Administrativo UNED Abogacía [2]

Según el Art. 24 de la Ley 39/2015, en los procedimientos iniciados a solicitud del interesado, cuando el plazo máximo vence sin haberse notificado resolución expresa, ¿cuál es la interpretación general que se le da al silencio administrativo?. Siempre se entiende como desestimado por silencio administrativo. Se entiende como estimado por silencio administrativo, a menos que una norma específica de mayor rango indique lo contrario. Se interpreta de acuerdo con el criterio del órgano administrativo competente.

De acuerdo con el Art. 24 de la Ley 39/2015, ¿en qué situaciones el silencio tiene un efecto desestimatorio?. En procedimientos que impliquen actividades que pueden dañar el medio ambiente. En procedimientos que tengan por objeto el acceso a actividades recreativas. En procedimientos relacionados con solicitudes de cambio de nombre.

Según el Art. 24 de la Ley 39/2015, en los casos de estimación por silencio administrativo, ¿cómo debe proceder la Administración si decide dictar una resolución expresa posterior?. La resolución expresa no tiene vinculación alguna con el sentido del silencio administrativo. La resolución expresa sólo puede ser confirmatoria del acto producido por el silencio. La Administración puede decidir libremente, sin considerar el acto producido por el silencio administrativo.

Según el Art. 24 de la Ley 39/2015, cuando los actos administrativos son producidos por silencio administrativo, ¿cuándo comienzan a producir efectos?. Desde el inicio del procedimiento. Desde el momento en que el interesado presenta una queja formal. Desde el vencimiento del plazo máximo en el que debe dictarse y notificarse la resolución expresa sin que la misma se haya expedido.

Basado en el Artículo 24 de la Ley 39/2015, si un interesado desea obtener un certificado acreditativo del silencio producido, ¿en qué momento puede solicitarlo?. Únicamente dentro de los primeros 5 días tras el vencimiento del plazo máximo para resolver el procedimiento. En cualquier momento tras el vencimiento del plazo máximo para resolver el procedimiento. Sólo si la Administración no ha emitido una resolución expresa en los primeros 15 días tras el vencimiento del plazo máximo.

Respecto a los plazos establecidos en el artículo 128 LJCA, señala la afirmación correcta: Una vez transcurridos los plazos, el derecho correspondiente sigue vigente hasta la notificación de la resolución. Los plazos son prorrogables si se justifica debidamente. Durante el mes de agosto, el plazo para interponer el recurso contencioso-administrativo se suspende, salvo para el procedimiento para la protección de los derechos fundamentales.

Artículo 129 LJCA. En relación con la solicitud de medidas cautelares en el proceso, es correcto afirmar que: Las medidas cautelares solo pueden solicitarse al inicio del proceso. Si se impugna una disposición general y se solicita la suspensión de la vigencia de los preceptos impugnados, la petición debe realizarse dentro de los diez días siguientes al inicio del proceso. Los interesados pueden solicitar la adopción de medidas cautelares en cualquier estado del proceso para asegurar la efectividad de la sentencia.

Artículo 130 LJCA. De acuerdo con el artículo 130, sobre las medidas cautelares, es verdadero que: Las medidas cautelares siempre se acordarán sin valoración de intereses en conflicto. Las medidas cautelares podrán denegarse cuando puedan causar una perturbación grave de los intereses generales o de terceros. La ejecución del acto o la aplicación de la disposición nunca pueden hacer perder su finalidad legítima al recurso.

Artículo 131 LJCA. Según lo estipulado en el artículo 131, sobre el incidente cautelar: El incidente cautelar debe ser resuelto en un plazo no mayor a 20 días. Si la Administración demandada no ha comparecido, la audiencia no es necesaria. El incidente cautelar se sustanciará en pieza separada, con audiencia de la parte contraria.

Artículo 133 LJCA. En relación con las consecuencias de la medida cautelar, de acuerdo con el artículo 133: Siempre se exige una caución o garantía cuando se adopta una medida cautelar. La caución o garantía podrá constituirse en cualquiera de las formas admitidas en Derecho. Si se levanta la medida cautelar, la Administración tiene un plazo indefinido para solicitar indemnización por los daños sufridos.

Artículo 1 LEF, ¿cuál es el objeto de la LEF?. La venta forzosa regulada por la legislación especial sobre abastecimientos, comercio exterior y divisas. La expropiación forzosa por causa de utilidad pública o interés social, incluyendo cualquier forma de privación singular de la propiedad privada o de derechos o intereses patrimoniales legítimos. La regulación de ventas y permutas entre Entidades del Estado.

Artículo 2 de la LEF, ¿quién o quiénes pueden ser beneficiarios de la expropiación forzosa por causa de utilidad pública?. Solo el Estado. El Estado, la Provincia y el Municipio. Cualquier persona natural o jurídica con requisitos específicos.

Artículo tercero LEF, ¿a quién considerará la Administración expropiante como propietario o titular en primer lugar?. A quien lo solicite en primer lugar. A quien con este carácter conste en registros públicos que produzcan presunción de titularidad. A quien haya tenido la propiedad por más tiempo.

Artículo 5 LEF, ¿en qué circunstancias se entenderán las diligencias con el Ministerio Fiscal?. Cuando los propietarios o titulares hayan comparecido en el expediente. Cuando los propietarios o titulares no comparezcan en el expediente o estén incapacitados sin tutor o representante, o la propiedad sea litigiosa. Solo cuando la propiedad sea litigiosa.

Artículo 6 LEF, aquellos que no puedan vender sin permiso o resolución judicial, ¿en qué situación se considerarán autorizados para hacerlo?. En cualquier supuesto de la presente Ley. Solo cuando haya un acuerdo con la autoridad judicial. Solo cuando se presente una oferta adecuada.

Artículo 7 LEF, ¿qué sucede si hay transmisiones de dominio o de otros derechos durante el proceso de expropiación forzosa?. Se paraliza el proceso de expropiación. El nuevo titular se subroga en las obligaciones y derechos del anterior. Se debe comenzar el proceso de expropiación desde el principio.

Artículo 9 LEF, ¿qué es indispensable para proceder a la expropiación forzosa?. La aprobación de todos los propietarios afectados. La previa declaración de utilidad pública o interés social del fin al que se destinará el objeto expropiado. La aprobación del Ministerio Fiscal.

Artículo 1 LEF, ¿qué NO queda comprendido dentro de la presente Ley?. La privación singular de la propiedad privada. Las ventas forzosas reguladas por legislación especial sobre abastecimientos, comercio exterior y divisas. La mera cesación del ejercicio de la propiedad privada.

Artículo 2 LEF, ¿quién puede ser beneficiario de la expropiación forzosa por causa de interés social?. Solo el Estado. Solo las entidades y concesionarios legalmente reconocidos. Cualquier persona natural o jurídica si cumple con los requisitos señalados por la Ley especial.

Artículo 3 LEF, en ausencia de registros públicos, ¿a quién considerará la Administración expropiante como propietario o titular?. A quien lo sea de manera pública y notoria. A quien presente un contrato de venta. Al inquilino más antiguo del inmueble.

Artículo 5 LEF, ¿quiénes pueden ser parte en el expediente de expropiación?. Solo el Ministerio Fiscal. Aquellos con títulos contradictorios sobre el objeto a expropiar. Solo los propietarios registrados del inmueble.

Artículo 6 LEF, las cantidades que asciendan al justo precio de expropiación, ¿dónde se depositarán?. En la cuenta bancaria del propietario. A disposición del propietario en una entidad financiera designada. A disposición de la autoridad judicial.

Artículo 8 LEF, tras la expropiación, ¿qué ocurre con las cargas del objeto expropiado?. Se adquiere con todas las cargas existentes. Se adquiere libre de cargas. Las cargas se transfieren al expropiante.

Artículo noveno LEF, ¿qué es necesario antes de proceder a la expropiación forzosa?. La aprobación de un juez. La previa declaración de la cantidad de compensación. La previa declaración de utilidad pública o interés social del fin a que se afectará el objeto expropiado.

Artículo 11 LEF. ¿Cómo se determina la declaración de utilidad pública en casos no previstos por el artículo anterior respecto a bienes inmuebles no regulados por disposición especial?. A través de un acuerdo del Consejo de Ministros. Mediante Ley aprobada en Cortes. Por decisión directa del Gobernador civil.

Artículo doce LEF. En relación a bienes muebles, ¿cuál es el proceso para declarar la utilidad pública?. Siempre deberá ser mediante Ley para cada caso en particular. Se determinará por la Administración expropiante sin intervención de otras instituciones. Puede bastar con el acuerdo del Consejo de Ministros si una Ley ha autorizado la expropiación para una categoría especial de bienes.

Artículo trece LEF. ¿A qué se sujetará la declaración del interés social determinante de transmisiones forzosas, según este artículo?. A la aprobación directa del Gobernador civil. Al procedimiento previsto en el artículo doce. A la decisión unilateral del beneficiario de la expropiación.

Artículo catorce LEF. Al obtener el título de Empresa de interés nacional, ¿qué beneficio se otorga automáticamente?. Exención de impuestos por 5 años. La declaración de utilidad pública para expropiaciones relacionadas con sus fines. Prioridad en licitaciones gubernamentales.

Artículo quince LEF. Tras declararse la utilidad pública, ¿qué determina la Administración sobre la ocupación de bienes?. La Administración declara todos los bienes como necesarios. Decide sobre la necesidad concreta de ocupar bienes o adquirir derechos estrictamente indispensables para el fin de la expropiación. Permite que el beneficiario de la expropiación decida sobre la ocupación de bienes sin intervención de la Administración.

Artículo dieciséis LEF. Si se quiere expropiar bienes de la Iglesia, ¿qué documento se deberá observar?. La Constitución Española. El Fuero de los Españoles. El Concordato vigente.

Artículo dieciocho LEF. Una vez recibida la relación de bienes a expropiar, ¿cuánto tiempo se otorga para la información pública?. Cinco días. Quince días. Treinta días.

Artículo diecinueve LEF. Durante la información pública, ¿qué puede hacer cualquier persona respecto a la relación publicada?. Sugerir ampliaciones a la lista de bienes a expropiar. Aportar datos para rectificar posibles errores u oponerse a la necesidad de la ocupación por razones de fondo o forma. Solicitar una compensación económica por anticipado.

Artículo veinte LEF. Tras revisar las alegaciones de la información pública, ¿cuánto tiempo tiene el Gobernador civil para resolver sobre la necesidad de la ocupación?. Cinco días. Diez días. Veinte días.

Artículo 21 LEF: ¿Qué inicia el acuerdo de necesidad de ocupación según el artículo veintiuno?. La finalización del procedimiento expropiatorio. El expediente expropiatorio. La valoración de los bienes afectados.

Al art. 22 LEF: De acuerdo al artículo veintidós, ¿cuál es el plazo para interponer recurso de alzada contra el acuerdo de necesidad de ocupación?. Cinco días desde la notificación personal. Diez días, a contar desde la notificación personal o desde la publicación en los «Boletines Oficiales», según los casos. Veinte días desde la publicación en los «Boletines Oficiales».

Artículo 23 LEF: Si una expropiación resulta en que una parte de una finca ya no es económicamente viable para el propietario, ¿qué puede solicitar el propietario según el artículo veintitrés?. Una compensación adicional. La expropiación de la totalidad de la finca. Una reducción del área expropiada.

Según el artículo 24 LEF, si la Administración y el particular llegan a un acuerdo amistoso sobre la adquisición de los bienes o derechos, ¿qué ocurre con el expediente iniciado?. Se archiva. Se da por concluido. Se lleva a un tribunal para revisión.

De acuerdo con el artículo 26 LEF, si varios bienes constituyen una unidad económica, ¿cuántos expedientes se abrirán?. Uno para cada propietario. Varios, uno para cada bien. Uno único.

Artículo 27 LEF: El artículo veintisiete considera que existe una unidad económica en fincas rústicas o urbanas cuando: Los bienes se encuentren en la misma región. Se hallen inscritas o fueren susceptibles de inscripción bajo un mismo número de acuerdo con la Ley Hipotecaria. Los propietarios sean familiares directos.

Art. 28 LEF: Si el objeto de la expropiación forzosa está constituido por valores mobiliarios, ¿cómo se organizarán las piezas separadas?. Según el nombre de los propietarios de los títulos. Según las características que puedan influir en su valoración. Se formará una única pieza sin importar las características.

Referente al Artículo 21 LEF: De acuerdo con el artículo veintiuno, tras el acuerdo de necesidad de ocupación, ¿cómo debe publicarse?. De manera privada a los interesados. De la misma forma que la apertura de la información pública indicada en el artículo dieciocho. A través de una reunión pública.

Artículo 22 LEF: Si un interesado decide interponer recurso de alzada contra el acuerdo de necesidad de ocupación, ¿qué efecto tiene esta acción según el artículo veintidós?. No tiene ningún efecto. Tiene efectos suspensivos hasta que se emita una resolución. Acelera el proceso de expropiación.

Art. 23 LEF: ¿Qué plazo tiene la Administración para decidir sobre una solicitud de expropiación total de una finca cuando sólo una parte estaba prevista para expropiación, según el artículo veintitrés?. Cinco días. Diez días. Veinte días.

Artículo 24 LEF: Si no se llega a un acuerdo amistoso sobre la adquisición de bienes o derechos dentro de un plazo determinado, ¿qué se procede a hacer según el artículo veinticuatro?. Se cancela la expropiación. Se renegocia el acuerdo. Se sigue el procedimiento establecido en los artículos siguientes.

Artículo 26 LEF: ¿Qué encabeza la fijación del justo precio, según el artículo veintiséis?. El nombre del propietario. El acuerdo de ocupación. La exacta descripción del bien que haya de expropiarse.

Art. 27 LEF. En relación con cosas muebles, ¿cuándo se considera que existe una unidad económica según el artículo veintisiete?. En relación con cosas muebles, ¿cuándo se considera que existe una unidad económica según el artículo veintisiete?. Cuando están en el mismo lugar geográfico. Cuando existe una universidad de hecho o de derecho.

Según el artículo 28 LEF, si se expropian valores mobiliarios, ¿cómo se determinan las piezas separadas?. Por el valor total de los títulos. Por las características que puedan influir en su valoración. Por la fecha de emisión de los títulos.

Artículo 29 LEF: ¿Cuál es el plazo que tiene el propietario para presentar una hoja de aprecio tras ser requerido por la Administración?. Diez días desde la notificación. Quince días desde la notificación. Veinte días desde la notificación.

Artículo 30 LEF: Si la Administración rechaza la valoración presentada por el propietario, ¿cuánto tiempo tiene el propietario para aceptar o rechazar la hoja de aprecio extendida por la Administración?. Cinco días desde la notificación. Diez días desde la notificación. Quince días desde la notificación.

Artículo 31 LEF: ¿Qué procede hacer si el propietario rechaza el precio fundado ofrecido por la Administración?. Se negocia un nuevo precio. Se pasa el expediente de justiprecio al Jurado provincial de expropiación. Se cancela el proceso de expropiación.

¿Qué profesionales componen el Jurado provincial de expropiación?. Un Magistrado, un Abogado del Estado, dos técnicos y un representante de la Cámara Agraria Provincial. Un Magistrado, dos Abogados del Estado y tres técnicos. Un Magistrado, tres Abogados del Estado y un técnico.

¿Cuántos miembros deben asistir en segunda convocatoria para que los Jurados de expropiación puedan válidamente constituirse y adoptar acuerdos?. El Presidente y cuatro Vocales. El Presidente y dos Vocales. Todos sus miembros.

¿A qué momento temporal deben referirse las tasaciones en un expediente de justiprecio?. Al tiempo de finalización del expediente de justiprecio. Al tiempo de iniciarse el expediente de justiprecio. Al tiempo de realización de la obra o proyecto que da lugar a la expropiación.

¿Qué deben detallar los propietarios en la hoja de aprecio?. Los motivos de su desacuerdo con la expropiación. El valor estimado del objeto que se expropia y las alegaciones pertinentes. Las fechas previstas para la reubicación.

Si la Administración acepta la valoración de los propietarios, ¿cuál es el siguiente paso? Art. 33 LEF. Se revisa nuevamente la valoración. Se procede al pago del precio acordado previo a la ocupación o disposición. Se espera a una segunda revisión por parte de un Jurado provincial de expropiación.

Artículo 32 LEF: En el caso de expropiación de una propiedad rústica, ¿quién representa al Jurado provincial de expropiación?. Un representante de la Cámara de la Propiedad Urbana. Un representante de la Cámara Agraria Provincial. Un representante del Colegio Notarial.

Referente al Artículo 112 Ley 39/2015: Objeto y clases. ¿Cuáles son las condiciones en las que se pueden interponer los recursos de alzada y potestativo de reposición contra las resoluciones y los actos de trámite?. Cuando determinen la imposibilidad de continuar el procedimiento. Cuando produzcan beneficios irreparables a derechos e intereses legítimos. Cuando los interesados se opongan a los actos de trámite.

Basado en el Artículo 113 de la Ley 39/2015: Recurso extraordinario de revisión. El recurso extraordinario de revisión procederá contra los actos firmes en vía administrativa solo cuando: Concurran circunstancias previstas en el artículo 124.2. El interesado lo solicite sin condiciones. Concurra alguna de las circunstancias previstas en el artículo 125.1.

Relativo al Artículo 114 de la Ley 39/2015: Fin de la vía administrativa. ¿Cuál de las siguientes NO pone fin a la vía administrativa?. Las resoluciones de los recursos de alzada. Las decisiones tomadas por comités internos no vinculantes. Las resoluciones de los órganos administrativos que carezcan de superior jerárquico, salvo que una Ley establezca lo contrario. Las resoluciones de los procedimientos sustitutos. Las resoluciones de los órganos administrativos que carezcan de superior jerárquico, salvo que una Ley establezca lo contrario. Los acuerdos, pactos, convenios o contratos que tengan la consideración de finalizadores del procedimiento.

Referente al Artículo 115 de la Ley 39/2015: Interposición de recurso. Al interponer un recurso, ¿qué información NO es esencial incluir?. El nombre y apellidos del recurrente. La fecha estimada para la siguiente revisión del acto. Lugar, fecha, firma del recurrente.

Basado en el Artículo 116 de la Ley 39/2015: Causas de inadmisión. ¿Cuál de las siguientes NO es una causa de inadmisión de un recurso?. Ser incompetente el órgano administrativo. El recurso fue presentado en un formato incorrecto. Haber transcurrido el plazo para la interposición del recurso.

Relativo al Artículo 117 de la Ley 39/2015: Suspensión de la ejecución. ¿En qué circunstancia la interposición de cualquier recurso podrá suspender la ejecución del acto impugnado?. Cuando el recurso se base en hechos no verificables. En los casos en que una disposición establezca lo contrario. Siempre que el recurso se haya presentado después del plazo estipulado.

Relativo al Artículo 30 de la Ley 39/2015. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es correcta en relación al cómputo de plazos expresados por horas?. Siempre se consideran horas hábiles independientemente de la disposición legal o del Derecho de la Unión Europea. Son hábiles todas las horas del día que no formen parte de un día hábil. Los plazos que se cuentan por horas no pueden tener una duración superior a veinticuatro horas.

Relativo al Artículo 30 de la Ley 39/2015. Si los plazos son señalados por días y no se establece otra indicación: Se entienden como días naturales. Se excluyen del cómputo los sábados, domingos y festivos. Se cuentan solamente los domingos y festivos.

Basado en el Artículo 30 de la Ley 39/2015. Si el último día de un plazo cae en un día: Laborable, el plazo finaliza ese mismo día. Inhábil, el plazo se prorroga al último día del mes. Inhábil, se entenderá prorrogado al primer día hábil siguiente.

Referente al Artículo 32 de la Ley 39/2015. En relación a la ampliación de plazos: La Administración siempre puede ampliar los plazos establecidos al doble del tiempo inicial. La ampliación de plazos nunca puede ser mayor a la mitad del tiempo inicialmente establecido. La ampliación de plazos solo puede realizarse a petición de los interesados.

Relativo al Artículo 32 de la Ley 39/2015. Respecto a la ampliación de un plazo: Siempre puede ser objeto de ampliación un plazo ya vencido. La decisión sobre la ampliación debe producirse después del vencimiento del plazo. En ningún caso podrá ser objeto de ampliación un plazo ya vencido.

De acuerdo con el Artículo 40 LEF, ¿cómo se estima el valor de las obligaciones, acciones, cuotas y demás modalidades de participación en el capital o beneficios de empresas mercantiles?. Cotización media del último mes. Valor teórico que se entiende como la diferencia entre activo real y pasivo exigible en el último balance aprobado. La capitalización al tipo de interés del beneficio promedio de la Empresa en los cinco ejercicios sociales anteriores.

Según el Artículo 41 LEF, para concesiones de servicios público otorgadas en fecha anterior a tres años, ¿qué se debe considerar en el precio?. El precio se determinará exclusivamente por el canon concesional. El precio se establecerá por el importe capitalizado al interés legal de los rendimientos líquidos de la concesión en los tres últimos años. El precio estará basado exclusivamente en el valor material de las instalaciones de la concesión.

De acuerdo con el 42 LEF, ¿cómo se determinará el justo precio de los derechos reales sobre bienes inmuebles?. Con arreglo a las normas de valoración señaladas por la vigente legislación del impuesto sobre la renta. Basándose en la cotización media del último año. Con arreglo a las normas de valoración señaladas por la vigente legislación del impuesto sobre derechos reales.

Según el Artículo 43 LEF, ¿cuándo podrán tanto el propietario como la Administración realizar la tasación aplicando otros criterios estimativos?. Cuando consideren que el valor obtenido por las normas establecidas no refleja el valor real de los bienes o derechos expropiados. En cualquier momento sin justificación. Solo cuando el Jurado provincial de expropiación lo indique.

Basándote en el Artículo 48 LEF, ¿cómo se procederá al pago una vez determinado el justo precio?. Mediante cheque personal al expropiado. Mediante talón nominativo al expropiado o por transferencia bancaria si el expropiado lo desea. Exclusivamente en efectivo.

Basándote en el Artículo 48 LEF, ¿cómo se procederá al pago una vez determinado el justo precio?. Mediante cheque personal al expropiado. Mediante talón nominativo al expropiado o por transferencia bancaria en el caso de que el expropiado lo desea. Exclusivamente en efectivo.

Artículo 40 LEF. ¿Qué se entiende por valor teórico en relación con los títulos objeto de expropiación según el artículo cuarenta?. La cotización media del año anterior a la fecha de apertura del expediente. La capitalización al tipo de interés legal del beneficio promedio de la Empresa en los tres ejercicios sociales anteriores. La diferencia entre activo real y pasivo exigible en el último balance aprobado.

Artículo 41 LEF. En las concesiones de servicios público o concesiones mineras otorgadas en fecha anterior a tres años, ¿en qué se basa el precio?. En la cotización media del año anterior a la fecha de apertura del expediente. En el importe capitalizado al interés legal de los rendimientos líquidos de la concesión en los tres últimos años. En el valor teórico de los títulos objeto de expropiación.

Artículo 43 LEF. Si tanto el propietario como la Administración no están de acuerdo con la evaluación practicada según las normas establecidas, ¿qué pueden hacer?. No tienen otra opción que aceptar la evaluación establecida. Pueden llevar a cabo la tasación aplicando criterios que juzguen más adecuados. Deben consultar a un experto externo para obtener una evaluación imparcial.

Artículo 45 LEF. Si en el momento de la ocupación existen cosechas pendientes, ¿qué debe hacerse según el artículo 45?. Las cosechas deben dejarse hasta que se recojan y luego proceder con la ocupación. La Administración tiene el derecho de tomar las cosechas. Se indemnizará de las mismas a quien corresponda.

Artículo 48 LEF. Según el artículo 48, una vez determinado el justo precio, ¿en cuánto tiempo se debe proceder al pago?. En el plazo máximo de un año. Inmediatamente. En el plazo máximo de seis meses.

Artículo 67 Según el Artículo 67 LJCA, ¿en cuánto tiempo deberá dictarse una sentencia desde que el pleito haya sido declarado concluso?. En el plazo de cinco días. En el plazo de diez días. En el plazo de quince días.

Artículo 68 LJCA ¿Cuál de los siguientes NO es un fallo que pueda pronunciar la sentencia según el Artículo 68?. Estimación del recurso contencioso-administrativo. Inadmisibilidad de la actuación del juez. Desestimación del recurso contencioso-administrativo.

Artículo 69 LJCA De acuerdo con el Artículo 69, ¿cuál es una de las razones por las cuales una sentencia puede declarar la inadmisibilidad del recurso?. Porque la disposición, acto o actuación son altamente impopulares. Que se hubiera interpuesto por persona incapaz, no debidamente representada o no legitimada. Porque el recurrente no está satisfecho con la respuesta de la administración.

Según el Artículo 70 LJCA, ¿qué se entiende por desviación de poder?. La potestad del juez de modificar una ley. El ejercicio de potestades administrativas para fines diferentes de los fijados por el ordenamiento jurídico. El poder del administrador para desviar fondos a otra área.

Artículo 71 De acuerdo con el Artículo 71 LJCA, cuando una sentencia estime el recurso contencioso-administrativo, ¿cuál de las siguientes acciones puede llevar a cabo?. Modificar las leyes para que se adapten a la sentencia. Declarar no ser conforme a Derecho y anular total o parcialmente la disposición o acto recurrido. Obligar a la administración a proporcionar una compensación económica sin importar el caso.

Según el Artículo 72 LJCA, ¿qué efecto tiene una sentencia que declare la inadmisibilidad o desestimación del recurso contencioso-administrativo?. Produce efectos sólo entre las partes. Produce efectos generales para todo el público. Produce efectos sólo para el demandante.

Según el segundo apartado del Artículo 67 LJCA, si el Juez o Tribunal considera que no puede dictar sentencia dentro del plazo establecido, ¿qué deberá hacer?. Podrá prorrogar el plazo indefinidamente sin notificar a las partes. Notificará a las partes y asignará una nueva fecha sin necesidad de razones. Razonará debidamente la imposibilidad y señalará una nueva fecha, notificándolo a las partes.

Artículo 68 LJCA. Aparte de dictaminar sobre la admisibilidad o la estimación/desestimación del recurso contencioso-administrativo, ¿qué otro pronunciamiento contiene la sentencia según el Artículo 68?. El pronunciamiento sobre la competencia del Juez o Tribunal. El pronunciamiento que corresponda respecto de las costas. El pronunciamiento sobre la evidencia presentada durante el juicio.

Artículo 69 LJCA. Si un recurso contencioso-administrativo tuviera por objeto disposiciones, actos o actuaciones que no se pueden impugnar, ¿qué determinará la sentencia según el Artículo 69?. Estimación del recurso. Desestimación del recurso. Inadmisibilidad del recurso.

Artículo 70 LJCA. ¿En qué caso la sentencia desestimará el recurso contencioso-administrativo de acuerdo con el Artículo 70?. Cuando la disposición, acto o actuación impugnados no sean claros. Cuando se ajusten a Derecho la disposición, acto o actuación impugnados. Siempre que el demandante no presente evidencia suficiente.

Artículo 71 LJCA. Si una sentencia estima una pretensión de resarcir daños y perjuicios, pero no se ha probado la cuantía de manera suficiente, ¿qué establecerá la sentencia según el Artículo 71?. Ignorará la cuantía y se centrará en otros aspectos del caso. Establecerá las bases para la determinación de la cuantía, dejando la concreción definitiva para el período de ejecución de sentencia. Fijará una cuantía estándar basada en casos anteriores similares.

Artículo 72 LJCA. Si una disposición general es anulada por una sentencia firme, ¿cuándo tendrán efectos generales dicha anulación según el Artículo 72?. Desde el momento en que se dicta la sentencia. Desde el día en que sea publicado su fallo y preceptos anulados en el periódico oficial donde fue publicada la disposición anulada. Después de 30 días desde que se dicta la sentencia.

¿En cuál de los siguientes supuestos no cabe el recurso de alzada?. Las resoluciones de los que tienen superior jerárquico. Resoluciones de personal por entes con cargo inferior a director general. Los actos administrativos de los miembros y órganos del Gobierno.

¿En qué actos y resoluciones siguientes no cabe el recurso potestativo de reposición? (Ponen fin o no a la vía administrativa). Los emanados de los órganos directivos con nivel de Director General o superior, en relación con las competencias atribuidas en materia de personal. Los emanados de los Ministros y los Secretarios de Estado en el ejercicio de las competencias que tienen atribuidas los órganos de los que son titulares. Los actos administrativos de los miembros y órganos del Gobierno. Los emanados de los máximos órganos de dirección unipersonales o colegiados, de acuerdo con lo que establezcan sus estatutos, salvo que por ley se establezca otra cosa. Las resoluciones de personal por entes con cargo inferior a director general.

El Ministro delega las competencias en el subdirector. ¿Qué recurso cabe interponer?. Cabe recurso de alzada porque no pone fin a la vía administrativa. Cabe recurso potestativo de reposición ya que pone fin a la vía administrativa. Cabe extraordinario de revisión al estar ante un acto firme en vía administrativa.

¿Qué motivos permiten interponer los recursos de alzada y el de reposición?. Acto nulo o anulable. Que al dictarlos se hubiere incurrido en error de hecho, que resulte de los propios documentos incorporados al expediente. Que aparezcan documentos de valor esencial para la resolución del asunto que, aunque sean posteriores, evidencien el error de la resolución recorrida. Que en la resolución hayan influido esencialmente documentos o testimonios declarados falsos por sentencia judicial firme, anterior o posterior a a aquella resolución. Que la resolución se hubiese dictado como consecuencia de prevaricación, cohecho, violencia, maquinación fraudulenta u otra conducta punible declarado en virtud de sentencia judicial firme.

¿Qué se considera un acto expreso de la Administración y cuál será el plazo para su interposición en alzada/reposición ante el mismo?. Acto de forma escrita o por medios electrónicos. 1 mes desde el día siguiente notificación. Acto de forma escrita o por medios electrónicos. 3 meses desde el día siguiente notificación. Silencio administrativo por finalización de plazos, sin que se resuelva por la Administración. 1 mes desde el día siguiente notificación. Silencio administrativo por finalización de plazos, sin que se resuelva por la Administración. 3 meses desde el día siguiente notificación.

En el día de hoy se le ha notificado un acto dictado por el Alcalde del municipio en el que reside, por el que se ordena la inmediata demolición de la vivienda donde tiene su domicilio. Vd. va a interponer recurso contencioso-administrativo contra dicha resolución y quiere solicitar con carácter de urgencia la medida cautelar de suspensión de la orden de demolición. ¿Contiene la Ley de la Jurisdicción Contencioso- Administrativa, al regular las medidas cautelares, alguna previsión para los casos en que los interesados alegaran la concurrencia de circunstancias de especial urgencia?: No, el recurrente deberá solicitar la medida cautelar en la demanda. Sí, que en este caso podrán solicitar la medida cautelar en el escrito de interposición del recurso, en lugar de en la demanda, que es la regla general. Sí, que en este caso el juez o tribunal sin oír a la parte contraria, en el plazo de dos días adoptará necesariamente y mediante auto la medida cautelar solicitada. Sí, que en este caso el juez o tribunal sin oír a la parte contraria, en el plazo de dos días podrá mediante auto apreciar las circunstancias de especial urgencia y adoptar la medida, entre otras decisiones posibles.

La sociedad "Industria del Carbón y del Acero, S.A." está decidida a interponer un recurso contra el Decreto-ley que ha aprobado recientemente el Gobierno en materia medioambiental. Por ello acude a Vd. para que le asesore. Vd. le indica que, de acuerdo con lo establecido por la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, los Juzgados y Tribunales del orden contencioso-administrativo conocerán de las pretensiones que se deduzcan en relación con la actuación de las Administraciones públicas sujeta al Derecho Administrativo, con las disposiciones generales de rango inferior a la Ley y con: Los Decretos legislativos, en todo caso. Los Decretos-leyes, en todo caso. Con los Decretos legislativos cuando excedan los límites de la delegación. Con los Decretos Leyes y con los Decretos legislativos cuando excedan los límites de la delegación.

La sociedad "Industria del Carbón y del Acero, S.A." está decidida a interponer un recurso ante la jurisdicción contencioso-administrativa contra un acto de aplicación de un reglamento en materia industrial, con fundamento en que dicho reglamento es contrario a Derecho. Por ello acude a Vd., y le pregunta si con ocasión del recurso contra un acto puede llegar a anularse un reglamento. Vd. le contesta que: No, sólo podrá inaplicarse, pero nunca anularse. Sí, pero ello siempre exigirá el planteamiento de la cuestión de ilegalidad. Sí, pero ello siempre exigirá el planteamiento de la cuestión de inconstitucionalidad. Sí, aunque no siempre será necesario el planteamiento de la cuestión de ilegalidad para ello.

Artículo 22 de la Ley 39/2015 - Suspensión del plazo máximo para resolver ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es correcta sobre las razones por las que se puede suspender el plazo máximo legal para resolver un procedimiento según el Artículo 22?. El plazo se suspende cuando se debe obtener un informe de una ONG o una empresa privada. El plazo se suspende cuando se debe obtener un pronunciamiento previo y preceptivo de un órgano de la Unión Europea. El plazo se suspende automáticamente sin ningún motivo específico siempre que la administración lo considere necesario.

Artículo 22 de la Ley 39/2015 - Suspensión por solicitar informes Si se solicitan informes preceptivos a un órgano administrativo, ¿cuál es el plazo máximo de suspensión que no debe ser excedido según el Artículo 22?. No hay un límite específico y puede prolongarse indefinidamente. El plazo de suspensión no puede exceder de tres meses. El plazo de suspensión no puede exceder de seis meses.

Artículo 23 de la Ley 39/2015 - Ampliación del plazo máximo para resolver y notificar Según el Artículo 23, ¿cuál es la condición bajo la cual se puede acordar la ampliación del plazo máximo de resolución y notificación?. Siempre que lo desee el órgano competente para resolver. Sólo cuando se hayan agotado los medios personales y materiales disponibles. Cuando la parte interesada presenta una solicitud de ampliación.

Artículo 23 de la Ley 39/2015- Recurso contra la ampliación del plazo De acuerdo con el Artículo 23, si se acuerda la ampliación de plazos, ¿es posible presentar un recurso contra esta decisión?. No se especifica en el artículo. Se puede presentar un recurso en cualquier momento. Contra el acuerdo que resuelve sobre la ampliación de plazos, no cabrá recurso alguno.

Hace ya varios meses que la Administración inició de oficio un procedimiento destinado a demoler una edificación de propiedad de una importante compañía inmobiliaria. A día de hoy ha transcurrido el plazo previsto para resolver el procedimiento y notificar la resolución, sin que la Administración haya realizado dicha notificación. Por ello acude a Vd. para que le asesore. Vd. le indica que: El procedimiento ha caducado. Ha de entenderse aprobada la Orden de demolición por silencio administrativo positivo, sin posibilidad de recurrirla ante la jurisdicción contencioso-administrativa. Ha de entenderse aprobada la Orden de demolición por silencio administrativo positivo, aunque con posibilidad de recurrirla ante la jurisdicción contencioso-administrativa. El procedimiento ha prescrito.

Referente al Artículo 24 de la Ley 39/2015: Silencio administrativo en procedimientos iniciados a solicitud del interesado. ¿Qué efecto tiene el vencimiento del plazo máximo sin haberse notificado una resolución expresa en los procedimientos iniciados a solicitud del interesado?. El interesado puede asumir que su solicitud ha sido rechazada automáticamente. Legitima al interesado para entenderla estimada por silencio administrativo, a menos que una norma específica establezca lo contrario. No tiene ningún efecto y el procedimiento puede continuar indefinidamente.

Referente al Artículo 24 de la Ley 39/2015. ¿En qué casos el silencio administrativo tiene un efecto desestimatorio?. En los procedimientos relativos al ejercicio del derecho de petición, aquellos que impliquen el traspaso de facultades relativas al dominio público y en procedimientos de responsabilidad patrimonial. Únicamente en procedimientos relativos al ejercicio del derecho de petición. En procedimientos de impugnación de actos y disposiciones únicamente.

Si no se dicta una resolución expresa después de la estimación por silencio administrativo, ¿qué tipo de resolución puede dictarse posteriormente?. Una resolución que contradiga la estimación por silencio administrativo. Una resolución que sea confirmatoria del silencio administrativo. Una resolución que amplíe el plazo máximo para la resolución.

Referente al Artículo 25 de la Ley 39/2015: Falta de resolución expresa en procedimientos iniciados de oficio. En caso de procedimientos donde la Administración ejerza potestades sancionadoras o de intervención sin una resolución expresa al vencimiento del plazo, ¿qué sucede?. Los interesados pueden entender desestimadas sus pretensiones por silencio administrativo. El procedimiento puede continuar por un tiempo indefinido. Se produce la caducidad del procedimiento.

Si un procedimiento se paraliza por causas atribuibles al interesado, ¿qué sucede con el cómputo del plazo para resolver y notificar la resolución? (Art. 25 de la Ley 39/2015). El plazo para resolver y notificar se amplía automáticamente en seis meses. El cómputo del plazo para resolver y notificar la resolución se interrumpe. El procedimiento se desestima automáticamente.

El Consejo de Estado ha emitido informe desfavorable en un procedimiento de revisión de oficio de un acto administrativo. A pesar de ello, en el Ministerio de Fomento están decididos a declarar de oficio la nulidad de dicho acto por considerar, en contra de lo sostenido por el Consejo de Estado, que el acto incurre en una manifiesta causa de nulidad de pleno derecho. ¿Puede la Administración declarar de oficio la nulidad de dicho acto?: Sí, porque el informe del Consejo de Estado no es vinculante. Sí, porque el informe del Consejo de Estado no es preceptivo. No, porque el informe del Consejo de Estado ha de ser favorable. Sí, porque aunque en principio el informe del Consejo de Estado debe ser favorable, la Administración puede desconocerlo de forma motivada.

El Ayuntamiento de la localidad donde reside le ha comunicado una Orden de demolición de un inmueble de su propiedad. Le surge a Vd. la duda de si, en el caso de no proceder voluntariamente a realizar la demolición ordenada, el Ayuntamiento ha de acudir a los Tribunales para ejecutar forzosamente dicha Orden de demolición o si, por el contrario, el Ayuntamiento puede proceder a la ejecución forzosa de la Orden de demolición sin necesidad de acudir para ello a los Tribunales. Después de estudiar la regulación contenida en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, llega a la conclusión de que con carácter general: Las Administraciones Públicas podrán proceder, previo apercibimiento, a la ejecución forzosa de los actos administrativos. as Administraciones Públicas podrán proceder, sin necesidad de previo apercibimiento, a la ejecución forzosa de los actos administrativos. Las Administraciones Públicas no podrán proceder a la ejecución forzosa de los actos administrativos, salvo en los supuestos expresamente previstos por una norma con rango de Ley. Las Administraciones Públicas no podrán proceder a la ejecución forzosa de los actos administrativos, salvo en los supuestos expresamente previstos por una norma con rango de Ley o reglamentario.

De acuerdo con lo previsto en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas al tratar del cómputo de plazos, si el plazo se fija en meses o años, éstos se computarán a partir del día siguiente a aquel en que tenga lugar la notificación o publicación del acto de que se trate, o desde el siguiente a aquel en que se produzca la estimación o desestimación por silencio administrativo. El plazo concluirá: El mismo día en que se produjo la notificación, publicación o silencio administrativo en el mes o el año de vencimiento. Si en el mes de vencimiento no hubiera día equivalente a aquel en que comienza el cómputo, se entenderá que el plazo expira el último día del mes. El día siguiente a aquel en que produjo la notificación, publicación o silencio administrativo en el mes o el año de vencimiento. Si en el mes de vencimiento no hubiera día equivalente a aquel en que comienza el cómputo, se entenderá que el plazo expira el último día del mes. El mismo día en que se produjo la notificación, publicación o silencio administrativo en el mes o el año de vencimiento. Si en el mes de vencimiento no hubiera día equivalente a aquel en que comienza el cómputo, se entenderá que el plazo expira el primer día del mes siguiente al mes de vencimiento. El día siguiente a aquel en que produjo la notificación, publicación o silencio administrativo en el mes o el año de vencimiento. Si en el mes de vencimiento no hubiera día equivalente a aquel en que comienza el cómputo, se entenderá que el plazo expira el primer día del mes siguiente al mes de vencimiento.

Hace un mes y 10 días que le notificaron correctamente un acto del Alcalde del municipio donde reside, por el que le imponían una sanción de tráfico. A fecha de hoy, y sabiendo que los actos del Alcalde ponen fin a la vía administrativa, ¿qué recurso o recursos puede interponer frente al mismo?: Recurso de alzada. Recurso de reposición. Recurso de reposición o recurso contencioso-administrativo. Recurso contencioso-administrativo.

Como consecuencia de un disparo de un policía nacional, resulto herido accidentalmente un amigo de su hermano. Este amigo de su hermano está pensando pedir responsabilidad a la Administración del Estado por los daños sufridos, pero duda de si ha de pedir dicha responsabilidad directamente a la Administración del Estado o si ha de reclamar directamente al funcionario (es decir, al policía municipal) y sólo con carácter subsidiario a la Administración del Estado. Después de estudiar lo dispuesto en la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público llega a la conclusión de que: Los particulares exigirán directamente a la Administración Pública correspondiente las indemnizaciones por los daños y perjuicios causados por las autoridades y personal a su servicio, y la Administración, cuando hubiere indemnizado a los lesionados, exigirá de oficio en vía administrativa de sus autoridades y demás personal a su servicio la responsabilidad en que hubieran incurrido por dolo, o culpa o negligencia graves. Los particulares exigirán directamente a la Administración Pública correspondiente las indemnizaciones por los daños y perjuicios causados por las autoridades y personal a su servicio, y la Administración, cuando hubiere indemnizado a los lesionados, exigirá de oficio en vía administrativa de sus autoridades y demás personal a su servicio la responsabilidad en que hubieran incurrido por dolo, o culpa o negligencia. Los particulares exigirán directamente a la Administración Pública correspondiente las indemnizaciones por los daños y perjuicios causados por las autoridades y personal a su servicio, y la Administración, cuando hubiere indemnizado a los lesionados, podrá exigir de oficio en vía administrativa de sus autoridades y demás personal a su servicio la responsabilidad en que hubieran incurrido por dolo, o culpa o negligencia. Los particulares exigirán directamente a las autoridades y personal al servicio de la Administración Pública las indemnizaciones por los daños y perjuicios causados, sin perjuicio de la responsabilidad subsidiaria de la Administración.

De acuerdo con lo previsto en la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, al tratar los principios de la potestad sancionadora, las disposiciones reglamentarias de desarrollo podrán: Introducir especificaciones o graduaciones al cuadro de las infracciones o sanciones establecidas legalmente que contribuyan a la más correcta identificación de las conductas o a la más precisa determinación de las sanciones correspondientes. Constituir nuevas infracciones o sanciones. Alterar la naturaleza o límites de las infracciones o sanciones que la Ley contempla. Todas las anteriores son correctas.

Ha sufrido Vd. daños en su vehículo como consecuencia de un accidente multitudinario causado por un bache en una carretera nacional y por el exceso de velocidad de un conductor. Está Vd. decidido a reclamar una indemnización a la Administración del Estado y al particular que circulaba con exceso de velocidad. Y le surge la duda de cuál sería el orden jurisdiccional al que, en su caso, tendría que acudir para reclamar la indemnización a la Administración. De acuerdo con la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa el orden jurisdiccional contencioso-administrativo conocerá de las cuestiones que se susciten en relación con: La responsabilidad patrimonial de las Administraciones públicas, debiendo ser demandadas aquellas por este motivo ante los órdenes jurisdiccionales civil o social, cuando en la producción del daño concurran con particulares o cuenten con un seguro de responsabilidad. La responsabilidad patrimonial de las Administraciones públicas, pudiendo también ser demandadas aquellas por este motivo ante los órdenes jurisdiccionales civil o social, cuando en la producción del daño concurran con particulares o cuenten con un seguro de responsabilidad. La responsabilidad patrimonial de las Administraciones públicas, no pudiendo ser demandadas aquellas por este motivo ante los órdenes jurisdiccionales civil o social, aun cuando en la producción del daño concurran con particulares o cuenten con un seguro de responsabilidad. Los contratos administrativos, pero no de las que se susciten en relación con la responsabilidad patrimonial de las Administraciones públicas.

En el día de hoy se ha publicado una ordenanza del municipio en el que reside, relativa al otorgamiento de licencias. Una empresa acude a Vd. para que le asesore en lo relativo a la interposición de un recurso contencioso-administrativo contra dicha norma o disposición de carácter general. Y le pregunta en concreto cuál sería el órgano judicial competente para conocer del recurso. Vd. les responde que sería: El correspondiente Juzgado de lo Contencioso-Administrativo. La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la correspondiente Comunidad Autónoma. La Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional. La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo.

De acuerdo con lo previsto en la Ley de la Jurisdicción Contencioso- Administrativa, el demandante podrá pretender: La declaración de no ser conformes a Derecho y, en su caso, la anulación de los actos y disposiciones susceptibles de impugnación, así como el reconocimiento de una situación jurídica individualizada y la adopción de las medidas adecuadas para el pleno restablecimiento de la misma. La declaración de no ser conformes a Derecho y, en su caso, la anulación de los actos y disposiciones susceptibles de impugnación, exclusivamente. La declaración de no ser conformes a Derecho y, en su caso, la anulación de los actos y disposiciones susceptibles de impugnación, así como el reconocimiento de una situación jurídica individualizada, exclusivamente. La declaración de no ser conformes a Derecho y, en su caso, la anulación de los actos y disposiciones susceptibles de impugnación, así como el reconocimiento de una situación jurídica individualizada y la adopción de las medidas adecuadas para el pleno restablecimiento de la misma, aunque nunca una indemnización de daños y perjuicios.

De acuerdo con lo previsto por la Ley de la Jurisdicción Contencioso- Administrativa al regular el procedimiento contencioso-administrativo en primera o única instancia, ¿qué es un escrito de alegaciones previas?: Es un escrito mediante el cual el demandante interpone el recurso, y que se reduce a citar la disposición, acto, inactividad o actuación constitutiva de vía de hecho que se impugne y a solicitar que se tenga por interpuesto el recurso. Es un escrito mediante el cual las partes demandadas pueden alegar, dentro de los primeros cinco días del plazo para contestar la demanda, los motivos que pudieren determinar la incompetencia del órgano jurisdiccional o la inadmisibilidad del recurso. Es un escrito mediante el cual el recurrente, si de la contestación a la demanda resultaran nuevos hechos de trascendencia para la resolución del pleito, puede pedir el recibimiento a prueba y expresar los medios de prueba que se propongan dentro de los cinco días siguientes a aquel en que se haya dado traslado de la contestación a la demanda. Es un escrito mediante el cual el demandante pide que se complete el expediente administrativo, en el caso de que el que haya remitido la Administración no esté completo.

En su momento interpuso Vd. una demanda contra un acto de la Administración del Estado y el Abogado del Estado ya ha contestado a la misma, hace quince días. Se plantea Vd. si en este momento puede aportar al proceso algún documento adicional a los que ya acompañó a la demanda. De acuerdo con lo previsto en la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa: No podrá ya aportar documentos adicionales, porque el demandante nunca puede aportar documentos con posterioridad a la demanda. Podrá aportar documentos que tengan por objeto desvirtuar alegaciones contenidas en las contestaciones a la demanda y que pongan de manifiesto disconformidad en los hechos, antes de la citación de vista o conclusiones. Podrá aportar documentos que tengan por objeto desvirtuar alegaciones contenidas en las contestaciones a la demanda y que pongan de manifiesto disconformidad en los hechos, incluso después de la citación de vista o conclusiones. Podrá aportar documentos que tengan por objeto desvirtuar alegaciones contenidas en las contestaciones a la demanda, aunque no pongan de manifiesto disconformidad en los hechos, incluso después de la citación de vista o conclusiones.

Está Vd. redactando un escrito de interposición de un recurso de apelación contra una sentencia y está pensando proponer prueba. Pero se le plantea la duda de si en el recurso de apelación se puede proponer prueba. Después de estudiar el tema, llega a la conclusión de que de acuerdo con la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, las partes podrán pedir el recibimiento a prueba para la práctica de: Las que hubieran sido denegadas o no hubieran sido debidamente practicadas en primera instancia por causas que no les sean imputables. Las que no hubieran sido debidamente practicadas en primera instancia por causas que no les sean imputables, exclusivamente. Las que hubieran sido denegadas en primera instancia, exclusivamente. Cualquier prueba.

Según el Artículo 29 de la Ley 39/2015, ¿a quiénes obligan los términos y plazos establecidos en esta u otras leyes?. Únicamente a las autoridades competentes para la tramitación de los asuntos. Únicamente a los interesados en los asuntos tramitados por la Administración. Tanto a las autoridades y personal al servicio de las Administraciones Públicas competentes para la tramitación de los asuntos como a los interesados en los mismos.

(Artículo 30.1 de la Ley 39/2015): ¿Cómo se consideran las horas al señalar plazos por horas, salvo que se disponga otro cómputo por Ley o en el Derecho de la Unión Europea?. Se consideran como horas naturales. Se consideran como horas hábiles, siendo todas las horas del día que formen parte de un día hábil. Se consideran únicamente las horas de oficina, excluyendo fines de semana y festivos.

(Artículo 30.3 de la Ley 39/2015): Si un acto administrativo es notificado a un ciudadano el día 5 de un mes, ¿cuándo comenzará el cómputo de días para el plazo?. El mismo día 5. El día 6. El día 7.

(Artículo 30.5 de la Ley 39/2015): En caso de que el último día del plazo sea inhábil, ¿cuál sería la modificación en el plazo?. El plazo terminará ese mismo día, sin importar que sea inhábil. El plazo se considerará prorrogado al primer día hábil siguiente. El plazo se considerará prorrogado al siguiente día hábil laborable de la Administración.

(Artículo 30.7 de la Ley 39/2015): Respecto al calendario de días inhábiles, ¿qué Administración tiene la responsabilidad de fijarlo para su respectivo ámbito?. Solamente la Administración General del Estado. Solamente las Administraciones de las Comunidades Autónomas. Tanto la Administración General del Estado como las Administraciones de las Comunidades Autónomas.

Artículo 55 de la LJCA. ¿Qué ocurre si las partes consideran que el expediente administrativo no está completo?. Deberán esperar hasta que el juez determine la necesidad de completarlo. Pueden solicitar que se reclamen los antecedentes para completarlo dentro del plazo para formular la demanda o la contestación. Deberán presentar una nueva demanda solicitando la inclusión de los antecedentes faltantes.

¿Qué sucede con el plazo correspondiente si se realiza la solicitud mencionada en el apartado 1 del artículo 55 LJCA? (solicitar que se reclamen los antecedentes para completarlo dentro del plazo para formular la demanda o la contestación). El plazo se extiende automáticamente por diez días. El plazo sigue su curso normal. El curso del plazo correspondiente queda suspendido.

Artículo 56 LJCA. En los escritos de demanda y contestación, ¿cuáles elementos deben ser consignados?. Solo los fundamentos de Derecho y las pretensiones deducidas. Solo los hechos y las pretensiones deducidas. Los hechos, los fundamentos de Derecho y las pretensiones que se deduzcan.

¿Qué ocurre si, después de presentados los escritos de demanda y contestación, el juzgado tiene conocimiento de un recurso de casación en el Tribunal Supremo con identidad jurídica sustancial al recurso en cuestión?. El juzgado procederá a fallar el caso sin considerar el recurso de casación. El juzgado oirá a las partes por un plazo común de diez días sobre la posible suspensión y podría acordar la suspensión hasta que se dicte resolución firme en el recurso de casación. El juzgado desestimará automáticamente el recurso.

Artículo 57 LJCA ¿En qué circunstancias el Secretario judicial declarará concluso el pleito para sentencia una vez contestada la demanda?. Solo si el actor pide por otrosí en su demanda la conclusión sin trámites adicionales y el demandado no se opone. Si en los escritos de demanda y contestación no se solicita el recibimiento a prueba ni otros trámites, o si el actor hace la petición mencionada y el demandado no se opone. Siempre que el demandado solicite la inadmisión del recurso.

Artículo 58 LJCA. ¿Dentro de cuántos días las partes demandadas pueden alegar motivos de incompetencia del órgano jurisdiccional o inadmisibilidad del recurso desde el inicio del plazo para contestar la demanda?. Diez días. Cinco días. Quince días.

En su momento interpuso Vd. una demanda contra un acto de la Administración del Estado y el Abogado del Estado ya ha contestado a la misma, hace quince días. Se plantea Vd. si en este momento puede aportar al proceso algún documento adicional a los que ya acompañó a la demanda. De acuerdo con lo previsto en la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa: No podrá ya aportar documentos adicionales, porque el demandante nunca puede aportar documentos con posterioridad a la demanda. Podrá aportar documentos que tengan por objeto desvirtuar alegaciones contenidas en las contestaciones a la demanda y que pongan de manifiesto disconformidad en los hechos, antes de la citación de vista o conclusiones. Podrá aportar documentos que tengan por objeto desvirtuar alegaciones contenidas en las contestaciones a la demanda y que pongan de manifiesto disconformidad en los hechos, incluso después de la citación de vista o conclusiones. Podrá aportar documentos que tengan por objeto desvirtuar alegaciones contenidas en las contestaciones a la demanda, aunque no pongan de manifiesto disconformidad en los hechos, incluso después de la citación de vista o conclusiones.

Según el artículo 56 LJCA, ¿cuál es la obligación del Secretario judicial cuando se presenta una demanda?. El Secretario judicial debe admitir de oficio la demanda, sin revisión. El Secretario judicial examina la demanda y, si detecta faltas, da un plazo de diez días para subsanarlas antes de admitirla. El Secretario judicial tiene la capacidad discrecional de decidir si admite o rechaza la demanda.

Según el artículo 57 LJCA, si el actor solicita que el recurso se resuelva sin necesidad de pruebas y la parte demandada no se opone, ¿qué declaración realizará el Secretario judicial?. Declarará concluso el pleito para dictar sentencia. Solicitará más pruebas de ambas partes. Rechazará la solicitud del actor y se procederá con las pruebas.

¿Cuándo pueden las partes demandadas alegar sobre la incompetencia del órgano jurisdiccional o la inadmisibilidad del recurso según el artículo 58 LJCA?. En cualquier momento del proceso. Dentro de los primeros cinco días del plazo para contestar la demanda. Solamente después de la presentación de la contestación a la demanda.

Según el artículo 60 LJCA, ¿en qué circunstancias se recibirá el proceso a prueba cuando el objeto del recurso es una sanción administrativa o disciplinaria?. Solo cuando hay disconformidad en los hechos y son de trascendencia. Siempre que exista disconformidad en los hechos. Nunca se recibe a prueba en casos de sanciones administrativas.

Referente al Artículo 82 LJCA. ¿Quiénes pueden interponer el recurso de apelación según el artículo 82?. Únicamente la parte demandante. Únicamente la parte demandada. Tanto la parte demandante como la parte demandada.

Referente al Artículo 83 LJCA. Según el apartado 2 del artículo 83, ¿quién puede adoptar medidas cautelares para asegurar la ejecución de la sentencia?. El Tribunal Supremo. El Juez a instancia de la parte interesada. El demandante.

Referente al Artículo 84 LJCA. De acuerdo con el artículo 84, ¿qué ocurre cuando de la ejecución provisional de la sentencia pudieran derivarse perjuicios?. Se podrán acordar medidas para evitar o paliar dichos perjuicios y se puede exigir la prestación de caución o garantía. La sentencia queda anulada automáticamente. La parte favorecida deberá compensar a la otra parte.

Referente al Artículo 85 LJCA. ¿Dónde se debe interponer el recurso de apelación y en qué plazo según el artículo 85?. Ante la Sala de lo Contencioso-administrativo en un plazo de treinta días. Ante el Tribunal Supremo en un plazo de quince días. Ante el Juzgado que dictó la sentencia, dentro de los quince días siguientes a su notificación.

Referente al Artículo 86 LJCA. Las sentencias dictadas en única instancia por los Juzgados de lo Contencioso-administrativo son susceptibles de recurso de casación ante: La Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Supremo solo cuando contengan doctrina que se reputa gravemente dañosa para los intereses generales y sean susceptibles de extensión de efectos. Siempre y sin condiciones. Solo cuando haya un desacuerdo por ambas partes.

De acuerdo con lo previsto en la Ley de la Jurisdicción Contencioso- Administrativa, el recurso contencioso-administrativo es admisible en relación con: Las disposiciones de carácter general y con los actos expresos y presuntos de la Administración pública que pongan fin a la vía administrativa, ya sean definitivos o de trámite, si estos últimos deciden directa o indirectamente el fondo del asunto, determinan la imposibilidad de continuar el procedimiento, producen indefensión o perjuicio irreparable a derechos o intereses legítimos. Las disposiciones de carácter general y con los actos expresos y presuntos de la Administración pública, pongan fin o no pongan fin a la vía administrativa, ya sean definitivos o de trámite, si estos últimos deciden directa o indirectamente el fondo del asunto, determinan la imposibilidad de continuar el procedimiento, producen indefensión o perjuicio irreparable a derechos o intereses legítimos. Las disposiciones de carácter general y con los actos expresos y presuntos de la Administración pública que pongan fin a la vía administrativa, siempre que sean definitivos y nunca de trámite. Las disposiciones de carácter general y con los actos expresos y presuntos de la Administración pública que pongan fin a la vía administrativa, siempre que sean definitivos y nunca de trámite. Las disposiciones de carácter general y con los actos expresos y presuntos de la Administración pública, pongan fin o no pongan fin a la vía administrativa, siempre que sean definitivos y nunca de trámite.

Ha transcurrido tres meses desde la publicación en el Boletín Oficial del Estado del nuevo Real Decreto regulador de las energías renovables. Una compañía del sector quiere recurrir la norma por considerar que vulnera la Ley del Sector Eléctrico. ¿Puede recurrir dicho Real Decreto ante la jurisdicción contencioso-administrativa? (Art. 46 de la LJCA): Sí, podrá recurrirlo directamente, porque todavía no han transcurrido 6 meses desde la publicación de la norma. Sí, podrá recurrirlo directamente, porque el recurso directo contra los reglamentos no tiene plazo. No podrá recurrirlo directamente, porque ya ha transcurrido el plazo para recurrir la norma, pero podrá interponer un recurso contra un acto de aplicación del reglamento con fundamento en la ilegalidad de dicho reglamento. No podrá recurrirlo directamente, porque ya ha transcurrido el plazo para recurrir la norma, y tampoco podrá interponer un recurso contra un acto de aplicación del reglamento con fundamento en la ilegalidad de dicho reglamento.

Artículo 45 LJCA. ¿Qué se debe incluir en el escrito inicial para iniciar el recurso contencioso-administrativo?. Unicamente la solicitud de interposición del recurso. La citación de la disposición, acto o inactividad que se impugne y la solicitud de interposición del recurso. El documento que acredite la representación del compareciente y la disposición o acto expreso que se recurran.

Artículo 46 LJCA. ¿Cuál es el plazo para interponer el recurso contencioso-administrativo cuando la disposición impugnada no es expresa?. 6 meses a partir de la publicación de la disposición impugnada. 2 meses a partir de la notificación o publicación del acto que ponga fin a la vía administrativa. 6 meses a partir del día en que se produzca el acto presunto.

Artículo 47 LJCA. Si se inicia el recurso mediante demanda contra una disposición general según el artículo 45.5, ¿cuánto tiempo se concede para la personación de interesados después de la publicación del anuncio de interposición?. 5 días. 10 días. 15 días.

Artículo 48 LJCA. En caso de que no se remita el expediente completo dentro del plazo establecido, ¿cuál es la multa coercitiva impuesta a la autoridad o empleado responsable?. Entre 50 a 500 euros. Entre 100 a 1000 euros. Entre 300 a 1200 euros.

¿Qué establece el primer apartado del Artículo 25 de la Ley 40/2015 con respecto a la potestad sancionadora de las Administraciones Públicas?. La potestad sancionadora de las Administraciones Públicas se ejercerá siempre que esté previamente establecida por una norma con rango de Ley, siguiendo el procedimiento adecuado y las normativas aplicables. Las Administraciones Públicas tienen potestad sancionadora sin necesidad de que exista una norma previa que la reconozca. Las Administraciones Públicas pueden ejercer potestad sancionadora únicamente en base a la Ley de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

¿Qué dicta el segundo apartado del Artículo 26 de la Ley 40/2015 con respecto a la retroactividad de las disposiciones sancionadoras?. Las disposiciones sancionadoras nunca tendrán efecto retroactivo, independientemente de si favorecen o no al infractor. Las disposiciones sancionadoras producirán efecto retroactivo solo cuando sean perjudiciales para el infractor. Las disposiciones sancionadoras tendrán efecto retroactivo cuando favorezcan al presunto infractor o al infractor.

Con respecto a la tipificación de infracciones administrativas, ¿qué establece el Artículo 27 de la Ley 40/2015?. Todas las acciones contrarias al ordenamiento jurídico son consideradas infracciones administrativas. Únicamente las vulneraciones del ordenamiento jurídico previstas específicamente por una Ley son consideradas infracciones administrativas. Las infracciones administrativas se establecen únicamente por reglamentos y no necesitan una Ley que las tipifique.

De acuerdo con el primer apartado del Artículo 28 de la Ley 40/2015, ¿quiénes pueden ser sancionados por hechos que constituyan infracción administrativa?. Únicamente las personas físicas pueden ser sancionadas. Tanto las personas físicas como las jurídicas y, en ciertos casos, grupos de afectados, uniones y entidades sin personalidad jurídica. Solo las personas jurídicas y entidades con personalidad jurídica.

Según el Artículo 32 de la Ley 40/2015, ¿cuándo tienen los particulares derecho a ser indemnizados por las Administraciones Públicas?. Siempre que sufran una lesión en cualquiera de sus bienes y derechos, independientemente de la causa. Cuando sufran lesiones en sus bienes y derechos como resultado del funcionamiento normal o anormal de los servicios públicos, excepto en los casos de fuerza mayor o de daños que el particular tenga el deber jurídico de soportar. Solo cuando los servicios públicos operen de manera anormal.

Según el Artículo 32 de la Ley 40/2015, ¿cuál de los siguientes no es un criterio para la indemnización por daño?. El daño alegado debe ser efectivo. El daño debe ser evaluable económicamente. El daño debe ser resultado de una decisión administrativa.

Según el Artículo 34 de la Ley 40/2015, ¿cuál de los siguientes criterios no se considera para determinar si una lesión es indemnizable?. Las lesiones provenientes de daños que el particular no tenga el deber jurídico de soportar. Los daños resultantes de circunstancias que podrían haberse previsto o evitado según el conocimiento científico actual. Las lesiones que se hayan producido más de cinco años antes de la fecha de publicación de una sentencia relacionada.

Según el Artículo 33 de la Ley 40/2015, en caso de una gestión conjunta entre varias Administraciones públicas que derive en una responsabilidad, ¿cómo responden estas administraciones frente al particular?. Las Administraciones responden de manera individual, según su nivel de participación en la gestión. Las Administraciones responden de manera conjunta y distribuida según los criterios de financiación. Las Administraciones responden de forma solidaria.

De acuerdo con el Artículo 35 de la Ley 40/2015, si las Administraciones Públicas actúan en relaciones de Derecho Privado, ¿cómo se exige su responsabilidad?. Se sigue el código de comercio y las leyes privadas. Se sigue lo establecido en los artículos 32 y siguientes. La responsabilidad no se puede exigir, ya que es una relación privada.

Basándose en el Artículo 36 de la Ley 40/2015, si un particular sufre daños y perjuicios causados por las autoridades y personal al servicio de las Administraciones Públicas, ¿cómo debe proceder el particular?. El particular debe dirigirse directamente a la autoridad o al personal que causó el daño. El particular debe demandar a la Administración Pública correspondiente para las indemnizaciones. El particular debe esperar a que la Administración Pública inicie un procedimiento interno.

De acuerdo con el Artículo 30.1 de la Ley 40/2015, ¿cuál es el plazo de prescripción para las infracciones graves?. Tres años. Seis meses. Dos años.

Según el Artículo 30.2 de la Ley 40/2015, si una infracción es continuada o permanente, ¿cuándo comienza el plazo de prescripción?. Desde el día en que la infracción se hubiera cometido. Desde que finalizó la conducta infractora. Desde el día siguiente a aquel en que se impuso la sanción.

Con base en el Artículo 30.3 de la Ley 40/2015, en el caso de desestimación presunta del recurso de alzada interpuesto contra la resolución por la que se impone la sanción, ¿cuándo comenzará el plazo de prescripción de la sanción?. Desde el día en que la infracción se hubiera cometido. Desde que finalizó la conducta infractora. Desde el día siguiente a aquel en que finalice el plazo legalmente previsto para la resolución de dicho recurso.

Según el Artículo 31.1 de la Ley 40/2015, ¿pueden sancionarse los hechos que ya hayan sido sancionados penal o administrativamente?. Sí, siempre que no haya identidad de sujeto, hecho y fundamento. No, en ningún caso. Sí, solo si hay una diferencia en el sujeto o fundamento.

Con base en el Artículo 31.2 de la Ley 40/2015, si un órgano de la Unión Europea ha impuesto una sanción por los mismos hechos, pero sin identidad de sujeto y fundamento, ¿qué debe hacer el órgano competente para resolver?. Ignorar la sanción impuesta por el órgano de la Unión Europea. Tenerla en cuenta a efectos de graduar la sanción, pudiendo reducirla. Impedir la imposición de cualquier otra sanción.

Según el Artículo 32.1 de la Ley 40/2015, ¿en qué casos tienen los particulares derecho a ser indemnizados por las Administraciones Públicas?. Siempre que sufran alguna lesión en cualquiera de sus bienes y derechos. Solo si la lesión es consecuencia del funcionamiento normal o anormal de los servicios públicos y no existen casos de fuerza mayor o de daños que el particular tenga el deber jurídico de soportar. Solo si la lesión es causada por un acto ilícito o negligencia por parte de la Administración Pública.

¿Cuál es el plazo de prescripción de las infracciones leves si no se fija un plazo específico en las leyes que las establecen?. Un año. Seis meses. Dos años.

En relación con la imposición de sanciones por un órgano de la Unión Europea, si concurre identidad de sujeto y fundamento, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es correcta? (Art. 31 de la Ley 40/2015). Las sanciones pueden ser acumulables. La sanción impuesta por el órgano de la Unión Europea se suma a la nacional. No podrán sancionarse los hechos que ya hayan sido sancionados.

Artículo 32 de la Ley 40/2015: Principios de la responsabilidad ¿Bajo qué circunstancias los particulares tienen derecho a ser indemnizados por la aplicación de actos legislativos de naturaleza no expropiatoria de derechos?. Siempre que la lesión sea a causa del funcionamiento anormal de los servicios públicos. Cuando los daños deriven de la aplicación de una norma contraria al Derecho de la Unión Europea. Solo si la anulación de actos administrativos es en vía administrativa.

Artículo 33 de la Ley 40/2015: Responsabilidad concurrente de las Administraciones Públicas ¿Qué sucede cuando de la gestión dimanante de fórmulas conjuntas de actuación entre varias Administraciones públicas se derive responsabilidad?. Las Administraciones intervinientes responderán de forma individualizada. Las Administraciones responderán de forma solidaria. Se dividirá la responsabilidad de forma equitativa entre las Administraciones intervinientes.

Artículo 34 de la Ley 40/2015: Indemnización ¿Qué se tomará como referencia en los casos de muerte o lesiones corporales para determinar la indemnización?. El salario promedio de la persona afectada. La valoración incluida en los baremos de la normativa vigente en materia de Seguros obligatorios y de la Seguridad Social. La capacidad contributiva del afectado.

Artículo 35 de la Ley 40/2015: Responsabilidad de Derecho Privado Cuando las Administraciones Públicas actúen en relaciones de derecho privado, ¿qué se aplica para exigir su responsabilidad?. Se aplicará exclusivamente el Derecho Privado, desestimando cualquier otra normativa. La responsabilidad se exigirá conforme a los artículos 32 y siguientes, incluso cuando concurre con sujetos de derecho privado. Solo se tomará en cuenta la entidad de derecho privado a través de la cual actúa la Administración.

Artículo 36 de la Ley 40/2015: Exigencia de la responsabilidad patrimonial de las autoridades y personal al servicio de las Administraciones Públicas ¿Quién exigirá las indemnizaciones por los daños y perjuicios causados por las autoridades y personal al servicio de las Administraciones Públicas?. Las indemnizaciones serán exigidas por el Gobierno central. Serán los particulares quienes exigirán directamente a la Administración Pública correspondiente. Cada autoridad o personal será responsable individualmente y los afectados deberán acudir a ellos directamente.

Artículo 37 de la Ley 40/2015: Responsabilidad penal Si se instruye un procedimiento de reconocimiento de responsabilidad patrimonial relacionado con el personal al servicio de las Administraciones Públicas, y existe un proceso penal paralelo, ¿qué sucede?. Los procedimientos de reconocimiento de responsabilidad patrimonial siempre se suspenden hasta que finalice el proceso penal. Nunca se suspenden los procedimientos de reconocimiento de responsabilidad patrimonial, independientemente del proceso penal. La exigencia de responsabilidad penal no suspenderá los procedimientos de reconocimiento de responsabilidad patrimonial, salvo que la determinación de los hechos en el orden jurisdiccional penal sea necesaria.

Artículo 38 de la Ley 40/2015: La sede electrónica ¿Qué es una sede electrónica según el artículo 38?. Una plataforma digital que permite a los ciudadanos presentar quejas y sugerencias a la Administración Pública. Una dirección electrónica, a través de redes de telecomunicaciones, cuya titularidad corresponde a una Administración Pública o a organismos públicos en el ejercicio de sus competencias. Una página web oficial donde las Administraciones Públicas publican sus anuncios oficiales.

Artículo 39 de la Ley 40/2015: Portal de internet ¿Cómo se define un portal de internet de acuerdo con el artículo 39?. Es una sede electrónica restringida solo a los empleados de la Administración Pública. Es un punto de acceso electrónico con titularidad de una Administración Pública que permite el acceso a la información publicada y, en su caso, a la sede electrónica correspondiente. Es una plataforma donde los ciudadanos pueden realizar trámites administrativos sin necesidad de acudir presencialmente.

De acuerdo con lo previsto en la Ley de Expropiación Forzosa en relación con las expropiaciones urgentes, la declaración de urgencia de la ocupación de los bienes afectados por la expropiación tendrá las siguientes consecuencias: Se entenderá cumplido el trámite de la declaración de necesidad de la ocupación de los bienes que hayan de ser expropiados y dará derecho a su ocupación inmediata. Se entenderá cumplido el trámite de la declaración de necesidad de la ocupación de los bienes que hayan de ser expropiados y, una vez tramitado el expediente de expropiación en sus fases de justiprecio y pago, dará derecho a su ocupación inmediata. Se entenderá cumplido el trámite de la declaración de necesidad de la ocupación de los bienes que hayan de ser expropiados, aunque no dará derecho a su ocupación inmediata. Ni se entenderá cumplido el trámite de la declaración de necesidad de la ocupación de los bienes que hayan de ser expropiados, ni dará derecho a su ocupación inmediata.

La Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, al regular la prescripción de las infracciones administrativas, dispone que: La prescripción de la infracción no podrá interrumpirse. Interrumpirá la prescripción la iniciación, con conocimiento del interesado, de un procedimiento administrativo de naturaleza sancionadora, reiniciándose el plazo de prescripción si el expediente sancionador estuviera paralizado durante más de un mes por causa no imputable al presunto responsable. Interrumpirá la prescripción la iniciación, con conocimiento del interesado, de un procedimiento administrativo de naturaleza sancionadora, reiniciándose el plazo de prescripción si el expediente sancionador estuviera paralizado durante más de seis meses por causa no imputable al presunto responsable. Interrumpirá la prescripción la iniciación, con o sin conocimiento del interesado, de un procedimiento administrativo de naturaleza sancionadora, reiniciándose el plazo de prescripción si el expediente sancionador estuviera paralizado durante más de seis meses por causa no imputable al presunto responsable.

El Ayuntamiento de un conocido municipio valenciano ha impuesto una sanción a una compañía del sector inmobiliario de 100.000 euros por haber cometido una infracción urbanística grave. La compañía quiere recurrir la sanción ante la jurisdicción contencioso- administrativa y le pregunta cuál sería el órgano de la jurisdicción contencioso-administrativa competente para conocer del recurso. Vd. le indica que sería: Los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo de Valencia. La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana. La Audiencia Provincial de Valencia. La Audiencia Territorial de Valencia.

¿Es admisible el recurso contencioso-administrativo contra la inactividad de la Administración y contra sus actuaciones materiales que constituyan vía de hecho?: No, porque el recurso sólo es admisible en relación con las disposiciones de carácter general y con los actos expresos y presuntos de la Administración pública. No, porque contra las actuaciones materiales que constituyan vía de hecho, sólo cabe recurrir ante el orden jurisdiccional civil. No, porque contra la inactividad de la Administración sólo cabe recurrir ante el orden jurisdiccional civil. Sí.

De acuerdo con lo previsto en la Ley de la Jurisdicción Contencioso- Administrativa, si la demanda no se hubiere presentado dentro del plazo, el Juzgado o Sala, de oficio: Declarará por auto la caducidad del recurso. No obstante, se admitirá el escrito de demanda, y producirá sus efectos legales, si se presentare dentro del día en que se notifique el auto. Declarará por auto la caducidad del recurso, sin que pueda en ningún caso admitirse el escrito de demanda aunque se presente dentro del día en que se notifique el auto. Concederá un plazo adicional de tres días al demandante para la presentación de la demanda al término del cual, si no se hubiere presentado, declarará por auto la caducidad del recurso. Concederá un plazo adicional de diez días al demandante para la presentación de la demanda al término del cual, si no se hubiere presentado, declarará por auto la caducidad del recurso.

En el día de hoy se le ha notificado una sentencia del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. 7 de Madrid por la que desestima el recurso que interpuso Vd. contra la desestimación por el Ayuntamiento de Madrid de una reclamación de responsabilidad patrimonial de 60.000 euros. Quiere Vd. recurrir la sentencia, pero no sabe si puede interponer recurso y cuál sería este recurso. Después de estudiar el tema llega a la conclusión de que: No cabe recurso alguno contra la sentencia del Juzgado. Puede interponer recurso de apelación ante la Sala de lo Contencioso- Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid. Puede interponer recurso de apelación ante la Sala de lo Contencioso- Administrativo de la Audiencia Nacional. Puede interponer recurso de apelación ante la Sala de lo Contencioso- Administrativo del Tribunal Supremo.

Artículo 86 LJCA. ¿Cuáles son las sentencias que son susceptibles de recurso de casación ante la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Supremo?. Las sentencias dictadas en única instancia por los Juzgados de lo Contencioso-administrativo. Las sentencias dictadas en apelación por la Sala de lo Contencioso-administrativo de la Audiencia Nacional. Ambas opciones anteriores son correctas.

Artículo 86 LJCA. ¿Qué sentencias dictadas en única instancia por los Juzgados de lo Contencioso-administrativo son susceptibles de recurso?. Las sentencias que contengan doctrina que no afecta los intereses generales. Todas las sentencias, sin excepción. Las sentencias que contengan doctrina que se reputa gravemente dañosa para los intereses generales y sean susceptibles de extensión de efectos.

Artículo 87 LJCA. ¿Qué autos dictados por la Sala de lo Contencioso-administrativo de la Audiencia Nacional y por las Salas de lo Contencioso-administrativo de los Tribunales Superiores de Justicia son susceptibles de recurso de casación?. Los que declaren la inadmisión del recurso contencioso-administrativo. Los recaídos en ejecución de sentencia que contradigan los términos del fallo que se ejecuta. Los que declaren la admisión del recurso contencioso-administrativo.

Artículo 87 bis LJCA. ¿A qué se limitará el recurso de casación ante la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Supremo?. Exclusivamente a las cuestiones de hecho. Tanto a las cuestiones de derecho como de hecho. A las cuestiones de derecho, con exclusión de las cuestiones de hecho.

Artículo 88 LJCA. Para que el recurso de casación sea admitido a trámite, es necesario: Que se invoque una concreta infracción del ordenamiento jurídico, ya sea procesal o sustantivo, o de la jurisprudencia. Que se invoque una infracción genérica del ordenamiento jurídico. Que el recurrente esté en desacuerdo con la decisión del tribunal.

En el día de hoy se le ha notificado una sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana dictada en apelación. Su cliente quiere recurrirla ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, alegando vulneración del derecho de la Comunidad Autónoma de Valencia. De acuerdo con la nueva regulación del recurso de casación, ¿es ello posible?: Sí. No, porque las sentencias de las Salas de lo Contencioso-Administrativo de los Tribunales Superiores de Justicia dictadas en apelación no son susceptibles de recurso de casación ante la Sala de lo Contencioso- Administrativo del Tribunal Supremo. No, porque el recurso de casación ante la Sala de lo Contencioso- Administrativo del Tribunal Supremo no puede fundarse en infracción de normas emanadas de una Comunidad Autónoma. No (i) porque las sentencias de las Salas de lo Contencioso- Administrativo de los Tribunales Superiores de Justicia dictadas en apelación no son susceptibles de recurso de casación ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo y, además, (ii) porque el recurso de casación ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo no puede fundarse en infracción de normas emanadas de una Comunidad Autónoma.

Al tratar de la ejecución de sentencias, ¿regula la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa la expropiación de los derechos o intereses legítimos reconocidos frente a la Administración en una sentencia firme?: No, sólo regula la imposibilidad legal y material de ejecución. Sí, regula la expropiación de los derechos o intereses legítimos reconocidos frente a la Administración en una sentencia firme, estableciendo que puede realizarse por cualquier causa de utilidad pública o interés social. Sí, regula la expropiación de los derechos o intereses legítimos reconocidos frente a la Administración en una sentencia firme, estableciendo una serie de causas de utilidad pública o interés social para ello, como es el quebranto, aunque sea leve, de la Hacienda Pública. Sí, regula la expropiación de los derechos o intereses legítimos reconocidos frente a la Administración en una sentencia firme, estableciendo una serie de causas de utilidad pública o interés social para ello, como es el peligro cierto de alteración grave del libre ejercicio de los derechos y libertades de los ciudadanos.

Referente al Artículo 136 de la LJCA. En relación a la adopción de medidas cautelares conforme al artículo 136, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es correcta?. Las medidas cautelares no pueden solicitarse antes de la interposición del recurso bajo ninguna circunstancia. Si después de adoptadas las medidas cautelares, no se interpone el recurso en el plazo establecido, las medidas se mantendrán, pero el solicitante puede ser sancionado. En caso de que no se interponga el recurso tras la adopción de las medidas cautelares, las mismas quedarán automáticamente sin efecto, y el solicitante deberá indemnizar por los daños y perjuicios causados.

Referente al Artículo 137 LJCA. Según el artículo 137, ¿cómo se sustancian las cuestiones incidentales que surgen en el proceso?. Se sustancian dentro del mismo expediente, provocando una suspensión temporal del curso de los autos. Se sustancian en un archivo separado, pero no suspenden el curso de los autos. Se sustancian en pieza separada y sin suspender el curso de los autos.

Referente al Artículo 138 LJCA. En el caso de que el Juzgado o Tribunal aprecie de oficio la existencia de algún defecto subsanable, ¿qué sucede según el artículo 138?. El Secretario judicial lo notificará a las partes involucradas y otorgará un plazo específico para la subsanación. El Juez o Tribunal decidirá automáticamente con fundamento en dicho defecto. El Secretario judicial dictará diligencia de ordenación en que lo reseñe y otorgará un plazo para la subsanación, con suspensión, en su caso, del plazo fijado para dictar sentencia.

Según el artículo 139 LJCA, en primera o única instancia, si se desestiman todas las pretensiones de una parte, ¿qué ocurre con las costas?. Las costas siempre se impondrán a la parte cuyas pretensiones han sido rechazadas. Las costas se impondrán a la parte que haya visto rechazadas todas sus pretensiones, a menos que el órgano jurisdiccional aprecie serias dudas de hecho o de derecho y lo razone. Las costas se dividirán equitativamente entre ambas partes, independientemente de las pretensiones.

De acuerdo la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa relativa a las medidas cautelares en el caso de recursos contra actuaciones materiales de la Administración que constituyan vía de hecho: Las medidas deberán solicitarse en el escrito de demanda. Las medidas podrán solicitarse antes de la interposición del recurso. La medida cautelar se adoptará siempre. La medida cautelar se adoptará siempre, con una única excepción: que se aprecie con evidencia que no se da la situación de vía de hecho.

De acuerdo con la Ley de la Jurisdicción Contencioso- Administrativa, en primera o única instancia, el órgano jurisdiccional impondrá las costas: A la parte que haya visto rechazadas todas sus pretensiones, salvo que aprecie y razone que el caso presentaba serias dudas de hecho o de derecho. A la parte que haya visto rechazadas todas sus pretensiones, sin excepción. A la parte que sostuviere su acción o interpusiere los recursos con mala fe, pero no con temeridad. A la parte que sostuviere su acción o interpusiere los recursos con temeridad, pero no con mala fe.

De acuerdo con lo previsto en la Ley de la Jurisdicción Contencioso- Administrativa, la competencia del orden jurisdiccional contencioso- administrativo se extiende al conocimiento y decisión de las cuestiones prejudiciales e incidentales no pertenecientes al orden administrativo, directamente relacionadas con un recurso contencioso-administrativo: Salvo las de carácter constitucional y penal y lo dispuesto en los Tratados internacionales. Salvo las de carácter constitucional, exclusivamente. Salvo las de carácter penal, exclusivamente. Salvo las de carácter civil, exclusivamente.

La Administración [en concreto, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia] inició de oficio hace diez meses un procedimiento sancionador contra determinadas compañías, a las que acusaba de una conducta contraria a la competencia, consistente en haberse puesto de acuerdo para la fijación de precios de determinados productos. A fecha de hoy, no se ha notificado a las compañías la resolución que pone fin al procedimiento sancionador, por lo que acuden a Vd. para que les asesore. Vd. les indica: Que se ha producido la caducidad del procedimiento, porque el plazo máximo en el que debe notificarse la resolución expresa nunca puede exceder de SEIS meses. Que se ha producido la caducidad del procedimiento, porque el plazo máximo en el que debe notificarse la resolución expresa nunca puede exceder de TRES meses. Que el plazo máximo en el que debe notificarse la resolución expresa puede exceder de SEIS meses cuando una norma con rango de Ley así lo establezca, por lo que no puede afirmarse con total seguridad que el procedimiento haya caducado. Que pueden entender desestimadas sus pretensiones por silencio administrativo, a efectos de interponer el recurso contencioso- administrativo correspondiente, porque el plazo máximo en el que debe notificarse la resolución expresa nunca puede exceder de TRES meses.

La Administración del Estado quiere iniciar un procedimiento de revisión de oficio para declarar la nulidad, sin necesidad de acudir a los Tribunales, de una concesión de explotación concedida a una compañía para el almacenamiento subterráneo de gas natural. La Abogacía del Estado no está sin embargo muy convencida, porque dicha revisión de oficio se pretende justificar en una causa de anulabilidad, y no en una causa de nulidad de pleno derecho, alegando que dicha causa de anulabilidad supone una infracción grave del ordenamiento jurídico. ¿Es ello posible?: Sí, porque la Administración puede declarar de oficio, sin necesidad de acudir a los Tribunales, la nulidad de los actos administrativos favorables cuando concurra en ellos una causa de nulidad de pleno derecho o anulabilidad. Sí, porque la Administración puede declarar de oficio, sin necesidad de acudir a los Tribunales, la nulidad de los actos administrativos favorables cuando concurra en ellos una causa de anulabilidad que suponga una infracción grave del ordenamiento jurídico. No, porque la Administración sólo puede declarar de oficio, sin necesidad de acudir a los Tribunales, la nulidad de los actos administrativos favorables cuando concurra en ellos una causa de nulidad de pleno derecho. No, porque la Administración nunca puede declarar de oficio, sin necesidad de acudir a los Tribunales, la nulidad de los actos administrativos favorables.

En el BOE de hace dos semanas se ha publicado la resolución (es decir, un acto administrativo) del Secretario General de Pesca por la que se asignan derechos de pesca a determinados buques. El titular de uno de ellos no está conforme con la resolución porque considera que se le deberían haber asignado un mayor número de derechos, y quiere recurrirla. En la resolución se indica que NO pone fin a la vía administrativa. ¿Qué recurso puede interponerse frente a la misma?: Ninguno, porque ha transcurrido el plazo para interponer el recurso de alzada, que es de diez días. Recurso de alzada. Recurso de reposición. Recurso de reposición o recurso contencioso-administrativo.

De acuerdo con lo previsto en la Ley de Expropiación Forzosa en relación con el procedimiento de determinación del justiprecio, y una vez que la Administración ha presentado su hoja de aprecio, si el propietario rechazara el justiprecio ofrecido por la Administración: Podrá recurrir dicha hoja de aprecio en reposición o ante el orden jurisdiccional contencioso-administrativo. Podrá recurrir dicha hoja de aprecio ante el orden jurisdiccional contencioso-administrativo, exclusivamente. Podrá recurrir dicha hoja de aprecio en reposición, exclusivamente. Se pasará el expediente de justiprecio al Jurado provincial de expropiación.

De acuerdo con lo previsto en la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, al regular la responsabilidad patrimonial de las Administraciones Públicas: La anulación en vía administrativa o por el orden jurisdiccional contencioso administrativo de los actos o disposiciones administrativas presupone, por sí misma, derecho a la indemnización. Para hacer efectiva la responsabilidad patrimonial, los particulares exigirán las indemnizaciones a los empleados públicos que hubieran causado el daño, pudiendo dirigirse contra la Administración sólo con carácter subsidiario. Cuando las Administraciones Públicas actúen, directamente o a través de una entidad de derecho privado, en relaciones de esta naturaleza, su responsabilidad se exigirá de conformidad con lo previsto en el Código Civil. La indemnización procedente podrá sustituirse por una compensación en especie o ser abonada mediante pagos periódicos, con determinados requisitos.

Una compañía del sector hostelero quiere recurrir la nueva ordenanza de contaminación acústica del Ayuntamiento de Madrid, pero duda de cuál es el órgano judicial competente para conocer del recurso contra esta norma o disposición de carácter general. Vd. le indica que: Son los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo de Madrid. Es la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid. Es la Audiencia Provincial de Madrid. Son los Juzgados Centrales de lo Contencioso-Administrativo.

De acuerdo con la Ley 29/1998, de 13 de julio, de la Jurisdicción contencioso-administrativa, están legitimados ante el orden jurisdiccional contencioso-administrativo: Cualquier ciudadano, siempre. Las personas físicas o jurídicas que ostenten un derecho subjetivo, pero nunca las que ostenten un interés legítimo. Las personas físicas o jurídicas que ostenten un interés legítimo, pero nunca las que ostenten un derecho subjetivo. Las personas físicas o jurídicas que ostenten un derecho o interés legítimo; así como cualquier ciudadano, en ejercicio de la acción popular, en los casos expresamente previstos por las Leyes.

De acuerdo con la Ley 29/1998, de 13 de julio, de la Jurisdicción contencioso-administrativa, cuando ante un Juez o Tribunal estuviera pendiente una pluralidad de recursos con idéntico objeto, el órgano jurisdiccional, si no se hubiesen acumulado: Deberá tramitar uno o varios con carácter preferente, suspendiendo el curso de los demás hasta que se dicte sentencia en los primeros. Deberá tramitar uno con carácter preferente, suspendiendo el curso de los demás hasta que se dicte sentencia en el primero. Deberá tramitar uno o varios con carácter preferente, y podrá, a su discreción, y previa solicitud de las partes, suspender el curso de los demás hasta que se dicte sentencia en los primeros. Deberá tramitar uno con carácter preferente, y podrá, a su discreción, y previa solicitud de las partes, suspender el curso de los demás hasta que se dicte sentencia en el primero.

De acuerdo con la Ley 29/1998, de 13 de julio, de la Jurisdicción contencioso-administrativa, el temor fundado de guerra o el quebranto de la integridad del territorio nacional: Son causas de imposibilidad legal de ejecutar una sentencia. Son causas de imposibilidad material de ejecutar una sentencia. Son causas de utilidad pública o de interés social para expropiar los derechos o intereses legítimos reconocidos frente a la Administración en una sentencia firme. No son ni causas de imposibilidad de ejecución ni causas de utilidad pública o de interés social para expropiar los derechos o intereses legítimos reconocidos frente a la Administración en una sentencia firme.

¿Quiénes tienen capacidad procesal ante el orden jurisdiccional contencioso-administrativo según el Artículo 18 LJCA?. Solamente las personas que ostenten con arreglo a la Ley de Enjuiciamiento Civil y los mayores de edad. Las personas que ostenten con arreglo a la Ley de Enjuiciamiento Civil y los menores de edad para la defensa de ciertos derechos e intereses, así como grupos de afectados, uniones sin personalidad o patrimonios independientes o autónomos cuando la Ley así lo declare. Solo los menores de edad y las personas jurídicas.

Según el Artículo 19 LJCA, ¿quiénes están legitimados para intervenir en los procesos que determine la Ley?. Los grupos y entidades que se refieran al artículo 18. La Administración de las Comunidades Autónomas. El Ministerio Fiscal.

De acuerdo con el Artículo 19 LJCA, ¿quién será la única legitimada en los litigios sobre acoso sexual y acoso discriminatorio?. Las organizaciones sindicales. La persona acosada. Las Entidades de Derecho público.

Según el apartado j) del Artículo 19 LJCA, ¿para la defensa de qué derechos están legitimados los partidos políticos, organizaciones sindicales, organizaciones empresariales, entre otros?. Derechos de igualdad de trato y no discriminación. Derechos de las personas afectadas por la Administración del Estado. Derechos e intereses de las personas víctimas de discriminación por orientación e identidad sexual, expresión de género o características sexuales.

Conforme al Artículo 19 LJCA, ¿quién está legitimado para impugnar un acto ante el orden jurisdiccional contencioso-administrativo previa su declaración de lesividad para el interés público?. La Administración autora de un acto. Las asociaciones profesionales de trabajadores autónomos. Cualquier ciudadano en ejercicio de la acción popular.

De acuerdo con la Ley 29/1998, de 13 de julio, de la Jurisdicción contencioso-administrativa, ¿resulta posible adoptar una medida cautelar solicitada por una parte sin oír a la parte contraria?: Sí, siempre, es la regla general. Nunca, debe siempre oírse a la parte contraria antes de adoptar la medida solicitada. Sí, cuando los interesados alegaran la concurrencia de circunstancias de especial urgencia en el caso y el órgano judicial así lo apreciara. Sí, siempre que la parte que solicita la medida cautelar pida expresamente que se adopte sin oír a la parte contraria.

¿Contiene la Ley de la Jurisdicción Contencioso- Administrativa, al regular las medidas cautelares, alguna previsión para los casos en que los interesados alegaran la concurrencia de circunstancias de especial urgencia?: No, el recurrente deberá solicitar la medida cautelar en la demanda. Sí, que en este caso podrán solicitar la medida cautelar en el escrito de interposición del recurso, en lugar de en la demanda, que es la regla general. Sí, que en este caso el juez o tribunal sin oír a la parte contraria, en el plazo de dos días adoptará necesariamente y mediante auto la medida cautelar solicitada. Sí, que en este caso el juez o tribunal sin oír a la parte contraria, en el plazo de dos días podrá mediante auto apreciar las circunstancias de especial urgencia y adoptar la medida, entre otras decisiones posibles.

En el día de hoy se ha publicado en el BOE una Orden Ministerial por la que se introduce una nueva regulación en materia de energías renovables. Una empresa del sector quiere recurrir dicha norma o disposición administrativa de carácter general en administrativa. Vd. le indica que contra dicha Orden Ministerial: Puede interponer un recurso de alzada ante el Consejo de Ministros. Puede interponer un recurso de reposición ante el Ministro. Puede elegir entre interponer recurso de alzada o reposición. No puede interponer recurso de alzada ni de reposición.

Hace un mes y 10 días se le notificó correctamente la resolución de la Ministra de Agricultura y Alimentación, Pesca y Medioambiente, por la que se desestimó el recurso de alzada que Vd. interpuso contra una resolución del Secretario General de Pesca. Quiere Vd. recurrir la decisión de la Ministra, pero no sabe qué recursos puede interponer contra la misma. Después de estudiar el tema, llega a la conclusión de que puede interponer: Un recurso de alzada ante el Consejo de Ministros. Un recurso de reposición ante la Ministra. Un recurso de reposición ante la Ministra o un recurso contencioso- administrativo. Un recurso contencioso-administrativo.

De acuerdo con lo dispuesto en la Ley de Expropiación Forzosa, en las inscripciones en el Registro de la Propiedad del dominio y demás derechos reales sobre bienes inmuebles adquiridos por expropiación forzosa: No es necesario hacer constar el derecho preferente de los reversionistas frente a terceros posibles adquirentes para recuperar el bien o derecho expropiados, ya que el derecho de reversión será siempre oponible a los terceros adquirentes que hayan inscrito los títulos de sus respectivos derechos conforme a lo previsto en la Ley Hipotecaria. Se hará constar el derecho preferente de los reversionistas frente a terceros posibles adquirentes para recuperar el bien o derecho expropiados, aunque sin su constancia registral el derecho de reversión será oponible a los terceros adquirentes que hayan inscrito los títulos de sus respectivos derechos conforme a lo previsto en la Ley Hipotecaria. Se hará constar el derecho preferente de los reversionistas frente a terceros posibles adquirentes para recuperar el bien o derecho expropiados, sin cuya constancia registral el derecho de reversión no será oponible a los terceros adquirentes que hayan inscrito los títulos de sus respectivos derechos conforme a lo previsto en la Ley Hipotecaria. No puede hacerse constar el derecho preferente de los reversionistas.

De acuerdo con lo previsto en la Ley 29/1998, de 13 de julio, de la Jurisdicción contencioso-administrativa, se considera parte demandada: Exclusivamente a las Administraciones públicas contra cuya actividad se dirija el recurso. A las Administraciones públicas contra cuya actividad se dirija el recurso, y también a las personas o entidades cuyos derechos o intereses legítimos pudieran quedar afectados por la estimación de las pretensiones del demandante. Exclusivamente a las Administraciones públicas contra cuya actividad se dirija el recurso y, excepcionalmente, si el demandante fundara sus pretensiones en la ilegalidad de una disposición general, se considerará también parte demandada a la Administración autora de la misma, aunque no proceda de ella la actuación recurrida. Exclusivamente a las personas o entidades cuyos derechos subjetivos pudieran quedar afectados por la estimación de las pretensiones del demandante.

¿Qué son las alegaciones previas en el procedimiento contencioso-administrativo?: Nada, no existen. Son unas alegaciones en que las partes demandadas, dentro de los primeros cinco días del plazo para contestar la demanda, pueden alegar los motivos que pudieren determinar la incompetencia del órgano jurisdiccional o la inadmisibilidad del recurso. Son unas alegaciones sucintas acerca de los hechos, la prueba practicada y los fundamentos jurídicos en que las partes apoyan sus pretensiones. Son un escrito reducido a citar la disposición, acto, inactividad o actuación constitutiva de vía de hecho que se impugne y a solicitar que se tenga por interpuesto el recurso.

De acuerdo con lo previsto en la Ley 29/1998, de 13 de julio, de la Jurisdicción contencioso-administrativa, serán siempre susceptibles de apelación las sentencias siguientes: Las dictadas en el procedimiento para la garantía de la unidad de mercado. Las dictadas en el procedimiento abreviado. Las que resuelvan litigios entre Administraciones públicas. Las dictadas en el procedimiento para la declaración judicial de extinción de partidos políticos.

De acuerdo con lo previsto en la Ley 29/1998, de 13 de julio, de la Jurisdicción contencioso-administrativa en relación con las medidas cautelares: No podrán ser modificadas o revocadas durante el curso del procedimiento. Podrán ser modificadas o revocadas durante el curso del procedimiento si cambiaran las circunstancias en virtud de las cuales se hubieran adoptado. Podrán ser modificadas o revocadas durante el curso del procedimiento en razón de los distintos avances que se vayan haciendo durante el proceso respecto al análisis de las cuestiones formales o de fondo que configuran el debate. Podrán ser modificadas en razón de la modificación de los criterios de valoración que el Juez o Tribunal aplicó a los hechos al decidir el incidente cautelar.

De acuerdo con la Ley 29/1998, de 13 de julio, de la Jurisdicción contencioso-administrativa, de los recursos que se deduzcan en relación con los actos del Consejo de Ministros, conocerá en única instancia: Los Juzgados Centrales de lo Contencioso-Administrativo. Las Salas de lo Contencioso-Administrativo de los Tribunales Superiores de Justicia. La Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional. La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo.

(Referente al Artículo 86 LJCA) ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es correcta en relación con las sentencias dictadas en única instancia por los Juzgados de lo Contencioso-administrativo?. Todas las sentencias de estos juzgados son susceptibles de recurso de casación. Solo serán susceptibles de recurso de casación las sentencias que contengan doctrina que se reputa gravemente dañosa para los intereses generales y sean susceptibles de extensión de efectos. Las sentencias dictadas por estos juzgados no son susceptibles de recurso de casación.

(Referente al Artículo 66 de la Ley 39/2015) Dentro de las solicitudes de iniciación, ¿qué información no es obligatoria que contenga?. Nombre y apellidos del interesado. El cargo del solicitante en la empresa o entidad a la que representa. Identificación del medio electrónico o lugar físico en que desea que se practique la notificación.

(Referente al Artículo 67 de la Ley 39/2015) En relación con los procedimientos de responsabilidad patrimonial, ¿cuál es el plazo para solicitar el inicio de un procedimiento de responsabilidad patrimonial a partir de la curación o determinación del alcance de las secuelas?. Seis meses. Dos años. Un año.

(Referente al Artículo 68 de la Ley 39/2015) Si una solicitud de iniciación no cumple con los requisitos establecidos, ¿cuál es el plazo estándar otorgado al interesado para subsanar la falta o acompañar los documentos preceptivos?. 5 días. 10 días. 15 días.

(Referente al Artículo 69 de la Ley 39/2015) ¿Qué es una declaración responsable según esta ley?. Es el documento en el que un interesado afirma haber entregado todos los documentos requeridos. Es el documento suscrito por un interesado en el cual manifiesta bajo su responsabilidad que cumple con los requisitos establecidos para obtener un derecho o facultad y que dispone de la documentación que lo acredita. Es una promesa verbal hecha por un interesado sobre el cumplimiento de ciertos criterios.

Según la Ley 39/2015: La Administración no podrá conceder bajo ningún concepto una ampliación de los plazos establecidos. La Administración, salvo precepto en contrario, podrá conceder de oficio o a petición de los interesados, una ampliación de los plazos establecidos, que no exceda de la mitad de los mismos, sin necesidad de ningún otro requisito. La Administración, salvo precepto en contrario, podrá conceder de oficio o a petición de los interesados, una ampliación de los plazos establecidos, que no exceda de la mitad de los mismos, si las circunstancias lo aconsejan y con ello no se perjudican derechos de tercero. La Administración, salvo precepto en contrario, podrá conceder de oficio o a petición de los interesados, una ampliación de los plazos establecidos, que no exceda de un tercio de los mismos, si las circunstancias lo aconsejan y aunque se perjudiquen derechos de tercero.

NO corresponden al orden jurisdiccional contencioso-administrativo: Los recursos directos o indirectos que se interpongan contra las Normas Forales fiscales de las Juntas Generales de los Territorios Históricos de Álava, Guipúzcoa y Vizcaya, que corresponderán, en exclusiva, al Tribunal Constitucional en los términos establecidos por la disposición adicional quinta de su Ley Orgánica. La responsabilidad patrimonial de las Administraciones públicas, cualquiera que sea la naturaleza de la actividad o el tipo de relación de que derive, aun cuando en la producción del daño concurran con particulares o cuenten con un seguro de responsabilidad. La protección jurisdiccional de los derechos fundamentales, los elementos reglados y la determinación de las indemnizaciones que fueran procedentes, todo ello en relación con los actos del Gobierno o de los Consejos de Gobierno de las Comunidades Autónomas, cualquiera que fuese la naturaleza de dichos actos. Los actos y disposiciones de las Corporaciones de Derecho público, adoptados en el ejercicio de funciones públicas.