ADMINISTRATIVO II

1. Un municipio crea mediante ordenanza una empresa pública para prestar el servicio de agua potable. ¿En qué categoría del artículo 225 de la Constitución se ubica esa empresa?. Persona jurídica creada por acto normativo de un gobierno autónomo descentralizado. Dependencia municipal sin personalidad jurídica propia ni finalidad económica. Organismo integrante de la Función Ejecutiva con actuación desconcentrada. Entidad constitucional autónoma encargada de una competencia concurrente.

2. En el esquema de Locke, una autoridad dicta reglas, otra las ejecuta y una tercera conduce las relaciones exteriores. ¿Qué denominación corresponde a esos poderes?. Legislativo, electoral y de control. Constituyente, administrativo y jurisdiccional. Legislativo, ejecutivo y federativo. Deliberativo, judicial y municipal.

3. Un gobierno local puede gestionar un servicio, pero la rectoría nacional del sector corresponde a otro nivel. ¿Qué conclusión se ajusta al artículo 116 del COOTAD explicado en clase?. La gestión local convierte la competencia en exclusiva del GAD. El nivel que presta el servicio adquiere también regulación y control nacional. Una competencia comprende facultades distintas que pueden distribuirse entre niveles. La rectoría y la gestión deben pertenecer siempre a una sola autoridad.

4. Una atribución no ha sido asignada a ningún nivel de gobierno y, por su naturaleza, puede transferirse a los GAD. ¿Qué tipo de competencia es y quién la asigna?. Adicional, transferida automáticamente al GAD que primero la ejerza. Exclusiva, atribuida por el Ejecutivo al nivel territorial más cercano. Concurrente, asignada por la Asamblea a todos los niveles mediante resolución. Residual, asignada por el Consejo Nacional de Competencias.

5. Una alcaldía deja sin efecto una sentencia porque considera que su cumplimiento afectará gravemente el presupuesto municipal. ¿Cuál es la respuesta institucionalmente correcta?. Puede suspenderla mientras la Asamblea determina qué función tiene competencia. Puede revisarla si motiva la protección de la autonomía financiera del cantón. Debe pedir a la Contraloría que sustituya al juez y revoque la decisión. Debe cumplirla y utilizar los mecanismos procesales disponibles para impugnarla.

6. El crecimiento de la regulación económica y de los servicios públicos durante el siglo XX impulsó la creación de contralorías, defensorías y tribunales constitucionales. ¿Qué explica este proceso?. El retorno a la concentración política propia de los modelos patrimoniales. La sustitución de los órganos políticos por autoridades exclusivamente técnicas. La especialización institucional ante la ampliación de las tareas estatales. El abandono de la distribución funcional por resultar incompatible con el Estado social.

7. Para analizar por qué el CNE organiza elecciones y el TCE resuelve controversias electorales, ¿qué dimensión de la estructura estatal resulta directamente relevante?. La dimensión poblacional, porque determina quiénes pueden ejercer derechos políticos. La dimensión orgánica, porque ambos órganos poseen autoridades diferenciadas. La dimensión funcional, porque distingue las potestades ejercidas por cada órgano. La dimensión territorial, porque delimita la circunscripción de cada elección.

8. Durante varios años, una dirección ha resuelto asuntos que la ley asigna a otro órgano y los administrados nunca objetaron. ¿Qué regla debe aplicarse?. La aceptación de los administrados subsana el defecto si no existen daños. La continuidad institucional convierte la incompetencia inicial en delegación tácita. La costumbre administrativa transfiere la competencia después de actuaciones reiteradas. La competencia es improrrogable y no nace por ejercicio previo ni aquiescencia.

9. Antes de defender la validez de una actuación pública, ¿qué secuencia aplica mejor la regla del artículo 226 de la Constitución?. Identificar la norma atributiva, el órgano habilitado y el alcance de la facultad. Determinar la jerarquía del funcionario, la urgencia y el costo de la decisión. Comprobar la finalidad pública, la aceptación ciudadana y el resultado obtenido. Verificar la conveniencia política, el territorio y el apoyo de otras instituciones.

10. Una delegación fue otorgada, publicada y se encontraba vigente. Días después cambia la persona titular del órgano delegante. ¿Qué efecto produce ese cambio?. La delegación continúa, salvo revocación u otra causa de extinción. La delegación se transforma automáticamente en una desconcentración administrativa. La delegación termina porque depende de la confianza personal del titular. El delegado adquiere definitivamente la titularidad de la competencia.

11. La Contraloría detecta indicios de corrupción en un ministerio y remite información a la Fiscalía. ¿Qué lectura respeta la distribución funcional del poder?. El juez debe limitarse a confirmar la conclusión del órgano de control público. La Fiscalía debe aceptar como probada toda responsabilidad determinada por Contraloría. La Contraloría examina recursos; la Fiscalía investiga y el juez decide jurídicamente. La Contraloría puede imponer directamente la pena si el hallazgo está documentado.

12. Un concejo provincial sostiene que puede desconocer una ley nacional porque la provincia posee soberanía dentro de su territorio. ¿Cuál es la objeción más consistente con las diapositivas?. La soberanía pertenece conjuntamente al Estado central y a cada provincia. La provincia ejerce soberanía administrativa, pero no soberanía política ni financiera. La autonomía provincial permite inaplicar leyes cuando afectan intereses territoriales. La soberanía radica en el pueblo ecuatoriano; el gobierno provincial ejerce autonomía.

13. Un ministerio expide un reglamento que crea una prohibición reservada por la Constitución al legislador. ¿Qué elemento determina la invalidez de esa actuación?. El reglamento carece de validez si no obtiene aprobación posterior de la Asamblea. El Ejecutivo solo puede reglamentar materias atribuidas a los gobiernos locales. La potestad reglamentaria permite ejecutar la ley, pero no reemplazar al legislador. El ministerio puede crear la prohibición cuando invoque una finalidad pública urgente.

14. ¿Cuál de las siguientes decisiones no puede delegarse conforme al régimen explicado en las diapositivas?. La gestión de un trámite individual dentro de la misma administración. El ejercicio temporal de una atribución que la norma permite trasladar. La expedición de disposiciones administrativas de carácter general. La adopción de decisiones por otra administración cuando la ley lo admite.

15. El superior jerárquico asume el conocimiento de un asunto atribuido ordinariamente al inferior, dentro de los límites legales. ¿Qué figura se configura?. Avocación. Descentralización. Subrogación. Suplencia.

16. Después de proclamados los resultados electorales, una organización presenta un recurso y solicita que el mismo órgano que administró la elección lo resuelva como juez. ¿Qué respuesta corresponde al diseño ecuatoriano?. La Asamblea conoce el recurso por su atribución general de fiscalización. El CNE lo resuelve porque administrar una elección incluye juzgarla definitivamente. La Corte Nacional resuelve porque toda impugnación pertenece a la justicia ordinaria. El TCE conoce la controversia; el CNE conserva la administración electoral.

17. ¿Por qué el pensamiento de Polibio se vincula con la limitación del poder?. Porque explicó cómo distintos componentes podían contenerse y evitar degeneraciones. Porque convirtió la división funcional en requisito jurídico de toda Constitución. Porque sometió todos los poderes estatales a un tribunal constitucional. Porque asignó cada competencia administrativa a un territorio determinado.

18. Después de proclamados los resultados electorales, una organización presenta un recurso y solicita que el mismo órgano que administre la elección lo resuelva como juez. ¿Qué respuesta corresponde al diseño ecuatoriano?. El CNE lo resuelve porque administrar una elección incluye juzgarla definitivamente. El TCE conoce la controversia; El CNE conserva la administración electoral. La Asamblea conoce el recurso por su atribución general de fiscalización. La Corte Nacional resuelve porque toda impugnación pertenece a la justicia ordinaria.

19. El presidente del directorio de una empresa pública propone una terna que incluye a dos vocales del propio directorio. Este órgano elige a uno como gerente general. ¿Qué vicio existe?. La terna debía ser elaborada por el ministro rector del sector. El cargo solo puede cubrirse por concurso de oposición y méritos. El gerente debe ser designado fuera del seno del directorio. El gerente debe ser nombrado por el Presidente mediante decreto.

20. Una controversia corresponde a materia contencioso administrativa, ocurrió en una provincia determinada e ingresa mediante recurso contra una decisión de primera instancia. ¿Qué criterios deben concurrir para identificar al órgano judicial competente?. Materia, territorio, personas y grado. Jerarquía normativa, eficacia, eficiencia y planificación. Cuantía, oportunidad, legitimidad y publicidad. Autonomía, independencia, gratuidad y oralidad.

21. La Constitución distribuye el ejercicio del poder entre cinco funciones. ¿Qué conclusión evita atribuir soberanía propia a cada una?. La soberanía se divide según la jerarquía constitucional de cada órgano. La Función Ejecutiva conserva la soberanía y delega tareas a las restantes. Cada función posee soberanía dentro de su ámbito material exclusivo. Todas ejercen competencias derivadas de una misma soberanía popular.

22. Una entidad alcanza su meta institucional, pero oculta los criterios utilizados y evita evaluar sus resultados. ¿Cuál es la valoración más adecuada?. La planificación solo se exige cuando la gestión produce pérdidas económicas. El resultado no excluye el control por transparencia y evaluación. La eficacia obtenida vuelve innecesarios los demás principios administrativos. La eficiencia permite reservar información sobre decisiones ya ejecutadas.

23. Cuál relación entre cargo judicial y vía de acceso es correcta?. Juez de instancia por confianza presidencial; juez de paz por terna municipal. Conjuez por sorteo ciudadano; autoridad indígena por concurso nacional. Autoridad indígena por designación estatal; notario por voto de usuarios. Notario por concurso del Consejo de la Judicatura; juez de paz por elección comunitaria.

24. Una entidad administrativa impone una multa y afirma que, al sancionar, ejerce administración de justicia ordinaria. ¿Qué principio contradice esa afirmación?. Autonomía, porque el Ejecutivo carece de potestad administrativa sancionadora. Unidad jurisdiccional, porque sancionar administrativamente no equivale a juzgar. Gratuidad, porque ninguna sanción puede producir consecuencias económicas. Publicidad, porque las sanciones siempre deben decidirse en audiencia pública.

25. En una elección presidencial, el primer binomio obtiene 42% de votos válidos y el segundo 31%. ¿Qué consecuencia corresponde?. La Asamblea elige entre los dos binomios con mayoría absoluta. El primer binomio gana porque supera 40% y tiene más de diez puntos de ventaja. El CNE debe repetir la primera vuelta por falta de 50% de votos emitidos. Debe realizarse segunda vuelta porque nadie alcanzó mayoría absoluta.

26. Una ecuatoriana por naturalización cumple 40 años dos días antes de inscribir su candidatura presidencial y mantiene sus derechos políticos. ¿Cuál es el impedimento decisivo?. Haber adquirido la nacionalidad después de alcanzar la mayoría de edad. Carecer de un título universitario reconocido en Ecuador. No ser ecuatoriana por nacimiento, como exige el cargo presidencial. No haber cumplido 40 años al inicio del período presidencial.

27. ¿Cuál actuación de la Asamblea corresponde a posesión y no a elección o designación?. Recibir el juramento del Presidente y Vicepresidente electos. Designar integrantes de una junta propuestos por el Ejecutivo. Elegir al Vicepresidente desde una terna por falta definitiva. Escoger a su Segunda Vicepresidencia entre los asambleístas.

28. El mismo decreto crea dos infracciones administrativas y multas que la ley nunca contempló. ¿Qué principio impide aplicar esas sanciones?. Desconcentración de la administración central. Autonomía presupuestaria de los ministerios. Legalidad y reserva de ley sancionadora. Publicidad de las actuaciones judiciales.

29. La Asamblea censura a un ministro por incumplimiento de funciones y remite indicios a Fiscalía. ¿Qué diferencia debe mantenerse?. La censura prueba automáticamente la responsabilidad penal del ministro. Fiscalía solo puede actuar si la Asamblea dicta previamente una condena. La responsabilidad política sustituye las consecuencias civiles y administrativas. El juicio político controla funciones; la responsabilidad penal se decide aparte.

30. Un concurso judicial evalúa méritos y oposición, pero prohíbe la impugnación ciudadana y mantiene reservadas las calificaciones. ¿Qué conclusión corresponde?. El defecto se subsana con la posesión posterior de los ganadores. Se incumplen exigencias acumulativas de publicidad e impugnación. El concurso es válido porque las pruebas técnicas bastan para verificar idoneidad. La reserva se justifica para proteger la independencia de los postulantes.

31. ¿Qué opción distingue correctamente al gobernador provincial del prefecto?. El prefecto dirige territorialmente los ministerios y el gobernador preside la provincia. Ambos acceden por concurso porque ejercen competencias administrativas territoriales. Ambos son nombrados por el Presidente, pero administran competencias diferentes. El gobernador representa al Ejecutivo central; el prefecto es autoridad electa del GAD.

32. Una resolución de una entidad adscrita contradice un acuerdo ministerial, y este contradice un decreto ejecutivo conforme con la ley. ¿Qué decisión respeta la jerarquía administrativa?. Aplicar el decreto y desplazar los actos inferiores incompatibles. Aplicar la resolución por ser la norma más especializada y reciente. Suspender la ley hasta que se armonicen los tres actos administrativos. Preferir el acuerdo porque fue expedido por la autoridad rectora sectorial.

33. Una comisión legislativa pretende designar directamente al Fiscal General después de revisar hojas de vida. ¿Qué procedimiento estaría sustituyendo?. Nombramiento de confianza por parte del Presidente. Concurso público dirigido por el CPCCS con participación ciudadana. Elección entre pares dentro de la Fiscalía General. Terna de la Corte Nacional resuelta por el Consejo de la Judicatura.

34. Una provincia tiene 560.000 habitantes. Aplicando dos escaños fijos, uno por cada 200.000 habitantes y otro si la fracción supera 150.000, ¿cuántos asambleístas provinciales le corresponden?. Tres. Cinco. Cuatro. Seis.

35. La Asamblea contrata bienes, un ministerio administra personal y el Consejo de la Judicatura ejecuta su presupuesto. ¿Qué grupo normativo puede alcanzar transversalmente esas actividades?. Solo las leyes institucionales exclusivas de cada función. El Código de la Democracia y las resoluciones internas del CAL. Únicamente el ERJAFE por regular toda la organización estatal. COA, LOSEP, LOSNCP, COPLAFIP y normas de transparencia y control.

36. ¿Cuál combinación clasifica correctamente las vías de acceso a los cargos indicados?. Gobernador por elección popular, asambleísta por concurso y notario por confianza. Fiscal General por voto, ministro por terna y juez de paz por concurso. Ministro por confianza, juez nacional por mérito y presidente legislativo entre pares. Procurador por designación directa, prefecto por confianza y juez por sorteo.

37. Un proyecto urgente en materia económica incorpora reformas penales sin conexión y recibe una deliberación abreviada insuficiente. ¿Cuál es el vicio central?. Falta de competencia territorial del órgano legislativo. Ausencia de potestad presidencial para presentar cualquier proyecto urgente. Inconstitucionalidad formal por procedimiento y unidad de materia. Nulidad administrativa por tratarse de un acto de efectos particulares.

38. Una ley orgánica creó una agencia y le atribuyó potestades específicas. El Presidente pretende suprimirla y trasladar esas competencias mediante decreto. ¿Qué examen es determinante?. Si la agencia ha ejecutado menos presupuesto que otras entidades. Si el decreto cuenta con la aceptación de los servidores afectados. Si la fuente legal del órgano exige aplicar reserva de ley y paralelismo formal. Si la agencia desarrolla políticas coordinadas por la Presidencia.

39. Dos funciones del Estado se atribuyen la facultad de resolver el mismo asunto constitucionalmente asignado. ¿Quién debe dirimir el conflicto?. El superior jerárquico común de las dos funciones. La Asamblea Nacional mediante una resolución interpretativa. La Corte Constitucional por tratarse de órganos constitucionales. El Consejo de la Judicatura como órgano de gobierno estatal.

40. El Presidente pretende nombrar ministro a un ciudadano ecuatoriano de 27 años, sin título profesional, que se encuentra en goce de sus derechos políticos. ¿Qué dato, por sí solo, impediría la designación?. Ser militar en servicio activo. Carecer de experiencia en administración pública. Tener menos de 35 años de edad. No poseer formación universitaria.

41. ¿Qué disposición constitucional constituye una excepción expresa a la regla temporal ordinaria en materia ambiental?. La imprescriptibilidad ambiental se limita a demandas civiles presentadas por el Estado. Las multas ambientales prescriben siempre a los cinco años por ser infracciones muy graves. Los daños ambientales solo pueden perseguirse mientras permanezca activa la fuente contaminante. Las acciones legales para perseguir y sancionar daños ambientales son imprescriptibles.

42. Una entidad afirma que la eficiencia le permite resolver una petición sin permitir al interesado contradecir un informe decisivo. ¿Cuál es la valoración correcta?. La contradicción solo se exige cuando el procedimiento termina con una sanción económica. La falta de contradicción queda subsanada si la resolución beneficia al interés general. La eficiencia permite reducir cualquier garantía si la decisión se adopta dentro del plazo. La eficiencia orienta la gestión, pero no autoriza a suprimir el debido procedimiento.

43. Una persona es la única recurrente contra una multa de USD 2.000. La máxima autoridad confirma la infracción y eleva la multa a USD 4.000. ¿Qué garantía se vulnera?. La regla que obliga a suspender automáticamente todo acto administrativo recurrido. El principio que prohíbe a la máxima autoridad revisar la valoración de la prueba. La prohibición de reformar en perjuicio la situación de quien interpuso el recurso. El derecho del denunciante a participar en la fijación de la sanción definitiva.

44. Una ciudadana denuncia una posible infracción ambiental y otra solicita una autorización para desarrollar una actividad lícita. ¿Qué diferencia jurídica es correcta?. La solicitud solo comunica hechos, mientras la denuncia fija el objeto de la resolución. Ambas actuaciones obligan a conceder lo pedido si no existe respuesta dentro de treinta días. La denuncia convierte a quien la presenta en parte necesaria del procedimiento sancionador. La denuncia puede activar el inicio de oficio; la solicitud obliga a resolver.

45. Una denuncia ciudadana relata una posible infracción, pero el órgano competente nunca expide acto de inicio. ¿Se abrió el procedimiento sancionador?. No, porque el procedimiento empieza de oficio mediante acto del órgano instructor. Sí, porque la denuncia sustituye el acto de inicio cuando contiene hechos detallados. No, salvo que la máxima autoridad confirme primero la veracidad de los hechos. Sí, desde que el denunciante recibe constancia de presentación de su escrito.

46. Por una denuncia de ruido y por alimentos posiblemente contaminados, una autoridad clausura todo un restaurante durante treinta días y retira los productos sospechosos. ¿Qué examen es más relevante?. Si la denuncia fue formulada por más de una persona residente en el sector. Si el retiro de productos bastaba para controlar el riesgo sin imponer una clausura total. Si el establecimiento había recibido sanciones administrativas durante el año anterior. Si la clausura fue ordenada el mismo día en que se practicó la inspección.

47. Una autoridad clausura preventivamente un local, pero deja transcurrir el término legal sin iniciar el procedimiento ni pronunciarse nuevamente sobre la clausura. ¿Qué consecuencia corresponde?. La medida permanece vigente mientras la autoridad considere que subsiste algún riesgo. El afectado debe esperar la prescripción de la potestad para solicitar el levantamiento. La clausura se transforma automáticamente en sanción definitiva por falta de impugnación. La medida pierde sustento al no confirmarse, modificarse o levantarse oportunamente.

48. Dos entidades pretenden imponer sanciones administrativas por el mismo hecho, al mismo sujeto y con idéntico fundamento. ¿Qué regla debe examinarse primero?. La prevalencia de la entidad que notificó en último lugar el acto de inicio. La posibilidad de acumular multas cuando provienen de autoridades distintas. La prohibición de doble sanción cuando concurren sujeto, objeto y causa. La independencia entre responsabilidad administrativa, civil y penal en cualquier supuesto.

49. Después de configurarse válidamente el silencio positivo sobre una licencia, la entidad emite una resolución tardía que la niega. ¿Qué podía hacer la resolución posterior?. Revocar libremente el acto presunto por razones de conveniencia institucional. Sustituirlo por una decisión distinta si la autoridad explica el retraso. Suspender sus efectos hasta que el interesado obtenga una sentencia favorable. Confirmar el efecto favorable ya producido, sin contradecir el acto presunto.

50. Una resolución impone clausura y se notifica hoy. No existe medida cautelar previa y aún corre el término para apelar. ¿Puede ejecutarse inmediatamente la clausura sancionadora?. No, porque la sanción se vuelve ejecutiva cuando el acto causa estado en vía administrativa. No, porque toda clausura requiere previamente una sentencia del tribunal contencioso. Sí, porque toda resolución administrativa es ejecutiva desde la fecha de su firma. Sí, salvo que el sancionado presente una garantía equivalente al daño estimado.

51. Una empresa apela una clausura y desea impedir su ejecución mientras se decide el recurso. ¿Qué debe hacer?. Esperar que la apelación produzca por sí sola la suspensión del acto impugnado. Pedir la suspensión en tres días y justificar perjuicio grave o una causa de nulidad. Acudir a la vía judicial, porque la Administración nunca puede suspender sus propios actos. Solicitar la suspensión dentro de diez días y probar únicamente la existencia del recurso.

52. Existe debate sobre si al procedimiento sancionador se aplican los dos meses adicionales del artículo 213 después del plazo para resolver. ¿Qué conducta reduce mejor el riesgo jurídico de la entidad?. Aplicar siempre el plazo más extenso porque la potestad sancionadora protege el interés público. Suspender el cómputo hasta que exista un criterio vinculante de la Corte Constitucional. Expedir y notificar la resolución dentro del mes posterior al cierre de la prueba. Esperar los dos meses adicionales y motivar la resolución solo si el investigado reclama.

53. Una resolución enumera informes y documentos, pero no explica qué hechos demuestra cada uno ni cómo se configura la infracción. ¿Qué requisito falta?. La identificación formal del número asignado al expediente administrativo. La indicación de la oficina encargada de ejecutar materialmente la sanción. La valoración motivada de la prueba exigida para resolver el procedimiento. La transcripción completa de todas las alegaciones presentadas por la defensa.

54. En un procedimiento sancionador, la autoridad exige al investigado demostrar que no cometió la infracción descrita en el acto de inicio. ¿Qué regla se desconoce?. La carga se distribuye siempre por igual entre el instructor y la persona inculpada. El denunciante soporta toda la carga probatoria hasta que exista resolución firme. El investigado debe probar su inocencia cuando la autoridad aporta un acta de inspección. La Administración debe probar la infracción; el inculpado acredita los eximentes que alegue.

55. Una construcción sin permiso terminó en 2022 y todavía permanece en pie. La norma configura la conducta como infracción instantánea de efectos permanentes. ¿Qué criterio debe aplicarse?. La Administración puede escoger entre la fecha de construcción y la fecha de inspección. El plazo comienza únicamente cuando el propietario decide demoler la construcción. La infracción se renueva diariamente porque cualquier efecto duradero es continuado. La permanencia del resultado no reinicia por sí sola el plazo desde cada día posterior.

56. Antes de iniciar un procedimiento, una autoridad retira del mercado un alimento presuntamente contaminado. ¿Cómo debe calificarse inicialmente esa actuación?. Medida provisional de protección, porque precede al inicio y responde a un riesgo urgente. Sanción anticipada, porque afecta la comercialización del producto inspeccionado. Medida cautelar ordinaria, porque toda restricción administrativa recibe esa denominación. Actuación de ejecución, porque materializa por adelantado la resolución que podría dictarse.

57. En una inspección ambiental aparecen indicios de venta ilegal de explosivos y de uso de un permiso falsificado. ¿Qué debe hacer el instructor?. Suspender indefinidamente el procedimiento ambiental hasta que la Fiscalía dicte sentencia. Ampliar el mismo acto de inicio para sancionar ambos hechos, aunque carezca de competencia material. Comunicar la posible infracción administrativa al órgano competente y remitir el posible delito con denuncia.

58. Archivar el asunto ambiental porque una posible responsabilidad penal absorbe toda competencia administrativa. El jefe inmediato conoce una presunta falta disciplinaria el 3 de febrero, pero la autoridad nominadora recibe el informe el 10 de julio. ¿Desde cuándo corre el término especial de la LOSEP?. Desde que la autoridad nominadora dispone la realización del sumario administrativo. Desde el conocimiento de cualquier autoridad de la entidad, incluido el jefe inmediato. Desde que la Unidad de Talento Humano abre formalmente el expediente disciplinario. Desde que la Contraloría confirma que los hechos tienen relevancia disciplinaria.

59. La persona inculpada no contesta dentro de diez días. ¿Cuándo puede el acto de inicio ser considerado dictamen?. Cuando el órgano sancionador declara que el silencio equivale a confesión. Cuando contiene un pronunciamiento preciso sobre la responsabilidad imputada. Siempre que la infracción esté documentada en un acta elaborada por un inspector. Únicamente si el denunciante solicita que se resuelva sin período de prueba.

60. ¿Qué relación entre sanción y mecanismo de ejecución es correcta?. Toda sanción administrativa se ejecuta exclusivamente mediante procedimiento coactivo. La multa se cobra por coactiva; la clausura se cumple mediante ejecución forzosa del acto. El decomiso se ejecuta como multa y la suspensión del permiso mediante embargo. La clausura requiere una sentencia judicial, mientras la multa se ejecuta por compensación.

61. Un informe técnico de cargo se incorpora al expediente y sirve como fundamento principal de la sanción, pero nunca se comunica al investigado. ¿Qué efecto tiene esa omisión?. No puede fundar la decisión sin oportunidad real de contradicción. La omisión únicamente reduce el peso del informe, sin afectar su validez probatoria. El informe conserva valor si la autoridad lo menciona íntegramente en la resolución. Ninguno, porque los informes elaborados por servidores públicos son incontrovertibles.

62. No hubo modificación de hechos, calificación ni sanciones durante la instrucción. ¿Qué solución refleja mejor el régimen de comunicación del dictamen?. Sin modificación, no se exige notificarlo; sí debe garantizarse la argumentación final. El dictamen nunca puede ser conocido por la persona, porque pertenece al debate interno. El dictamen siempre debe notificarse y abrir un nuevo término obligatorio de diez días. La falta de notificación transforma el dictamen en una resolución administrativa inexistente.

63. Una reforma posterior reduce a un año el plazo para una infracción que antes tenía un régimen más severo. El procedimiento aún no ha concluido. ¿Qué principio puede exigir la aplicación retroactiva del plazo menor?. Jerarquía, porque toda reforma legal deroga automáticamente el procedimiento anterior. Tipicidad, porque la Administración debe crear una infracción nueva para aplicar la reforma. Eficiencia, porque un plazo corto disminuye los costos de tramitación institucional. Favorabilidad, por tratarse de una disposición sancionadora posterior más beneficiosa.

64. Una ley sectorial fija un plazo específico de prescripción distinto del previsto en el COA. ¿Qué orden de análisis corresponde?. Aplicar la norma sectorial y usar el COA como régimen supletorio. Aplicar el COA por ser posterior a todas las leyes administrativas especiales. Escoger el plazo más largo para asegurar que el Estado pueda ejercer su potestad. Sumar ambos plazos porque protegen finalidades administrativas diferentes.

65. Una empresa reconoce la infracción, corrige la conducta y ofrece pagar voluntariamente antes de la resolución. ¿Qué tratamiento corresponde?. El pago voluntario solo produce efectos después de que la resolución haya causado estado. El reconocimiento extingue la infracción y obliga a archivar sin imponer consecuencia alguna. La autoridad puede crear una reducción discrecional aunque la ley sectorial no la contemple. La corrección reduce o exonera solo si existe norma habilitante; el cumplimiento anticipado puede terminar el trámite.

66. El investigado guarda silencio y la autoridad sostiene que, por esa razón, ya no debe probar los hechos. ¿Cuál es la respuesta correcta?. La carga continúa en la Administración, aunque el trámite pueda simplificarse legalmente. La falta de contestación convierte todos los informes previos en prueba incontrovertible. El silencio invierte la carga y obliga al investigado a desvirtuar la infracción. La autoridad solo necesita probar la gravedad, pero no la existencia de la conducta.

67. Una empresa ocupó de forma continua la vía pública hasta el 30 de junio de 2026. La infracción está calificada como grave. ¿Desde cuándo se cuenta su prescripción?. Desde el 1 de julio de 2026, día siguiente al cese de la conducta continuada. Desde el día en que la Administración recibió la primera denuncia ciudadana. Desde la fecha en que se expida el acto de inicio del procedimiento sancionador. Desde el primer día de ocupación, aunque la conducta haya continuado durante años.

68. Una persona solicita una autorización ante el órgano competente, entrega todos los requisitos y no recibe respuesta dentro del término legal. ¿Cuándo puede invocar silencio positivo?. Cuando la petición es jurídicamente posible y el acto presunto no incurre en nulidad. Únicamente si la Administración reconoce expresamente que dejó vencer el término. Siempre que haya presentado una declaración juramentada antes de formular la solicitud. Solo cuando una ley sectorial repite de manera literal la regla del Código Orgánico Administrativo.

69. Existe debate sobre si al procedimiento sancionador se aplican los dos meses adicionales del artículo 203 después del plazo para resolver. ¿Qué conducta reduce mejor el riesgo jurídico de la entidad?. Expedir y notificar la resolución dentro del mes posterior al cierre de la prueba. Aplicar siempre el plazo más extenso porque la potestad sancionadora protege el interés público. Suspender el cómputo hasta que exista un criterio vinculante de la Corte Constitucional. Esperar los dos meses adicionales y motivar la resolución solo si el investigado reclama.

70. En un procedimiento sancionador, la misma servidora practica la prueba, emite el dictamen y firma la resolución. ¿Cuál es la objeción más sólida?. La acumulación es válida si la servidora posee delegación de la máxima autoridad. La identidad de la servidora se convalida si el investigado presentó alegaciones. Se vulnera la separación entre instrucción y sanción, además de la imparcialidad. Solo existe defecto cuando la resolución impone una sanción privativa de libertad.

71. Una infracción grave se cometió el 14 de agosto de 2024 y no es continuada ni oculta. Según el régimen general, ¿cuándo prescribe la potestad?. El 15 de agosto de 2029, porque las infracciones graves prescriben en cinco años. El 15 de agosto de 2027, al computarse tres años desde el día siguiente al hecho. El 14 de agosto de 2025, porque todo plazo sancionador general es de un año. El 14 de agosto de 2027, contado desde el mismo día en que ocurrió el hecho.

72. Una resolución fue expedida por el órgano competente, pero nunca se notificó a la persona afectada. ¿Cuál es su situación frente a ella?. Queda firme después de diez días, contados desde la fecha de expedición. Es inexistente porque ningún acto puede formarse antes de su notificación. Produce efectos desde su firma, aunque el término para recurrir permanezca suspendido. Puede ser válido, pero no es eficaz frente a ella sin notificación.

73. Para verificar una infracción, una autoridad pretende ingresar por la fuerza al domicilio particular del investigado antes de iniciar el procedimiento. ¿Qué requisito resulta indispensable?. La autorización del juzgador competente por afectarse la inviolabilidad del domicilio. La autorización del superior jerárquico que ordenó la inspección administrativa. La presentación previa de una denuncia por parte de un tercero afectado. La presencia de dos testigos que certifiquen la necesidad de la diligencia.

74. Las actuaciones previas se ordenaron el 10 de enero y el acto de inicio se notificó el 11 de julio del mismo año. ¿Cómo se aplica el artículo 179 del COA?. Los seis meses deben convertirse en ciento ochenta días hábiles para determinar el vencimiento. El plazo corre desde la fecha de la infracción y no desde las actuaciones previas. La firma del acto de inicio antes del vencimiento evita cualquier caducidad posterior. La notificación es tardía porque los seis meses vencieron el 10 de julio.