AGE - Bloque 1 - Tema 7 - Ley 19/2013 Ley transparencia...

Según el artículo 1 de la Ley 19/2013, ¿qué tres objetivos recoge la ley?. Ampliar la transparencia de la actividad pública, regular la reutilización de documentos y establecer las incompatibilidades de los empleados públicos. Reforzar la publicidad de las normas, garantizar el acceso de los interesados a sus expedientes y regular la responsabilidad patrimonial. Ampliar y reforzar la transparencia de la actividad pública, regular y garantizar el acceso a la información sobre esa actividad y establecer las obligaciones de buen gobierno y las consecuencias de incumplirlas. Garantizar la transparencia de la contratación pública, regular el acceso a los archivos históricos y establecer las obligaciones de los adjudicatarios.

Conforme al artículo 1, ¿a quién atribuye la ley las obligaciones de buen gobierno que menciona al definir su objeto?. A los responsables públicos. A las entidades privadas que reciban subvenciones públicas. A los ciudadanos que ejerzan el derecho de acceso. A los adjudicatarios de contratos del sector público.

Según el artículo 2.1.a), ¿qué relación reproduce el ámbito de aplicación previsto en esa letra?. La Administración General del Estado, las Cortes Generales, las asambleas autonómicas y las diputaciones provinciales. La Administración General del Estado, las Administraciones autonómicas y los municipios que sean capitales de provincia. La Administración General del Estado, las Administraciones autonómicas y las entidades locales que reciban financiación estatal. La Administración General del Estado, las Administraciones de las comunidades autónomas y de Ceuta y Melilla, y las entidades que integran la Administración local.

De acuerdo con el artículo 2.1.b), además de las entidades gestoras y los servicios comunes de la Seguridad Social, ¿qué entidades quedan comprendidas expresamente en esa letra?. Las mutualidades de previsión social que ofrezcan prestaciones complementarias. Las mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales colaboradoras de la Seguridad Social. Las entidades aseguradoras que cubran contingencias profesionales mediante pólizas privadas. Los servicios de prevención ajenos acreditados por la autoridad laboral.

Conforme al artículo 2.1.c), una entidad de Derecho público goza de independencia funcional. ¿Qué funciones debe tener atribuidas para encajar en la previsión específica sobre regulación o supervisión?. La fiscalización interna del gasto del departamento al que esté adscrita. La coordinación de las unidades administrativas de su propia organización. La regulación o supervisión externa de un sector o actividad determinados. La supervisión del personal que presta servicio en sus órganos dependientes.

Según el artículo 2.1.d), ¿qué universidad está expresamente incluida entre las entidades de Derecho público con personalidad jurídica propia vinculadas a una Administración o dependientes de ella?. Una universidad privada que expida títulos oficiales. Una universidad pública. Una universidad privada que reciba becas para proyectos de investigación. Una universidad privada que tenga un convenio de prácticas con un ministerio.

Conforme al artículo 2.1.e), un colegio profesional constituido como corporación de Derecho público realiza actividades sujetas a distintos regímenes jurídicos. ¿A cuáles se aplica el título I por esta condición?. A las actividades sujetas a Derecho administrativo. A las actividades que generen ingresos por cuotas colegiales. A las actividades financiadas con cargo a una subvención pública. A las actividades que afecten a la totalidad de sus colegiados.

Según el artículo 2.1.f), ¿qué pareja de instituciones figura expresamente en la enumeración, en relación con sus actividades sujetas a Derecho administrativo?. El Banco de España y el Consejo de Ministros. El Consejo de Estado y la Conferencia de Presidentes. El Tribunal de Cuentas y la Comisión General de Secretarios de Estado y Subsecretarios. El Defensor del Pueblo y el Consejo Económico y Social.

Conforme al artículo 2.1.g), ¿qué sociedad mercantil queda incluida por razón de la participación de las entidades enumeradas en el artículo 2?. Una sociedad en la que la participación pública directa es del 50 %, sin participación indirecta. Una sociedad en la que la participación pública total es del 49 %, aunque sus ventas a la Administración representen el 70 % de sus ingresos. Una sociedad en la que la participación pública indirecta en el capital social es del 51 %. Una sociedad en la que la participación pública total es del 45 %, aunque sea la mayor participación de un accionista.

De acuerdo con el artículo 2.1.h), ¿qué criterio determina la inclusión de una fundación en esa letra?. Que tenga la condición de fundación del sector público conforme a la legislación en materia de fundaciones. Que desarrolle fines de interés general y reciba alguna ayuda pública para realizarlos. Que tenga entre sus patronos a una persona que ocupe un cargo público. Que haya celebrado un convenio de colaboración con una universidad pública.

Conforme al artículo 2.1.i), ¿qué asociación está incluida atendiendo a quién la ha constituido?. Una asociación constituida por empleados públicos a título particular. Una asociación vecinal inscrita en un registro municipal de asociaciones. Una asociación constituida por los usuarios de un servicio público. Una asociación constituida por dos ayuntamientos y una diputación provincial.

Según el artículo 2.1.i), un órgano de cooperación carece de estructura administrativa propia y le resultan aplicables obligaciones del título I. ¿Qué Administración debe cumplirlas?. La que tenga atribuida la presidencia del órgano. La que ostente la secretaría del órgano. La que aporte la mayor parte de su financiación. La que haya promovido su constitución.

Conforme al artículo 2.2, ¿cuál de las siguientes entidades tiene la consideración de Administración pública a efectos del título I?. Una sociedad mercantil cuyo capital pertenece íntegramente al Estado. Una fundación del sector público estatal. Una entidad pública empresarial. Una corporación de Derecho público en el ejercicio de funciones administrativas.

Según los artículos 2.1 y 2.2, ¿cuál de estas entidades está incluida en el ámbito del título I y queda fuera de la definición de Administración pública que ese título utiliza?. Una fundación del sector público. Una universidad pública. Un organismo autónomo. Una entidad gestora de la Seguridad Social.

De acuerdo con el artículo 3, ¿qué disposiciones se extienden a los sujetos enumerados en él?. Las de todo el título I, incluida la tramitación de las solicitudes de acceso. Las del capítulo del título I que regula el derecho de acceso a la información pública. Las del título II relativas a las obligaciones de buen gobierno. Las del capítulo II del título I, relativo a la publicidad activa.

Según el artículo 3.a), ¿qué grupo de sujetos queda incluido por su propia condición, con independencia de los importes de ayudas o subvenciones que perciba?. Los partidos políticos, las asociaciones vecinales y las organizaciones empresariales. Los partidos políticos, las organizaciones sindicales y las organizaciones empresariales. Las organizaciones sindicales, las fundaciones privadas y los partidos políticos. Las organizaciones empresariales, las asociaciones de consumidores y las organizaciones sindicales.

Conforme al artículo 3.b), una entidad privada ingresa 400.000 € en un año, de los cuales exactamente 100.000 € son subvenciones públicas. ¿Queda incluida por las cifras indicadas?. Sí, porque alcanzar 100.000 € basta para cumplir el umbral por cuantía. Sí, porque las subvenciones superan el mínimo de 5.000 €, con independencia del porcentaje. No, porque las subvenciones no superan los 100.000 € y representan el 25 % de los ingresos. No, porque para aplicar cualquiera de las dos vías la financiación pública debe alcanzar el 50 % de los ingresos.

Según el artículo 3.b), una asociación privada tiene ingresos anuales de 12.500 €, de los que 5.000 € proceden de una subvención pública. ¿Qué resultado corresponde?. Queda incluida porque la ayuda alcanza tanto el 40 % de los ingresos como el mínimo de 5.000 €. Queda excluida porque la proporción de financiación pública debe superar el 40 %. Queda excluida porque el importe de la subvención debe superar los 5.000 €. Queda incluida porque cualquier subvención de 5.000 € basta, sea cual sea el total de ingresos.

Conforme al artículo 3.b), una entidad privada recibe 4.800 € en ayudas públicas durante un año, equivalentes al 80 % de sus ingresos anuales. ¿Cumple los requisitos económicos?. Sí, porque las ayudas públicas representan más del 40 % de sus ingresos. Sí, porque las ayudas públicas son su principal fuente de financiación. Sí, porque el mínimo de 5.000 € se refiere a sus ingresos anuales totales. No, porque la cuantía de las ayudas no alcanza el mínimo exigido para la vía porcentual.

Según el artículo 3.b), una entidad privada ingresa 2.000.000 € en un año, de los que 120.000 € son ayudas públicas. ¿Queda sujeta a publicidad activa por este precepto?. No, porque las ayudas representan el 6 % de sus ingresos. Sí, porque supera los 100.000 € de ayudas públicas durante el período de un año. Sí, siempre que una misma Administración haya concedido más de 100.000 € en una única ayuda. No, salvo que la entidad tenga además la condición de prestadora de un servicio público.

Conforme al artículo 3.b), cuatro entidades privadas reciben las siguientes ayudas públicas durante un año. ¿Cuál cumple los requisitos por la vía porcentual?. La que recibe 6.000 € en ayudas y tiene 15.000 € de ingresos anuales. La que recibe 8.000 € en ayudas y tiene 25.000 € de ingresos anuales. La que recibe 4.500 € en ayudas y tiene 9.000 € de ingresos anuales. La que recibe 5.000 € en ayudas y tiene 20.000 € de ingresos anuales.

Según el artículo 4, ¿a qué personas se refiere la primera previsión sobre la obligación de suministrar información?. A las personas jurídicas que perciban ayudas públicas y ejerzan una actividad económica regulada. A las personas físicas que trabajen por cuenta ajena para una empresa del sector público. A las personas físicas o jurídicas, distintas de las de los artículos anteriores, que presten servicios públicos o ejerzan potestades administrativas. A las personas físicas o jurídicas que presten un servicio público y, además, ejerzan potestades administrativas.

Conforme al artículo 4, un ayuntamiento requiere información a una empresa vinculada a él que presta un servicio público y está comprendida en ese artículo. ¿A quién debe suministrársela la empresa?. Al Consejo de Transparencia y Buen Gobierno para que la remita al ayuntamiento. A la persona que haya solicitado acceso a la información municipal. A la Administración que ejerza la tutela financiera sobre el ayuntamiento. Al ayuntamiento al que se encuentra vinculada.

Según el artículo 4, ¿cuándo y con qué alcance debe suministrar información una persona que ejerce potestades administrativas y está comprendida en ese precepto?. Cada año, mediante una memoria que recoja la totalidad de su actividad. Previo requerimiento, aportando la información necesaria para que la entidad a la que está vinculada cumpla sus obligaciones del título I. A petición de cualquier ciudadano, entregándole directamente los documentos relativos a su actividad. De oficio, al finalizar cada procedimiento en el que haya ejercido una potestad administrativa.

Conforme al artículo 4, ¿en qué términos se extiende a los adjudicatarios de contratos del sector público la obligación de suministrar información?. En los que fije la Administración contratante al liquidar el contrato. En los que establezca la resolución anual del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno. En los previstos en el respectivo contrato. En los que resulten del porcentaje de ingresos públicos del adjudicatario.