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Según el artículo 13.3 de la Constitución Española, se podrá conceder la extradición: Por actos de terrorismo, en todo caso. Por delitos políticos, en todo caso. Por cualquier delito, siempre que haya tratado de reciprocidad. Siempre que se solicite y haya tratado de reciprocidad.

2. La suspensión de una Resolución adoptada por un órgano de una Comunidad Autónoma derivada de que ha sido impugnada por el Gobierno ante el Tribunal Constitucional deberá ser ratificada o levantada por dicho Tribunal en un plazo de: a) Tres años. b) Un año. c) Entre 6 y 12 meses. d) No superior a 5 meses.

3. Según artículo 588 de Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder judicial, ¿cuál de las siguientes causas es motivo para que sea el Ministro de Justicia quien deba comunicar al Gobierno el cese del Presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial?. a) Por renuncia. b) Por haber expirado el término de su mandato. c) Por causa de notoria incapacidad o incumplimiento grave de los deberes del cargo, apreciados por la mitad de sus miembros. d) Por decisión del Rey.

4. Según el artículo 151 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, la elección de miembros de las Salas de Gobierno del Tribunal Supremo, Audiencia Nacional y Tribunales Superiores de Justicia, deberá convocarse: a) Con tres meses de antelación a la terminación del mandato de los anteriores miembros electivos. b) Con dos meses de antelación a la terminación del mandato de los anteriores miembros electivos. c) Un mes después de celebrarse elecciones generales. d) Con 15 días de antelación a la terminación del mandato de los anteriores miembros electivos.

5. Los Presidentes de las Cámaras ejercen en nombre de las mismas: a) Las facultades de policía en el interior de sus respectivas sedes. b) Los poderes legislativos y administrativos de sus asuntos. c) La aprobación de forma autónoma del presupuesto de sus respectivas Cámaras. d) La elección de los demás miembros de las Mesas.

6. Cuando una proposición de ley o una enmienda fuere contraria a una delegación legislativa en vigor, el Gobierno está facultado para oponerse a su tramitación. En tal supuesto: a) Podrá presentarse una proposición de ley para la derogación total o parcial de la ley de delegación. b) Podrá presentarse una proposición no de ley para la derogación total o parcial de la ley de delegación. c) No podrá presentarse ninguna proposición para la derogación total o parcial de la ley de delegación. d) Podrá presentarse una proposición únicamente para la derogación total de la ley de delegación.

7.En relación con el régimen de control de eficacia y supervisión continua del sector público institucional estatal legalmente establecido, señale cuál de los siguientes enunciados es correcto. a)Todas las entidades integrantes del sector público institucional estatal están sujetas desde su creación hasta su extinción a la supervisión continua del Ministerio de Hacienda, a través de la Intervención General de la Administración del Estado, que vigilará la concurrencia de los requisitos previstos en la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público. b) Todas las entidades integrantes del sector público institucional estatal contarán, en el momento de su creación, con un plan de actuación, que contendrá las líneas estratégicas en torno a las cuales se desenvolverá la actividad de la entidad, que se revisarán cada cuatro años. c)El control de eficacia será ejercido por el Ministerio de Hacienda, a través de la Inspección General de los Servicios, y tendrá por objeto evaluar el cumplimiento de los objetivos propios de la actividad específica de la entidad y la adecuada utilización de los recursos, de acuerdo con lo establecido en su plan de actuación y sus actualizaciones anuales, sin perjuicio del control que de acuerdo con la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, se ejerza por la Intervención General de la Administración del Estado. d)Las actuaciones de planificación, ejecución y evaluación correspondientes a la supervisión continua se determinarán legalmente.

Existe la posibilidad de que el Gobierno impugne ante el Tribunal Constitucional una disposición adoptada por una Comunidad Autónoma?: a) Si, pero dicha impugnación no producirá la suspensión de la disposición recurrida. b) Si, pero dicha impugnación sólo producirá la suspensión de la disposición recurrida si ésta afecta a la organización territorial del Estado o a los Derechos Fundamentales de los ciudadanos. c) Si. La impugnación producirá la suspensión de la disposición recurrida, pero el Tribunal, deberá ratificarla o levantarla en un plazo no superior a cinco meses. d) No. No existe esa posibilidad, pues el gobierno no dispone de esa competencia.

9. Según el artículo 155 de la Constitución Española, si una Comunidad Autónoma no cumpliere las obligaciones que la Constitución u otras leyes le impongan, o actuare de forma que atente gravemente al interés general de España, el Gobierno puede adoptar las medidas necesarias para obligar a aquella al cumplimiento forzoso de sus obligaciones. La aplicación de este artículo requiere: a) Que exista autorización previa para su aplicación por el Tribunal Constitucional. b) Que sea aprobada por mayoría absoluta del Congreso. c) Que exista autorización previa para su aplicación por el Tribunal Supremo. d) Que el Gobierno realice previo requerimiento de cumplimiento al Presidente de la Comunidad Autónoma correspondiente.

10. En relación con el Fondo de Compensación previsto en el artículo 158.2 de la Constitución Española indique el tipo de gastos a que puede destinarse. a) Con destino a gastos de inversión, cuyos recursos serán distribuidos por las Cortes Generales entre las Comunidades Autónomas y provincias, en su caso. b) Con destino a gastos corrientes, cuyos recursos serán distribuidos por el Gobierno entre las Comunidades Autónomas y provincias, en su caso. c) Con destino a gastos de inversión, cuyos recursos serán distribuidos por el Gobierno entre las Comunidades Autónomas, en su caso. d) Con destino a gastos de inversión, cuyos recursos serán distribuidos por la Comisión Delegada del Gobierno para asuntos autonómicos entre las Comunidades Autónomas y provincias, en su caso.

11. ¿Qué mayoría parlamentaria se precisa para apreciar la presencia de un interés general que exija que el Estado dicte leyes que establezcan los principios necesarios para armonizar las disposiciones normativas de las Comunidades Autónomas, aun en el caso de materias atribuidas a la competencia de éstas?: a) Mayoría absoluta del Congreso de los Diputados y simple en el Senado. b) Mayoría absoluta del Senado y simple en el Congreso de los Diputados. c) Dos tercios de los votos favorables del Congreso de los Diputados. d) Mayoría absoluta de cada Cámara.

12. El Estado y las Comunidades Autónomas, en el ejercicio de sus respectivas competencias, podrán delegar en los Municipios el ejercicio de las mismas. Dicha delegación: a) No requiere de aceptación por el Municipio interesado. b) Deberá determinar el contenido y duración de la misma, que no podrá ser inferior a tres años. c) Debe acompañarse de una memoria económica que garantice su sostenibilidad. d) Se considera nula si no va acompañada de la correspondiente financiación, con dotación presupuestaria adecuada en la administración delegante.

13. Señale la respuesta correcta respecto a la composición del Parlamento Europeo. a) El número máximo de parlamentarios será de 650 más el Presidente. b) No se asignará a ningún Estado miembro más de noventa escaños. c) Cada eurodiputado es elegido en cada uno de los Estado Miembros según sus disposiciones internas por un periodo de cuatros años. d) La representación de los ciudadanos tendrá un mínimo de seis diputados por Estado miembro.

14. Según el artículo 7 de la ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, el tratamiento de los datos personales de un menor de edad únicamente podrá fundarse en su consentimiento cuando sea mayor de: a) Catorce años. b) Dieciséis años. c) Dieciocho años. d) Quince años.

15. Los poderes inscritos en el registro electrónico general de apoderamientos, según el artículo 6 apartado 6 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Publicas, tendrán una validez determinada máxima de: a) Cinco años, a contar desde la fecha de inscripción. b) Cuatro años, a contar desde la fecha de inscripción. c) Tres años, a contar desde la fecha de inscripción. d) Seis años, a contar desde la fecha de inscripción.

16. De acuerdo con el artículo 43 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Publicas, las notificaciones por medios electrónicos se considerarán practicadas: a) En el momento en que se produzca el acceso a su contenido. b) Cuando se envíe el aviso de puesta a disposición en la sede electrónica. c) Desde la puesta a disposición en sede electrónica. d) En el momento en que se genere el acuse de recibo del interesado.

17. Según el artículo 29 apartado 2 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, ¿qué tipo de infracción disciplinaria es no guardar el debido sigilo respecto a los asuntos que se conozcan por razón del cargo, cuando causen perjuicio a la Administración o se utilice en provecho propio?. a) Leve. b) Grave. c) Muy grave. d) Dicho incumplimiento no es sancionable por esta ley.

18. ¿Cuál de los siguientes servicios NO se encuentra incluido en el catálogo de servicios comprendidos en el art. 15.1 de la Ley 39/2006 de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia?. a) Servicios de Teleasistencia. b) Prestación económica vinculada al servicio. c) Centros de Día para mayores. d) Servicio de atención Residencial.

19. Según el artículo 21.5 de la Ley 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, a las trabajadoras por cuenta propia víctimas de violencia de género que cesen su actividad para hacer efectiva su protección o su derecho a la asistencia social integral, se les suspenderá la obligación de cotización a la Seguridad Social: a) Durante un período de 6 meses. b) Durante un periodo de un año. c) Indefinidamente hasta el restablecimiento a la situación anterior. d) La Ley no contempla la suspensión para trabajadoras por cuenta propia.

20. El órgano encargado del sistema integral de tutela previsto la Ley 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, es: a) La Delegación Especial del Gobierno contra la Violencia sobre la Mujer. b) La Comisión Delegada del Gobierno para prevenir la violencia de género. c) El Consejo de política para la igualdad y contra la violencia del Estado y las Comunidades Autónomas. d) El Observatorio Estatal de la Violencia.

21. De acuerdo con el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, el plazo de prescripción de las faltas disciplinarias continuadas comenzará a contarse: a) Desde la firmeza de la resolución sancionadora que ponga fin al procedimiento. b) Desde que se cometió la falta disciplinaria. c) Desde el cese de su comisión. d) Desde el momento en que la Administración tuvo conocimiento de su comisión.

22. ¿Podría un funcionario de clases pasivas jubilarse con carácter voluntario con 60 años?. a) No. La edad de jubilación de los funcionarios es a los 65 años. b) Si, siempre que tenga 30 años de servicios. c) No. La edad de jubilación de los funcionarios es a los 67 años. d) Si, solamente cuando el interesado esté afectado por lesión o enfermedad que le imposibilite para el desempeño de sus funciones.

23. Según la ley 53/1984, de 26 de diciembre, de Incompatibilidades del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas, para el desempeño de un segundo puesto de trabajo o actividad en el sector público: a) El interesado deberá ponerlo en conocimiento de la Administración una vez haya comenzado la realización de la segunda actividad. b) No es necesario poner en conocimiento de la Administración la realización de una segunda actividad, siempre y cuando no interfiera en la actividad que desarrolla en la Administración. c) El interesado deberá informar a la Administración, pero no es necesaria la autorización expresa de compatibilidad. d) Será indispensable la previa y expresa autorización de compatibilidad, que no supondrá modificación de jornada de trabajo y horario de los dos puestos y que se condiciona a su estricto cumplimiento en ambos.

24. Un funcionario de carrera próximo a cumplir 65 años, solicita la prolongación de la permanencia en el servicio activo. ¿Es posible la denegación de la concesión de dicha solicitud?. a) Si, siempre que sea de forma motivada. b) No. La Administración tiene que aceptar la prolongación en todos los casos. c) Si, sin necesidad de que sea de forma motivada. d) Si, no es posible la prolongación de la permanencia en el servicio activo a partir de los 65 años.

25. Los usos jurídicos que no sean meramente interpretativos de una declaración de voluntad tendrán la consideración de: a) Ley. b) Costumbre. c) Principios generales del derecho. d) Reglamento.

26. Las Cortes Generales podrán delegar en el Gobierno la potestad de dictar normas con rango de ley sobre: a) Cualquier materia relacionada con el interés y los derechos de los españoles. b) La participación de los ciudadanos en los asuntos públicos. c) El derecho a la huelga de los trabajadores para la defensa de sus intereses. d) Materias determinadas que no exijan aprobación mediante Ley Orgánica.

27. En relación con el ordenamiento jurídico de la Unión Europea, señale la opción correcta. a) El procedimiento legislativo ordinario consiste en la adopción conjunta por el Parlamento Europeo y el Consejo, a propuesta de la Comisión, de un reglamento, una directiva o una decisión. b) El procedimiento legislativo ordinario consiste en la adopción conjunta por el Parlamento Europeo y la Comisión, a propuesta del Consejo, de un reglamento, una directiva o una decisión. c) El procedimiento legislativo ordinario consiste en la adopción conjunta por el Parlamento Europeo y la Comisión, a propuesta del Consejo, de una recomendación o dictamen. d) El procedimiento legislativo ordinario consiste en la adopción conjunta por el Parlamento Europeo y el Consejo, a propuesta de la Comisión, de una recomendación o dictamen.

28. Serán motivados los actos administrativos: a) Que se acuerden por el desistimiento del interesado en procedimientos iniciados de oficio. b) Que resuelvan procedimientos de arbitraje. c) Que no limiten intereses legítimos. d) Que se resuelvan conforme al dictamen de órganos consultivos.

29. De conformidad con la Ley 39/2015, de 1 de octubre, la publicación de un acto administrativo: a) Se realizará, entre otros supuestos, cuando lo aconsejen razones de interés público apreciadas por el órgano competente. b) No es necesaria cuando siempre que el acto vaya destinado a una pluralidad indeterminada de personas. c) En ningún caso surte efectos de notificación. d) Se realizará siempre en el Boletín Oficial del Estado.

30. Los actos administrativos anulables: a) Implican la anulabilidad de los sucesivos actos en el procedimiento que sean independientes del primero. b) Implican la anulabilidad de todas las partes del mismo, aunque solo esté viciada una parte. c) No se pueden convalidar por la Administración nunca, aunque se subsanen los vicios de que adolezcan. d) Se pueden convalidar por la Administración si se subsanan los vicios de que adolezcan.

31. Cuando el interesado o su representante rechace la notificación de una actuación administrativa, ¿se da por efectuado el trámite y se sigue el procedimiento?. a) No, hay que volver a notificarlo por segunda vez. b) Sí, siempre. c) Sí, pero cuando transcurran siete días desde que es rechazada la notificación. d) No, se paraliza el procedimiento.

32. De los supuestos que se relacionan a continuación, se considera interesados en el procedimiento administrativo a: a) Quienes tengan un mero interés general en la cuestión. b) Los que puedan resultar afectados por la decisión que se adopte en el procedimiento únicamente cuando lo hayan iniciado. c) Sindicatos, grupos y entidades para la defensa de derechos e intereses colectivos, en los términos reconocidos reglamentariamente. d) Los titulares de derechos o intereses legítimos, individuales o colectivos, que puedan resultar afectados por la resolución y se personen en el procedimiento en tanto no haya recaído resolución definitiva.

33. En relación con los documentos aportados por los interesados al procedimiento administrativo, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es errónea?. a) Los interesados tienen derecho a no aportar documentos que se encuentren en poder de la Administración actuante. b) Con carácter general, las Administraciones no exigirán a los interesados la presentación de documentos originales. c) Los interesados no se responsabilizan de la veracidad de los documentos que presenten. d) Los interesados podrán aportar cualquier documento que estimen conveniente.

34. En los procedimientos iniciados a solicitud del interesado, cuando se produzca su paralización por causa imputable al mismo, la Administración le advertirá de la caducidad del procedimiento, teniendo como plazo máximo el interesado para realizar las actividades necesarias para reanudar la tramitación: a) Tres meses. b) Seis meses. c) Un mes. d) Treinta días.

35. En relación con las medidas provisionales que se regulan en el artículo 56 de la ley 39/2015, señale cuál de las siguientes cuestiones es correcta. a) En ningún caso se podrán adoptar estas medidas antes de la iniciación del procedimiento. b) No podrán ser alzadas o modificadas durante la tramitación del procedimiento en virtud de circunstancias sobrevenidas. c) Solo se pueden adoptar de oficio por el órgano administrativo competente para resolver el procedimiento. d) En todo caso, se extinguirán cuando surta efectos la resolución administrativa que ponga fin al procedimiento.

36. En el procedimiento de responsabilidad patrimonial regulado en la ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas: a) Las Administraciones Públicas pueden iniciar de oficio el procedimiento, aunque haya prescrito el derecho a la reclamación del interesado. b) El derecho a reclamar prescribirá al año de producido el hecho o el acto que motive la indemnización o se manifieste su efecto lesivo. c) Los interesados pueden solicitar el inicio del procedimiento, aunque haya prescrito su derecho a reclamar. d) En los casos que procede reconocer derecho a indemnizar por anulación en vía administrativa o contencioso-administrativa de una disposición de carácter general, el derecho a reclamar no prescribe.

37. En relación con la tramitación simplificada del procedimiento administrativo, de conformidad con la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, señale la respuesta correcta. a) Solo se podrá acordar de oficio cuando así lo aconsejen razones de interés público. b) Con objeto de acortar plazos se suprime el plazo para la subsanación de la solicitud y el trámite de audiencia. c) El órgano competente para su tramitación podrá acordar, en cualquier momento del procedimiento anterior a su resolución, continuar con arreglo a la tramitación ordinaria. d) Acordada de oficio, debe notificarse a los interesados y no podrán oponerse a la misma.

38. Un interesado presenta en el registro electrónico de la Administración u Organismo competente para decidir una solicitud de suspensión de la ejecución de un acto impugnado.¿Qué plazo debe transcurrir sin que el órgano competente haya dictado y notificado resolución expresa al respecto para que la ejecución del acto se entienda como suspendida?. a) 1 mes desde que la solicitud de suspensión haya tenido entrada en el órgano competente para decidir sobre ella. b) 2 meses desde que la solicitud de suspensión haya tenido entra en el órgano competente para decidir sobre ella. c) 3 meses desde que la solicitud de suspensión haya tenido entra en el órgano competente para decidir sobre ella. d) No hay plazo. La no resolución expresa por el órgano competente para decidir sobre la suspensión supondrá siempre la desestimación de la solicitud.

39. La Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, en su artículo 112 establece que se ajustarán a los procedimientos establecidos por su legislación específica: a) Los procedimientos de conciliación. b) Los procedimientos de arbitraje. c) Las reclamaciones económico-administrativas. d) Los procedimientos de mediación.

40. ¿Puede una ley, cuando la especificidad de la materia y en ámbitos sectoriales determinados, sustituir el recurso de alzada por otros procedimientos de impugnación?. a) No es posible en el recurso de alzada, sólo en el de reposición. b) No es posible en ningún caso. c) Si, siempre que se respeten los principios, garantías y plazos que la Ley 39/2015 reconoce en todo procedimiento administrativo. d) Si, pero solamente en el ámbito de la Administración Local.

41. El día 20 de marzo, último día de pago en periodo voluntario, de una liquidación de IRPF practicada por la Administración, por importe de 3.000 euros, el contribuyente presenta una solicitud de aplazamiento alegando falta de tesorería. Indique la respuesta correcta. a) El último día de plazo para pago en periodo voluntario no puede presentarse una solicitud de aplazamiento. El contribuyente deberá ingresar la totalidad de la deuda, por importe de 3.000 euros, el día 20 de marzo. b) Al presentar la solicitud de aplazamiento de la deuda el último día del plazo de pago en periodo voluntario, el día 21 de marzo se exigirán los recargos del periodo ejecutivo en los términos del artículo 28 de la Ley General Tributaria. c) La presentación de la solicitud de aplazamiento de la deuda en periodo voluntario impide el inicio del periodo ejecutivo durante la tramitación de dicha solicitud. d) Al tratarse de una deuda liquidada por la Administración tributaria y no haber efectuado el ingreso, el día 21 de marzo se dictará providencia de apremio.

42. La sociedad EQUIS SL, presenta en fecha 28 de mayo de 2019 autoliquidación con imposibilidad de pago, correspondiente a MOD: IVA; Periodo: 1T; Ejercicio: 2019; Importe: 12.500 euros. ¿Cuándo se inicia el periodo ejecutivo de la deuda?. a) El día 21 de abril de 2019. b) El día 28 de mayo de 2019. c) El día 29 de mayo de 2019. d) El día 20 de abril de 2019.

43. En fecha 15 de marzo, D. José recibe notificación, en periodo voluntario, de una sanción correspondiente a IRPF, liquidada en el curso de un procedimiento de gestión, por importe de 850 euros. El día 2 de abril, D. José presenta recurso de reposición contra la misma ante la Administración Tributaria. Señale la respuesta correcta: a) La interposición del recurso producirá la automática suspensión de la ejecución de la sanción en periodo voluntario sin necesidad de aportar garantía hasta que sea firme en vía administrativa. b) La interposición del recurso producirá la automática suspensión de la ejecución de la sanción en periodo voluntario si aporta garantía en forma de fianza personal y solidaria de dos contribuyentes, ya que, por el importe de la sanción, se trata de uno de los supuestos establecido en la normativa tributaria. c) Podrá suspenderse la ejecución de la sanción en periodo voluntario sin necesidad de aportar garantía cuando así lo aprecie el órgano competente para resolver el recurso. d) La interposición del recurso producirá la automática suspensión de la ejecución de la sanción en periodo voluntario si aporta garantía en forma de aval solidario de entidad de crédito.

44. En fecha 6 de octubre, D. José ingresa una deuda tributaria por importe de 2.000 euros, cuyo último día de plazo para el pago en periodo voluntario finalizaba el día 5 de octubre. De acuerdo con lo dispuesto en la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, ¿qué recargo del periodo ejecutivo resultará aplicable?. a) Recargo del 20 por ciento. Le corresponde ingresar 400 euros del recargo de apremio ordinario. b) No le corresponde ningún recargo del periodo ejecutivo, tan solo resultarán exigibles los correspondientes intereses de demora por el día fuera de plazo. c) Recargo del 10 por ciento. Le corresponde ingresar 200 euros del recargo de apremio reducido. d) Recargo del cinco por ciento. Le corresponde ingresar 100 euros del recargo ejecutivo.

45. En fecha 30 de agosto, se notifica providencia de apremio de una deuda tributaria por el Impuesto de Sociedades. El interesado, el día 5 de septiembre, procede a satisfacer la totalidad de la deuda no ingresada en periodo voluntario por importe de 1.000 euros y el propio recargo del periodo ejecutivo. ¿Cuál es el importe total a ingresar?. a) Deberá ingresar 1.050 euros. b) Deberá ingresar 1.100 euros. c) Deberá ingresar 1.200 euros. d) Deberá ingresar 1.150 euros.

46. Según establece la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, en el procedimiento de apremio, cuando un tercero considere que tiene derecho a ser reintegrado de su crédito con preferencia a la Hacienda Pública: a) Deberá interponer tercería de dominio y se suspenderá el procedimiento de apremio en lo que se refiere a los bienes y derechos controvertidos. b) Deberá interponer tercería de mejor derecho y se suspenderá el procedimiento de apremio en lo que se refiere a los bienes y derechos controvertidos. c) Deberá interponer tercería de dominio y proseguirá el procedimiento hasta la realización de los bienes; el producto obtenido se consignará en depósito a resultas de la resolución de la tercería. d) Deberá interponer tercería de mejor derecho y proseguirá el procedimiento hasta la realización de los bienes; el producto obtenido se consignará en depósito a resultas de la resolución de la tercería.

47. ¿Cómo se calcula la retribución de las entidades de crédito que actúan como colaboradoras en la gestión recaudatoria?. a) Es un porcentaje variable en función del volumen de ingresos en cada entidad. b) Es una cantidad anual fija establecida por la normativa vigente. c) Depende de las condiciones establecidas en cada caso y reflejadas en la correspondiente autorización. d) No es retribuida.

48. ¿Qué medios de pago se pueden utilizar en el procedimiento de ingreso a través de entidades colaboradoras en la recaudación?. a) Cualquier medio de pago habitual en el tráfico bancario, obligatoriamente. b) Exclusivamente, dinero de curso legal. c) Dinero de curso legal y, discrecionalmente por parte de la entidad, cualquier otro medio de pago habitual en el tráfico bancario. d) Los que en cada caso establezca la autorización para determinar la forma y condiciones de prestación del servicio.

49. Una vez iniciado el procedimiento de apremio de una deuda tributaria garantizada con aval solidario de entidad de crédito, si la misma resultase impagada en el plazo del artículo 62.5 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, se procederá a ejecutar la garantía aportada. Para ello se requerirá al garante el ingreso de la deuda, ¿con qué alcance y efectos?. a) Se incluirán los recargos e intereses que, en su caso, correspondan hasta el límite del importe garantizado, en el plazo establecido en el artículo 62.5 de la Ley General Tributaria. De no realizarlo, se procederá contra sus bienes en virtud de la providencia de apremio dictada en relación con el obligado al pago sin necesidad de nueva notificación. b) Sin incluir los recargos e intereses que, en su caso, correspondan hasta el límite del importe garantizado, en el plazo establecido en el artículo 62.5 de la Ley General Tributaria. De no realizarlo, se procederá contra sus bienes en virtud de la providencia de apremio dictada en relación con el obligado al pago siendo necesaria nueva notificación al garante. c) Se incluirán los recargos e intereses que, en su caso, correspondan hasta el límite del importe garantizado, en el plazo establecido en el artículo 62.5 de la Ley General Tributaria. De no realizarlo, se procederá contra sus bienes en virtud de la providencia de apremio dictada en relación con el obligado al pago siendo necesaria nueva notificación al garante. d) Sin incluir los recargos e intereses que, en su caso, correspondan hasta el límite del importe garantizado, en el plazo establecido en el artículo 62.5 de la Ley General Tributaria. De no realizarlo, se procederá contra sus bienes en virtud de la providencia de apremio dictada en relación con el obligado al pago sin necesidad de nueva notificación.

50. ¿Se pueden domiciliar las deudas de vencimiento periódico y notificación colectiva?. a) Sí, comunicándolo al órgano de recaudación correspondiente al menos dos meses antes del comienzo del período de cobro. b) Sí, comunicándolo al órgano de recaudación correspondiente al menos un mes antes del comienzo del período de cobro. c) Sí, comunicándolo al órgano de recaudación correspondiente al menos quince días antes del comienzo del período de cobro. d) No se pueden domiciliar.

51. En la domiciliación del pago de autoliquidaciones, ¿puede solicitarse a la AEAT la rectificación de las órdenes de domiciliación previamente comunicadas?. a) Sí, pero la solicitud de rectificación sólo podrá consistir en la modificación de la cuenta de domiciliación o en el importe a adeudar. b) Sí, pero sólo podrá solicitarse por vía telemática. c) Sí, pero sólo hasta el día 20 del mes anterior al de cargo o inmediato hábil anterior. d) No, deberá cancelarse la domiciliación anterior y presentar una nueva.

52. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es falsa en relación con la suspensión del procedimiento de apremio?. a) Si se interpone tercería de dominio se suspenderá el procedimiento de apremio en lo que se refiere a los bienes y derechos controvertidos, una vez que se hayan adoptado las medidas de aseguramiento que procedan. b) Si la tercería fuera de mejor derecho proseguirá el procedimiento hasta la realización de los bienes y el producto obtenido se consignará en depósito a resultas de la resolución de la tercería. c) La tercería de mejor derecho no suspende la subasta de los bienes embargados sino sólo el pago efectivo al acreedor ejecutante, en tanto no se resuelva. d) Si se interpone tercería de mejor derecho se suspenderá el procedimiento de apremio en lo que se refiere a los bienes y derechos controvertidos, una vez que se hayan adoptado las medidas de aseguramiento que procedan.

53. ¿Cuándo caduca una anotación preventiva de embargo por defectos subsanables?. a) La anotación preventiva por defectos subsanables del título caducará a los sesenta días de su fecha. Este plazo se podrá prorrogar hasta ciento ochenta días por justa causa. b) La anotación preventiva por defectos subsanables del título caducará a los noventa días de su fecha. Este plazo se podrá prorrogar hasta ciento ochenta días por justa causa. c) La anotación preventiva por defectos subsanables del título caducará a los noventa días de su fecha prorrogables por otros noventa más. d) La anotación preventiva por defectos subsanables del título caducará a los sesenta días de su fecha, improrrogables.

54. Un trabajador incurso en un procedimiento de embargo percibe 2.000 euros en su nómina. De ellos, 1.850 euros en concepto de sueldo y 150 euros por dietas recibidas en concepto de gastos de viaje. ¿Qué cantidades son embargables?. a) Se aplicará la escala establecida en la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil sobre los 1.850 euros de sueldo siendo inembargable el importe percibido en concepto de dietas. b) Se aplicará la escala establecida en la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil sobre los 2.000 euros. c) Se aplicará la escala establecida en la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil sobre los 1.850 euros de sueldo siendo embargables las dietas en su totalidad. d) Son embargables los 2.000 euros.

55. Será castigado con las penas de prisión de uno a cuatro años y multa de doce a veinticuatro meses: a) Quien realizare actos de disposición, contrajere obligaciones que disminuyan su patrimonio u oculte por cualquier medio elementos de su patrimonio sobre los que la ejecución podría hacerse efectiva, con la finalidad de eludir el pago de responsabilidades civiles derivadas de un delito que hubiere cometido o del que debiera responder. b) Quien, en un procedimiento de ejecución judicial o administrativo, presente a la autoridad o funcionario encargados de la ejecución una relación de bienes o patrimonio incompleta o mendaz, y con ello dilate, dificulte o impida la satisfacción del acreedor. c) Quienes hagan uso de bienes embargados por autoridad pública que hubieran sido constituidos en depósito sin estar autorizados para ello. d) El deudor que, encontrándose en una situación de insolvencia actual o inminente, favorezca a alguno de los acreedores realizando un acto de disposición patrimonial o generador de obligaciones destinado a pagar un crédito no exigible o a facilitarle una garantía a la que no tenía derecho, cuando se trate de una operación que carezca de justificación económica o empresarial.

56. Señale cuál de las siguientes afirmaciones se corresponde con el art. 58.3 de la Ley 58/2003 de 17 de diciembre, General Tributaria. a) Las sanciones tributarias que puedan imponerse de acuerdo con lo dispuesto en el título IV de esta ley no formarán parte de la deuda tributaria, pero en su recaudación se aplicarán las normas incluidas en el capítulo V del título III de esta ley. b) Las sanciones tributarias que puedan imponerse de acuerdo con lo dispuesto en el título IV de esta ley formarán parte de la deuda tributaria, y en su recaudación se aplicarán las normas incluidas en el capítulo V del título III de esta ley. c) Las sanciones tributarias que puedan imponerse de acuerdo con lo dispuesto en el título IV de esta ley siempre tienen carácter pecuniario. d) Las sanciones tributarias que puedan imponerse de acuerdo con lo dispuesto en el título IV de esta ley no formarán parte de la deuda tributaria, y en su recaudación no se aplicarán las normas incluidas en el capítulo V del título III de esta ley.

57. En los supuestos en los que la ley de cada tributo lo establezca, el ingreso de la deuda de un obligado tributario podrá suspenderse total o parcialmente, sin aportación de garantía y a solicitud de éste, si otro obligado presenta una declaración o autoliquidación de la que resulte una cantidad a devolver o una comunicación de datos, con indicación de que el importe de la devolución que pueda ser reconocido se destine a la cancelación de la deuda cuya suspensión se pretende. A estos efectos: a) El importe de la deuda suspendida no podrá ser inferior a la devolución solicitada. b) El importe de la deuda suspendida no podrá ser superior a la devolución solicitada. c) El importe de la deuda suspendida no podrá ser igual a la devolución solicitada. d) El importe de la deuda suspendida no está afectado por la devolución solicitada.

58. María está casada con Juan en régimen de separación de bienes. Tienen establecido su domicilio habitual en una vivienda de la que ella es propietaria, por título de herencia, del 50 por ciento. El propietario del otro 50 por ciento es un tío suyo. Por deudas de María, se embarga la vivienda de la que es propietaria. Según el artículo 76 del Real Decreto 939/2005 de 29 de julio, por el que se aprueba el Reglamento General de Recaudación, ¿a quién es obligatorio notificar la diligencia de embargo de dicho inmueble?. a) A María y al tío. b) A María y a su cónyuge. c) Únicamente a María. d) A ambos cónyuges y al tío de ella.

59. Se decide el embargo del sueldo de un obligado que cobra 600 euros líquidos mensuales en la empresa PIZZASA y 500 euros líquidos mensuales repartiendo propaganda para otra empresa. ¿Qué cantidad es embargable?. a) El 30 por ciento de la suma de ambas percepciones. b) El 30 por ciento de la cantidad de la suma de las dos percepciones que exceda de la cuantía del salario mínimo interprofesional. c) El 15 por ciento del importe líquido que percibe en cada empresa. d) De acuerdo con el artículo 607 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, no es posible retener cantidad alguna ya que ninguna de las percepciones supera el salario mínimo interprofesional.

60. Una vez decidida la enajenación de los bienes embargados, los órganos de recaudación competentes procederán a valorar los bienes embargados a precios de mercado y de acuerdo con los criterios habituales de valoración. Para ello el artículo 97 Real Decreto 939/2005 de 29 de julio, por el que se aprueba el Reglamento General de Recaudación, establece una serie de condiciones. Señale cuál de las siguientes es verdadera. a) La valoración será notificada al obligado al pago, que, en caso de discrepancia, podrá presentar valoración contradictoria realizada por el perito adecuado en el plazo de 30 días contados a partir del día siguiente al de la notificación. b) La valoración será notificada al obligado al pago, que deberá presentar valoración contradictoria realizada por el perito adecuado en el plazo de 30 días contados a partir del día siguiente al de la notificación. c) La valoración será notificada al obligado al pago, que, en caso de discrepancia, podrá presentar valoración contradictoria realizada por el perito adecuado en el plazo de 15 días contados a partir del día siguiente al de la notificación. d) Cuando no exista acuerdo entre las partes, el órgano de recaudación competente solicitará nueva valoración por el perito adecuado en plazo no superior a 30 días.