Agente tributario 7

Según la Ley 39/2015, si la solicitud de iniciación de un procedimiento administrativos no reúne los requisitos exigidos: Se requerirá al interesado para que, en un plazo de diez días, subsane la falta o acompañe los documentos preceptivos, con indicación de que, si así no lo hiciera, se le tendrá por desistido de su petición, previa resolución que deberá ser dictada en los términos previstos en el artículo 21. Se requerirá al interesado para que, en un plazo improrrogable de diez días, subsane la falta o acompañe los documentos preceptivos, con indicación de que, si así no lo hiciera, se le tendrá por desistido de su petición, previa resolución que deberá ser dictada en los términos previstos en el artículo 21. Se requerirá al interesado para que, en un plazo improrrogable de quince días, subsane la falta o acompañe los documentos preceptivos, con indicación de que, si así no lo hiciera, se le tendrá por desistido de su petición, previa resolución que deberá ser dictada en los términos previstos en el artículo 21. La solicitud será inadmitida.

Según el artículo 68 de la Ley 39/2015, el plazo de subsanación o mejora de una solicitud podrá ser ampliado prudencialmente: En los procedimientos selectivos. En los procedimientos de concurrencia competitiva. En cualquier tipo de procedimiento. En cualquier tipo de procedimiento, siempre que no se trate de procedimientos selectivos o de concurrencia competitiva.

A los efectos de la Ley 39/2015, se entenderá por declaración responsable: El documento suscrito por un interesado en el que éste manifiesta, bajo su responsabilidad, que cumple con los requisitos establecidos en la normativa vigente para obtener el reconocimiento de un derecho o facultad o para su ejercicio, que dispone de la documentación que así lo acredita, que la pondrá a disposición de la Administración cuando le sea requerida, y que se compromete a mantener el cumplimiento de las anteriores obligaciones durante el período de tiempo inherente a dicho reconocimiento o ejercicio. Aquel documento mediante el que los interesados ponen en conocimiento de la Administración Pública competente sus datos identificativos o cualquier otro dato relevante para el inicio de una actividad o el ejercicio de un derecho. El certificado técnico firmado por un profesional colegiado que garantiza que una obra o instalación cumple con todas las medidas de seguridad exigidas por la ley. El documento emitido por la Administración Pública que autoriza al interesado a iniciar una actividad económica tras haber pagado las tasas correspondientes.

A los efectos de la Ley 39/2015, se entenderá por comunicación: El documento suscrito por un interesado en el que éste manifiesta, bajo su responsabilidad, que cumple con los requisitos establecidos en la normativa vigente para obtener el reconocimiento de un derecho o facultad o para su ejercicio, que dispone de la documentación que así lo acredita, que la pondrá a disposición de la Administración cuando le sea requerida, y que se compromete a mantener el cumplimiento de las anteriores obligaciones durante el período de tiempo inherente a dicho reconocimiento o ejercicio. Aquel documento mediante el que los interesados ponen en conocimiento de la Administración Pública competente sus datos identificativos o cualquier otro dato relevante para el inicio de una actividad o el ejercicio de un derecho. El certificado técnico firmado por un profesional colegiado que garantiza que una obra o instalación cumple con todas las medidas de seguridad exigidas por la ley. El documento emitido por la Administración Pública que autoriza al interesado a iniciar una actividad económica tras haber pagado las tasas correspondientes.

Según la Ley 39/2015, se entiende por expediente administrativo: El conjunto ordenado de documentos y actuaciones que sirven de antecedente y fundamento a la resolución administrativa, así como las diligencias encaminadas a ejecutarla. Es el documento único y definitivo, firmado por la autoridad competente, que pone fin a un procedimiento y agota la vía administrativa. Es la suma de los recursos económicos y materiales que una unidad administrativa asigna para la tramitación de un procedimiento de licitación pública. Es el sistema informático y la base de datos donde se almacenan exclusivamente las notas, borradores y comunicaciones internas que los funcionarios intercambian durante un proceso.

Según la Ley 39/2015, los trámites que deban ser cumplimentados por los interesados: Deberán realizarse en el plazo de quince días a partir del siguiente al envío de la notificación del correspondiente acto, salvo en el caso de que en la norma correspondiente se fije plazo distinto. Deberán realizarse en el plazo de diez días a partir del siguiente al envío de la notificación del correspondiente acto, salvo en el caso de que en la norma correspondiente se fije plazo distinto. Deberán realizarse en el plazo de quince días a partir del siguiente al de la notificación del correspondiente acto, salvo en el caso de que en la norma correspondiente se fije plazo distinto. Deberán realizarse en el plazo de diez días a partir del siguiente al de la notificación del correspondiente acto, salvo en el caso de que en la norma correspondiente se fije plazo distinto.

Según la Ley 39/2015, señale la respuesta correcta: Los interesados podrán, en cualquier momento del procedimiento anterior a la resolución de la misma, aducir alegaciones y aportar documentos u otros elementos de juicio. Los interesados solo podrán aducir alegaciones y aportar documentos u otros elementos de juicio cuando así lo solicite el órgano instructor. Los interesados podrán, en cualquier momento del procedimiento anterior al trámite de audiencia, aducir alegaciones y aportar documentos u otros elementos de juicio. Los interesados no podrán aducir alegaciones y aportar documentos u otros elementos de juicio una vez iniciado el procedimiento.

Salvo disposición expresa en contrario, los informes serán: Facultativos y vinculantes. Facultativos y no vinculantes. Preceptivos y vinculantes. Preceptivos y no vinculantes.

El informe emitido fuera de plazo: Podrá no ser tenido en cuenta al adoptar la correspondiente resolución. No podrá ser tenido en cuenta al adoptar la correspondiente resolución. Deberá ser tenido en cuenta al adoptar la correspondiente resolución, siempre y cuando se haya emitido antes de la resolución. Deberá ser tenido en cuenta al adoptar la correspondiente resolución, siempre y cuando se haya emitido antes del trámite de audiencia.

Según la Ley 39/2015, en los procedimientos de responsabilidad patrimonial será preceptivo solicitar dictamen del Consejo de Estado o, en su caso, del órgano consultivo de la Comunidad Autónoma: Cuando las indemnizaciones reclamadas sean de cuantía igual o superior a 50.000 euros o a la que se establezca en la correspondiente legislación autonómica, así como en aquellos casos que disponga la Ley Orgánica 3/1980, de 22 de abril, del Consejo de Estado. Únicamente cuando las indemnizaciones reclamadas sean de cuantía igual o superior a 50.000 euros o a la que se establezca en la correspondiente legislación autonómica. Únicamente en aquellos casos que disponga la Ley Orgánica 3/1980, de 22 de abril, del Consejo de Estado. En todos los casos.

Según la Ley 39/2015, respecto al trámite de audiencia: Los interesados, en un plazo inferior a diez días, podrán alegar y presentar los documentos y justificaciones que estimen pertinentes. Los interesados, en un plazo inferior a quince días, podrán alegar y presentar los documentos y justificaciones que estimen pertinentes. Los interesados, en un plazo no inferior a quince días ni superior a veinte, podrán alegar y presentar los documentos y justificaciones que estimen pertinentes. Los interesados, en un plazo no inferior a diez días ni superior a quince, podrán alegar y presentar los documentos y justificaciones que estimen pertinentes.

Señale la respuesta correcta respecto a la información pública regulada en la Ley 39/2015: El órgano instructor del procedimiento, cuando la naturaleza de éste lo requiera, podrá acordar un período de información pública. Se publicará un anuncio en la sede electrónica correspondiente a fin de que cualquier persona física o jurídica pueda examinar el expediente, o la parte del mismo que se acuerde. La incomparecencia en este trámite no impedirá a los interesados interponer los recursos procedentes contra la resolución definitiva del procedimiento. La comparecencia en el trámite de información pública otorga, por sí misma, la condición de interesado.

Señale la respuesta INCORRECTA respecto a la resolución: Antes de dictar resolución, el órgano competente para resolver podrá decidir, mediante acuerdo motivado, la realización de las actuaciones complementarias indispensables para resolver el procedimiento. La resolución que ponga fin al procedimiento decidirá todas las cuestiones planteadas por los interesados y aquellas otras derivadas del mismo. Cuando se trate de cuestiones conexas que no hubieran sido planteadas por los interesados, el órgano competente no podrá pronunciarse sobre las mismas. En los procedimientos tramitados a solicitud del interesado, la resolución será congruente con las peticiones formuladas por éste, sin que en ningún caso pueda agravar su situación inicial y sin perjuicio de la potestad de la Administración de incoar de oficio un nuevo procedimiento, si procede.

El interesado: Podrá desistir de su solicitud o, cuando ello no esté prohibido por el ordenamiento jurídico, renunciar a sus derechos. Podrá desistir de su solicitud o, cuando ello no esté prohibido por el ordenamiento jurídico, renunciar a sus derechos en un plazo de diez desde su presentación. Finalizado el plazo, la Administración podrá no aceptar el desistimiento o la renuncia. Podrá desistir de su solicitud o, cuando ello no esté prohibido por el ordenamiento jurídico, renunciar a sus derechos, previo pago de una compensación económica. No podrá desistir de su solicitud o renunciar a sus derechos.

Con arreglo a lo dispuesto en la Ley 39/2015, salvo que reste menos para su tramitación ordinaria, ¿en qué tiempo deberán ser resueltos los procedimientos administrativos tramitados de manera simplificada?. Diez días, a contar desde la notificación al interesado del acuerdo de tramitación simplificada del procedimiento. Treinta días, a contar desde la notificación al interesado del acuerdo de tramitación simplificada del procedimiento. Diez días, a contar desde el siguiente al que se notifique al interesado el acuerdo de tramitación simplificada del procedimiento. Treinta días, a contar desde el siguiente al que se notifique al interesado el acuerdo de tramitación simplificada del procedimiento.

El objeto de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, es regular los requisitos de validez y eficacia de los actos administrativos, el procedimiento administrativo común a todas las Administraciones Públicas, incluyendo el sancionador y el de: Responsabilidad penal de las autoridades. Reclamación de deudas entre particulares. Responsabilidad de las Administraciones Públicas. Selección de personal estatutario.

La Ley 39/2015 se aplica al sector público, el cual comprende, según el artículo 2.1.c): Las empresas privadas con participación estatal mínima del 10 %. Las organizaciones sindicales y empresariales. Las entidades que integran la Administración Local. Los partidos políticos y las fundaciones vinculadas a ellos.

A los efectos previstos en la Ley 39/2015, tienen capacidad de obrar ante las Administraciones Públicas: Solo los mayores de edad. Los menores de edad para el ejercicio y defensa de aquellos de sus derechos e intereses cuya actuación esté permitida por el ordenamiento jurídico sin la asistencia de la persona que ejerza la patria potestad, tutela o curatela. Se exceptúa el supuesto de los menores incapacitados, cuando la extensión de la incapacitación afecte al ejercicio y defensa de los derechos o intereses de que se trate. Los menores de edad para el ejercicio y defensa de aquellos de sus derechos e intereses cuya actuación esté permitida por el ordenamiento jurídico sin la asistencia de la persona que ejerza la patria potestad, tutela o curatela, incluyendo los menores incapacitados, incluso cuando la extensión de la incapacitación afecte al ejercicio y defensa de los derechos o intereses de que se trate. En todo caso, los grupos de afectados, las uniones y entidades sin personalidad jurídica y los patrimonios independientes o autónomos.

Según la Ley 39/2015, se consideran interesados en el procedimiento administrativo: Quienes lo promuevan como titulares de derechos o intereses legítimos individuales o colectivos. Los que, sin haber iniciado el procedimiento, tengan intereses personales que puedan resultar afectados por la decisión que en el mismo se adopte. Aquellos cuyos intereses legítimos, individuales o colectivos, puedan resultar afectados por la resolución y se personen en el procedimiento una vez haya recaído resolución definitiva. Todas las personas con capacidad de obrar.

Según la Ley 39/2015, señale la respuesta correcta: Para formular solicitudes en nombre de otra persona, deberá acreditarse la representación. Para presentar declaraciones responsables o comunicaciones, interponer recursos, desistir de acciones y renunciar a derechos y para los actos y gestiones de mero trámite, se presumirá aquella representación. Para formular solicitudes, presentar declaraciones responsables o comunicaciones en nombre de otra persona, deberá acreditarse la representación. Para interponer recursos, desistir de acciones y renunciar a derechos y para los actos y gestiones de mero trámite, se presumirá aquella representación. Para formular solicitudes, presentar declaraciones responsables o comunicaciones, interponer recursos en nombre de otra persona, deberá acreditarse la representación. Para desistir de acciones y renunciar a derechos y para los actos y gestiones de mero trámite, se presumirá aquella representación. Para formular solicitudes, presentar declaraciones responsables o comunicaciones, interponer recursos, desistir de acciones y renunciar a derechos en nombre de otra persona, deberá acreditarse la representación. Para los actos y gestiones de mero trámite se presumirá aquella representación.