ahp'24-B_ley 39/2015

17.-En relación a los documentos aportados por los interesados al procedimiento administrativo, que establece el artículo 28 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. Indique la opción CORRECTA: Los interesados no estarán obligados a aportar documentos que hayan sido elaborados por cualquier Administración, con independencia de que la presentación de los citados documentos tenga carácter preceptivo o facultativo en el procedimiento de que se trate, siempre que el interesado haya expresado su consentimiento a que sean consultados o recabados dichos documentos. Los interesados tienen derecho a no aportar documentos que ya se encuentren en poder de la Administración actuante o hayan sido elaborados por cualquier otra Administración. La Administración actuante podrá consultar o recabar dichos documentos salvo que el interesado se opusiera a ello, en cualquier caso. Los interesados estarán obligados a aportar los documentos requeridos en el procedimiento administrativo independientemente de que hayan sido elaborados por cualquier Administración. Los interesados tienen derecho a no aportar documentos que ya se encuentren en poder de la Administración actuante o hayan sido elaborados por cualquier otra Administración. La Administración actuante podrá consultar o recabar dichos documentos salvo que el interesado se opusiera a ello. No cabrá la oposición cuando la aportación del documento se exigiera en el marco del ejercicio de potestades sancionadoras o de inspección.

28.-A tenor del capítulo II, del título III de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, indique cuál de las siguientes afirmaciones es INCORRECTA, en relación con la eficacia de los actos administrativos: Los actos de las Administraciones Públicas sujetos al Derecho Administrativo serán ejecutivos con arreglo a lo dispuesto en Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. La eficacia quedará demorada cuando así lo exija el contenido del acto o esté supeditada a su notificación, publicación o aprobación superior. Las resoluciones administrativas de carácter particular podrán vulnerar lo establecido en una disposición de carácter general cuando procedan de un órgano de igual o superior jerarquía al que dictó la disposición general. Las normas y actos dictados por los órganos de las Administraciones Públicas en el ejercicio de su propia competencia deberán ser observadas por el resto de los órganos administrativos, aunque no dependan jerárquicamente entre sí o pertenezcan a otra Administración.

37.-Señale la afirmación CORRECTA, en relación con el régimen previsto en el artículo 25 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, para el supuesto de falta de resolución expresa en procedimientos iniciados de oficio: El vencimiento del plazo máximo establecido sin que se haya dictado y notificado resolución expresa exime a la Administración del cumplimiento de la obligación legal de resolver. En el caso de procedimientos de los que pudiera derivarse el reconocimiento o, en su caso, la constitución de derechos u otras situaciones jurídicas favorables, los interesados que hubieren comparecido podrán entender estimadas sus pretensiones por silencio administrativo. En los procedimientos en que la Administración ejercite potestades sancionadoras o, en general, de intervención, susceptibles de producir efectos desfavorables o de gravamen, se producirá la caducidad. En los supuestos en los que el procedimiento se hubiera paralizado por causa imputable al interesado, no se interrumpirá el cómputo del plazo para resolver y notificar la resolución.

47.-¿Cuál de los siguientes actos NO son nulos de pleno derecho, de conformidad con los artículos 47 y 48 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas?: Los que tengan un contenido imposible. Los que sean constitutivos de infracción penal o se dicten como consecuencia de ésta. Los dictados prescindiendo total y absolutamente del procedimiento legalmente establecido o de las normas que contienen las reglas esenciales para la formación de la voluntad de los órganos colegiados. Cuando carezcan de los requisitos formales indispensables para alcanzar su fin o den lugar a la indefensión de los interesados.

48.-En virtud de lo señalado en el artículo 15 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, un interesado residente en Barcelona que presenta un escrito en un procedimiento administrativo, cuyos órganos de instrucción y resolución del mismo están radicados en Madrid: Debe de presentar dicho escrito en castellano. Puede presentar dicho escrito en catalán. Debe de presentar dicho escrito en catalán. Puede presentar dicho escrito en castellano o en catalán, a su elección.

52.-En relación con las previsiones relativas a la ordenación del procedimiento contenidas en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, señale la afirmación INCORRECTA: En el despacho de los expedientes se guardará el orden riguroso de incoación en asuntos de homogénea naturaleza, salvo que por el titular de la unidad administrativa se dé orden motivada en contrario, de la que quede constancia. Las personas designadas como órgano instructor o, en su caso, los titulares de las unidades administrativas que tengan atribuida tal función serán responsables directos de la tramitación del procedimiento y, en especial, del cumplimiento de los plazos establecidos. De acuerdo con el principio de simplificación administrativa, se acordarán en un solo acto todos los trámites que, por su naturaleza, admitan un impulso simultáneo y no sea obligado su cumplimiento sucesivo. Las cuestiones incidentales que se susciten en el procedimiento, incluso las que se refieran a la nulidad de actuaciones suspenderán la tramitación del mismo, salvo la recusación.

64.-Según lo establecido en el artículo 96 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, salvo que reste menos para su tramitación ordinaria, los procedimientos administrativos tramitados de forma simplificada deberán ser resueltos en un plazo máximo de: Un mes, a contar desde el día siguiente al que se notifique al interesado el acuerdo de tramitación simplificada. Treinta días, a contar desde el día siguiente al que se notifique al interesado el acuerdo de tramitación simplificada. Veinte días, a contar desde el día siguiente al que se notifique al interesado el acuerdo de tramitación simplificada. Quince días, a contar desde el día siguiente al que se notifique al interesado el acuerdo de tramitación simplificada.

71.-En relación con el inicio del procedimiento por denuncia regulado en el artículo 62 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, señale la afirmación INCORRECTA: La presentación de una denuncia confiere, por sí sola, la condición de interesado en el procedimiento. Las denuncias deberán expresar la identidad de la persona o personas que las presentan y el relato de los hechos que se ponen en conocimiento de la Administración. Cuando la denuncia invocara un perjuicio en el patrimonio de las Administraciones Públicas la no iniciación del procedimiento deberá ser motivada y se notificará a los denunciantes la decisión de si se ha iniciado o no el procedimiento. Se entiende por denuncia, el acto por el que cualquier persona, en cumplimiento o no de una obligación legal, pone en conocimiento de un órgano administrativo la existencia de un determinado hecho que pudiera justificar la iniciación de oficio de un procedimiento administrativo.

82.-Según el artículo 5 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, ¿quiénes pueden actuar en representación de otras personas ante las Administraciones Públicas?: Las personas físicas con capacidad de obrar y las personas jurídicas, siempre que ello esté previsto en sus Estatutos. Cualquier persona física con capacidad y conocimientos para ser Procurador o cualquier persona jurídica. Cualquier persona física con capacidad de obrar, pues las personas jurídicas no pueden actuar como representantes. Aquellos cuyos intereses legítimos, individuales o colectivos puedan resultar afectados por la resolución.

88.-En atención al artículo 114 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, NO ponen fin a la vía administrativa: Los acuerdos, pactos, convenios o contratos que tengan la consideración de finalizadores del procedimiento. Las resoluciones administrativas de los procedimientos de responsabilidad patrimonial, cualquiera que fuese el tipo de relación, pública o privada, de que deriven. Las resoluciones de los órganos administrativos que carezcan de superior jerárquico, salvo que una Ley establezca lo contrario. Las resoluciones de los recursos de reposición.

94.-A tenor de lo determinado en el artículo 115.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, la ausencia de la calificación de un recurso administrativo por parte del recurrente: Determinará que el órgano competente dé un plazo de diez días al interesado para que subsane el recurso presentado. No será obstáculo para su tramitación, siempre que se deduzca su verdadero carácter. Se entenderá que es una queja en todo caso, y no se tramitará como recurso. El órgano competente calificará el documento como viciado de origen y determinará su anulabilidad. Se podrá convalidar si en un plazo no superior a tres días, el interesado subsana sus defectos.

99.-La Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, en su artículo 75.1, define al acto de instrucción como aquel acto necesario para: Ordenar todas las fases del procedimiento administrativo. Asegurar la eficacia de la resolución del procedimiento administrativo. Garantizar los derechos de defensa del interesado en el procedimiento administrativo. Determinar, conocer y comprobar los hechos en virtud de los cuales deba pronunciarse la resolución.