguladora del correspondiente procedimiento. Seis meses. Tres meses.

En los casos de estimación por silencio administrativo según el art 24.3.a) de la Ley 39/2015, la resolución expresa posterior a la producción del acto: Solo podrá dictarse si es confirmatoria del mismo. Solo podrá dictarse si no es confirmatoria del mismo. Será adoptada por la administración sin ninguna vinculación al sentido del silencio. Ya no podrá dictarse, por haberse producido el acto presunto.

¿Cuándo tienen derecho los interesados a no aportar documentos a la administración, según el art. 28.2 de la Ley 39/20015?. Exclusivamente cuando ya se encuentren en poder de la administración actuante. Exclusivamente cuando ya hayan sido aportados anteriormente por el interesado a cualquier administración. Exclusivamente cuando ya se encuentren en poder de la administración actuante o hayan sido elaborados por esta. Cuando ya se encuentren en poder de la administración actuante o hayan sido elaborados por cualquier otra administración.

Si el plazo se fija en meses o años, concluirá: El día siguiente a aquel en que tuvo lugar la notificación, publicación o silencio administrativo en el mes o año de vencimiento. Si en el mes de vencimiento no hubiera día equivalente a aquel en que finaliza el cómputo, se entenderá que el plazo expira el primero del mes siguiente. El día siguiente a aquel en que tuvo lugar la notificación, publicación o silencio administrativo en el mes o año de vencimiento. Si en el mes de vencimiento no hubiera día equivalente a aquel en que finaliza el cómputo, se entenderá que el plazo expira el último día del mes. El mismo día en que se produjo la notificación, publicación o silencio administrativo en el mes o año de vencimiento. Si en el mes de vencimiento no hubiera día equivalente a aquel en que comienza el cómputo, se entenderá que el plazo expira el primero del mes siguiente. El mismo día en que se produjo la notificación, publicación o silencio administrativo en el mes o año de vencimiento. Si en el mes de vencimiento no hubiera día equivalente a aquel en que comienza el cómputo, se entenderá que el plazo expira el último día del mes.

Las resoluciones administrativas de carácter particular: Podrán vulnerar lo establecido en una disposición de carácter general, aunque aquellas procedan de un órgano de igual o superior jerarquía al que dictó la disposición general. Podrán vulnerar lo establecido en una disposición de carácter general, siempre que aquellas procedan de un órgano de igual o superior jerarquía al que dictó la disposición general. No podrán vulnerar lo establecido en una disposición de carácter general, aunque aquellas procedan de un órgano de igual o superior jerarquía al que dictó la disposición general. No podrán vulnerar lo establecido en una disposición de carácter general, salvo cuando aquellas procedan de un órgano de igual o superior jerarquía al que dictó la disposición general.

La eficacia de los actos de las administraciones públicas sujetos al derecho administrativo quedará demorada, según lo establecido en el art. 39.2 de la Ley 39/2015: Cuando no se les aplique la presunción de validez o así lo exija el contenido del acto. Cuando no se les aplique la presunción de eficacia o así lo exija el contenido del acto. Cuando así lo exija el contenido del acto o esté supeditada a su motivación o aprobación superior. Cuando así lo exija el contenido del acto o esté supeditada a su notificación, publicación o aprobación superior.

Para los efectos de entender cumplida la obligación de notificar dentro del plazo máximo de duración de los procedimientos: Será suficiente la notificación que contenga, al menos, el texto íntegro de la resolución, así como el intento de notificación debidamente acreditado. Será imprescindible la notificación que contenga, al menos, el texto íntegro de la resolución. Será suficiente la puesta a disposición del interesado de la notificación en la sede electrónica de la administración u organismo actuante para que pueda acceder al contenido de la misma de forma voluntaria. Será imprescindible el acceso a la notificación por el interesado en la sede electrónica de la administración u organismo actuante de forma voluntaria.

La realización de actuaciones administrativas fuera del tiempo establecido para ellas: Implicará en todo caso la anulabilidad del acto. Implicará en todo caso la nulidad de pleno derecho del acto. Solo implicará la anulabilidad del acto cuando así lo imponga la naturaleza del término o plazo. Solo implicará la nulidad de pleno derecho del acto cuando así lo imponga la naturaleza del término o plazo.

La administración podrá convalidar: Los actos nulos de pleno derecho, subsanando los vicios de que adolezcan. Los actos anulables, subsanando los vicios de que adolezcan. Los actos nulos de pleno derecho y los actos anulables, subsanando los vicios de que adolezcan. Los actos sucesivos en el procedimiento que sean independientes del acto nulo de pleno derecho o anulable.

Contra la desestimación presunta de un acto administrativo el plazo para interponer el recurso de alzada será: Un mes. Dos meses. Tres meses. Ninguna respuesta es correcta.

De conformidad con el artículo 116 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, son causas de inadmisión de un recurso administrativo: Ser incompetente el órgano administrativo, cuando el competente perteneciera a la misma Administración Pública. Carecer de ilegitimación el recurrente. Carecer el recurso manifiestamente de fundamento. El error de la calificación del recurso por parte del recurrente.

¿En cuál de los siguientes casos el recurso extraordinario de revisión se interpondrá dentro del plazo de tres meses a contar desde el conocimiento de los documentos o desde que la sentencia judicial quedó firme?. Que al dictarlos se hubiera incurrido en error de derecho. Que aparezcan documentos de valor esencial para la resolución del asunto que no evidencien el error de la resolución recurrida. Que en la resolución hayan influido esencialmente documentos o testimonios declarados falsos por sentencia judicial firme, anterior o posterior a aquella resolución. Que la resolución se hubiese dictado como consecuencia de prevaricación, cohecho, violencia, maquinación fraudulenta u otra conducta punible aunque no se haya declarado así en virtud de sentencia judicial firme.

Según el artículo 10 de la Ley 29/1998, de 13 julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa, el conocimiento de los recursos que se deduzcan en relación con las disposiciones generales emanadas de las Comunidades Autónomas y de las Entidades Locales, es una competencia de: Juzgados de lo Contencioso-administrativo. Juzgados Centrales de lo Contencioso-administrativo. Sala de lo Contencioso-administrativo de la Audiencia Nacional. Salas de lo Contencioso-administrativo de los Tribunales Superiores de Justicia.

No está legitimado para interponer un recurso contencioso-administrativo, según el artículo 19 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa: Las personas físicas o jurídicas que ostenten un derecho o interés legítimo. Las Entidades locales territoriales, para impugnar los actos y disposiciones que afecten al ámbito de su autonomía, emanados de las Administraciones del Estado y de las Comunidades Autónomas. El Ministerio Fiscal. Las Entidades de Derecho público con personalidad jurídica propia vinculadas o dependientes de cualquiera de las Administraciones públicas para impugnar los actos o disposiciones que le afecten en cualquier ámbito, con independencia de sus fines.

De conformidad con el artículo 46 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, en los municipios de hasta 5.000 habitantes, el Pleno celebra sesión ordinaria como mínimo: Cada mes. Cada dos meses. Cada tres meses. Ninguna respuesta es correcta.

¿Qué asistencia se requiere para la válida constitución del Pleno de la corporación, de acuerdo con el artículo 90 del Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales?. La asistencia de dos tercios del número legal de miembros de la Corporación, que nunca podrá ser inferior a tres. La asistencia de un tercio del número legal de miembros de la Corporación, que nunca podrá ser inferior a cinco. La asistencia de un tercio del número legal de miembros de la Corporación, que nunca podrá ser inferior a tres. La asistencia de dos tercios del número legal de miembros de la Corporación, que nunca podrá ser inferior a cinco.

¿Cuál de las siguientes atribuciones no puede delegar el Pleno de la Diputación?. El ejercicio de las acciones judiciales y administrativas y la defensa de la Corporación en materias de competencia plenaria. La declaración de lesividad de los actos de la Diputación. La alteración de la calificación jurídica de los bienes de dominio público. La aprobación de la plantilla de personal.

¿Cuál de las siguientes atribuciones no la ostenta el Alcalde o Alcaldesa?. Dirigir, inspeccionar e impulsar los servicios y obras municipales. Aprobar la oferta de empleo público de acuerdo con el Presupuesto y la plantilla aprobados por el Pleno, aprobar las bases de las pruebas para la selección del personal y para los concursos de provisión de puestos de trabajo y distribuir las retribuciones complementarias que sean fijas y periódicas. Ejercer la jefatura de la Policía Municipal. El ejercicio de las acciones judiciales y administrativas y la defensa del ayuntamiento en las materias de su competencia, incluso cuando las hubiere delegado en otro órgano, y, en caso de urgencia, en materias de la competencia del Pleno, en este supuesto dando cuenta al mismo en la primera sesión que celebre para su ratificación.

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 26.1 de Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, los municipios con población superior a 20.000 habitantes deberán prestar obligatoriamente los siguientes servicios: Actuaciones en materia de promoción y fomento del empleo. Creación y mantenimiento de escuelas infantiles. Atención inmediata a personas en situación o riesgo de exclusión social. Todas las respuestas son correctas.

Según el artículo 17.1, de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de Bases de Régimen Local, la formación del Padrón municipal le corresponde: Al Ayuntamiento, de acuerdo con lo que establezca la legislación del Estado. Al Ministerio de Interior. Al INE. A la Comunidad Autónoma en colaboración con el Ayuntamiento respectivo.

Según el artículo 36 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de Bases de Régimen Local, son competencias propias de la Diputación o entidad equivalente las que le atribuyan en este concepto las leyes del Estado y de las Comunidades Autónomas en los diferentes sectores de la acción pública y, en todo caso, las siguientes: La asistencia en la prestación de los servicios de gestión de la recaudación tributaria, en período voluntario y ejecutivo, y de servicios de apoyo a la gestión financiera de los municipios con población inferior a 25.000 habitantes. La cooperación en el fomento del desarrollo económico y social y en la planificación en el territorio provincial. La asistencia y cooperación jurídica, económica y técnica a los municipios, garantizando en los municipios de menos de 2.000 habitantes la prestación de los servicios de secretaría e intervención. Todas las respuestas son correctas.

Cuál es la definición de los presupuestos de las entidades locales.: Los presupuestos generales de las entidades locales constituyen la expresión cifrada, conjunta y sistemática de las obligaciones que, como máximo, pueden reconocer la entidad, y sus organismos autónomos, y de los derechos que prevean liquidar durante el correspondiente ejercicio, así como de las previsiones de ingresos y gastos de las sociedades mercantiles cuyo capital social pertenezca íntegramente a la entidad local correspondiente. Los presupuestos generales de las entidades locales están constituidos por todos los gastos e ingresos generados durante el ejercicio que suele coincidir con el año natural. Los presupuestos generales de las entidades locales están constituidos por todos los pagos y cobros generados durante el ejercicio que suele coincidir con el año natural. Los presupuestos generales de las entidades locales constituyen la expresión cifrada, conjunta y sistemática de las obligaciones que, como máximo, pueden reconocer la entidad, y sus organismos autónomos, y de los derechos que prevean liquidar durante los años que dure la legislatura, así como de las previsiones de ingresos y gastos de las sociedades mercantiles cuyo capital social pertenezca íntegramente a la entidad local correspondiente.

Según el artículo 168.4 del Texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por RDL 2/2004, del 5 de marzo, el presupuesto general se remitirá al Pleno de la corporación para su aprobación, enmienda o devolución antes del día: 15 de noviembre. 30 de septiembre. 15 de septiembre. 15 de octubre.

¿Qué tipos de modificaciones presupuestarias existen?: (PREGUNTA ANULADA EN RECLAMACIONES). Modificaciones por créditos ampliables, modificaciones por créditos no ampliables y modificaciones por créditos transferibles. Modificaciones ordinarias, modificaciones extraordinarias y modificaciones especiales. Modificaciones de personal, modificaciones de funcionamiento y modificaciones de inversión. Modificaciones nominativas, modificaciones genéricas y modificaciones específicas.

Los empleados públicos se clasifican en: Funcionarios de carrera y funcionarios interinos. Funcionarios de carrera, funcionarios interinos y personal laboral. Funcionarios de carrera, funcionarios interinos, personal laboral y personal eventual. Funcionarios de carrera y funcionarios provisionales.

De acuerdo con el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, señale la respuesta incorrecta, para poder participar en los procesos selectivos será necesario reunir los siguientes requisitos: Tener cumplidos dieciséis años y no exceder, en su caso, de la edad máxima de jubilación forzosa. Ser español de nacimiento. Poseer la capacidad funcional para el desempeño de las tareas. Poseer la titulación exigida.

Conforme el artículo 72 del TREBEP, en el marco de sus competencias de autoorganización, las administraciones públicas estructuran sus recursos humanos de acuerdo con las normas que regulan la selección, la promoción profesional, la movilidad, y la distribución de funciones y conforme a lo previsto en: El capítulo III, del Título V, del TREBEP. El capítulo I, del Título V, del TREBEP. El capítulo II, del Título V, del TREBEP. El capítulo III, del Título IV, del TREBEP.

Según lo dispuesto en la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, de los siguientes derechos de los empleados públicos indique los que se ejercen de forma colectiva: (art 15). Libertad sindical y libre asociación profesional. Huelga y protección eficaz en materia de seguridad y salud en el trabajo. Libertad sindical y huelga. Libertad sindical y prevención de riesgos laborales.

Conforme al artículo 77.4 de la Ley 39/2015: "En los procedimientos de carácter sancionador... Los hechos declarados ficticios por resoluciones judiciales penales firmes no vincularán a las Administraciones Públicas respecto de los procedimientos sancionadores que substancien. Los hechos declarados probados por resoluciones judiciales penales firmes vincularán a las Administraciones Públicas respecto de los procedimientos sancionadores que substancien. Los hechos declarados probados por resoluciones judiciales penales firmes no vincularán a las Administraciones Públicas respecto de los procedimientos sancionadores que substancien. Los hechos declarados ficticios por resoluciones judiciales provisionales vincularán a las Administraciones Públicas respecto de los procedimientos sancionadores que substancien.

¿Cuándo las conductas sancionadas hubieran causados daños y perjuicios a las Administraciones y la cuantía destinada a indemnizar estos daños no hubieran quedado determinadas en el expediente: Se fijará mediante un procedimiento nuevo, cuya resolución será inmediatamente ejecutiva. Se fijará mediante un procedimiento complementario, cuya resolución será inmediatamente ejecutiva. Se fijará mediante un simplificado, cuya resolución será inmediatamente ejecutiva. Se fijará mediante un procedimiento simplificado, cuya resolución será firme en vía administrativa.

Según el artículo 1 de la Ley de Contratos del Sector Público, esta tiene por objeto regular la contratación del sector público a fin de garantizar que la misma se ajuste a los principios de: Publicidad, transparencia, eficacia y eficiencia en la contratación pública. Publicidad, concurrencia, transparencia, igualdad y no discriminación sin perjuicio del respeto a la autonomía de la voluntad y de la confidencialidad cuando sea procedente. No discriminación e igualdad de trato entre los licitadores y coordinación entre las Administraciones Públicas. Libertad de acceso a las licitaciones, publicidad y transparencia de los procedimientos, y no discriminación e igualdad de trato entre los licitadores.

De acuerdo con los artículos 29 y 118 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, indique la respuesta correcta respeto de los contratos menores: No podrán tener una duración superior a un año, con posibilidad de una única prórroga. La tramitación del expediente exige la emisión de un informe del titular del servicio de contratación justificativo da su necesidad. Tienen tal consideración los contratos de obras de valor estimado inferior a 40.000 €. Tienen tal consideración los contratos de suministro o de servicios de valor estimado inferior a 18.000 €.

El uso privativo de un bien de dominio público: Requiere previa autorización. Se sujetará a licencia ajustada a la naturaleza del dominio. Se ejercerá libremente. Estará sujeto a concesión administrativa.

De acuerdo con lo establecido en el artículo 34 de la Ley orgánica 3/2018 de 5 de diciembre, de Protección de Datos personales y garantía de los derechos digitales: Los responsables y encargados del tratamiento de datos comunicarán en el plazo de diez días a la Agencia Española de Protección de Datos o, en su caso, a las autoridades autonómicas de protección de datos, las designaciones, nombramientos y ceses de los delegados de protección de datos cuando ese encuentren obligadas a su designación. Los responsables y encargados del tratamiento de datos comunicarán en el plazo de quince días a la Agencia Española de Protección de Datos o, en su caso, a las autoridades autonómicas de protección de datos, las designaciones, nombramientos y ceses de los delegados de protección de datos cuando ese encuentren obligadas a su designación. Los responsables y encargados del tratamiento de datos comunicarán en el plazo de quince días a la Agencia Española de Protección de Datos o, en su caso, a las autoridades autonómicas de protección de datos, las designaciones, nombramientos y ceses de los delegados de protección de datos tanto en los supuestos en que se encuentren obligadas a su designación como en el caso en que sea voluntaria. Los responsables y encargados del tratamiento de datos comunicarán en el plazo de diez días a la Agencia Española de Protección de Datos o, en su caso, a las autoridades autonómicas de protección de datos, las designaciones, nombramientos y ceses de los delegados de protección de datos tanto en los supuestos en que se encuentren obligadas a su designación como en el caso en que sea voluntaria.

La Agencia Española de Protección de Datos, según lo establecido en el artículo 44 de la Ley orgánica 3/2018 de 5 de diciembre, de Protección de Datos personales y garantía de los derechos digitales: Es una autoridad administrativa independiente de ámbito estatal, con personalidad jurídica y plena capacidad pública y privada, que actúa con plena independencia de los poderes públicos en el ejercicio de sus funciones. Es un órgano administrativo de ámbito estatal, con personalidad jurídica única, que actúa con plena independencia de los poderes públicos en el ejercicio de sus funciones. Es un órgano administrativo de ámbito estatal, con personalidad jurídica y plena capacidad pública, que actúa con plena independencia de los poderes públicos en el ejercicio de sus funciones. Es un órgano colegiado previsto en la Ley 40/2015 de 1 de octubre, con personalidad jurídica propia que actúa con plena independencia de los poderes públicos en el ejercicio de sus funciones.

El sector público deberá respetar entre otros, según lo establecido en el artículo 2 del Reglamento de actuación y funcionamiento del sector público por medios electrónicos: El principio de accesibilidad, entendido como el conjunto de principios y técnicas que se deben respetar al diseñar, construir, mantener y actualizar los servicios electrónicos para garantizar la igualdad y la no discriminación en el acceso de las personas usuarias, en particular de las personas con discapacidad y de las personas mayores. El principio de accesibilidad, entendido como el conjunto de principios y técnicas que deben de aplicarse respecto a todas las personas, con especial atención a la población más desfavorecida. El principio de accesibilidad, entendido como el conjunto de principios y técnicas que deben de aplicarse respecto a todas las personas, con especial atención a la población mayor de 60 años. El principio de accesibilidad, entendido como el conjunto de principios y técnicas que deben de aplicarse respecto a todas las personas, con especial atención a las personas mayores.

Una sede electrónica, según el Real Decreto 203/2021, de 30 de marzo por el que se aprueba el Reglamento de actuación y funcionamiento del sector público por medios electrónicos y de acuerdo con lo previsto en el artículo 38 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, es: El punto de acceso electrónico cuya titularidad corresponda a una Administración Pública, organismo público o entidad de derecho público que permite el acceso a través de internet a la información. Infraestructura básica que permite el intercambio de asientos electrónicos de registro entre las Administraciones Públicas. Aquella dirección electrónica, disponible para los ciudadanos a través de redes de telecomunicaciones, cuya titularidad corresponde a una Administración Pública, o bien a una o varios organismos públicos o entidades de Derecho Público en el ejercicio de sus competencias. Medio o soporte en el que se almacenan los documentos utilizados en actuaciones administrativas.

Según lo establecido en el artículo 41 del Real Decreto 203/2021 de 30 de marzo, por el que se aprueba el reglamento de actuación y funcionamiento del sector público por medios electrónicos, cuando de acuerdo con lo previsto en el artículo 14 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, la relación de las personas interesadas con las Administraciones Públicas deba realizarse por medios electrónicos, serán objeto de comunicación al interesado por medios electrónicos, al menos: La fecha y, en su caso, hora efectiva de inicio del cómputo de plazos que haya de cumplir la Administración tras la presentación del documento o documentos en el registro electrónico, de acuerdo con lo previsto en el artículo 31.2.c) de la Ley 39/2015, de 1 de octubre. La fecha y, en su caso, cuando así se contemple de forma expresa, los efectos del silencio administrativo. La fecha y hora de presentación de la solicitud y el órgano ante el que se presenta. La fecha de presentación de la solicitud, y si ésta está admitida a trámite.

De acuerdo con lo establecido en el artículo 12 de la Ley orgánica 3/2007, de 22 de marzo para la igualdad efectiva de mujeres y hombres: Cualquier persona podrá recabar de los tribunales la tutela del derecho a la igualdad entre mujeres y hombres, de acuerdo con lo establecido en el artículo 53.2 de la Constitución, siempre que la relación laboral no haya finalizado. La capacidad y legitimación para intervenir en los procesos civiles y sociales que versen sobre la defensa de este derecho corresponde a las personas jurídicas con interés legítimo, determinadas en las Leyes reguladoras de estos procedimientos. La persona acosada será la única legitimada en los litigios sobre acoso sexual y acoso por razón de sexo. La legitimación para intervenir en los procesos sociales que versen sobre la defensa de este derecho corresponde únicamente a las personas físicas con interés legítimo, determinadas en las Leyes reguladoras de estos procedimientos.

De acuerdo con lo establecido en el artículo 44.5 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, el control financiero: Podrá extenderse a las personas físicas, únicamente cuando éstas presenten un interés común en la consecución de los objetivos, y a las personas jurídicas en los supuestos tasados establecidos reglamentariamente. A las personas físicas y jurídicas a las que se encuentren asociados los beneficiarios, así como a cualquier otra persona susceptible de presentar un interés en la consecución de los objetivos, en la realización de las actividades, en la ejecución de los proyectos o en la adopción de los comportamientos. A las personas físicas y jurídicas a las que se encuentren asociados los beneficiarios para la ejecución del proyecto objeto de subvención. A las personas físicas y jurídicas a las que se encuentren asociados los beneficiarios para la ejecución del proyecto objeto de subvención, siempre que éstas figuren identificadas en el procedimiento.

El artículo 24.4 de la Ley 38/2003 de 17 de noviembre, General de subvenciones, al regular la fase de instrucción en la concesión de subvenciones distingue entre una resolución provisional y una definitiva dispone: El órgano instructor, a la vista del expediente, formulará la propuesta de resolución provisional, que será informada por el órgano colegiado que se determine en cada convocatoria antes de que la propuesta sea definitiva. El órgano colegiado notificará a los interesados la propuesta de resolución en los términos establecidos en el artículo 45 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre. Una vez notificada la propuesta de resolución provisional, los interesados dispondrán de un plazo de 15 días para presentar alegaciones. Se podrá prescindir del trámite de audiencia cuando no figuren en el procedimiento ni sean tenidos en cuenta otros hechos ni otras alegaciones y pruebas que las aducidas por los interesados. En este caso, la propuesta de resolución formulada tendrá el carácter de definitiva.

Según lo establecido en el artículo 14 del R.D. 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, general de Subvenciones: Los planes estratégicos de subvenciones a que se hace referencia en el artículo 8 de la Ley General de Subvenciones, se configuran como un instrumento de planificación de las políticas públicas que tengan por objeto el fomento de una actividad pública o privada siempre que ésta tenga un fin social. Los planes estratégicos de subvenciones a que se hace referencia en el artículo 8 de la Ley General de Subvenciones, se configuran como un instrumento de planificación de las políticas públicas que tengan por objeto regular las actividades de interés público, tanto públicas como privadas que tengan una finalidad pública. Los planes estratégicos de subvenciones a que se hace referencia en el artículo 8 de la Ley General de Subvenciones, se configuran como un instrumento de planificación de las políticas públicas que tengan por objeto el fomento de una actividad pública o privada que tengan una finalidad pública o privada que tenga un fin social. Los planes estratégicos de subvenciones a que se hace referencia en el artículo 8 de la Ley General de Subvenciones, se configuran como un instrumento de planificación de las políticas públicas que tengan por objeto el fomento de una actividad de utilidad pública o interés social o de promoción de una finalidad pública.

Respecto a la simplificación de la acreditación del cumplimiento de obligaciones tributarias y con la seguridad social, el artículo 24 del del R.D. 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, general de Subvenciones establece que: La presentación de la declaración responsable no sustituirá a la presentación de las certificaciones previstas en los apartados 2 y 3 del artículo 22 cuando se trate de subvenciones que se concedan a Mutualidades de funcionarios, colegios de huérfanos y entidades similares. La presentación de la declaración responsable no sustituirá a la presentación de las certificaciones previstas en los apartados 2 y 3 del artículo 22 cuando se trate de becas y demás subvenciones concedidas a investigadores en los programas de subvenciones destinados a financiar proyectos de investigación. La presentación de la declaración responsable no sustituirá a la presentación de las certificaciones previstas en los apartados 2 y 3 del artículo 22 cuando se trate de Subvenciones otorgadas a las Administraciones Públicas así como a los organismos, entidades públicas y fundaciones del sector público dependientes de aquellas, salvo previsión expresa en contrario en las bases reguladoras de la subvención. La presentación de la declaración responsable sustituirá a la presentación de las certificaciones previstas en los apartados 2 y 3 del artículo 22 en aquellas subvenciones en las que la cuantía a otorgar a cada beneficiario no supere en la convocatoria el importe de 3.000 euros.

A los efectos previstos en el artículo 158 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014: Cuando el único criterio para seleccionar al adjudicatario del contrato sea el del precio, la adjudicación deberá recaer en el plazo máximo de quince días a contar desde el siguiente al de apertura de las proposiciones. Cuando el único criterio para seleccionar al adjudicatario del contrato sea el del precio, la adjudicación deberá recaer en el plazo máximo de veinte días a contar desde el siguiente al de apertura de las proposiciones. Cuando el único criterio para seleccionar al adjudicatario del contrato sea el del precio, la adjudicación deberá recaer en el plazo máximo de diez días a contar desde el siguiente al de apertura de las proposiciones. Cuando el único criterio para seleccionar al adjudicatario del contrato sea el del precio, la adjudicación deberá recaer en el plazo máximo de cinco días a contar desde el siguiente al de apertura de las proposiciones.

Tal y como dispone el artículo 172 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014: En el diálogo competitivo, la mesa especial de diálogo competitivo dirige un diálogo con los candidatos seleccionados, previa solicitud de los mismos, a fin de desarrollar una o varias soluciones susceptibles de satisfacer sus necesidades y que servirán de base para que los candidatos elegidos presenten una oferta. En el diálogo competitivo, el órgano de contratación dirige un diálogo con los candidatos seleccionados, previa solicitud de los mismos, a fin de desarrollar una o varias soluciones susceptibles de satisfacer sus necesidades y que servirán de base para que los candidatos elegidos presenten una oferta. En el diálogo competitivo, el órgano de contratación, de oficio, dirige un diálogo con los candidatos seleccionados, a fin de desarrollar una o varias soluciones susceptibles de satisfacer sus necesidades y que servirán de base para que los candidatos elegidos presenten una oferta. En el diálogo competitivo, la mesa de contratación, de oficio, dirige un diálogo con los candidatos seleccionados, previa solicitud de los mismos, a fin de desarrollar una o varias soluciones susceptibles de satisfacer sus necesidades y que servirán de base para que los candidatos elegidos presenten una oferta.

De conformidad con lo dispuesto en el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, en relación con el Parlamento Europeo, señale cuál de las siguientes afirmaciones es falsa: Se reunirá sin necesidad de previa convocatoria el segundo martes de junio. Salvo disposición en contrario de los Tratados, el Parlamento Europeo decidirá por mayoría de los votos emitidos. Elegirá a un Defensor del Pueblo Europeo. Cualquier ciudadano de la Unión Europea tendrá derecho a presentar al Parlamento Europeo individualmente o asociado a otros ciudadanos, una petición sobre un asunto propio de los ámbitos de actuación de la Unión Europea que le afecte directamente.

La votación secreta de un Pleno: Puede realizarse cuando así lo apruebe la mayoría absoluta del número legal de miembros de la Corporación. Puede realizarse cuando así lo apruebe la mayoría simple en votación ordinaria. Se utilizará obligatoriamente para elección o destitución de personas. Solo podrá utilizarse para elección o destitución de personas y en aquellos asuntos que puedan afectar al derecho fundamental de los ciudadanos a que se refiere el artículo 18.1 de la Constitución Española, cuando así se acuerde por mayoría absoluta.

Las administraciones públicas declararán de oficio la nulidad de los actos administrativos en los supuestos previstos en el artículo 47.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas: En cualquier momento, siempre por iniciativa propia, cuando dichos actos hubieran puesto fin a la vía administrativa o no hubieran sido recurridos en plazo. En cualquier momento, por iniciativa propia o por solicitud del interesado, cuando dichos actos hubieran puesto fin a la vía administrativa o no hubieran sido recurridos en plazo. En cualquier momento, siempre por iniciativa propia, cuando dichos actos no hubieran puesto fin a la vía administrativa o no hubieran sido recurridos en plazo. En cualquier momento, por iniciativa propia o por solicitud del interesado, cuando dichos actos no hubieran puesto fin a la vía administrativa o no hubieran sido recurridos en plazo.

Según el artículo 12 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, ¿Cuál de los siguientes NO está calificado como un tipo de contrato del sector público?. Contrato de arrendamiento. Contrato de concesión de servicios. Contrato de concesión de obras. Contrato de servicios.

En el procedimiento para la exigencia de responsabilidad patrimonial de las autoridades y personal al servicio de las Administraciones Públicas al que se refieren los apartados 2 y 3 del artículo 36 de la Ley 40/2015 de 1 de octubre, que se iniciará por acuerdo del órgano competente y se notificará a los interesados, el plazo de alegaciones es de: 10 días. 15 días. 20 días. 1 mes.