TEST ADMNISTRATIVO II

Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, no tienen la consideración de Administración Pública: Ninguna de las anteriores es correcta. Cualesquiera organismos públicos y entidades de derecho público vinculados o dependientes de las Administraciones Públicas. Administración General del Estado, las Administraciones de las Comunidades Autónomas, las Entidades que integran la Administración Local. Entidades de derecho privado vinculadas o dependientes de las Administraciones Públicas.

Señale cuál de estas afirmaciones referidas a la discrecionalidad de la Administración Pública es incorrecta: Los reglamentos no deben ser motivados. En su ejercicio, hay que tener en cuenta el principio de interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos, recogido en el artículo 9.3 de la CE. Los actos que se dicten en el ejercicio de potestades discrecionales serán motivados con sucinta referencia de hechos y fundamentos de derecho. Los órganos jurisdiccionales no podrán determinar el contenido discrecional de los actos anulados.

De conformidad con lo establecido en el artículo 129.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, los principios de buena regulación son: Necesidad, eficacia, proporcionalidad, seguridad jurídica, transparencia y eficiencia. Necesidad, proporcionalidad, seguridad jurídica, transparencia, accesibilidad, simplicidad y eficacia. Ninguna de las anteriores, ya que dichos principios se encuentran regulados en el artículo 4 de la Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía Sostenible. No discriminación, cooperación y confianza mutua, necesidad, proporcionalidad, eficacia, simplificación de cargas y transparencia.

En la práctica de las notificaciones por medios electrónicos, según lo establecido en el artículo 43 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, señala cuál de las siguientes afirmaciones es incorrecta: Se llevarán a cabo mediante comparecencia en la sede electrónica de la Administración u Organismo actuante, a través de la dirección electrónica habilitada única o mediante ambos sistemas, según disponga cada Administración u Organismo. Cuando la notificación por medios electrónicos sea de carácter obligatorio, o haya sido expresamente elegida por el interesado, se entenderá rechazada cuando hayan transcurrido 10 días hábiles desde la puesta a disposición de la notificación sin que se acceda a su contenido. todas son correctas. Se entenderán practicadas en el momento en que se produzca el acceso a su contenido.

De conformidad con lo previsto en el artículo 68 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, el plazo de subsanación de la solicitud de iniciación en los procedimientos selectivos o de concurrencia competitiva, es de: 15 dias. 10 dias. 10 días, que prudencialmente podrá ser ampliado hasta 5 días cuando la aportación de los documentos requeridos presente dificultades especiales. 5 dias.

El artículo 30.1 de la Ley 40/2015 establece que el plazo de prescripción de las infracciones administrativas es: El que establezca las leyes. Muy graves 3 años, graves 2 años y leves 1 año. Muy graves 3 años, graves 2 años y leves 6 meses. Muy graves 3 años, graves 2 años y leves 3 meses.

Señale el plazo de interposición del recurso potestativo de reposición en el supuesto de acto presunto, de conformidad con lo establecido en el artículo 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas: 3 meses en todo caso. En cualquier momento a partir del día siguiente a aquel en que, de acuerdo con su normativa específica, se produzca el acto presunto. 1 mes. 3 meses a partir del día siguiente a aquel en que, de acuerdo con su normativa específica, se produzca el acto presunto.

Señale cuál de las siguientes afirmaciones, referidas a los litigios entre Administraciones Públicas, es falsa: Cabe interponer recurso en vía administrativa. Queda a salvo lo dispuesto sobre esta materia en la legislación de régimen local. El requerimiento deberá dirigirse al órgano competente mediante escrito razonado que concretará la disposición, acto, actuación o inactividad, y deberá producirse en el plazo de dos meses contados desde la publicación de la norma o desde que la Administración requirente hubiera conocido o podido conocer el acto, actuación o inactividad. Cuando una Administración interponga recurso contencioso-administrativo contra otra, podrá requerirla previamente para que derogue la disposición, anule o revoque el acto, haga cesar o modifique la actuación material, o inicie la actividad a que esté obligada.

¿Quiénes no podrán ser sancionados por hechos constitutivos de infracción administrativa?: Ninguna de las anteriores es correcta. Los grupos de afectados, las uniones y entidades sin personalidad jurídica y los patrimonios independientes o autónomos, en todo caso. Las personas jurídicas. Las personas físicas.

De conformidad con lo establecido en el artículo 138.3 del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, se consideran contratos menores: Contratos de importe inferior a 50.000 euros (IVA excluido) cuando se trate de contratos de obras, o a 18.000 euros (IVA excluido) cuando se trate de otros contratos. Contratos de importe inferior a 50.000 euros (IVA incluido) cuando se trate de contratos de obras, o a 18.000 euros (IVA incluido) cuando se trate de otros contratos. Contratos de importe inferior a 50.000 euros (IVA incluido) cuando se trate de contratos de obras, o a 18.000 euros (IVA incluido) cuando se trate de servicios. Contratos de importe inferior a 50.000 euros (IVA excluido) cuando se trate de contratos de obras, o a 18.000 euros (IVA excluido) cuando se trate de servicios.

De conformidad con lo previsto en el artículo 47.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, son causas de nulidad de pleno derecho de los actos de las Administraciones Públicas: Ninguna de las anteriores es correcta. Los que sean constitutivos de infracción administrativa o se dicten como consecuencia de ésta. Los dictados por órgano incompetente por razón de la materia o del territorio. Los dictados prescindiendo del procedimiento legalmente establecido o de las normas que contienen las reglas para la formación de la voluntad de los órganos colegiados.

Las disposiciones del capítulo III del título preliminar de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, referidas a los principios de la potestad sancionadora serán aplicables al: Ejercicio por las Administraciones Públicas de su potestad disciplinaria respecto del personal a su servicio, cualquiera que sea la naturaleza jurídica de la relación de empleo. Las letras a y b son correctas. Ninguna de las anteriores es la correcta. Ejercicio por las Administraciones Públicas de la potestad sancionadora respecto de quienes estén vinculados a ellas por relaciones reguladas por la legislación de contratos del sector público o por la legislación patrimonial de las Administraciones Públicas.

No corresponde al orden jurisdiccional contencioso-administrativo: Las cuestiones expresamente atribuidas a los órdenes jurisdiccionales civil, penal y social, aunque estén relacionadas con la actividad de la Administración pública. Ninguna de las anteriores es correcta. Conocimiento y decisión de las cuestiones prejudiciales e incidentales no pertenecientes al orden administrativo, directamente relacionadas con un recurso contencioso-administrativo, salvo las de carácter constitucional y penal y lo dispuesto en los Tratados internacionales. La protección jurisdiccional de los derechos fundamentales, los elementos reglados y la determinación de las indemnizaciones que fueran procedentes, todo ello en relación con los actos del Gobierno o de los Consejos de Gobierno de las Comunidades Autónomas, cualquiera que fuese la naturaleza de dichos actos.

Conforme a lo dispuesto en la Ley 39/2.015 la comparecencia de las personas ante las oficinas públicas, ya sea presencialmente o por medios electrónicos: sólo será obligatoria cuando así esté previsto en una norma con rango de ley. sólo será obligatoria cuando lo disponga una disposición de carácter reglamentario. será potestativa, y a instancia de la unidad administrativa. en todo caso será discrecional del órgano superior jerárquico que adopte la decisión.