Administrativo I Uned

En relación con la infracción de las normas de organización debe afirmarse que. en ningún caso proyecta sobre los actos administrativos efectos de invalidez. proyecta sobre los actos administrativos análogos efectos de invalidez a los que proyecta la infracción de otras normas que regulan relaciones intersubjetivas. sólo proyecta sobre los actos administrativos análogos efectos de invalidez que la infracción de otras normas que regulan relaciones intersubjetivas, cuando aquella infracción supone la invasión de esferas de Competencias o funciones de otras personas jurídicas públicas.

El principio de personalidad jurídica de las administraciones públicas. conlleva la posibilidad de que las administraciones públicas establen relaciones jurídicas vinculantes entre ellas y con terceros. afecta a las administraciones territoriales, pero no a los entes institucionales que de ellas dependen y que integran el sector público. afecta sólo a los entes institucionales que dependen de las Administraciones territoriales y que integran el sector público, pero no a dichas Administraciones territoriales.

Por lo que se refiere al principio de personalidad jurídica de las Administraciones Públicas y, por tanto, a la posibilidad de que éstas entablen relaciones jurídicas vinculantes entre ellas y con terceros, hay que afirmar que. afecta exclusivamente a las administraciones territoriales. afecta exclusivamente a los entes institucionales que dependen de las administraciones territoriales. afecta tanto a las administraciones territoriales como a los entes institucionales que de ellas dependen.

Vd. forma parte de un órgano administrativo colegiado dentro de una Administración en el que se va a adoptar una determinada resolución. ¿Qué ocurre con respecto a la responsabilidad que se deriva de una decisión o acuerdo acordados dentro de tal órgano?. Quien se haya abstenido o votado en contra queda exento de responsabilidad, aunque el acuerdo haya sido adoptado, como debe ser, por mayoría de votos. Al requerirse, de manera ordinaria, la unanimidad, la responsabilidad es también colectiva. La responsabilidad solo es colectiva si el acuerdo es adoptado por mayoría absoluta, si fuera por mayoría simple, solo lo es de quienes vota.

Un órgano colegiado común, frente a un órgano colegiado compuesto, se caracteriza, entre otros posibles factores, principalmente por: El órgano común es el que está previsto de antemano en una norma legal o reglamentaria; en tanto que el compuesto se forma de acuerdo con un convenio o similar. El órgano común está compuesto por funcionarios; en tanto que el órgano compuesto está formado por funcionarios y autoridades de varias Administraciones y por organizaciones representativas de intereses sociales. El órgano común está integrado por autoridades o funcionarios de una misma Administración territorial; en tanto que el compuesto por representantes de distintas administraciones.

De acuerdo con lo previsto en la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público (en adelante, "Ley 40/2015"), son órganos administrativos. las unidades administrativas a las que se les atribuyan funciones que tengan efectos jurídicos frente a terceros, o cuya actuación tenga carácter preceptivo. todas las unidades administrativas, salvo aquellas a las que se les atribuyan funciones que tengan efectos jurídicos frente a terceros, o cuya actuación tenga carácter preceptivo. todas las unidades administrativas.

Vd. forma parte, como representante de una entidad social ajena a la Administración, de un órgano colegiado de la Administración general del Estado y de acuerdo con la Ley 40/2015. ¿Puede abstenerse en alguna votación?. Así como los miembros natos no pueden abstenerse, en su caso la abstención es posible, lo que le exonera de responsabilidades. No es posible abstenerse en ningún caso, pues los acuerdos deben adoptarse siempre bajo el criterio de la unanimidad. Dado que los acuerdos se adoptan por mayoría simple, siempre tiene tanto la posibilidad libre de votar en contra, como la de abstenerse sin ningún requisito adicional para todos los miembros.

El Director General de un área de la Administración General del Estado o de una Administración autonómica –a estos efectos es indiferente–, ha emitido una resolución administrativa que hubiera correspondido emitir a un órgano superior (el Ministro o el Consejero). En tal caso estamos: Ante una incompetencia jerárquica que es relativa o susceptible de simple anulabilidad y, por tanto, subsanable o convalidable. Ante un vicio de incompetencia material, por tanto manifiesta o absoluta y, por eso, posiblemente susceptible de nulidad absoluta o de pleno derecho. Ante una incompetencia jerárquica, pero no manifiesta o relativa, que da lugar a la nulidad absoluta o de pleno derecho del acto derivado.

El principio de jerarquía se aplica. en las relaciones entre órganos administrativos. en las relaciones entre órganos administrativos y también en las relaciones entre entes territoriales (por ejemplo, en la relación entre Estado y Comunidades Autónomas). exclusivamente en las relaciones entre entes territoriales (por ejemplo, en la relación entre Estado y Comunidades Autónomas.

De acuerdo con lo previsto en la Ley 40/2015, los órganos administrativos podrán dirigir las actividades de sus órganos jerárquicamente dependientes mediante instrucciones y órdenes de servicio. El incumplimiento de las instrucciones u órdenes de servicio. no afecta por sí solo a la validez de los actos dictados por los órganos administrativos, sin perjuicio de la responsabilidad disciplinaria en que se pueda incurrir. da lugar, por sí solo, a la invalidez de los actos dictados por los órganos administrativos, sin perjuicio de la responsabilidad disciplinaria en que se pueda incurrir. da lugar, por sí solo, a la invalidez de los actos dictados por los órganos administrativos, aunque sólo excepcionalmente a responsabilidad disciplinaria en casos de dolo o negligencia grave.

¿Afecta el incumplimiento de una orden de servicio a la validez de los actos dictados por los órganos administrativos?. No por sí sola, sin perjuicio de la responsabilidad disciplinaria en que se incurra. si por sí sola, sin perjuicio de la responsabilidad disciplinaria en que se incurra. sí, en efecto, sin importar el tipo de responsabilidad que se derive.

Vd. es el funcionario titular de un órgano administrativo correspondiéndole por tanto dirigir la actividad de sus órganos jerárquicamente dependientes. ¿De qué modo puede hacerlo ordinariamente?. mediante instrucciones y órdenes de servicio. mediante reglamentos, necesariamente. mediante disposiciones orgánicas, necesariamente.

Cuando un órgano administrativo dicta un acto administrativo con una falta de competencia para su emisión, dicha incompetencia origina un vicio del acto administrativo que produce su invalidez, en concreto. da en todo caso lugar a la simple anulabilidad de dicho acto. produce siempre la nulidad de pleno derecho de dicho acto. puede dar lugar bien a la nulidad de pleno derecho bien a la simple anulabilidad, en función del tipo de incompetencia de que se trate.

Con carácter general puede afirmarse que la descentralización tiene como uno de sus elementos el siguiente: el Estado controla directamente la actividad de los Entes territoriales menores, sin posibilidad de acudir para ello a la técnica de la impugnación judicial de los actos de dichos Entes inferiores. el Estado controla directamente la actividad de los Entes territoriales menores, aunque también puede acudir para ello a la técnica de la impugnación judicial de los actos de dichos Entes inferiores. el Estado no controla directamente la actividad de los Entes territoriales menores, trasladándose el peso de la vigilancia a la técnica de la impugnación judicial de los actos de dichos Entes inferiores.

La técnica por la que mediante norma expresa se traspasa la titularidad de las competencias de un órgano superior a otro inferior se denomina. desconcentración. delegación. descentralización interorgánica.

Señale la afirmación correcta: La desconcentración, que puede operar entre órganos de cualesquiera administraciones, aunque no estén ordenados jerárquicamente, implica una pérdida de poder y competencias de unos órganos a favor de otros. La desconcentración, que solo puede operar a favor de órganos administrativos jerárquicamente dependientes, tiene carácter episódico y se lleva a cabo por decisión del órgano superior, quien la puede revocar en cualquier momento. En la desconcentración se traslada tanto el ejercicio como la titularidad de competencias, en los términos y con los requisitos que prevean las normas de atribución de competencias.

La denominada ¨descentralización por servicios¨ es la también denominable. descentralización funcional. desconcentración. descentralización territorial.

La técnica de traslación competencial por la que, mediante una norma expresa, se traspasa la titularidad de una o varias competencias de un órgano superior a otro inferior dentro de un mismo organismo público sería la denominada. encomienda de gestión. delegación de competencias. desconcentración.

Un órgano administrativo está valorando, por diversas razones, descargarse de alguna de sus competencias. De entre las que pudiera o no descargarse, según la Ley 40/2015, solo podría ser objeto de delegación,. La adopción de disposiciones de carácter general. La adopción de resoluciones administrativas de carácter sancionador. La resolución de un recurso, particularmente por cuanto el órgano en quien delegaría fue el mismo que dictó el acto objeto de recurso.

De acuerdo con la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público (en adelante, "Ley 40/2015"), la adopción de disposiciones de carácter general. podrá ser objeto de delegación en otros órganos de la misma Administración, aun cuando no sean jerárquicamente dependientes, o en los Organismos públicos o Entidades de Derecho Público vinculados o dependientes de aquélla. podrá ser objeto de delegación en otros órganos de la misma Administración, siempre que sean jerárquicamente dependientes, o en los Organismos públicos o Entidades de Derecho Público vinculados o dependientes de aquella. no podrá ser objeto de delegación.

¿Tienen los principios de coordinación y de cooperación en las relaciones entre Administraciones Públicas alguno o algunos caracteres que las diferencien?. sí, los tienen, la cooperación es voluntaria y la coordinación es obligatoria. ninguno, ambas -cooperación y coordinación- son fórmulas de relación obligatorias. ninguno, ambas -cooperación y coordinación- son fórmulas de relación voluntarias.

En la suplencia que se produce, entre otros casos, en los supuestos de vacante, ausencia o enfermedad. hay una simple sucesión transitoria en la titularidad de un órgano, sin traslación de competencias entre órganos. hay una sucesión transitoria en la titularidad de un órgano, y, por tanto, una traslación de competencias entre órganos. hay una sucesión indefinida en la titularidad de un órgano, y, por tanto, una traslación de competencias entre órganos.

La realización de actividades de carácter material o técnico de la competencia de los órganos administrativos o de las entidades de derecho público por otros órganos o entidades se denomina. desconcentración. delegación de competencias. encomienda de gestión.

De acuerdo con lo previsto en la ley 40/2015, la encomienda de gestión. no supone cesión de la titularidad de la competencia ni de los elementos sustantivos de su ejercicio. supone la cesión de la titularidad de la competencia. supone cesión de los elementos sustantivos del ejercicio de la competencia.

En la encomienda de gestión. hay, como regla general, traslado de competencias jurídicas o potestades administrativas. no hay traslado de competencias jurídicas o potestades administrativas. no hay traslado de competencias jurídicas, pero sí de potestades administrativas.

De acuerdo con lo previsto en la Ley 40/2015, en ningún caso podrán ser objeto de delegación las competencias relativas: al ejercicio de potestad sancionadora. a la adopción de disposiciones de carácter general. al ejercicio de la potestad sancionadora y a la adopción de disposiciones de carácter general.

Por lo que se refiere a la delegación de competencias, y de acuerdo con la Ley 40/2015, hay que afirmar que. no podrá delegarse la competencia para resolver un procedimiento cuando la norma reguladora del mismo prevea, como trámite preceptivo, la emisión de un dictamen o informe. cuando la norma reguladora un procedimiento prevea, como trámite preceptivo, la emisión de un dictamen o informe, sólo podrá delegarse la competencia para resolverlo una vez que se haya emitido dicho dictamen o informe preceptivo. no podrá delegarse la competencia para resolver un procedimiento una vez que en el correspondiente procedimiento se haya emitido un dictamen o informe preceptivo acerca del mismo.

Un órgano administrativo ha recibido el informe preceptivo que la ley establece que debe recabar con anterioridad a la emisión de dicho acto. Ahora decide, una vez obtenido dicho informe, delegar la resolución definitiva en un órgano inferior: Solo es posible si ese informe no dice que no sea posible tal delegación, pues ha tenido que incluirse, preceptivamente, dicha posibilidad en el dictamen. Es posible la delegación pues no constituye impedimento que una norma prevea, como trámite preceptivo, la emisión de un dictamen o informe. No es posible la delegación una vez que en el correspondiente procedimiento se haya emitido un dictamen o informe preceptivo acerca del mismo.

De acuerdo con la Ley 40/2015, la situación que se da “cuando dos o más Administraciones Publicas, de manera voluntaria y en ejercicio de sus competencias, asumen compromisos específicos en aras de una acción común”, puede identificarse con el principio de. colaboración. cooperación. coordinación.

Contra una medida administrativa que se considere contraria a la unidad de mercado puede afirmarse, con carácter general, que el operador económico lesionado por dicha media. Podrá interponer el recurso administrativo y/o jurisdiccional que corresponda y a la vez formular reclamación ante el Consejo para la Unidad de Mercado. podrá formular reclamación ante el consejo para la unidad de mercado y si, tras el correspondiente procedimiento, no considerase satisfechos sus derechos o intereses legítimos, podrá dirigirse a la comisión nacional de los mercados y la competencia para que ésta interponga un recurso contencioso administrativo para la garantía de la unidad de mercado. podrá formular reclamación ante el consejo para la unidad de mercado y si, tras el correspondiente procedimiento, no considerase satisfechos sus derechos o intereses legítimos, no podrá dirigirse a la comisión nacional de los mercados y la competencia y sólo podrá interponer recurso contencioso administrativo.

El Consejo para la Unidad de Mercado es. un órgano de cooperación administrativa creado por la Ley 20/2013, de 9 de diciembre, de garantía de la unidad de mercado, con posibilidad de tomar decisiones ejecutorias y sancionadoras frente a los organismos públicos o a sus responsables que infrinjan las disposiciones de dicha ley. un órgano de cooperación administrativa creado por la Ley 20/2013, de 9 de diciembre, de garantía de la unidad de mercado, privado de la posibilidad de tomar decisiones ejecutorias frente a los organismos públicos o a sus responsables que infrinjan las disposiciones de dicha Ley, así como de toda potestad sancionadora. un órgano de cooperación administrativa creado por la Ley 3/2013, de 4 de junio, de creación de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, con posibilidad de tomar decisiones ejecutorias y sancionadoras frente a los organismos públicos o a sus responsables que infrinjan las disposiciones de.

Una conferencia sectorial. es un órgano de cooperación, de composición multilateral y ámbito sectorial determinado. es un órgano de cooperación, de composición bilateral y ámbito sectorial determinado. es un órgano de cooperación, de composición bilateral y ámbito general.

De acuerdo con lo previsto en la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público (en adelante, "Ley 40/2015") "la emisión de informes no preceptivos con el fin de que las diferentes Administraciones expresen su criterio sobre propuestas o actuaciones que incidan en sus competencias", es una técnica de. colaboración. cooperación. coordinación.

De acuerdo con lo previsto en la Ley 40/2015, "el deber de actuar con el resto de Administraciones Públicas para el logro de fines comunes" se identifica con el principio de. colaboración. cooperación. coordinación.

De acuerdo con la Ley 40/2015, el principio en virtud del cual "una Administración Pública y, singularmente, la Administración General del Estado, tiene la obligación de garantizar la coherencia de las actuaciones de las diferentes Administraciones Públicas afectadas por una misma materia para la consecución de un resultado común, cuando así lo prevé la Constitución y el resto del ordenamiento jurídico" es el principio de. jerarquía. coordinación. cooperación.

De acuerdo con lo previsto en la Ley 40/2015, "la participación de una Administración Pública en organismos públicos o entidades dependientes o vinculados a otra Administración diferente': siempre es una técnica de coordinación forzosa. es una técnica de colaboración. es una técnica de cooperación.

De acuerdo con la Ley 40/2015, debe afirmarse que las decisiones adoptadas por las Comisiones Bilaterales de Cooperación. revestirán la forma de acuerdos y serán de obligado cumplimiento, cuando así se prevea expresamente, para las dos administraciones que lo suscriban. revestirán la forma de Recomendaciones, no vinculantes, o de Acuerdos, que serán siempre de obligado cumplimiento para las dos Administraciones que lo suscriban. revestirán la forma de Recomendaciones, no vinculantes, o de Acuerdos, que serán de obligado cumplimiento, salvo que expresamente se excluya su carácter vinculante, para las dos Administraciones que lo suscriban.

En relación con las decisiones de las Conferencias Sectoriales, y de conformidad con la Ley 40/2015, debe afirmarse que pueden revestir la forma de. acuerdo y directriz. acuerdo y recomendación. recomendación y directriz.

¿De qué estamos hablando cuando se señala, por la Ley 40/2015 que “una Administración Pública y, singularmente, la Administración General del Estado, tiene la obligación de garantizar la coherencia de las actuaciones de las diferentes Administraciones Públicas afectadas por una misma materia para la consecución de un resultado común, cuando así lo prevé la Constitución y el resto del ordenamiento jurídico”?. del principio de coordinación. del principio de jerarquía. del principio de cooperación.

De acuerdo con la Ley 40/2015, los Acuerdos que se adopten en una Conferencia Sectorial, cuando la Administración General del Estado no ejerza funciones de coordinación. no son de obligado cumplimiento, porque sólo tienen como finalidad expresar la opinión de la Conferencia Sectorial sobre un asunto que se somete a su consulta. son de obligado cumplimiento, salvo para quienes hayan votado en contra. son de obligado cumplimiento, incluso para quienes hayan votado en contra.

El control que persigue comprobar si la Administración ajusta su actividad a las reglas imperativas del ordenamiento jurídico es. el control de oportunidad. el control de eficacia. el control de legalidad.

- Por lo que se refiere al control de la Administración hay que afirmar que el control de legalidad. es el que persigue comprobar si la Administración ajusta su actividad a las reglas imperativas del ordenamiento y, asimismo, hace referencia a la posibilidad de valorar y enjuiciar las diversas alternativas o decisiones que cabe adoptar dentro de la legalidad en virtud de un margen de apreciación discrecional. es el que persigue comprobar si la Administración ajusta su actividad a las reglas imperativas del ordenamiento. es la que hace referencia a la posibilidad de valorar y enjuiciar las diversas alternativas o decisiones que cabe adoptar dentro de la legalidad en virtud de un margen de apreciación discrecional.

¿Cuál es la principal diferencia entre el control denominado preventivo y el sucesivo en materia de organización administrativa?. Ambos sistemas son controles permanentes que se utilizan según el momento en el que se tome la decisión de actuar por parte del órgano que controla. El control preventivo establece los parámetros de actuación; en tanto que le control sucesivo señala las modificaciones necesarias para actuar. El control preventivo actúa a priori sobre el proyecto de decisión, en tanto que el control sucesivo lo hace a posteriori.

En un determinado asunto que supone un importante desembolso presupuestario y de recursos, tanto el Estado como las Comunidades autónomas consideran que su resolución no corresponde a ninguna de ellas bajo los títulos competenciales que establece la Constitución y los Estatutos de autonomía; pero ambas consideran que corresponde a la otra. ¿Ante qué tipo de problema o conflicto constitucional nos encontramos?. ante un conflicto negativo de competencias. ante un conflicto concurrente de competencias. ante un conflicto positivo de competencias.

Los conflictos de competencia entre la administración y los jueces los resuelve. el tribunal constitucional. el tribunal supremo. el tribunal de conflictos de jurisdicción.

La función primariamente establecida para el Tribunal de Conflictos de Jurisdicción consiste. Resolver los conflictos de competencia entre la Administración y los Jueces, denominados conflictos de jurisdicción, decidiendo a quien corresponde dicha competencia. Resolver los conflictos de competencia entre diversos órganos judiciales, denominados conflictos de jurisdicción, decidiendo a quien corresponde dicha competencia. Resolver los conflictos de competencia entre diversos órganos judiciales, denominados conflictos de jurisdicción, decidiendo a quien corresponde dicha competencia y, además, resolviendo el fondo del litigio planteado.

El Consejo del gobierno de una Comunidad autónoma considera que el Estado ha invadido una competencia que le es propia, no respetando el orden de competencias establecido en la Constitución y su desarrollo por el correspondiente Estatuto de Autonomía. Ambas administraciones, por tanto, consideran que la competencia es propia de su ámbito competencial. ¿Ante qué tipo de conflicto nos encontramos?. ante un conflicto de defensa de la autonomía local. ante un conflicto negativo de competencias. ante un conflicto positivo de competencias.

La legitimación para plantear los conflictos en defensa de la autonomía local regulados en la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional corresponde. siempre, a cualquier municipio, que está legitimado para plantear el conflicto por sí mismo. siempre, a cualquier provincia, que está legitimada para plantear el conflicto por sí misma. al municipio o provincia que sea destinatario único de la ley objeto del conflicto.

En los conflictos en defensa de la autonomía local regulados en la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional,. se dictará una única sentencia que declarará si existe o no vulneración de la autonomía local, determinando a quien corresponde la competencia controvertida y, en su caso (es decir, si el Tribunal Constitucional considera que se ha vulnerado la autonomía local), también anulará la disposición legislativa enjuiciada. se dictará una sentencia que se limitará, en su caso, a anular la disposición legislativa enjuiciada. se dictará una sentencia que declarará si existe o no vulneración de la autonomía local, determinando a quien corresponde la competencia controvertida; la declaración de inconstitucionalidad de la ley impugnada requerirá, en su caso, de una nueva sentencia.

La resolución de los conflictos que enfrentan al estado o comunidades autónomas con las entidades locales con ocasión de disposiciones generales (de rango reglamentario) o actos administrativos que se considera lesionan la autonomía local corresponde. a la jurisdicción contencioso administrativa. al tribunal constitucional. al tribunal de conflictos de jurisdicción.

Se ha planteado un conflicto competencial entre dos órganos correspondientes a distintos Ministerios de la Administración General del Estado en una materia concreta. ¿Cuál es el órgano que debe plantearlos y cuál el órgano con capacidad para resolver dicho conflicto?. Corresponde plantearlos a los respectivos ministros y su resolución es competencia del presidente del gobierno. los plantearán directamente cada órgano en conflicto y lo resolverá el consejo de estado. los plantean los órganos correspondientes ante ambos ministros y los resuelve el ministro del ministerio más antiguo, oído el consejo de estado.

De acuerdo con lo previsto en la Ley de Bases de Régimen Local, los conflictos de competencias planteados entre diferentes entidades locales serán resueltos. por la Administración de la Comunidad Autónoma o por la Administración del Estado, según se trate de entidades pertenecientes a la misma o a distinta Comunidad, y sin perjuicio de la ulterior posibilidad de impugnar la resolución dictada ante la Jurisdicción contencioso-administrativa. por la Administración de la Comunidad Autónoma o por la Administración del Estado, según se trate de entidades pertenecientes a la misma o a distinta Comunidad, y sin posibilidad de impugnar la resolución. directamente por la Jurisdicción contencioso-administrativa.