Agente Hacienda - Promoción Interna R 2018 - Tipo A

¿Quiénes estarán legitimados para interponer el recurso de amparo de acuerdo con el artículo 162 de la Constitución Española?. El Presidente del Consejo de Estado. Toda persona natural o jurídica que invoque un interés legítimo. El Presidente del Tribunal Supremo. 25 diputados o 25 senadores.

¿Cuál de los siguientes derechos NO es susceptible de amparo constitucional?. Derecho de reunión pacífica y sin armas. Derecho de asociación. Derecho al honor y la intimidad personal y familiar. Derecho a la propiedad privada y a la herencia.

Los miembros del Tribunal Constitucional deberán ser nombrados entre Magistrados y Fiscales, Profesores de Universidad, funcionarios públicos y Abogados, todos ellos juristas de reconocida competencia con: Más de 10 años de ejercicio profesional. Más de 12 años de ejercicio profesional. Más de 15 años de ejercicio profesional. Más de 20 años de ejercicio profesional.

El artículo 78 de la Constitución Española prevé la existencia en cada Cámara de una Diputación Permanente compuesta por un mínimo de: 12 miembros. 21 miembros. 24 miembros. 50 miembros.

Señale cuál de las respuestas NO es correcta en relación al del Defensor del Pueblo. Podrá ser elegido Defensor del Pueblo cualquier español mayor de edad que se encuentre en pleno disfrute de sus derechos civiles y políticos. El Defensor del Pueblo será elegido por las Cortes Generales para un período de seis años. El Defensor del Pueblo no estará sujeto a mandato imperativo alguno. El Defensor del Pueblo gozará de inviolabilidad.

Señale cuál de las siguientes afirmaciones es correcta, en relación con las Cortes Generales según el Titulo III de la Constitución Española de 1978. Los miembros de las Cortes Generales están ligados por mandato imperativo. Las reuniones de Parlamentarios vinculan a las Cámaras, aunque se hayan celebrado sin convocatoria reglamentaria. Nadie podrá ser miembro simultáneamente del Congreso de los Diputados y del Senado, pero sí se podrá acumular el acta de una Asamblea de Comunidad Autónoma con la de Diputado al Congreso. Las Cortes Generales son inviolables.

¿Cuantos Senadores se elegirán por sufragio universal, libre, igual, directo y secreto en las ciudades de Ceuta y Melilla?. 4 Senadores en cada una de ellas. 3 Senadores en cada una de ellas. 2 Senadores en cada una de ellas. 1 Senador en cada una de ellas.

En el procedimiento ordinario de nombramiento del Presidente del Gobierno, si el Congreso de los Diputados no otorgare su confianza por el voto de la mayoría absoluta de sus miembros al candidato propuesto, ¿en qué plazo se someterá la misma propuesta a nueva votación?. 1 mes. 3 días. 48 horas. 24 horas.

¿Qué tipo de disposición debe amparar el nombramiento y revocación de los Delegados del Gobierno en las Comunidades Autónomas?. Real Decreto. Ley. Orden Ministerial. Ley orgánica.

¿Cuál de los siguientes requisitos debe reunir una fundación para ser considerada fundación del sector público estatal?. Que cuenten con una aportación inicial para su constitución de al menos el 40% de sus fondos procedentes de la Administración General del Estado o cualquiera de las entidades del Sector Público Institucional. Que el patrimonio de la fundación este integrado en más de un 50% por bienes o derechos aportados o cedidos por sujetos integrantes del Sector Público Institucional Estatal con carácter permanente. Que al menos el 40% de derechos de votos en su patronato corresponda a representantes del Sector Público Institucional Estatal. Que cuenten con unos beneficios por explotación superiores a la aportación inicial realizada por la Administración General del Estado.

Entre las instituciones de la Unión Europea figura el “Consejo” que: Está constituido por los Jefes de Estado o de Gobierno, su Presidente y el Presidente de la Comisión. Tiene una función exclusivamente legislativa. Toma sus decisiones siempre por mayoría cualificada, siguiendo el “método de doble mayoría” (Estados, población). Está asistido normalmente por un Comité de Representantes Permanentes (COREPER), constituido por delegaciones de cada Estado Miembro dirigidas por representantes permanentes, normalmente diplomáticos.

Según dispone el artículo 143 de la Constitución de 1978, la iniciativa en el proceso autonómico corresponde a: Las Diputaciones provinciales interesadas o Cabildos insulares y las tres cuartas partes de los municipios cuya población represente al menos, la mayoría del censo electoral de cada provincia o isla. Las Cortes Generales, mediante ley orgánica y motivos de interés nacional. Las Diputaciones interesadas o al órgano interinsular correspondiente y a las dos terceras partes de los municipios cuya población represente, al menos, la mayoría del censo electoral de cada provincia o isla. Los órganos preautonómicos colegiados.

¿Quién ejerce el control de la actividad de los órganos de las Comunidades Autónomas?. El Tribunal Constitucional en lo referente al aspecto económico y presupuestario. El Ministro del Interior. La jurisdicción contencioso–administrativa, en lo relativo a la administración autónoma y sus normas reglamentarias. El Tribunal Económico Administrativo en relación al aspecto económico.

Los Delegados del Gobierno en las Comunidades Autónomas: Tienen rango de Subsecretario. Realizan funciones de coordinación administrativa con las Comunidades Autónomas, pero no así con las Entidades Locales. Dependen orgánicamente del Presidente del Gobierno y funcionalmente de la Consejería autonómica correspondiente por razón de la materia. Dependen orgánicamente de la Comunidad Autónoma en la que están destinados y funcionalmente del Ministerio competente por razón de la materia.

Según el artículo 2 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, NO se entiende por Administraciones Publicas: Las fundaciones del sector público. Las entidades que forman la Administración Local. Las Universidades Públicas. Las Agencias Estatales.

En relación a los sistemas de firma admitidos por las Administraciones Públicas, señale la afirmación correcta: Las Administraciones no están obligadas a verificar la identidad electrónica de los interesados en el procedimiento administrativo, mediante la comprobación de su nombre y apellidos. Las Administraciones, de manera opcional, deberán garantizar que los interesados puedan relacionarse con las Administraciones Públicas a través de medios electrónicos. Los interesados podrán firmar a través de cualquier medio que permita acreditar la autenticidad de la expresión de su voluntad y consentimiento, así como la integridad e inalterabilidad del documento. Los interesados sólo podrán firmar a través del sistema clave, firma electrónica y DNI electrónico.

Respecto a la actuación administrativa automatizada, señale cuál de las siguientes opciones NO es correcta. Incluye tanto la resolución de actos de trámite como resolutorios de un procedimiento administrativo. Es un sistema de actuación programado que no requiere la intervención de una persona física. Solo se pueden firmar electrónicamente con el sello electrónico del organismo, nunca con Código Seguro de Verificación (CSV). Mediante este procedimiento es posible realizar actos de comunicación de forma automática.

¿Qué tipo de infracción disciplinaria en materia de Buen Gobierno es el acoso laboral?. Muy Grave. Leve. Grave. No está tipificada como infracción.

La estructura de la Ley 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres NO incluye entre sus títulos el denominado: La igualdad en la responsabilidad social de las empresas. El principio de igualdad en el empleo público. Desarrollo de la igualdad en el entorno social y en el ámbito empresarial. Igualdad y medios de comunicación.

La Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres se aplicará a: Exclusivamente a todas las personas de nacionalidad española. Exclusivamente a todas las personas residentes en España, independientemente de su nacionalidad. Exclusivamente a las personas de nacionalidad española y residentes en España. Toda persona, física o jurídica, que se encuentre o actúe en territorio español, cualquiera que fuese su nacionalidad, domicilio o residencia.

La Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, NO comprende como violencia de género: La privación legal de libertad. Las amenazas. Las coacciones. Las agresiones a la libertad sexual.

De acuerdo con el Real Decreto 33/1986, de 10 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de Régimen Disciplinario de los Funcionarios de la Administración del Estado, ¿cuál de las siguientes sanciones puede ser impuesta a un funcionario público que incurra en falta leve en el desempeño de sus funciones?. Suspensión de funciones. Traslado con cambio de residencia. Separación del servicio. Apercibimiento.

De acuerdo con el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, ¿qué afirmación NO es aplicable respecto a los funcionarios interinos?. Se nombran cuando existen plazas vacantes y no sea posible su cobertura por funcionarios de carrera. Sustituyen de forma permanente a los titulares. Su selección habrá de realizarse mediante procedimientos ágiles que respetarán en todo caso los principios de igualdad, mérito, capacidad y publicidad. Les será aplicable, en cuanto sea adecuado a la naturaleza de su condición, el régimen general de los funcionarios de carrera.

De acuerdo con el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, ¿cuál es el procedimiento considerado normal para llevar a cabo la provisión de puestos de trabajo para los funcionarios de carrera en la Administración Pública?. Libre designación. Comisión de servicios. Adscripción provisional. Concurso.

El Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, recoge determinados derechos de los empleados públicos, unos de carácter individual y otros de ejercicio colectivo. De los derechos relacionados a continuación, ¿cuál de ellos se puede ejercer colectivamente?. Derecho a la libre asociación profesional. Derecho a la negociación colectiva y la participación en la determinación de las condiciones de trabajo. Derecho a recibir protección eficaz en materia de seguridad y salud en el trabajo. Derecho a percibir las retribuciones y las indemnizaciones por razón del servicio.

Según se dispone en el artículo 22 de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno, la potestad reglamentaria será ejercida por: El Congreso. El Senado. El Gobierno. El Consejo de Estado.

La Constitución Española establece que, en caso de extraordinaria y urgente necesidad, el Gobierno podrá dictar disposiciones legislativas provisionales que tomarán la forma de: Decreto-Ley. Decreto legislativo. Ley del Gobierno. Ley Marco.

El Tratado Constitutivo de la Comunidad Europea establece respecto a una disposición común a varias instituciones que: “tendrá un alcance general, será obligatorio/a en todos sus elementos y directamente aplicable en cada Estado miembro”. ¿A qué norma se refiere?. A la directiva. Al reglamento. A la decisión. Al dictamen.

Según dispone el artículo 35 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, serán motivados, con sucinta referencia de hechos y fundamentos de derecho: Los actos que no limiten derechos subjetivos. Los acuerdos que sigan el criterio de actuaciones precedentes. Los actos que acepten pruebas propuestas por los interesados. Los acuerdos de ampliación de plazos.

Los actos de la Administración que incurran en desviación de poder: Serán nulos de pleno derecho. No producirán efectos en ningún caso. Implicarán la nulidad de los sucesivos en el procedimiento, aunque no dependan de dicho acto. Podrán ser convalidados.

Según el artículo 40.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, toda notificación deberá ser cursada a partir de la fecha en que el acto haya sido dictado, dentro del siguiente plazo: Quince días. Veinte días. Diez días. Treinta días.

¿Quiénes, de los siguientes, podrán actuar en representación de otros ante las Administraciones Públicas?. Sólo las personas físicas. Sólo las personas físicas con capacidad de obrar. Las personas físicas y las personas jurídicas, en todo caso. Las personas jurídicas, siempre que ello esté previsto en sus Estatutos.

¿Qué efectos tendrá la aceptación por la Administración General del Estado de alguno de los sistemas de identificación electrónica de los interesados en el procedimiento administrativo previstos en el artículo 9 de la ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas?. Solo servirá para acreditar frente a la Administración General del Estado la identificación electrónica de los interesados. Para que tenga validez ante una Administración Autonómica deberá también ser aceptada por esta. Tendrá validez ante la Administración General del Estado y la Administración Autonómica, pero no ante las Entidades Locales, que se regirán por su propia Ley de Bases. Servirá para acreditar frente a todas las Administraciones Públicas, salvo prueba en contrario, la identificación electrónica de los interesados en el procedimiento administrativo.

En el procedimiento administrativo, la Administración NO está obligada a dictar resolución expresa: Cuando el procedimiento se inicia de oficio. Cuando se produce el desistimiento de la solicitud. Cuando el procedimiento se finaliza por convenio. En los casos de desestimación por silencio administrativo.

¿En qué momento debe producirse el trámite de audiencia a los interesados, según se dispone en el artículo 82 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas?. Anterior a la solicitud del informe del órgano competente para el asesoramiento jurídico. Posterior a la solicitud del informe del órgano competente para el asesoramiento jurídico. Simultánea a la solicitud del Dictamen del Consejo de Estado u órgano consultivo equivalente de la Comunidad Autónoma, en el caso que éstos formaran parte del procedimiento. Posterior a la solicitud del Dictamen del Consejo de Estado u órgano consultivo equivalente de la Comunidad Autónoma, en el caso que éstos formaran parte del procedimiento.

¿En qué caso de los siguientes se produce la caducidad de los procedimientos administrativos?. En los procedimientos iniciados de oficio, cuando se paralizan por dos meses. En todo caso, por inactividad del interesado durante un mes. En los procedimientos sancionadores, cuando no recaiga resolución expresa en plazo. Transcurrido el plazo para resolver, en los procedimientos iniciados a solicitud de interesado.

Según el artículo 74 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, las cuestiones incidentales que se susciten en el procedimiento, incluso las que se refieran a la nulidad de actuaciones, no suspenderán la tramitación del mismo, salvo: La denuncia. Los recursos administrativos. La recusación. Los informes negativos que sean preceptivos y facultativos.

¿Qué recurso administrativo procedería frente a un acto firme en vía administrativa en cuya resolución hayan influido esencialmente documentos o testimonios declarados falsos por sentencia judicial firme, anterior o posterior a aquella resolución?. Recurso extraordinario de revisión. Recurso potestativo de reposición. Recurso de alzada. No procede interponer recurso administrativo.

Conforme a la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, ¿puede el órgano competente para resolver un recurso administrativo decidir sobre cuestiones que no hayan sido alegadas por el recurrente?. Sí, pudiendo agravar la situación inicial del recurrente. Sí, pero sin que en ningún caso pueda agravar la situación inicial del recurrente. Sí, pero únicamente si se trata de cuestiones formales. Sí, pero únicamente cuando se trata de cuestiones de fondo.

Señale cuál de las siguientes NO está contemplada como causa de inadmisión de un recurso administrativo en el artículo 116 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. El recurrente carece de legitimación. Carecer el recurso manifiestamente de fundamento. El órgano ante el que se interpone es incompetente y la competencia le corresponde a otra Administración Pública. En el recurso no se menciona el lugar y la fecha de su interposición.

Todo beneficio fiscal que afecte a los tributos del Estado deberá establecerse en virtud de: Ley. Real Decreto. Orden Ministerial. Acuerdo del Consejo de Ministros.

Señale la respuesta correcta en relación con lo establecido en el artículo 1 de la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y de modificación parcial de las leyes de los Impuestos sobre Sociedades, sobre la Renta de no Residentes y sobre el Patrimonio. Es un tributo de carácter real. Es un tributo cuyo rendimiento no está cedido parcialmente a las Comunidades Autónomas. Es un tributo de carácter personal. Es un tributo de carácter indirecto.

La Oficina Nacional de Investigación del Fraude depende de: La Subdirección General de Inspección Territorial del Departamento de Inspección Financiera y Tributaria. Directamente del titular del Departamento de Inspección Financiera y Tributaria. Directamente del Director General de la Agencia Estatal de Administración Tributaria. La Subdirección General de Inspección e Investigación del Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales.

El Departamento de Gestión Tributaria tiene rango de: Secretaría de Estado. Subsecretaría. Dirección General. Subdirección General.

Las bases imponibles se determinarán, con carácter general, a través del método de estimación: Directa. Discrecional. Indirecta. Objetiva.

La cuota íntegra se determinará: Aplicando el tipo de gravamen a la base liquidable. Aplicando el tipo de gravamen sobre la cuota líquida. Aplicando el tipo de gravamen sobre la cuota diferencial. Aplicando el tipo de gravamen sobre la base imponible.

Señale en cuál de las siguientes definiciones nos estamos refiriendo al concepto de tasa: Son los tributos cuyo hecho imponible consiste en la utilización privativa o el aprovechamiento especial del dominio público, la prestación de servicios o la realización de actividades en régimen de derecho público que se refieran, afecten o beneficien de modo particular al obligado tributario, cuando los servicios o actividades no sean de solicitud o recepción voluntaria para los obligados tributarios o no se presten o realicen por el sector privado. Son los tributos cuyo hecho imponible consiste en la obtención por el obligado tributario de un beneficio o de un aumento de valor de sus bienes como consecuencia de la realización de obras públicas o del establecimiento o ampliación de servicios públicos. Son los tributos exigidos sin contraprestación cuyo hecho imponible está constituido por negocios, actos o hechos que ponen de manifiesto la capacidad económica del contribuyente. Son tributos de carácter público no tributarios que se exigen por prestación de un servicio gestionado de forma directa mediante personificación privada o mediante gestión indirecta.

¿Cuál es el plazo para comunicar el cambio de domicilio fiscal en el caso de una persona física que deba estar en el Censo de Empresarios, Profesionales y Retenedores?. Un mes a partir del momento en que se produzca dicho cambio. 15 días a partir del momento en que se produzca dicho cambio. Tres meses a partir del momento en que se produzca dicho cambio. 20 días a partir del momento en que se produzca dicho cambio.

Por las personas carentes de capacidad de obrar, actuarán ante la Administración tributaria: Las personas que determine la ley reguladora de cada tributo. El responsable solidario en la obligación tributaria. Sus representantes legales. El representante voluntario nombrado por la persona carente de capacidad de obrar.

Señale cuál es el plazo durante el cual el Ministerio de Hacienda difundirá, por cualquier medio, los textos actualizados de las normas estatales con rango de ley y real decreto en materia tributaria en los que se hayan producido variaciones respecto de los textos vigentes en el año precedente, así como una relación de todas las disposiciones tributarias que se hayan aprobado en dicho año. Durante el mes de enero de cada año. Durante el primer trimestre del año. No hay un plazo específico para este tipo de difusión. Durante los dos primeros meses de cada año.

Un colegio profesional que realiza el cobro de determinados honorarios profesionales por cuenta de sus colegiados ha recibido de la Agencia tributaria un requerimiento de información individualizado relativo a los honorarios cobrados correspondientes al Sr. Martínez, ¿tiene la obligación de proporcionar a la Administración tributaria los datos solicitados?. No. Los colegios profesionales no están obligados a suministrar datos relativos a sus colegiados. No. Las obligaciones de información sólo se cumplen en la forma y plazos que reglamentariamente se determinen, no siendo posible hacer requerimientos individualizados. No. La información relativa a los honorarios profesionales forma parte del secreto profesional. Si. El colegio profesional debe proporcionar a la Administración tributaria toda clase de datos, informes, antecedentes y justificantes con trascendencia tributaria que le hayan sido solicitados.

Señale con qué periodicidad tendrán las Administraciones tributarias de las Comunidades Autónomas y Ciudades con estatuto de autonomía que comunicar a la Agencia Estatal de Administración Tributaria la información censal de que dispongan a efectos de su consolidación. Trimestral. Mensual. Anual. Quincenal.

Don Juan López, persona física, cuyos únicos rendimientos proceden de su trabajo personal, ha cambiado de domicilio fiscal y pretende comunicárselo a la Agencia Estatal de Administración Tributaria dentro del plazo a tal efecto establecido. ¿Qué modelo deberá de cumplimentar?. 036. 037. 030. 038.

¿Qué plazo de pago en período voluntario tendrá una deuda resultante de una liquidación practicada por la Agencia tributaria en relación al Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas a un contribuyente que ha sido notificada el día 9 de enero?. Desde la fecha de recepción de la notificación hasta el día 20 del mes de febrero o, si éste no fuera hábil, hasta el inmediato hábil siguiente. Desde la fecha de recepción de la notificación hasta el 5 de marzo o, si éste no fuera hábil, hasta el inmediato hábil siguiente. Desde la fecha de recepción de la notificación hasta el día 5 del mes de febrero o, si éste no fuera hábil, hasta el inmediato hábil siguiente. Desde la fecha de recepción de la notificación hasta el día 20 del mes de marzo o, si éste no fuera hábil, hasta el inmediato hábil siguiente.

¿En qué plazo deberá un contribuyente efectuar el pago de una deuda tributaria cuya providencia de apremio le ha sido notificada el día 14 de enero?. Desde el 14 de enero hasta el día 5 del mes de febrero o, si éste no fuera hábil, hasta el inmediato hábil siguiente. Desde el 14 de enero hasta el día 20 del mes de enero o, si éste no fuera hábil, hasta el inmediato hábil siguiente. Desde el 14 de enero hasta el día 20 del mes de marzo, si éste no fuera hábil, hasta el inmediato hábil siguiente. Desde el 14 de enero hasta el día 20 del mes de febrero, si éste no fuera hábil, hasta el inmediato hábil siguiente.

Cuando las normas reguladoras de los procedimientos de gestión tributaria no fijen plazo máximo de resolución, éste NO podrá exceder de: 2 meses. 3 meses. 6 meses. 1 año.

Producida la caducidad del procedimiento tributario, se producirá: La pérdida del derecho a liquidar de la Administración tributaria. La interrupción del plazo de prescripción del derecho a liquidar de la Administración tributaria. La finalización del procedimiento tributario sin que tengan ninguna validez las actuaciones realizadas. El archivo de las actuaciones conservando su validez y eficacia a efectos probatorios para otros procedimientos posteriores.

En las notificaciones por comparecencia, se entenderá producida la notificación en caso de que el interesado no comparezca: El día siguiente de la publicación del anuncio en el Boletín Oficial del Estado. A los quince días hábiles de haberse producido la publicación del anuncio en el Boletín Oficial del Estado. Al día siguiente de haber transcurrido el plazo de quince días hábiles desde el siguiente al de la publicación del anuncio. Al día siguiente de haber transcurrido el plazo de quince días naturales desde el siguiente al de la publicación del anuncio.

Tiene la consideración de autoliquidación: Cualquier documento presentado ante la Administración tributaria donde se manifieste la realización de un hecho relevante para la aplicación de los tributos. La declaración presentada por el obligado tributario ante la administración para que ésta determine la cantidad que, en su caso, resulte a devolver. Las declaraciones tributarias en las que el interesado cuantifica el importe de la deuda tributaria o, en su caso, el importe a devolver o a compensar. Las declaraciones tributarias a través de las cuales el interesado ejercite una opción tributaria.

¿Qué puede hacer un obligado tributario cuando considere que una autoliquidación ha perjudicado de cualquier modo sus intereses legítimos?. Presentar una autoliquidación sustitutiva. Presentar un recurso de reposición. Presentar una declaración complementaria. Instar la rectificación de la autoliquidación.

Señale en cuál de los siguientes casos podría iniciarse un procedimiento de verificación de datos. Cuando haya de justificarse algún dato de una autoliquidación relativo al desarrollo de una actividad económica. Cuando se aprecie una aplicación indebida de la normativa que resulte patente de la propia autoliquidación presentada o de los justificantes aportados con la misma. Cuando sea necesario efectuar una comprobación de valor de los elementos de un hecho imponible. Cuando, de acuerdo con los antecedentes que obren en poder de la Administración tributaria, se ponga de manifiesto la realización de un hecho imponible sin que conste la presentación de la correspondiente autoliquidación.

Promovida la tasación pericial contradictoria, deberá designarse un perito tercero: En los supuestos en que la diferencia entre el valor determinado por el perito de la Administración y la tasación practicada por el perito designado por el obligado tributario, considerada en valores absolutos, sea superior a 120.000 euros y al 10 por ciento de dicha tasación. En todo caso. Sólo cuando lo solicite expresamente el obligado tributario. En los supuestos en que la diferencia entre el valor determinado por el perito de la Administración y la tasación practicada por el perito designado por el obligado tributario, considerada en valores absolutos, sea superior a 100.000 euros y al 20 por ciento de dicha tasación.

La entidad “Plazuela SA” está siendo objeto de una actuación inspectora de carácter parcial por el Impuesto sobre Sociedades de los ejercicios 2015 y 2016. En relación con la posibilidad que tiene el obligado tributario de instar una inspección de carácter general, señale para qué impuesto/s y período/s podrá solicitarse. La entidad podrá solicitar que las actuaciones tengan carácter general respecto al Impuesto sobre Sociedades y al Impuesto sobre el Valor Añadido de los periodos correspondientes a 2015 y 2016. La entidad no podrá solicitar que las actuaciones tengan carácter general. La entidad podrá solicitar que las actuaciones tengan carácter general respecto a cualquier concepto impositivo que le afecte. La entidad podrá solicitar que las actuaciones tengan carácter general respecto al Impuesto sobre Sociedades de los ejercicios 2015 y 2016.

Con fecha 4 de febrero de 2019 se inició procedimiento inspector sobre la entidad “Celuloides SL” por los ejercicios del Impuesto sobre Sociedades 2016 y 2017. La actuación tiene carácter parcial, limitada a la comprobación de la libertad de amortización y la cifra de negocios de la entidad en los referidos ejercicios, en los que tributó en régimen individual, ha sido inferior a la requerida para auditar cuentas. Señale cuál será el plazo máximo de conclusión del procedimiento y si es necesario que se informe de dicho plazo en la comunicación de inicio del procedimiento. El plazo máximo de conclusión del procedimiento será de 18 meses, no siendo necesario que se informe de dicho plazo en la comunicación de inicio del procedimiento. El plazo máximo de conclusión del procedimiento será de 27 meses, no siendo necesario que se informe de dicho plazo en la comunicación de inicio del procedimiento. El plazo máximo de conclusión del procedimiento será de 18 meses, siendo necesario que se informe de dicho plazo en la comunicación de inicio del procedimiento. El plazo máximo de conclusión del procedimiento será de 27 meses, siendo necesario que se informe de dicho plazo en la comunicación de inicio del procedimiento.

Cuando las actuaciones inspectoras lo requieran, a tenor del artículo 142.2 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, los funcionarios y demás personal al servicio de la Administración tributaria que desarrollen actuaciones inspectoras tienen la facultad de entrada y reconocimiento de las fincas. Si la entrada o reconocimiento afecta al domicilio constitucionalmente protegido de un obligado tributario, se precisará el consentimiento del interesado o bien: Autorización escrita del Delegado. Autorización escrita del Director del departamento del que dependa el órgano actuante. Autorización judicial. No será posible el reconocimiento del domicilio, constitucionalmente protegido, en ningún caso.

¿Qué plazo se le concederá, con carácter general, al obligado tributario para la contestación a las reiteraciones de los requerimientos de información que no deba hallarse a disposición inmediata de la Administración tributaria?. 5 días hábiles. 10 días hábiles. 15 días hábiles. 5 días naturales.

¿Cómo deberá documentarse la adopción de medidas cautelares en un procedimiento de Inspección?. Mediante acta. Mediante informe. Mediante comunicación. En diligencia.

Las actuaciones inspectoras que se desarrollen en las oficinas públicas: Deberán realizarse, en todo caso, en el horario oficial de apertura al público. Deberán realizarse, en todo caso, en la jornada de trabajo vigente. Podrán realizarse fuera del horario oficial de apertura al público de dichas oficinas o de la jornada de trabajo vigente cuando lo requieran las circunstancias de dichas actuaciones o medie el consentimiento del obligado tributario. Deberán realizarse, en todo caso, en el horario oficial de apertura al público y dentro de la jornada de trabajo vigente.

¿Hasta cuándo podrán presentarse las solicitudes de aplazamiento o fraccionamiento en período ejecutivo?. Hasta que se produzca la notificación de la providencia de apremio. Hasta que transcurra el plazo al que se refiere el apartado 5 del artículo 62 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria. Hasta el momento en el que se notifique al obligado el acuerdo de enajenación de los bienes embargados. Hasta la enajenación de los bienes embargados.

En el ámbito de competencias del Estado, ¿quién deberá adoptar la resolución de inadmisión, denegación o aceptación de la solicitud de pago en especie?. El Director General de Patrimonio del Estado. El Director del Departamento de Recaudación de la Agencia Estatal de Administración Tributaria. El Jefe de la Dependencia Regional de Recaudación a la que esté adscrito el obligado. El Ministro de Hacienda.

En relación con los conceptos de incobrable y fallido, señale la afirmación correcta. El concepto de incobrable se aplicará al deudor principal y el de fallido a los responsables. El concepto de incobrable se aplicará a los responsables solidarios y el de fallido a los responsables subsidiarios. El concepto de incobrable se aplicará a los créditos y el de fallido a los obligados al pago. El concepto de incobrable se aplicará a los obligados al pago y el de fallido a los créditos no tributarios.

El plazo de prescripción para exigir la obligación de pago a los responsables solidarios comenzará a contarse: Desde el día siguiente a la finalización del plazo de pago en periodo voluntario del deudor principal, salvo que los hechos que constituyan el presupuesto de la responsabilidad se produzcan con posterioridad al mencionado plazo. Desde el día siguiente a la finalización del plazo al que se refiere el apartado 5 del artículo 62 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria. Desde el día siguiente a la declaración de fallido del deudor principal. Desde el día siguiente a aquél en el que la deuda deviene firme para el deudor principal.

Señale el fin del plazo de pago en periodo voluntario de una deuda tributaria resultante de una liquidación practicada por la Administración y notificada al obligado en fecha 22 de enero de 2019 (a estos efectos haga abstracción de la distinción entre días hábiles e inhábiles). El 5 de febrero de 2019. El 5 de marzo de 2019. El 20 de febrero de 2019. El 20 de marzo de 2019.

Señale el órgano competente para autorizar a las entidades de crédito a actuar como colaboradoras en la gestión recaudatoria desarrollada por la Agencia Estatal de Administración Tributaria. El Director de la Agencia Estatal de Administración Tributaria. El Director del Banco España. El Director del Departamento de Gestión Tributaria de la Agencia Estatal de Administración Tributaria. El Director del Departamento de Recaudación de la Agencia Estatal de Administración Tributaria.

¿Qué efectos tendrá la interposición de una tercería de mejor derecho?. El procedimiento de apremio se suspenderá de forma automática por los órganos de recaudación, sin necesidad de prestar garantía. El procedimiento de apremio sólo se suspenderá si las deudas pendientes de pago se garantizan en los términos previstos en el artículo 82 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria. Se suspenderá el procedimiento de apremio en lo que se refiere a los bienes y derechos controvertidos, una vez que se hayan adoptado las medidas de aseguramiento que procedan. Proseguirá el procedimiento hasta la realización de los bienes y el producto obtenido se consignará en depósito a resultas de la resolución de la tercería.

Terminado el procedimiento de apremio por alguna de las causas previstas en el artículo 173.1 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, ¿resulta posible su reanudación?. No, en ningún caso. Sí, en los casos en que se haya declarado el crédito incobrable, el procedimiento de apremio se reanudará cada cuatro años para interrumpir el plazo de prescripción. Sí, en los casos en que se haya declarado el crédito incobrable, el procedimiento de apremio se reanudará, dentro del plazo de prescripción, cuando se tenga conocimiento de la solvencia de algún obligado al pago. Sí, en los casos en que se haya declarado el crédito incobrable, el procedimiento de apremio se reanudará anualmente para verificar si el deudor principal continúa siendo insolvente.

La providencia de apremio deberá contener: Fecha de liquidación de la deuda. Liquidación del recargo por declaración extemporánea sin requerimiento previo. Concepto, importe de la deuda y periodo al que corresponde. Requerimiento expreso para que efectúe el pago del recargo de apremio ordinario, en el plazo al que se refiere el artículo 62.5 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.

El artículo 169.5 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, establece que no se embargarán los bienes o derechos: Declarados inembargables mediante Real Decreto. Declarados inembargables por las leyes. Respecto de los que se presuma que el importe que normalmente podría obtenerse en su enajenación no superaría los 100 euros. Respecto de los que se presuma que el importe que normalmente podría obtenerse en su enajenación no superaría los 1.000 euros.

Cuando en la cuenta afectada por el embargo se efectúe habitualmente el abono de sueldos, salarios o pensiones, deberán respetarse las limitaciones establecidas en: La Ley de Enjuiciamiento Civil. El Código de Comercio. El Reglamento General del Régimen Sancionador Tributario. La Ley de Enjuiciamiento Criminal.

¿El depositario de bienes embargados tiene derecho a alguna retribución?. No, nunca. Sí, siempre. Sí, salvo que el depositario sea el propio obligado al pago. No tiene derecho a retribución, salvo resolución expresa del Director del Departamento de Recaudación de la Agencia Estatal de Administración Tributaria.

Cuando el procedimiento de apremio concluya con la adjudicación de bienes a la Hacienda Pública, esta se acordará por el importe del débito perseguido, sin que, en ningún caso, pueda rebasar, ¿qué porcentaje del tipo inicial fijado en el procedimiento de enajenación?. El 50 por ciento. El 60 por ciento. El 75 por ciento. El 90 por ciento.

Una vez realizado el embargo de los bienes y derechos, ¿la diligencia se notificará al cónyuge del obligado al pago?. No, nunca, debido al carácter reservado de los datos con trascendencia tributaria. Sí, pero únicamente cuando el bien embargado sea una explotación económica. Sí, pero únicamente cuando los bienes embargados estén en régimen económico de separación de bienes. Sí, cuando los bienes embargados sean gananciales o se trate de la vivienda habitual.

Todo licitador, para ser admitido como tal, constituirá un depósito: Del 1 por ciento del tipo de subasta de los bienes por los que desee pujar. Del 3 por ciento del tipo de subasta de los bienes por los que desee pujar. Del 5 por ciento del tipo de subasta de los bienes por los que desee pujar. Del 10 por ciento del tipo de subasta de los bienes por los que desee pujar.

En el procedimiento de recaudación, ¿qué ocurrirá mientras la herencia se encuentre yacente?. El procedimiento de recaudación de las deudas tributarias pendientes quedará suspendido. El procedimiento de recaudación de las deudas tributarias pendientes sólo podrá continuar previa autorización judicial. Transcurridos seis meses desde el fallecimiento del deudor, el procedimiento de recaudación de las deudas tributarias pendientes podrá continuar dirigiéndose contra sus bienes y derechos. El procedimiento de recaudación de las deudas tributarias pendientes podrá continuar dirigiéndose contra sus bienes y derechos, a cuyo efecto se deberán entender las actuaciones con quien ostente su administración o representación.

El artículo 41.6 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, establece que: Los responsables tienen derecho de reembolso frente al deudor principal en los términos previstos en la legislación civil. Los responsables tienen derecho de reembolso frente al deudor principal en los términos que se determinen en el acuerdo de derivación de responsabilidad. Los responsables sólo tendrán derecho de reembolso frente al deudor principal cuando la actuación del responsable no haya sido dolosa. Los responsables sólo tendrán derecho de reembolso frente al deudor principal cuando el responsable no haya incurrido ni en dolo ni en negligencia grave.

Señale en cuál de los siguientes supuestos la responsabilidad tributaria NO alcanzará a las sanciones: Personas o entidades que sean causantes o colaboren activamente en la realización de una infracción tributaria. Personas o entidades que, por culpa o negligencia, incumplan las órdenes de embargo. Los representantes aduaneros cuando actúen en nombre y por cuenta de sus comitentes. Las personas o entidades que tengan el control efectivo, total o parcial, directo o indirecto, de las personas jurídicas o en las que concurra una voluntad rectora común con éstas, cuando resulte acreditado que las personas jurídicas han sido creadas o utilizadas de forma abusiva o fraudulenta para eludir la responsabilidad patrimonial universal frente a la Hacienda Pública y exista unicidad de personas o esferas económicas, o confusión o desviación patrimonial.

En relación a la potestad sancionadora en materia tributaria, señale cuál de las siguientes afirmaciones es correcta. El principio de irretroactividad se aplicará en todo caso. Las normas que regulen el régimen de infracciones y sanciones tributarias y el de los recargos tendrán efectos retroactivos respecto de los actos que no sean firmes cuando su aplicación resulte más favorable para el interesado. Las normas que regulen el régimen de infracciones y sanciones tributarias y el de los recargos tendrán siempre efectos retroactivos respecto de los actos que no sean firmes. Las normas que regulen el régimen de infracciones y sanciones tributarias y el de los recargos tendrán siempre efectos retroactivos.

¿Qué reducción se aplicará en las sanciones pecuniarias impuestas según los artículos 191 a 197 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria en las Actas con Acuerdo?. Un 25 % de reducción. Un 35 % de reducción. Un 50 % de reducción. Un 30 % de reducción.

Se entenderá que existe ocultación de datos a la Administración tributaria cuando no se presenten declaraciones o se presenten declaraciones en las que se incluyan hechos u operaciones inexistentes o con importes falsos, o en las que se omitan total o parcialmente operaciones, ingresos, rentas, productos, bienes o cualquier otro dato que incida en la determinación de la deuda tributaria, siempre que la incidencia de la deuda derivada de la ocultación en relación con la base de la sanción sea superior: Al 5 por ciento. Al 10 por ciento. Al 15 por ciento. Al 20 por ciento.

Señale cuál de las siguientes sanciones accesorias podrá imponérsele a un infractor por una conducta calificada como grave condenado con multa pecuniaria de 30.000 euros al que se le hubiese aplicado el criterio de graduación de comisión repetida de infracciones tributarias. Pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones o ayudas públicas y del derecho a aplicar beneficios e incentivos fiscales de carácter rogado durante un plazo de un año. Pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones o ayudas públicas y del derecho a aplicar beneficios e incentivos fiscales de carácter rogado durante un plazo de dos años. Prohibición para contratar con cualquier Administración pública durante un plazo de un año. Prohibición para contratar con la Administración pública que hubiera impuesto la sanción durante un plazo de dos años.

Se entenderá producida la comisión repetida de infracciones tributarias cuando el sujeto infractor hubiera sido sancionado por una infracción de la misma naturaleza, ya sea leve, grave o muy grave, en virtud de resolución firme en vía administrativa, ¿dentro de qué plazo?. Dentro de los dos años anteriores a la comisión de la infracción. Dentro de los tres años anteriores a la comisión de la infracción. Dentro de los cuatro años anteriores a la comisión de la infracción. Dentro de los cinco años anteriores a la comisión de la infracción.

Señale cuál de los siguientes procedimientos NO es considerado como especial de revisión, según el artículo 216 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria. Declaración de lesividad de actos anulables. Revocación. Rectificación de autoliquidaciones. Devolución de ingresos indebidos.

¿Cuál será el plazo máximo para notificar la resolución expresa en el procedimiento de revocación de los actos de aplicación de los tributos y de imposición de sanciones?. Un mes desde la notificación del acuerdo de iniciación del procedimiento. Tres meses desde la notificación del acuerdo de iniciación del procedimiento. Seis meses desde la notificación del acuerdo de iniciación del procedimiento. Doce meses desde la notificación del acuerdo de iniciación del procedimiento.

¿Qué recurso podrá presentar un interesado si está disconforme con los actos dictados como consecuencia de la ejecución de una resolución económico-administrativa?. Recurso de alzada ordinario. Recurso contra la ejecución. Recurso extraordinario de revisión. Recurso extraordinario de alzada para la unificación de criterio.

Señale qué tipo de rendimiento, a efectos del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF), son las cantidades que se abonan, por razón de su cargo, a los diputados españoles en el Parlamento Europeo. Rendimiento de actividades económicas. Rendimiento del capital mobiliario. Rendimiento del trabajo. Rendimiento del capital inmobiliario.

Un contribuyente transmite valores de deuda pública, en concreto Bonos del Estado, por importe de 10.000 euros. El valor de adquisición de los mismos fue de 8.000 euros. ¿Qué tipo de renta debe declarar a efectos del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF)?. La transmisión no genera ningún tipo de renta ya que estuvo declarando el cupón que recibía por la tenencia de los Bonos del Estado. Declarará como Rendimiento del Capital Mobiliario, ya que se trata de un rendimiento obtenido por la cesión a terceros de capitales propios. Se trata de una Ganancia Patrimonial por la transmisión de los Bonos del Estado de 2.000 euros. Al tratarse de Deuda Pública no genera ningún tipo de renta.

¿Qué cantidad se podrá aplicar como gasto deducible en concepto de cuotas satisfechas a sindicatos para disminuir el rendimiento íntegro del trabajo, según la normativa del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas?. 500 euros. La cantidad que se haya pagado por ese concepto. 300 euros. Ninguna.

A efectos del Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) se entenderá por entrega de bienes: La explotación de ferias y exposiciones. Las ejecuciones de obra que tengan por objeto la construcción o rehabilitación de una edificación, cuando el empresario que ejecute la obra aporte una parte de los materiales utilizados, siempre que el coste de los mismos exceda del 40 por 100 de la base imponible. Las cesiones del uso o disfrute de bienes. Los traspasos de locales de negocio.

Con carácter general, ¿en qué momento se produce el devengo del Impuesto en los arrendamientos de bienes inmuebles en el Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA)?. En el momento en que se efectúe la operación gravada. Cuando se entregue el bien objeto de arrendamiento. En el momento en que resulte exigible la parte del precio que comprenda cada percepción. El último día de cada mes.

¿Qué tipo impositivo se aplicará, a efectos del Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA), al pan común?. 21 por ciento. 0 por ciento. 10 por ciento. 4 por ciento.