AGE - Bloque 3 - Tema 1

Para que una costumbre pueda aplicarse como fuente del Derecho es necesario que: No exista reglamento aplicable, aunque sí exista una ley. No exista ley aplicable, no sea contraria a la moral ni al orden público y resulte probada. Haya sido reconocida previamente por dos sentencias del Tribunal Supremo. Sea notoria, general y favorable al interesado.

Los usos jurídicos que no sean meramente interpretativos de una declaración de voluntad: Tendrán la consideración de principios generales del Derecho. Solo serán aplicables si una ley se remite expresamente a ellos. Tendrán la consideración de costumbre. Integrarán la jurisprudencia menor cuando hayan sido reconocidos judicialmente.

Los principios generales del Derecho: Se aplican en defecto de ley, aunque exista una costumbre aplicable. Se aplican en defecto de ley y costumbre y, además, informan el ordenamiento jurídico. Solo son aplicables cuando han sido positivizados por una ley. Tienen carácter informador, pero no pueden resolver directamente un supuesto.

¿Cuándo complementa la jurisprudencia el ordenamiento jurídico, conforme al Código Civil?. Cuando cualquier órgano judicial establece una doctrina en dos sentencias. Cuando el Tribunal Constitucional interpreta una ley o una costumbre. Cuando el Tribunal Supremo establece de modo reiterado doctrina al interpretar y aplicar la ley, la costumbre y los principios generales del Derecho. Cuando el Tribunal Supremo dicta una sentencia en un recurso de casación.

Ante una laguna normativa, los jueces y tribunales: Podrán abstenerse de resolver hasta que el legislador regule la materia. Deberán resolver conforme a la equidad, prescindiendo del sistema de fuentes. Tienen el deber inexcusable de resolver ateniéndose al sistema de fuentes establecido. Elevarán consulta vinculante al Tribunal Supremo.

Las normas contenidas en los tratados internacionales serán de aplicación directa en España: Desde que el representante español preste el consentimiento. Desde su ratificación, aunque todavía no se hayan publicado. Cuando pasen a formar parte del ordenamiento interno mediante su publicación íntegra en el BOE. Desde su firma, si no requieren autorización de las Cortes Generales.

Si una ley no establece expresamente su fecha de entrada en vigor, comenzará a regir: Al día siguiente de su publicación completa en el BOE. A los veinte días de su completa publicación en el BOE. A los veinte días hábiles de su publicación oficial. A los treinta días naturales de su promulgación.

La simple derogación de una ley que anteriormente había derogado otra norma produce que: La norma primitiva recobre automáticamente su vigencia. La norma primitiva recobre vigencia si no resulta incompatible con la nueva regulación. No recobren vigencia las normas que aquella hubiera derogado. Recobre vigencia la norma anterior si la derogación es expresa.

¿Cuál de los siguientes principios NO aparece expresamente garantizado en el artículo 9.3 de la Constitución?. La publicidad de las normas. La seguridad jurídica. La interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos. La proporcionalidad de la actuación administrativa.

La sujeción a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico alcanza: A los poderes públicos, mientras que los ciudadanos quedan sujetos directamente a las leyes. A los ciudadanos y a los poderes públicos. A los poderes públicos y a quienes mantengan una relación especial de sujeción con la Administración. A los órganos constitucionales y administrativos, pero no al legislador.

¿Cuál de las siguientes materias está constitucionalmente reservada a ley orgánica?. Cualquier regulación relacionada con los derechos contenidos en el título I. El desarrollo de los derechos fundamentales y las libertades públicas. Toda regulación que limite derechos individuales. El régimen jurídico general de las Administraciones públicas.

La aprobación, modificación o derogación de una ley orgánica requiere: Mayoría absoluta del Congreso y del Senado en votación final. Mayoría absoluta del Congreso en una votación final sobre el conjunto del proyecto. Mayoría de tres quintos del Congreso en votación final. Mayoría absoluta del Congreso en cada votación del procedimiento legislativo.

Respecto de la relación entre ley orgánica y ley ordinaria, señale la afirmación más correcta: La ley orgánica es jerárquicamente superior a la ley ordinaria en cualquier materia. Ambas tienen idéntico procedimiento de aprobación, pero diferente denominación. Su relación se basa principalmente en la competencia material: la ley orgánica debe respetar las materias que la Constitución le reserva. La ley ordinaria puede modificar una ley orgánica cuando sea posterior y más específica.

Las Cortes Generales pueden delegar en el Gobierno la potestad de dictar normas con rango de ley: Sobre cualquier materia, siempre que la delegación sea expresa. Sobre materias determinadas no incluidas en el ámbito reservado a la ley orgánica. Sobre materias propias de ley orgánica, mediante una ley de bases aprobada por mayoría absoluta. Sobre materias determinadas, pudiendo autorizar al Gobierno para subdelegar.

Cuando la delegación legislativa tenga por objeto la formación de un texto articulado deberá otorgarse mediante: Ley ordinaria. Ley de bases. Ley orgánica. Decreto-ley posteriormente convalidado.

La delegación para refundir varios textos legales en uno solo debe concederse mediante: Una ley ordinaria. Una ley de bases. Una ley orgánica de delegación. Un acuerdo de las Mesas del Congreso y del Senado.

La delegación legislativa: Puede entenderse concedida implícitamente cuando resulte imprescindible para ejecutar una ley. Puede otorgarse por tiempo indeterminado si se delimita la materia. Debe otorgarse expresamente, para materia concreta y fijando el plazo para su ejercicio. Se agota cuando el Consejo de Ministros aprueba el correspondiente proyecto normativo.

Una ley de bases puede autorizar al Gobierno para: Modificar la propia ley de bases cuando resulte necesario para elaborar el texto articulado. Dictar normas retroactivas si son favorables. Elaborar un texto articulado respetando los principios y criterios de la delegación. Subdelegar la elaboración normativa en uno o varios ministros.

Las disposiciones del Gobierno que contengan legislación delegada reciben el título de: Reales Decretos-leyes. Reales Decretos Legislativos. Leyes delegadas del Gobierno. Reglamentos legislativos.

Las disposiciones del Gobierno que contengan legislación delegada reciben el título de: Reales Decretos-leyes. Reales Decretos Legislativos. Leyes delegadas del Gobierno. Reglamentos legislativos.

El presupuesto habilitante para aprobar un decreto-ley es: Una necesidad urgente apreciada por las Cortes Generales. Una situación de extraordinaria y urgente necesidad apreciada inicialmente por el Gobierno. Una necesidad excepcional que impida reunir al Congreso y al Senado. La existencia de una delegación legislativa previa.

Un decreto-ley no podrá afectar: A las instituciones básicas del Estado, los derechos del título II, el régimen autonómico y el régimen electoral general. Al ordenamiento de las instituciones básicas del Estado, los derechos, deberes y libertades del título I, el régimen de las comunidades autónomas y el Derecho electoral general. A los derechos fundamentales de la sección primera, los Estatutos de Autonomía y las leyes electorales autonómicas. A ninguna materia reservada constitucionalmente a ley.

Los decretos-leyes deben someterse a debate y votación de totalidad: Al Congreso y al Senado, dentro de los treinta días siguientes a su publicación. Al Congreso, dentro de los treinta días siguientes a su promulgación. Al Congreso, dentro de los veinte días naturales siguientes a su aprobación. A las Cortes Generales, dentro del mes siguiente a su entrada en vigor.

Durante el plazo previsto para su convalidación, un decreto-ley: Podrá tramitarse como proyecto de ley por el procedimiento de urgencia. Podrá tramitarse como proposición de ley mediante el procedimiento ordinario. No podrá modificarse hasta que haya sido convalidado. Podrá tramitarse como proyecto de ley orgánica si afecta al título I.

Una Asamblea autonómica que desee ejercer la iniciativa legislativa estatal podrá: Remitir una proposición de ley al Gobierno, delegando un máximo de tres miembros para su defensa. Solicitar al Gobierno que adopte un proyecto de ley o remitir a la Mesa del Congreso una proposición de ley. Remitir directamente un proyecto de ley al Congreso o al Senado. Presentar una proposición de ley ante cualquiera de las Cámaras, delegando un máximo de cinco miembros.

La iniciativa legislativa popular no procede en materias: Orgánicas, presupuestarias, internacionales ni relativas a la prerrogativa de gracia. Orgánicas, tributarias, internacionales ni relativas a la prerrogativa de gracia. Tributarias, presupuestarias, electorales ni internacionales. Orgánicas, tributarias, presupuestarias o sancionadoras.

Los proyectos de ley son aprobados por: El Presidente del Gobierno, que los remite a la Mesa del Congreso. El Consejo de Ministros, que los somete al Congreso acompañados de una exposición de motivos y los antecedentes necesarios. La Comisión General de Secretarios de Estado y Subsecretarios, antes de su remisión a las Cortes. El Congreso, a propuesta del Consejo de Ministros.

Una vez celebrados válidamente y publicados oficialmente en España, los tratados internacionales: Forman parte del ordenamiento interno y pueden ser modificados por una ley posterior. Forman parte del ordenamiento interno y sus disposiciones solo pueden derogarse, modificarse o suspenderse conforme al propio tratado o al Derecho internacional. Solo forman parte del ordenamiento interno si han sido autorizados mediante ley orgánica. Se aplican directamente, aunque contengan estipulaciones contrarias a la Constitución.

La celebración de un tratado por el que se atribuya a una organización internacional el ejercicio de competencias derivadas de la Constitución podrá autorizarse mediante: Ley ordinaria. Ley orgánica. Acuerdo del Congreso por mayoría absoluta. Real decreto acordado en Consejo de Ministros.

La potestad reglamentaria estatal corresponde constitucionalmente: Al Gobierno, de acuerdo con la Constitución y las leyes. A la Administración General del Estado, bajo la dirección del Gobierno. Al Consejo de Ministros y a los ministros en idénticas condiciones. Al Gobierno, de acuerdo con la Constitución, las leyes y los principios generales del Derecho, en ese orden.

De acuerdo con la Ley del Gobierno, los ministros ejercen la potestad reglamentaria: En las materias propias de su departamento. En las materias delegadas expresamente por el Consejo de Ministros. Para desarrollar cualquier ley cuya ejecución afecte a su departamento. En materias organizativas, pues los reglamentos ejecutivos corresponden siempre al Consejo de Ministros.

Según la Ley 39/2015, la potestad reglamentaria corresponde: Al Gobierno de la Nación y a los órganos de gobierno autonómicos, pero no a las entidades locales. Al Gobierno de la Nación, a las Asambleas autonómicas y a los plenos municipales. Al Gobierno de la Nación, a los órganos de gobierno de las comunidades autónomas y a los órganos de gobierno locales, conforme a sus normas reguladoras. A todas las Administraciones públicas y entidades del sector público institucional.

Los reglamentos y disposiciones administrativas: Pueden regular materias reservadas a la ley cuando exista una habilitación reglamentaria genérica. No pueden vulnerar la Constitución o las leyes ni regular materias reservadas a las Cortes Generales o a las Asambleas legislativas autonómicas. Pueden desplazar una ley anterior cuando procedan de un órgano competente y sean posteriores. Pueden contradecir una ley dispositiva, pero no una ley imperativa.

Sin perjuicio de su función de desarrollo o colaboración con la ley, un reglamento: Puede tipificar infracciones administrativas si la ley determina las sanciones correspondientes. Puede concretar infracciones y crear sanciones accesorias de escasa entidad. No puede tipificar infracciones administrativas ni establecer penas o sanciones. Puede establecer infracciones, pero no delitos ni penas.

¿Cuál de las siguientes medidas tampoco puede establecer directamente un reglamento?. Un trámite administrativo de carácter organizativo. Un criterio técnico para ejecutar una ley. Un tributo o una prestación patrimonial de carácter público. Un plazo de actuación cuando la ley permita su desarrollo reglamentario.

Dentro de las disposiciones reglamentarias estatales, la jerarquía establecida por la Ley del Gobierno sitúa: Los reales decretos del Consejo de Ministros por encima de los reales decretos del Presidente del Gobierno. Las órdenes ministeriales por encima de los reales decretos del Presidente cuando desarrollen una ley. En un primer nivel, las disposiciones aprobadas por real decreto del Presidente o acordado en Consejo de Ministros y, después, las órdenes ministeriales. En idéntico nivel todas las disposiciones aprobadas por miembros del Gobierno.

La relación entre un real decreto del Presidente del Gobierno y un real decreto acordado en Consejo de Ministros se rige principalmente por: La jerarquía, pues el real decreto del Presidente es siempre superior. La competencia, ya que ambos aparecen situados en el mismo escalón reglamentario. La temporalidad, prevaleciendo en todo caso el más reciente. La especialidad, aunque uno de ellos haya sido dictado por órgano incompetente.

Cuando una disposición o resolución ministerial afecte a varios departamentos adoptará la forma de: Real decreto del Consejo de Ministros, a propuesta de los ministros afectados. Orden conjunta de todos los ministros interesados. Orden del Ministro de la Presidencia, dictada a propuesta de los ministros interesados. Acuerdo de la Comisión Delegada del Gobierno competente.

Una resolución particular dictada por un ministro contradice un reglamento aprobado por una dirección general de ese mismo departamento. La resolución: Prevalece por proceder de un órgano jerárquicamente superior. Prevalece si está suficientemente motivada. No puede vulnerar la disposición general, aunque proceda de un órgano superior. Será válida mientras no sea anulada mediante un recurso directo contra el reglamento.

Una disposición administrativa que regula una materia reservada a la ley es: Anulable, salvo que haya sido informada favorablemente por el Consejo de Estado. Nula de pleno derecho. Irregular, pero convalidable por una ley posterior. Válida hasta que sea suspendida por la jurisdicción contencioso-administrativa.

El control de la potestad reglamentaria y de la legalidad de la actuación administrativa corresponde: Al Tribunal Constitucional. A los tribunales. Al Consejo de Estado, mediante dictámenes vinculantes. A las Cortes Generales, sin perjuicio del control judicial de los actos administrativos.

Para que las normas con rango de ley, los reglamentos y las disposiciones administrativas entren en vigor y produzcan efectos jurídicos: Deben publicarse en el BOE, cualquiera que sea la Administración autora. Deben publicarse en el diario oficial correspondiente. Basta con su publicación en el portal web de la Administración competente. Deben publicarse en el diario oficial y en el Portal de la Transparencia.

¿Cuál de las siguientes enumeraciones contiene exclusivamente principios de buena regulación?. Necesidad, eficacia, proporcionalidad, seguridad jurídica, transparencia y eficiencia. Necesidad, economía, jerarquía, descentralización, transparencia y eficacia. Legalidad, necesidad, coordinación, seguridad jurídica, publicidad y eficiencia. Eficacia, desconcentración, proporcionalidad, participación, economía y transparencia.

Podrá prescindirse de los trámites de consulta, audiencia e información públicas previstos en el artículo 133 de la Ley 39/2015: En todas las normas reglamentarias internas y cuando concurran razones de oportunidad. En normas presupuestarias u organizativas o cuando concurran razones graves de interés público que lo justifiquen. En normas tributarias, presupuestarias o de carácter urgente. Siempre que la futura norma no afecte a derechos fundamentales.

Dentro del sistema autonómico de fuentes, los Estatutos de Autonomía son: Reglamentos territoriales subordinados a todas las leyes estatales. La norma institucional básica de cada comunidad autónoma y parte integrante del ordenamiento jurídico del Estado. Normas constitucionales territoriales situadas al mismo nivel que la Constitución. Leyes autonómicas reforzadas aprobadas por la respectiva Asamblea legislativa.

La reforma de un Estatuto de Autonomía: Se ajustará al procedimiento establecido por una ley orgánica estatal común a todas las comunidades. Se ajustará al procedimiento establecido en el propio Estatuto y requerirá, en todo caso, aprobación de las Cortes Generales mediante ley orgánica. Corresponde a la Asamblea autonómica y debe ser ratificada por el Congreso por mayoría simple. Requiere siempre referéndum autonómico y aprobación de ambas Cámaras por mayoría absoluta.

Las materias que la Constitución no atribuye expresamente al Estado: Corresponden automáticamente a las comunidades autónomas. Podrán corresponder a las comunidades autónomas en virtud de sus respectivos Estatutos; las no asumidas corresponderán al Estado. Corresponden al Estado hasta que sean transferidas mediante ley orgánica. Se consideran competencias concurrentes del Estado y las comunidades autónomas.

En relación con los principios de prevalencia y supletoriedad del Derecho estatal, señale la respuesta correcta: Las normas estatales prevalecen siempre sobre las autonómicas y son supletorias únicamente en materias compartidas. Las normas estatales prevalecen en caso de conflicto en todo lo no atribuido a la competencia exclusiva autonómica, y el Derecho estatal es en todo caso supletorio del autonómico. La legislación autonómica prevalece en las competencias asumidas, mientras que el Derecho estatal carece en ellas de cualquier función supletoria. Prevalencia y supletoriedad permiten al Estado regular cualquier materia autonómica ante la ausencia de legislación de la comunidad.

Señale la correspondencia correcta entre instrumento y función en las relaciones entre el ordenamiento estatal y los autonómicos: Ley marco: transfiere facultades estatales; ley orgánica: armoniza normas autonómicas; ley de armonización: fija bases para legislación autonómica. Ley marco: permite a las comunidades dictar normas legislativas dentro de principios estatales; ley orgánica: transfiere o delega facultades estatales transferibles; ley de armonización: establece principios necesarios por interés general. Ley marco: atribuye potestades reglamentarias; ley orgánica: resuelve conflictos competenciales; ley de armonización: suspende leyes autonómicas. Ley marco: delega competencias ejecutivas; ley orgánica: atribuye competencias legislativas propias; ley de armonización: sustituye temporalmente los Estatutos.

De acuerdo con la Constitución, ¿qué correspondencia entre la actividad autonómica y su órgano de control es correcta?. El Tribunal Constitucional controla la administración autonómica y sus disposiciones reglamentarias. El Gobierno, previo dictamen del Consejo de Estado, controla las normas autonómicas con fuerza de ley. La jurisdicción contencioso-administrativa controla la administración autonómica y sus normas reglamentarias. El Tribunal de Cuentas controla el ejercicio de las funciones estatales transferidas o delegadas.