Administrativo II 2025

1. La gestión directa de los servicios públicos se puede realizar: A. Mediante un contrato de concesión de servicio público. B. Mediante un concierto. C. Mediante una sociedad participada minoritariamente por la Administración. D. Mediante un ente instrumental o empresa pública.

Un requisito esencial para el otorgamiento de cualquier subvención es: A. El reintegro por incumplimiento. B. La justificación de la efectiva realización de la actividad subvencionada. C. La conservación de la documentación acreditativa del cumplimiento de las condiciones impuestas al otorgar la subvención. D. La necesaria cobertura presupuestaria.

En los procedimientos iniciados de oficio, cuando ha entrado en juego el silencio administrativo ¿puede la Administración resolver tardíamente?. A. Sí, sigue estando obligada a ello, con libertad de criterio para decidir en uno u otro sentido. B. No, el silencio administrativo lo impide en defensa de la posición ganada por el interesado. C. Sí, pero sólo para resolver en sentido favorable o estimatorio para el interesado. D. Sí, pero en los supuestos de que sea aplicable el silencio positivo, la Administración sólo podrá resolver en tal sentido.

La autotutela declarativa de la Administración supone: A. La potestad de interpretar unilateralmente los contratos públicos. B. La creación, modificación o extinción de situaciones jurídicas sin necesidad del auxilio judicial ni el consentimiento de los destinatarios. C. La potestad de ejecutar los actos sin el auxilio judicial. D. La potestad de revocar sus propios actos.

Se consideran contratos SARA, conforme a los artículos 19 y siguientes de la Ley de Contratos del Sector Público estrictamente los siguientes: A. Los contratos de obra, servicios y suministros que superen ciertos umbrales económicos. B. Los contratos típicos adjudicados o subvencionados por un poder adjudicador siempre que superen determinados umbrales económicos. C. Los contratos típicos adjudicados por un poder adjudicador que sea administración. D. Los contratos de concesión de obra o de servicios adjudicados o subvencionados por un poder adjudicador siempre que superen determinados umbrales económicos.

Para el cómputo de un plazo, en vía administrativa, por meses: A. Se computan todos los días de cada mes, con excepción de agosto. B. Se excluyen los sábados, domingos y festivos. C. Se excluyen los días inhábiles y el mes de agosto. D. Se computan de fecha a fecha.

Es competente para conocer de la impugnación contra una sanción por importe de 60.000 euros impuesta por un organismo de una Comunidad Autónoma: A. La Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia correspondiente al territorio de esa Comunidad Autónoma. B. El Juzgado de lo Contencioso-administrativo competente por razón del territorio. C. El Juzgado Central de lo Contencioso-administrativo. D. La Sala de lo Contencioso-administrativo de la Audiencia Nacional.

Señale qué recurso procede contra un acto administrativo que resuelva, en sentido desestimatorio, un procedimiento de responsabilidad patrimonial de la Administración pública: A. Directamente recurso contencioso-administrativo. B. Recurso de alzada ante el superior jerárquico para agotar la vía administrativa y luego, en su caso, recurso contencioso-administrativo. C. Recurso potestativo de reposición y luego, en su caso, recurso contencioso- administrativo. D. Revisión de oficio, a instancias del interesado.

9. La potestad expropiatoria corresponde exclusivamente a: A. La Administración institucional y las corporaciones de derecho público. B. La Administración General del Estado, como expresión de la competencia exclusiva del Estado en la materia. C. La Administración territorial. D. La Administración de las Comunidades Autónomas y los cabildos y consejos insulares.

Señale qué tipo de autorizaciones administrativas son transmisibles: A. La de naturaleza real. B. Las de naturaleza personal. C. Las operativas y siempre condicionadas a la aprobación por la Administración. D. Sólo son transmisibles las concesiones y los contratos administrativos.

En derecho sancionador, la interposición de recurso contencioso administrativo con el acto que impone una sanción: A. Suspende automáticamente la ejecución de la sanción. B. Provoca la suspensión de la sanción si se solicitan medidas cautelares y hasta que recaiga resolución judicial al respecto que vinculará a las partes. C. Permite la ejecución de la sanción hasta el momento mismo en que el tribunal dicte un auto otorgando o denegando las medidas cautelares. D. Paraliza automáticamente cualquier procedimiento de ejecución forzosa que hubiere instado la Administración.

El régimen jurídico aplicable a un contrato privado adjudicado por un poder adjudicador no administración es: A. La Ley de Contratos del Sector Público en su totalidad. B. Los artículos 317 y 318 de la Ley de Contratos del Sector Público para la preparación y adjudicación y el derecho privado para sus efectos y extinción. C. El derecho privado para su adjudicación, efectos, modificación y extinción al tratarse de un contrato excluido de la Ley de Contratos del Sector Público. D. Los artículos 321 y 322 de la Ley de Contratos del Sector Público y el derecho privado para sus efectos, modificación y extinción.

13. La revisión de oficio por la Administración requiere: A. Que concurra alguna causa de nulidad de pleno derecho en el acto a revisar, que éste sea firme y que se obtenga dictamen favorable por el órgano consultivo competente. B. Que concurra alguna causa de nulidad de pleno derecho y que el acto a revisar sea firme. C. Que concurra una causa de nulidad o anulabilidad, que el acto a revisar sea firme y que se obtenga dictamen favorable por el órgano consultivo competente. D. Que se impugne un acto favorable al interesado, que sea firme y que se obtenga la declaración de lesividad.

El presupuesto imprescindible de la expropiación forzosa es: A. La tramitación del procedimiento administrativo expropiatorio. B. La necesidad de ocupación del bien a expropiar. C.El justiprecio. D.La declaración de utilidad pública o interés social.

Respecto de los modos de adquisición de los bienes patrimoniales, señale cual de los siguientes no es oneroso: A. Adjudicación en procedimientos de apremio. B. Expropiación forzosa. C. Cualquier contrato típico o atípico. D. Por sucesión legítima o abintestato.

Cuál es el procedimiento habitual o preferente para adjudicar un contrato como regla general?. A. El contrato menor o adjudicación directa. B. El procedimiento negociado. C. El procedimiento abierto y/o el restringido. D. El procedimiento de emergencia.

La ejecución forzosa de los actos administrativos requiere: A. un acto administrativo definitivo y el previo requerimiento al interesado. B. un acto administrativo firme, conteniendo una obligación y un apercibimiento previo al interesado. C. un acto administrativo, conteniendo una obligación, notificado y con previo percibimiento al interesado. D. un acto administrativo debidamente notificado.

La desafectación de un bien demanial supone: A. La imposición de un uso secundario. B. El cambio de su destino a otro uso, fin o servicio público. C. La pérdida de la condición demanial. D. La sucesión en la titularidad del bien entre entes públicos.

Cuando se afirma que la reversión es un derecho de configuración legal, ello supone: A. Que se rige por la legislación vigente al momento de la expropiación de la que trae causa. B. Que es un derecho condicionado a diversos plazos de ocupación efectiva del bien expropiado por la Administración. C. Que es un derecho condicionado a su reconocimiento expreso por la Administración expropiante. D. Que se rige por la legislación vigente al momento de su nacimiento en lugar del régimen correspondiente al momento de la expropiación de la que trae causa.

¿Cuál es un límite básico para cualquier subvención?. A. El principio de concurrencia. B. La justificación de la realización de la actividad subvencionada. C. La competencia del órgano que otorga la subvención. D. Su importe nunca puede superar el coste de la actividad subvencionada.

En los procedimiento para la exigencia de la responsabilidad patrimonial de las Administraciones públicas, la carga de la prueba del daño producido corresponde: A. A la Administración, para lo cual recabará los informes preceptivos oportunos, incluido en su caso el del Consejo de Estado u órgano consultivo autonómico. B. Es una cuestión que se dirimirá ante el Juzgado o Tribunal que conozca del recurso contencioso-administración que se interponga contra el acto que resuelva el procedimiento administrativo. C. Al interesado que formula la reclamación de responsabilidad patrimonial de la Administración. D. A la Administración, a la vista de la documentación aportada por el interesado y del contenido de los informes que recabe durante la instrucción del procedimiento administrativo.

En los supuestos de inactividad material de la Administración, el recurso contencioso administrativo debe interponerse: A. En el plazo de dos meses desde que se produjo la vía de hecho. B. En los dos meses siguientes al vencimiento del requerimiento formulado por el interesado. C. En el plazo de tres meses. D. En el plazo de los 10 días siguientes al vencimiento del requerimiento formulado por el interesado.

La usucapión o prescripción adquisitiva es aplicable y alcanza a las siguientes categorías de bienes públicos: A. Bienes demaniales. B. Bienes mostrencos. C. Bienes patrimoniales. D. Bienes demaniales y patrimoniales por igual.

Señale cuál de estos supuestos excluye la responsabilidad patrimonial de la Administración: A. La intervención concurrente de varias Administraciones públicas. B. La fuerza mayor. C. El funcionamiento normal de los servicios públicos. D. La concurrencia de varias causas entre las que figure la culpa del interesad.

El principio de tipicidad en el régimen sancionador, exige: A. La prohibición de duplicidad en las sanciones. B. Una completa descripción de las conductas constitutivas de la infracción. C. Que la previsión de las infracciones y sanciones se haga mediante una norma conrango de ley. D. Que la previsión de las sanciones sea proporcionada a la gravedad de los hechos declarados como infracción en la norma legal de aplicación.

En los procedimientos iniciados por solicitud del interesado, el silencio administrativo: A. Es positivo y estimatorio de la solicitud como regla general. B. Es negativo si la solicitud se refiere a dominio público, servicio público o reclamaciones por responsabilidad patrimonial de las Administraciones Públicas. C. Permite la interposición de recursos. D. Son correctas las opciones A y B.

Para que exista responsabilidad patrimonial el daño ha de ser: A. Potencial, económicamente evaluable y antijurídico. B. Efectivo, evaluable económicamente, individualizable y antijurídico. C. Efectivo, moral, individualizable y jurídico. D. Efectivo, evaluable económicamente y antijurídico.

En la determinación del justiprecio hay demora si, una vez firme el acuerdo de necesidad de ocupación, transcurren más de: A. 3 meses. B. 6 meses. C. 5 meses. D. 1 mes.

La realización por la Administración de un encargo a un medio propio: A. Es una opción discrecional sin sujeción a especiales controles o requisitos. B. Exige disponer de un control sobre el medio propio análogo al que tiene sobre sus propios servicios o unidades, entre otros requisitos. C. Exige, para el caso de entidades jurídico-privadas, ser titular del 51% del capital o patrimonio social. D. Exige únicamente se reconozca expresamente la condición de medio propio en los Estatutos o en el acto de creación de dicho ente.

Es competente para conocer del recurso contencioso contra una resolución del Tribunal Económico Administrativo Regional: A. El Juzgado Central de lo Contencioso-admionistrativo. B. La Sala de lo Contencioso-administrativo de la Audiencia Nacional. C. La Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia. D. El Juzgado de lo Contencioso-administrativo siempre que la cuantía no supere los60.000 euros.

Señale el enunciado correcto sobre la revisión de oficio: A. Se tramita exclusivamente de oficio. B. Se fundamenta estrictamente en las causas tasadas en el artículo 125 de la Ley 39/2015. C. Dará lugar a la declaración de lesividad como presupuesto necesario para solicitar la nulidad del acto ante la jurisdicción contencioso administrativa. D. Su tramitación exige la petición de informe al Consejo de Estado (u órgano consultivo de la Comunidad Autónoma correspondiente).

El Ayuntamiento ha denegado una licencia a Pérez, S.A. y notifica a ésta la resolución el 2 de febrero de 2024, indicando que tiene un mes para presentar un recurso de reposición contado a partir del día siguiente a la notificación. ¿Qué día acaba el plazo para recurrir?. A. El 3 de marzo de 2024. B. El 5 de marzo de 2024. C. El 2 de marzo de 2024, que no es inhábil. D. El plazo para el recurso de reposición no es de 1 mes sino de 30 días hábiles.

¿Cuál es el plazo de interposición de un recurso de reposición?. A. 10 días. B. 2 meses. C. Depende del acto recurrido. D. 1 mes.

En un plazo señalado en meses el último día del plazo es inhábil. ¿Cuándo acaba el plazo? Indica la respuesta correcta: A. El día siguiente que sea hábil. B. El último día del mes. C. El anterior que sea hábil. D. El que determine la Administración en cada caso.

Teleco, S.L. quiere presentar un recurso de alzada frente a una resolución que se le ha notificado el día 31 de enero. ¿Cuál es el último día del plazo para recurrir? Indica la respuesta correcta: A. El 1 de marzo pues el plazo de un mes empezó a contar al día siguiente (el 1 de febrero). B. El 31 de febrero. C. El día que corresponda tras contar 30 días hábiles desde el 31 de enero. D. El 28 de febrero (o el 29 si se trata de un año bisiesto).

Inés recibe una resolución dictada por un Ayuntamiento con relación a una finca que se encuentra en otro término municipal. A la hora de fundamentar el recurso, ¿cuál sería el argumento más correcto para usar como alegación? Indica la respuesta correcta: A. Dependiendo del caso concreto, la resolución será nula o anulable. B. La resolución será anulable. C. El vicio de la resolución es irrelevante. D. La resolución es nula de pleno derecho.

Isaías, vecino de un municipio costero, pretende impugnar la Ordenanza de playas aprobada por el Ayuntamiento, pero no formuló alegaciones a la aprobación inicial. Señala la opción correcta: A. No puede impugnar, porque tuvo oportunidad de alegar cuando se publicó la aprobación inicial y no se manifestó en contra. B. Puede recurrir la Ordenanza siempre que afecte a sus derechos o intereses y formule el recurso en plazo. C. Puede recurrir solo si no se le notificó directamente que tenía plazo para hacer alegaciones. D. No, las Ordenanzas municipales no son impugnables.

Una asociación ecologista considera que un Real Decreto del Consejo de Ministros que regula las especies exóticas invasoras y que se publicó hace un año es contrario en uno de sus artículos a la Ley del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad y pretende que se declare su ilegalidad. Señala cuál es la fórmula correcta para intentarlo: A. Formular una instancia al Ministro de Medio Ambiente pidiéndole que lo modifique y que entretanto no aplique ese precepto del Real Decreto por ser contrario a Derecho. B. Formular una instancia al Consejo de Ministros pidiéndole que lo revise de oficio. C. Plantear recurso contencioso-administrativo contra el Real Decreto ante el Consejo de Ministros. D. Impugnar en plazo un acto de aplicación del precepto ilegal del Real Decreto, fundando el recurso en la ilegalidad del mismo.

Carmen presenta una solicitud al Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 y quiere saber cuáles son sus derechos en materia de prueba en el seno del procedimiento administrativo iniciado. Señala la respuesta correcta: A. Carmen podrá proponer la práctica de pruebas, estando el órgano competente obligado a abrir el correspondiente período de prueba por un plazo no inferior a 20 y no superior a 30 días. B. Carmen podrá proponer la práctica de prueba, estando el órgano competente obligado a abrir el correspondiente período de pruebas por un plazo no inferior a 15 y no superior a 30 días. C. Carmen podrá proponer la práctica de pruebas, que solo podrán ser rechazadas por el órgano competente cuando sean manifiestamente improcedentes o innecesarias, mediante resolución motivada. D. Carmen no puede proponer pruebas, que solo podrán ser acordadas de oficio por el órgano competente.

El Ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 dictó el 3 de mayo un acto que afectaba desfavorablemente a ALLARD, S.A. Dos meses después, el 3 de julio, ALLARD, S.A. constató que uno de los documentos que se había incorporado al expediente incurría en un error de hecho. ¿Qué recursos administrativos puede interponer ALLARD, S.A.? Indica la respuesta correcta: A. Puede interponer el recurso de alzada, dado que el acto no agota la vía administrativa y no ha terminado el plazo para interponerlo. B. Puede interponer el recurso de reposición, dado que el acto pone fin a la vía administrativa y está dentro del plazo para interponerlo. C. Ya ha trascurrido el plazo para interponer recursos administrativos. D. Cabe interponer el recurso extraordinario de revisión, dado que está dentro de plazo y concurren los requisitos para interponerlo.

RUIDERA, S.L. solicitó una autorización al Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 que le fue denegada. Dicha resolución no pone fin a la vía administrativa y RUIDERA, S.L. quiere saber qué recursos administrativos puede interponer. Señala la respuesta correcta: A. RUIDERA, S.L. puede interponer recurso de alzada en el plazo de 1 mes, tras lo cual podrá interponer recurso de reposición. B. RUIDERA, S.L. puede interponer recurso de alzada en el plazo de 3 meses, tras lo cual podrá interponer recurso de reposición. C. RUIDERA, S.L. puede interponer recurso de alzada en el plazo de 1 mes. D. RUIDERA, S.L. puede interponer recurso de alzada en el plazo de 3 meses.

El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 inicia un procedimiento administrativo en el que Sandra tiene la condición de interesada. Con anterioridad a la incoación del procedimiento, el Ministerio acordó el embargo preventivo de un bien. ¿Es acorde con el ordenamiento jurídico la adopción de dicha medida provisional? Indica la respuesta correcta: A. No, dado que el Ministerio no puede adoptar medidas provisionales sin conceder previamente audiencia a los interesados. B. No, dado que el Ministerio no puede adoptar medidas provisionales antes de la iniciación del procedimiento. C. Sí, puesto que el Ministerio puede adoptar de forma motivada medidas provisionales antes de la iniciación del procedimiento, siempre que se trate de un caso de urgencia inaplazable y para la protección provisional de los intereses implicados. D. Sí, puesto que el Ministerio puede adoptar medidas provisionales antes de la iniciación del procedimiento, siempre que así lo solicite alguna parte interesad.

CAFÉ DEL MAR, S.A. ha solicitado al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico el otorgamiento de una concesión para la ocupación del dominio público marítimo- terrestre en el municipio de Alicante. Ha transcurrido el plazo máximo sin que la Ministra, competente para resolver, haya dictado resolución expresa. ¿Qué puede hacer CAFÉ DEL MAR, S.A.? Indica la respuesta correcta: A. Entender la solicitud desestimada por silencio administrativo, pudiendo CAFÉ DEL MAR, S.A. presentar recurso de alzada ante la propia Ministra. B. Entender la solicitud desestimada por silencio administrativo, pudiendo CAFÉ DEL MAR, S.A. presentar bien recurso de reposición ante la propia Ministra o recurso contencioso-administrativo contra dicha desestimación. C. Entender la solicitud estimada por silencio administrativo y CAFÉ DEL MAR, S.A. deberá en todo caso solicitar a la Ministra certificado acreditativo de dicho silencio. D. Entender la solicitud estimada por silencio administrativo. La Ministra expedirá de oficio el certificado acreditativo de dicho silencio en el plazo de quince días desde que expire el plazo máximo para resolver el procedimiento.

Señala la afirmación incorrecta con relación al silencio administrativo: A. El silencio negativo desestima lo solicitado por el interesado. B. Frente al silencio negativo cabe interponer recurso. C. El silencio positivo tienen carácter finalizador del procedimiento. D. El silencio negativo opera en las estimaciones de derechos.

El recurso de reposición. A. Se interpone ante el mismo órgano que dictó la resolución que se recurre. B. Es potestativo. C. Procede frente a los actos que pongan fin a la vía administrativa. D. Todas las respuestas son correctas.

5. En una reclamación presentada conjuntamente por varios interesados, las actuaciones se entenderán: A. Con todos ellos, si no han designado un representante común para todos. B. Se les requerirá para que designen un representante en el plazo de diez dias. Si no lo designaren, se les tendrá por desistidos de su solicitud. C. Si han designado de forma expresa un representante o un interesado, se entenderán las actuaciones con él. En otro caso, con el interesado que figure en primer lugar en la reclamación. D. Se les requerirá para que designen un único domicilio en el que recibir las notificaciones, que se entenderán hechas a todos ellos personalmente.

¿Qué plazo de subsanación ha de conceder la Administración si el escrito de inicio de un procedimiento administrativo formulado por un particular presenta algún defecto?. A. 10 días. B. 2 meses. C. 3 meses. D. 1 mes.

La imparcialidad. A. Junto con la objetividad, son los requisitos que tienen que reunir los órganos administrativos. B. Existe en el parentesco por consanguinidad hasta el cuarto grado en línea recta. C. No se garantiza mediante causas de abstención. D. No existe cuando concurra un interés personal en el asunto.

¿Cuál es el plazo máximo en que la Administración debe notificar la resolución expresa en un procedimiento administrativo iniciado a solicitud del interesado para el que la norma reguladora no fija plazo máximo?. A. Tres meses. B. Seis meses. C. Un año. D. No existe obligación para la Administración de notificar resolución expresa en los procedimientos iniciados a solicitud del interesado.

Cuando se inicia un procedimiento administrativo, ¿hay algún trámite de información o actuaciones previas con el fin de conocer las circunstancias del caso concreto y la conveniencia o no de iniciar el procedimiento?. A. Antes de iniciar el procedimiento, el órgano competente deberá abrir un período de información o actuaciones previas con el fin de conocer las circunstancias del caso concreto. B. Iniciado ya el procedimiento, el órgano competente podrá abrir un período de información o actuaciones previas con el fin de conocer las circunstancias del caso concreto. C. Iniciado ya el procedimiento, el órgano competente deberá abrir un período de información o actuaciones previas con el fin de conocer las circunstancias del caso concreto. D. Antes de iniciar el procedimiento, el órgano competente podrá abrir un período de información o actuaciones previas con el fin de conocer las circunstancias del caso concreto.

El procedimiento administrativo común se aplica: A. En el ámbito de la Administración General del Estado. B. En el ámbito de la Administración de las Comunidades Autónomas. C. En el ámbito del sector público institucional. D. En todos los anteriores.

¿Qué plazo de subsanación ha de conceder la Administración si el escrito de inicio de un procedimiento administrativo formulado por un particular presenta algún defecto?. A. 10 días. B. 2 meses. C. 3 meses. D. 1 mes.

En relación con los informes en el procedimiento administrativo: A. La regla general es que son vinculantes. B. La regla general es que son facultativos y no vinculantes. C. Si no se emite el informe en plazo, y este no fuera vinculante, el procedimiento se suspenderá, debiéndose requerir nuevamente al órgano para que emita el citado informe. D. El plazo general de emisión de informes es de quince días hábiles.

En el procedimiento contencioso-administrativo ordinario. A. El Expediente Administrativo se aporta por la Administración una vez presentada la demanda. B. Se inicia mediante la presentación del escrito de interposición, acompañado de la documentación recogida en el artículo 45 LJCA. C. Tiene una tramitación preferente y sumaria. D. La Administración presenta la contestación a la demanda acompañando junto a la misma el Expediente Administrativo.

Señale el enunciado erróneo en relación con el proceso contencioso-administrativo: A. El órgano jurisdiccional podrá declarar la inadmisión del recurso cuando concurra alguna de las causas de inadmisión previstas en la LJCA. B. Los interesados pueden solicitar la adopción de las medidas cautelares en cualquier momento del proceso. C. Las medidas cautelares se adoptarán siempre con carácter de urgencia. D. Siempre se inicia mediante la presentación del escrito de interposición de recurso contencioso-administrativo.

El recurso de reposición: A. Se interpone en el plazo de dos meses y se resuelve en el plazo de dos meses. B. Se interpone ante el mismo órgano que dictó el acto. C. Se interpone ante el superior jerárquico del órgano que dictó el acto. D. Se resuelve en el plazo de tres meses.

La gestión indirecta de un servicio público debe realizarse conforme al siguiente régimen: A. Mediante un contrato de servicios o de concesión de servicios, de naturaleza administrativa y sujeto a la Ley de Contratos del Sector Público. B. Mediante la reserva de titularidad del servicio a favor de la Administración competente. C. Mediante un contrato de concesión sujeto a la Ley de Contratos del Sector Público en cuanto a su preparación y adjudicación y conforme a las reglas de derecho privado para su ejecución y resolución. D. Mediante una sociedad mercantil participada mayoritaria o íntegramente por la Administración titular del servicio.

En relación con el reintegro de las subvenciones: A. Es automático y no exige la tramitación de ningún procedimiento. B. Es una sanción administrativa. C. Procederá cuando se den las causas previstas en el artículo 37 LGS y se aprobará previa audiencia del interesado. D. Las entidades colaboradoras nunca podrán ser obligadas al reintegro.

Son principios aplicables a los servicios públicos: A. La concurrencia competitiva y la no discriminación. B. La universalidad y la igualdad en el acceso a los mismos. C. En ocasiones, la tipicidad y la especialidad. D. Los mismos que aplican a la contratación pública.

Las autorizaciones: A. Son técnicas de condicionamiento. B. Son técnicas ablatorias. C. Son técnicas de información. D. Son técnicas de identificación.

En el ámbito de la contratación pública, los criterios de adjudicación de los contratos: A. No están sujetos a ningún límite o requisito, son de libre elección por los órganos de contratación. B. Si sólo se establece un criterio, debe ser el precio más bajo. C. No tienen por qué estar vinculados al objeto del contrato. D. Se detallan únicamente en el anuncio de licitación.

En el ámbito de la contratación pública, son contratos privados: A. Los que sean de importe inferior a 50.000 euros. B. Los celebrados por entidades del sector público que siendo poder adjudicador no reúnan la condición de Administraciones Públicas y por entidades del sector público que no reúnan la condición de poder adjudicador. C. Los celebrados por entidades del sector público que no reúnan la condición de poder adjudicador. D. Los celebrados por entidades del sector público que siendo poder adjudicador no reúnan la condición de Administraciones Públicas.

Los contratos sujetos a regulación armonizada (SARA): A. Son aquellos que no se someten a la LCSP, sino únicamente a normativa europea. B. Se someten a la LCSP aunque sólo parcialmente. C. Se someten a la LCSP y tienen un régimen específico particular, sobre todo en relación con la publicidad. D. Se someten a la LCSP y no tienen ninguna particularidad en su tramitación.

En el ámbito de la contratación pública: A. Las Administraciones Públicas siempre son poderes adjudicadores. B. Las Administraciones Públicas serán poderes adjudicadores si cumplen con lo dispuesto en el artículo 3.3.d) LCSP. C. Las Administraciones Públicas nunca se consideran poderes adjudicadores. D. Es indiferente ser o no poder adjudicador, la Ley se aplica por igual a todos.

El Reglamento: A. Es un acto administrativo general. B. Es una disposición administrativa de carácter general, es decir, una norma jurídica de carácter general y rango inferior a la ley. C. Lo aprueban las Cortes Generales, como la Ley. D. No se encuentran sujetos al principio de buena regulación.

La nulidad de pleno derecho de los actos administrativos: A. Deriva de cualquier infracción del ordenamiento jurídico, incluida la desviación de poder. B. Tiene efectos ex tunc. C. Puede subsanarse posteriormente, produciéndose la convalidación del acto. D. Tiene efectos ex nunc.

En el procedimiento administrativo, la Administración: A. Está siempre obligada a resolver los procedimientos, cualquiera que sea la forma en que se haya iniciado. B. Sólo está obligada a resolver cuando el procedimiento se ha iniciado de oficio. C. Puede o no resolver, según la carga de asuntos que tenga el correspondiente órgano administrativo. D. Sólo está obligada a resolver cuando el procedimiento se ha iniciado a instancia de parte.

El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 inicia un procedimiento administrativo en el que Sandra tiene la condición de interesada. Con anterioridad a la incoación del procedimiento, el Ministerio acordó el embargo preventivo de un bien. ¿Es acorde con el ordenamiento jurídico la adopción de dicha medida provisional? Indica la respuestacorrecta:. A. No, dado que el Ministerio no puede adoptar medidas provisionales sin conceder previamente audiencia a los interesados. B. No, dado que el Ministerio no puede adoptar medidas provisionales antes de la iniciación del procedimiento. C. Sí, puesto que el Ministerio puede adoptar de forma motivada medidas provisionales antes de la iniciación del procedimiento, siempre que se trate de un caso de urgencia inaplazable y para la protección provisional de los intereses implicados. D. Sí, puesto que el Ministerio puede adoptar medidas provisionales antes de la iniciación del procedimiento, siempre que así lo solicite alguna parte interesada.

El Ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 dictó el 3 de mayo un acto que afectaba desfavorablemente a ALLARD, S.A. Dos meses después, el 3 de julio, ALLARD, S.A. constató que uno de los documentos que se había incorporado al expediente incurría en un error de hecho. ¿Qué recursos administrativos puede interponer ALLARD, S.A.? Indica la respueesta correcta: A. Puede interponer el recurso de alzada, dado que el acto no agota la vía administrativa y no ha terminado el plazo para interponerlo. B. Puede interponer el recurso de reposición, dado que el acto pone fin a la vía administrativa y está dentro del plazo para interponerlo. C. Ya ha trascurrido el plazo para interponer recursos administrativos. D. Cabe interponer el recurso extraordinario de revisión, dado que está dentro de plazo y concurren los requisitos para interponerlo.

¿Cuál es el plazo de interposición de un recurso de reposición?. A. 10 días. B. 2 meses. C. Depende del acto recurrido. D. 1 mes.

A Pedro se le notifica un Decreto de Alcaldía de carácter sancionador en fecha 31 de enero de 2019, jueves. ¿Cuándo venció el plazo para interponer el recurso potestativo de reposición?. A. El 4 de marzo de 2019, lunes, porque el cómputo de 30 días naturales del plazo para recurrir terminó el 2 de marzo. Como se trataba de un sábado, el plazo se prorroga al primer día hábil siguiente, esto es, el 4 de marzo. B. El 14 de marzo de 2019, jueves, porque para el cómputo del plazo de un mes para recurrir hay que descontar todos los sábados y domingos, dado que solo computan los días hábiles. C. El 28 de febrero de 2019, jueves, porque los plazos señalados en meses se computan de fecha a fecha y, dado que en el mes de vencimiento no hay día equivalente al 31 de enero, el plazo expira el último día del mes. D. El 1 de marzo de 2019, viernes, porque el plazo empieza a contarse desde el día siguiente al de la notificación.

El lunes 30 de julio de 2018, el Ayuntamiento de Madrid notificó a Rosa una resolución por la que le impuso una multa de 1.000 € en un expediente de autorización de terraza de un bar. Rosa quería interponer un recurso contencioso-administrativo. ¿En qué fecha venció el plazo de interposición del recurso?. A. El domingo 30 de septiembre de 2018. B. El lunes 1 de octubre de 2018. C. El martes 30 de octubre de 2018. D. El miércoles 31 de octubre de 2018.

Además de la impugnación directa de un reglamento ilegal en vía contencioso-administrativa: A. Es posible la impugnación directa en vía administrativa mediante el recurso de reposición. B. Es posible la impugnación directa en vía administrativa mediante la previa declaración de lesividad del reglamento. C. Es posible la impugnación del reglamento cuando se impugne cualquier acto de ejecución del mismo en vía contencioso-administrativa, fundada en que el reglamento es contrario a Derecho. D. Es posible mediante el planteamiento de la cuestión de ilegalidad directa ante el Tribunal Constitucional.

Contra el acto administrativo expreso que no ponga fin a la vía administrativa el interesado podrá interponer el recurso de alzada: A. En el plazo de un mes, y se interpondrá ante el órgano que deba fiscalizar el cumplimiento de la resolución recurrida. B. En el plazo de quince días a partir del día en que, de acuerdo con su normativa específica, se produzcan los efectos del silencio administrativo. Se interpondrá, necesariamente, ante el mismo órgano que dictó el acto. C. En el plazo de un mes, contado de fecha a fecha, a partir del día siguiente a aquel en que haya sido notificado. Se interpondrá ante el órgano que dictó el acto o ante el competente para resolverlo. D. En el plazo de un mes, contado a partir del día en que fue dictado. Se interpondrá ante el superior jerárquico del órgano que lo dictó.

Señala la cuestión cuyo conocimiento corresponde al orden jurisdiccional contencioso - administrativo: A. El recurso contencioso-disciplinario militar. B. La responsabilidad patrimonial de las Administraciones públicas. C. Los conflictos de atribuciones entre órganos de una misma Administración. D. Cualquier cuestión expresamente atribuida al orden jurisdiccional civil, siempre que esté relacionada con la actividad de la Administración pública.

¿En qué consiste un contrato de concesión de obras y qué contraprestación puede conllevar?. A. La concesión de obras es un contrato que tiene por objeto la realización por el concesionario de algunas de las prestaciones a que se refiere el contrato de obras y en el que la contraprestación a favor de aquel consiste únicamente en percibir un precio. B. La concesión de obras es un contrato que tiene por objeto la realización por el concesionario de algunas de las prestaciones a que se refiere el contrato de obras y en el que la contraprestación a favor de aquel consiste en el derecho a explotar la obra o en dicho derecho acompañado del de percibir un precio. C. La concesión de obras es un contrato que tiene por objeto la realización por el concesionario de algunas de las prestaciones a que se refiere el contrato de obras y en el que la contraprestación a favor de aquel consiste únicamente en el derecho aexplotar la obra. D. La concesión de obras es un contrato que tiene por objeto la gestión de un servicio y en el que la contraprestación consiste en el derecho a percibir un precio.

En el ámbito de los contratos del sector público, son contratos de suministro: A. Los que tienen por objeto la adquisición, el arrendamiento financiero o el arrendamiento, con o sin opción de compra, de productos o bienes muebles. B. Los que tienen por objeto la ejecución de una obra, aislada o conjuntamente con la redacción del proyecto. C. Los que tienen por objeto prestaciones de hacer consistentes en el desarrollo de una actividad. D. Los que contienen prestaciones correspondientes a contratos de distinta clase.

El Pleno del Ayuntamiento ha decidido implantar una nueva línea de autobuses para dar servicio dentro del término municipal. ¿Cuál de las siguientes opciones es viable para la prestación del servicio por un empresario privado?. A. A través del contrato de concesión de servicios, si el contratista asume el riesgo económico. B. A través del contrato de servicios, si el contratista asume el riesgo económico. C. A través del contrato de concesión de servicios, si el riesgo económico es asumido por la Administración. D. A través del contrato de gestión de servicios públicos en el que el riesgo lo asume el contratista, salvo fuerza mayor o caso fortuito, en cuyo caso lo asumirá la Administración.

Las disposiciones sancionadoras en el ámbito administrativo producirán efecto retroactivo: A. En ningún caso. Siempre se aplicará la disposición sancionadora vigente en el momento de producirse los hechos que constituyan la infracción administrativa. B. En todo caso. C. Únicamente en cuanto favorezcan al presunto infractor o al infractor, tanto en lo referido a la tipificación de la infracción como a la sanción y a sus plazos de prescripción. D. Únicamente en cuanto favorezcan al presunto infractor o al infractor y exclusivamente en lo relativo a los plazos de prescripción.

Conforme a la Ley de Expropiación Forzosa, en el procedimiento general u ordinario de expropiación, ¿cuándo podrá llevarse a cabo la ocupación de la finca expropiada o el ejercicio del derecho expropiado?. A. Una vez que haya quedado determinado el justiprecio. B. Una vez que se haya hecho efectivo el justiprecio o, en su caso, haya sido consignado en legal forma. C. Una vez que la Administración expropiante, cualquiera que sea esta, declare que procede la ocupación. D. Una vez que el Jurado de Expropiación correspondiente lo autorice.

En el ámbito de la expropiación forzosa, ¿puede ocuparse en algún caso el bien expropiado antes de proceder al pago del justiprecio?. A. Sí, cuando la Administración expropiante declare que se trata de un supuesto de fuerza mayor o de extrema necesidad. B. No, en ningún caso. C. Sí, cuando así se haya pactado entre expropiante y expropiado. D. Sí, cuando se trate de un supuesto de expropiación urgente, efectuado el depósito y abonada o consignada, en su caso, la previa indemnización por perjuicios.

En el ámbito de la expropiación forzosa, las tasaciones de los bienes y derechos expropiables se efectuarán con arreglo al valor que tengan éstos: A. Al tiempo de iniciarse el expediente de expropiación. B. En el momento de extenderse el acta de ocupación. C. En el momento de la constitución del Jurado Provincial de Expropiación. D. Al tiempo de iniciarse el expediente de justiprecio.

El Jurado Provincial de Expropiación acaba de dictar resolución fijando el justo precio que corresponde al bien expropiado, pero no estamos conformes. ¿Es posible recurrir la resolución del Jurado Provincial de Expropiación?. A. Sí, primero recurso de alzada y, en su caso, si no nos es favorable, ante los órganos de la jurisdicción contencioso-administrativa. B. Sí, pero como tal resolución agota la vía administrativa, únicamente podemos acudir a la vía contencioso-administrativa. C. No. Estamos ante un acto de trámite y, por tanto, no es susceptible de recurso, sin perjuicio de ejercer los recursos que procedan contra la resolución que finalmente decrete la expropiación del bien. D. No. Dicha resolución no es susceptible de recurso alguno, pero sí puede pedirse al Jurado Provincial su reconsideración, a la vez que se aporta una tasación pericial contradictoria.

¿En qué plazo se puede interponer el recurso contencioso-administrativo?. A. 6 meses desde el día siguiente al de la publicación de la disposición impugnada. B. 2 meses desde el día siguiente al de la publicación de la disposición impugnada o de la notificación del acto que ponga fin a la vía administrativa, si fuera expreso. C. 2 meses, en el supuesto de acto presunto. D. 3 meses, en el supuesto de acto presunto.

¿Qué recurso en vía administrativa cabe frente a una disposición de carácter general?. A. Recurso de alzada y de ser desestimado, recurso potestativo de reposición, salvo que el órgano que dicta esa disposición carezca de superior jerárquico, en cuyo caso solo cabrá recurso potestativo de reposición. B. Ninguno. Contra las disposiciones administrativas de carácter general no es posible interponer recursos en vía administrativa. C. Exclusivamente recurso potestativo de reposición. D. Recurso potestativo de reposición y recurso extraordinario de revisión.

Entre las circunstancias tasadas en las que puede fundarse un recurso extraordinario de revisión frente a un acto firme en vía administrativa, se encuentra: A. Que en la resolución administrativa se haya prescindido total y absolutamente de las normas que contienen las reglas esenciales para la formación de la voluntad de los órganos colegiados. B. Que en la resolución administrativa hayan influido esencialmente documentos declarados falsos por sentencia judicial firme, pero solo si la sentencia fue dictada con anterioridad a la resolución. C. Que en la resolución hayan influido esencialmente testimonios declarados falsos por sentencia judicial firme, anterior o posterior a aquella resolución. D. Que la resolución administrativa tenga un contenido imposible.

¿Ante qué órgano administrativo se interpone el recurso extraordinario de revisión?. A. Ante el órgano administrativo superior al autor de la resolución administrativa firme. B. Ante el órgano administrativo que dictó la resolución. C. Indistintamente ante el órgano autor de la resolución administrativa o ante su superiorjerárquico, encargado de resolverlo. D. Ante el órgano directivo superior al autor de la resolución que tenga, al menos, rango de Director general o equivalente, en función de la Administración Pública de que se trate.

Juan es propietario de una finca rústica. Con ocasión de la construcción de una carretera promovida por la Diputación Provincial, descubre que dicho terreno ha sido invadido por las máquinas de las obras, habiendo utilizado la constructora el terreno como base de operaciones. No le ha sido notificado expediente alguno relacionado con dichas obras, ni aparece en ninguna publicación. ¿Qué tipo de actuación ha llevado a cabo la Administración frente a Juan?. A. Inactividad prestacional. B. Inactividad por inejecución de actos firmes. C. Actuación material en vía de hecho. D. Contrato civil de arrendamiento.

Julia quiere abrir un supermercado en su localidad. ¿qué tiene que solicitar o presentar en su Ayuntamiento para poder comenzar con la explotación?. A. Deberá solicitar una licencia y esperar a su resolución para comenzar la explotación. B. Deberá solicitar una concesión de actividad y esperar a su resolución para comenzar la explotación. C. Deberá presentar declaración responsable o comunicación previa, pudiendo una vez presentada iniciar la explotación. D. Deberá presentar declaración responsable o comunicación previa, debiendo esperar para iniciar la explotación a resolución expresa del Ayuntamiento.

En un procedimiento contencioso-administrativo un particular deberá estar obligatoriamente representado por procurador y defendido por abogado en uno de los casos siguientes: A. Cuando la cuantía del procedimiento sea indeterminada o superior a 30.050 euros. B. Cuando el órgano competente sea colegiado, cualquiera que sea la cuantía o instancia del procedimiento. C. Cuando el órgano competente sea unipersonal y se recurra una resolución de la Administración General del Estado o de los órganos superiores de una Administración autonómica. D. Cuando el órgano competente sea unipersonal y la resolución recurrida haya sido dictada por un Ministro o Secretario de Estado.

En un expediente de expropiación forzosa en el que no haya comparecido ningún titular de un bien expropiable, se entenderán las actuaciones con: A. El Ayuntamiento donde radique el bien a expropiar, sin perjuicio de llamar por edictos al titular de dicho bien. B. La Subdelegación del Gobierno donde radique el Jurado de Expropiación Forzosa, a fin de que se haga cargo del justiprecio para ingresarlo en la Caja General de Depósitos. C. El Ministerio Fiscal de la Provincia donde radique el bien expropiado. D. Nadie. Se ingresará el justiprecio directamente en la Caja General de Depósitos a disposición de quien resulte titular del bien expropiado.

El Ayuntamiento de Madrid notifica a Miguel el inicio de un procedimiento sancionador en su contra. Miguel, en desacuerdo con la infracción que se le imputa, quiere interponer un recurso contencioso-administrativo contra el acuerdo de iniciación del procedimiento sancionador. ¿Puede interponer dicho recurso?. A. Sí, puede interponer un recurso-contencioso administrativo al tratarse de un acto definitivo que pone fin a la vía administrativa. B. Sí, puede interponer un recurso-contencioso administrativo al tratarse de un acto de trámite que pone fin a la vía administrativa. C. No puede interponer un recurso-contencioso administrativo al tratarse de un acto de trámite que no decide directa o indirectamente el fondo del asunto, no determina la imposibilidad de continuar el procedimiento ni produce indefensión o perjuicio irreparable a derechos o intereses legítimos. D. No puede interponer un recurso-contencioso administrativo al tratarse de un acto que no pone fin a la vía administrativa.

6. El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible expropió a Gabriel en el año 2023 una finca de su propiedad para la construcción de una carretera. Tras un año de paralización de las obras, el 6 de septiembre de 2024 el Ministerio anunció a través de los medios de comunicación que abandonaba el proyecto por falta de fondos, notificándose dicho propósito a Gabriel el 18 de septiembre de 2024. ¿Puede Gabriel ejercer el derecho de reversión?. A. Si el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible no ha desafectado la finca expropiada, no habrá derecho de reversión, puesto que aquel puede decidir dedicarla a otra causa de utilidad pública o interés social. B. Dado que no se ha ejecutado la obra, Gabriel puede ejercer el derecho de reversión durante el plazo de 3 meses a contar desde la fecha en la que la Administración anunció a Gabriel el propósito de no ejecutar la obra. C. Dado que no se ha ejecutado la obra, Gabriel puede ejercer el derecho de reversión durante el plazo de 3 meses a contar desde la fecha en la que la Administración notificó a Gabriel el propósito de no ejecutar la obra, es decir, hasta el 18 de diciembre de 2024. D. Dado que no se ha ejecutado la obra, Gabriel puede ejercer el derecho de reversión en cualquier momento, sin que exista plazo para la presentación de dicha solicitud.

Pedro ha interpuesto una reclamación de responsabilidad patrimonial contra la Administración competente por valor de 80.000 euros por los daños que ha sufrido su vivienda como consecuencia de unas obras en su calle. ¿Será preceptivo el informe del Consejo de Estado o del órgano consultivo de la Comunidad Autónoma?. A. Sí, en todos los procedimientos de responsabilidad patrimonial es preceptivo solicitar dictamen del Consejo de Estado o, en su caso, del órgano consultivo de la Comunidad Autónoma. B. Sí, siempre que la indemnización reclamada sea de cuantía igual o superior a 10.000 euros es preceptivo solicitar dictamen del Consejo de Estado o, en su caso, del órgano consultivo de la Comunidad Autónoma. C. Sí, siempre que la indemnización reclamada sea de cuantía igual o superior a 50.000 euros es preceptivo solicitar dictamen del Consejo de Estado o, en su caso, del órgano consultivo de la Comunidad Autónoma. D. No, el dictamen del Consejo de Estado en los procedimientos de responsabilidad patrimonial es facultativo siempre.

8. A Jaime le acaban de notificar la inadmisión de un recurso de alzada que presentó contra un acto del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030. ¿Requiere motivación dicha inadmisión?. A. No, porque únicamente deben ser motivados, con sucinta referencia de hechos y fundamentos de derecho, los actos que resuelvan sobre el fondo del recurso planteado, no los que resuelvan sobre la admisión del mismo. B. Sí, porque deben ser motivados, con sucinta referencia de hechos y fundamentos de derecho, los actos que resuelvan la inadmisión de un recurso administrativo. C. Sí, porque deben ser motivados, con sucinta referencia de hechos y fundamentos de derecho, los actos que resuelvan la inadmisión de un recurso administrativo, pero únicamente si éste se inadmite por estar fuera de plazo. D. No, porque únicamente deben ser motivados, con sucinta referencia de hechos y fundamentos de derecho, los actos que limiten derechos subjetivos o los intereses legítimos de Jaime, pero nunca los referidos a recursos administrativos.

El Ayuntamiento de Bilbao contrata para la Semana Grande de la ciudad a un grupo musical para que dé un concierto. Existen discrepancias entre el Ayuntamiento y el grupo con relación al cumplimiento del contrato. ¿Qué orden jurisdiccional es competente para resolver dichas cuestiones litigiosas?. A. El orden jurisdiccional contencioso-administrativo, ya que se trata de un contrato administrativo de una Administración Pública. B. El orden jurisdiccional contencioso-administrativo, ya que se trata de un contrato privado de una Administración Pública. C. El orden jurisdiccional contencioso-administrativo, ya que se trata de una cuestión litigiosa en relación con los efectos, cumplimiento y extinción de un contrato privado de una Administración Pública. D. El orden jurisdiccional civil, ya que se trata de una cuestión litigiosa en relación con los efectos, cumplimiento y extinción de un contrato privado de una Administración Pública.

. Al entrar en la consulta de su médico en un centro de salud público, se desprende sobre Andrea el techo de escayola, produciéndole heridas graves. Una vez recuperada, quiere informarse sobre cómo podría exigir una indemnización. Señala, en materia de responsabilidad patrimonial de las Administraciones Públicas, cuál de las siguientes afirmaciones NO es correcta: A. Los procedimientos de responsabilidad patrimonial se inician siempre a solicitud de persona interesada. B. El derecho a reclamar prescribirá al año de producido el hecho o el acto que motive la indemnización o se manifieste su efecto lesivo. C. Transcurridos seis meses desde que se inició el procedimiento sin que haya recaído y se notifique resolución expresa, podrá entenderse que la resolución es contraria a la indemnización. D. El orden jurisdiccional contencioso-administrativo conocerá de las cuestiones que se susciten en relación con la responsabilidad patrimonial de las Administraciones públicas, cualquiera que sea la naturaleza de la actividad o el tipo de relación de que derive, no pudiendo ser demandadas aquellas por este motivo ante los órdenes jurisdiccionales civil o social, aun cuando en la producción del daño concurran con particulares o cuenten con un seguro de responsabilidad.

Cristina tiene una finca en Zaragoza que ha sido expropiada por el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible para ampliar el número de carriles en uno de los accesos a la ciudad. Ha transcurrido 1 año desde la iniciación legal del expediente expropiatorio sin que se haya fijado la indemnización a la que tiene derecho Cristina. Señala la respuesta correcta: A. Al haber transcurrido 6 meses desde la iniciación legal del expediente expropiatorio sin haberse determinado por resolución definitiva el justo precio de la finca, el Ministerio estará obligado a abonar a Cristina una indemnización que consistirá en el interés legal del justo precio hasta el momento en que se haya determinado, que se liquidará con efectos retroactivos, una vez que el justiprecio haya sido efectuado. B. Debe esperar hasta haber transcurrido 2 años desde la iniciación legal del expediente expropiatorio sin haberse determinado por resolución definitiva el justo precio de la finca para poder reclamar el abono de ninguna indemnización. C. Habrá de procederse a evaluar de nuevo la finca objeto de expropiación. D. Tendrá derecho a recuperar inmediatamente la finca expropiada.

Derribos, S.A. ha interpuesto un recurso de reposición contra la desestimación de su solicitud de demolición de un inmueble. Dado que han transcurrido más de dos meses sin que se haya resuelto el recurso, pretende plantear un recurso contencioso-administrativo. ¿En qué plazo ha de plantear el recurso contencioso-administrativo para que no se considere presentado fuera de plazo?. A. En dos meses contados desde que se entiende que existe desestimación presunta. B. En estos casos se considera que no hay plazo para acudir a la vía contencioso- administrativa. C. En seis meses contados desde que se entiende que existe desestimación presunta. D. En estos casos se considera que no cabe acudir a la vía contencioso – administrativa hasta que no se resuelva el recurso.

19. El día que vence un plazo es festivo en la Comunidad Autónoma en que reside el recurrente, pero es hábil en Madrid que es donde está la sede del órgano administrativo autor del acto impugnado. ¿Qué día termina el plazo en ese caso?. A. Ese día, porque es hábil donde está la sede del órgano administrativo. B. Al día siguiente hábil, porque es inhábil en la localidad donde tiene su domicilio el interesado. C. El último día del mes. D. Ese día, porque siempre prevalecen los plazos de la capital del Reino.

Teleco, S.L. quiere presentar un recurso de alzada frente a una resolución que se le ha notificado el día 31 de enero. ¿Cuál es el último día del plazo para recurrir?. A. El 1 de marzo pues el plazo de un mes empezó a contar al día siguiente (el 1 de febrero). B. El 31 de febrero. C. El día que corresponda tras contar 30 días hábiles desde el 31 de enero. D. El 28 de febrero (o el 29 si se trata de un año bisiesto).