De acuerdo con el artículo 33 Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las
Personas Físicas, cuáles de las siguientes ganancias o pérdidas patrimoniales se integran en la base
imponible del impuesto: Las ganancias patrimoniales que se pongan de manifiesto con ocasión de la transmisión de la vivienda
habitual por mayores de 65 años. Las pérdidas patrimoniales derivadas de la transmisión por actos ínter vivos o a liberalidades. Las ganancias patrimoniales que se pongan de manifiesto con ocasión del pago de deudas tributarias con
bienes integrantes del Patrimonio Histórico Español. Las ganancias patrimoniales que se pongan de manifiesto con la dación en pago de la vivienda habitual del
deudor para la cancelación de la deuda, cuando el deudor disponga de otros bienes en cantidad suficiente
para cancelar la hipoteca.
Conforme al artículo 222 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, cuando en el plazo
establecido para recurrir se hubieran interpuesto recurso de reposición y reclamación económicoadministrativa
que tuvieran como objeto el mismo acto: Se tramitará el recurso de reposición y se declarará inadmisible la reclamación económico-administrativa,
con independencia de cuál se hubiera interpuesto antes. Se tramitará la reclamación económico-administrativa y se declarará inadmisible el recurso de reposición,
con independencia de cuál se hubiera interpuesto antes. Se tramitarán ambos de forma separada puesto que se interponen ante órganos diferentes. Se tramitará el presentado en primer lugar y se declarará inadmisible el segundo.
¿Cómo se determina la cuota líquida en el sistema tributario según el artículo 56 de la Ley 58/2003, de 17
de diciembre, General Tributaria?: Aplicando el tipo de gravamen a la base liquidable. Aplicando las reducciones o límites establecidos por la ley de cada tributo a la cuota íntegra. Minorando la cuota íntegra por los pagos fraccionados, retenciones, ingresos a cuenta y cuotas, conforme a
la normativa de cada tributo. Aplicando las deducciones, bonificaciones, adiciones o coeficientes previstos en la ley de cada tributo a la
cuota íntegra.
Conforme al artículo 165 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, ¿qué efectos produce la
interposición de una tercería de dominio?: El procedimiento de apremio se suspenderá de forma automática por los órganos de recaudación, sin
necesidad de aportar garantía alguna El procedimiento de apremio sólo se suspenderá si las deudas pendientes de pago se garantizan en los
términos previstos en el artículo 82 de la Ley General Tributaria. Se suspenderá el procedimiento de apremio en lo que se refiere a los bienes y derechos controvertidos,
una vez que se hayan adoptado las medidas de aseguramiento que procedan. Proseguirá el procedimiento hasta la realización de los bienes y el producto obtenido se consignará en
depósito a resultas de la resolución de la tercería.
Según lo dispuesto en el artículo 96 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas, señale la respuesta correcta en relación con la tramitación
simplificada del procedimiento administrativo común: No se podrá acordar la tramitación simplificada en el caso de procedimientos de naturaleza sancionadora. Se podrá acordar por la Administración Pública, de oficio o a solicitud del interesado, cuando razones de
interés público o la falta de complejidad del procedimiento así lo aconsejen. Los procedimientos administrativos tramitados de manera simplificada deberán resolverse en sesenta días,
a contar desde el siguiente al que se notifique al interesado el acuerdo de tramitación simplificada del
procedimiento. Acordada la tramitación simplificada del procedimiento, el órgano competente no puede acordar, en un
momento posterior, continuar con arreglo a la tramitación ordinaria.
En los artículos 70 a 75 del Real Decreto 1065/2007, de 27 de julio, por el que se aprueba el Reglamento
General de Aplicación de los tributos, se regulan los certificados tributarios. Elige cuál de las siguientes
opciones es la CORRECTA: Contra los certificados tributarios se podrá interponer el recurso regulado en el artículo 222 de la Ley
58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria. Tras la emisión del certificado el obligado tributario podrá manifestar su disconformidad con cualquiera de
los datos que formen parte de su contenido en el plazo de 15 días, contados a partir del día siguiente al de
su recepción. Los certificados tributarios expedidos referidos a obligaciones no periódicas, tendrán validez durante seis
meses a partir de la fecha de su expedición, mientras no se produzcan modificaciones de las circunstancias
determinantes de su contenido. No podrán certificarse datos referidos a obligaciones tributarias respecto de las cuales haya prescrito el
derecho de la Administración para determinar la deuda tributaria mediante la oportuna liquidación.
Según el artículo 3 de la Ley 29/1988, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-
Administrativa, ¿qué actos estarán excluidos del orden jurisdiccional contencioso-administrativo?: Los contratos administrativos y los actos de preparación y adjudicación de los demás contratos sujetos a la
legislación de contratación de las Administraciones públicas. Los actos y disposiciones de las Corporaciones de Derecho público, adoptados en el ejercicio de funciones
públicas. La responsabilidad patrimonial de las Administraciones públicas, cualquiera que sea la naturaleza de la
actividad o el tipo de relación de que derive. El recurso contencioso-disciplinario militar.
El artículo 113 del Real Decreto 1065/2007, de 27 de julio, por el que se aprueba el Reglamento General de
Aplicación de los Tributos, establece los criterios para considerar que una persona física desarrolla
principalmente actividades económicas a efectos del domicilio fiscal. Señale la respuesta CORRECTA: Cuando la base imponible general del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas de los tres años
anteriores supere los 300.000 euros. Cuando más de la mitad de la base imponible general del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas
del año anterior proceda de rendimientos netos de actividades económicas o cuando, no habiéndose
alcanzado ese porcentaje en dicho año, se haya alcanzado durante cada uno de los tres años anteriores. Cuando una cuarta parte de la base imponible general del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas
del año anterior proceda de rendimientos netos de actividades económicas o cuando, no habiéndose
alcanzado ese porcentaje en dicho año, se haya alcanzado durante cada uno de los cuatro años anteriores. Cuando la base imponible general del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas de los dos años
anteriores supere los 300.000 euros.
Elige la afirmación CORRECTA en relación al recargo por declaración extemporánea sin requerimiento
previo, del artículo 27 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria: El recargo se calcula sobre el importe a ingresar resultante de las autoliquidaciones o sobre el importe de la
liquidación derivado de las declaraciones extemporáneas y excluirá las sanciones que hubieran podido
exigirse Si la presentación de la autoliquidación o declaración se realiza después de 12 meses desde el término del
plazo, el recargo será del 10%, y se exigirán intereses de demora por el período transcurrido, desde que
debió presentarse la autoliquidación o declaración. En las liquidaciones derivadas de declaraciones presentadas fuera de plazo, se exigirán intereses de
demora por el tiempo transcurrido desde la presentación de la declaración hasta la finalización del plazo de
pago en período voluntario correspondiente a la liquidación que se practique. No se aplicarán recargos ni intereses si la presentación se realiza dentro de los 12 meses posteriores al
término del plazo establecido.
El Consejo de Defensa del Contribuyente está formado por 16 vocales, ¿cuántos de ellos son
representantes de la Agencia Estatal de Administración Tributaria?: 16 8 4 2.
Según el artículo 75.3 del Real Decreto 439/2007, de 30 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento del
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, NO existirá obligación de practicar retención o ingreso a
cuenta sobre: La ganancia patrimonial obtenida por la transmisión de derechos de suscripción derivados de un valor
admitido a negociación en el índice IBEX 35. Los rendimientos de actividades forestales Los rendimientos de cuentas en el exterior satisfechos o abonados por establecimientos permanentes en el
extranjero de entidades de crédito y establecimientos financieros residentes en España Un premio de 350 euros ganado en un concurso de televisión.
¿Cuál de los siguientes impuestos sería un impuesto de naturaleza objetiva?: Impuesto sobre Bienes Inmuebles Impuesto de Sucesiones y Donaciones. Impuesto sobre el Patrimonio Impuesto de Sociedades.
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 20 de la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el
Valor Añadido, cúal de las siguientes operaciones está exenta: Las entregas sin contraprestación de impresos u objetos publicitarios. Las entregas de dinero a título de contraprestación o pago. Los depósitos en efectivo y operaciones relacionadas con los mismos. Las entregas gratuitas de muestras sin valor comercial estimado con fines de promoción de las actividad
empresarial o profesional.
En relación con el Impuesto Temporal de Solidaridad de las Grandes Fortunas, regulado en el artículo 3 de
la Ley 38/2022, de 27 de diciembre, constituye el hecho imponible del impuesto, la titularidad por el sujeto
pasivo en el momento del devengo de: Un patrimonio neto superior a 2.000.000 de euros. Un patrimonio bruto superior a 2.000.000 de euros. Un patrimonio neto superior a 3.000.000 de euros. Un patrimonio bruto superior a 3.500.000 euros.
Según el artículo 73.1 del Real Decreto 1065/2007, de 27 de julio, por el que se aprueba el Reglamento
General de Aplicación de los Tributos, el órgano competente de la Administración tributaria deberá expedir
el certificado tributario en el plazo de: 5 días, salvo que en la normativa reguladora del certificado se haya fijado un plazo distinto. 15 días, salvo que en la normativa reguladora del certificado se haya fijado un plazo distinto. 20 días, salvo que en la normativa reguladora del certificado se haya fijado un plazo distinto 10 días, salvo que en la normativa reguladora del certificado se haya fijado un plazo distinto.
De acuerdo con el artículo 5 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común
de las Administraciones Públicas, la falta o insuficiente acreditación de la representación del interesado en
el procedimiento administrativo: Impedirá que se tenga por realizado el acto de que se trate sin posibilidad de subsanación. No impedirá que se tenga por realizado el acto de que se trate, siempre que se aporte la acreditación o se
subsane el defecto dentro del plazo establecido. El órgano competente para la tramitación del procedimiento no está obligado a comprobar la acreditación
de representación en el registro electrónico de apoderamientos de la Administración Pública competente. No impedirá que se tenga por realizado el acto de que se trate, siempre que se aporte la acreditación o se
subsane el defecto sin que haya ningún plazo establecido.
De conformidad con el artículo 136 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, señale cuál
de las siguientes actuaciones NO podrá ser realizada por la Administración Tributaria en el procedimiento
de comprobación limitada: Solicitar al obligado tributario justificación documental de operaciones financieras que tengan incidencia en
la base o en la cuota de una obligación tributaria. Requerir a terceros para que aporten información y documentación justificativa con el objeto de comprobar
la veracidad de la información que obre en poder de la Administración tributaria, incluida la obtenida en el
procedimiento. Requerir a terceros información sobre movimientos financieros. Examinar la contabilidad.
Respecto de las siguientes afirmaciones referentes a la avocación, ¿cuál es la CORRECTA conforme a lo
establecido en el artículo 10 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, del Régimen Jurídico del Sector Público y
en el artículo 20 de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno?: Es una figura contemplada en la Constitución Española que permite la recuperación del ejercicio de
competencias propias de los órganos pertenecientes a los tres poderes del Estado siempre que hayan sido
previamente delegadas. Permite delegar el ejercicio de competencias propias del Presidente del Gobierno en favor del
Vicepresidente o Vicepresidentes y de los Ministros. Es una figura que permite al Consejo de Ministros, a propuesta del Presidente del Gobierno, reclamar para
sí un asunto cuya decisión corresponda a las Comisiones Delegadas del Gobierno. Permite delegar el ejercicio de competencias propias de los Ministros en favor de los Secretarios de Estado
y de los Subsecretarios dependientes de ellos.
Conforme a lo dispuesto en el artículo 76.5 del Real Decreto 939/2005, de 29 de julio, por el que se aprueba
el Reglamento General de Recaudación, ¿quién está legitimado para interponer recurso de reposición o
reclamación económico-administrativa contra la notificación de una diligencia de embargo de bienes
inmuebles de la Administración Tributaria?: El obligado al pago y el cónyuge en el caso de que el objeto del embargo sea un bien de titularidad
compartida. El obligado al pago y los titulares de cargas posteriores a la anotación del embargo objeto del recurso El obligado al pago si considera que incurre en alguna de las causas de oposición admisibles. Cualquiera que vea vulnerado sus derechos sobre el bien embargado.
Conforme al artículo 288 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE), la decisión: Será obligatoria en todos sus elementos. Cuando designen destinatarios, sólo serán obligatorias para
éstos. Necesita transposición. No será vinculante. No puede adoptarse en virtud de un procedimiento legislativo. Son actos no legislativos adoptados por el
Parlamento Europeo.
Conforme al artículo 32.3 de la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las
Personas Físicas, los contribuyentes que inician el ejercicio de una actividad económica y determinan el
rendimiento neto de la misma por el método de estimación directa pueden aplicar una reducción en dicho
rendimiento neto de la actividad económica cuando se cumplan los requisitos establecidos en dicho
artículo. Señale la respuesta CORRECTA en relación con dicha reducción: La reducción que se podrá aplicar es de un 30% sobre el rendimiento neto declarado La reducción podrá aplicarse en el primer periodo impositivo en que el rendimiento neto declarado sea
positivo y en el periodo impositivo siguiente. La cuantía de los rendimientos netos sobre los que se aplicará la reducción no podrá superar el importe de
50.000 euros anuales. No resultará de aplicación la reducción cuando el 40% de los ingresos del mismo proceda de una persona
o entidad de la que el contribuyente hubiera obtenido rendimientos del trabajo en año anterior a la fecha de
inicio de la actividad.
Tal y como establece el artículo 19 del Real Decreto 1065/2007, de 27 de julio, por el que se aprueba el
Reglamento General de Aplicación de los Tributos, los españoles residentes en el extranjero, no obligados
a disponer de DNI, cuando vayan a realizar o participar en operaciones de naturaleza tributaria, podrán
solicitar de la Administración Tributaria la asignación de un número de identificacaión fiscal que estará
configurado de la siguiente forma: La letra K, siete caracteres alfanuméricos y un carácter de verificación alfabético La letra M, siete caracteres alfanuméricos y un carácter de verificación alfabético La letra N, siete caracteres alfanuméricos y un carácter de verificación alfabético La letra L, siete caracteres alfanuméricos y un carácter de verificación alfabético.
Según el artículo 149.3 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, en el supuesto de que el
obligado tributario solicite que las actuaciones de comprobación ya iniciadas con alcance parcial pasen a
tener alcance general, ¿Qué plazo tiene la Administración Tributaria para ampliar las actuaciones?: 15 días desde la solicitud. 15 días desde la notificación del inicio de las actuaciones. 6 meses desde la solicitud. 6 meses desde el inicio de las actuaciones.
En relación con la suspensión de la ejecución de un acto en vía económico-administrativa indique cuál de
las siguientes afirmaciones es CORRECTA, de acuerdo con lo previsto en el artículo 233 de la Ley 58/2003,
de 17 de diciembre, General Tributaria: La ejecución de un acto impugnado en vía económico-administrativa no se puede suspender si no se
presta la correspondiente garantía La suspensión producida en el recurso de reposición no podrá mantenerse en vía económico-administrativa
salvo que el interesado aporte nuevas garantías Si la impugnación en vía económico-administrativa afecta a una sanción tributaria para que se suspenda la
ejecución de la misma deberá aportarse garantía. Si el Tribunal económico-administrativo aprecia que la ejecución del acto pudiera causar perjuicios de difícil
o imposible reparación o que al dictarlo se ha podido incurrir en error aritmético, material o de hecho, podrá
suspender la ejecución del acto sin necesidad de aportar garantía.
De conformidad con el artículo 153 del Real Decreto 1065/2007, de 27 de julio, por el que se aprueba el
Reglamento General de Aplicación de los Tributos, el procedimiento de control de presentación de
declaraciones, autoliquidaciones y comunicaciones de datos, terminará de alguna de las siguientes
formas (señale la respuesta CORRECTA): Por la justificación de la no sujeción o exención en el cumplimiento de la obligación de presentación, aun
cuando dicha circunstancia no conste expresamente en diligencia Por caducidad, una vez transcurrido el plazo de tres meses sin haberse notificado resolución expresa que
ponga fin al procedimiento Por el inicio de un procedimiento de verificación de datos. Por resolución en la que se indique que no procede practicar liquidación provisional o en la que se corrijan
los defectos advertidos.
De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 71 y 72 del Reglamento (UE) nº 952/2013 del Parlamento
Europeo y del Consejo, de 9 de octubre de 2013, por el que se establece el código aduanero de la Unión,
NO deberán incluirse para el cálculo del valor de transacción: Los gastos de transporte de las mercancías importadas hasta el lugar por donde se introducen las
mercancías en el territorio aduanero de la Unión Los gastos de carga y de manipulación asociados al transporte de las mercancías importadas, hasta el
lugar por donde se introducen las mercancías en el territorio aduanero de la Unión Las comisiones y los gastos de corretaje, en la medida en que los soporte el comprador y no estén
incluidos en el precio realmente pagado o que debe pagarse por las mercancías Los gastos de transporte de las mercancías importadas después de su entrada en el territorio aduanero de
la Unión.
De acuerdo con el artículo 21 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común
de las Administraciones Públicas, la Administración está obligada a dictar resolución expresa y a
notificarla en el plazo de: Como norma general será el fijado por la norma reguladora del correspondiente procedimiento. El plazo máximo será de 3 meses en todos los casos. El plazo nunca podrá exceder de 9 meses Cuando las normas reguladoras de los procedimientos no fiijen un plazo máximo, este será de 9 meses.
Señale cuál de las siguientes actos sería anulable de conformidad con el artículo 48 de la Ley 39/2015, de 1
de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas Los actos que lesionen derechos y libertades susceptibles de amparo constitucional. Los actos de la Administración que incurran en cualquier infracción del ordenamiento jurídico, incluso la
desviación de poder Los dictados prescindiendo total y absolutamente del procedimiento legalmente establecido. Los actos expresos o presuntos contrarios al ordenamiento jurídico por los que se adquieren facultades o
derechos cuando se carezca de los requisitos esenciales para su adquisición.
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 99 de la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el
Valor Añadido, indique cuál de las siguientes afirmaciones es CORRECTA: Las cuotas de IVA soportadas solo son deducibles en la declaración-liquidación correspondiente al periodo
de liquidación en el que han sido soportadas. Se entienden soportadas las cuotas deducibles en el momento del devengo del impuesto, aunque todavía
no se haya recibido la correspondiente factura. Las cuotas soportadas son deducibles si se dispone de la factura, con independencia de cuál sea su
destino previsible El derecho a la deducción podrá ejercitarse en el plazo de cuatro años desde que se soportó la
correspondiente cuota.
Conforme al artículo 103 bis del Real Decreto 939/2005 de 29 de julio, por el que se aprueba el Reglamento
General de Recaudación, todo licitador, para ser admitido como tal, deberá constituir el siguiente
depósito: Un depósito del 5 por ciento del tipo de subasta cuando los bienes o los lotes por los que desee pujar sean
bienes inmuebles. Un depósito del 10 por ciento del tipo de subasta cuando los bienes o los lotes por los que desee pujar
sean bienes inmuebles Un depósito del 15 por ciento del tipo de subasta cuando los bienes o lotes por los que desee pujar sean
bienes inmuebles. Un depósito del 20 por ciento del tipo de subasta cuando los bienes o lotes por los que desee pujar sean
bienes inmuebles.
De conformidad con el artículo 48 del Real Decreto 939/2005, de 29 de julio, por el que se aprueba el
Reglamento General de Recaudación, ¿en qué plazo deberá formalizarse la garantía en el caso de
concesión de aplazamientos o fraccionamientos?: En el plazo de tres meses contados a partir del día siguiente al que se dicta el acuerdo de concesión cuya
eficacia quedará condicionada a dicha formalización. En el plazo de tres meses contados a partir del día siguiente al que se notifica el acuerdo de concesión
cuya eficacia quedará condicionada a dicha formalización. En el plazo de dos meses contados a partir del día siguiente al que se dicta el acuerdo de concesión cuya
eficacia quedará condicionada a dicha formalización En el plazo de dos meses contados a partir del día siguiente al que se notifica el acuerdo de concesión
cuya eficacia quedará condicionada a dicha formalización.
Señale cuál es la afirmación CORRECTA en lo relativo al plazo máximo en que debe notificarse la
resolución, según lo dispuesto en el artículo 104 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria: A los solos efectos de entender cumplida la obligación de notificar dentro del plazo máximo de duración de
los procedimientos, será suficiente acreditar que se han producido dos intentos de notificación que
contengan el texto íntegro de la resolución. El cómputo del plazo máximo de resolución en los procedimientos iniciados de oficio se iniciará en la fecha
de notificación del acuerdo de inicio. El cómputo del plazo máximo de resolución en los procedimientos iniciados a instancia del interesado, se
iniciará al día siguiente de la entrada en el registro del órgano competente para su tramitación. Los períodos de interrupción justificada y los períodos de dilación por causa no imputable a la
Administración se incluyen en el cómputo del plazo de resolución.
En relación con la compensación de oficio prevista en el artículo 73 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre,
General Tributaria, indique la respuesta CORRECTA: La Administración Tributaria compensará de oficio exclusivamente las deudas tributarias que se encuentren
en período voluntario. El apartado 3 del citado artículo establece que la extinción de la deuda tributaria se producirá en el
momento de inicio del período voluntario o cuando se cumplan los requisitos exigidos para las deudas y los
créditos, si este momento fuera posterior. El acuerdo de compensación declarará dicha extinción Serán compensables de oficio, una vez transcurrido el plazo de ingreso en período voluntario, las deudas
tributarias vencidas, líquidas y exigibles que las comunidades autónomas, entidades locales y demás
entidades de derecho público tengan con el Estado. Serán compensables de oficio durante el plazo de ingreso en período ejecutivo las cantidades a ingresar y
a devolver que resulten de un mismo procedimiento de comprobación limitada o inspección o de la práctica
de una nueva liquidación por haber sido anulada otra anterior.
¿Qué tipo de mercancías son las que se pueden depositar en el régimen de depósito aduanero bajo
supervisión aduanera, en función de lo dispuesto en el artículo 240 del Reglamento (UE) nº 952/2013 del
Parlamento Europeo y del Consejo, de 9 de octubre de 2013, por el que se establece el código aduanero de
la Unión?: Mercancías de la Unión Europea con devengo del Impuesto sobre el Valor Añadido. Mercancías no pertenecientes a la Unión sin estar sujetas a los derechos de importación. Mercancías del territorio de aplicación del impuesto español con el Impuesto sobre el Valor Añadido
devengado Mercancías no pertenecientes a la Unión con los derechos de importación y demás gravámenes
devengados.
En cuanto a la declaración de lesividad para el interés público de un acto anulable, el artículo 107 de la Ley
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas,
establece: Las Administraciones Públicas deberán impugnar ante el orden jurisdiccional contencioso-administrativo los
actos favorables para los interesados que sean anulables y posteriormente declararán su lesividad para el
interés público. La declaración de lesividad será susceptible de recurso ante el orden jurisdiccional contenciosoadministrativo Las Administraciones Públicas podrán revocar, mientras no haya transcurrido el plazo de prescripción, sus
actos de gravamen o desfavorables, previa declaración de lesividad Un acto anulable puede ser declarado como lesivo por la Administración General del Estado o por las
Comunidades Autónomas, y también por la Administración Local a través del Pleno de la Corporación.
De conformidad con el artículo 140 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, en relación
con el procedimiento de comprobación limitada, señale cuál de las siguientes afirmaciones es
CORRECTA: Los hechos y los elementos determinantes de la deuda tributaria respecto de los que el obligado tributario o
su representante haya prestado conformidad expresa no podrán ser impugnados salvo que pruebe que
incurrió en error de hecho. Los hechos y los elementos determinantes de la deuda tributaria respecto de los que el obligado tributario o
su representante haya prestado conformidad expresa no podrán ser impugnados salvo que pruebe que
incurrió en error de derecho Dictada resolución en un procedimiento de comprobación limitada, la Administración tributaria solamente
podrá efectuar una nueva regularización en relación con el objeto comprobado, si descubre nuevos hechos
o circunstancias en un procedimiento de inspección. Dictada resolución en un procedimiento de comprobación limitada, la Administración tributaria no podrá
efectuar, en ningún caso, una nueva regularización en relación con el objeto comprobado.
Según el artículo 14 de la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas
Físicas, cuando no se hubiera satisfecho la totalidad o parte de una renta, por encontrarse pendiente de
resolución judicial la determinación del derecho a su percepción o su cuantía, los importes no satisfechos
se imputarán: Al periodo impositivo en que se dicte la resolución judicial Al período impositivo en que adquiera firmeza la resolución judicial. Al periodo impositivo en que tenga lugar el cobro definitivo de la renta pendiente Al periodo impositivo en que fuera exigible, practicándose, en su caso, autoliquidación complementaria, sin
sanción ni intereses de demora ni recargo alguno, tras adquirir firmeza la resolución judicial.
La infracción tributaria tipificada en el artículo 194.1 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General
Tributaria, consistente en solicitar indebidamente devoluciones derivadas de la normativa de cada tributo
mediante la omisión de datos relevantes o la inclusión de datos falsos en autoliquidaciones,
comunicaciones de datos o solicitudes, sin que las devoluciones se hayan obtenido: La infracción es muy grave, si dicha solicitud supera la cantidad de 3.000 euros. La infracción es grave y se sanciona con multa fija de 600 euros La infracción tributaria prevista en este apartado será muy grave y se sanciona con multa fija de 1.000
euros La infracción es grave y la sanción consistirá en multa pecuniaria proporcional del 15 por ciento.
En relación con los procedimientos iniciados a solicitud del interesado, el artículo 24 de la Ley 39/2015, de
1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, establece que el
vencimiento del plazo máximo sin haberse notificado resolución expresa, legitima al interesado o
interesados para: Entenderla estimada por silencio administrativo, excepto en los supuestos en los que una norma con rango
de ley o una norma de Derecho de la Unión Europea o de Derecho internacional aplicable en España
establezcan lo contrario Entenderla estimada por silencio administrativo en los procedimientos relativos al ejercicio del derecho de
petición a que se refiere el artículo 29 de la Constitución Española. Entenderla estimada por silencio administrativo en los procedimientos que impliquen el ejercicio de
actividades que puedan dañar el medio ambiente y en los procedimientos de responsabilidad patrimonial de
las Administraciones Públicas. Entenderla estimada por silencio administrativo en los procedimientos de revisión oficio iniciados a
solicicitud del interesado.
Conforme a lo dispuesto en los artículos 86 y 133 de la Constitución Española respecto a la potestad para
establecer tributos, señale la respuesta CORRECTA: En caso de extraordinaria y urgente necesidad, el Gobierno podrá establecer tributos mediante Decretosleyes. La potestad originaria para establecer tributos mediante Ley corresponde exclusivamente al Estado y a las
Comunidades Autónomas. Las Comunidades Autónomas pueden establecer sus propios tributos, de acuerdo con la Constitución y las
leyes. Las Corporaciones Locales no pueden establecer sus propios tributos pero sí exigirlos.
Señale cuál de las siguientes afirmaciones sobre el Modelo 111 es CORRECTA: Es el modelo de autoliquidación de las retenciones e ingresos a cuenta sobre rendimientos del trabajo y de
actividades económicas, premios y determinadas ganancias patrimoniales e imputaciones de renta. Es el modelo de autoliquidación de las retenciones e ingresos a cuenta sobre rendimientos procedentes del
arrendamiento de bienes inmuebles urbanos Es el modelo de autoliquidación trimestral de los pagos fraccionados del Impuesto sobre la Renta de las
Personas Físicas que deben presentar las personas físicas que desarrollen actividades económicas en
estimación objetiva Es una declaración informativa.
De acuerdo con el artículo 11 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local,
son elementos del municipio: El Alcalde, el Pleno y la Junta de Gobierno Local El Alcalde, los Tenientes de Alcalde y el Pleno. El territorio, la población y la organización. El Alcalde, los concejales y el pleno municipal.
De acuerdo con el artículo 60 de la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las
Personas Físicas, determine cuál será el mínimo por discapacidad en el caso de un contribuyente que
acredite un grado de discapacidad igual o superior al 65 por ciento 5.550 euros anuales 3.000 euros anuales, incrementándose en 3.000 euros anuales en concepto de gastos de asistencia 6.000 euros anuales. 9.000 euros anuales, incrementándose en 3.000 euros anuales en concepto de gastos de asistencia.
Señale en cuál de los siguientes supuestos las personas que se indican pueden formar parte de una
unidad familiar y tributar conjuntamente en el Impuesto de la Renta de las Personas Físicas, de acuerdo
con lo establecido en el artículo 82 de la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto de la Renta de las
Personas Físicas: Contribuyente separado legalmente que convive con su hijo de 15 años sobre el que tiene atribuida la
guarda y custodia en exclusiva Pareja de hecho sin vínculo matrimonial que tienen un hijo de 9 años Padre que no tiene la guardia y custodia de su hijo pero que le presta a éste alimentos por resolución
judicial. Cónyuges no separados legalmente que conviven con hijo de 22 años que no está incapacitados
judicialmente ni sujeto a patria potestad prorrogada o rehabilitada.
Según el artículo 7 de la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas
Físicas, está exenta la siguiente renta: Las anualidades por alimentos percibidas de los padres en virtud de acuerdo entre ambos. Las pensiones por inutilidad o incapacidad permanente del régimen de clases pasivas, siempre que la
lesión o enfermedad que hubiera sido causa de aquéllas inhabilitara por completo al perceptor de la
pensión para toda profesión u oficio. Las prestaciones reconocidas al contribuyente por la Seguridad Social o por las entidades que la
sustituyan como consecuencia de incapacidad temporal Las indemnizaciones por despido o cese del trabajador, en la cuantía que exceda a la establecida con
carácter obligatorio en el Estatuto de los Trabajadores, en su normativa de desarrollo o, en su caso, en la
normativa reguladora de la ejecución de sentencias, sin que pueda considerarse como tal la establecida en
virtud de convenio, pacto o contrato.
Según el artículo 159 de la Constitución Española, ¿cúal de las siguientes afirmaciones es correcta
respecto a los miembros del Tribunal Constitucional?: Serán designados por un periodo de cinco años y se renovarán por terceras partes. Son nombrados por el rey Podrán compatibilizar su condición de miembro del Tribunal Constitucional con el ejercicio de las carreras
judicial y fiscal. Podrán compatibilizar su condición de miembro del Tribunal Constitucional con un cargo político.
Según el artículo 7 de la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas
Físicas señale cuál de las siguientes rentas está exenta: Las indemnizaciones como consecuencia de responsabilidad civil por daños materiales, en la cuantía legal
o judicialmente reconocida Las prestaciones por desempleo reconocidas por la respectiva entidad gestora, con independencia de la
modalidad de pago de la prestación Las prestaciones y ayudas familiares percibidas de cualquiera de las Administraciones Públicas, ya sean
vinculadas a nacimiento, adopción, acogimiento o cuidado de hijos menores Las rentas que se pongan de manifiesto en el momento de la constitución de rentas temporales
aseguradas resultantes de los planes individuales de ahorro sistemático.
Es función del Director General de la Agencia Estatal de Administración Tributaria: La superior jefatura del personal de la Agencia Aprobar la estructura orgánica de la Agencia Aprobar la oferta de empleo de la Agencia Acordar los nombramientos y ceses del personal directivo de la Agencia.
El artículo 38 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, regula la sede
electrónica, recogiendo en sus competencias la siguiente afirmación: El establecimiento de una sede electrónica nunca conlleva la responsabilidad del titular respecto de la
integridad, veracidad y actualización de la información y los servicios a los que pueda accederse a través
de la misma. Las sedes electrónicas dispondrán de sistemas que permitan el establecimiento de comunicaciones
seguras siempre que sean necesarias La publicación en las sedes electrónicas de informaciones, servicios y transacciones podrá dificultar los
principios de accesibilidad y uso de acuerdo con las normas establecidas al respecto Las sedes electrónicas utilizarán, para identificarse y garantizar una comunicación segura con las mismas,
certificados de cualquier empresa de autenticación de sitio web o medio equivalente.
El artículo 101 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, regula la liquidaciones tributarias:
concepto y clases. Señale la respuesta CORRECTA: La Administración tributaria estará obligada a ajustar las liquidaciones a los datos consignados por los
obligados tributarios en las autoliquidaciones, declaraciones, comunicaciones, solicitudes o cualquier otro
documento. Tendrán la consideración de liquidaciones provisionales las practicadas en el procedimiento inspector
previa comprobación e investigación de la totalidad de los elementos de la obligación tributaria, salvo lo
dispuesto en el apartado 4 del art. 101. Podrán dictarse liquidaciones provisionales en el procedimiento de inspección, entre otros supuestos,
cuando proceda formular distintas propuestas de liquidación en relación con una misma obligación
tributaria. En todo caso, tendrán el carácter de definitivas las liquidaciones referidas a elementos de la obligación
tributaria que se encuentren vinculados con un posible delito conta la Hacienda Pública.
En relación con el concepto de deudor fallido y de crédito incobrable previsto en el artículo 61 del Real
Decreto 939/2005, de 29 de julio, por el que se aprueba el Reglamento General de Recaudación, indique la
respuesta CORRECTA: Una vez declarados fallidos los deudores principales la acción de cobro se dirigirá frente al responsable
subsidiario aunque haya responsables solidarios El concepto de incobrable se aplicará a los obligados al pago y el de fallido, a los créditos Se considerarán fallidos aquellos obligados al pago respecto de los cuales se ignore la existencia de
bienes o derechos embargables o realizables para el cobro del débito. La declaración de fallido se referirá exclusivamente a la insolvencia total.
¿Cuál es el plazo de cierre de una subasta en virtud del artículo 104 del Real Decreto 939/2005, de 29 de
julio, por el que se aprueba el Reglamento General de Recaudación?: La subasta no se cerrará hasta que haya transcurrido una hora desde la realización de la última puja,
aunque ello conlleve la ampliación del plazo inicialmente fijado, con un límite máximo de ampliación de 48
horas. La subasta no se cerrará hasta que haya transcurrido una hora desde la realización de la última puja,
aunque ello conlleve la ampliación del plazo inicialmente fijado, con un límite máximo de ampliación de 72
horas. La subasta no se cerrará hasta que haya transcurrido una hora desde la realización de la última puja,
aunque ello conlleve la ampliación del plazo inicialmente fijado, con un límite máximo de ampliación de 24
horas. La subasta no se cerrará hasta que haya transcurrido una hora desde la realización de la última puja,
aunque ello conlleve la ampliación del plazo inicialmente fijado, con un límite máximo de ampliación de 12
horas.
De conformidad con el artículo 39 ter. del Real Decreto 1065/2007, de 27 de julio, por el que se aprueba el
Reglamento General de Aplicación de los Tributos, NO están obligados a informar sobre operaciones de
adquisición, transmisión, permuta y transferencia de monedas virtuales, las personas y entidades cuya
actividad se limite a proporcionar servicios de: Cambio entre monedas virtuales y moneda fiduciaria Salvaguarda de claves criptográficas privadas en nombre de terceros, para mantener, almacenar y
transferir monedas virtuales Cambio entre diferentes monedas virtuales Asesoramiento sobre monedas virtuales.
54.-Según el artículo 56 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas, la Administración podrá adoptar medidas provisionales para asegurar la
eficacia de la resolución que pudiera recaer, si existiesen elementos de juicio suficientes para ello. Señale
la respuesta CORRECTA en relación con la adopción de dichas medidas Se adoptarán a petición del órgano superior al competente para iniciar o instruir el procedimiento Deberán ser confirmadas, modificadas o levantadas en el acuerdo de iniciación del procedimiento, dentro
de los 15 días siguientes a su adopción Contra el acuerdo de iniciación, en el que se confirmen, modifiquen o levanten las medidas provisionales, no
cabe recurso alguno En todo caso, se extinguirán antes de que surta efectos la resolución administrativa que ponga fin al
procedimiento correspondiente.
De acuerdo con el artículo 23.2 de la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las
Personas Físicas, ¿Qué requisitos se deben cumplir para aplicar la reducción del 90 por ciento sobre el
rendimiento neto positivo del capital inmobiliario?: Que el contribuyente hubiera alquilado por primera vez la vivienda, siempre que ésta se encuentre situada
en una zona de mercado residencial tensionado y el arrendatario tenga una edad comprendida entre 18 y
35 años. Que se haya formalizado por el mismo arrendador un nuevo contrato de arrendamiento sobre una vivienda
situada en zonas de mercado residencial tensionado, con una reducción en la renta de al menos un 5%
sobre el contrato anterior Que la vivienda hubiera sido objeto de una actuación de rehabilitación que hubiera finalizado en los dos
años anteriores a la fecha de celebración del contrato Que se trate de vivienda asequible incentivada o protegida, arrendada a la administración pública o
entidades del tercer sector o de la economía social que tengan la condición de entidades sin fines
lucrativos, o acogida a algún programa público de vivienda que limite la renta del alquiler.
En relación con la iniciación del procedimiento de oficio por la Administración que se establece en el
Título IV de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas, señale la afirmación CORRECTA: En los procedimientos que se inicien como consecuencia de orden superior, se entiende la misma como la
emitida por un órgano administrativo superior jerárquico del competente para la iniciación del
procedimiento. En los procedimientos que se inicien por petición razonada de otros órganos, la petición vincula al órgano
competente para iniciar el procedimiento En los procedimientos iniciados por denuncia, no será necesario expresar la identidad de la persona o
personas que las presentan, aunque sí recogerán el relato de los hechos que se ponen en conocimiento de
la Administración En los procedimientos iniciados por denuncia, el hecho de la presentación confiere, por sí sola, la
condición de interesado en el procedimiento.
Respecto a la reforma de la Constitución, señale la respuesta correcta conforme a lo establecido en el
Título X de la Constitución Española: La iniciativa es competencia exclusiva del Estado. Requiere para su aprobación, la mayoría simple de cada una de las Cámaras. Una vez aprobada, será sometida a referéndum si así lo solicitasen, dentro los treinta días siguientes a su
aprobación, al menos dos tercios de alguna de las cámaras legislativas. En caso de que afectara al Título Preliminar debe ser sometida a referéndum para su ratificación.
Señale cuál de las siguientes respuestas se corresponde con un órgano central de la Agencia Estatal de
Administración Tributaria, con rango de dirección adjunta: Departamento de Gestión Económica. Oficina Nacional de Fiscalidad Internacional Comité Permanente de Dirección. Servicio de Estudios Tributarios y Estadísticos.
Por lo que respecta a la ampliación y aplazamiento de los plazos de tramitación de los procedimientos, el
artículo 91 del Real Decreto 1065/2007 de 27 de julio, por el que se aprueba el Reglamento General de
Aplicación de los Tributos, señale la respuesta CORRECTA: Se podrá conceder más de una ampliación del plazo respectivo La ampliación se entenderá automáticamente concedida por la mitad del plazo inicialmente fijado con la
presentación en plazo de la solicitud, salvo que se notifique de forma expresa la denegación antes de la
finalización del plazo que se pretenda ampliar El acuerdo de concesión o la denegación de la ampliación o del aplazamiento serán susceptibles de
recurso o reclamación económico-administrativa Cuando el obligado tributario justifique la concurrencia de circunstancias que le impidan comparecer en el
lugar, día y hora que le hubiesen fijado, podrá solicitar un aplazamiento dentro de los cinco días siguientes
al de la notificación del requerimiento.
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 93 de la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el
Valor Añadido, indique cuál de las siguientes afirmaciones es CORRECTA: No podrán deducirse las cuotas soportadas en la adquisición de bienes efectuada sin la intención de
utilizarlos en la actividad empresarial, aunque luego se afecten a dicha actividad. Solo son deducibles las cuotas soportadas desde que se inicia la realización habitual de entrega de bienes
o prestaciones de servicios No son deducibles las cuotas soportadas en la adquisición de bienes destinados a utilizarse
simultáneamente en la realización de actividades sujetas y no sujetas al IVA No pueden hacer uso del derecho a deducir los sujetos pasivos del impuesto que realizan entregas de
medios de transporte nuevos con carácter ocasional.
Según lo dispuesto en el artículo 180.3 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, y en
relación al principio de no concurrencia de sanciones tributarias, señale cuál de las siguientes
afirmaciones es CORRECTA: Las sanciones derivadas de la comisión de infracciones tributarias no resultan compatibles con la exigencia
del interés de demora ni de los recargos del período ejecutivo Las sanciones derivadas de la comisión de infracciones tributarias resultan compatibles con la exigencia
del interés de demora, pero no de los recargos del período ejecutivo Las sanciones derivadas de la comisión de infracciones tributarias resultan compatibles con la exigencia de
los recargos del período ejecutivo, pero no del interés de demora Las sanciones derivadas de la comisión de infracciones tributarias resultan compatibles con la exigencia
del interés de demora y de los recargos del período ejecutivo.
Conforme a lo dispuesto en el artículo 162 del Real Decreto 1065/2007, de 27 de julio, por el que se
aprueba el Reglamento General de Aplicación de los Tributos, ¿cuál de las siguientes respuestas se
corresponde con una forma de terminación del procedimiento de tasación pericial contradictoria?: Por el desistimiento del obligado tributario Por la designación del perito tercero Por el inicio de un procedimiento de comprobación limitada o inspección Por prescripción.
Respecto a las obligaciones formales, contables y registrales establecidas en virtud del artículo 68 del
Real Decreto 439/2007 de 30 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento del Impuesto sobre la Renta
de las Personas Físicas, señale la respuesta CORRECTA: Los contribuyentes que desarrollen actividades empresariales de carácter mercantil cuyo rendimiento se
determine en la modalidad simplificada del método de estimación directa, estarán obligados a la llevanza
de contabilidad ajustada a lo dispuesto en el Código de Comercio Los contribuyentes que desarrollen actividades empresariales de carácter mercantil cuyo rendimiento se
determine en la modalidad normal del método de estimación directa, estarán obligados a la llevanza de los
libros registro de ventas e ingresos, de compras y gastos, de bienes de inversión y de fondos y suplidos Los contribuyentes que desarrollen actividades profesionales cuyo rendimiento se determine en la
modalidad normal del método de estimación directa, estarán obligados a la llevanza de los libros registro
de ingresos, de gastos, de bienes de inversión y de provisiones de fondos y suplidos Los contribuyentes que desarrollen actividades profesionales cuyo rendimiento se determine en la
modalidad simplificada del método de estimación directa, estarán obligados a la llevanza de contabilidad
ajustada a lo dispuesto en el Código de Comercio.
De acuerdo con el artículo 44 del Real Decreto 1165/1995, de 7 de julio, por el que se aprueba el
Reglamento de los Impuestos Especiales, los plazos para la presentación de la autoliquidación
correspondiente al Impuesto sobre Hidrocarburos serán: Los veinte primeros días naturales siguientes a aquel en que finaliza el mes en que se hayan producido los
devengos Los veinte primeros días naturales del segundo mes siguiente a aquel en que finaliza el trimestre en que se
han producido los devengos Los veinte primeros días naturales del tercer mes siguiente a aquel en que finaliza el mes en que se han
producido los devengos Los veinte primeros días naturales siguientes a aquel en que finaliza el trimestre en que se han producido
los devengos.
Una empresa que se encuentra en concurso de acreedores, vende el local que ha sido su sede social a
una empresa dedicada al arrendamiento. En relación al artículo 84 de la Ley 37/1992, de 28 de diciembre,
del Impuesto sobre el Valor Añadido, señale cuál de las siguientes afirmaciones es CORRECTA La empresa vendedora es sujeto pasivo del Impuesto en su condición de empresario o profesional que
realiza entregas de bienes o prestaciones de servicios sujetos al Impuesto. La empresa adquirente es sujeto pasivo del Impuesto dado que el inmueble se entrega dentro de un
proceso concursal El sujeto pasivo es la empresa vendedora, debiendo el adquirente realizar el ingreso del IVA de esta
operación por estar el sujeto pasivo en concurso de acreedores La empresa adquirente es sujeto pasivo del Impuesto, siendo la empresa vendedora la que debe realizar el
ingreso del impuesto repercutido al encontrarse en concurso de acreedores.
Conforme a lo dispuesto en el artículo 162 del Real Decreto 1065/2007, de 27 de julio, por el que se
aprueba el Reglamento General de Aplicación de los Tributos, ¿cuál de las siguientes respuestas se
corresponde con una forma de terminación del procedimiento de tasación pericial contradictoria?: Por el desistimiento del obligado tributario Por la designación del perito tercero. Por el inicio de un procedimiento de comprobación limitada o inspección Por prescripción.
Según lo dispuesto en el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-administrativa, el plazo de interposición del recurso contencioso-administrativo será: Dos meses contados desde el día siguiente al de la notificación o publicación del acto que ponga fin a la
vía administrativa, si fuera un acto expreso. Tres meses a contar a partir del día siguiente a aquél en que, de acuerdo con su normativa específica, se
produzca el acto presunto Quince días si se dirigiera contra una actuación en vía de hecho. Un mes contado desde el día siguiente al de la notificación o publicación del acto que ponga fin a la vía
administrativa, si fuera un acto expreso.
A tenor del artículo 39 de la Ley 39/2015 , de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas, en relación con la eficacia de los actos administrativos, señale la respuesta
CORRECTA: Los actos de las Administraciones Públicas sujetos al Derecho Administrativo se presumirán válidos y
producirán efectos desde la fecha en que se dicten, sin que sea posible la eficacia demorada de los
mismos Las normas y actos dictados por los órganos de las Administraciones Públicas en el ejercicio de su propia
competencia no deben ser observados por los órganos administrativos que no dependan jerárquicamente
del que dictó el acto y no pertenezcan a la misma Administración Excepcionalmente, podrá otorgarse eficacia retroactiva a los actos cuando produzcan efectos favorables al
interesado, siempre que los supuestos de hecho necesarios existieran ya en la fecha a que se retrotraiga
la eficacia del acto y ésta no lesione derechos o intereses legítimos de otras personas. Excepcionalmente, podrá otorgarse eficacia retroactiva a los actos cuando se dicten en sustitución de
actos anulados, siempre que los supuestos de hecho necesarios se produzcan con posterioridad a la fecha
a que se retrotraiga la eficacia del acto.
Señale la opción CORRECTA en relación con la excedencia por agrupación familiar, conforme al artículo
89.3 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la
Ley del Estatuto Básico del Empleado Público: Su duración no podrá ser superior a 10 años Se podrá conceder a los funcionarios cuyo cónyuge resida en otra localidad por haber obtenido y estar
desempeñando un puesto de trabajo de carácter definitivo como funcionario de carrera o como laboral fijo
en cualquiera de las Administraciones Públicas. Para concederse se tendrán que haber prestado servicios efectivos en cualquiera de las Administraciones
Públicas durante al menos 5 años. Quienes se encuentren en esta situación no devengarán retribuciones, ni les será computable el tiempo que
permanezcan en tal situación a efectos de ascensos.
De acuerdo con el artículo 33 del Real Decreto 939/2005, de 29 de julio, por el que se aprueba el
Reglamento General de Recaudación, indique la respuesta CORRECTA en relación con quién podrá
efectuar el pago de la deuda tributaria, tanto en periodo voluntario como en periodo ejecutivo: Exclusivamente los sujetos pasivos de los tributos y los sucesores. Solamente los sujetos pasivos de los tributos, los obligados a realizar los pagos a cuenta, los sucesores,
los responsables solidarios y los responsables subsidiarios. Exclusivamente los sujetos pasivos de los tributos, los obligados a realizar los pagos a cuenta, los
responsables solidarios y los responsables subsidiarios. Cualquier persona, tenga o no interés en el cumplimiento de la obligación, ya lo conozca y lo apruebe, ya
lo ignore el obligado al pago.
Conforme al artículo 78 de la Constitución Española, la Diputación Permanente de cada Cámara: Estará compuesta por un mínimo de 21 miembros. Asumirá las funciones de las comisiones legislativas y de investigación entre periodos de sesiones Solo se reunirá o constituirá cuando se disuelvan las Cortes Generales. Ejercerá sus funciones hasta el día en que se celebren las nuevas elecciones generales, momento en el
que cesarán de las mismas y darán cuentas de las decisiones tomadas al Presidente del Gobierno en
funciones.
Según lo dispuesto en el artículo 155.3 de la ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, ¿cuál de
los siguientes requisitos es imprescindible para la suscripción de un acta con acuerdo?: Que el importe de las bases imponibles o cuotas regularizadas no superen los 6.000.000 euros o los
450.000 euros, respectivamente Que en la conducta del obligado tributario de la que resulta la regularización no se aprecien, por parte de la
inspección, indicios de infracción tributaria. Autorización del órgano competente para liquidar, previa o simultánea a la suscripción del acta con
acuerdo. Que la Cifra Anual de Negocios del obligado tributario sea igual o inferior al importe requerido para auditar
sus cuentas.
La Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, establece sobre el Tribunal Supremo que: Está integrado por las siguientes salas: de lo Civil, de lo Penal, de lo Social y de lo Contencioso-
Administrativo. Los asuntos de lo Militar se deben tratar en salas de creación extraordinaria. Estará integrado por el presidente y los gabinetes técnicos de cada sala. Constituirá diferentes salas según las necesidades, que irán conociendo de los asuntos y materias de los
que sean ponentes o especialistas cada presidente de sala Está integrado por las siguientes salas ordinarias: de lo Civil, de lo Penal, de lo Social, de lo Contencioso-
Administrativo y de lo Militar.
74.-De acuerdo con el artículo 28.5 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, en la tramitación
del procedimiento de apremio, ¿es exigible siempre junto con los recargos del periodo ejecutivo el interés
de demora devengado?: El interés de demora es siempre exigible junto con el recargo ejecutivo devengado desde el fin del periodo
de ingreso en voluntaria de la deuda tributaria atendiendo a lo dispuesto al artículo 62.2 de la Ley General
Tributaria. El interés de demora se exige junto con el recargo de apremio ordinario cuando el ingreso de la deuda no
se efectúa en el plazo del artículo 62.5 de la Ley General Tributaria. Es incompatible la exigencia de los recargos del periodo ejecutivo junto con el interés de demora. Finalizado el plazo de ingreso conforme a lo dispuesto en el artículo 62.5 de la Ley General Tributaria sin
que se hubiera efectuado el pago de la deuda solo resulta exigible el recargo de apremio ordinario.
Según lo dispuesto en el artículo séptimo de la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de Incompatibilidades del
personal al servicio de las Administraciones, respecto de la compatibilidad de dos actividades públicas,
los servicios prestados en el segundo puesto o actividad: No se computarán a efectos de trienios, pero si a efectos de derechos pasivos. Si computarán tanto a efectos de trienios como de derechos pasivos No se computarán a efectos de trienios ni de derechos pasivos, pudiendo suspender la cotización a este
último efecto No se computarán a efectos de trienios ni de derechos pasivos, pudiendo el funcionario escoger por cuál
de los puestos efectuar la cotización.
Conforme a lo establecido en el artículo 67 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria,
¿cuándo comenzará a contarse el plazo de prescripción del derecho a solicitar el reembolso del coste de
las garantías previsto en el artículo 66 c) de dicho texto legal?: Desde el día siguiente a aquel en que se notifique al obligado tributario la sentencia o resolución
administrativa que declare total o parcialmente improcedente el acto impugnado Desde el día siguiente a aquel en que adquiera firmeza la sentencia o resolución administrativa que
declare total o parcialmente improcedente el acto impugnado. Desde el día siguiente a aquel en que se produzca la formalización de la garantía aportada Desde el día siguiente a aquel en que se interponga el recurso o reclamación contra el acto impugnado.
Conforme al artículo 59 del Real Decreto 1065/2007, de 27 de julio, por el que se aprueba el Reglamento
General de Aplicación de los tributos, en un procedimiento de gestión tributaria iniciado de oficio,
¿cuándo surtirá efecto la comunicación del cambio de domicilio fiscal en relación con la competencia del
órgano actuante, salvo que durante dicho plazo se inicie un procedimiento de comprobación de la
procedencia del cambio de domicilio?: 1 mes 15 días 2 meses 6 meses.
-De acuerdo con el artículo 62.5 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, ¿en qué plazo
deberá un contribuyente efectuar el pago de una deuda tributaria cuya providencia de apremio le ha sido
notificada el día 10 de enero?: Desde el 10 de enero hasta el día 5 del mes de febrero o, si éste no fuera hábil, hasta el inmediato hábil
siguiente. Desde el 10 de enero hasta el día 20 del mes de enero o, si éste no fuera hábil, hasta el inmediato hábil
siguiente Desde el 10 de enero hasta el día 20 del mes de marzo o, si éste no fuera hábil, hasta el inmediato hábil
siguiente Desde el 10 de enero hasta el día 20 del mes de febrero o, si éste no fuera hábil, hasta el inmediato hábil
siguiente.
Manuel adquiere un local para destinarlo al alquiler en enero de 2018 por importe de 121.000 euros,
correspondiendo 100.000 euros a la base imponible y 21.000 euros a la cuota soportada, deduciéndose la
totalidad de dicha cuota ya que solamente realiza actividades sujetas y no exentas y el bien se afecta
exclusivamente a la actividad. En enero de 2024, decide vender el local a un particular en una operación
sujeta y exenta del Impuesto sobre el Valor Añadido. Respecto a esta venta y de acuerdo con el artículo
110 de la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido, ¿cuál de las siguientes
afirmaciones es CORRECTA?: La entrega sujeta y exenta del Impuesto determina que Manuel deba realizar un ajuste negativo a la cuota
de IVA soportado en la adquisición por importe de 10.500 euros No procede regularizar la cuota de IVA soportado al haber transcurrido más de cinco años desde el año de
la compra. La entrega sujeta y exenta del Impuesto determina que Manuel tenga una deducción adicional en relación
a la cuota de IVA soportado en la compra de 10.500 euros. No procede regularizar la cuota de IVA soportado dado que Manuel solo realiza actividades sujetas y no
exentas, por lo que nunca resultó de aplicación la regla de prorrata.
Según el artículo 187.1.a) de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, señale cuál de las
siguientes afirmaciones es CORRECTA en relación con los porcentajes en los que se incrementará la
sanción mínima cuando concurra comisión repetida de infracciones tributarias, salvo que se establezca
expresamente otra cosa: Cuando el sujeto infractor hubiera sido sancionado por una infracción grave, el incremento será de 5
puntos porcentuales. Cuando el sujeto infractor hubiera sido sancionado por una infracción grave, el incremento será de 15
puntos porcentuales. Cuando el sujeto infractor hubiera sido sancionado por una infracción grave, el incremento será de 10
puntos porcentuales Cuando el sujeto infractor hubiera sido sancionado por una infracción grave, el incremento será de 25
puntos porcentuales.
Según el Real Decreto 1065/2007, de 27 de julio, por el que se aprueba el Reglamento General de
Aplicación de los Tributos, cuando la actuación inspectora consista en la entrada o reconocimiento de
fincas y afecte al domicilio constitucionalmente protegido de un obligado tributario, se precisará el
consentimiento del interesado o bien: Autorización escrita del Delegado del ámbito territorial del que dependa el órgano actuante Autorización judicial. Autorización escrita del Director del departamento del que dependa el órgano actuante No será posible el reconocimiento del domicilio, constitucionalmente protegido, en ningún caso.
Conforme a los dispuesto en la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno, ¿cuál de las siguientes
afirmaciones es CORRECTA?: Corresponde al Presidente del Gobierno interponer los recursos de amparo y de inconstitucionalidad Corresponde al Consejo de Ministros, como órgano colegiado del Gobierno, declarar el estado de alarma,
y proponer al Congreso de los Diputados la declaración de los estados de excepción y sitio Podrán existir Ministros sin cartera, determinándose el ámbito de sus competencias, la estructura
administrativa, así como los medios materiales y personales que queden adscritos al mismo, mediante
Real Decreto Legislativo Los Secretarios de Estado son órganos superiores de la Administración General del Estado, responsables
de la ejecución de la acción del Gobierno, y que actúan bajo la dirección del titular del Departamento al que
pertenezcan, salvo cuando estén adscritos a la Presidencia del Gobierno, que lo harán bajo la dirección del
Presidente.
¿En qué plazo debe subsanarse la falta o insuficiencia de representación según el artículo 112 del Real
Decreto 1065/2007, de 27 de julio, por el que se aprueba el Reglamento General de Aplicación de los
Tributos?: 5 días 10 días 15 días 20 días.
El artículo 17 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y
buen gobierno, establece que el interesado en el ejercicio del derecho de acceso a la información: Está obligado a exponer los motivos por los que solicita la información, los cuales serán tenidos en cuenta
cuando se dicte la resolución. Deberá motivar su solicitud, siendo la ausencia de ésta causa de rechazo Deberá motivar su solicitud, así como el uso que dará a la información No está obligado a motivar su solicitud.
Respecto a la Inscripción en el Inventario de Entidades del Sector Público Estatal, Autonómico y Local,
regulada en el Artículo 83 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, del Régimen Jurídico del Sector Público: El titular del máximo órgano de dirección de la entidad notificará, a través de la intervención general de la
Administración correspondiente, la información necesaria para la inscripción definitiva en el Inventario de
Entidades del Sector Público Estatal, Autonómico y Local, en los términos previstos reglamentariamente,
de los actos relativos a su creación, transformación, fusión o extinción, en el plazo de dos meses a contar
desde que ocurra el acto inscribible La inscripción en el Inventario de Entidades del Sector Público Estatal, Autonómico y Local se practicará
dentro del plazo de 15 días hábiles siguientes a la recepción de la solicitud de inscripción Para la inscripción de una entidad en el Inventario de Entidades del Sector Público Estatal, Autonómico y
Local, será necesario que esta tenga asignado previamente el Número de Identificación Fiscal definitivo y
de la letra identificativa que corresponda a la entidad, de acuerdo con su naturaleza jurídica, por parte de la
Administración Tributaria. El titular del máximo órgano de dirección de la entidad notificará, a través de la intervención general de la
Administración correspondiente, la información necesaria para la inscripción definitiva en el Inventario de
Entidades del Sector Público Estatal, Autonómico y Local, en los términos previstos reglamentariamente,
de los actos relativos a su creación, transformación, fusión o extinción, en el plazo de tres meses a contar
desde que ocurra el acto inscribible.
Un Ayuntamiento expropia, a una sociedad dedicada a la promoción inmobiliaria, un terreno sobre el que
la sociedad tenía proyectado iniciar una promoción de viviendas. De acuerdo con lo dispuesto en el
artículo 8 de la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido, señale la afirmación
CORRECTA: La operación se califica como prestación de servicios o entrega de bienes dependiendo de si el
Ayuntamiento paga el justiprecio en dinero o en especie. La operación no se trata de una entrega de bienes, dado que la sociedad no había iniciado la promoción
de las viviendas. La operación se califica como entrega de bienes, al realizarse en virtud de una expropiación forzosa. La operación se califica como prestación de servicios, al tratarse de una expropiación forzosa y no de una
compraventa, con independencia del inicio de la promoción de las viviendas.
-En relación con la resolución del recurso de reposición, señale la afirmación CORRECTA de acuerdo con
el artículo 225 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria: Será competente para conocer y resolver el recurso de reposición el superior jerárquico del órgano que
dictó el acto recurrido, siendo el plazo máximo para notificar la resolución de dos meses contados desde el
día siguiente al de presentación del recurso. Será competente para conocer y resolver el recurso de reposición el órgano que dictó el acto recurrido,
siendo el plazo máximo para notificar la resolución de dos meses contados desde el día siguiente al de
presentación del recurso. Será competente para conocer y resolver el recurso de reposición el órgano que dictó el acto recurrido,
siendo el plazo máximo para notificar la resolución de un mes contado desde el día siguiente al de
presentación del recurso. Será competente para conocer y resolver el recurso de reposición el superior jerárquico del órgano que
dictó el acto recurrido, siendo el plazo máximo para notificar la resolución de un mes contado desde el día
siguiente al de presentación del recurso.
Según lo dispuesto en el artículo 181 del Real Decreto 1065/2007, de 27 de julio, por el que se aprueba el
Reglamento General de Aplicación de los Tributos, tras la adopción de una medida cautelar en un
procedimiento de inspección, ¿cuál es el plazo improrrogable en el que podrá realizar alegaciones el
obligado tributario ante el órgano competente para liquidar?: Cinco días a partir del día siguiente a la adopción de la medida cautelar Quince días a partir del día siguiente a la adopción de la medida cautelar. Cinco días a partir del día siguiente a la notificación de la medida cautelar. Quince días a partir del día siguiente a la notificación de la medida cautelar.
Según los artículos 72 y 73 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, los
Delegados del Gobierno en las Comunidades Autónomas: Son órganos directivos con rango de Subsecretario que dependen orgánicamente del Ministerio
competente por razón de la materia Serán nombrados y separados por Real Decreto del Consejo de Ministros, a propuesta del Presidente del
Gobierno. Propondrán para su nombramiento por el Consejo de Ministros, a los Subdelegados del Gobierno en las
provincias de su ámbito Semestralmente elevarán al Gobierno, a través del titular del Ministerio de Hacienda y Administraciones
Públicas, un informe sobre el funcionamiento de los servicios públicos estatales en el ámbito autonómico.
En relación al pago de deudas mediante domiciliación bancaria, regulado en el artículo 38 del Real Decreto
939/2005, de 29 de julio, por el que se aprueba el Reglamento General de Recaudación, ¿cuál de las
siguientes afirmaciones es CORRECTA?: El pago puede ser domiciliado en una cuenta bancaria abierta en una entidad de crédito cuya titularidad
corresponda únicamente al obligado al pago El obligado al pago no tiene la obligación de comunicar su orden de domiciliación a los órganos de la
Administración En el caso de que el cargo en cuenta no se realice o se realice fuera de plazo por causa no imputable al
obligado al pago, se exigirán a este los recargos, intereses de demora o sanciones, según proceda. Los pagos se entenderán realizados en la fecha de cargo en cuenta de dichas domiciliaciones,
considerándose justificante de ingreso el que a tal efecto expida la entidad de crédito donde se encuentre
domiciliado el pago.
Un promotor inmobiliario transmite varios pisos de un inmueble, dos años después de acabada la
construcción del edificio. De acuerdo con lo dispuesto en el apartado 22º del artículo 20. Uno de la Ley
37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido, indique cuál de las siguientes
transmisiones se considera segunda o ulterior entrega de un inmueble y, por ello, se considera exenta: Transmisión de un piso que ha estado desocupado desde el final de la construcción. Transmisión de un piso que estuvo arrendado en virtud de un contrato de arrendamiento sin opción de
compra desde el momento del fin de la construcción. Se vende a una persona distinta del arrendatario. Transmisión de un piso que durante el primer año se utilizó como piso piloto y el segundo año estuvo vacío
y a la venta. Transmisión de un piso que estuvo arrendado en virtud de un contrato de arrendamiento sin opción de
compra desde el momento del fin de la construcción. La venta se realiza al arrendatario.
El artículo 6 de la ley Orgánica 3/2007, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, define como
discriminación indirecta por razón de sexo: La situación en la que una disposición, criterio o práctica aparentemente neutros pone a personas de un
distinto sexo en desventaja particular con respecto a personas del otro salvo que pudiera justificarse
objetivamente en atención a una finalidad ilegítima y que los medios para alcanzar dicha finalidad sean
necesarios y adecuados La situación en la que una disposición, criterio o práctica aparentemente neutros pone a personas de un
sexo en desventaja particular con respecto a personas del otro salvo que pudiera justificarse objetivamente
en atención a una finalidad legítima y que los medios para alcanzar dicha finalidad sean necesarios y
adecuados. La situación en la que se encuentra una persona que sea, haya sido o pudiera ser tratada, en atención a
su sexo, de manera menos favorable que otra en situación comparable La ausencia de toda discriminación directa o indirecta por razón de sexo, y, especialmente, las derivadas
de la maternidad, la asunción de obligaciones familiares y el estado civil.
El artículo 145.1 de la Constitución Española establece que la federación de Comunidades Autónomas: Puede acordarse por las Comunidades Autónomas con provincias limítrofes o con características
históricas, culturales y económicas comunes. Puede ser autorizada por las Cortes Generales mediante Ley Orgánica a las Comunidades limítrofes con
características históricas, culturales y económicas comunes. Está limitada por la Constitución al ejercicio de acuerdos de cooperación, los cuales necesitarán de la
aprobación del Gobierno. No se admitirá en ningún caso.
De conformidad con el artículo 86 de la Constitución Española, señale la respuesta correcta en relación
con los Decretos-Leyes: Los Decretos-Leyes deberán ser inmediatamente sometidos a debate y votación de totalidad al Congreso
de los Diputados, en el plazo de los dos meses siguientes a su promulgación. Los Decretos-Leyes son disposiciones que contienen legislación delegada otorgada al Gobierno por las
Cortes Generales sobre una materia concreta y con fijación de un plazo para su ejercicio Los Decretos-Leyes son disposiciones legislativas provisionales aprobadas por el Gobierno que solamente
pueden convalidarse mediante la tramitación del mismo como proyecto de ley por el procedimiento
ordinario Los Decretos-Leyes no podrán afectar al ordenamiento de las instituciones básicas del Estado, a los
derechos, deberes y libertades de los ciudadanos regulados en el Título I, al régimen de las Comunidades
Autónomas ni al Derecho Electoral General.
El artículo 91 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, regula los acuerdos previos de
valoración. Señale la respuesta CORRECTA de entre las opciones siguientes: La falta de contestación de la Administración tributaria en plazo implicará la aceptación de los valores
propuestos por el obligado tributario. El acuerdo de valoración de la Administración tributaria se emitirá por escrito, con indicación de la
valoración, del supuesto de hecho al que se refiere y del impuesto al que se aplica, no teniendo carácter
vinculante. La solicitud deberá presentarse por escrito, después de la realización del hecho imponible, a la que se
acompañará la propuesta de valoración formulada por el obligado tributario. Los obligados tributarios no podrán interponer recurso contra el acto o actos administrativos que se dicten
posteriormente en aplicación de las valoraciones incluidas en el acuerdo.
De acuerdo con el artículo 19.2 de la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las
Personas Físicas, señale la cantidad hasta la que se puede incrementar el gasto deducible para determinar
el rendimiento neto del trabajo de un contribuyente inscrito en la oficina de empleo que acepta un puesto
de trabajo que exige el traslado de su residencia habitual a un nuevo municipio. Señale la respuesta
CORRECTA: 3.500 euros adicionales en el periodo impositivo en el que se produzca el cambio de residencia 1.500 euros adicionales en el periodo impositivo en el que se produzca el cambio de residencia siempre
que permanezca en el mismo puesto de trabajo durante dos años. 2.000 euros adicionales en el periodo impositivo en el que se produzca el cambio de residencia y en el
siguiente. 2.400 euros adicionales en el periodo impositivo en el que se produzca el cambio de residencia.
Conforme al Capítulo II del Título V de la Ley 39/2015 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, contra los actos administrativos que pongan fin
a la vía administrativa, si el acto no fuera expreso, el solicitante y otros posibles interesados podrán
interponer: Recurso de alzada. Recurso de reposición Recurso extraordinario de revisión No procede interponer recurso administrativo.
Tal y como establece el artículo 4 del Real Decreto 1619/2012, de 30 de noviembre, por el que se aprueba el
Reglamento por el que se regulan las obligaciones de facturación, se entenderá cumplida la obligación de
expedir factura mediante la expedición de factura simplificada: Cuando su importe no exceda de 500 euros, Impuesto sobre el Valor Añadido incluido. En una venta al por menor cuyo destinatario no actue como empresario o profesional siempre y cuando su
importe no exceda de 3.000 euros, Impuesto sobre el Valor Añadido incluido. En el caso que así lo autorice el Departamento de Inspección Tributaria de la Agencia Estatal de
Administración Tributaria, cuando las prácticas comerciales o administrativas del sector de actividad de
que se trate dificulten particularmente la inclusión en las mismas de la totalidad de los datos. En las entregas de bienes destinados a otro Estado miembro a que se refiere el artículo 25 de la Ley del
Impuesto sobre el Valor Añadido.
¿En qué plazo se entenderá rechazada una notificación realizada a través de medios electrónicos, cuando
tenga carácter obligatorio, conforme al artículo 43.2 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas?: Cuando hayan transcurrido quince días naturales desde la puesta a disposición de la notificación sin que
se acceda a su contenido Cuando hayan transcurrido quince días hábiles desde la puesta a disposición de la notificación sin que se
acceda a su contenido Cuando hayan transcurrido diez días naturales desde la puesta a disposición de la notificación sin que se
acceda a su contenido. Cuando hayan transcurrido diez días hábiles desde la puesta a disposición de la notificación sin que se
acceda a su contenido.
¿Cuál es el período mínimo de residencia que requiere el artículo 5 de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre,
de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia, para que
los españoles puedan ser titulares de los derechos reconocidos en la misma?: No se establece período mínimo. Dos años. Cinco años, de los cuales dos deberán ser inmediatamente anteriores a la fecha de presentación de la
solicitud. Diez años, de los cuales dos deberán ser inmediatamente anteriores a la fecha de presentación de la
solicitud.
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