Advo III tema 5

1. El procedimiento expropiatorio: a) Se presenta en una única fase. b) compuesta por diversos trámites. c) Es único bajo el procedimiento general. d) Es una de las garantías reconocidas por el artículo 33.3 CE.

2. Con respecto a las garantías jurisdiccionales es cierto que: a) No se pueden recurrir los acuerdos de necesidad de ocupación o adquisición de derechos ante la jurisdicción contencioso-administrativa. b) Queda excluida la limitación para recurrir cuando el justiprecio no fuese inferior o superior en más de una sexta parte al que en tal concepto se hubiese alegado. c) Es posible recurrir acuerdos de los Jurados de Expropiación ante la jurisdicción contencioso-administrativa. d) Se pueden recurrir los acuerdos de necesidad de ocupación o adquisición de derechos ante la jurisdicción civil.

3. El acuerdo de necesidad de ocupación o de adquisición de derechos: a) No es el acto que inicia el procedimiento expropiatorio ya que este comienza con la previa declaración de utilidad pública. b) Es el acto que finaliza el procedimiento expropiatorio. c) Se adopta por el beneficiario y en él se determinan los bienes o derechos que van a ser objeto de expropiación. d) Se adopta por el órgano expropiante tras un trámite de información pública y de alegaciones.

4. En el caso de que a un propietario de una finca rústica que venía explotándola de forma regular, se le expropiase dos tercios de la misma de modo que no resulta rentable continuar con la explotación del tercio restante: a) Podría solicitar la expropiación total de la finca que deberá otorgarse en todo caso cuando se verifique el perjuicio económico. b) Tendrá que soportar la expropiación parcial ya que el acuerdo de necesidad de ocupación no puede ser alterado introduciendo en la expropiación bienes que no responden al interés general. c) Podría solicitar la expropiación completa de la finca, aunque puede no acordarse en cuyo caso se incluirá en el justiprecio la indemnización por los perjuicios que se produzcan por la expropiación parcial. d) Podría negarse a la expropiación si el beneficiario no es una Administración Territorial.

5. El justiprecio: a) Viene siempre determinado por el Jurado de Expropiación. b) Puede determinarse de forma amistosa entre el expropiado y la Administración mediante un convenio. c) No puede determinarse de forma amistosa entre el expropiado y la Administración mediante un convenio. d) Viene determinado por la hoja de aprecio formulada por la Administración expropiante que debe ser aceptada por el expropiado.

6. El justiprecio: a) Se determina únicamente a partir de criterios objetivos fijados legalmente que facilitan un valor homogéneo para cada tipo de bienes o derechos que deben seguirse necesariamente. b) Se puede determinar a través unos criterios estimativos que se consideren oportunos para el bien o derecho concreto de que se trate. c) Se determina a través del valor fiscal de los bienes o derechos de que se trate. d) Solo puede determinarse de forma amistosa.

7. En el caso de que se expropie una casa de campo familiar que los titulares tienen en gran aprecio por haber pertenecido a la familia durante generaciones: a) No se les pagará una indemnización por daños morales si el vínculo es por afinidad. b) Se les pagará una indemnización por daños morales en función de las generaciones que la tuvieron. c) No se les pagará nada ya que no se contemplan los daños morales derivado de la expropiación. d) Se les pagará una indemnización por daños morales consistente en un 5 por ciento del total de justiprecio.

8. No se indemnizará a través del justiprecio: a) Los daños y perjuicios causados como consecuencia de ésta como, por ejemplo, la mudanza de una familia que debe irse a otro domicilio. b) Las cosechas pendientes que existiesen en el momento de la expropiación. c) Las plusvalías derivadas de las obras para las que se lleva a cabo la expropiación, como por ejemplo la apertura de una calle comercial en el espacio que se encontraba la finca. d) las mejoras realizadas con posterioridad a la incoación del expediente de expropiación.

9. El pago del justiprecio: a) Tiene lugar siempre después una vez que el sujeto expropiado permita la ocupación del bien. b) Tiene lugar siempre antes de la ocupación del bien expropiado. c) Suele producirse después de la ocupación como consecuencia de la generalización del procedimiento de expropiación urgente. d) No es posible que se realice en especie.

10. En el caso de que la Administración expropiante se pretendiese llevar a cabo el pago del justiprecio en especie mediante fincas urbanizadas resultantes del proceso de urbanización que motivó la expropiación: a) No podrá hacerlo ya que el pago del precio debe ser siempre en metálico. b) Podrá hacerlo siempre que lo acepte el expropiado. c) Debe aceptarlo el expropiado siempre que coincida con el valor de la cosa expropiada. d) Podrá hacerlo siempre que lo acepte el beneficiario de la expropiación.

11. En el caso de una vez fijado el justiprecio, la Administración no abonase ni tomase posesión del bien expropiado: a) Se puede ejercer el derecho de reversión siempre que no hayan transcurrido más de dos años desde la determinación del justiprecio. b) Será necesario llevar a cabo la retasación con una nueva fijación del justiprecio en el caso de transcurriesen dos años desde la fijación del anterior. c) Se considerará caducado el procedimiento de expropiación, por lo que deberá archivarse sin que pueda iniciarse de nuevo en el plazo de dos años. d) Se considerará prescrito el procedimiento expropiatorio.

12. El procedimiento expropiatorio urgente: a) La declaración de urgente ocupación no puede ser adoptada por el Consejo de Ministros. b) Sólo puede ser declarado por acuerdo del Consejo de Ministros, lo que limita mucho su aplicación. c) Es de uso extraordinario por lo que solamente cabe cuando el órgano expropiante motiva su empleo de forma motivada. d) Puede disponerse a través de una Ley sectorial, lo que lo convierte en el procedimiento más utilizado.

13. En el caso de que un propietario se enfrente a un procedimiento expropiatorio por el procedimiento de urgencia: a) Sufrirá la ocupación del bien de forma inmediata tras la declaración de urgencia. b) Podrá oponerse si no se consigna el importe de la expropiación. c) Verá fijado el justiprecio y satisfecho el pago con posterioridad a la ocupación. d) Recibe el pago con anterioridad a la ocupación del bien expropiado.

14. En el caso de que una finca que fue expropiada en 1965 para la construcción de una estación de ferrocarril, si tras la construcción de la misma el edificio construido pasase a dedicarse a museo público: a) El expropiado no podría ejercer el derecho de reversión. b) El expropiado podría solicitar la retasación. c) El expropiado podría ejercer el derecho de reversión. d) El expropiado podría ejercer de derecho de retasación.

15. Cuando se ejerce el derecho de reversión y el expropiado pretende recuperar la finca expropiada por no hacerse efectivas las obras proyectadas en la misma: a) El antiguo propietario no tendrá que restituir la indemnización ya que la expropiación fue ilegal y, por tanto, generó daños y perjuicios carentes de cobertura legal. b) El antiguo propietario sólo podrá recuperar la finca una vez determinado de nuevo el justiprecio por el Jurado de Expropiación. c) El antiguo propietario podrá recuperar la finca siempre que lo solicite en plazo de tres meses y restituya la indemnización actualizada. d) El antiguo propietario podrá recuperar la finca siempre que lo solicite en plazo de tres meses y restituya la indemnización recibida.

16. La responsabilidad patrimonial: a) Se presenta únicamente en el ámbito civil y puede derivar de los contratos, de los cuasicontratos y de la culpa o negligencia. b) Se presenta tanto en el ámbito civil como en el administrativo siguiendo un mismo régimen fijado en el Código Civil que distingue entre responsabilidad contractual y extracontractual. c) Se presenta tanto en el ámbito civil como en el administrativo, pero únicamente la contractual. d) Se presenta tanto en el ámbito civil como en el administrativo y puede ser contractual y extracontractual.

17. La responsabilidad patrimonial extracontractual: a) Alcanza a todos los poderes públicos que deberán responder de las lesiones antijurídicas que los particulares no tengan la obligación de soportar. b) Alcanza exclusivamente a las Administraciones Públicas que deberán responder de las lesiones por el funcionamiento normal o anormal de los servicios públicos que los particulares no tengan la obligación de soportar. c) Alcanza únicamente al Poder Legislativo y al Poder Ejecutivo, ya que son los responsables de aprobar las Leyes y de aplicarlas respectivamente, que son los únicas funciones de las que se pueden derivar daños antijurídicos. d) Alcanza exclusivamente a los poderes adjudicatarios.

18. La responsabilidad de las Administraciones Públicas: a) Es directa y objetiva en todos los Estados de nuestro entorno por nuestra pertenencia a la Unión Europea. b) Es homogénea en la mayoría de los Estados, predominando la responsabilidad directa por culpa o negligencia como en nuestro caso. c) Es distinta entre los diferentes países, dentro de los cuales nuestro sistema de responsabilidad directa y objetiva constituyen una excepción. d) Es distinta, según pertenezcan a la Administración del Estado o a las de las CCAA.

19. Nuestro actual sistema de responsabilidad administrativa: a) Fue introducido por el artículo 106.2 CE que dispone la indemnización de toda lesión causada por la Administración por culpa o negligencia. b) Fue introducido por la Ley de Expropiación Forzosa de 1954 que dispuso la responsabilidad administrativa directa y objetiva. c) Se introduce con la Ley 40/2015 de Régimen Jurídico del Sector Público. d) Fue introducida por la Constitución de la República de 1931 que dispuso la responsabilidad directa por culpa o negligencia.

20. El régimen de la responsabilidad patrimonial de las Administraciones Públicas: a) Se encuentra regulado en la Ley Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas que dispone un régimen aplicable a todas las Administraciones como garantía de un tratamiento común de todos los ciudadanos en aplicación del art. 149.1.18ª CE. b) Se encuentra regulado en la Ley de 16 de diciembre de 1954 de expropiación forzosa que establece un régimen común para todos los ciudadanos en aplicación del artículo 149.1.18ªCE. c) Se encuentra regulado en las Leyes autonómicas de responsabilidad patrimonial, por lo que sólo algunas Comunidades han asumido la responsabilidad directa y objetiva. d) Es distinto, según pertenezcan a la Administración del Estado o a las de las CCAA.

21. Nuestro sistema de responsabilidad administrativa patrimonial es unitario y general: a) Porque se aplica a todas las Administraciones independientemente del tipo de actuación (reglamentaria, actos) u omisión y de que reproduzca en régimen de Derecho Administrativo o Privado. b) Porque se aplica a todas las Administraciones independientemente del tipo de actuación (reglamentaria, actos) u omisión, siempre que reproduzca exlusivamente en régimen de Derecho Administrativo. c) Porque se aplica a todas las Administraciones y responde de todos los daños que estas puedan generar, sean propio o de colaboradores externos. d) Porque se aplica a todos los ciudadanos en general sin distinguir el tipo de daños (patrimoniales, personales o morales) que se le inflige.

22. Nuestro sistema de responsabilidad administrativa patrimonial es directo: a) Porque se responden de todos los daños causados por las Administraciones directamente, ya exista o no culpa o negligencia. b) Porque se exige ante los tribunales ordinarios. c) Porque responde directamente del daño la autoridad o el funcionario que lo causó. d) Porque responde directamente las Administraciones Públicas, sin que sea necesario reclamar previamente la indemnización a la autoridad o funcionario concreto que lo causó.

23. Nuestro sistema de responsabilidad administrativa patrimonial es objetivo: a) Porque no plantea objeciones a las reclamaciones solicitadas por los perjudicados. b) Porque responde de todos los daños causados por la Administración que no tengan la obligación de soportar, siendo irrelevante las circunstancias en que se produzcan. c) Porque responde de todos los daños causados por las Administraciones, siempre que objetivamente haya existido culpa o negligencia. d) Porque no admite que se planteen cuestiones respecto a su determinación.

24. La responsabilidad patrimonial administrativa prevista en la Ley: a) Únicamente se puede reclamar a las Administraciones Públicas (sólo a las territoriales) como consecuencia del funcionamiento de servicios públicos como el transporte regular, la recogida de basuras, etc. b) Se puede reclamar a las empresas públicas, ya que en ellas participan las Administraciones económicamente. c) Únicamente se puede reclamar a las Administraciones Públicas (a todas ellas), con ocasión de cualquier actuación administrativa. d) Se debe reclamar al funcionario responsable del daño o a su superior jerárquico.

25. Las lesiones causadas por un vigilante de seguridad privada de una discoteca de Madrid: a) Se pueden reclamar a la Comunidad de Madrid ya que se trata de una persona que ha sido autorizada a desarrollar su actividad por ésta. b) Se pueden reclamar a la Comunidad de Madrid ya que se trata de una persona al servicio de ésta. c) Se deben reclamar al Ayuntamiento de Madrid que es quien habrá autorizado la apertura del edificio. d) No se pueden reclamar a la Comunidad de Madrid ya que se trata de un sujeto privado que trabaja para una empresa de seguridad que no es de aquélla.

26. Señale cuál de los siguientes supuestos no podría constituir un supuesto de responsabilidad patrimonial administrativa: a) Las lesiones producidas a un viandante al que golpea un cascote procedente de las obras realizadas por la empresa FCC bajo su propia dirección en la sede de un Ayuntamiento. b) Los destrozos generados por la inundación derivada de la acumulación de troncos por falta de retirada en el río manzanares tras unas lluvias otoñales. c) Los daños derivados a una editorial por la aplicación de una ordenanza que prohíbe el reparto de prensa gratuita que finalmente es anulada por ser contraria a Derecho. d) Los perjuicios ocasionados a los usuarios por los retrasos en las líneas irregulares de autobuses en una Comunidad.

27. Para que una lesión resulte resarcible dentro de la responsabilidad patrimonial: a) Debe ser efectiva, evaluable, individualizable y resultar antijurídica. b) Debe ser efectiva, evaluable, individualizable y resultar por culpa del funcionamiento anormal de un servicio público. c) Debe ser efectiva, evaluable, individualizable y resultar del funcionamiento anormal de un servicio público. d) Debe ser efectiva, evaluable, individualizable y resultar por negligencia del funcionamiento anormal de un servicio público.

28. Señale cuál de las siguientes situaciones puede ser constitutiva de un daño antijurídico que genera responsabilidad administrativa: a) Las molestias a los vecinos Aluche por las obras de remodelación de la M-30. b) Las pérdidas por el cierre durante un mes del paso a un bar como consecuencia de las obras de la M30. c) La muerte de un perro como consecuencia del atropello por parte de un camión de empresa FCC en las obras de la M30. d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.

29. La teoría de la causalidad adecuada: a) Se encuentra en desuso ya que resulta excesivamente excluyente de la responsabilidad. b) Supone que la actuación de la Administración debe haber sido adecuada, pues en caso contrario responde de los daños. c) Considera como causa del daño todos los hechos o acontecimientos que coadyuvan a su producción. d) Supone que ante una pluralidad de causas debe seleccionarse aquella que conforme a la experiencia común sea la idónea para producir el daño.

30. Si la persona que se encuentra en prisión preventiva acusado de violación y asesinato de una niña (a los que normalmente se les adjudica un acompañante para evitar autolesiones o suicido) se suicidara por encontrarse solo y con acceso a objetos cortantes, en el caso de que los familiares solicitasen responsabilidad administrativa: a) Podría responder la Administración por existir nexo causal entre daño y la omisión de los funcionarios de adoptar todas las medidas adecuadas. b) Nunca respondería la Administración ya que no ha sido la causante del daño. c) Nunca respondería la Administración ya que la culpa de la víctima exonera de responsabilidad. d) Dependería de quien sea la persona que le ha facilitado el objeto cortante.

31. Nuestro sistema de responsabilidad patrimonial consagra un modelo de reparación: a) Paliativo que pretende atenuar los daños producidos. b) Integral, que alcanza la totalidad de los daños producidos. c) Únicamente alcanza a los daños producidos con culpa o negligencia del funcionario. d) Disuasorio que pretende evitar la producción de daños.

32. El sistema de reparación comprende: a) El daño emergente y el lucro cesante que alcanza a las expectativas o ganancias aunque sean dudosas o hipotéticas. b) El daño emergente, pero no el lucro cesante. c) El daño cesante y el lucro emergente. d) El daño emergente y el lucro cesante que no incluye las expectativas o ganancias que sean dudosas o hipotéticas.

33. La cuantía de la indemnización debe calcularse: a) Con referencia al día en el que se produjo el daño, pero debe actualizarse conforme al índice de precios al consumo y con los intereses que procedan por demora. b) Con referencia al día en que se dicte la resolución o sentencia que reconozca la responsabilidad. c) Con referencia al día en que se produjo el daño, sin actualizaciones. d) Con referencia al día en que se presenta la demanda.

34. Son daños continuados: a) Los que producen resultados o secuelas permanentes que se mantienen en el tiempo. b) Los que se producen día a día de manera prolongada durante un año. c) Los que se producen día a día de manera prolongada y sin solución de continuidad, por lo que no se pueden reclamar hasta que se consolidan. d) Los que se producen día a día de manera prolongada y sin solución de continuidad, por lo que el resultado lesivo no puede ser evaluado de manera definitiva hasta que no se adoptan las medidas necesarias para poner fin al mismo.

35. La indemnización puede ser satisfecha: a) En dinero de una vez, o de forma periódica o en especie, a elección de la Administración. b) En dinero o en especie. c) El pago en especie o en dinero de forma periódica requiere el consentimiento del interesado. d) Por otra administración sin que se dé una responsabilidad concurrente.

36. La acción de responsabilidad patrimonial: a) Puede ejercerse en vía administrativa o jurisdiccional a elección del interesado. b) Ha de plantearse siempre en vía administrativa, mediante una reclamación de responsabilidad. c) Ha de ejercerse ante los Tribunales que correspondan. d) Ha de plantearse siempre en vía jurisdiccional, mediante una reclamación de responsabilidad.

37. El plazo para presentar la reclamación: a) Es un plazo de caducidad de un año. b) Es un plazo de caducidad de 2 meses. c) Es un plazo de prescripción de un año que no admite interrupción. d) Es un plazo de prescripción de un año que puede ser interrumpido por reclamación judicial o extrajudicial.

38. En el caso de anulación jurisdiccional de un acto o disposición: a) El Tribunal deberá pronunciarse necesariamente sobre la existencia de responsabilidad patrimonial. b) El interesado podrá acumular su pretensión de anulación y la petición de responsabilidad o exigir ésta última en el plazo de un año desde que la sentencia anulatoria sea firme. c) El interesado deberá exigir la responsabilidad en el plazo de un año desde que la sentencia anulatoria sea firme. d) El interesado deberá exigir la responsabilidad en el plazo de cautro desde que la sentencia anulatoria sea firme.

39. La responsabilidad patrimonial de la Administración puede declararse: a) Únicamente por los Jueces y tribunales del orden contencioso-administrativo, sin perjuicio de la posibilidad de que se declare tal responsabilidad derivada de un delito en el orden penal. b) Por cualquier Tribunal de Justicia. c) Por los Tribunales civiles cuando la Administración actúe en régimen de derecho privado y por los contencioso-administrativos cuando actúe en régimen de derecho público. d) Únicamente por la jurisdicción penal, sin perjuicio de la posibilidad de que se declare tal responsabilidad derivada de un delito en el orden contencioso administrativo.

40. El procedimiento administrativo de responsabilidad patrimonial: a) Se inicia siempre mediante reclamación presentada por el particular. b) Puede iniciarse también de oficio, aunque lo usual es que se inicie por reclamación que presente el particular. c) Se inicia siempre de oficio. d) Ninguna de las anteriores respuestas es correcta.

41. El plazo máximo para resolver la reclamación: a) Es de tres meses. b) Es de seis meses y si la Administración no resuelve en plazo se entiende estimada la reclamación. c) Es de seis meses y si la Administración no resuelve en plazo se entiende estimada la reclamación. d) Es de seis meses y si la Administración no resuelve en plazo se entiende desestimada la reclamación.

42. En el procedimiento abreviado: a) El plazo máximo para resolver es de treinta días y si la Administración no resuelve en plazo se entiende desestimada la reclamación. b) Los plazos se reducen a la mitad. c) El plazo máximo para resolver es de treinta días y si la Administración no resuelve en plazo se entiende estimada la reclamación. d) El plazo máximo para resolver dependerá de las pruebas a practicar, en cualquier caso será inferior a treinta días.

43. El procedimiento abreviado puede seguirse: a) Cuando el interesado tenga prisa. b) Cuando la Administración entienda que son inequívocas la relación de causalidad entre la lesión y el funcionamiento del servicio público, la valoración del daño y el cálculo de la cuantía de la indemnización. c) Cuando lo pida de forma razonada el interesado. d) Las tres respuesta anteriores son correctas.

44. Cuando el daño haya sido causado mediando culpa o negligencia grave de un funcionario: a) El interesado habrá de presentar su reclamación necesariamente ante la Administración. b) El interesado podrá elegir entre demandar a la Administración o al funcionario. c) El interesado habrá de demandar al funcionario culpable. d) El interesado habrá de presentar su reclamación ante el funcionario culpable y si este no admite las causas alegadas por el interesado ante la Administración.

45. Cuando el daño haya sido causado mediando culpa o negligencia grave de un funcionario: a) La Administración podrá exigirle que responda de los daños producidos. b) La Administración podrá exigirle que responda de los daños producidos o incoarle un expediente disciplinario. c) La Administración deberá exigirle que responda de los daños producidos, pero no incoarle un expediente disciplinario. d) La Administración deberá exigirle que responda de los daños producidos, sin perjuicio de que pueda incoarle un expediente disciplinario.

46. LA POTESTAD EXPROPIATORIA QUEDA LIMITADA ……. a) Constitucionalmente a los Entes territoriales. b) Exclusivamente al Estado, las CCAA y los municipios. c) Se admite exclusivamente en los supuestos previstos en el pliego. d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.

47. NO FORMA PARTE DEL JURADO DE EXPROPIACIÓN. a) Un Magistrado. b) Un Abogado del Estado. c) Un Procurador. d) Un Notario.

48. EN EL CASO DE DAÑOS DERIVADOS DE LA NULIDAD DE UN ACTO ADMINISTRATIVO ¿CUÁNDO COMIENZA A CONTARSE EL PLAZO DE UN AÑO PARA RECLAMAR LA RESPONSABILIDAD DE LA ADMINISTRACIÓN?. a) Desde que se dictó el acto administrativo en cuestión. b) Desde que se dictó la resolución administrativa que resuelve negativamente el recurso administrativo por el que se solicitó la declaración de nulidad del acto. c) A partir del año de la declaración administrativa o judicial de nulidad del acto. d) Los daños derivados de la nulidad de un acto administrativo no están sujeto a plazo alguno de reclamación de responsabilidad.

49. ¿QUE CAUSA DE EXONERACIÓN DE LA RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA SE DEFINE COMO LOS HECHOS O CIRCUNSTANCIAS QUE NO SE HUBIESEN PODIDO PREVER O EVITAR SEGÚN EL ESTADO DE CONOCIMIENTO O DE LA TECNICA EXISTENTE EN EL MOMENTO DE LA PRODUCCIÓN DE AQUÉLLOS?. d) Lo que se describe en el enunciado de la pregunta no es ninguna causa de exoneración de la responsabilidad administrativa. a) Hecho de un tercero. b) Fuerza mayor. c) Falta o culpa de la victima.

50. LA ACTIVIDAD JURIDICA DE LA ADMINISTRACIÓN QUE GENERA LA RESPONSABILIDAD DE LA ADMINISTRACIÓN SI PRODUCE UN DAÑO INDEMNIZABLE PUEDE SER: a) Sólo un acto administrativo. b) Tanto un acto administrativo como un reglamento administrativo. c) Sólo un reglamento administrativo. d) La actividad jurídica de la Administración, aunque produzca un daño indemnizable, nunca genera la responsabilidad de la Administración.

51. EN RELACIÓN CON LA RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA, LA MISMA SURGE: a) Sólo en el caso de la actividad de las Administraciones territoriales. b) Sólo en el caso de la actividad de los entes institucionales dependientes de las Administraciones territoriales. c) En el caso de la actividad tanto de las Administraciones territoriales como de los entes institucionales dependientes de aquellas. d) La responsabilidad administrativa no surge nunca por la actividad de las Administraciones públicas, sino por la actividad de los Poderes del Estado, excluido el Poder Ejecutivo.

52. UN ORGANISMO AUTÓNOMO: a) Tiene potestad expropiatoria en función de lo previsto en la Ley de Expropiación Forzosa. b) Nunca puede tener potestad expropiatoria. c) Puede tener potestad expropiatoria si una Ley lo autoriza de forma expresa. d) Ninguna de las anteriores respuestas es correcta.

53. EL OBJETO DE LA EXPROPIACIÓN FORZOSA PUEDE SER: a) Exclusivamente un bien inmueble. b) Exclusivamente un bien mueble. c) Exclusivamente un derecho de propiedad de suelo. d) Un derecho o interés patrimonial legítimo.

54. ¿CUÁLES SON LOS DAÑOS QUE LA ADMINISTRACIÓN TIENE LA OBLIGACIÓN DE INDEMNIZAR?. a) Sólo los daños que los particulares sufren en sus bienes materiales. b) Los daños que los particulares tienen el deber jurídico de soportar. c) Los daños efectivos, evaluables económicamente o individualizados con relación a una persona o grupo de personas. d) Los daños que los particulares sufren en sus bienes y derechos y que tienen el deber jurídico de soportar.

55. LA FORMA DE PAGO DE LA INDEMNIZACIÓN POR RESPONSABILIDAD DE LA ADMINISTRACIÓN: a) Sólo puede ser dineraria. b) Puede consistir en especie o en dinero, la cual, a su vez puede serlo, de una sola vez o mediante pagos periódicos, cuando resulte más adecuado para lograr la reparación debida y convenga al interés público, siempre que exista acuerdo con el interesado. c) Puede consistir en especie o en dinero, en cuyo caso deberá abonarse siempre de una solo vez. d) Puede consistir en especie o en dinero, en cuyo caso podrá abonarse de una solo vez o mediante pagos periódicos según la Administración considere más oportuno, aunque el interesado no esté de acuerdo.

56. EN EL CASO DE LA RESPONSABILIDAD POR ACTOS DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA, ¿ANTE QUIÉN SE DEBERÁ PRESENTAR LA RECLAMACIÓN?. a) Ante el propio Juez o Tribunal que ha causado el daño. b) Ante el Ministerio de Justicia. c) Ante el órgano jurisdiccional jerárquicamente superior de aquel que ha causado el daño. d) No existe responsabilidad por actos de la Administración de Justicia.

57. EL JUSTIPRECIO. a) Constituye el pago previo a la ocupación del bien. b) Debe pagarse con anterioridad a la ocupación del bien según la jurisprudencia constitucional. c) Puede ser pagado al expropiado con posterioridad a la ocupación del bien. d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.

58. A EFECTOS DE LA REVERSIÓN EXPROPIATORIA, SE ENTIENDE QUE LA OBRA NO SE HA EJECUTADO CUANDO LA OBRA NO SE HA INICIADO TRANSCURRIDOS: a) Cinco años desde la toma de posesión del bien. b) Cinco años desde el pago del justiprecio. c) Diez años desde la toma de posesión del bien. d) Diez años desde el pago del justiprecio.

59. EN EL ÁMBITO DE LA RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA, SE ENTIENDE POR “FUNCIONAMIENTO ANORMAL DEL SERVICIO”: a) El “funcionamiento con falta”, es decir, que el servicio no ha funcionado o ha funcionado defectuosamente. b) El “funcionamiento sin falta”, es decir, que el servicio ha funcionado correctamente pero ha causado un daño. c) El “funcionamiento con falta”, es decir, que el servicio ha funcionado correctamente pero ha causado un daño. d) El “funcionamiento sin falta”, es decir, que el servicio no ha funcionado o ha funcionado defectuosamente.

60. EN CASO DE DAÑOS CORPORALES, ¿QUÉ CRITERIOS DE VALORACIÓN ADMITE LA LEY PARA CUANTIFICAR DONOMICAMENTE LA INDEMNIZACIÓN QUE L ADMINISTRCIÓN DEBA ABONAR A TITULO DE RESPONSABILIDAD?. a) Siempre el valor de mercado. b) Siempre la valoración que haga un médico forense designado por un Juez. c) Los criterios fiscales establecidos por la Ley del Impuesto sobre la Renta de las personas físicas. d) Los baremos de la normativa vigente en materia de seguros obligatorios y de la seguridad social´.

61. EL PROCEDIMIENTO POR RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA SE INICIARÁ: a) Siempre de oficio. b) Siempre a instancia de parte. c) De oficio o a instancia de parte. d) De oficio cuando se trata de un funcionamiento anormal del servicio público y a instancia de parte cuando se trata de un funcionamiento normal del servicio público.

62. EN EL CASO DE LA RESPONSABILIDAD DEL ESTADO POR ACTOS DEL PODER LEGISLATIVO, EL DAÑO SE DEBE DERIVAR: a) Directamente de la Ley. b) De la aplicación de una norma con rango de Ley. c) De un acto de las Cortes Generales o de una Asamblea Legislativa autonómica. d) No existe responsabilidad del Estado por Actos del Poder legislativo.

63. LA HOJA DE APRECIO ……….. (COMPLETAR). a) La formula exclusivamente el expropiado. b) La formula exclusivamente la Administración. c) La puede formular el expropiado y la Administración. d) No la formula ni el expropiado ni la Administración.

64. PARA PROCEDER A LA EXPROPIACIÓN FORZOSA SERÁ INDISPENSABLE LA PREVIA DECLARACIÓN DE UTILIDAD PÚBLICA O INTERÉS SOCIAL DEL FIN A QUE HAYA DE AFECTARSE EL OBJETO EXPROPIADO. a) Verdadero. b) Con excepción de las expropiaciones de bienes muebles. c) Con excepción de las expropiaciones de bienes inmuebles. d) Falso.

65. SI EL PROPIETARIO RECHAZARA EL PRECIO FUNDADO OFRECIDO POR LA ADMINISTRACIÓN, SE PASARÁ EL EXPEDIENTE DE JUSTIPRECIO: a) A la abogacía del Estado. b) Al Jurado provincial de expropiación. c) Al Juzgado de lo Contencioso-administrativo. d) A ninguno de los anteriores.

66. LA EXPROPIACIÓN FORZOSA NO PODRÁ SER ACORDADA POR: a) El Estado. b) Una Provincia. c) Un Municipio. d) Un organismo autónomo.

67. LOS DAÑOS MORALES. a) Son indemnizables, aunque su valoración económica sea difícil. b) No son indemnizables, pues su valoración económica es imposible. c) Son indemnizables cuando para su valoración económica haya acuerdo entre la Administración y el reclamante. d) Son indemnizables cuando su valoración económica sea inferior a 50.000 €.

68. PARA QUE SE PUEDA EXIGIR LA RESPONSABILIDAD DEL ESTADO LEGISLADOR ES NECESARIO QUE LOS DAÑOS SE DERIVEN: a) De normas con rango de ley cuya inconstitucionalidad esté siendo al menos analizada por el Tribunal Constitucional. b) De normas con rango de ley cuya inconstitucionalidad sea alegada junto con la reclamación de responsabilidad si no han sido previamente declaradas inconstitucionales por el Tribunal Constitucional. c) De normas con rango de ley cuya inconstitucionalidad haya sido previamente declarada por el Tribunal Constitucional. d) De normas con rango de ley del Estado -nunca de las Comunidades Autónomas- cuya inconstitucionalidad haya sido previamente declarada por el Tribunal Constitucional.

69. EL JURADO PROVINCIAL DE EXPROPIACIÓN, QUE SE CONSTITUIRÁ EN CADA CAPITAL DE PROVINCIA, ESTARÁ FORMADO POR UN PRESIDENTE, QUE LO SERÁ EL MAGISTRADO QUE DESIGNE EL PRESIDENTE DE LA AUDIENCIA CORRESPONDIENTE, Y CUATRO VOCALES, ENTRE LOS QUE NO SE ENCUENTRA: a) Un Abogado del Estado de la respectiva Delegación Hacienda. b) Dos funcionarios técnicos designados por la Delegación de Hacienda de la provincia, que serán nombrados según la naturaleza de los bienes a expropiar. c) Un magistrado de lo contencioso-administrativo. d) Un Notario de libre designación por el Decano del Colegio Notarial correspondiente.

70. ES PRESUPUESTO DEL EJERCICIO DEL DERECHO DE REVERSIÓN: a) La restitución de la indemnización expropiatoria percibida por el expropiado, actualizada conforme a la evolución del índice de precios al consumo en el período comprendido entre la fecha de iniciación del expediente de justiprecio y la de ejercicio del derecho de reversión. La determinación de este importe se efectuará por la Administración en el mismo acuerdo que reconozca el derecho de reversión. b) La restitución de la indemnización expropiatoria percibida por el expropiado. La determinación de este importe se efectuará por la Administración en el mismo acuerdo que reconozca el derecho de reversión. c) La restitución de la indemnización expropiatoria percibida por el expropiado, actualizada conforme a la evolución del índice de precios al consumo en el período comprendido entre la fecha de iniciación del expediente de justiprecio y la de ejercicio del derecho de reversión. La determinación de este importe se efectuará por el Jurado provincial de expropiación. d) La restitución de la indemnización expropiatoria percibida por el expropiado. La determinación de este importe se efectuará por el Jurado provincial de expropiación.